El 3 de julio de 2020, cuando el coronavirus azotaba con fuerza a todo el mundo, el Gobierno dio luz verde al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, el instrumento financiero estaba pensado para evitar el hundimiento de compañías clave para la economía. Una treintena de solicitudes recibieron el visto bueno. Media decena procedían de aerolíneas. Entre las beneficiarias, Plus Ultra. Una ayuda que fue auditada, junto con el resto de las concedidas, por el Tribunal de Cuentas. Y cuya concesión se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La aerolínea, que estuvo controlada por empresarios venezolanos considerados cercanos al régimen chavista, recibió 53 millones de euros de ayuda pública: 34 millones en forma de préstamo participativo y 19 millones de préstamo ordinario. El rescate recibió luz verde a comienzos de marzo de 2021. Cinco años después, la aerolínea ha pagado, según datos del propio Gobierno, 12 millones en intereses. Según el calendario fijado, la devolución debería completarse, como tarde, en 2028. Los 19 millones del principal deberían haberse reintegrado hace un par de meses, pero se acordó un aplazamiento "debido a la subida del coste del queroseno" y los cierres provocados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año.

El rescate ya estuvo bajo la lupa de un juzgado madrileño. Pero un error en la prórroga de la instrucción que dejó a la magistrada sin margen para nuevas diligencias provocó el sobreseimiento provisional de la causa. Unos meses más tarde, sin embargo, llegaron a la Fiscalía Anticorrupción unas órdenes europeas de investigación remitidas por Francia y Suiza. Y eso provocó la reactivación de un caso que ha terminado llegando a la Audiencia Nacional. Las autoridades galas y suizas alertaron de la posibilidad de que el rescate se hubiera usado en una trama de lavado de dinero venezolano. Plus Ultra aseguró que había destinado un 40% de la misma a pagar a acreedores, un 22% a gastos operativos –nóminas, impuestos o seguros sociales–, un 19% a reembolsos de pasajeros y otro 19% a "capital de trabajo".

El Gobierno, que siempre ha sido reacio a facilitar información sobre el rescate aludiendo al "carácter reservado" de la misma, insiste en que el rescate se ajustó a la legalidad. Y en que, hasta ahora, ni un solo organismo lo había puesto en duda. El Tribunal de Cuentas publicó en septiembre de 2024 su informe sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el procedimiento de aprobación de las operaciones del fondo de apoyo. Tras analizar toda la documentación, el órgano fiscalizador concluye que los "órganos de gestión y decisión" aplicaron "un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige", dispusieron de información para "tomar una decisión fundada" y que la aplicaron "de forma no discriminatoria y con arreglo a las normas procedimentales".

El documento también resalta que la concesión de la ayuda "no se apartó, en ningún caso, de la opinión emitida por los asesores externos en sus informes sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Porque el procedimiento, en este caso, se apoyaba en el llamado principio de los cuatro ojos, por el cual una decisión debe ser validada por, al menos, dos personas: "En el proceso de la decisión sobre las ayudas el procedimiento contempla una intervención de los servicios de SEPI, que fueron reforzados por personal temporal contratado, y de los asesores externos –contratados específicamente para esta labor–, de forma que en la propuesta que llegara al Consejo Rector, aparecieran los resultados de los informes de los asesores, a su vez verificados por los servicios de SEPI en cada una de sus áreas".

El documento también refleja cómo la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda consultaba a la Abogacía del Estado cada vez que había dudas interpretativas sobre los criterios de elegibilidad. O que, en todos los casos, remitió peticiones de subsanación a los solicitantes. Y también dio respuesta a la oposición, que desde el primer momento había puesto en duda el carácter "estratégico" de una aerolínea que operaba "menos de un 1% de las conexiones aéreas". "El Fondo se basó en informes de entidades públicas o privadas de solvencia y aplicó los criterios interpretativos derivados del Marco Temporal, de los criterios de la Comisión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, al tener como base de la declaración de 'estratégica' la importancia del sector en el que la empresa opera y no considerar como criterio de exclusión el tamaño de la empresa", apuntaba.

La duración media de tramitación de los expedientes fue de 355 días. O 285 días si se pone el foco solo en las ayudas a las aerolíneas. En el caso de Plus Ultra, el asunto se resolvió en 182 días, frente a los 214 días en el caso de Volotea, 403 de Air Nostrum o 456 de Wamos. No fue, sin embargo, la resolución más rápida. Apenas 70 días se tardó, por ejemplo, en dar luz verde al rescate de 475 millones de euros de Air Europa. La normativa aplicable al fondo le confería una "potestad reglada". Es decir, si se cumplían las condiciones de elegibilidad "se debía proceder a la concesión". "Ello implica la concesión de ayudas a empresas que, aun cumpliendo los requisitos de elegibilidad, presentan una situación de debilidad económica y financiera", completaba el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno defiende que hasta cinco informes avalaron que la aerolínea no era una empresa que estuviera en crisis –era una condición fundamental para recibir la ayuda–: del auditor de Plus Ultra, de Price Waterhouse Coopers, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de DC Advisory y de Deloitte –estas dos últimas, como asesoras externas del fondo–. Esto contrasta, sin embargo, con un informe pericial independiente que fue elaborado a petición de la magistrada Esperanza Collazos en el marco de la inicial investigación que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En él, el perito Pedro Martín Molina hablaba de la existencia de un "préstamo participativo", de la falta de registro de "provisiones derivadas de ciertas contingencias" y de la "posibilidad de existencia de situación de insolvencia". Y ponía en duda, en definitiva, que la aerolínea no estuviera en crisis a cierre de 2019.

