El juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Just Eat contra Glovo por competencia desleal, al considerar que la compañía de reparto señalada actuó dentro de la legalidad y que garantizaba la autonomía de los repartidores, por lo que la exime de pagar casi 300 millones de euros de indemnización, según informa EFE.

Just Eat España presentó una demanda contra Glovo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona por competencia desleal, en la que le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos.

La plataforma de origen danés sostenía que Glovo, fundada en Barcelona pero propiedad de la alemana Delivery Hero, se ha ahorrado más de 645 millones contratando a falsos autónomos en los últimos años y que ello le ha permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.

No obstante, la sentencia, que puede ser apelada ante la Audiencia de Barcelona y que condena a Just Eat a costas, considera que Glovo cumplía con la llamada ley rider, que aunque establece "una presunción de laboralidad" en relación con las personas que prestan los servicios de reparto no impone "un modelo homogéneo y excluyente". "Tratándose de una presunción que admite contradicción y prueba en contrario es perfectamente posible realizar la actividad de distribución mediante plataformas digitales en régimen de autonomía laboral", señala la sentencia.

De hecho, considera que es perfectamente posible que puedan coexistir repartidores laborales con otros autónomos, y que debe discriminarse en uno u otro sentido "atendiendo a las circunstancias del supuesto hecho concreto".

La sentencia desacredita a dos inspectoras de trabajo que en el juicio manifestaron que los trabajadores de Glovo lo hacían en régimen de "falsos autónomos", de las que señala su "beligerancia" contra la empresa y contra sus representantes, al asegurar que una de ellas se dirigió a un letrado como "el enemigo". El juez señala que las dos inspectoras fueron categóricas en rechazar que el reparto de comida a domicilio pudiera prestarse a través de trabajadores autónomos o no asalariados, "pese a que la tantas veces mencionada ley rider así lo establece".

"Pese a la indudable habilidad dialéctica del letrado de la actora cuyo interrogatorio pretendía proyectar una imagen de objetividad, en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático", recoge la sentencia.

El titular del juzgado mercantil ha señalado que queda acreditada "la idoneidad del modelo de contratación con autónomos que, definitivamente, resulta mucho más eficiente para atender una demanda oscilante, porque se concentra en determinadas franjas horarias" ante las dificultades que entraña el laboral.

También, sostiene que los repartidores prefieren el modelo de autónomos, "porque les permite prestar el servicio a su conveniencia en una u otra plataforma, en uno u otro lugar o durante el tiempo que deseen". "En mi criterio, no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene... excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad", añade el escrito.

Sobre la ventaja competitiva de Glovo como consecuencia de su modelo, el juez señala que no ha quedado acreditado por parte de Just Eat que ese "supuesto ahorro en costes se haya destinado a acuerdos en exclusiva con restaurantes o a mayores promociones", ni tampoco que eso le permitiera hacer mayores inversiones en publicidad.

El magistrado concluye en la sentencia que Just Eat y Glovo presentan modelos de negocio diferentes; mientras que el 80% del negocio del primero es el marketplace y sólo el 20% entrega a domicilio, en Glovo sucede justamente lo contrario. Además, el cambio de modelo implementado por Glovo desde principios de enero de 2025, consistente en laboralización de los repartidores, no ha conllevado ninguna alteración de las cuotas de mercado, puesto que la demanda cuenta en junio de 2025 con una de mercado del 53,8%, Just Eat del 14, % y Uber Eats 28,5%.

Un juzgado de Barcelona ha condenado a la plataforma Glovo a regularizar a un total de 3.572 repartidores que trabajaban para ella como falsos autónomos entre 2015 y 2018 al concluir que existía una relación laboral por cuenta ajena, según informa EFE.

La sentencia, del juzgado social número 11 de Barcelona, parte de una demanda presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social en mayo de 2019 como consecuencia del acta de infracción abierto por Inspección de Trabajo unos meses antes.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso de suplica ante la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es la más importante que se ha hecho pública hasta ahora en un caso por el modelo de vinculación laboral de los repartidores en cuanto al número de afectados.

El titular del juzgado asegura en su escrito que "los repartidores no desarrollaban su actividad conforme a sus propios criterios organizativos, sino que actuaban siguiendo de manera estricta las directrices establecidas por Glovo".

Así, destaca que "Glovo decidía el precio del servicio, el método de pago y la remuneración", y los repartidores "no cobraban de los clientes" sino de la plataforma que, además, era la que "se beneficiaba directamente del trabajo" de éstos, que "no participaban en acuerdos con comercios ni clientes, sino que solo ejecutaban encargos bajo condiciones impuestas por la empresa".

"La infraestructura fundamental para la realización de la actividad era el programa informático desarrollado por Glovo, que conectaba comercios y clientes. Esta plataforma constituía el núcleo del servicio, ya que los repartidores no disponían de medios propios significativos para operar de manera independiente", asegura.

En esta línea, la sentencia insiste en que "la empresa fijaba todos los aspectos del servicio: forma, precio, condiciones de pago y control de calidad; y, mediante algoritmos, valoraciones y geolocalización, ejercía una supervisión continúa".

La sentencia llega pocos días antes de que Glovo, propiedad de la compañía alemana Delivery Hero, ponga en marcha, el próximo 1 de julio, su nuevo modelo laboral en España, con repartidores que pasarán a estar contratados.

Fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud, la plataforma de reparto a domicilio hizo frente la semana pasada a un juicio por la demanda presentada contra ella por Just Eat por competencia desleal.

El anuncio de que Glovo contratará como asalariados a todos sus repartidores desde el 1 de julio cierra un capítulo importante en su prolongado conflicto con los repartidores (riders), marcando un antes y un después, porque ahora se eleva la presión sobre otras compañías que estén tentadas a incumplir la ley, según recoge EFE.

Con esta decisión Glovo encaja finalmente su modelo de relaciones laborales en la línea que exige la ley a nivel nacional y comunitario, un hecho de relevancia al ser un buque insignia dentro del sector y una compañía que ha estado en el foco de acción de sindicatos y repartidores durante muchos años.

Aunque parezca lejano, las plataformas digitales de reparto llegaron a España hace sólo una década y, pronto, se pudo ver cómo las bicis y motocicletas con macutos de Glovo, Deliveroo o JustEat recorrían las calles de las grandes urbes, prestas a entregar comida preparada a domicilio.

Al principio todo parecía normal con unos rider que se consideraban autónomos, pero, pasado un tiempo, surgen las dudas sobre su verdadera autonomía de la empresa, siendo los sindicatos y algunos repartidores los primeros en poner el foco en la relación laboral que les unía a las compañías. 

Sólo era cuestión de tiempo que llegaran las primeras denuncias y primeras sentencias y, en todo ese entramado judicial, fue clave la resolución del Supremo (septiembre de 2020) en la que ratificó, por primera vez, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considerando como falso autónomo a un repartidor de Glovo. 

En este contexto, también era cuestión de tiempo que se legislara para delimitar qué tipo de relación laboral tiene que regir entre los riders y las empresas a las que ofrecen sus servicios de reparto.

Fue algo que sucedió con la aprobación y entrada en vigor, en 2021, de la ley rider en la que se establece la presunción de que los repartidores son empleados por cuenta ajena, salvo que se demuestre lo contrario, y se les daba a las plataformas un plazo de tres meses para regularizar a unos 15.000 riders, según las estimaciones que se hicieron.

La aprobación de la normativa llevó a Deliveroo a dejar de operar en España, pero no al resto, que siguieron apostando por la actividad, si bien, la duda sobre el cumplimiento pleno de la ley ha sido constante.

Como ejemplo, el hecho de que Glovo anunciase hace seis meses que este próximo 1 de julio contratará como asalariados a sus repartidores ante nuevas amenazas judiciales.

Por lo tanto, este 1 de julio se abre un nuevo capítulo a la espera de ver el calado de la decisión de Glovo.

Por el momento, los sindicatos están pendientes de ello y, de hecho, Comisiones Obreras ha pedido esta semana que Glovo lleve a cabo una negociación "real y transparente" para "garantizar los derechos laborales" de los repartidores en esta nueva etapa. 

Raquel Boto es adjunta a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras y ha asegurado a Efeagro que el siguiente paso es conseguir un nuevo colectivo porque, hasta ahora, a los riders se les aplica el convenio de mensajería, no actualizado desde 2016. 

Siguen así con su "diálogo social, negociación colectiva y acción sindical" como, remarca, lo han hecho desde que el fenómeno rider llegó al país. 

El paso que da Glovo, una de las grandes del sector, sirve, a su juicio, para que a partir del 1 de julio se ponga el "foco" en otras compañías que aún no tienen toda su plantilla asalariada. 

Tras la ley rider y la posterior directiva comunitaria "no cabe duda de que -las empresas- tienen que ir a un modelo de laboralización" de los repartidores, según Comisiones Obreras. 

Y para ello, los sindicatos cuentan con el apoyo, nada más y nada menos, de la patronal CEOE, que ya participó en los acuerdos con el Ministerio de Trabajo para legislar y laboralizar a los repartidores.

Esta decisión motivó en su día la salida de esta empresa como socio de la CEOE.

Que este paso dado por Glovo sea o no el principio del fin del conflicto de los riders se verá con el paso del tiempo, pero todo apunta a que se ha emprendido un camino de no retorno en la laboralización de los repartidores.

Este miércoles un juzgado de lo mercantil de Barcelona admitía a trámite una demanda que la empresa Just Eat le puso a Glovo por seguir operando con trabajadores no contratados. La compañía de reparto Just Eat, que sí contrata a sus repartidores, consideraba que la actividad de Glovo estaba suponiendo para ellos una competencia desleal y le reclama a la compañía que dirige Óscar Pierre 295 millones de euros. Esta resolución llega la misma semana en la que la Comisión Europea anunció una multa de 329 millones a Glovo y a su empresa matriz, Delivery Hero, por prácticas de mercado irregulares. 

Las autoridades de Competencia de Bruselas consideran que las dos compañías “acordaron no robarse mutuamente a los empleados” y “se repartieron mercados geográficos”. Además, la nota de prensa emitida por el organismo europeo también apunta que “intercambiaron información delicada a efectos comerciales”. De hecho, el texto remitido desde Europa se refiere a la actividad de las compañías como “un cártel”, una práctica dañina para los consumidores que consiste en acuerdos entre empresas competidoras destinados a manipular el mercado e interferir en los parámetros de competencia. 

El periplo judicial de Glovo viene de lejos y en el centro del problema ha estado casi siempre su modelo de contratación. Las primeras demandas laborales contra la compañía de las mochilas amarillas comenzaron en 2018 por la precariedad laboral de los trabajadores que se dedicaban al reparto, ya que operaban como falsos autónomos y a merced de un algoritmo que les marca el ritmo de trabajo. En ese momento, otras compañías con el mismo modelo de negocio comenzaron a recibir denuncias por parte de trabajadores y algunas salieron adelante. La primera que condenaba a Glovo salió adelante en 2019, después de que la Seguridad Social obligase a una de sus competidoras (Deliveroo) a contratar a más de 500 personas.

En este contexto es en el que se aprobó en 2021 la conocida como “ley rider”. Esta regulación introdujo en el Estatuto de los Trabajadores la “presunción de laboralidad” para las personas que distribuyan “cualquier producto de consumo o mercancía” para una empresa que organice el trabajo “a través de una plataforma digital”. La norma salió adelante a propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con sindicatos y patronales.

