El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan".

"También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha recordado Turull en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

Turull ha reiterado que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que una mejor financiación de Cataluña está "más cerca" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, al tiempo que ha instado a Junts a abandonar la "queja" y a defender los intereses de los catalanes, según informa EFE.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha rebatido así a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha acusado de "conformarse" con la propuesta en la que trabaja la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Tiene usted voz propia o sencillamente hace de altavoz del PSOE?", le ha preguntado.

Sales, que se ha estrenado en esta sesión de control como presidenta de Junts en el Parlament en sustitución de Albert Batet, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Illa para que "presente y explique su propuesta de financiación".

El president ha lamentado que "desde 2014 no ha habido ningún avance" en esta carpeta y ha recordado que Junts ha gobernado durante "mucho de este tiempo": "Pueden exhibir mucha queja, pero ningún resultado".

"En materia de financiación estamos más cerca que ayer y solo un poco más lejos que mañana de resolver un problema que ustedes durante muchos años de gobierno han sido incapaces de resolver", ha resuelto Illa.

El diputado de Junts en el Parlament Antoni Castellà ha tendido este miércoles la mano al Govern para "enmendar la plana" a la ministra Montero, en lo que respecta al nuevo modelo de financiación autonómica y tejer "un gran acuerdo de país a favor del concierto económico".

Durante la sesión de control al Govern, Castellà ha emplazado a la consellera de Economía, Alícia Romero, a que sea "valiente" y "dé un paso adelante" para "abandonar la oscuridad del Estado español y volver a la luz del catalanismo político".

El lunes, Montero avanzó a los consejeros autonómicos que presentará dentro de unos meses su propuesta para reformar el sistema de financiación para las comunidades de régimen común, en la reunión que celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para Castellà, este anuncio de Montero representa "una enmienda a la totalidad" a la financiación singular pactada con ERC, porque se trata de "un modelo bilateral en el que todos ganan y todos están por encima de la media", mientras los catalanes siguen "pagando impuestos".

Y es que el diputado de Junts ha reprochado a la consellera que prometiese este acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica "antes de acabar el año" y todavía no se ha materializado.

Además, en su intervención, Romero ha anunciado que el Govern publicará las balanzas fiscales junto a la ley de presupuestos, tal y como estipula la ley.

El escalofrío provocado al anunciar la jefa de la Sección Femenina de Junts que su cobarde líder ha decidido dinamitar la Democracia ha excitado las vísceras y llamado al odio hacia los catalanes. Por suerte, las neuronas llaman al sosiego desde la memoria recordando que ni Pujol y Artur Mas jamás han representado a los catalanes, sino a los intereses de la burguesía que, desde hace siglos, ha explotado a catalanes y charnegos para levantar Catalunya, esos catalanes y charnegos desmemoriados que hoy votan a sus explotadores.

La situación empeora. La derecha burguesa catalana, al igual que la española, la italiana, la argentina, la alemana, la israelí o la norteamericana, ha virado hacia la extrema derecha con grave riesgo de consumar la vuelta del fascismo. La competencia de Vox y el propio ADN del PP, ejemplificado en Ayuso y Aznar, arrastran a este partido a postulados extremistas con brochazos de fascismo cada vez más obvios y frecuentes. La competencia de Aliança Catalana, Vox y el ADN de todos los nacionalismos arrastran a Junts a posiciones de extrema derecha. Su bloqueo al Gobierno es la muestra de desmemoria más reciente.

Nogueras y el cobarde fugado echan en cara a todo el mundo, menos a los arios de Junts, que “no hagan nada (¿?) ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña”. Soberbia, hipocresía y populismo, como Ayuso, Feijóo y Abascal. La declaración es una falta de respeto total y un menosprecio visceral de esta formación hacia la mayoría de catalanes, charnegos y españoles que, sin haberles votado, llevan dos años sufriendo sus caprichos y arremetidas y hacia un Gobierno que lleva dos años sufriendo acoso mediático, político y judicial por intentar cumplir con lo pactado.

Consideran las lumbreras ultras del nacionalismo que ningún catalán merece beneficiarse de las leyes de familia, de medios, de información clasificada, de universalidad del sistema nacional de salud, de reforma del sistema electoral, de prevención del consumo de alcohol de menores, de inclusión de las personas con discapacidad o de la reforma del sistema universitario. ¿Acaso piensa la burguesía de Junts que con Vox y el PP le irá mejor? Tal parece que se hubieran olvidado del Piolín, los palos, las detenciones y el “¡A por ellos, oé!”.

Independizados del pueblo catalán, menospreciando el seny, esquivados por el electorado, acorralados en la doble derrota de Waterloo, los representantes de la burguesía catalana en el parlamento de España han decidido huir hacia adelante, morir matando. El seny o, lo que es lo mismo, las neuronas sanas del pueblo catalán deben bastar para parar los pies a la extrema derecha de Vox, Aliança Catalana y Junts una vez constatado que sólo buscan el beneficio de sus élites enfrentando a quienes apenas ganan el SMI con quienes ganan por debajo del mismo. La burguesía lo tiene claro: con Franco vivían mejor.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" al no "cumplir" los compromisos adquiridos al inicio del mandato y se ha preguntado "qué piensa hacer" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de ahora.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle" con la que este partido ha instalado un centenar de carpas informativas en diferentes poblaciones catalanas, Turull ha tildado de "curioso" que la presión por el futuro de la legislatura se dirija hacia el partido que preside Carles Puigdemont y no hacia el PSOE.

Por su parte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Girona) cree que Junts no ha "roto" con Sánchez, pese a que así lo ha comunicado la dirección de la formación, sino que está aplicando "medidas de presión" para demostrar que "no va de farol", ha dicho en el Diario ARA

Turull ha evitado reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, pero sí le ha pedido que haga una "reflexión", puesto que ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente, y le ha preguntado "cómo piensa afrontar esta situación".

Turull ha añadido que Junts "está preparado para cualquier escenario".

El secretario general de Junts ha denunciado el "incumplimiento flagrante" de los pactos sellados con el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez, lo que ha derivado en una "situación insostenible".

"Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha asegurado. Masquef, al contrario, sí es partidario de negociar los presupuestos generales del Estado (PGE) con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos de la Generalitat con el ejecutivo de Salvador Illa.

Turull ha dicho que "la legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", de modo que Junts debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Unas palabras que ha pronunciado el día después de que el Congreso haya reactivado la iniciativa de Junts, tomada en consideración en septiembre del año pasado, para combatir la multirreincidencia.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible" y en que "no hay marcha atrás", aunque en las últimas horas ha habido nuevos gestos del Ejecutivo con la convocatoria de la ponencia de la ley sobre multirreincidencia presentada por su formación en la Cámara Baja.

"El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha añadido.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, y que recoge EFE, ha remarcado que su formación no "va de farol", después de la ruptura hace una semana con el PSOE y de presentar ese jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso, además de anunciar que harán lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro.

"A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar, la diferencia es abismal", ha dicho sobre los efectos de la decisión de Junts.

Ha reiterado que la medida adoptada ayer no era la escenificación de nada, que era el trabajo parlamentario que les correspondía tras la ruptura y que les ha llevado unos días porque había que preparar las enmiendas a la totalidad. "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha recordado.

La portavoz de Junts ha insistido en que lo que ha pasado es consecuencia de la "inacción del Gobierno español", de sus "incumplimientos, mentiras y faroles".

"Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos. Ojalá nuestro gran problema sea que acaban cumpliendo los acuerdos y que nos tengamos que comer el sapo, pero yo creo que esto no va a pasar", ha añadido.

Preguntada sobre si Junts iría a una moción de censura, aunque fuera instrumental, ha mantenido lo mismo que en los últimos días, que si el PSOE en materia de incumplimientos ha "suspendido todos los exámenes", el PP "repite curso".