Aquella pericial no fue determinante entonces para la magistrada. Sin embargo, sí le da relevancia el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. "El análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar. [...] Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", recoge el auto de imputación de Zapatero.

Otro requisito para acceder a la ayuda era encontrarse al corriente de las deudas con la Seguridad Social. Cuando presentó su solicitud para el rescate en septiembre de 2020, la aerolínea adjuntó dos certificados de estar al corriente de sus obligaciones. Sin embargo, Deloitte, en su informe técnico, indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, fechada un mes después de la solicitud, sobre el aplazamiento de una deuda preexistente de 451.954,79 euros contraída con la Seguridad Social. En el Gobierno, sin embargo, se defienden alegando que se puede "estar al corriente de las obligaciones" tanto cuando las deudas están pagadas como cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas.

El instructor sospecha que la red de "tráfico de influencias" al frente de la cual pone a Zapatero habría cobrado una comisión por el rescate de la aerolínea a través de una sociedad offshore. El punto de partida se encuentra en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, que forma parte de la estructura societaria administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. "La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea", apunta el magistrado. Como remuneración, se establece el 1% más IVA de la ayuda aprobada, esto es, 530.000 euros.

Tal y como reveló en exclusiva infoLibre, casi un mes después de aquello, el 17 de marzo de 2021, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara finalmente el rescate, se registró en Dubái Landside Middle East FZCO, una sociedad controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica. En su auto, el juez sostiene que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de dicha offshore. Una afirmación que, por el momento, se apoya en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, envió a Martínez un correo con indicaciones para crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos un día después de que ambos comieran con el expresidente. "Según lo conversado ayer", rezaba el mail.

Aún está por ver, del mismo modo, si el expresidente intercedió de alguna manera a favor de Plus Ultra. El instructor sostiene en su resolución que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". Esto, por el momento, se apoya en mensajes de terceras personas. "Yo busco cómo llegarle a ZP", reza un mensaje que Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, traslada a Julio Martínez Sola, presidente de la misma. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", responde este último.

El juez, del mismo modo, pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Un encuentro del que se tiene constancia porque un director envió un mensaje a Koldo García, entonces mano derecha del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Comunicación que este último reenvía a su jefe, quien también habría almorzado con el expresidente del Gobierno –según las evidencias extraídas de la agenda de García–, extremos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de confirmar a través de las agendas de Zapatero.

Seis años después, todavía no hay justicia. Tampoco reconocimiento. Sin embargo, los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid no desisten y, año tras año, siguen recordando lo que fue “una matanza”. Este sábado, Marea de Residencias ha convocado un acto en la madrileña plaza de Juan Goytisolo a las 12:00 horas. Allí, se realizará una performance para “romper el muro de cristal del olvido”. Con ello, quieren denunciar la crueldad de unos protocolos que dejaron morir a 7.291 personas. Algo que la justicia todavía no ha subsanado. 

Es una protesta, sí, pero también mucho más, según cuentan al otro lado del teléfono. “Es recordar. Para nosotras la memoria es lo más importante. Sabemos que nuestra lucha es algo muy difícil, pero creemos que una batalla ganada es poder seguir recordando lo que pasó y que nadie lo olvide”, explica Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. “Cada año, queremos recordar que no vamos a tirar la toalla y que seguiremos persiguiendo la justicia que todavía no ha llegado. Vamos a estar ahí”, añade. 

Contarán con la ayuda de las actrices Ana Fernández, ganadora de un Goya, y Andrea Guardiola, que pondrán su voz al servicio de la memoria y recitarán varios poemas, todos ellos con una raíz principal: el edadismo. Es precisamente esto lo que, señalan, ha hecho que sus reivindicaciones tuvieran menos impacto en la opinión pública.

Justo después, uno de los familiares, miembro de Marea de Residencias, leerá un manifiesto para reclamar la reparación de las familias, en forma de justicia y reconocimiento por lo sucedido. Después de ello, la plaza se sumirá en el silencio más absoluto durante un minuto en honor de aquellos que fallecieron en las residencias durante el covid. 

7.291. Es el número de mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un número que se ha vuelto grito en manifestaciones, símbolo de resistencia y antídoto contra el silencio. Un número que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de “inventado” por unas plataformas a las que ha llamado “resentidas”. 

Los llamados Protocolos de la Vergüenza, revelados por infoLibre, se crearon en el seno de su gobierno. Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, firmó un plan de actuación que establecía unos criterios de exclusión que llevaron a lo que, desde Marea de Residencias, califican de “barbarie”. 

Según esos criterios, se impidió que los usuarios de residencias fuesen trasladados a los hospitales si tenían covid o estaban enfermos por otros motivos. Solo había una excepción: que las personas tuvieran la posibilidad de ir a un centro privado. 

La investigación judicial también continúa, aunque a paso lento. No fue hasta diciembre de 2025 cuando varios responsables fueron imputados: Francisco Javier Martínez Peromingo, exalto cargo del Gobierno de Ayuso y uno de los ideólogos de los protocolos; Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112. Los dos últimos ni siquiera acudieron a la cita. El primero reconoció que los protocolos eran “discriminatorios”. 