Como consecuencia, Deliveroo decidió cesar su actividad en España en vez de regularizar a sus trabajadores y otras compañías como Uber tuvieron que rediseñar su modelo de negocio (aunque esta sigue operando con un modelo mixto de autónomos y contratados). Mientras tanto, Glovo ya tenía en marcha un juicio con la Seguridad Social por emplear a más de 3.300 riders como falsos autónomos. Las sanciones por incumplir la ley y los gastos añadidos por las cotizaciones a la Seguridad Social que no habían abonado en ese periodo, comenzaron a sucederse.

De hecho, en el último balance anual de su compañía matriz, que corresponde a 2024, se recoge esta circunstancia y se reservan una partida de dinero de entre 440 y 700 millones para posibles sanciones: “Las provisiones de Delivery Hero SE al 31 de diciembre de 2024 incluyen posibles reclamaciones de terceros en relación con investigaciones en curso llevadas a cabo por las autoridades de la seguridad social en España, sobre la clasificación legal en materia de seguridad social de los repartidores bajo un antiguo modelo de negocio de su filial Glovo Spain”, concluye el documento. Además, en el informe sobre el primer tercio de 2025 también se recoge una provisión para Italia, donde se replican los mismos problemas sobre su modelo laboral que en España.

Glovo no se dio demasiada prisa en acatar las nuevas condiciones laborales que imponía la ley. Sin embargo, en 2023, una modificación en el Código Penal proponía penas de prisión de hasta seis años para las empresas que se resistiesen a acatar las formas de contratación regulares o para quienes persistiesen en mantener a falsos autónomos después de haber recibido una sanción administrativa. “Por muy grande que sea una empresa, no se colocará al margen de la ley”, advertía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación con los incumplimientos de Glovo.

Ya en 2024, y después de que el Ministerio de Trabajo emitiese un informe documentando los casos de repartidores autónomos que seguían contratados de forma fraudulenta, la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación. Se acusaba a Glovo de un delito contra los derechos de los trabajadores al reconocer la relación laboral entre la compañía y los repartidores.

Por aquel entonces, Glovo argumentaba que su labor era meramente de mediación entre el establecimiento y los rider y que no estaba obligada a contratar. Pero un día antes de que se celebrase el juicio en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, la compañía dio un giro y cambió de parecer anunciando un “modelo laboral en España” a través de una nota de prensa. En la declaración, el CEO, Oscar Pierre, defendía la legalidad del modelo de autónomos y argumentaba que el cambio se había hecho para esquivar las presiones de Inspección de Trabajo. Este proceso aún sigue abierto.

En el último capítulo del maratón judicial que arrastra Glovo es donde aparece Just Eat. La compañía señala que, aunque ofrecen los mismos servicios, se encuentra en una “situación de desventaja competitiva”, ya que ellos cumplen con la ley y Glovo aún no lo hace. En los cálculos que ofrecen, Just Eat apunta a que la compañía de las mochilas amarillas se estaría ahorrando 645 millones de euros en cotizaciones, generando con esto una ventaja competitiva. Este caso se dirimirá también en los juzgados de Barcelona.

En una de las últimas intervenciones públicas del CEO, Oscar Pierre, señaló que la regularización de los trabajadores se completará “este año”. Sin embargo, y pese a la evidente precariedad de esta actividad, volvió a insistir en que su modelo óptimo es el de autónomos: “Estamos operando en más de 20 países, en todos ellos con el mismo modelo de autónomos. Nuestra demanda es supervolátil, por lo que tener un modelo flexible te permite pagar más y dar más trabajo, y creemos que es también el modelo que encaja a los riders”, señaló en el foro económico CREO 2025.

La Comisión Europea multó este lunes con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por formar durante cuatro años un cartel en el reparto de comidas y otros productos en el que intercambiaban información sensible, se repartían mercados y renunciaban a atraer y contratar a personal de la otra compañía, según informa EFE.

En concreto, Bruselas impone una sanción de 105,7 millones de euros a Glovo y de 223,3 millones de euros a Delivery Hero, según ha informado la institución en un comunicado en el que también detalla que ambas multas llevan incluida una reducción del 10% porque las dos empresas implicadas reconocieron durante la investigación las prácticas ilegales.

El comportamiento contrario a las normas europeas comenzó en julio de 2018 cuando la firma alemana Delivery Hero adquirió una participación minoritaria de Glovo, y finalizó en julio de 2022 cuando la primera se hizo con el control total de la compañía de reparto con sede en Barcelona, precisó la Comisión.

Además, las dos compañías acordaron repartirse mercados geográficos evitando competir en aquellos en los que las dos ya desarrollaban su actividad y coordinándose para que una de las dos entrase en mercados en las que ninguna tenía presencia o para no entrar si una de las dos ya dominaba en un territorio. Por otro lado, cuando Delivery Hero entró en el accionariado de Glovo con una participación minoritaria, ambas partes pactaron no atraer y contratar a algunas categorías de profesionales de la otra compañía y después este acuerdo fue ampliado a todo tipo de profesionales, excepto los repartidores o riders.

"Este caso es importante porque se facilitaron estas prácticas a través de una utilización anticompetitiva de la posición minoritaria de Delivery Hero en Glovo", destacó la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la cartera de Competencia, Teresa Ribera, en rueda de prensa. La española también resaltó que es la primera vez que el Ejecutivo comunitario sanciona un acuerdo entre empresas para no atraer a trabajadores de manera recíproca, una práctica que "impide competir por el mejor talento y reduce las oportunidades para los trabajadores".

En un comunicado, Delivery Hero confirmó que ha admitido el comportamiento ilegal ante la Comisión Europea y recordó que ya había provisionado 400 millones de euros por la investigación relacionada con este caso. La compañía apuntó que la multa final es "casi un 20% menor que lo anticipado" porque "refleja, entre otras cosas, que la Comisión reconoció una intensidad inferior de las cuestiones investigadas en algunos periodos". En esta línea, la multinacional remarcó que la provisión restante "será liberada y normalizada mediante ajustes de gestión y sin impacto en el Ebitda ajustado (el beneficio de explotación) del periodo". 

Hasta el pasado lunes, Silicon Valley siempre había gozado en el imaginario colectivo de un aura hippy y progresista instaurada en el imaginario colectivo de ser una industria creada de cero en un garaje o en la habitación de una residencia universitaria. Sin embargo, la visión de sus mayores referentes, multimillonarios todos, solo un paso por detrás de la familia de Donald Trump ha puesto en evidencia el giro ultra y ha generado muchas dudas e intranquilidad entre los usuarios al estar sus compañías y sus productos cada vez más enraizados en nuestro día a día. Es lo que muchos llaman ya la "derecha tecnológica" o, como les llamó Pedro Sánchez, "tecnocasta" o "tecnomillonarios". 

Pero además de esta radicalización común y de tener todos sus bolsillos repletos de billetes gracias a los usuarios, hay otro elemento que los une: su pasaporte. Meta (propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp), Amazon, Google, Apple, X, Open AI o Microsoft (que no mandó a nadie a la toma de posesión de Trump) son empresas estadounidenses, la mayoría con sede en el norte de California, en Silicon Valley. No así TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, que se coló en la fiesta del nuevo presidente con la presencia de Shou Zi Chew y protagonizó una de sus primeras cien medidas: la prórroga de 75 días para seguir operando en EEUU.

"Estas plataformas no solo han cambiado la forma en que nos comunicamos, sino también cómo consumimos contenido y nos conectamos con otras personas y marcas. Su influencia es evidente en ambas regiones, donde han moldeado tendencias y comportamientos", explica Santiago Giménez, profesor en la OBS Business School. 

En cambio, a este lado del Atlántico, Bruselas se tiene que limitar a contener el aliento ante las futuras políticas de Trump y observar en la distancia y con preocupación la deriva de la derecha tecnológica. Aunque han desplegado un potente paquete legislativo para controlar a todas estas plataformas y que asuman responsabilidades, por ahora la UE con respecto a redes sociales no es rival para Silicon Valley. Pongamos un par de ejemplos.

Con la puesta en marcha en verano de 2023 de la ley de Servicios Digitales, centrada en la protección de los derechos fundamentales en línea de los usuarios, Bruselas elaboró su listado de very large online platforms y very large online search engines, es decir, aquellas plataformas y buscadores con relevancia sistemática y responsabilidades especiales por el tamaño y alcance social que tienen. Se trata, en total, de 25 productos o servicios: quince de EEUU, cuatro de China, uno de Chipre y uno de Canadá. Los cuatro restantes son made in UE: el metabuscador de viajes Booking de Países Bajos, la tienda online Zalando de Alemania y las webs porno XVideos y XNXX de Francia. Es decir, el 16%.

La ley de Mercados Digitales, enfocada en frenar el comportamiento anticompetitivo, también tiene su listado, en este caso, de guardianes de acceso del que forman parte las grandes empresas con una posición afianzada que debe cumplir con obligaciones más estrictas que el resto. Ahora mismo son siete: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta y Microsoft. De ellas, solo Booking es europea. En total, 24 servicios básicos, entre los que se encuentran plataformas de mensajería, sistemas operativos o redes sociales. Bruselas destaca cuatro: Facebook e Instagram de Meta, LinkendIn de Microsoft y TikTok. Es decir, tres estadounidenses y una china. 

Centrándonos solo en las plataformas, qué es lo que nos interesa aquí, si cogemos el Estudio de Redes Sociales 2024 de Iab Spain de las 17 que analiza y de las que recoge datos, solo dos son europeas. Se trata de BeReal, que es francesa, y Spotify, que es sueca pero que se queda fuera de lo que entendemos como red social ya que es un servicio de streaming de música. 

A la cuota de redes sociales europeas se podría añadir Mastodon que es alemana y una de las plataformas que suenan como sustitutas de X ante la deriva de Elon Musk con su apuesta de ser "abierta, libre y federada" bajo el protocolo ActivityPub. La otra candidata para robarle tuiteros al antiguo Twitter, Bluesky, también es estadounidense. 

En este grupo podemos añadir Xing, también alemana. Basada en el principio de los seis grados de separación, es una red social de ámbito profesional y compite por la cuota de mercado del poderoso LinkedIn de Microsoft. 

BeReal, Mastodon, Xing… ¿por qué a este lado del Atlántico no tenemos nuestro propio Instagram o un TikTok europeo? Según detalla el profesor Giménez, esta dominación estadounidense responde a tres causas. La primera es porque en EEUU "han sido pioneros en crear plataformas innovadoras y escalables, como Facebook, Twitter o Instagram, que rápidamente han capturado grandes bases de usuarios" al tiempo que "se han adaptado y evolucionado" con las demandas de los usuarios. 

La segunda razón es por el acceso que tienen a los fondos de capital de riesgo para lograr financiación y a los recursos tecnológicos. "Silicon Valley ha proporcionado un entorno ideal para el crecimiento de estas redes", sostiene Giménez. "Mientras EEUU y China invierten en digital, nuestros políticos desoyen los consejos de los activistas que llevan años diciendo que había que apostar por el código abierto", amplia Simona Levi, cofundadora de la plataforma especializada en derechos digitales Xnet y estratega tecnopolítica. Autora del libro Digitalización democrática (Editorial Rayo Verde), defiende que la UE ha perdido tiempo "en vender sangría" y no se ha digitalizado "correctamente" porque han estado "pagando por tecnología que pertenece a empresas": 

Y, por último, el propio ecosistema de talento creado en esta zona californiana "crucial para la innovación continua y el éxito sostenido". "La concentración de talento en tecnología y negocios en Silicon Valley ha permitido a estas multinacionales atraer y retener a los mejores profesionales", indica este profesor. 

¿Y cómo hemos llegado hasta esta situación? También son varios factores los que han influido en esta posición rezagada. Por un lado, la falta de financiación. "La inversión en capital de riesgo en Europa es significativamente menor en comparación con EEUU", explica Giménez que matiza que esto limita "el crecimiento de startups tecnológicas", tienen dificultades para "obtener los fondos necesarios" y les impide "competir a nivel global". 

