ERC, Junts y la CUP han acordado una propuesta que plantea mantener el escaño del diputado cupaire Pau Juvillà pero fija que el "límite a la desobediencia" debe ser no afectar a los funcionarios del Parlament, aunque no concretan qué harán para que siga manteniendo el acta de diputado, informa Europa Press. Así consta en la propuesta de dictamen, recogida por Europa Press, que los tres partidos independentistas llevarán a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que se reunirá este miércoles a las 18.00 horas después de que se haya pospuesto dos horas su inicio ante la falta de acuerdo entre estas formaciones para decidir cómo avanzar en el caso del diputado cupaire.

En el preámbulo de la propuesta, los partidos independentistas argumentan que la sentencia de inhabilitación de Juvillà todavía no es firme y que hay un recurso pendiente de resolver en el Tribunal Supremo. También en el preámbulo, las tres formaciones "consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos".

Después, en la parte de la propuesta que se votará en comisión, que si se aprueba se elevará al pleno de la Cámara catalana, pide constatar que Juvillà no concurre en ninguna de las causas de pérdida de condición de diputado ni de suspensión de derechos y deberes parlamentarios que recoge el reglamento del Parlament.

Sin embargo, en ningún apartado del texto los partidos independentistas explican cómo pretenden mantener el escaño de Juvillà, algo que ocurre a dos días de que se cumpla el plazo que fijó la JEC para que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ejecute la retirada del acta y mientras sigue el interrogante sobre si el diputado cupaire mantiene el acta o ya no.

Además, establece que, como el Parlament ha presentado un recurso ante el Supremo pidiendo suspender la eficacia de la notificación de la JEC de retirarle el acta, la decisión de la Junta Electoral "no podría tampoco ser ejecutada mientras la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga pendiente la resolución de la medida cautelar solicitada y que ya ha sido admitida a trámite".

El Juzgado Contencioso Administrativo 6 de Barcelona ha prohibido al Ayuntamiento de Barcelona colocar una pancarta con el lazo amarillo u otros símbolos en edificios públicos, porque considera que vulnera el derecho fundamental a la igualdad, según una sentencia consultada por Europa Press.

El juez ordena "la retirada inmediata y definitiva" de lazos amarillos y , y no contempla la vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica que alegaban los demandantes, según publica 'El Mundo'.

La asociación Abogados Catalanes por la Constitución presentó un recurso contencioso-administrativo el 29 de julio de 2019, en periodo no electoral entre las elecciones municipales de mayo y las generales de noviembre, y el juez dictó la sentencia el martes.

El consistorio quitó de la fachada una pancarta con un lazo amarillo el 28 de septiembre, a requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), que aceptó la reclamación planteada por Societat Civil Catalana (SCC) en una denuncia.

El edificio ya había exhibido la pancarta anteriormente: estuvo en la fachada hasta mayo de 2019, el consistorio la retiró por las elecciones municipales y la volvió a colgar tras la investidura.

Los letrados de Abogados Catalanes por la Constitución pedían, en su demanda, "el reconocimiento y declaración de que la colocación del lazo amarillo símbolo partidista en un edificio público municipal ha vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la libertad ideológica".

Choca con la neutralidad constitucional

Sobre la exhibición del lazo amarillo, la sentencia dice que "la ostentación de ese símbolo partidista en los edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública".

También dice sobre el consistorio que la función de las administraciones públicas "no es otra que cumplir con objetividad los intereses generales" con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

En el juicio, Torra –primer presidente catalán juzgado en ejercicio– reconoció: "Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta sala lo saben que ésta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo".

El tribunal le ha inhabilitado para cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal y europeo, y para el ejercicio de funciones de gobierno "pues del ejercicio de ese mismo tipo de responsabilidades públicas electivas y gubernativas se sirvió el acusado para la comisión del delito".

Además, le impone una multa de 30.000 euros teniendo en cuenta que su actuación fue en ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat y "la recalcitrante y reiterada actitud desobediente, y su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente" por la JEC.

El TSJC también valora "el alarde público del hecho desobediente" y argumenta que el valor económico de la sanción se ha fijado atendiendo a la cualificación profesional de Torra y también a su retribución pública como presidente catalán, de 153.235,50 euros para la anualidad de 2019.

