Las emisiones en 2022 de las empresas españolas crecieron un 8% y Repsol fue la más contaminante

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, durante la junta general de accionistas, a 25 de mayo de 2023.

Las emisiones del sector privado en España volvieron a crecer el año pasado debido a la crisis energética. El aumento de la generación de electricidad mediante la quema de gas en centrales de ciclo combinado, unido a la recuperación total del sector de la aviación, provocaron que las empresas españolas comprasen derechos a la Comisión Europea para emitir más de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera, la primera vez que se supera esta cifra redonda desde la pandemia. Repsol volvió a ser un año más la compañía que más contamina en España, seguida de las eléctricas Endesa y EDP. Las energéticas son las compañías que más peso tienen en la lista, aunque también la componen fabricantes de cemento, aerolíneas, productores de metal o la industria química.

En concreto, las compañías españolas adquirieron en el Mercado Europeo de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) derechos para expulsar 103,36 millones de toneladas de CO₂ equivalentes a la atmósfera, un 8,2% más que en 2021. Son toneladas equivalentes porque no expulsaron exclusivamente dióxido de carbono, también otros gases de efecto invernadero, como el metano.

Hay que destacar que estas cifras no significan que las empresas españolas emitiesen el año pasado 103 millones de toneladas de CO₂. En realidad, contaminaron mucho más porque el mercado ETS apenas cubre el 40% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmosfera en la UE. Esto se da porque Europa solo obliga a las compañías a pagar por las emisiones directas de su negocio –las llamadas emisiones de alcance 1–, pero no tiene en cuenta la contaminación derivada de su actividad –alcance 2 y 3–, como la generada por la electricidad que consumen sus fábricas y oficinas, los desplazamientos de los empleados o la eliminación de los residuos. En el caso de las empresas que venden gasolina, no se tiene en cuenta que ese combustible luego se quema en los coches, como tampoco se contabiliza el gas que se vende a los hogares y que luego se quema en estufas o cocinas. A los 103 millones de toneladas hay que sumar además los gases de efecto invernadero que producen estas multinacionales en otros países, ya que este recuento solo corresponde a su negocio en España. 

Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, analiza cada año el mercado de emisiones de la UE y explica que la tendencia es clara en España: el carbón, el gas y el petróleo son todavía un pilar de la economía que impide frenar el cambio climático, y destaca el caso de Repsol, que prácticamente contamina lo mismo hoy que en 2008. "Las eléctricas han hecho un esfuerzo importante en los últimos 15 años, pero las petroleras no, y eso demuestra que no son parte del proceso de la transición energética", explica este doctor en Ecología. 

El Observatorio de Sostenibilidad publicó hace un mes un análisis del mercado ETS de 2022 desagregado por empresas, y Repsol fue un año más la compañía española que más derechos de emisión compró a la Comisión Europea, título que mantiene desde 2020, seguida de Endesa y EDP. 

No es casual que las tres compañías más contaminantes sean energéticas, ya que es el sector económico con mayor impacto en el cambio climático: casi la mitad de todos los derechos de emisiones de Europa los compraron el año pasado empresas energéticas (739 millones de toneladas de CO₂ equivalentes) y las diez plantas industriales más contaminantes del continente fueron todas centrales de carbón.

En España, el año pasado funcionaron seis centrales de carbón y la más contaminante de lejos fue la de Aboño (Gijón), operada por EDP. Esta fue de hecho la segunda instalación que más derechos de emisión consumió el año pasado en el país (4,5 millones de toneladas de CO₂), solo por detrás de la factoría de acero de ArcelorMittal de Asturias (4,8 millones de toneladas). 

No obstante, el sector más contaminante de España el año pasado fue el de las centrales de ciclo combinado de gas. A lo largo de 2022 funcionaron 40 centrales que emitieron 24,3 millones de toneladas de CO₂, según la base de datos ETS de la Comisión Europea. Esta tendencia se repitió en Europa, según explican los analistas de la consultora energética Ember: "Las centrales eléctricas de gas fósil fueron responsables de alrededor de una cuarta parte de las emisiones del sector eléctrico en 2022, correspondiendo el 60% a Alemania, Italia y España". 

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El aumento del 8,2% en la compra de derechos de emisiones en España entre 2021 y 2022 se explica por la débil generación de electricidad renovable del año pasado, que obligó a generar más energía con la quema de gas. Esta situación contrasta con el resto de la Unión Europea, donde el uso de derechos ETS para emitir CO₂ cayó el año pasado un 0,4% frente a 2021, hasta los 1.330,9 millones de toneladas equivalentes de CO₂, según la Agencia Europea de Medioambiente. 

Esta situación indica que España avanzó el año pasado en dirección opuesta a los objetivos de la UE para 2030 de reducir las emisiones de efecto invernadero un 55% frente a 1990. Para lograrlo, Bruselas creó en 2005 este mercado de emisiones en el que las compañías pagan por cada tonelada de gas que emitan a la atmósfera y desde su implementación, las emisiones de los 27 países han caído un 41%. 

El mecanismo fue muy benévolo durante sus primeros siete años de existencia con las empresas, pero poco a poco se endurece para forzar al sector privado a descarbonizarse. Cada año, el número de permisos de emisión que se comercializa disminuye a un ritmo del 2,2%, lo que obliga a las empresas a contaminar menos o a pagar más para hacerse con los derechos. De hecho, el ritmo de reducción anual de derechos aumentará hasta el 4,3% en el periodo 2024-2027 y al 4,4% anual entre 2028-2030. Esta fórmula provoca que aquellas empresas que no invierten en descarbonizarse cada vez tengan más difícil mantener su negocio: en febrero, el coste de estos derechos alcanzó su precio máximo al superar los 100 euros por tonelada de CO₂ expulsada a la atmósfera.

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