Por otro, la fuga de cerebros: "Muchos talentos europeos en tecnología y negocios se trasladan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y recursos". Para este profesor, esta salida ha lastrado la creación de compañías innovadoras en la UE. Y, por último, la existencia de una excesiva burocracia en los 27. "Las barreras regulatorias y administrativas en el mercado único europeo pueden dificultar la creación y expansión de nuevas empresas", admite Giménez. 

Por todas estas razones, ante la falta de una competencia real privada, en la UE son muchas las voces que apuestan ahora por crear una red social pública. A mediados de enero, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, proponía "la creación de una red social pública bajo controles democráticos" con "el español y el portugués como lenguas de referencia" y "comprometida con la justicia social y los derechos humanos". La profesora titular de Filosofía del Derecho en la Carlos III y exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop también apuntaba en esta misma dirección en una reciente columna en El País: "Europa debería pensar en crear infraestructuras propias, públicas y competitivas con las que plantar cara al poder plutocrático que nos acecha".

El antiguo director de Tumblr, Mark Coatney, incluso iba un paso más allá en un artículo de opinión publicado en 2019 en The New York Times. En su caso, sugería prohibir tanto el anonimato como las cuentas de empresas u otras organizaciones para crear una plataforma alejada del interés comercial actual: "Los medios públicos sin ánimo de lucro son la respuesta". 

Financiada por los diferentes Gobiernos, serviría para dar servicio ciudadano. Sin embargo, la idea no es perfecta y está llena de sombras. La primera y más evidente es qué harían las diferentes administraciones públicas con nuestros datos. Además, y según señala Simona Levi, parte de un enfoque "binario" que consiste en "público-bueno y privado-malo" y que confunde crear una red social pública con el software de código abierto, un modelo de desarrollo descentralizado que distribuye públicamente el código fuente permitiendo que cualquier persona modifique y comparta tecnología porque su diseño es accesible de manera pública. "Los expertos siempre hemos dicho que había que generar un sistema alternativo a las big tech. Llegamos tarde, pero todavía se pueden hacer cosas, eso sí, la solución no es que el estado de forma paternalista nos gestione las redes", defiende esta experta. 

Para esta experta, el futuro pasa por una "iniciativa comunitaria" en la que trabajen mano a mano usuarios, activistas, empresas e instituciones alrededor del "código abierto": "Todo ya está creado. No hay que crear, hay que apostar por un software libre y que cada uno utilice como quiera". Y en este escenario perfecto los diferentes Gobiernos, tanto a nivel europeo, como nacional o autonómico, lo que deberían haber es invertir, mantener y, sobre todo, utilizar estas herramientas de código abierto. "Bruselas sigue usando Microsoft y Google", recuerda Levi que apunta que "no están dando ejemplo". 

Más allá de esto, y según el profesor Giménez, existen "oportunidades y esfuerzos en marcha que podrían permitir el surgimiento de competidores europeos en el futuro". "La combinación de políticas de apoyo, cambios en las preferencias de los usuarios y un enfoque en la innovación y la privacidad podría crear un entorno propicio para el desarrollo de nuevas plataformas sociales europeas", detalla este experto. 

Porque lo cierto es que, más allá de la falta de una competencia real a nivel de redes sociales, en el resto de productos y servicios, Europa no cojea en comparación a Silicon Valley o China y es capaz de plantar cara en muchos servicios. Por ejemplo, Spotify. El éxito de esta plataforma de música en streaming supera de largo a su competencia. Por ejemplo, en número de usuarios cuenta con 551 millones, muy lejos de los 88 millones de Apple Music, los 80 millones de Amazon Music, los 80 millones  de YouTube Music o los 16 millones de Deezer, un servicio francés. 

En Suecia también encontramos las empresas de videojuegos Mojang o King, autores de los populares Minecraft o Candy Crush. Eso sí, ambas son propiedad ahora de Microsoft. Caso similar al de Skype, que revolucionó en la década de los 2010 las videollamadas y que tiene su origen en Estonia con parte del equipo también sueco y danés pero que en 2005 fue comprado por eBay y en 2011 por Microsoft, ambas estadounidenses. Y ejemplo similar lo que sucede con el navegador Opera creado por la empresa noruega Opera Software y que actualmente es propiedad de una empresa china de inversión.

Uno de los países con más presencia de tecnológicas es Alemania: además de las ya mencionadas Mastodon o Xing, destacan gigantes como Zalando, Trivago o Delivery Hero, propietaria de la española Glovo. En Francia, además del éxito de BeReal, cuentan con Bla Bla Car, Vente-Privée o el buscador Qwant. Y en España, Cabify rivaliza con el poderoso Uber en el apartado nacional del VTC. 

Y no hay que olvidarse de Reino Unido, que aunque ya no forma parte de la UE, es uno de los principales núcleos de emprendimiento digital a este lado del Atlántico. Así destacan plataformas como Asos, Deliveroo, Just Eat, Shazam o Skyscanner, referentes en sus respectivos campos.

Según Santiago Giménez, el éxito de estas empresas en otros campos que no son las redes sociales responde a que, la gran mayoría como Spotify, Booking o Zalando, han encontrado "nichos específicos" con productos o servicios que "responden a necesidades específicas de los consumidores europeos", tienen "modelos de negocio que les permiten ofrecer servicios únicos y diferenciados" y, por tanto, tienen "una menor competencia directa". "La ausencia de competidores dominantes ha facilitado su expansión y éxito", explica este profesor. 

A todas estas tecnológicas hay que sumar ahora el esfuerzo que se está desplegando en el campo de la inteligencia artificial. Aunque OpenAI, también estadounidense, es su máximo exponente gracias a ChatGPT, muchos en Silicon Valley están intentando subirse a este carro: desde Google a Microsoft pasando por Meta, X o Apple. Y en Europa, en este caso, están intentando no quedarse atrás, aunque mucha de la inversión sigue procediendo de EEUU. 

Así destaca el trabajo de Aleph Alpha. Esta startup alemana fundada en 2019 por Jonas Andrulis (ex trabajador de Apple) y Samuel Weinbach (ex de Deloitte). En 2023 presentó Luminous, su modelo de lenguaje equivalente al GPT de OpenAI o PaLM de Google. 

En Francia, está Mistral AI. Fundada en 2023 por investigadores de Meta y Google DeepMind y con inversores del renombre como NVIDIA, Salesforce o Microsoft, solo un año después presentó Le Chat, su chat conversacional para competir contra ChatGPT de Open AI. 

En Reino Unido, Stability AI es conocida por su enfoque en código abierto, es decir, sus modelos están disponibles para que cualquiera los utilice y los modifique. Aunque creación más conocida es Stable Diffusion, un modelo generativo que crea imágenes a partir de texto, ya está trabajando en modelos de lenguaje para rivalizar con ChatGPT.

Y en España, esta misma semana el Gobierno presentó Alia, un modelo de inteligencia artificial en código abierto diseñado desde el sector público. Su objetivo es ser una herramienta accesible, inclusiva y adaptada a la diversidad lingüística ya que es capaz de operar en castellano y en las lenguas cooficiales del Estado: catalán, euskera, valenciano y gallego. Por ahora, están en marcha dos proyectos pilotos basados en Alia: un chatbot para la Agencia Tributaria, que permitirá resolver dudas y agilizar gestiones fiscales; y otro programa que se centrará en la mejora del diagnóstico de insuficiencias cardíacas en Atención Primaria.

El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha asegurado este martes ante la jueza que la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores está orientada a evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo, aunque considera que su modelo actual es legal, y ha desvinculado ese anuncio de su estrategia de defensa.

Pierre ha declarado este martes como imputado, durante menos de media hora, ante la juez de Barcelona que investiga la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por emplear a falsos autónomos, un día después de que Glovo anunciara que cambia de modelo laboral y que contratará a sus repartidores, según han informado fuentes jurídicas.

A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el imputado ha insistido en que el anuncio del cambio de modelo laboral de Glovo es una "coincidencia", y ha justificado que busca la "paz social" y evitarse conflictos con Inspección de Trabajo y con los tribunales, tras las múltiples sanciones por emplear a los "riders" como falsos autónomos.

El también fundador de Glovo, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por CGT, ha explicado que la apuesta por cambiar el modelo se acordó en un consejo de administración de la compañía para evitar seguir teniendo litigios con la Inspección de Trabajo y los tribunales, pese a que están convencidos de la legalidad del sistema actual de contrataciones.

La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona investiga a Pierre tras una denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó contra el consejero delegado de Glovo por un delito contra los derechos de los trabajadores, por mantener a sus repartidores como autónomos pese a las sentencias del Supremo y de numerosos tribunales de toda España que establecen que los riders son empleados por cuenta ajena.

Pierre ha argumentado ante la jueza que Glovo ha ido modificando el modelo de contratación de los repartidores para adaptarlo a las resoluciones judiciales y laborales, así como a la normativa vigente y que, en ese asunto, la empresa ha estado en permanente contacto con la Inspección de Trabajo. Por ese motivo, ha defendido que el sistema actual de repartidores autónomos es legal, aunque el consejo de administración haya decidido modificarlo con el fin de garantizarse la "paz social".

El jefe de Glovo no ha detallado de qué forma se va a implantar el nuevo modelo de contratación de los repartidores, ni se ha referido a cómo los riders han recibido el anuncio, aunque una de sus líneas de defensa esgrimidas a lo largo de esta causa es que a los trabajadores les interesa mantenerse como autónomos.

En su comunicado del lunes, Glovo, propiedad del grupo alemán Delivery Hero, aseguró que había dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado"; y que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el cambio de modelo.

Óscar Pierre (Barcelona, 1992) es considerado un referente en el mundo de los "emprendedores" por la creación de Glovo, pero sus detractores le reprochan que haya fundado su compañía sobre una fuerza laboral para el reparto que le ha acarreado múltiples sanciones.

Los sindicatos y los colectivos que representan a los llamados riders denuncian que es una práctica habitual que las cuentas de los repartidores sean alquiladas a migrantes sin papeles, que tratan así de ganar un dinero repartiendo comida a domicilio en bici, en moto, en patinete eléctrico o incluso a pie.

Glovo, la empresa española de reparto de comida a domicilio, anunció este lunes que dejará de trabajar con autónomos y contratará a todos sus empleados. Lo hace después de más de 200 millones en multas impuestas por Inspección de Trabajo y en vísperas de que su director general y fundador, Oscar Pierre, declare como imputado en Barcelona por un delito penal contra los derechos de los trabajadores.  

Para Felipe Díez, de la asociación de repartidores RidersXDerechos, la decisión de la multinacional debe entenderse en el marco del proceso penal y prefiere cautela antes de celebrarlo. "No estamos hablando de una empresa que ha vulnerado el derecho de los trabajadores sin darse cuenta. Tenían sentencias en contra desde hace años y aún así no cambiaron de modelo hasta ahora. Actuaron con mucha temeridad".

Por su parte, desde UGT aplauden la decisión. "Llevamos una década para conseguir este primer paso". El representante de los repartidores de Glovo, Fernando García, explica que la decisión que ha tomado la empresa es una "batalla ganada", pero que ahora queda todo por hacer. "No sabemos que pasará con la antigüedad o con los trabajadores sin papeles. Hay que ver en qué condiciones se van a respetar los derechos adquiridos y como se tratarán los casos en que el repartidor trabaja con la cuenta de otro". Concluye afirmando que es ahora cuando empieza "la negociación normal" porque hasta ahora estaban fuera de la ley: "habrá que hablar de horarios, de salarios o de la duración de la jornada".