Hechos

El tribunal ve probado el delito de desobediencia porque se mantuvieron en la fachada del Palau de la Generalitat, algunas consellerias y Servicios Territoriales de los Departamentos de la Generalitat lazos amarillos, fotografías de los dirigentes independentistas encarcelados y pancartas con referencias a los "presos políticos" después del plazo que la JEC dio a Torra para retirarlos, el 19 de marzo a las 15 horas.

El TSJC concluye que el mandato de la JEC no fue atendido por Torra, "que no solo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y de las banderas 'estelades' en el plazo establecido, sino que llegó a decir (o consentir), en algunos casos, su sustitución por otros lazos, blancos y cruzados por una raya roja".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha considerado que el incumplimiento en septiembre por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del plazo para retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la sede del Ejecutivo catalán puede tener "relevancia penal".

En un auto de 4 de noviembre recogido por Europa Press, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha informado sobre el caso a la Sala Civil y Penal del mismo tribunal "por si los hechos tuvieran relevancia penal". En la misma resolución, la Sala contenciosa ha rechazado el recurso de reposición que la Generalitat interpuso contra la orden del TSJC de retirar la pancarta a favor de la libertad de los líderes independentistas encarcelados.

El tribunal ha recordado que acordó la medida cautelar de retirar la pancarta a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano y que dio un plazo de 48 horas a Torra desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre, pero que el presidente de la Generalitat no quitó el cartel del balcón del Palau hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los Mossos d'Esquadra.

A las 15.33 horas dos operarios retiraron la pancarta con el lazo y sobre las 18 la Generalitat colgó otraotra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Libertad de expresión y neutralidad

Precisamente, el derecho a la libertad de expresión de Torra fue alegado en el recurso que presentó la administración catalana contra la orden del TSJC de retirar el lazo, pero la Sala contenciosa del tribunal ha considerado provisionalmente que hay que mantener la medida cautelar de retirada de la pancarta porque suponía "el mantenimiento, con vocación de permanencia, de un mensaje no neutral en el edificio público concernido –el Palau de la Generalitat–".

Impulso Ciudadano invocó el respeto al principio de neutralidad institucional para solicitar la retirada de la pancarta, y el TSJC ha considerado que Torra puede ejercer su derecho a la libertad de expresión "en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación".

El auto del TSJC contiene un voto particular concurrente de un magistrado que considera que corresponde la medida cautelar de retirada de la pancarta, pero que la discusión sobre el derecho a la libertad de expresión de Torra y la neutralidad de las instituciones no se tendría que tratar en esta fase del procedimiento.Impulso ciudadano

En un comunicado, Impulso Ciudadano ha afirmado que la historia se repite –Torra ya fue juzgado el lunes por presunta desobediencia en marzo a la Junta Electoral Central (JEC) con la pancarta– y ha lamentado que el presidente de la Generalitat "haya adoptado como fórmula de gobierno la desobediencia a las instituciones y a los tribunales, actitud impropia de un gobernante democrático", por lo que le ha pedido que abandone el cargo.

"Su comportamiento hostil hacia los catalanes constitucionalistas, hispanofóbico, contemporizador con la violencia política y contrario a la separación de poderes le inhabilita para ello", ha remarcado la entidad.

Torra recrimina al TSJC que le investigue en vez de pedir la libertad de Cuixart y Sánchez

  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recriminado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que haya considerado que el incumplimiento de retirar la pancarta con el lazo amarillo en septiembre puede tener relevancia penal, y ha afirmado que lo que debería hacer el tribunal es pedir la libertad del presidente de ÒmniumJordi Cuixart, , y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez como pide Amnistía Internacional.

"Lo que debería hacer el TSJC, después del informe de Amnistía Internacional, es instar al Tribunal Supremo la inmediata puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y pedir la nulidad de la sentencia por sedición", ha defendido en un tuit recogido por Europa Press.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que este lunes no se defenderá de nada en el juicio en el que se le acusa de un presunto delito de desobediencia, sino que irá a "acusar al Estado de vulnerar" sus derechos y los de todos los ciudadanos, ha afirmado este domingo en un Dinar groc en Bescanó (Girona).