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio ni el techo de gasto, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Nogueras ha remarcado que el presidente Pedro Sánchez “debería dar explicaciones en el Congreso” sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora. La portavoz ha recordado que el PSOE y Sumar no solo deben explicaciones a Junts, sino a todos los catalanes, e insistió en que Cataluña debe recibir lo que le corresponde. “Nuestra responsabilidad —que debería ser la de todos los servidores públicos catalanes— es hacer lo necesario para que eso ocurra”, dijo. “Es inaceptable que los partidos catalanes, los 19 diputados socialistas catalanes y el Gobierno de Cataluña, con el presidente Illa al frente, no hagan nada ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña".

Ante esta situación, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno a EFE tras conocer el nuevo paso dado este jueves por Junts. Han insistido también en que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que la legislatura "no puede llegar a 2027" ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene mayoría".

"La semana pasada dijimos que era la hora del cambio. Esto no es un ultimátum. Esto no es un aviso. Esto es una ruptura", ha aseverado en una entrevista publicada en El País.

La vicepresidenta de Junts ha subrayado que es Sánchez quien debe dar explicaciones sobre "qué va a hacer ahora".

"Con Junts se ha roto, no se habla, no se dialoga, se ha acabado y no vamos a negociar. Nosotros nos vamos a cobrar todo lo que hemos negociado, cerrado y firmado antes de la ruptura. Ya no nos vamos a reunir en Suiza. No vamos a abrir espacios nuevos de negociación para blanquear que han incumplido todo", ha expresado.

Preguntada sobre por qué han decidido "romper" ahora, Nogueras ha recordado que el último punto del acuerdo que firmaron era que la estabilidad de la legislatura iría en función del cumplimiento de los acuerdos.

Aunque ha puesto en valor que el PSOE se haya sentado en una mesa de negociación con representantes políticos del independentismo catalán, Nogueras ha incidido en que se confunde negociar con "hacer la lista de la compra".

"A nosotros no nos hace falta poner la lista de la compra porque el acuerdo dice que queremos el súper entero. No renunciamos a la unilateralidad, cosa que se nos ha pedido, y hemos escrito que no lo vamos a hacer", ha sentenciado.

Estas declaraciones de la portavoz de Junts, se producen después de que la militancia del partido catalán apoyase con el 86,98 % de los votos la ruptura del acuerdo de investidura.

Junts se enfrenta en estos momentos a una realidad compleja, marcada principalmente por la irrupción con fuerza en las encuestas de Aliança Catalana, que está atrayendo a parte del electorado posconvergente. Además, se encuentran en un terreno absolutamente contradictorio porque con su ruptura hacen tambalear la legislatura, pero, a la vez, rechazan cualquier tipo de moción de censura que suponga desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa y se niegan a ir de la mano en bloque con el Partido Popular y con Vox.

El Congreso ha homenajeado este jueves a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, en un acto sin el PP, Vox ni Junts, para preservar la memoria y de todas las víctimas "sin distinción ideológica" y "desenterrar la verdad", ha subrayado la presidenta de esta cámara, Francina Armengol, informa EFE.

En el Salón de los Pasos Perdidos, ante familiares de represaliados y algunos supervivientes de aquella lucha en favor de la democracia, la presidenta ha citado dos poemas del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés para asegurar que nuestro país "sigue en duelo" y estos versos cuentan la historia "de un silencio y un dolor", el de las familias de tantas personas que todavía hoy esperan noticias.

Porque, según ha subrayado Armengol, aún quedan pendientes de recuperar de las fosas del franquismo los restos de unos 11.000 fusilados, insistiendo en que la Ley de Memoria Democrática ha conseguido avances "muy significativos", pero queda mucho por hacer y hay todavía "asignaturas pendientes". Entre ellas, ha citado la educación de los jóvenes, cuyo desconocimiento sobre la represión franquista "no deja de ser alarmante".

Y además, el porcentaje de los que ha afirmado que preferirían vivir en una dictadura "no es menor", insistiendo por ello Armengol "en la necesidad de desenterrar la verdad". La presidenta del Congreso ha agradecido muy especialmente la presencia de Esperanza Martínez y Francisco Martínez, dos de los últimos supervivientes de la guerrilla antifranquista, y de Marisol González, viuda de otro guerrillero.

También han asistido los familiares de Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo, dos militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), ejecutados el 27 de septiembre de 1975 y que fueron dos de los cinco últimos fusilamientos del franquismo.

Los otros tres ejecutados eran dos miembros de ETA: Juan Paredes Manot y Ángel Otaegi, además de otro miembro del FRAP, Ramón García Sanz. Precisamente, esta ha sido la justificación que ha dado el PP para no asistir a este acto, al considerar que se estaba rindiendo un homenaje a cinco terroristas, algo que ha negado la cámara.

En todo caso, estas ejecuciones provocaron una condena internacional generalizada, como ha contado el periodista de la Agencia EFE Roger Mateos, que en su último libro, "El verano de los inocentes", aborda los secretos en torno a los últimos fusilamientos. Mateos, junto a la escritora Aroa Moreno Durán, que también ha abordado este tema en su novela "Mañana matarán a Daniel", han intervenido también en este acto de memoria.

En el caso de Mateos, su investigación periodística le ha llevado a la conclusión de que la policía franquista acusó falsamente a Baena como autor material del atentado del 14 de julio de 1975, que le costó la vida a un policía que vigilaba la entrada de las oficinas de Iberia en la calle Alenza de Madrid. Sobre aquella última etapa del franquismo, Mateos ha afirmado que el régimen aumentó su represión, las detenciones de opositores eran constantes, las torturas generalizadas, y la policía franquista era capaz de matar a manifestantes y obreros. "La lista de víctimas de aquella etapa es larguísima", ha dicho.

Aroa Moreno, que como Roger Mateos ha nacido en democracia, ha puesto el acento en que la responsabilidad de la memoria es del Estado y esta memoria debe sustentarse en tres cosas: la verdad, recordando que aún no hay una comisión de la verdad que esclarezca todo los ocurrido; la justicia, recalcando que no ha habido justicia transicional; y la reparación, a la que pretende que, aunque se llega tarde, sea al menos simbólica.

El acto ha concluido como ha empezado, con música. La canción 'Los olvidados', interpretada por Pedro Pastor y Álvaro Navarro, ha puesto punto y final a este homenaje, que había empezado con el tema 'Sin flor'.

Junts per Catalunya ha informado este jueves de que votará el próximo martes en el Congreso a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, pero la convalidación del texto sigue en el aire ante la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que no han desvelado su voto, según informa EFE.

Fuentes de Junts han confirmado que los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También han confirmado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto.

Sin embargo, la convalidación del real decreto ley peligra, ya que otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC y BNG insisten en que lo consideran insuficiente y no han revelado aún el sentido de su voto. 

Este domingo, el periódico La Vanguardia publicaba esta encuesta de Ipsos con intención de voto para elecciones autonómicas en Cataluña. Lo que venía gestándose hace años ha emergido en números: Junts se desangra en beneficio de Aliança Catalana y Vox ya pasa al Partido Popular. Entre los dos partidos de ultraderecha sumarían 35 escaños, uno menos que el PSC, que se mantiene en primera posición, pero a la baja, perdiendo tres puntos y 6 escaños.

Aliança Catalana sería primera fuerza en escaños en Girona y Lleida, antaño plazas fuertes de los convergentes, que pierden nada menos que 8 puntos y 14 diputados. Los ultracatalanistas reciben uno de cada 5 votos de los que obtuvo Junts en las pasadas elecciones, y cosechan apoyos de todas las edades, mientras que Vox lo hace, fundamentalmente, entre los jóvenes, que lo eligen como primera fuerza hasta los 34 años y gana apoyos en las franjas hasta 54. Podría decirse que la prueba de que el eje nacionalista sigue vivo en Cataluña es que a ambos lados han crecido partidos ultras: ultraespañolista y ultracatalanista.