El modelo de trabajo de Glovo consiste en una plataforma en la que el trabajador se da de alta y, a través de la cuál, recibe encargos que gestiona con una aplicación móvil. En este caso, comida y productos a domicilio. Muchos de los trabajadores que se empleaban en estos sistemas lo hacían bajo la figura de falsos autónomos. Es decir, eran trabajadores por cuenta propia, pero con un solo pagador, ya que cobraban a través de la plataforma.

Este fue el detonante para que en 2021 el Gobierno pusiera en marcha la conocida como ley rider. Esta norma reconoció la “presunción de laboralidad” de los trabajadores y abrió la puerta a un proceso para que fuesen contratados y asegurados adecuadamente.

Algunas de estas multinacionales iniciaron procesos para cambiar su modelo de negocio y otras, entraron en largos procesos judiciales para recurrir la norma. De hecho, en octubre de este año, un juzgado de lo Social de Madrid condenó a Glovo a contratar a 3.312 repartidores que empleó durante 2015 y 2018.

En el comunicado que la multinacional emitió en la mañana del lunes, explican que abandonarán por completo el modelo basado en autónomos y contratarán a los trabajadores de las más de 900 ciudades donde operan. Por el momento se desconocen los plazos y también las condiciones en las que se dará la negociación. Además, han dejado claro que el servicio seguirá funcionando con normalidad mientras se produce el cambio en la operativa.

La precariedad es el principal problema de este tipo de profesionales. "Es un enorme mercado de trabajo informal de personas migrantes, muchas sin papeles, que trabajan en la más absoluta desprotección, en condiciones miserables", explica Díez. "Hay gente que se ha muerto. Gente que trabaja con cuentas de otros y es invisible. Gente que no tiene bicicletas, que alquila las de ayuntamientos para repartir o que las comparte". De hecho, ahora las dudas que se plantean es en qué condiciones serán contratados.

Por su parte, el representante de los repartidores de UGT puntualiza que no saben como se resolverá la situación de los perfiles más vulnerables y que todo dependerá de los términos en que se lleve a cabo la negociación. Explica que él fue repartidor autónomo en su día y desde hace tres años trabaja como contratado, pero en el proceso perdió la antigüedad. Ahora van a intentar que eso no ocurra: "Con Uber pasó algo parecido y conseguimos obligarles a indemnizar cuando se cerraron las cuentas antiguas", concluye.

Desde RidersXDerechos explican que se unirán a la demanda penal que este martes sentará al fundador de la multinacional en el banquillo. "Los repartidores hemos estado trabajando durante años al margen de la ley, aceptando las tarifas impuestas, pagando nuestra seguridad social y eso se nos debería devolver". De hecho, tal como explicó Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Glovo debe a la Seguridad Social 267 millones de euros en cotizaciones más allá de las multas.

"Hace apenas unos meses se aprobó la directiva europea de plataformas digitales, que no solo incluye a los repartidores si no al cualquier trabajador que opere a través de plataformas digitales, como limpiadoras o cuidadores. Creo que esto es lo que ha inclinado la balanza para que Glovo tome esta decisión", explica Fernando García, que apunta a que la presión regulatoria está cambiando las tornas. "Lo que realmente provoca un cambio así en una multinacional es una ley que les obligue en distintos países", concluye.

Una regulación tan nueva genera siempre muchas dudas. Desde el despacho de abogados Servicios Reunidos Peñas, explican que es posible reclamar una antigüedad de hasta cuatro años si disponen de documentos. Pero de nuevo la vulnerabilidad tiene efectos negativos: "las diversas plataformas de afectados o sindicatos han dado información, pero el hecho de ser un trámite individual ha generado que muchos trabajadores se disgreguen y no estén reclamando sus derechos", concluyen.

Mónica Santos y José Miguel Peñas, abogados especializados, explican que en caso de despido también puede haber margen de maniobra. "Todo depende de cada caso particular, pero lo que si se podría hacer es solicitar la devolución de las cuotas pagadas como autónomo". Además, se podría pedir la devolución de intereses a favor del trabajador y exigir a la empresa el pago de la diferencia por el tiempo que debería haber estado asalariado.

En el caso de las personas que trabajan sin papeles, la reclamación es mas difícil. "La experiencia nos dice que esos trabajadores que hayan estado sin papeles, podrán reivindicar sus derechos durante el tiempo que han estado irregulares, pero como tal, no podrán acceder a un contrato hasta que regularicen su situación". De nuevo, un laberinto burocrático difícil de salvar.

"Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", resaltaba la ministra de Trabajo tras conocerse la noticia en Bruselas.

La denominada "ley rider europea" se aprobó el 11 de marzo con el objetivo de regularizar en toda la Unión Europea el sector de los falsos autónomos. Es una norma que en España ya había echado a andar en 2021, pero que ahora va más allá. "Las empresas mayoritarias del sector han dilatado la aplicación de la norma durante estos dos últimos años", explican Mónica Santos y José Miguel Peñas.

Señalan que en España las multas y las regulaciones impuestas por Trabajo habían resultado "disuasorias", pero con el respaldo de Europa el mensaje es mas claro. "El movimiento por parte de Glovo es una bajada de brazos a la hora de pleitear en esta cuestión que ha sido ampliamente debatida y reconocida en la Unión Europea", sentencian.

La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España, basado hasta ahora en contar con repartidores autónomos, y realizará contratos laborales. La compañía ha tomado esta decisión después de que una jueza de Barcelona comenzara a investigar si habían vulnerado los derechos de sus trabajadores. La jueza ha citado a declarar este martes como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.

En un comunicado recogido por EFE, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.

La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo. La compañía, además, ha subrayado que la nueva manera de operar no producirá cambios en la disponibilidad de repartidores, que garantiza que seguirá siendo "en cualquier momento del día", ni en los tiempos de entrega.

La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", ha señalado la compañía tecnológica.

Fundada en 2015, en Barcelona, Glovo ha afirmado que está comprometida "con el desarrollo de la economía digital" en España, y que este nuevo paso "refuerza y consolida" su proyecto en España.

La vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró este lunes como una victoria para la "democracia" el anuncio de Glovo. "Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores", dijo a la prensa a su llegada a un consejo de Empleo a Bruselas.

Díaz recordó que España, además de aprobar la ley Rider a nivel nacional, impulsó la negociación en la Unión Europea de una directiva en ese sentido, y subrayó que un joven que transita "en bicicleta con un teléfono en la mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor".

"El principio de legalidad se impone y por fin, insisto, esta empresa va a regularizar y cumplir con sus obligaciones. Va a ser una regularización, una recaudación por un importe de 267 millones de euros y aparte el coste de las sanciones. Pero lo importante, insisto, es que por fin van a ser laborales estas personas en nuestro país", añadió.

La ministra de Empleo añadió que si ese cambio es posible en España también lo es en el conjunto de Europa y para otras empresas tecnológicas. "Vale la pena gobernar para hacer esto", dijo.

En cuanto al proceso penal abierto contra los directivos de Glovo, Díaz señaló que este sigue su curso y lo "resolverán los tribunales".

La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos. Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".

La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.

El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".

Un grupo de investigadores en ciencias sociales, de centros nacionales e internacionales, coordinados por la Universidad de Zaragoza, han trabajado durante tres años en el proyecto Riders I+D+I Culturas emergentes de la precariedad móvil en la gig economy digital y han sacado algunas conclusiones sobre el auge de las plataformas de reparto de comida a domicilio en España que tiene en el centro a un tipo de trabajador: los denominados riders.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Nacional de Investigación, se ha dividido en dos ámbitos esenciales: una aproximación socio-económica al fenómeno, a través del análisis de las empresas clave del sector como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, y la gestión algorítmica del trabajo, entre otras cuestiones; y un acercamiento etnográfico a los modos y medios de vida de los riders. Estos se enfrentan a diario a un entorno laboral cambiante y altamente tecnológico que, a menudo, es sinónimo además de precariedad.

Miguel Montañés, doctorando en Sociología y uno de los investigadores del proyecto, confirma a infoLibre que “es un trabajo muy precario” y explica que han detectado un cambio en el perfil del rider. “Ha habido una evolución de la imagen que se tenía al principio, que era la de un estudiante o alguien que se sacaba algún dinero con la bicicleta, a la actual, donde la migración es estructural”, asevera. Conoce de primera mano la dureza del trabajo porque se ha hecho pasar por uno de ellos durante “una temporada” y relata que, “cuando se inició esta actividad, en 2017, y luego con un cierto boom en la pandemia, había más actividad. Pero ésta ha bajado, por lo que es un trabajo que exige muchísima disponibilidad de tiempo”. “Igual hay que estar ocho o diez horas en la calle para atender cinco o seis pedidos. Y no se paga por horas, es por pedido, por lo que puede haber quienes saquen 12 o 15 euros brutos al día, pero hay que abonar los gastos de autónomos y demás”. “Es muy intensivo en tiempo dedicado que no se traduce en dinero, por eso optan a este trabajo las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral”, resume. 

David Pac, de la Universidad de Zaragoza y el investigador principal del Grupo de Investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre (GISCI), anota que “siempre ha habido una lucha por parte de los empresarios por controlar el tiempo de trabajo y porque este sea efectivo, productivo y que no haya pérdidas. El máximo exponente de esto, en la actualidad, es el algoritmo, con el que los trabajadores están permanentemente controlados porque la empresa sabe cuánto han tardado en hacer una ruta, cuántos pedidos han hecho por hora…”. Y, por otro lado, “el trabajador intenta artimañas y estrategias para intentar evitar algunos elementos de ese control”, sostiene. 

En España, en concreto, se intentó romper inercias con la Ley Rider, que se aprobó en agosto de 2021 con el fin de regular la actividad y mejorar las condiciones laborales en el sector del reparto. “Nos convertimos en el primer país occidental prácticamente que implementó una norma que tenía en cuenta la problemática de los trabajadores”, constata Montañés, aunque matiza: “Pero su situación no ha mejorado mucho”. Las empresas han encontrado formas de adaptarse a los cambios normativos para seguir operando a través de lagunas legales, “lo que evidencia la persistencia de modelos de negocio que priorizan la ganancia sobre el bienestar del trabajador”, indican fuentes implicadas en el proyecto.

¿Por qué no se ha avanzado más? “Es muy complejo”, admite Montañés. A su juicio, “todo el sistema jurídico legal está pensado para un empleo tipo fábrica o un sitio localizado donde se realiza un trabajo, pero aquí la fábrica es la calle y es menos controlable. No se pueden hacer visitas sorpresas por parte de la Inspección”, ejemplifica. Y une: “Mientras para modificar una fábrica, un restaurante o similar, se necesita tiempo y una inversión; cambiar una aplicación para que en vez de unas horas determinadas tengas todo el día libre, se puede hacer en media hora”. Dicho de otro modo, “cambiar el modelo de negocio por parte de las empresas en este tipo de economías es mucho más fácil que en otras. La administración, la inspección de trabajo, tienen sus ritmos, mientras las aplicaciones son muchos más dinámicas y pueden estar continuamente circunvalando la legislación. La tecnología les permite esquivarla mucho más que a una empresa de la economía tradicional”.  

En ese contexto, Eleder Pineiro, de la Universidad de A Coruña e implicado también en el proyecto, incide en que “la aplicación, lo que se conoce como el algoritmo, sanciona, vigila y controla a los trabajadores. Incluso les cierra las cuentas en algunas ocasiones, les impone dónde tienen que llevar los pedidos, dónde tienen que situarse…”. Afirma que han comprobado en el marco de la investigación que los riders soportan “jornadas basadas en largos tiempos de espera sin remuneración y con alto nivel de desgaste corporal y psicológico”.