“No fue un error, fue algo que se hizo a conciencia, se reconoció desde el minuto uno: donde iba a haber más vulnerabilidad iba a ser en las residencias. Por las propias características de los espacios, era el sitio más peligroso. Sin embargo, sabiendo esto, se les negó la ayuda”, resume Carmen López. 

Después de todo y a pesar de las críticas acumuladas, la presidenta Ayuso ganó las elecciones de 2021 con mayoría absoluta. En 2023 sucedió lo mismo. Algo "doloroso" para las familias y que desde Marea de Residencias achacan a que la ciudadanía "no conoce o no quiere conocer" lo que pasó. “Es absolutamente necesario que haya justicia, porque la sociedad no sabe lo que realmente se ha hecho con estas personas. No puede ser que quien no quiera saberlo no se entere”, reiteran desde la plataforma.

Tampoco la justicia ha estado de parte de los familiares. Las investigaciones contra los responsables tienen constantes demoras, notificaciones que nunca llegan y, en términos de investigación, tampoco se ha llegado a mucho. “Lo que quieren es que nos cansemos, que nos aburramos y que pasemos. Retuercen nuestro dolor en la Asamblea de Madrid diciendo que hemos pasado página. Es imposible pasar página de esto, porque cuando se muere un ser querido de esta forma, eso no se olvida nunca”, asegura la portavoz.

Pero no son solo ellos. “Estamos hablando siempre de una cifra de 7.291 personas que murieron dentro de las residencias, pero es una cifra oficial del portal de transparencia. Nosotras creemos que se están quedando cortas. No hablamos de los que fallecieron en hospitales porque fueron derivados tardíamente por decisiones políticas. Y en realidad la cifra oficial es 9.468. Es escalofriante”, sostiene Carmen López Llorente. 

La batalla judicial por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia avanza. Lo hace con lentitud, sí. Y sorteando obstáculos de forma permanente. Pero con el empuje incansable de las víctimas. Seis años después de que el coronavirus segara la vida de 7.291 ancianos en estos centros, este lunes se ha sentado por vez primera ante un juez como investigado Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los llamados Protocolos de la Vergüenza, que impidieron el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias. Un nuevo hito dentro de una maraña judicial marcada por el cruce de acusaciones que se mantiene a la espera de un pronunciamiento clave de la Audiencia de Madrid.

En octubre de 2024, tras varios portazos judiciales, las víctimas cambiaron de estrategia. Por un lado, aparcaron el homicidio o la omisión de socorro, que exigía demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –todo un reto probatorio–, para centrar la ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal. Y, por otro, decidieron apuntar, en lugar de contra los jefes, contra niveles más bajos del organigrama. Así, la macrodenuncia que interpusieron en Fiscalía, que luego derivó en diferentes procedimientos, señalaba, entre otros, a Mur, Javier Martínez Peromingo –su sucesor en el cargo– o Pablo Busca, entonces director del Summa 112.

Este trío ha sido citado a declarar como investigado en más de media decena de juzgados de la región. Pero, por el momento, solo Peromingo y Mur han dado explicaciones en sede judicial. Y la declaración de este último, que ha hecho por videoconferencia desde Andorra, ha costado que se produjera. En diciembre, por ejemplo, dejó vacía la silla del Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid y del Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba porque no le había sido notificada la citación. Una declaración a la que tampoco asistió Busca. Solo Peromingo acudió a la llamada. Y lo hizo para intentar suavizar su responsabilidad alrededor de los protocolos.

En sus dos comparecencias, el entonces geriatra de referencia en el Hospital Rey Juan Carlos aseveró que muchas residencias no se medicalizaron y apuntó hacia Mur en relación a los protocolos. Según fuentes jurídicas presentes en las mismas, vino a decir que los protocolos que establecieron ese triaje en la primera ola de la pandemia, desvelados por infoLibre, eran discriminatorios. Y que trasladó por escrito al entonces director general de Coordinación Sociosanitaria su oposición a los mismos. Unos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba reclamó a comienzos de diciembre y que las acusaciones siguen esperando.

Esto último podría haberse contrastado este lunes durante la declaración de Mur como investigado en el Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid, procedimiento que se centra en el fallecimiento de un residente en el centro Amavir Valdebernardo. Pero ni jueza ni Fiscalía, únicas que han podido interrogarle –además del abogado defensor–, han preguntado al respecto, según aseguraban desde la acusación. La comparecencia duró algo menos de una hora. Y en ella, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria volvió a meter a Peromingo en esa ecuación de la que había intentado salirse. Así, aseguró que los protocolos fueron redactados por él y otros 22 geriatras. Y redujo su participación en los mismos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío.

Un cruce de acusaciones en el que también han aflorado otros nombres. Así, siempre según fuentes de la acusación, Mur ha asegurado que hizo llegar los protocolos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y hoy consejera de Familia en el Gobierno de Díaz Ayuso. O que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por otro lado, ha situado a Busca en el proceso de elaboración de los protocolos. Así, ha detallado que se tuvo en cuenta su opinión en relación a cómo debía realizarse el traslado en las ambulancias. Y ha afirmado que se le advirtió de que la derivación por parte del Summa se tenía que producir cuando hubiera consenso entre el médico de una residencia y el geriatra de enlace.