El mapa de la encuesta de Ipsos deja una Cataluña ingobernable, pero no hay elecciones a la vista, el marco electoral aún no se ha activado y variaciones en uno u otro sentido podrían alumbrar alguna mayoría; siempre compleja y precaria por lo fragmentado del parlamento, pero alguna posibilidad. Por eso, más que mirar los números concretos y los escaños, hay que enfocar el fondo de la cuestión.

El Procés terminó, y el post-procés, sea lo que sea eso más allá de la normalización, no está consiguiendo poner en marcha un proyecto político que dé respuestas a los descontentos de hoy. En ese sentido, Cataluña ya se ha normalizado, ya vota como tantas otras democracias, con una peculiaridad: a las fuerzas de ultraderecha españolistas se unen fuerzas de ultraderecha catalanistas, que comparten más de lo que parece. En primer lugar, la inmigración como bandera. No en vano, según esta encuesta, la inmigración es el tercer problema para los catalanes, a sólo dos puntos de los dos primeros, que son “La política” y la vivienda. La preocupación por los migrantes se ha multiplicado por cuatro en el último año. En efecto, los ultras están ganando la batalla del marco. El segundo tema que comparten es la antipolítica, primera preocupación junto con la vivienda. El rechazo a la política institucional, a los políticos y a todo lo que suene a sistema instituido. ¿Los veremos votar juntos en el próximo Parlament?

Ya en 2017, Joan Coscubiela escribía esto en su libro Empantanados (Península): “En Cataluña, el conflicto ha hecho salir a la superficie los primeros indicios de creación de un espacio de opinión propio de la derecha ultranacionalista xenófoba…”

El PSC sigue siendo el partido que se percibe más capacitado para abordar los grandes problemas como la vivienda, la desigualdad, el crecimiento económico, la corrupción o la seguridad, pero el estado de ánimo no apunta a la gestión –la auténtica baza de Illa–, sino a la incertidumbre y la desconfianza en el futuro, un excelente caldo de cultivo para las opciones pretendidamente antisistema. Para combatir esto, no vale con el perfil bajo que ha ayudado a Illa y a los socialistas a normalizar la situación, hace falta algo más. Hace falta un proyecto que mire cara a cara al futuro.

Quien fuera el ministro que vivió lo peor de la pandemia ha conseguido en Cataluña lo que consiguió con la Covid: aplanar la curva, desinflamar, volver a la normalidad. El problema es que no ha ido más allá, no ha convencido de un proyecto para Cataluña que partiera de una lectura de lo vivido y fuera capaz de alumbrar un futuro ilusionante. Como apuntan estos números, la Cataluña post-procés está ya inmersa en la normalización, pero una normalidad que consiste, como en el resto de España y en buena parte de los países occidentales, en  cuestionamiento de la política, de la democracia y de los valores de convivencia. 

Por otro lado, y fijándonos en el bloque catalanista, quien en algún momento pensara que lo que fue Convergencia i Unió o después Junts –sí, ya sé que son distintos– albergaba matices más progresistas que conservadores, se equivocaba. Un error, por cierto, bastante común en la izquierda, que a fuerza de relacionar la derecha con el españolismo más centralista acaba situando cualquier pulsión federalista o nacionalista centrífuga en el lado progresista. Un análisis excesivamente simplista que acaba jugando malas pasadas.

Junto a esta mutación del gen convergente, la actitud de los jóvenes sigue siendo clave para entender este giro a la ultraderecha. Comprender lo que viven, cómo lo viven y cómo lo expresan, es fundamental. Y no, esto no va de batalla generacional ni de que los boomers se den La vida cañón, como titula la periodista Analía Plaza su polémico ensayo. Esto va de la zozobra y desesperanza con la que miran al futuro y que algunos, motosierra en mano, aprovechan para convencerles de que la culpa es de la pensión de sus padres. 

La noticia saltaba el jueves poco antes de las siete de la mañana: Jaume Giró, exconseller de Economía y principal abanderado del sector pragmático del partido, abandonaba sus responsabilidades en la dirección de JxCat y su escaño en el Parlament por discrepancias con la línea seguida por la formación.

Con su adiós, Giró se suma al goteo de figuras destacadas de JxCat que han abandonado la política en los últimos meses, haciendo mayor o menor ruido y de la que forman parte los exconsellers Miquel Buch, Ramon Tremosa, Miquel Sàmper y el diputado David Saldoni.

"Hemos perdido la capacidad de ofrecer salidas políticas a todas estas personas", expresan fuentes de JxCat consultadas por EFE. "No estamos en condiciones de perder a nadie. Pero una cosa es ampliar la base, y otra compartir proyecto con gente en las antípodas ideológicas", inciden otras fuentes.

Aunque no todas las bajas responden a las mismas motivaciones, tres de los dirigentes destacados que han abandonado la política comparten un rasgo común: han sido exconsellers del Govern y se les consideraba del sector "pragmático" de la formación, el más afín a la antigua Convergència.

La primera baja sonada fue la del abogado Miquel Sàmper, que rompió el carné de Junts en febrero de 2024 por la "brecha ideológica y de formas" que le separaba del partido que preside Carles Puigdemont.

Considerado un perfil moderado dentro de la antigua CDC, Sàmper (Terrassa, 1966) llegó a ser conseller de Interior bajo la presidencia de Quim Torra y, en agosto de 2024, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo fichó como conseller de Empresa.

Sàmper había sustituido en Interior a Miquel Buch, que se dio de baja de JxCat a finales de 2024 tras una dilatada trayectoria que le llevó a la alcaldía de Premià de Mar, a la presidencia de la Asociación Catalana de Municipios y, finalmente, al Govern.

Cabeza visible de la corriente interna Moment Zero, formada por cuadros y dirigentes territoriales de la antigua CDC, durante muchos años Buch fue cercano al secretario general de Junts, Jordi Turull.

Aunque no ha roto el carné de partido, también se ha apartado de la primera línea el exconseller de Empresa Ramon Tremosa, eurodiputado de CDC durante más de una década.

Diputado en el Parlament y posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Tremosa dejó a principios de año su acta para centrarse en sus responsabilidades como profesor en la Universidad de Barcelona, antes de fichar por Aena en febrero.

Un caso similar es el de David Saldoni, mano derecha de Turull, que el pasado mayo anunció que dejaba la política para iniciar una nueva etapa en el sector privado en Colombia, tras más de 20 años de carrera en la que fue alcalde de Sallent (Barcelona), presidente de la ACM y diputado en el Parlament; continúa como militante de Junts.

En paralelo a este goteo de bajas, el sector de JxCat más unilateralista que se consideraba afín a la expresidenta del partido Laura Borràs también se ha ido viendo relegado de la primera línea y algunos de sus miembros han dejado la política.

El caso más llamativo es el del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que dejó su escaño en el Parlament en febrero de 2024 tras haber sido años atrás uno de los fichajes de relumbrón del partido.

Si del congreso de Junts en 2022 salió una Ejecutiva repartida a partes iguales -sobre el papel- entre los afines a Borràs y los más fieles a Turull, del congreso de otoño de 2024 salió una dirección alineada sin fisuras con Puigdemont y Turull, con Giró como voz discordante.

Quedaron fuera de la dirección dos exvicepresidentes del partido, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula -esta última ha dejado la política activa-, además del exsecretario de Organización David Torrents, todos ellos cercanos a Borràs.

Entre las bajas destacadas y la pérdida de peso de otros actores, Puigdemont y Turull han afianzado su idea de partido, más cohesionado y en el que se desdibujan las "familias", con el borrasismo abocado a la irrelevancia.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, Carles Puigdemont, prevé decidir en otoño sobre el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez, pues considera que se le ha dado "suficiente tiempo" para implementar las condiciones del pacto de investidura, según informa EFE.

Así lo ha dicho este martes en una conferencia sobre la lengua catalana y sobre el ingeniero y gramático Pompeu Fabra en la Universidad Catalana de Verano (UCE), celebrada en Prada de Conflent (Francia).

"Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por esto digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tienen que producir", ha avisado el presidente de Junts.

"La reanudación del curso político en Cataluña y España se prevé intensa", ha pronosticado Puigdemont, que ha advertido de que "habrá cosas que ya no serán de la misma forma".

Puigdemont ha señalado que cualquier decisión que tome JxCat, "se comparta o no, se entienda bien a la primera, cueste más o no se entienda", seguirá la "conducta" de Fabra: "Si falla la lengua, falla todo y nosotros no le podemos fallar a la lengua".

Preguntado sobre si se ha marcado un plazo para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y si esto marcará el futuro del apoyo de JxCat al Gobierno central, el expresident ha descartado "especular" y ha defendido "analizar el conjunto de la situación".

"Por lo tanto, como ya dijimos en su momento (...), nosotros deberíamos tomar decisiones este otoño", ha subrayado.

Puigdemont ha explicado que el distrito único universitario, "en algunos puntos", es "una catástrofe" para Cataluña y la lengua catalana, por lo que ha manifestado las "ganas" de Junts de "hacer propuestas en este sentido".

"Tenemos una lista enorme de cosas, algunas están en el horno, al margen de lo que son incumplimientos", ha radiografiado Puigdemont, que ha constatado que "ya llegamos a acuerdos" con el Gobierno central, "pero no los decimos porque hasta que no los veamos cumplidos no los queremos vender".

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo que Junts per Catalunya es un partido que "incomoda" y "molesta" a los populismos y a quien "sale negociado de casa" y ha remarcado que su voto "nunca se puede dar por descontado". Así lo ha dicho en la celebración del quinto aniversario de la fundación como partido de Junts per Catalunya, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al que han asistido unas 1.500 personas, según los organizadores y recoge EFE.

Puigdemont ha querido "sacar pecho" de la trayectoria de la organización que preside, ya que se ha mostrado "orgulloso" de lo hecho y de cómo se ha hecho, si bien ha señalado que "queda mucho" camino por recorrer.

A quienes han querido "matar" a Junts durante este tiempo, les ha dedicado una frase que ya pronunció el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni le arrebató el cargo: "Que os den, porque nosotros seguiremos yendo a la nuestra, que significa ir a la catalana".

Puigdemont ha desgranado el "método Junts", que ha afirmado que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, el Parlament, el Congreso o el Senado.

Sin "apriorismos partidistas", los dirigentes de Junts se preguntan, por este orden, si la iniciativa en cuestión "es positiva" para Cataluña, si "respeta" las competencias de la Generalitat, si se han aceptado las peticiones de la formación y si es "útil" para avanzar hacia una independencia "efectiva".

El expresidente catalán ha dicho que su formación no se deja seducir por quienes usan "el cepillo y la amabilidad", ya que "a menudo" esto no significa que quieran llegar a acuerdos.

Ha afirmado que Junts "incomoda" a los extremos y a quienes practican populismos, en lo que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes "ya salen negociados de casa", en clara alusión a ERC. A Junts, ha añadido, no le dan miedo los debates "incómodos".

Puigdemont ha dedicado la parte final de su discurso a arremeter contra "la epidemia de arquitectos del caos" que tiene lugar en toda Europa y también en Cataluña, donde las encuestas muestran cómo Aliança Catalana le gana cada vez más terreno a Junts.

Pese a que existe quien tiene "la tentación" de actuar del mismo modo, es decir, de "usar la motosierra para hacer operaciones a corazón abierto", Puigdemont ha reivindicado la tarea de su partido, los "manobreros de la esperanza" que no se limitan a quedarse en el sofá y a lamentarse por redes sociales.

Ha censurado la simpleza con las que desde "los extremos" se encaran debates como los de la vivienda, seguridad, inmigración, turismo o burocracia y su voluntad de "avinagrar" la vida de los catalanes para lograr votos. En contraposición, ha dicho que Junts trabaja para que Cataluña logre "competencias que nunca antes había soñado", en alusión al pacto en materia de inmigración sellado con el PSOE y que debe pasar por el Congreso, o para que el catalán sea oficial en las instituciones europeas.

En el acto también han tomado la palabra el secretario general de Junts, Jordi Turull, la secretaria de organización, Judith Toronjo, y el alcalde de esta localidad francesa, Claude Ferrer. Entre los asistentes se han contado a la expresidenta del Parlament y expresidenta del partido, Laura Borràs, y el que fuera secretario general, Jordi Sànchez, y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que siguen, igual que Puigdemont, instalados en el extranjero a la espera de si se les acaba aplicando la amnistía.

De manera muy discreta. Sigilosa. Despistando hasta los medios de comunicación. El Gobierno salvó la bola de partido. Cuando todo el mundo daba por perdido un nuevo decreto del escudo social, Moncloa y Junts sellaron un acuerdo in extremis. Se aplazó incluso la reunión del Consejo de Ministros del martes. Y María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán lograron el sí final de Carles Puigdemont. 

El Gobierno tiene ya atados los votos en el Congreso para sacar un nuevo decreto, que incluye el grueso de las medidas sociales que se tumbaron la semana pasada. A cambio, hace Sánchez unos gestos políticos hacia los posconvergentes. Y, sobre todo, se rearma la mayoría parlamentaria de la investidura, que había quedado tocada tras la votación de la semana pasada en la Carrera de San Jerónimo y hacía nadar entre aguas pantanosas a la legislatura.

El decreto del escudo social es esencial para el Gobierno, una coalición progresista que pone en el centro sus políticas de protección el bienestar. El rechazo del decreto ómnibus por parte de PP, Vox y Junts siete días antes no era sólo una cuestión numérica, sino que afectaba al propio corazón del funcionamiento del PSOE y de Sumar. 

Pero el acuerdo del Gobierno y Junts vuelve a recobrar el pulso del proyecto a pesar de ser dos espacios con diferencias ideológicas. El decreto aprobado incluye las medidas más potentes: revalorización de las pensiones, incremento del salario mínimo y del ingreso mínimo vital, subvenciones para los transportes urbanos, ayudas para la dana y los afectados por el volcán de La Palma, el escudo antiopas, la prórroga del bono social y el freno antidesahucios para los más vulnerables.

El decreto que salió del Consejo de Ministros deja fuera lo que se ha llamado el “paquete económico”, que ahora tendrá que negociar de nuevo el Ejecutivo con sus socios. No han entrado en el acuerdo por ahora los anticipos a cuenta a las autonomías (que Junts quiere vincular a la negociación sobre la senda de déficit), las modificaciones técnicas sobre el impacto contable del impuesto a la banca y las deducciones fiscales por las obras con eficiencia energética y para la compra de coches eléctricos. 

Los negociadores del Gobierno decidieron aceptar estas condiciones de Junts para salvar toda la parte social del decreto, que era imprescindible para contar también con el voto del resto de socios (Sumar, ERC, Bildu y Podemos tenían como línea roja las medidas antidesahucios). Y en la negociación se incluyó para atraer a Junts el ya prometido sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos.

Además, los socialistas han aceptado tramitar la proposición no de ley de Junts por la que se solicita al presidente del Gobierno a que se someta a una moción de confianza. Esa iniciativa se encuentra ahora mismo varada en la Mesa del Congreso, que podría ya dar luz verde la semana que viene a su debate. Pero no llegará al Pleno (al ser cuota de los posconvergentes en la Cámara) hasta finales de febrero o marzo.

El texto registrado por los de Carles Puigdemont será sometido a una serie de modificaciones técnicas. En virtud del pacto, se fijará claramente que la moción de confianza se trata de una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno. El propio Sánchez remarcó que no ve la necesidad de activar este mecanismo. Se trata más bien de un gesto simbólico que se hace a Junts, pues la Cámara no tiene competencia sobre el asunto ni la proposición tiene efectos vinculantes o legales para el jefe del Ejecutivo.