Para la investigadora principal del proyecto, Maribel Casas-Cortés, la migración reaparece trasversalmente en los estudios del sector de las plataformas del reparto: “El reparto a domicilio por aplicación es uno de los sectores más internacionalizados del mercado laboral español. El reparto coincide con un perfil de trabajo para el cual no es necesario un estatus completo de ciudadanía, sino una situación administrativa precaria, que no permite gozar de todos los derechos y recursos garantizados por la ley". Casas-Cortés, investigadora Ramón y Cajal de Unizar, ha advertido en la Conferencia Internacional del proyecto Riders celebrada este miércoles 22 de mayo, de que "la intersección entre el régimen laboral y migratorio se ha ignorado hasta ahora, pero es fundamental. Para mejorar las condiciones del sector del reparto, se necesita reformar la actual legislación migratoria".

En ese escenario, han surgido iniciativas de resistencia creativa a través de modelos alternativos. “Hay personas que han trabajado en empresas ordinarias de riders, a las que les gusta la filosofía del trabajo en la calle y han montado cooperativas” en las que procuran humanizar al algoritmo de alguna forma, que los trabajadores tengan unos horarios asignados, que con unos ingresos mínimos, con independencia de los pedidos...”, apunta Pac, quien ha contribuido a analizar este campo. Ya hay más de 70 de estas cooperativas a nivel mundial, varias de ellas radicadas en España, como Mensakas en Barcelona, aunque no es raro que “aparezcan y desaparezcan” porque “tienen dificultades para consolidar sus proyectos”, reconoce.

La transición hacia un modelo de cooperativismo de plataformas enfrenta obstáculos como que las establecidas antes “tienen ventajas en términos de capital y alcance de mercado”, mientras que las nuevas “luchan por asegurar financiamiento y por construir una base de clientes que valore prácticas laborales éticas”.

Preguntadas las fuentes consultadas por si creen que la directiva europea que desembocará en la primera ley rider a nivel de la Unión contribuirá a mejorar las condiciones de los riders, contestan que, aunque a priori “parece una buena señal” para que el sector no siga caminando hacia “la ley de la selva”; temen que “se repita lo que ha pasado en España con la ley estatal: que hayas muchas expectativas de mejora que luego no se cumplan”.

Los resultados del mencionado proyecto se irán publicando en revistas de la esfera científica internacional y se compartirán a través de actividades como un documental titulado Que todo salga bien y la exposición Vidas Riders, que estará abierta al público en el Centro Joaquín Roncal de Madrid hasta el 30 de mayo, pero será itinerante y podrá verse en otros puntos de España.

Lo acompañaba la Yesi, pestañas y uñas postizas, decorado ocular estilo egipcio, pelo rubio de bote cogido en una cola que le hacía un lifting facial, varias manos de afeites en la cara, chándal y zapatillas a juego con las de su Enzo y un bolso Bimba y Lola dorado también de Abdul. Se sentaron en la mesa más cercana a la de una competida partida de dominó: 19 a 18 perdían Manolo y Antonio después de siete manos bajas de puntuación.

Las paredes de Casa Manolo animaban a participar en dos manifestaciones ya pasadas desde sendos carteles, uno por la paz en Gaza y el otro, más reciente, por el 1 de Mayo. Desde el comienzo de la partida, Antonio se quejaba de la escasa afluencia de público a la del Día del Trabajo y de la elevada edad media de los asistentes. Jugadores y mirones debatieron sobre las posibles causas, desde la deriva cuasi funcionarial del viejo sindicalismo y la acción funcionarial del nuevo, hasta el individualismo juvenil, pasando por los escándalos económicos y políticos de UGT y CCOO y su acoso político y mediático.

“¡¿Qué se va a esperar de unos tíos que se hartan de mariscos y coca con los dineros del paro?! —espetó Enzo desde su mesa”. Las miradas de jugadores y mirones vieron al del chándal y los oros retrepado en la silla con una mano sosteniendo el Cacique cola de las cinco y media y la otra metida en el pantalón del chándal de la Yesi por atrás. Los de la partida volvieron los ojos a las fichas, pero un mirón no pudo reprimir el comentario, “El daño que está haciendo First Dates”, ante las sonrisas comedidas de los demás.

Un jugador, apuntando con la ficha que iba a poner a su compañero, se refirió a la apática y tímida respuesta de las universidades españolas respecto a Gaza en comparación con las americanas y alguna europea. “Los universitarios reflejan más que nunca la sociedad: el individualismo egoísta manda —repuso Manolo—. Ya ni Filosofía y Letras…”. “Eso sí, Derecho sigue lleno de fachas —completó otro mirón”. “La sociedad se ha rendido al plástico y al postureo y la juventud ve la guerra como una película —dijo el tercero”. “¡Vaya, ahora parece que hay que apoyar a los terroristas —se oyó chillona la voz de Yesi”.

Manolo, volcando sus fichas bocabajo, pausó la partida, giró el cuerpo para encarar a la pareja, los miró despacio y preguntó con flema: “¿Vosotros hacéis algo por los demás, por vosotros mismos, algo para mejorar la vida y la sociedad?”. “Desde luego, perder el tiempo en manifestaciones, seguro que no —respondió la Yeni”. “¿En qué trabajáis, si puede saberse? —continuó Manolo”. “Yo hago las uñas —dijo mostrando orgullosa los apéndices horteras—. Y mi Enzo es de Glovo —señaló a su pareja con una uña infeliz”. “¿Y cotizáis? —intervino Antonio”. “¿Para qué?, ¿para que se lo lleven los sinvergüenzas del gobierno? —desafió Enzo sin abandonar la pose espatarrada ni sacar la mano del culo de ella”.

La partida siguió desganada y Antonio soltó la presión en voz alta para ser oído: “¿Para qué manifestarse? Los jóvenes de los felices 20 mandaron a sus hijos y nietos a la guerra mundial, a Vietnam, a Corea… a ritmo de fox–trot; los de hoy, lo hacen a ritmo de reguetón”.

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Verónica Barcina Téllez es socia de infoLibre.

Con frecuencia, los sedicentes liberales españoles suelen advertir sobre las derivas iliberales de nuestras democracias. El auge del populismo, los extremos antipolíticos y la degradación de la convivencia democrática conforman sin duda un cóctel indigesto. A la vista de la expansión de fuerzas de extrema derecha por toda Europa, de fenómenos como el bolsonarismo o el trumpismo, o del voto refugio en la derecha radical o identitaria de muchos conciudadanos de clase trabajadora, especialmente en la periferia europea desindustrializada, no parece que la advertencia esté exenta de fundamento.

Sin embargo, confieso que siempre me ha sorprendido que se pretenda contener el populismo y los repliegues identitarios o nacionalistas sin enfrentar las causas sociales y económicas de los que se alimentan. Por ejemplo, la desigualdad económica, realidad sangrante en España, y los efectos que la globalización ha tenido en el mundo del trabajo.

Recientemente, un grupo de Estados miembros de la Unión Europea unió sus fuerzas para bloquear de nuevo la ley de empleo en plataformas digitales. En las últimas décadas, el mercado de trabajo ha experimentado una evolución inquietante. La aparición de múltiples plataformas que operan a través de aplicaciones tecnológicas ha cambiado incluso el aspecto de las principales urbes. Su modelo de negocio, lejos de aportar valor añadido alguno ni ser el resultado de una gran innovación tecnológica, consiste en el abaratamiento de costes laborales y la más descarnada explotación laboral.

No son pocos los trabajadores forzados a salir de la esfera de protección del Estatuto de los Trabajadores, convertidos en falsos autónomos. No se trata de una cuestión simbólica ni nominal, sino un fraude con implicaciones tangibles: para los trabajadores, con unos derechos laborales completamente mermados, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad. A lo que con frecuencia se denomina economía colaborativa, deberíamos más bien denominarla economía depredadora: la que pone a competir al último contra el penúltimo en condiciones de precariedad más propias de finales de siglo XIX e inicios del XX.

Las condiciones de un repartidor de Glovo, Uber Eats o Deliveroo son un claro ejemplo de explotación laboral. Lo anacrónico no es su denuncia, sino el inquietante blanqueamiento de aquella por los que descartan esta crítica calificándola de populista, trasnochada o tecnófoba. Los avances tecnológicos pueden y deben ser un instrumento para la emancipación de las personas, pero sin regulación y al servicio de determinados intereses económicos son sólo un instrumento de servidumbre para muchos trabajadores.

La así denominada uberización es un fenómeno cada vez más generalizado que ha ido descomponiendo progresivamente algunas conquistas históricas del movimiento obrero, como la negociación colectiva. Muy ligado a nuestro modelo productivo desindustrializado y a un sector servicios que es hegemónico en la economía española, ha ido proliferando una economía repleta de microempresas y autónomos.

Indudablemente, en un contexto global tan convulso es importante proteger nuestra economía productiva frente a la economía financiera de carácter especulativo. Sin embargo, no podemos obviar que las transformaciones productivas y del mundo del trabajo han ido generando un escenario cada vez más fragmentado, donde el trabajador es presentado como un emprendedor.

Este relato tramposo es peligroso: necesitamos una economía dinámica donde el talento y la creatividad fluyan –para lo que es imprescindible el concurso del Estado en la producción y la redistribución–, pero el camino para eso no es la barra libre de trabajo basura y contratos en fraude de ley, sino la mejora de la productividad de nuestras empresas, un sustancial incremento en la inversión en I+D, y la sustitución definitiva de un paradigma de devaluación salarial por un modelo productivo mucho más sostenible y diversificado, que incremente el peso industrial sobre el PIB y la calidad del trabajo.

Considerar “emprendedor” a un falso autónomo víctima de la explotación laboral no sólo es una caricatura injusta, sino que revela una doble derrota: la incapacidad de proteger las condiciones laborales del trabajador por cuenta ajena y la de fomentar las condiciones empresariales de un tejido productivo con frecuencia sometido a la competencia desleal con corporaciones multinacionales especializadas en la evasión fiscal, el dumping laboral y el medioambiental.

¿Por qué algunos autoproclamados liberales silencian una realidad tan lacerante como la de la economía uberizada, absolutamente incompatible con los derechos fundamentales de las personas? Uno de los principios históricos del liberalismo fue la limitación del poder. El gran error dogmático de los fundamentalistas de mercado, por decirlo en palabras de Tony Judt, es abandonar esta directriz cuando se trata de limitar las arbitrariedades del poder económico.

Lo observamos cuando callan ante la descomposición del derecho laboral, cuyo carácter de protección de los trabajadores emana de una desigualdad estructural entre las partes, y su sustitución por el derecho privado. Este último se regula por la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio está completamente ausente en las relaciones contractuales entre partes desiguales: ocurre en el derecho laboral y también en el derecho bancario o, en general, en la protección de los consumidores y usuarios. ¿Por qué muchos liberales aceptan el relato neoliberal falaz, según el cual, en un préstamo hipotecario o un contrato de transporte aéreo, repletos de cláusulas abusivas, el Estado no debe “interferir” al ser resultado del libre acuerdo entre las partes?

Una buena parte del liberalismo retórico no es sino un individualismo dogmático que responde a intereses económicos muy definidos en torno al rechazo del bien común y del Estado social. Un anarcocapitalismo cada vez más extendido entre youtubers e influencers, que inunda las pantallas y genera una hegemonía cultural sombría. La formación de ciudadanos sustituida por la manipulación de jóvenes, a los que se convence de que el éxito pasa por convertirse en aprendices de “criptobros”.