Los letrados de este procedimiento, el que se sigue en relación al fallecimiento de Ángel Armengol sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón, ponen la vista ahora en la futura declaración de tres doctoras de la Amavir Valdebernardo –debían haber comparecido este lunes, pero su testifical se aplazó al 23 de abril al alegar el abogado de Mur que no tenían constancia de las mismas–. Y, sobre todo, en una futura comparecencia como investigado del exdirector del Summa 112, donde se podrán corroborar los extremos expuestos por el ex director general de Coordinación Sociosanitaria en su comparecencia como investigado.

Las familias, del mismo modo, tampoco quitan el ojo de encima a la Audiencia de Madrid. Al fin y al cabo, de lo que diga este órgano depende que el caso residencias siga diseminado por media comunidad autónoma o se aglutine en una misma macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorber todas las denuncias.

Peromingo, al igual que las víctimas, es partidario de acabar con la dispersión. No así Mur, que aboga por una investigación judicial caso a caso. De hecho, en la declaración de este lunes su abogado ha insistido una y otra vez en que las preguntas se ciñan al caso concreto. Un embrollo competencial que deberá despejar próximamente la Audiencia de Madrid. "Seguimos esperando la resolución", explicaban a la salida del juzgado Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, abogados de la acusación. "Pero cada vez cobra más sentido que se haga esa macrocausa. Porque para hablar del caso concreto hay que hablar del caso general: quién ordenó esos protocolos, por qué se aplicaron y quién los ejecutó", sentenció Jacinto.

El caso Sinclair, en el que se investiga una segunda estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, entra en una fase inédita con la aparición del principal investigado, Philippe Solomon. Tras meses de infructuosa búsqueda por medio mundo, el misterioso empresario franco-israelí remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid, encargado de las pesquisas, varios escritos de alegaciones. En uno de ellos, al que ha tenido acceso infoLibre, Solomon sostiene que él solo recibió por sus trabajos alrededor de 175.000 euros de los 2,5 millones que el consistorio abonó por las mascarillas. El resto del dinero, especifica, se destinó a la obtención del material sanitario, intermediarios y transporte.

La existencia de esta segunda estafa al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.

La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de las mascarillas entregadas –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura de un caso que avanza lentamente casi un lustro después.

La localización y toma de declaración del investigado, que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–, ha sido desde el principio el gran obstáculo en la investigación. Se libró comisión rogatoria a las autoridades del Reino Unido para dar con él. Y solicitud de asistencia judicial a Estados Unidos. Al final, ante la imposibilidad de tomarle declaración, el instructor del caso, el magistrado Jorge Israel Bartolomé, acordó el pasado mes de abril prisión preventiva, comunicada y sin fianza para Solomon y la emisión de una orden europea de detención y entrega, búsqueda que, según especifican fuentes jurídicas, "aún está vigente".

En los últimos meses, sin embargo, varios escritos a nombre de Solomon han llegado al juzgado. En uno de ellos, fechado el pasado 30 de septiembre, el empresario alega que "no ha dispuesto ni ha incorporado" para "sí mismo" los 2,5 millones de euros que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que ejercía en pandemia como órgano de contratación del consistorio de la capital, abonó en dos pagos a Sinclair&Wilde LTD. De esa cantidad, expone, él "recibió" por su "intermediación y trabajo" dirigido a proveer las mascarillas 205.694,37 dólares, equivalentes a 175.462,23 euros en base al tipo de cambio diario del conversor de divisas del Banco de España a fecha 29 de septiembre.

El resto, asegura, se destinó "a proveedores, intermediarios, transporte y demás costes". Algo que intenta acreditar con los datos de la cuenta donde el Ayuntamiento de Madrid ingresó los 2,5 millones. Abierta en noviembre de 2017 a nombre de Sinclair&Wilde, la misma registró solo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 un total de 79 movimientos, según los documentos aportados a la causa a través de una comisión rogatoria. De ellos, 61 fueron salidas de fondos, por un total de 4,4 millones de dólares –unos 4 millones de euros al cambio de la época–. Y 18 fueron ingresos, por un montante de 4,24 millones de dólares –unos 3,9 millones de euros al cambio de la época–.

En su escrito, el empresario relaciona hasta once millones con la compraventa de las mascarillas. Así, por ejemplo, recoge una transferencia de 945.000 dólares a Victorian Linen & Craft como proveedor y otra de 540.000 dólares a un "proveedor turco". El cuadro aportado también incluye otras cuatro en concepto de transporte, dos por asesoramiento legal y tres más en concepto de "intermediación". Entre ellas se encuentra un pago de 33.549 dólares –30.000 euros al cambio– a una cuenta bancaria española, un movimiento sobre el que el magistrado ya puso en su día la lupa. El beneficiario, un tal Said A.

Javier Martínez Peromingo, ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza y sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en su declaración como investigado que dichos protocolos “fueron discriminatorios”. En su comparecencia, Peromingo, al igual que hizo cuando compareció como testigo, ha incriminado a Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, como principal responsable. Además, ha afirmado que las residencias de la Comunidad de Madrid no estaban medicalizadas en esa primera ola de la pandemia en la que murieron 7291 personas. No obstante, la defensa cree que estuvo implicado y que formó parte de “esta acción colectiva”.