La importancia política del acuerdo entre el Gobierno y Junts es mayúscula para Sánchez, que decidió incluso comparecer ante la prensa después del Consejo de Ministros. "Un Gobierno cualquiera puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Hemos negociado hasta la extenuación, hemos buscado el apoyo en todas partes para seguir avanzando en el bienestar frente al negacionismo de los de siempre", subrayó, para indicar: “Al final las cosas salen”.

Y es que, como sucede en la política española reciente, se pasa de un horizonte grisáceo a que salgan rayos de sol en unos minutos. La orden de Sánchez a los suyos había sido clara: sacar votos de debajo de las piedras para un conjunto de medidas clave para la mayoría social y para los votantes progresistas. La revalorización de las pensiones conforme al IPC ha sido una de las grandes banderas de Sánchez desde que llegó a La Moncloa tras la moción de censura de 2018. 

Esta negociación, además, es trascendental para enderezar la relación con Junts, que ha pasado unas semanas en el precipicio. De hecho, desde Junts se ha levantado “la congelación de las negociaciones sectoriales” con los socialistas. Los posconvergentes han puesto en valor que ha sido el Gobierno el que ha rectificado y el que ha aprendido cómo hay que relacionarse. Ahora, señalan, irán “carpeta a carpeta”. Sobre la mesa está el traspaso en materia de migración y la futura negociación sobre la senda de déficit y el proyecto de Presupuestos Generales.

La negociación sobre el decreto también contentó al resto de socios de investidura, que habían apremiado al PSOE a aprobar ya el decreto del escudo social. Podemos, pieza clave para aguantar la legislatura, respaldó el texto: “Consideramos que los anuncios realizados garantizan las medidas de protección social que habíamos acordado con el Gobierno, que se pusieron en marcha durante la pasada legislatura de coalición gracias a nuestro esfuerzo y que el actual Ejecutivo quería desmantelar”. 

El PNV también celebró el pacto y concretó que el decreto incluye nuevamente “el articulado que ha permitido completar la devolución del edificio de la Avenida Marceau de París con el objetivo de remarcar, aunque no sea necesaria, la seguridad jurídica de esta justa restitución”. “Es trabajo del Gobierno español atar sus apoyos antes de llevar votaciones relevantes al Congreso y todos los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo tienen que entender que hay que llegar a acuerdos mínimos comunes, por lo que el Grupo Vasco confía que en esta ocasión el llamado Decreto-ley ómnibus se convalide”, trasladaron fuentes de los nacionalistas.

El rearme de la mayoría de la investidura deja, además, a Alberto Núñez Feijoo en soledad junto a Vox, después de que diera por acabada la estabilidad parlamentaria de Sánchez. Los populares no adelantaron su voto, pero criticaron al Gobierno por “humillarse” ante Puigdemont. El portavoz de los populares, Borja Sémper, dijo en rueda de prensa: "Se podía aprobar todo esto sin mayor problema, pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez: con chantajes, mentiras, cesiones y en definitiva, con trampas".

Fumata blanca. El Gobierno aprobó este martes un nuevo decreto con la mayoría de medidas del escudo social tras una discreta negociación in extremis con Junts, que desembocó en un acuerdo que vuelve a rearmar la mayoría de investidura y que incluye también la tramitación de la proposición no de ley de los posconvergentes que pide una moción de confianza de Pedro Sánchez.

Tras días de conversaciones, el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont cerraron este martes por la mañana el pacto tras el rechazo la semana pasada por parte del PP, Vox y Junts del decreto ómnibus, que supuso dejar en el aire medidas para veinte millones de personas.

El acuerdo se materializó en un nuevo decreto con 29 medidas, como la revalorización de las pensiones (un 2,8% para las ordinarias, un 6% para las mínimas y un 9% para las no contributivas) , las ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, las subvenciones para los transportes y los incrementos del salario mínimo y del ingreso mínimo vital. Asimismo, se mantienen las medidas antidesahucios que incluía el anterior texto. 

El nuevo decreto, según explicó en rueda de prensa el propio presidente, Pedro Sánchez, sí incluye una medida adicional: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. En cambio, queda fuera del decreto el paquete económico.

Según especificaron fuentes de Junts, salen todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos (modificaciones técnicas para no solaparse con el gravamen temporal) y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente. También quedan fuera las entregas a cuentas a las comunidades autónomas (con un impacto de 10.000 millones de euros y que ahora pasa a vincularse a la negociación de la senda de déficit).

También quedan pendientes para un próximo decreto otras medidas incluidas en el primer decreto como las deducciones en el IPRF de las personas que realicen obras para la eficiencia energética y la ampliación para reducciones fiscales por la compra de coches eléctricos. El Gobierno hablará en las próximas semanas con los grupos para sacarlas adelante.

El acuerdo entre el Gobierno y Junts incluye la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición no de ley presentada por los posconvergentes en la que se pida al Ejecutivo que el presidente se someta a una moción de confianza, una decisión que hasta el momento había rechazado el Ejecutivo.

El Gobierno ha aceptado dar vía libre al texto, que ahora está estancado en la Mesa del Congreso. Pero esto no significa que Sánchez vaya a presentar esa moción. El jefe del Ejecutivo indicó ante los periodistas en La Moncloa que no ve necesario someterse a la misma, una facultad que corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales inciden en que se votará a favor de tramitar el texto (en el que se dejará claro que la prerrogativa constitucional es del presidente) pero luego no se materializará.

Es de tal importancia el acuerdo alcanzado por Junts que el propio presidente decidió comparecer en La Moncloa tras el Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo indicó que se ha hablado con los grupos de la investidura para garantizar el apoyo al nuevo decreto. "Un Gobierno cualquiera puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Hemos negociado hasta la extenuación, hemos buscado el apoyo en todas partes para seguir avanzando en el bienestar frente al negacionismo de los de siempre", remachó, a la vez que subrayó: "Al final las cosas salen",

Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo tuvo un mensaje muy claro para el Partido Popular y para Vox. Y pidió desterrar "falsedades" y "bulos" como que el decreto que tumbó el Congreso suponía un incremento del IVA de los alimentos o la subida de la tarifa de la luz.

"Estos últimos días nos han enseñado cosas. A pesar de todas las dificultades, el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos, de la reducción de las desigualdades y de las reformas con paz social", defendió el presidente, que manifestó: "Sudamos la camiseta, no damos un partido por perdido y al final las cosas salen y suceden a favor de la mayoría social. Mi agradecimiento también a los grupos parlamentarios".

Para el presidente, la estrategia del PP y de Vox es "dañina para España y para la mayoría social". "Quiero decirles a esos dos partido que, lejos de afectar al Gobierno de coalición, nos hacen más fuertes. Nos recuerdan de lo que son capaces y la importancia de que la agenda social de progreso salga adelante, como ha pasado durante estos siete años", añadió el presidente.

El acuerdo entre el Gobierno y Junts tiene una vital importancia política porque supone reactivar la mayoría de investidura después de una dura crisis entre los dos socios. De hecho, los posconvergentes levantan "la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE", explicaron fuentes del partido de Carles Puigdemont. El acuerdo llega también con la vista puesta a la madre de todas las negociaciones: los presupuestos generales del Estado.

Una jornada de 'noes' en el Congreso. El PP y Junts votaron finalmente en contra del decreto ómnibus presentado por el Gobierno, que incluía, entre otras medidas, la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados por la dana, las subvenciones al transporte público y la subida del salario mínimo.

Tras horas de incertidumbre, los dos partidos de los que dependía que saliera adelante el escudo social rechazaron la propuesta del Ejecutivo. También esa pinza funcionó para tumbar el decreto del impuesto a las energéticas, mientras que sí salió el tercer texto planteado por el Gobierno para la reforma estructural de las pensiones que pactaron los agentes sociales.