Desde luego, es un liberalismo impostado aquel al que no le importa la limitación de poder, puesto que promociona las concentraciones de capital a espaldas de parlamentos y gobiernos democráticos; el que no respeta la separación de poderes porque somete al Estado de derecho a la arbitrariedad de entidades financieras y plataformas tecnológicas, convirtiendo a los poderes del Estado en auxiliares del poder económico; el indiferente ante la falta de libertad de muchas personas cuyos derechos fundamentales nominalmente garantizados distan mucho de ser tangibles y reales; el que promueve importantes desigualdades y desequilibrios en un marco global de libre circulación de capitales y múltiples “refugios fiscales” y “jurisdicciones fiscalmente no cooperativas”, que son los habituales eufemismos con los que algunos eluden el vergonzoso escenario de paraísos fiscales dentro de una Unión Europea que se presume social y democrática.

El detector de iliberalismo debería, por tanto, orientarse de forma correcta. No se encuentra sólo en los reaccionarios de la identidad, también en los gobiernos que conforman el grupo de Visegrado, con formaciones políticas que niegan los derechos civiles, el laicismo o la libertad religiosa y que criminalizan con su populismo a los migrantes, o en aquellos que quieren definir las comunidades políticas en torno a peligrosos criterios étnicos, sustituyendo la condición de ciudadanos por la de “nativos”.

Es indudable que el nacionalismo étnico y el populismo identitario son verdaderas agresiones democráticas. Pero nunca los atajaremos si partimos de la aceptación acrítica o el blanqueamiento de un orden social y económico cada vez más desigual e injusto para las clases trabajadoras, así como convulso, incierto y carente de estabilidad para unas clases medias precarizadas, cuyas condiciones de vida se resienten al tiempo que los estragos de las diversas crisis económicas se vuelven crónicos a nivel social. La desigualdad creciente y la concentración de riqueza en pocas manos son una termita silenciosa y letal que corroe nuestro Estado social y democrático de derecho.

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Guillermo del Valle es secretario general de la Izquierda Española

En Europa hay más de 30 millones de trabajadores de plataformas como Uber, Glovo y Deliveroo, de los que  más de 5,5 millones son falsos autónomos. Para acabar con esto, la Unión Europea propuso una nueva ley que les garantizara unos derechos mínimos para los riders, como el salario mínimo, la limitación de la jornada laboral o el derecho a subsidios y pensión de jubilación.

La directiva está inspirada en la ley española, una de las más avanzadas en toda Europa y que acababa con la figura de los falsos autónomos. Además, buscaba proteger más a estos trabajadores ¿cómo? Por ejemplo, prohibía  a las plataformas procesar el estado emocional y psicológico de los trabajadores, sus conversaciones privadas y su actividad sindical. También impedía que las empresas despidieran a los riders basándose en algoritmos.

Sin embargo, la directiva ha ido perdiendo durante la negociación muchas de las intenciones tan ambiciosas que tenía al inicio. En un principio, el Parlamento quería que la relación laboral, ya fuera en forma de autónomo o asalariado, se reconociera de forma automática. Este presupuesto cayó rápidamente y se acabó acordando que los trabajadores debían cumplir al menos dos de las cinco condiciones especificadas en la ley. El cambio fue paso atrás que no evitó que cayera por la completa oposición de Francia. 

Fue el primer tropiezo de la ley, pero no el último. Durante el pasado mes de febrero y ya dentro de la presidencia belga del Consejo, se volvió a llegar a un acuerdo entre todas las instituciones europeas. El pacto modificaba aún más la directiva, que quedaba en una normativa muy poco ambiciosa y hecha a la carta para los estados. Del deseo de tener un criterio europeo, se pasó a que la relación laboral fuera establecida por la legislación de cada país.

Pero ni eso logró doblegar a la oposición francesa y por segunda vez, vetaron su aprobación junto a Alemania y otros estados. En este punto, la pregunta es ¿por qué Macron se opone sistemáticamente a la legislación por muchos cambios que se hagan? La respuesta, según los partidos de izquierdas de la Eurocámara, está en la influencia que tienen los lobbies cercanos a Uber en el presidente francés. El tiempo se acaba y con unas elecciones europeas en el horizonte en las que se prevé un ascenso de la derecha, la ley corre el riesgo de quedarse olvidada en un cajón de Bruselas.

El nuevo año comenzó con la firma del macroERE de Telefónica, que afectará a 3.421 trabajadores, el 21% de la plantilla en las tres empresas del grupo implicadas –Telefónica de España, Móviles y Soluciones–. Pero no ha sido suficiente. Cuando ya se ha abierto el plazo para que los empleados se adhieran al ERE, el gigante tecnológico ha presentado un plan de bajas voluntarias que “completa” el recorte de personal pactado con CCOO, UGT y Sumados-Fetico, y que muestra la puerta de salida a otros 100 trabajadores. En este último plan está incluido el personal de 11 filiales del grupo, además de la Fundación Telefónica y la Fundación Profuturo, ambas presididas por César Alierta, fallecido el pasado día 10.

Semejante recorte laboral, sin embargo, no es más que el primero de 2024: la semana pasada dos históricas marcas de gran consumo, Bimbo y Danone, anunciaban el cierre de dos de sus plantas de producción, mientras que la empresa de reparto Glovo avanzó este jueves que despedirá a un centenar de sus empleados tras liquidar sus supermercados fantasma en seis ciudades. La sombra de los ERE se extiende además a otras grandes empresas y a la industria. ArcelorMittal prorrogó el pasado 28 de diciembre a todo 2024 el ERTE que debía terminar el día 31, al tiempo que negocia con los sindicatos el despido de 440 trabajadores. E Iberia planteó el lunes a su filial de handling, en huelga durante las pasadas fiestas de Reyes, un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas para 1.727 personas que los sindicatos han rechazado.

Hasta el pasado octubre, último mes del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo, 809 empresas ejecutaron despidos colectivos, que hicieron perder su trabajo a 27.730 personas. Es decir, en esos 10 meses de 2023 ya se han superado las cifras de empresas y trabajadores despedidos en ERE de todo 2022, 779 y 24.215, respectivamente. Aun así, quedan por debajo de los números de 2021, el primer año pospandemia, cuando 1.060 empresas despidieron a 43.662 trabajadores haciendo uso de planes colectivos.

En esas cifras de 2023 no se incluyen los ERE presentados al concluir el año, algunos de los cuales terminarán de negociarse o ejecutarse este año. Es el caso de Atunlo, la mayor comercializadora española de atún, cuya plantilla acaba de aprobar esta misma semana el despido del 90% de los trabajadores de la factoría de O Grove (Pontevedra) y de los 84 de la de Santoña (Cantabria), un ERE que la empresa anunció en diciembre. La medida supone el cierre de ambas plantas.

Atunlo, que facturó 221,56 millones de euros en 2022 y obtuvo ese año un beneficio de 1,13 millones, se declaró en preconcurso de acreedores el pasado noviembre. Según CCOO, la empresa prefiere comprar productos ya manipulados en otros países y venderlos luego en España, en lugar de mantener aquí la industria conservera. La empresa gallega alega causas económicas y productivas y culpa de sus dificultades a la importación sin aranceles de lomos de atún desde Asia.

Otra firma gallega y del sector pesquero, Nueva Pescanova, también cerró 2023 con un ERE. Tras semanas de paros y protestas, la empresa ha despedido a 76 trabajadores de la factoría de Chapela (Pontevedra). En 2022 perdió 53,4 millones de euros y su principal accionista, Abanca, se encuentra en plena negociación con Cooke, una compañía canadiense, para su venta.

El acuerdo con los sindicatos lo firmó Heineken el 13 de diciembre. El ERE ha dejado sin trabajo a 127 trabajadores, de los 1.400 que la cervecera tiene repartidos en cuatro fábricas –Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén–. La mayoría de ellos han salido de la empresa mediante prejubilaciones. La empresa, que también fabrica Cruzcampo y El Águila, aduce causas organizativas para recortar plantilla: mejorar su competitividad en un entorno económico “volátil e incierto”.

Tanto Danone como Bimbo han dejado claro a sus respectivos comités que el cierre de sus plantas en Parets del Vallés (Barcelona) y El Verger (Alicante) son “irreversibles”. En el caso de la láctea, se irán a la calle 157 trabajadores, aunque la empresa no descarta vender la factoría a un tercero. En 2022 Danone también vendió su fábrica de Salas (Asturias) a un grupo holandés, Royal A-ware, lo que supuso el despido de 70 personas. Y un año antes ejecutó un ERE en sus oficinas que afectó a 153 empleados. Mientras Danone señala a la caída en el consumo de lácteos como causa del cierre, así como a la necesidad de “fortalecer la competitividad de las marcas y ganar eficiencia industrial”, los sindicatos apuntan a la “mala gestión de la empresa”, que invirtió 22,7 millones de euros en renovar la planta.

En Bimbo los puestos de trabajo en peligro son 96. La empresa ha ofrecido el traslado de algunos de ellos a Guadalajara y Cataluña, e indemnizaciones en el mínimo legal de 20 días por año trabajado. La intención de Bimbo es trasladar también la producción de El Verger a la factoría de Santa Perpètua (Barcelona). El comité asegura que la planta no tiene pérdidas.

Las razones de Glovo para deshacerse de 104 de sus trabajadores es “el difícil acceso a capital e inversión” y “la evolución insuficiente del volumen de negocio” en los supermercados fantasma de Bilbao, Pamplona, Las Palmas, Tenerife, Granada y Alicante. Se trata de locales donde la empresa almacena los productos que luego reparten sus ciclistas.

Glovo se encuentra inmersa en un agrio y costoso conflicto con la Inspección de Trabajo a cuenta de la conocida como ley rider. Según las cuentas de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Glovo ha cometido 45.791 infracciones, 14.363 de ellas en 2023, que suman 323,93 millones de euros en multas por emplear como falsos autónomos a repartidores que la ley le exige contratar como asalariados. Este mismo viernes, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Glovo por emplear de forma fraudulenta a 49 repartidores en Asturias. Es sólo la primera del año, a la espera de que la Inspección concluya este año sus actuaciones en Madrid y Barcelona, según informa El Periódico de Catalunya. Glovo cuenta con unos 19.000 repartidores en toda España.

Esta misma semana ha firmado un ERE Clínicas Vivanta, que se deshará así de 249 trabajadores, con indemnizaciones de 27 días por año trabajado y con un tope de 14 mensualidades. El grupo, que se compone de 143 clínicas, fue rescatado tras la pandemia del covid con un total de 40 millones de euros por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la industria tampoco ha empezado el año con los mejores augurios. ArcelorMittal, que ha mantenido en ERTE a 7.000 trabajadores por causas productivas desde el pasado octubre, quiere continuar con la medida de regulación laboral durante todo 2024. La baja demanda y el aumento de las importaciones desde fuera de la UE son los motores de la decisión, según la multinacional con sede en Luxemburgo. Considerada la mayor siderúrgica del mundo, también quiere despedir a 440 trabajadores mayores de 62 años para cumplir con el plan de descarbonización de su factoría de Veriña (Asturias).

Bayer cerró su ERE antes de acabar 2023. Fue el cuarto despido colectivo de la multinacional alemana en España y afectó a 113 trabajadores, el 4,7% de los 2.400 que emplea en el país. La culpa, las “dificultades de acceso a nuevos fármacos” en España y la “madurez de algunas marcas clave de la compañía”, aduce la farmacéutica.

Roca también terminó 2023 con despidos, 168, por los que pagará indemnizaciones de 42 días por año trabajado hasta un máximo de 32 mensualidades en caso de que no haya suficientes prejubilaciones voluntarias entre los mayores de 53 años. El recorte supone un 24% de los 700 empleados del fabricante de sanitarios y ha afectado a las plantas de Gavà y Viladecans (Barcelona). Roca no tenía problemas económicos: ha alegado causas productivas. Pero ya cerró en mayo su planta de Alcalá de Henares (Madrid) y aplicó un ERTE en Burgos y Navarra.