"No voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como president: defender los derechos y las libertades", ha sostenido el presidente catalán en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha agradecido al quienes le han apoyado.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le juzgará este lunes por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la pancarta con un lazo amarillo a requerimiento de la Junta Electoral de Barcelona, según han informado fuentes municipales a Europa Press. La Junta Electoral decidió el viernes requerir a la alcaldesa, Ada Colau, retirar el símbolo, aceptando la reclamación planteada por Societat Civil Catalana (SCC) en una denuncia, y el consistorio lo quitó el viernes por la noche.

El organismo ha considerado en un acuerdo recogido por Europa Press que durante los periodos electorales los poderes públicos están obligados a mantener la neutralidad política.

Ha señalado que deben abstenerse de "colocar en edificios públicos u otros lugares de titularidad pública, así como en los locales electorales, símbolos que puedan considerarse partidistas" y retirar los ya colocados. Ha añadido que el lazo amarillo "vulnera flagrantemente" la neutralidad del Ayuntamiento porque no representa la ideología de la totalidad de la ciudadanía.

La Generalitat ha vuelto a colgar este viernes a las 18.00 una pancarta en su fachada con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" después de haber retirado este mismo viernes la que estaba colgada con un lazo amarillo y que pedía la libertad de los "presos políticos y exiliados".

A las 15.33 horas dos operarios habían retirado la pancarta anterior después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara a los Mossos d'Esquadra que la quitaran de forma inmediata. El alto tribunal ha emitido un oficio por el que exigía a los Mossos la retirada inmediata de esa pancarta con el mensaje por la libertad de los presos, una vez había expirado el plazo para quitarlo, y después de que el presidente, Quim Torra, anunciara que no la retiraría.

Tras cumplir la orden, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños y la actriz Sílvia Bel y la filóloga Maria Teresa Casals han vuelto a colgar otra pancarta repitiendo el capítulo de las pasadas elecciones generales, cuando en el periodo preelectoral se ordenó retirar la pancarta con el lazo y el Ejecutivo de Torra colgó otra pancarta con un lazo blanco que también pedía la "libertad de los presos políticos".

Aquella pancarta tampoco fue aceptada, por lo que el Govern la retiró pero volvió a colgar otra –la que está colgada ahora– en la que se reclamaba "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", aunque tras el periodo electoral volvieron a colgar la del lazo amarillo que estaba hasta este viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en un plazo de 48 horas retire de la fachada del Palau de la Generalitat la pancarta que pide la libertad de los "presos políticos y exiliados" y que contiene un lazo amarillo.

Según ha informado el TSJC este viernes, la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha dictado estas medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano por un supuesto incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración pública de representación del conjunto de la ciudadanía.

Torra ya ha anunciado que no retirará la pancarta con el lazo amarillo de la Generalitat. En un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente, ha explicado que, a través de sus representantes legales, el president presentará un recurso contra esta resolución del TSJC. Asegura que sus abogados presentarán el recurso "tan pronto como el TSJC le haya notificado oficialmente la instrucción emitida siguiendo la petición de la asociación Impulso Ciudadano", que pide la retirada de los símbolos, pero ya adelanta que no los retirará.

En paralelo, Torra será juzgado el 18 de noviembre acusado de un delito de presunta desobediencia por mantener la pancarta con el lazo amarillo en los edificios públicos de la Generalitat y en el Palau en periodo electoral, pese a la orden de la Junta Electoral central (JEC) de retirarlos.

La edil de Espacios Públicos y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de San Sebastián, Marisol Garmendia, ha afirmado que el Consistorio está "en contacto" con la familia del escultor Eduardo Chillida para analizar "la fórmula más adecuada" para limpiar las pintadas de lazos amarillos realizadas por desconocidos en sus esculturas del Peine del Viento de la ciudad, según informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, Garmendia ha explicado que "desde el primer momento" informó a la familia Chillida de "este execrable ataque" y "ellos han mostrado su total disposición a analizar cuál es la mejor manera de limpiar el Peine del Viento".

"En los próximos días nos darán una respuesta que nos permita limpiar la escultura de una manera rápida, pero lo que más nos importa tanto a la familia como al Ayuntamiento, es que se haga de la manera más adecuada", ha dicho.

Garmendia ha incidido en que se va a buscar "la fórmula más adecuada", para acometer estas labores de limpieza "de la mejor forma posible", para que "el Peine del viento tenga el aspecto original que tenía" y "no dañar" esta obra de arte.