La expectación se centraba especialmente en el decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y cargado de medidas sociales. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre, le tocaba a la Cámara Baja convalidar ese decreto. Los populares lo rechazaron al considerarlo una "trampa", mientras que los posconvergentes argumentaron su no por la "negligencia" del PSOE a la hora de negociar y el "trilerismo" del Gobierno.

Estas son algunas de las medidas sociales incluidas en el decreto y tumbadas por la pinza entre el PP y Junts:

1- Revalorización de las pensiones del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas.

2- Subida del ingreso mínimo en un 9%.

3- Suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.

4- Ayudas al transporte: prórroga de hasta el 30 de junio de 2025 de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. Los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantendrían vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

5- Prórroga de la prohibición de cortes de suministro a los consumidores vulnerables hasta finales de año.

6- Prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025 mientras no se establece la nueva cuantía para el próximo año.

7- Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas.

8- Paquete de ayudas por la dana.

9- Deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos.

10- Ayuda a la compra de bicis eléctricas.

11- Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos.

El PP y Junts mantuvieron la incógnita sobre su voto hasta el mismo Pleno del miércoles. Los posconvergentes estuvieron negociando hasta esta misma mañana con los socialistas en unas conversaciones marcadas por la amenaza de Carles Puigdemont la semana pasada de no apoyar acuerdos sectoriales con el Gobierno. Desde la tribuna, Míriam Nogueras dijo que la "presión" del PSOE no tenía efecto sobre ellos, criticando además a los partidos que siempre dicen sí a los socialistas, en su opinión, como ERC. No obstante, la portavoz indicó que están dispuestos a apoyar al Gobierno si trae por separado decretos que lleven la subida de las pensiones y las ayudas al transporte.

En cambio, el PP puso la excusa para rechazar el decreto que incluía el traspaso al PNV de un palacete en París, que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora está en manos del Estado como emplazamiento del Instituto Cervantes en la capital francesa.

Los populares manifestaron que han registrado, en cambio, una proposición de ley que pueda garantizar la subida de las pensiones. También, añadieron desde Génova 13, registrarán textos para garantizar las medidas relacionadas con los afectados de las riadas en la Comunidad Valenciana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital.

Desde el Gobierno, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, criticó que ahora son el "PP y otros partidos" los que deben explicar a los ciudadanos por qué han tumbado esas medidas. Fuentes de La Moncloa tachan de "lamentable" que el PP persista en una oposición "tan destructiva": "Sus intereses no son los de los ciudadanos, sino la simple supervivencia de un Feijóo cuestionado dentro y fuera de su partido". "Feijóo se llena la boca hablando de Valencia, pero cuando tiene la ocasión de demostrar si la apoya tras la catástrofe de la dana, da la espalda a los valencianos y valencianas. Nada le importa. Todo le vale. Es un frívolo", reflexionan en La Moncloa.

"Todo el mundo que se ha acercado a Carles Puigdemont ha salido trasquilado, porque es un producto altamente tóxico y radioactivo, y creo que no haberme acercado nunca a él no me ha venido mal". Son las palabras del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en una entrevista para Europa Press el pasado 20 de diciembre en la que pedía, además, no otorgar a Junts "la llave de la política" en Madrid por ser "un partido que quiere destruir la democracia española": "No hay que darles la llave, hay que quitársela", insistía.

El líder del PP catalán siempre ha advertido del "peligro" de una relación con Junts per Cataluña, la formación liderada por Puigdemont, que pueda ir más allá de votaciones puntuales. Sus advertencias contrastan con el empeño de Alberto Núñez Feijóo —el último, este mismo lunes en la entrevista en Onda Cero— en que los posconvergentes le apoyen de cara a una eventual moción de censura: "Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que la presentaré si tengo los apoyos suficientes para sacarla". Es decir, el de Vox y el de Junts.

Feijóo insiste en esa fórmula, pese a que los independentistas y Vox se consideran mutuamente incompatibles, prometiendo elecciones generales de inmediato en caso de recibir su apoyo. Un escenario que Feijóo sabe que no está encima de la mesa pero con el que Génova busca trasladar que el PP es un partido con capacidad de diálogo que no tiene únicamente como socio a la ultraderecha de Santiago Abascal. "Creo que soy bastante más fiable que el señor Sánchez", aseguró Feijóo frente a los micrófonos de Carlos Alsina, en Onda Cero. "Al menos Puigdemont puede ya llegar a esa conclusión", añadió.

El líder del PP se refirió también a los contactos que mantuvo con Junts de cara a su investidura, finalmente fallida. La cúpula de Génova admitió en enero del pasado año que se reunió con representantes de la formación independentista y que sopesó durante 24 horas concederles la amnistía e incluso abrió la puerta a dar un indulto condicionado al expresident de la Generalitat. El responsable de ese diálogo fue el vicesecretario de Política Institucional del partido, Esteban González Pons, que, para tratar de allanar el viaje de Feijóo decía: "Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, [Junts] representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda".

Fue precisamente la posibilidad de negociar con Junts lo que hizo estallar las discrepancias internas con Fernández, que se mostró abiertamente en contra de cualquier acercamiento. En la citada entrevista con Europa Press, el catalán aseguraba que lo que Puigdemont busca es una "amnistía política" en forma de visita a Waterloo: "Nosotros ni queremos, ni podemos, ni lo haremos jamás, y jamás es jamás", decía.

Este lunes, sin embargo, Feijóo no quiso responder a la pregunta, formulada en varias ocasiones por Alsina, de si estaría dispuesto a viajar hasta la ciudad belga para reunirse con el expresident catalán, si bien horas después el portavoz del partido, Borja Sémper, despejaba la incógnita. "Feijóo no se va a ver con el señor Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país para verse con Puigdemont, ya está", zanjaba.

Con todo, la apuesta de la dirección del PP es clara: presionar a Puigdemont para que se abra a apoyarles de cara a una moción frente a un Sánchez que "no cumple" con su palabra. Consideran que deben aprovechar el momento después de que el líder de Junts, al que desde las filas del PP han definido en múltiples ocasiones como un "prófugo de la justicia" e incluso como un "terrorista", lanzara su órdago para exigir que el presidente del Gobierno se sometiera a una cuestión de confianza y amenazara con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pieza clave para la estabilidad de la legislatura.

Hasta la fecha el PP catalán, que únicamente se había mostrado a favor de alcanzar pactos puntuales con Junts, había cerrado la puerta a esta vía. Pero este lunes el portavoz de la formación en Cataluña y figura al alza dentro del partido, Juan Fernández, aseguró que estaría "encantado" de aceptar el apoyo de los posconvergentes. "Si Junts y Vox quieren coincidir en una moción de censura para hacer un reset a la política española, estaremos encantados", subrayó, aunque precisó que no aceptarían "chantajes" de nadie.

Lo cierto es que las declaraciones del portavoz del PP catalán evidencian un choque estratégico entre Génova y Alejandro Fernández que viene de lejos y que no se limita únicamente a Junts. En una reunión del comité Ejecutivo nacional del partido celebrada en mayo tras las elecciones en Cataluña, Feijóo aseguró que el procés no había muerto porque "el sanchismo" lo necesitaba para "subsistir en Moncloa" pese a que Fernández había asegurado minutos antes que el veredicto de las urnas era "inapelable" y que los catalanes habían trasladado el mensaje de que "el procés se acabó". Ante la insistencia de Génova, lo que acabó defendiendo el presidente del PP catalán es que iba producir un "nuevo procés" en toda España gracias al proyecto federalista de los socialistas.

Lo que subyace es la pugna por la estrategia que deben seguir en Cataluña. El objetivo de Feijóo es devolver al PP catalán a los años dorados de Alicia Sánchez-Camacho, en los que llegaron a obtener 19 escaños lo que les permitió, incluso, pactar los presupuestos con el Ejecutivo de Artur Mas. Aunque Fernández salió reforzado tras las últimas autonómicas, en las que el PP quintuplicó el resultado obtenido tres años antes, Génova mantiene sus recelos sobre el político catalán, al que Feijóo no quería como candidato.