Un sector que encara el año con dificultades es el de las renovables. Holaluz, una empresa que cotiza en el en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que el pasado abril celebraba un aumento de sus ingresos del 61% debido a los elevados precios de la electricidad y al aumento del negocio solar, presentó un ERE el pasado noviembre para 200 de sus 700 empleados. En los primeros seis meses de 2023 había acumulado unas pérdidas de 20,9 millones, informa Europa Press. Los trabajadores, a los que representa el despacho Col·lectiu Ronda, aseguran que no existe una “causa objetiva que justifique el elevado volumen de despidos”.

En GE Wind Energy, que se dedica a la generación de energía eólica, los despidos anunciados también en noviembre ascendían a 139 y las indemnizaciones acordadas con los sindicatos son elevadas: 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. CCOO y UGT denunciaron que la intención de la empresa era sustituir a los empleados de plantilla por una subcontrata, “con peores condiciones laborales”. Una práctica que ya han llevado a cabo otros grandes del sector como Vestas, Siemens Gamesa y Acciona, destacan.

Siemens Gamesa ejecutó su propio ERE en agosto. Les costó el empleo a 352 trabajadores, que abandonaron la empresa mediante prejubilaciones, bajas voluntarias, recolocaciones y excedencias. El fabricante de aerogeneradores sufre una grave crisis tras disparar las pérdidas su matriz hasta los 4.588 millones de euros el año pasado, seis veces las del ejercicio precedente. El causante fue precisamente la filial española, por los fallos en el diseño de sus turbinas y la lentitud de desarrollo de la eólica marina. El Gobierno alemán acudió al rescate de la compañía, con una inyección de 7.500 millones de euros. Por su parte, el Ejecutivo español ha ofrecido una línea de avales bancarios. Al mismo tiempo, Siemens Gamesa ya ha anunciado un “ajuste de costes” de 400 millones hasta 2026, aunque niega que tenga planes concretos de cierre de sus nueve plantas o de despidos en España, donde cuenta con 5.000 trabajadores.

SolarProfit se dedica a las placas solares en empresas y hogares. En octubre presentó un ERE para 919 trabajadores, el 28% de su plantilla. En 2022 había ganado 3,2 millones de euros, un 23% más que el año anterior, tras multiplicar por 2,5 su facturación. Fue el año en el que explotó la demanda para instalar paneles solares en las viviendas, un negocio que creció un 130% para SolarProfit. Sus previsiones en mayo eran elevar los ingresos hasta 110 millones de euros en 2023. Pero la empresa erró. Y culpa a la caída de los precios de la electricidad, la inflación y los tipos de interés del descenso de la demanda de placas solares. El pinchazo de la burbuja hundirá en 2023 la facturación de SolarProfit hasta los 78 millones euros, si se cumplen esta vez las previsiones de la empresa.

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que la Inspección de Trabajo está investigando para "perseguir y comprobar" en todo el país las denuncias de uso fraudulento de inmigrantes en situación irregular para hacer entregas, tal y como se está haciendo en Zaragoza ante denuncias de este tipo a empresas como Uber Eats o Glovo, informa Europa Press.

Al ser preguntado por los medios por la subcontrata de dichos extranjeros sin papeles por parte de estas empresas en Zaragoza, Pérez Rey ha apuntado que la Inspección de Trabajo lleva a cabo una campaña "concienciada y sistemática" en estas plataformas digitales de reparto para "comprobar" el cumplimiento de la Ley Rider y "perseguir" a las empresas que no lo hacen.

"Contratar trabajadores sin permiso para que lleven a cabo tareas de reparto (...) constituye una ilegalidad, que obviamente la Inspección de Trabajo persigue y comprueba", ha indicado durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro de diciembre.

Inspección de Trabajo está investigando la subcontrata de trabajadores inmigrantes en situación irregular por parte de trabajadores de empresas como Globo y Uber Eats para realizar repartos. Estos trabajadores irregulares estarían trabajando sin permiso, con identidades falsas, sin estar asegurados y desprotegidos ante posibles accidentes e incluso teniendo que dar parte de sus ganancias a los intermediarios por usar su cuenta de estas plataformas, según ha dado a conocer El Periódico de Aragón.

Pérez Rey ha señalado que esta campaña de la Inspección se está coordinando desde la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y se realiza en Aragón, al igual que en el resto de poblaciones donde las plataformas digitales desempeñan sus cometidos.

Así, ha asegurado que el uso de trabajadores extranjeros sin autorización o la subcontrata de licencias para repartir son situaciones que desde la Inspección de Trabajo "ya se ha puesto de manifiesto" y que se está abordando.

Por otro lado, al ser preguntado sobre el escrito en relación a una nueva investigación a Glovo por una presunta vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores anunciada hace unos meses por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, Pérez Rey ha señalado que se enviará "en breve", ya que se está realizando una labor muy detallada de recopilación de datos que está "llegando a su fin".

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el informe sobre una nueva investigación a Glovo por una presunta vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores se está "culminando" y se enviará a la Fiscalía de manera "inminente", según informa Europa Press.

Esta nueva investigación hacia la empresa de compra, recogida y envío de pedidos fue anunciada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, durante un foro organizado por el grupo Atresmedia, donde aseguró que Inspección de Trabajo acababa de abrir una nueva investigación a Glovo por vulnerar presuntamente la intimidad de los trabajadores fuera del desempeño de su actividad profesional.

Durante la rueda de prensa de presentación de los datos de afiliación y desempleo de octubre, Pérez Reyes ha afirmado que los trámites para el envío de esta investigación están "básicamente concluidos", aunque se ha negado a señalar la fecha exacta en la que se enviará dicho informe.

Por otro lado, al ser preguntado por el Estatuto del Becario, el secretario de Estado de Empleo ha afirmado que las dos formaciones políticas que han suscrito el acuerdo programático para alcanzar un gobierno de coalición —PSOE y Sumar— han puesto "bastante relevancia" en alcanzar un acuerdo, por lo que considera que se conseguirá "aprobar" dicho estatuto en la próxima legislatura.

Preguntado por la recomendación de la OCDE de compatibilizar la prestación por desempleo con el salario, Pérez Reyes ha afirmado que este es un "compromiso con Europa" y que se está trabajando para garantizar esta compatibilidad, aunque ha destacado que "hay muchas maneras de hacerlo".

"El nivel asistencial de desempleo es uno de los compromisos con Europa, que se puso en paréntesis por la convocatoria de elecciones y la entrada del gobierno en funciones (...), habrá que establecer cuál es el método más oportuno y más adecuado, pero sí, es una línea en la que el gobierno ha trabajado y que también está en el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Sumar", ha recalcado.

Enero ha sido un mes negro para las empresas que mantienen su estructura de negocio sobre la contratación de falsos autónomos. El balance de enero incluye una multa a Glovo de 56,7 millones de euros por emplear falsos autónomos, una sentencia contra Amazon por mantener a repartidores en el mismo régimen y la entrega en vigor de una reforma del Código Penal que ahora contempla penas de cárcel por esta práctica. Febrero arranca en la misma línea: este jueves el Parlamento europeo ha reconocido la “presunción de asalariados” de los repartidores, lo que podría beneficiar a 28 millones de trabajadores de estas plataformas digitales.

“Por fin existe esta lucha contra la figura del falso autónomo”, declara a infoLibre María José Landaburu, portavoz de la Unión de Autónomos UATAE. “Es un cambio que se ha puesto en marcha en esta legislatura. Era una reivindicación histórica que la inspección actuara. Es negativo para los propios falsos autónomos, porque es evidente que les están hurtando derechos. Pero también supone una “competencia desleal" para el resto de trabajadores”, añade Landaburu.

La portavoz estima que aún existen alrededor de 250.000 falsos autónomos en España, aunque reconoce la dificultad de la estimación. Según ha podido conocer infoLibre con otra fuente conocedora de los datos, la mayor parte se concentra en tres sectores: transporte y almacenamiento (que incluye plataformas de reparto), actividades administrativas y servicios auxiliares y, por último, comercio al por mayor y por menor, incluyendo reparación de vehículos y bicicletas (talleres). 

La empresa española Glovo ha vuelto a ser multada en enero por la Inspección de Trabajo. Se le exigen 56,7 millones de euros. Trabajo sanciona a la plataforma tecnológica por emplear a 7.022 falsos autónomos y mantener a 813 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo. En total, la factura de multas de Trabajo a Glovo asciende a 205,3 millones por incumplimientos de la ley que han afectado a 37.348 trabajadores. La ley rider, que entró en vigor en agosto de 2021 con el acuerdo de patronal y sindicatos, obliga a las plataformas de reparto a contratar a los asalariados.

“Esto es resultado de mucho tiempo, muchas denuncias de trabajadores, de muchas inspecciones, muchas actas… Ha sido un proceso largo hasta llegar a este momento”, celebra María José Landaburu, de la asociación de autónomos. El cambio es que ahora la ley rider reconoce la “presunción de laboralidad” de estos falsos autónomos.

Este martes, el Parlamento Europeo ha dado un paso en esta dirección. El organismo reconoce esta presunción para aquellos que trabajan como repartidores en las plataformas de mensajería, como Uber, Just Eat o Deliveroo. Esta última dejó de operar en España tras la aprobación de la ley rider.

“Esta situación no es exclusiva en este país. Es un fenómeno recurrente en aquellos países y lugares donde el trabajo autónomo es un chollo para las empresas. Si un repartidor no les gusta, basta con decir que mañana no vuelvan. Los autónomos no tenemos los mismos derechos como asalariados, como la sindicación, huelga, participar en comités, disfrute de vacaciones, bajas por enfermedad…”, lamenta la portavoz de UATAE. 

“De las empresas de reparto, la única que se ha puesto en rebeldía es Glovo, el resto ha incorporado a sus trabajadores”, añade Landaburu. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en España se han regularizado más de 80.000 autónomos desde el año 2020; la mitad, en 2022, lo que supone una cifra récord para un solo año. 

En los últimos días, el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a Amazon por mantener a 2.166 repartidores como falsos autónomos que, según la mencionada ley rider, también tendrían que haber sido contratados. La tecnológica emplea el método que presenta como Amazon Flex, por el que estos utilizan sus propios vehículos de reparto, lo que, según la tecnológica, les hace ser autónomos con todas las de la ley. 

La tecnológica ha declarado este viernes que va a recurrir la sentencia: “Respetamos la resolución judicial, pero no estamos de acuerdo y vamos a presentar un recurso. En Amazon estamos comprometidos con la creación de oportunidades en las comunidades en las que operamos", han asegurado fuentes de la multinacional a Europa Press.

“Creo que es imprescindible perseguir estas conductas. Consiste en establecer una estructura empresarial y balance de negocios en los que los trabajadores no tengan derechos”, critica María José Landaburu, que ha realizado una tesis doctoral sobre los derechos fundamentales del trabajo autónomo. “Esto no solo ocurre en las grandes tecnológicas. Lo vemos en consultoras, despachos de abogados, de arquitectos, los captadores de socios de ONG… ¡pasa hasta en las clínicas dentales!”, resalta la portavoz de la asociación de autónomos. 

En diciembre, el Gobierno acometió una reforma del Código Penal para dificultar más los reiterados incumplimientos de la ley rider, como ha sentenciado el juez en numerosas ocasiones. El artículo 311 enumera los actos que supondrán penas de prisión de hasta seis años. La reforma ha añadido un nuevo párrafo: “Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

En la filosofía de este endurecimiento, el Gobierno considera que la incorporación de las nuevas tecnologías al mercado del trabajo ha propiciado una forma de esquivar  responsabilidades empresariales mediante el “camuflaje jurídico del trabajo por cuenta ajena bajo otras fórmulas que niegan a las personas trabajadoras los derechos individuales y colectivos”.