Este miércoles tres dibujos de lazos amarillos aparecieron en la escultura de Eduardo Chillida, un simbólico conjunto escultórico de San Sebastián que se encuentra ubicado en el paseo que lleva el nombre del artista, al final de la donostiarra Playa de Ondarreta.

Los lazos amarillos, símbolo de apoyo a los políticos catalanes presos, figuran en la escultura principal, ante la que cada día pasan paseantes y turistas.

Tras conocer el suceso, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, calificó el hecho de "absolutamente condenable" y "de todo modo incomprensible". "No alcanzo a comprender cómo a nadie se le puede ocurrir hacer algo así a un elemento como el Peine del Viento. De verdad, creo que es un acto de vandalismo", señaló.

El juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral se hará el miércoles 25 de septiembre y el jueves 26 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona.

Se le juzgará por presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un presunto delito de denegación de auxilio a la autoridad competente, según un comunicado del TSJC, cuya sala civil y penal ha notificado este lunes el auto con la relación de prueba admitida.

La Fiscalía presentó una querella contra él alegando incumplimiento a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la campaña electoral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso que presentó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisión del tribunal de procesarle por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral, informa Europa Press.

El auto del TSJC, recogido por Europa Press, desestima el recurso de apelación de Torra y confirma el procesamiento del presidente por un presunto delito de desobediencia, si bien el alto tribunal catalán ya ha dictado auto de apertura de juicio oral.

El tribunal procesó a Torra por presunta desobediencia el 27 de junio y el 11 de julio decretó la apertura de juicio oral contra el presidente, y declaró la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal para llevarlo a juicio por presunta desobediencia.

En el auto desestimatorio, el tribunal rechaza cada una de las alegaciones del recurso de Torra, como que la JEC carece de competencia para ordenar la retirada de lazos, que esa orden no procede de una autoridad superior a la Presidencia de la Generalitat, que no era una orden clara y concreta, y que había una "intencionalidad política" por parte de los miembros de la JEC, entre otros.

Defiende que "las resoluciones de la JEC no contenían mandatos contradictorios sino complementarios y su cumplimiento quedaba al alcance del investigado".

Asimismo, niega que en la resolución del tribunal se vulnere la presunción de inocencia de Torra y sostiene que la JEC sí que tiene competencia y puede dar órdenes al presidente de la Generalitat de obligatorio cumplimiento.

"No parece discutible que los acuerdos de la JEC son ejecutivos y de obligado acatamiento para las autoridades o particulares a los que fueran dirigidos", argumenta.

El TSJC también desestima la alegación sobre que los miembros de la Junta Electoral no son parciales y tienen una intencionalidad política, porque recuerda que en el recurso que Torra presentó contra la orden de la JEC de retirar los lazos "nada se decía sobre la parcialidad del órgano o la animadversión de alguno de sus miembros".

En este sentido, defiende que el hecho de que algún miembro de la JEC "se hubiera pronunciado sobre determinadas cuestiones objeto del debate político carece de suficiente virtualidad para evidenciar" que sus resoluciones tienen una intencionalidad política.

Fiscalía y Vox

El presidente declaró el 15 de mayo ante el tribunal como investigado por esta causa, donde afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos", y la Fiscalía pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses, y multarle con 30.000 euros.

Además, la acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido condenar a una inhabilitación de un año y ocho meses al president de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no ordenar la retirada de lazos amarillos y estelades de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide abrir juicio oral al president ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha instruido el caso, y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros.

El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que Torra recibió el 11 de marzo una resolución de la JEC en el que se le instaba, en el plazo máximo de 48 horas, a la "inmediata retirada de las banderas 'estelades' o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat".

La Fiscalía relata como, a pesar de la claridad de la orden de la JEC, Torra "decidió desatenderla pese a ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento".

Asimismo, constata que poco antes del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la orden –a raíz de un expediente abierto por una reclamación de Cs–, el presidente presentó un escrito interesando una reconsideración del acuerdo.

A ojos del fiscal, la reconsideración era "improcedente al tratarse de una resolución administrativa firme", pero aun así la JEC la admitió otorgándole naturaleza de recurso de reposición, anunciando la decisión para una reunión del 18 de marzo.

Tras este anuncio de la JEC, Torra, en una comparecencia en Tarragona el 14 de marzo, "manifestó su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC".

El 18 de marzo, la JEC acordó reiterar al presidente de la Generalitat el requerimiento de retirar los lazos en el plazo de 24 horas, adscribiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, si persistía en desobedecer, y requirió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informara de si Torra finalmente cumplía.