Solo uno de los tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso vinculados a las muertes en las residencias, junto al geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha acudido a su declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción 23 de Plaza de Castilla. Los otros dos investigados, Carlos Mur y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, no han comparecido debido a que el juzgado alega que no han podido ser citados al no haber sido posible contactar con ellos. 

Ante la incomparecencia de los dos exdirectivos, la abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, asegura que elevará a la jueza dos órdenes de busca y captura para que tanto Busca como Mur "no puedan seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlándose del dolor de las víctimas". No obstante, Jacinto ha querido incidir en que no se ha podido localizar a estas dos personas, pero que Busca está trabajando en el Gobierno Vasco y Mur sigue ejerciendo la medicina.

La sesión ha avanzado con nuevos detalles sobre cómo se aplicaron aquellos criterios durante la primera ola. Según la acusación, Peromingo ha explicado también ante la jueza que las objeciones que trasladó a Mur —por escrito, por correo y por mensajes telefónicos— nunca derivaron en una modificación sustancial del funcionamiento real del sistema, que siguió impidiendo derivaciones hospitalarias en miles de casos. Sin embargo, la abogada sostiene que esos reparos formales no pueden ocultar su responsabilidad: "Reconoce que participó en la redacción de las distintas versiones y que se mantuvo en el cargo mientras el protocolo se ejecutaba. Sin su intervención, esos documentos no habrían tenido forma ni aplicación".

También ha declarado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, encargado del triaje telefónico con varias residencias. Su testimonio ha resultado "especialmente preocupante", según la acusación, ya que ha afirmado no haber recibido instrucciones directas más allá de criterios clínicos generales y no pudo detallar ni el estado en el que se encontraba la víctima cuya muerte dio origen a esta causa. Para Jacinto, ese vacío es significativo debido a que "cuando ni siquiera se conoce el diagnóstico exacto, es imposible justificar que no se derivase a un paciente que lo necesitaba".

A las puertas del juzgado, las familias de las víctimas también han seguido cada paso de la jornada judicial. Entre ellas, Ángela Armingol, hija del residente cuya muerte se investiga, exige que la investigación debe llegar a los puestos más altos del Gobierno madrileño. "Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos", denuncia. La portavoz de Marea de Residencias, Carmen Ruiz, también ha subrayado lo que está en juego esta semana. "Hoy hemos conseguido avanzar, pero llevamos cinco años luchando contra retrasos, archivos y maniobras procesales", añade. "Lo importante es que por fin se le ha preguntado al menos a uno de ellos de una vez quién tomó las decisiones y por qué se dejó morir a miles de personas sin acceso a un hospital".

La ausencia de Carlos Mur —y también la de Pablo Busca— no ha sorprendido a las familias, pero sí ha aumentado la indignación acumulada. Se trata ya de la tercera ocasión en la que el ex director general evita declarar como investigado, después de dos intentos fallidos en primavera que dejaron a las víctimas sin respuestas. En mayo, la vista prevista se suspendió en el mismo día porque las defensas alegaron no haber recibido toda la documentación del procedimiento, una incidencia que las familias consideran "planificada" para retrasar la causa. Apenas un mes después, en junio, otro juzgado —el número 6 de Leganés— anunció su inhibición en favor del Juzgado 3 de Madrid justo antes de los interrogatorios. En este último caso, el juzgado asegura que no ha logrado localizar ni a Mur ni a Busca. Para Jacinto, esta situación “resulta insostenible” y afirma que “no estamos ante personas ilocalizables” y que “las instituciones no hacen lo suficiente para obligarles a dar la cara”.

La situación se enmaraña aún más por el enfrentamiento entre las propias defensas. La de Martínez Peromingo reclama desde hace más de un año que todas las causas —más de noventa— se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 3, lo que abriría la puerta a una macrocausa. La defensa de Mur defiende lo contrario, es decir, que cada procedimiento permanezca en el juzgado del territorio donde residía la víctima, lo que consolidaría la absoluta dispersión actual.

La Audiencia Provincial deberá resolver en los próximos meses si unifica las causas o mantiene el laberinto judicial. En paralelo, este miércoles vuelven a estar citados los tres ex altos cargos en Collado Villalba por la querella de un familiar de una residente del centro de Sanitas Torrelodones. Las familias no saben si, esta vez, la Justicia logrará que comparezcan los tres citados que ya están imputados en ocho procedimientos. 

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad grave e históricamente mortal en gatos, causada por un coronavirus. Se comporta en muchos aspectos como las infecciones graves por este tipo de virus en humanos, con inflamación generalizada y disfunción inmunitaria crónica.

Un equipo de la Universidad de California en Davis (EEUU) ha desarrollado una terapia celular que, en combinación con fármacos antivirales, ayuda al sistema inmunitario de los gatos a recuperarse y reducir la inflamación sistémica. Los detalles de la investigación se publican en STEM CELLS Translational Medicine.

Según los investigadores, este hallazgo, además de avanzar en el tratamiento de gatos con PIF, ayuda a comprender mejor virus similares en humanos, como es el caso del covid persistente.

“Aunque la PIF es específica de los gatos, los paralelismos entre esta enfermedad y las infecciones graves por coronavirus en humanos como el covid son sorprendentes”, dice a SINC Amir Kol, investigador de la UC Davis y autor principal del estudio. “Esto le confiere un valor único para explorar posibles tratamientos que puedan servir de base a la medicina humana”.