Sin embargo, el adelanto electoral en Cataluña precipitó su elección ya que el líder del PP quería evitar la imagen de división. El plan de la cúpula antes de las elecciones era situar como líder del partido a la actual portavoz en Bruselas, Dolors Montserrat, pero tras el buen resultado cosechado por Fernández, Génova firmó una paz temporal que, por ahora, continúa, con un Fernández instalado en la dirección de manera interina desde 2022.

La dirección nacional del PP no tiene ninguna prisa para celebrar el congreso del PP de Cataluña, pese a que se trata del único que sigue pendiente desde que Feijóo llegó hace casi tres años a la presidencia del partido. En el entorno del presidente conservador han evitado confirmar a Fernández como el próximo líder y el catalán tampoco ha desvelado si dará esa batalla. Aunque en un primer momento Génova apuntó a que se abordaría tras las europeas, ahora evitan fijar plazos, al igual que el PP catalán.

El pasado jueves el PP de Cataluña celebró la reunión del grupo parlamentario y del comité ejecutivo para iniciar el curso político. Una de las conclusiones a las que se llegó, según adelantó La Vanguardia, fue la de apartar la pugna interna postergando el congreso sin fecha prevista y alimentar la batalla "ideológica" frente al Govern de Salvador Illa frente a las múltiples incógnitas de lo que pueda suceder a nivel nacional.

La relación entre Junts y el Partido Popular se estrecha más cada día. Los conservadores ya no alegan que los pactos con la formación de Carles Puigdemont sean fruto de la "coincidencia", como hicieron la semana pasada, sino que ahora los reivindican como un arma más para desgastar al Gobierno pese a la oposición interna que genera en las filas del partido. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconocía este miércoles en conversación informal con los periodistas que Junts es "más coherente con su programa que el PNV" y remarcaba que es más fácil acordar con ellos frente a la "incoherencia" de los nacionalistas vascos, a los que ha situado como aliados "estructurales" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros no nos hemos movido, se ha movido el PNV en contra de su programa electoral", ha argumentado el conservador.

Feijóo espera aprobar "algunas votaciones" de la mano de Junts en el pleno del jueves en el Congreso, que vota el paquete fiscal impulsado por el Gobierno y sus socios. Los conservadores y los independentistas catalanes pactaron in extremis el martes en el Senado dos enmiendas para modificar este paquete fiscal firmadas por los posconvergentes —una para reducir al 4% el IVA de los productos que utilizan leche fermentada y otra ampliar el ámbito de las bonificaciones al 100% en las contrataciones en los clubes deportivos no profesionales— y los de Puigdemont, a cambio, se abstuvieron en las presentadas por el PP. Feijóo confía que se repita el sentido de voto del Senado "por coherencia".

Concretamente, el líder del PP considera que puede contar con el apoyo de Junts —junto con el de Vox y UPN— en las dos enmiendas que incorporó al paquete fiscal del Gobierno gracias a su mayoría absoluta en el Senado: las rebajas del IRPF a jóvenes y pymes, exenciones concretas a las ayudas por la dana, y la que enmienda que derogaría los impuestos temporales y extraordinarios a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Si el principal partido de la oposición logra que Junts se abstenga y tanto los de Santiago Abascal como el diputado de UPN votan a favor, el bloque de la derecha superaría por un voto al del Gobierno y el resto de aliados parlamentarios (172 frente a 171). El Ejecutivo de Sánchez, no obstante, cree que sí tiene los números para sacar el texto definitivamente a pesar de la pinza que se vio en la Cámara Alta.

Sobre sus contactos con Junts, Feijóo reveló que ha hablado en "una ocasión" con la portavoz de la formación en Madrid, Miriam Nogueras, en el primer semestre del año, pero reconoció conversaciones entre su partido y la formación independentista que llevan a cabo "diputados y senadores" en nombre del PP. Además, también reveló que habló con Puigdemont tras el atentado de las Ramblas de Barcelona en el año 2017, cuando era president de la Generalitat. Otras fuentes de la dirección del PP incidían en que ellos van a "jugar a todo": ¿Qué pasa, que solo el Gobierno puede pactar con Junts?", se preguntaban. Y añadían: "Si hay coincidencia con cualquier partido democrático en bajar impuestos, se pacta. No entiendo la incomodidad".

Lo cierto es que la estrategia que Feijóo defiende en relación con el independentismo no convence al ala más dura del partido, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado clara su postura. "El nacionalismo es lo más tóxico que hay para la convivencia, los quiero lejos", aseguró el lunes en una entrevista en Telecinco. Esta oposición a cualquier pacto también la apoyan algunos barones del PP y otras figuras como el expresidente José Maria Aznar, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo o el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Sin embargo, desde la dirección nacional del partido les mandan también un recado y destacan que igual que ellos "no opinan" acerca de "cómo afrontar los pactos con Vox en cada autonomía" también reivindican su "independencia para interpretar nuestra relación con el resto de grupos parlamentarios con la intención de maximizar el desgaste al presidente del Gobierno", según apuntan fuentes del equipo de Feijóo.

La apuesta de Génova es clara: consideran que tienen que aprovechar el momento después de que Puigdemont, al que desde las filas del PP han definido en múltiples ocasiones como un "prófugo de la justicia" e incluso como un "terrorista", lanzara su órdago sobre el PSOE la pasada semana para exigir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y amenazara con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, una pieza clave para la estabilidad de la legislatura. Feijóo no cierra la puerta a que el socialista apruebe las cuentas, pero destaca que no será Sánchez el que decida cuando acaba la legislatura. "No depende de él, no le veo convocando, depende de sus socios… salvo que quiera cortar hemorragia", explicitó Feijóo.

Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con su ayuda, especialmente en materia económica. Con esa estrategia en mente líder del PP visitó recientemente los foros económicos del Cercle de Economía y del Foment del Treball, donde se reunió con su director, Josep Sánchez Llibre, en un encuentro la pasada semana que el PP no incluyó en su agenda oficia Con todo, el líder del PP reconoció que le siguen faltando "cuatro votos" para arrebatarle la presidencia del Gobierno a Sánchez. "Hay muchas causas para una moción pero faltan cuatro votos", afirmó, sin especificar si convocaría elecciones en el caso de recibir ese apoyo en una eventual moción de censura o intentaría gobernar apoyándose en la extrema derecha y con pactos puntuales con los de Carles Puigdemont.

El líder del PP también ha se refirió a la decisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana de apoyar que la justicia investigue la posible responsabilidad penal del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, que ha causado 223 víctimas mortales hasta el momento y miles de damnificados en la provincia de Valencia. El Ministerio Público considera que "es más que razonable" realizar "una única instrucción" dada "la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados y de posibles testigos y peritos". Una investigación única que considera que debe llevar el juzgado de instrucción ordinario.

Sobre esta cuestión, Feijóo ha evitado darle importancia a la investigación, que cree que no acabará en ningún tipo de responsabilidad penal sobre Mazón. Mientras fuentes de la dirección apuntaban directamente a la "mano negra" del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el líder del PP señalaba que este debería "preocuparse más" de él mismo que de Valencia, en referencia a la investigación por revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El propio Carlos Mazón también ha subrayado este miércoles que "es curioso" que la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, "que depende del imputado fiscal genera [del Estado], que depende del Gobierno, haya movido ficha con la dana", en la misma línea que Génova. El jefe del Consell ha atribuido a la Fiscalía un intento de "filtrar lo contrario de lo que dice, porque lo que propone es inadmitir la querella, pero en cualquier caso, en fin, ya saben de quién depende la Fiscalía", zanjó.

El final del año llega cargado de frentes económico-políticos para el Gobierno y sus socios. En estos días los partidos se miran de cara a algunas medidas de gran calado que tiene que sacar el Ejecutivo y que durante estas horas se juegan en discretas conversaciones. Siempre con la necesidad de cuadrar el círculo porque el peso de los votos siempre es el mismo.