Pretexto

Al día siguiente, Torra, pese a saber que tenía obligación de cumplir la orden, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión "pretextando una supuesta imposibilidad de cumplimiento dada la multitud de edificios de la Generalitat" y porque se hallaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges.

La Fiscalía tiene en cuenta, además, que desde el 15 de marzo Torra tenía en su poder dicho informe del Síndic, que le recomendaba atender al requerimiento de la JEC.

El 19 de marzo, la JEC contestó a Torra negando la suspensión solicitada por el presidente, y sin embargo "desatendió abiertamente dicha orden", tal y como se desprende de unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern Elsa Artadi y de una nota de prensa en este sentido.

Dos días después, según el relato del Ministerio Público, "evidenciando su desprecio a acatar la orden", sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo blanco, y no fue hasta el día 22, tras la orden de la JEC al conseller de Interior, Miquel Buch, para que los Mossos d'Esquadra retiraran los símbolos, cuando finalmente se dio cumplimiento a la orden.

Declaración de Torra

En su declaración como investigado ante el TSJC por estos hechos, el 15 de mayo, Torra afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".

Consideró que la orden de la JEC "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto" y que no era superior a él.

"Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías. La última responsabilidad de todo lo que pasó fue mía. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía", dijo Torra.  

El president de la Generalitat, Quim Torra, afirmó, al declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presunta desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".

Así se desprende del audio de la declaración de Torra el 15 de mayo, al que ha tenido acceso TV3, y recogido por Europa Press, en el que también Torra explica que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró que "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".

El TSJC ha procesado al president de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la JEC de retirar estos símbolos de los edificios públicos durante la campaña electoral tras abrir un procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado al president de la Generalitat, Quim Torra, por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos durante la campaña electoral.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, el magistrado instructor de la causa abierta por una querella de Fiscalía ha finalizado las diligencias y transforma el procedimiento de diligencias previas a procedimiento abreviado.

También ha determinado que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente, y abre el trámite para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral a través de escrito de acusación o, en su caso, sobreseimiento.

El magistrado de la Sala Civil y Penal ha desestimado también la petición anterior a este trámite de sobreseimiento presentada por el abogado del president de la Generalitat.

Torra declaró a mediados de mayo durante unos 45 minutos ante el TSJC por esta causa, donde fue acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.

El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a colgar el lazo amarillo en solidaridad con los dirigentes independentistas presos, algo que apoyan BComú, ERC y JxCat, aunque no ha habido una votación formal porque los grupos municipales se han posicionado en una reunión previa a la constitución de la junta de portavoces. Lo ha dicho en declaraciones a los medios la concejal Janet Sanz, y la cuestión se ha abordado en este encuentro convocado para tratar asuntos de rutina de inicio de mandato, en el que se ha planteado volver a colgar el lazo en base a un acuerdo anterior de la junta de portavoces en el pasado mandato.

Pocos minutos después del anuncio de Sanz, sobre las tres de la tarde, dos operarios han salido al balcón del Ayuntamiento que da a la plaza Sant Jaume y han desplegado una pancarta con el lazo amarillo. Así, el lazo vuelve a la fachada del consistorio, después de que el Gobierno de Colau lo retirara en marzo para dar cumplimiento a una orden de la Junta Electoral de Zona de cara a las elecciones generales que se celebraron el 28 de abril -cuando también se descolgó una pancarta en apoyo a Open Arms-.

Mientras se celebraba el encuentro, la dirección nacional de Cs ha anunciado la ruptura con la plataforma liderada por Manuel Valls, que se ha quedado sin representación en el encuentro porque los dos ediles que han acudido son del partido -Paco Sierra y Mariluz Guilarte-, y ambos han salido sin hacer declaraciones a los medios.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada a finales del pasado mes de marzo por el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, contra los miembros de Junta Electoral Central (JEC) por los acuerdos que ordenaron la retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios públicos en la campaña de las generales del 28-A. El alto tribunal no ve ilícito penal alguno en los acuerdos contra los que se dirigió Torra, que veía en ellos prevaricación, según informa Europa Press.