El coronavirus felino infecta las células que recubren los intestinos del gato y, en general, solo causa problemas estomacales leves. Pero en algunos gatos, una mezcla de factores genéticos y ambientales puede alterar el comportamiento del virus, permitiéndole infectar las células inmunitarias y propagarse por todo el organismo.

Así, el virus puede convertirse en PIF húmeda, en la que se acumula líquido en el pecho o el vientre, o en seca, en la que no se acumula líquido, pero la inflamación sigue afectando a los órganos. Ambos tipos de peritonitis felina provocan fiebre, inflamación generalizada, problemas en múltiples órganos y una disminución de células inmunitarias importantes. Se calcula que afecta a alrededor del 2 % de los gatos, sobre todo a los gatos jóvenes de refugios o criaderos.

Aunque existe un antiviral que cura a una mayoría de los gatos, llamado GS-441524, el equipo de la universidad estadounidense observó que algunos seguían teniendo ganglios linfáticos agrandados después del tratamiento, lo que ocurre cuando parte del sistema inmunitario sigue activo. Es decir, incluso después de que los gatos se recuperasen, su sistema inmunitario seguía trabajando horas extras, de forma similar a como algunas personas experimentan covid persistente después de recuperarse.

“A pesar de que se trate la infección con antivirales, a menudo el sistema inmunitario no vuelve a la normalidad o a donde estaba antes de la infección”, explica Amir Kol, investigador de la UC Davis y autor principal del estudio.

Por eso, el equipo diseñó una terapia que combina fármacos antivirales y células estromales mesenquimales (MSC, por sus siglas en inglés), un tipo de células madre adultas que se encuentran en tejidos como la médula ósea y son capaces de generar células de diferentes tipos. En el ensayo, un grupo de felinos que estaban enfermos previamente recibió la terapia y otro placebo. 

“Como era de esperar, todos los gatos sobrevivieron porque el tratamiento antivírico es eficaz para eliminar el virus”, afirma Kol. “Pero definitivamente vimos evidencias de recuperación inmunológica en aquellos gatos que fueron tratados con MSC en comparación con los que no”.

Los autores descubrieron que los gatos tratados tenían menos células inmunitarias T y B excesivamente activas (que pueden causar sobrecarga del sistema inmunitario) y más células T reguladoras (que ayudan a calmarlo). Otras pruebas confirmaron que esta terapia ayuda a las células inmunitarias agotadas a recuperarse y, posiblemente, a formar células de memoria a largo plazo que protejan al organismo en el futuro. Así, el tratamiento se consideró seguro y sin efectos secundarios graves.

El trabajo apunta a que este hallazgo no solo es importante en el tratamiento de gatos con PIF, sino que revela posibles vías de tratamiento para el covid persistente, que tiene un mecanismo similar.

“Es importante comprender que muchos animales de compañía padecen enfermedades similares a las humanas”, dice Kol. “La medicina veterinaria es una plataforma maravillosa para llevar a cabo ciencia traslacional que ayude tanto a las mascotas como a los humanos”.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos de la Vergüenza. Ni en el presunto responsable del plan de choque que incluyó una medicalización que no se produjo. Ni en el responsable del Summa 112 o en los geriatras de enlace. Si en aquellos meses de marzo y abril de 2020 realmente se cometió un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios la orden tuvo que llegar desde instancias superiores, entienden. Por ahora, no han sido pocos los que han apuntado en este sentido a un nombre propio: el de Enrique Ruiz Escudero.

Este martes lo hizo el exasesor de Ayuso Antonio Burgueño. Pasaban pocos minutos de las 11.30 de la mañana cuando apareció, abriéndose paso entre una nube de periodistas, para acudir a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Fue su jueza titular, María Pilar Esteban Pellicer, la que le había citado en el marco de una querella presentada por dos mujeres que habían perdido a dos familiares durante lo peor del covid en la residencia Los Frailes. Las dos lo hicieron en las mismas condiciones: con una asistencia sanitaria que o bien llegó tarde o, directamente, no llegó. Ni dentro ni fuera del geriátrico. "Tendríamos que haber revisado científicamente la epidemia", dijo Burgueño a preguntas de los medios.

Una vez en la sala, y frente a la jueza, su declaración no duró mucho más tiempo. La Fiscalía interrumpió su relato porque el papel que según estaba narrando había jugado en las primeras semanas de marzo apuntaban a que el exasesor debía declarar en la causa como imputado, no como testigo. La decisión por ahora no se ha tomado, pero en caso de producirse sería la segunda vez que es llamado como investigado, puesto que ya le ocurrió la semana pasada, en el marco de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 3. Concretamente, esa causa parte de una petición de repertura de la Fiscalía Provincial de Madrid, que recibió parte —53— de los casos en los que se dividió la macrodenuncia que 109 familiares presentaron ante el Ministerio Público el pasado mes de octubre.

Según lo poco que le dio tiempo a narrar a Burgueño, fue la propia presidenta madrileña la que le llamó por teléfono el 10 de marzo para convocarle a una reunión que tuvo lugar sólo 24 horas más tarde. A la cita de aquel día 11 acudieron, además de ellos dos, el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha detallado el abogado de las familias presente en la declaración, Carlos Castillo, Burgueño especificó que en aquel encuentro propuso la creación de un mando único sanitario liderado por Ayuso pero del que él era responsable nominal, nunca de manera oficial o formal. Fue ahí cuando se cortó su declaración.