Y dentro del propio Gobierno de coalición hay un debate interno sobre la reducción de la jornada laboral, una medida incluida en el acuerdo del Ejecutivo y sobre la que Sumar pisa el acelerador. Pero el ala socialista, según señalan fuentes del PSOE, prioriza en estos momentos llegar a un consenso entre los grupos parlamentarios antes que poner una fecha. “Lo importante es que se va a hacer durante esta legislatura, no que se apruebe en enero del año que viene o en marzo”, indican.

Hay un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que se cumplirá con esta medida. Pero en Sumar quieren ir más rápido para su acuerdo. Fuentes de Trabajo indican que se debe acordar pronto del propio Ejecutivo y llevarla a la Cámara para que se “retraten el resto de grupos”. En los últimos días ha subido la presión entre este departamento y el de Economía, liderado por Carlos Cuerpo. “El nuevo ministro es como Nadia Calviño, pero con zapatillas”, señalan los socios minoritarios.

Los socialistas muestran su compromiso de aprobar esta medida, que es una de las grandes promesas de la legislatura y en la que Díaz se juega parte de su capital político, como pasó con la reforma laboral. Pero en el PSOE insisten en que no hay que ponerle fecha, sino que tiene más importancia tirarse a la piscina sabiendo que hay agua por parte de los grupos parlamentarios. Muchas de las miradas están puestas en Junts, cuyos votos son indispensables y que tiene unas políticas económicas volcadas a la derecha y la patronal. 

Este lunes el líder de UGT, Pepe Álvarez, se trasladó a Bruselas para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, a quien conoce de su época en el sindicato en Cataluña. Salió con buenas vibraciones pero reconoció que “queda mucho trabajo por hacer”. Los sindicatos presionan para que se apruebe esta medida aunque no cuente con el aval de la CEOE.

El PSOE y Sumar también están negociando un paquete más inmediato: el escudo social. La idea que tiene el Palacio de La Moncloa es aprobar el decreto el próximo lunes, cuando previsiblemente comparecerá para hacer balance del año el presidente del Gobierno. Fuentes socialistas avisan de que no se repetirá un paquete con todas las medidas del año pasado porque la situación de inflación es diferente (en el mes de noviembre se situó en el 2,4% interanual). Desde Sumar están presionando especialmente para que se respeten las medidas antidesahucios.

El Gobierno también tiene por delante algunas votaciones clave sobre el paquete fiscal, después de que ayer en el Senado sacaran algunas enmiendas de la mano el Partido Popular y Junts. Pero, a pesar de este movimiento, en el Ejecutivo creen que los de Carles Puigdemont mantendrán su palabra y terminarán respaldando en el Pleno de este jueves el pacto que se alcanzó de manera agónica de madrugada durante la Comisión de Hacienda.

Sobre lo que crecen más dudas es sobre el impuesto energético. En aquel primer paso por el Congreso del paquete fiscal se acordó con EH Bildu, ERC y BNG llevarlo vía decreto antes de que decaiga el 31 de diciembre. Y, además, en otra vuelta de tuerca: se pactó con Podemos la creación de una mesa de partidos pilotada por Hacienda para configurar ese gravamen. A la convocatoria de esa cita no han acudido ni PNV ni Junts, lo que ha molestado profundamente a los morados. El Ejecutivo mantiene ese compromiso de aprobación en el Consejo de Ministros, pero es consciente de que los nacionalistas vascos y catalanes no darán su visto bueno en la posterior ratificación en las Cortes si no incluye incentivos a la descarbonización.

El Ejecutivo tampoco tiene asegurados los votos en estos momentos para la subida de la fiscalidad del diésel, pero tienen intención de llevarlo a las Cortes porque es un compromiso adquirido con la Comisión Europea. En el Gobierno no especifican todavía con qué fórmula lo harán, aunque podría ser con un decreto independiente. El principal escollo está en estos momentos en Podemos, que amenaza con tumbar esta medida e incluso los presupuestos generales si no sale adelante el impuesto a las energéticas.

En el Gobierno analizan en estos momentos en que hay una situación “polarizada” entre los partidos por ser final de año y al intentar marcar terreno. Incluso en el caso de Junts, según fuentes del ala socialista, se habla de “exageraciones” para marcar territorio en las negociaciones. No obstante, a pesar de las dificultades, en el PSOE y en Sumar creen que terminarán sacando los presupuestos generales del Estado.

Los letrados del Congreso no ponen trabas a que el pleno debata la iniciativa de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza porque, de ser aprobada, "carecerá de impacto jurídico alguno", si bien dejan en manos de la Mesa de la Cámara la decisión final al respecto.

En un informe fechado este lunes, víspera de la reunión en que la Mesa del Congreso calificará la proposición no de ley -paso preceptivo para que pueda ser debatida por el pleno- los servicios jurídicos de la Cámara Baja concluyen que, "no habiendo precedentes" de iniciativas similares, será la Mesa a quien corresponderá "fijar un criterio". La Mesa está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y cuenta con tres representantes del grupo socialista, que sumados a otros dos de Sumar pueden conformar mayorías frente a los cuatro representantes con que cuenta el grupo popular.

La cuestión de confianza es una figura parlamentaria que solo puede promover el propio jefe del Ejecutivo, a diferencia de la moción de censura, que presentan los grupos. Cuando Junts presentó su iniciativa fuentes parlamentarias avanzaron que la Mesa tomaría su decisión conforme al asesoramiento de los letrados y advirtieron de que la admisión a trámite no podía darse por hecho. El argumento de estas fuentes que la cuestión de confianza es un instrumento político exclusivo del Gobierno que no corresponde plantear al Legislativo, que ya tiene la moción de censura como herramienta para exigir responsabilidades al Ejecutivo, algo que recoge el informe como posible motivo para la que la Mesa rechace la propuesta.

Sin tomar partido por ninguna opción en concreto, el documento que mañana será estudiado por la Mesa alerta de que el mecanismo promovido por Junts podría constituir "una moción de censura encubierta, que no cumpliría ni con los requisitos ni con el cauce que constitucional y reglamentariamente se establecen". Pero también dice que el "carácter político" de las proposiciones no de ley impide apreciar en ellas vulneración de las competencias del Gobierno, por lo que, bajo ese punto de vista, la de Junts debería admitirse a trámite. Eso sí, propone en ese acaso añadir una coletilla que aclarara que su valor sería "puramente político" y no generaría en Pedro Sánchez "el deber jurídico de plantear la cuestión de confianza".

Pero también explican los letrados que existe otra perspectiva según la cual la confianza otorgada al presidente en la investidura solo puede quebrarse mediante una moción de censura, de modo que no debería ser admitida la iniciativa de los independentistas catalanes ya que la Cámara tiene a su disposición el mecanismo de la moción de censura como "único idóneo" para el fin propuesto.

Tras hacer todas estas reflexiones, el informe deja completamente abierta la posibilidad de que la Mesa resuelva como considere conveniente. Y en todo caso, concluye que al tratarse de una proposición no de ley su resultado "si fuera admitida y sometida al pleno" no tendrá impacto jurídico alguno "en la relación de confianza existente entre el Poder legislativo y el Ejecutivo". Además, apunta que el criterio que se aplique mañana "probablemente servirá como referencia" para decisiones futuras sobre iniciativas similares.

El documento, de 14 páginas, hace un exhaustivo análisis del alcance "limitado" de las proposiciones de ley y recuerdan los casos en que han sido rechazadas o inadmitidas para su reformulación. Por ejemplo, ha ocurrido con iniciativas que instaban al Gobierno a realizar actuaciones propias del Parlamento, se referían a competencias de la propia Mesa, se dirigían a entes territoriales o pretendían ejercer un control sobre el jefe del Estado o la Casa Real.