En un auto dado a conocer este viernes, del que ha ido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, la Sala recuerda que no concurren en este caso los requisitos ni objetivos ni subjetivos del delito de prevaricación. Establece que los tres acuerdos impugnados en la querella de la Generalitat se dictaron en cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Junta Electoral Central (establecidas en el artículo 8 de la Ley Electoral), que obliga a este órgano a velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral.

El tribunal actúa de acuerdo con el criterio de la Fiscalía del Supremo, que defendió la actuación del organismo de supervisión frente a la "inaceptable" conducta del dirigente de la Generalitat por sus "burdas maniobras" para evitar la retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de edificios públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por presunta desobediencia por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos, según informa Europa Press.

En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal declara su competencia para conocer de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña el 27 de marzo y designa instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos. El tribunal recuerda que, en su querella, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusó a Torra de un presunto "delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público".

Asimismo, el tribunal ha recordado que la querella señalaba que el presidente Torra incumplió "consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la Junta Electoral Central (JEC)" en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

Además, la JEC envió documentación a la Fiscalía General del Estado –información adjuntada a la querella contra Torra– con informes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y comunicaciones de la Delegación del Gobierno en los que se detallaban los edificios que mantuvieron los símbolos hasta el 21 de marzo.

MÉS per Mallorca ha sustituido el lazo amarillo que lucían los balcones de sus despachos en el Parlament balear por el símbolo del sinsajo de la saga de ficción Los Juegos del Hambre, en el tono verde claro corporativo de la formación.

En el universo de las novelas de Suzanne Collins, la protagonista –que en el cine encarnó la actriz Jennifer Lawrence– luce un broche con un ave, el sinsajo, como símbolo de la resistencia contra el Gobierno totalitario de este universo ficticio.

Cabe recordar que este jueves la Junta Electoral Provincial dio a MÉS y al presidente del Parlament, Baltasar Picornell (Podemos) un plazo de 24 horas para retirar el lazo amarillo que colgaba en su balcón en el edificio Ramon Llull del Parlament, a raíz de una denuncia de Vox.

"Son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos, ya que éstos deben mantener una rigurosa neutralidad política", consta en el acuerdo de la Junta.

Los lazos por la lengua en las dependencias de MÉS per Palma en Cort continúan expuestos. La denuncia de Vox hablaba, además del lazo amarillo del Parlament, de lazos amarillos en el balcón de MÉS en Cort y también pidió retirarlos y, en consecuencia, la Junta ordenó "la inmediata retirada de los lazos que puedan encontrarse" en el edificio público.

Sin embargo, los lazos en Cort son cuatribarrados y fueron colgados en 2013 "en apoyo a la lucha de los docentes de Baleares contra los recortes y el decreto del TIL del Govern Bauzà y en defensa de la lengua catalana", según explicó MÉS en un comunicado. Por este motivo, el alcalde, Antoni Noguera, solicitó una "aclaración" a la Junta electoral.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibido este jueves a los informativos de TV3 y Catalunya Ràdio utilizar las expresiones "presos políticos", "exilio" y "juicio a la represión" por considerar que forman parte del lenguaje electoral de algunos partidos que concurren a las elecciones, informa Europa Press.

Según la resolución de la Junta Electoral, la utilización de estas expresiones es contraria "al principio de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa" que deben regir la actuación de los medios públicos de comunicación en periodos electorales.

Argumentan que los medios de titularidad pública gestionados por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) deben de abstenerse de llevar a cabo "prácticas informativas que se aparten  injustificadamente de la vigente legalidad, en perjuicio de la neutralidad informativa que caracteriza especialmente a dicho periodo". También consideran que no puede utilizarse la expresión "juicio a la represión" para referirse al que se celebra en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas por el 1-O porque se trata de "un juicio realizado dentro de las normas del Estado de Derecho".

Fue Ciudadanos el partido que llevó este tema a la Junta Electoral así como también la retransmisión de la manifestación en favor de los presos el 16 de marzo en Madrid.

"Pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad" en los medios públicos

La Junta Electoral Central (JEC) ha reclamado la incoación de un expediente sancionar contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por vulnerar los principios de pluralismo político y neutralidad informativa en la cobertura de la manifestación a favor de los presos políticos del procés el pasado 16 de marzo en Madrid, informa Europa Press.