En cualquier caso, no era esta la primera vez que el exasesor hablaba de aquella reunión. En la breve comisión de investigación que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, aseguró que aquel día trasladó a los presentes que había que hacer "un plan" y que presentó un documento con "270 puntos" de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Utilizó entonces la palabra "medicalización", pero no fue la primera vez que lo hacía. Tampoco llegó a producirse nunca. "No se llevó a cabo", dijo, en una entrevista en El País. En cualquier caso, Escudero estuvo presente. Y tuvo conocimiento de todo lo que se habló entonces.

La macrodenuncia que apuntó por primera vez a la vía del delito de denegación de asistencia santiaria por motivos discriminatorios explicaba claramente que ese supuesto abandono se había producido por la confluencia de varias decisiones que habían derivado en 7291 fallecimientos sólo entre los meses de marzo y abril de 2020. Por un lado, la no medicalización de las residencias; pero por otro, también, la existencia de unos protocolos que incluían literalmente criterios de exclusión y que impedían que los mayores que vivían en residencias y tuviesen un deterioro físico o cognitivo fueran trasladados a los hospitales, tuvieran o no covid.

Para explicar cómo se aprobaron y su funcionamiento, junto a Burgueño acudió también este martes a declarar a Leganés el que entonces fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Fue recibido y despedido con los aplausos de los familiares que le esperaban a las puertas del juzgado, y en declaraciones a los medios detalló que había explicado lo mismo de siempre: que los Protocolos de la Vergüenza eran discriminatorios y que así lo trasladó a sus compañeros de Gobierno. En concreto, el exconsejero ha confirmado que los documentos fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y que establecieron un sistema de geriatras de enlace, que hasta ese momento no había existido.

Y al igual que Burgueño, apuntó a Escudero. En concreto, Reyero ha señalado que el 21 de marzo se dirigió a él —los protocolos se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo— y al propio Mur para decirles que si esas órdenes se aplicaban los mayores que vivían en las residencias morirían "de forma indigna".

Además, y según consta en la macrodenuncia, de más de 160 páginas, la Consejería de Sanidad en manos de Escudero conocía de primera mano el estado de las residencias prácticamente a tiempo real. La de Políticas Sociales, que dirigió Reyero hasta octubre de 2020, elaboraba dos excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Día a día recopilaba información detallada que recibían, entre otros, en Sanidad. Y entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro.  

En esta misma causa acudirán el próximo 17 de junio, pero en calidad de imputados, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y respectivos firmante y autor de los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el director del Summa 112 en el momento en el que sucedieron los hechos, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los dos primeros, además, ya acudieron como investigados en la primera causa abierta por el mismo delito en Madrid, pero consiguieron aplazar su declaración porque sus abogados argumentaron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente con suficiente antelación y que, por tanto, no habían podido preparar su defensa.

Habrá que esperar a ver si la estrategia del próximo día 17 pasa por lo mismo, pero en cualquier caso no será en ningún caso esa la primera vez que Mur se explique ante un juez. Las otras vecez que lo ha hecho, siempre como testigo, ha sido claro: firmó los protocolos, pero le trasladó siempre a Escudero su oposición a los mismos.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2023, en el marco de la investigación de cuatro delitos —homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva— presuntamente cometidos tras el fallecimiento de tres residentes del centro DomusVi Albufera. Entonces, Mur fue claro. Según aseguró ante el juez, él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", dándoles así una guía homogénea para aplicar. A preguntas entonces del abogado de Marea de Residencias —la asociación detrás de la causa— admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad.

Dos años antes, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, aseguró que el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que los ancianos que no podían ser derivados fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Textualmente, señaló, "se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados".

Mur fue apartado de su cargo en mayo de 2020 y le sustituyó Peromingo, hasta ese momento geriatra de hospitales de Quirón, una de las principales concesionarias de la sanidad madrileña. Actualmente, además, es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital, también, de Quirón.

En cualquier caso, en el supuesto de que alguna causa elevara la responsabilidad de la posible discriminación sanitaria en las residencias de mayores, a Escudero sólo lo podría investigar el Tribunal Supremo, puesto que está aforado como senador por designación autonómica.

"Son ya nuestros viernes blancos", reconoce a infoLibre Carmen López de Marea de Residencias. Con estas palabras hace referencia a que por segunda semana consecutiva se ha producido una imputación de ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que cerca aún más a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. "Es una buena noticia que otro juzgado se sume a investigar lo que sucedió en estos centros durante el covid", asegura Alejandra Jacinto, una de los tres abogados de las asociaciones de víctimas. Más de cinco años después de que se aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a las personas con mayor grado de dependencia física o con mayor deterioro cognitivo, la justicia sigue dando pasos para arrojar algo de luz ante la ilusión de unos familiares que llevan un lustro de lucha en las calles, en las instituciones y en los tribunales, y que ven con esperanza esta nueva fase judicial.

Una nueva fase que se inició hace justo siete días. El pasado viernes 23 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a tres ex altos cargos del Gobierno Ayuso. Una semana después, es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés el que mueve ficha y abre una segunda causa judicial contra dos de ellos: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante del Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria, ni fuera ni dentro del geriátrico.

En total, tal y como explica Carmen López, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia que 109 familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra, aunque no todas se han podido materializar por diferentes motivos. A ellas se suman otras cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente.