Tras la entrada en vigor de este endurecimiento, este jueves, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que, aunque esta nueva legislación penal no se puede aplicar con carácter retroactivo, ha advertido de su aplicación sobre una compañía como Glovo, ante sus reiterados incumplimientos: "No es tan importante cuándo se produjeron los incumplimientos, sino el hecho de que no se reparen, a pesar de que la Inspección insista a la empresa a que lo haga", ha señalado el secretario de Estado. Unos días antes, también se pronunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va quedar al margen de la ley", remachó la ministra de Trabajo.

Glovo ha anunciado el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla actual, lo que "impactará en buena medida" en la composición de su sede en Barcelona, según informa Europa Press.

El consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, ha detallado en una carta abierta de este lunes que la decisión afectará a las funciones de apoyo empresarial, contratación y datos, y ha garantizado que no afectará a mensajeros, personal de almacén ni empleados de primera línea, en sus palabras.

Pierre ha lamentado que el "rápido crecimiento" de la empresa ha provocado —textualmente— ineficiencias en sus operaciones, y ha anunciado que este 2023 la compañía realizará análisis en profundidad del funcionamiento de todos los departamentos para corregirlos.

"Cuando creces tan rápido, hay una necesidad de escalar el equipo tan rápido como puedas para gestionar la situación", ha explicado, si bien ha defendido que el gasto de la compañía siempre ha sido frugal.

Ha explicado que, en octubre de 2022, Glovo empezó a ver "una desaceleración" de sus tasas de crecimiento anuales, así como de la demanda, que ha atribuido a las tasas de interés e inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Pierre ha augurado que Glovo protagonizará "un crecimiento fuerte de doble dígito" para este 2023 y ha defendido que la industria tiene —en sus palabras— un futuro brillante por delante.

El anuncio se produce pocos días después que la plataforma de reparto Glovo haya sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros, acumulando sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 'falsos autónomos' y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

En concreto, la Inspección ha propuesto una sanción a Glovo Madrid de 32,9 millones por no tener dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 7.022 trabajadores (la ley rider obliga a contratar a los repartidores como asalariados). El acta de liquidación por no cotizar por ellos a la Seguridad Social asciende a 19 millones de euros.

A estos importes hay que sumar otra multa de 5,2 millones de euros que ha impuesto la Inspección a la plataforma de reparto por tener trabajando de manera irregular a 813 extranjeros.

De este modo, estas últimas actuaciones contra la plataforma de reparto han implicado sanciones y actas de liquidación por un importe global de 56,7 millones de euros, siendo la cifra de trabajadores afectados de 7.835 personas.

Con esta última multa, Glovo acumula en España sanciones por valor de 205,3 millones de euros, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348.

La llamada ley rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.

Tras conocer la nueva sanción de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desde la plataforma de reparto indicaron a Europa Press que el periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley rider.

"Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España", subrayaron desde la compañía, que anunció que recurrirá la propuesta de sanción.

La plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 falsos autónomos y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

En concreto, la Inspección ha propuesto una sanción a Glovo Madrid de 32,9 millones por no tener dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 7.022 trabajadores (la ley rider obliga a contratar a los repartidores como asalariados). El acta de liquidación por no cotizar por ellos a la Seguridad Social asciende a 19 millones de euros.

A estos importes hay que sumar otra multa de 5,2 millones de euros que ha impuesto la Inspección a la plataforma de reparto por tener trabajando de manera irregular a 813 extranjeros.

De este modo, estas últimas actuaciones contra la plataforma de reparto han implicado sanciones y actas de liquidación por un importe global de 56,7 millones de euros, siendo la cifra de trabajadores afectados de 7.835 personas.

Con esta última multa, Glovo acumula en España sanciones por valor de 205,3 millones de euros, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348.

La llamada ley rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.

La norma, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Este miércoles está previsto que Meta, la antigua Facebook, comunique a miles de sus empleados que se quedan sin trabajo. Una caída del 52% de sus beneficios en los nueve primeros meses del año respecto de 2021 está en el origen de los despidos. Su presidente, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 26 de octubre que la empresa va a concentrar sus inversiones en un “pequeño número de áreas”, cuyos equipos “crecerán de forma significativa”, pero la mayoría del resto “se mantendrá sin cambios o se reducirá durante el próximo año”. Así que, en 2023, la compañía puede terminar siendo “ligeramente más pequeña” que ahora, dejó caer sutilmente el creador de la red social.

Los despidos en Meta no son sino el penúltimo anuncio de cirugía laboral en las grandes tecnológicas. Y se produce sólo unos días después de los ejecutados por Elon Musk en Twitter. Primero apuntó al 75% de la plantilla y finalmente se quedó en el 50%. También en España, donde sólo cuenta con unos 30 trabajadores, va a pasar el bisturí. Antes ya habían soltado lastre Google, Netflix o LinkedIn, por citar sólo las más conocidas. “Hay un patrón muy claro en todas ellas: crecen con muchísima rapidez, pero cuando se desinflan también recortan plantillas con mucha facilidad”, explica Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “hay mucho acordeón, todo es muy líquido”. En algunos casos, porque estas empresas “se deben mucho a los inversores”. Twitter es un buen ejemplo, con Elon Musk entrando como un elefante en la cacharrería del pájaro azul. De hecho, uno de sus fundadores, Jack Dorsey, que renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021 y dejó la junta directiva en mayo de este año, ha llegado a pedir disculpas en la propia red por los despidos: “Soy el responsable de que todo el mundo esté en esta situación: Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido”.

En otras empresas, como Meta, la causa de la sangría laboral radica en el desplome de un tercio en el valor de la empresa en Bolsa. Pellicer se pregunta ahora si el crecimiento global de Tik Tok, otra red de social en alza, será sostenible en el tiempo.

Cuestión aparte es cómo está afectando la oleada de despidos tecnológicos a sus centros de trabajo en España. Los de Twitter activaron las alarmas cuando se supo que se habían comunicado por correo electrónico. Pero por el momento no se sabe si van a ser despedidos todos los trabajadores de Twitter Spain SL, una sociedad limitada constituida con el capital mínimo de 3.000 euros en 2013 y domicilio social en la calle de Rafael Calvo de Madrid, para trasladar toda la actividad a Irlanda, o si se va a quedar sin empleo sólo la mitad de la plantilla.

“En cualquier de los dos casos”, advierte Fernando Luján, secretario confederal de UGT, “Twitter está obligada a ejecutar un despido colectivo, como corresponde a una empresa de menos de 100 trabajadores que quiere extinguir los contratos de más de 10 de ellos”. De lo contrario, los despidos serán considerados nulos y Twitter tendrá que readmitir a todos los empleados. Ese despido colectivo exige toda una serie de trámites: presentación de una memoria que detalle las causas de la medida y el número de afectados, la apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante 15 días, la notificación a la autoridad laboral… Unas formalidades desconocidas en EEUU. De momento, la plantilla sigue en las oficinas, esperando la comunicación definitiva, añade Luján. Según sus cuentas, Twitter Spain SL rozó en 2019 y 2020 los cinco millones de facturación y durante ese último ejercicio cerró con unos beneficios de 250.862 euros.

Las grandes tecnológicas son territorio extraño para los sindicatos. No hay comités de empresa ni ánimo de reivindicación colectiva. “Son perfiles cualificados, tecnológicos, hay mucha rotación, tienen sueldos altos…”, resume Raúl de la Torre, responsable del sector TIC de CCOO. Eso sí, ahora ya se puede despedir con un simple “certimail”, el equivalente digital del burofax, que certifica la entrega, lectura y el contenido del mensaje.

En Meta España, en cambio, aún no saben cómo les van a afectar los miles de despidos anunciados en EEUU. La empresa cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo. Un portavoz de la red social en España no facilita, sin embargo, cuál es la plantilla en el país. Pero, según las fuentes consultadas por infoLibre, puede superar los 100 trabajadores. Miquel Pellicer asegura que Meta cuenta además con diferentes subcontratas en Barcelona, ubicadas en la Torre Agbar, que se dedican a la moderación de contenidos. Y, pese a ser ajena a la presencia sindical, CCOO y UGT están negociando estos días con Meta su plan de igualdad. La ley la obliga a negociarla con los sindicatos más representativos a falta de comité de empresa, recuerda Fernando Luján.

Google también se apuntó al recorte de personal el pasado septiembre, cuando anunció que reduciría a la mitad los proyectos en marcha de su división interna de I+D, llamada Área 20. Por tanto, los empleados de esa área que no tengan acomodo en otras secciones de la empresa, serán despedidos. En España, Google cuenta con unos 370 trabajadores. En 2020, Google Spain SL tuvo unos ingresos de 148,13 millones de euros en 2020, un 12,2% más que el año anterior, y unos beneficios de 24,88 millones. No obstante, esos números apenas reflejan el negocio real de la empresa en España, puesto que, en teoría, sólo presta servicios de marketing a la filial de Google en Irlanda, donde registra todas sus ventas.

Netflix es otra empresa puntera que ha recurrido a los despidos para salvar sus números. En junio anunció la salida de 300 trabajadores en todo el mundo, el 3% de su plantilla, de los que 53 correspondían a Europa. Y sólo un mes antes, en mayor se había deshecho de otros 150 empleados, tras perder 200.000 suscriptores. En España cuenta con una filial, Netflix Servicios de Transmisión España, SL, que facturó 579,3 millones de euros en 2021, 16 veces más que el ejercicio precedente. Sus beneficios ascendieron a casi 8,7 millones de euros, una cifra minúscula comparados con los casi 1.600 millones que ganó sólo en el primer trimestre de este año.

Para estas grandes tecnológicas, no obstante, mercados como España son fundamentales. “Les interesa la implantación en territorios clave”, destaca Miquel Pellicer, “porque necesitan ser relevantes y tener representación y relaciones de marketing y comunicación en países como España”. En ese aspecto, dice, funcionan casi como un periódico.

También las plataformas se desinflan

Pese a que su estructura es mucho más pequeña, no han corrido mejor suerte que otras marcas señeras de la economía digital: desde la alemana Gorillas –reparto de comida a domicilio– y la californiana Bird –patinetes y bicicletas eléctricos– hasta Getir. La última en España ha sido Lola Market, que cerrará este viernes. La compró hace un año otro puntal del reparto a domicilio, Glovo, pero la caída de sus ventas ha dado al traste con esta empresa que primero hacía la compra en el supermercado para el cliente y después se la llevaba a casa. La empresa ha comunicado a sus shoppers que queda interrumpida la relación “mercantil” que les une a ellos. Sin embargo, según explica Rubén Ranz, responsable del sector en UGT, los trabajadores de Lola Market son falsos autónomos, por lo que están animándoles a que presenten demandas individuales para que los jueces les reconozcan el carácter laboral de su relación. También la Asociación Unificada de Riders (AUR) está preparando demandas por despido improcedente “y por no haber realizado un ERE como marca la ley”, explica su responsable, Fernando Roán.

Tras la aprobación de la llamada ley rider, sólo Glovo y Uber Eats se resisten a contratar a sus repartidores. Getir, que ha despedido a 4.500 trabajadores en todo el mundo este año, mantiene sin embargo en España a sus 900 empleados como asalariados, resalta Rubén Ranz. Gorillas, que despidió a la mitad de su plantilla en junio, lo hizo mediante un despido colectivo al uso. Por el contrario, Uber Eats mantiene a parte de sus repartidores como falsos autónomos y a otros los utiliza a través de empresas de mensajería. Aún tiene pendiente una demanda de CCOO y UGT en la Audiencia Nacional por ejecutar un ERE encubierto poco días antes de entrar en vigor la Ley Rider desconectando de su aplicación a 4.000 repartidores.