En su resolución, la JEC ordena a la Junta Electoral de Barcelona esta medida e insta a la CCMA a adoptar "medidas compensatorias" para las formaciones que no apoyaron esa manifestación con "un tiempo de cobertura de un total de dos horas de duración para todas ellas, en igual franja horaria de la retransmisión denunciada, que se distribuirán en proporción a la representación parlamentaria obtenida".

De este modo, revoca el acuerdo anterior de la Junta Electoral Provincial de Barcelona al entender que se vulneraron los principios de pluralismo político y neutralidad informativa e insta a la CCMA a cumplir "de forma escrupulosa" las exigencias de respeto a los principios de "pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad" durante el resto del periodo electoral.

En su argumentación, la JEC ha subrayado que la manifestación del pasado día 16 en Madrid se realizó en "periodo electoral" y tenía un carácter "inequívocamente partidista" al haber sido convocada por entidades como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, "que notoriamente se identifican con alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones".

Asimismo, censura no solo la cobertura de la manifestación en directo por parte de los medios catalanes durante más de dos horas, sino también el despliegue de medios –con múltiples entrevistas que incluyeron a líderes de partidos independentistas–, así como el formato televisivo utilizado, "que concentró en este acto la mayor parte de la información proporcionada por dichos medios, de manera continua y casi exclusiva", tanto en su canal general como en el canal específico de noticias 3/24 durante el día.

"De esta manera, se produjo una puesta a disposición del medio a favor de los intereses partidistas defendidos por los convocantes del acto con vulneración de los principios de pluralismo político y neutralidad informativa". Ha alegado la JEC que, además, ha señalado que el hecho de que "algunos medios privados diesen también cobertura a esta manifestación carece de relevancia puesto que dichos medios no están sujetos al principio de neutralidad informativa, que solo resulta aplicable a los medios públicos".

En concreto, en cuanto a la referencia a RTVE, la JEC ha señalado que no se puede "acoger" puesto que "no es comparable el formato utilizado" con las características y el formato de la cobertura proporcionada por TV3 y el Canal 3/24.

Contra este acuerdo, que es firme por vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este miércoles una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.

En la querella el fiscal superior Francisco Bañeres pide, entre otras actuaciones, citar a declarar al presidente del Govern. La Fiscalía General del Estado recibió el expediente de la JEC en el que expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, y después remitió a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor.

También pide a la Jefatura de Policía de Cataluña sus actas de comprobación con relación a informes de la Delegación del Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de la JEC; y al comisario jefe de Mossos d'Esquadra, que informe "acerca del debido cumplimiento de lo resuelto por la Junta" el 21 de marzo.

La querella alega que Torra procedió "deliberadamente a desatender" el mandato de la JEC, manteniendo los objetos aunque fuera de manera encubierta o simbólica a través de elementos de la misma naturaleza ideológica y partidista, representativa solo de postulados de una parte de la sociedad, según el texto del fiscal.

Para él, la negativa a cumplir esa orden de la JEC "no puede quedar enmascarada" por sustituir esos símbolos por otros ni por acudir entonces a órganos diferentes a la JEC –Torra pidió un informe al Síndic de Greuges, aunque la querella no lo cita–. Y el texto constata que la jurisprudencia sobre el artículo 410 del Código Penal –desobediencia– es clara sobre que negarse abiertamente a obedecer no tiene por qué ser una reacción contundente y explícita, sino que puede expresarse con "una reiterada y evidente pasividad".

El expediente de la JEC

La Fiscalía General del Estado recibió el expediente de la JEC en el que expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, y después remitió a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor. El expediente que la JEC entregó al Ministerio Público incluía toda la documentación producida a lo largo de los diez días en que Torra no llevó a cabo las órdenes de la JEC, y también se aportaban las comunicaciones que la JEC envió al presidente de la Generalitat y la que, a su vez, éste ha remitido al organismo de control.

En el primer acuerdo, la JEC daba a Torra un plazo de 48 horas para que ordenase la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril. Tras la negativa del presidente catalán, el órgano supervisor de procesos electorales le advirtió de "las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumplía el acuerdo.

Asimismo, la JEC anunció la apertura de un expediente sancionador por no haber accedido a cumplir las órdenes, que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros y ordenó a la Conselleria de Interior para que los Mossos d'Esquadra retiraran los símbolos. Además, acordó enviar las diligencias al Ministerio Público por las responsabilidades penales en que haya podido incurrir Torra.

Consulta aquí la querella de la Fiscalía contra Torra.