Tanto Carlos Castillo como Alejandra Jacinto, que forman parte del equipo de la acusación junto a Eduardo Ranz, en conversación con infoLibre coinciden en que es probable que muchos más juzgados actúen de forma similar y sigan el ejemplo de Madrid y Leganés. "No es descartable que se vaya produciendo a cuentagotas nuevas imputaciones", apunta Jacinto. La duda a estas alturas del equipo jurídico de la acusación es si habrá un proceso de unidad de todas las denuncias y que confluyan en una misma causa o si seguirán individualmente. 

Por ahora, lo que se sabe es que la causa que se abre ahora en Leganés es una de esas cinco denuncias independientes interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y han provocado que el próximo 17 de junio Mur y Permingo estén citados a declarar como imputados. Junto a ellos, también acudirán como imputados el director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Según detalla Marea de Residencias en una nota de prensa, el juzgado de Leganés imputa a Carlos Mur por ser el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del ser el encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

Si finalmente declaran como imputados el 17 de junio será la primera vez que lo hagan por las muertes en residencias. El pasado lunes, sus defensas lograron un aplazamiento de la declaración en Plaza de Castilla alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha quedó pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".

"El planteamiento de no declarar el lunes fue una maniobra dilatoria y absurda. No van a conseguir que prescriba. Es aplazar lo inaplazable", reconoce Jacinto. Eso sí, la abogada no se atreve a adelantar si intentarán repetir la jugada el próximo día 17: "No sabemos por dónde va a salir".

Tanto Marea de Residencias como 7291 Verdad y Justicia ya apuntaron, tras las primeras imputaciones, que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo. Ambas asociaciones solicitan, en línea con lo que ya indicaron en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso. "No es entendible que altos cargos de la consejería tomasen este tipo de decisiones por su cuenta y riesgo", asegura Alejandra Jacinto que señala que "no es descartable que pueda imputarse" al exconsejero. En estos momentos, Ruiz Escudero es senador por designación de la Asamblea de Madrid, por lo que está aforado y tendría que asumir su causa el Tribunal Supremo.

Actualmente, Mur trabaja como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.

Por su parte, la imputación del entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, se produce porque las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Y, por ello, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, responsable de aplicar los protocolos en este centro público.

El juez deja fuera en esta ocasión a Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y que sí fue citado como imputado en la causa que lleva el juzgado de Plaza de Castilla. En cambio, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está llamado ahora para declarar como testigo en esta causa.

Y eso a pesar de que sería el único que habría cometido presuntamente el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.

Burgueño declarará en esta causa el próximo martes 3 de junio. No será el único. Ese mismo día también está citado como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

Será la cuarta vez que acuda ante un juez para explicar qué sucedió en las residencias madrileñas. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo prácticamente repetirá el próximo martes en el juzgado de Leganés. "Voy a contar lo mismo que llevo contando los últimos cinco años. Es una comparecencia muy reiterativa", confiesa en conversación con infoLibre.

También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.

Con dos fechas marcadas ya en rojo para los familiares de las víctimas de residencias y a la espera de conocer cuándo será la declaración en Plaza de Castilla, lo que está claro es que estas dos nuevas imputaciones de ex altos cargo de Ayuso acorralan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y así lo apuntó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que señaló que la justicia está "cercando" a la líder regional por su gestión "inhumana" y "negligente" de las residencias durante la pandemia. Aunque desde la Puerta del Sol no lo ven así.

Es más, este mismo viernes, después de conocerse las nuevas imputaciones, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, volvió a sacar el argumentario para el tema de las residencias. Vaticina que las dos causas volverán a ser archivadas, que no hay "ninguna novedad", que no había ningún protocolo y que el Ejecutivo regional y sus profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia". "Cuando dicen que se van a cerrar, ¿por qué lo dicen? ¿Ya han hablado con el juez o tienen una bolita de cristal?", asegura Carmen López.

Además, el portavoz de Ayuso volvió a atacar a las víctimas asegurando que "la izquierda" miente porque sí que existieron "más de 11.000 derivaciones" de residencias a hospitales y que "quieren volver a utilizar el dolor de las familias, retorcerlo para utilizarlo políticamente, porque no tienen argumentos". Desde Marea de Residencias recuerdan al portavoz que ellos no son la izquierda: "Somos un movimiento social que surge antes de la pandemia para luchar por unas residencias públicas de calidad gobierne quien gobierne. Les puede parecer que somos de izquierdas porque luchamos por lo público, pero no estamos adscritos a ningún partido".

Con respecto al tema del dolor de las víctimas, una carta que siempre saca a colación el Gobierno de Ayuso, Carmen López insiste en que es "su" dolor y que ella lo utiliza como quiere. "Nadie nos puede decir cuándo vamos a pasar página, lo decidiremos nosotros. Por desgracia para ellos, no vamos a dejar pasar este duelo sin que se diriman responsabilidades", asegura.

Ya el viernes pasado, Ayuso señaló que estas imputaciones responden a "un cambio de criterio" de la Fiscalía porque la causa estaba "archivada desde hace tres años". "Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es informarse bien", señala Jacinto que, insiste, preguntada por estas declaraciones de Ayuso, que ambas causas responden a un delito que no se ha investigado. 

Para Marea de Residencias, todas estas declaraciones y su actitud con respecto a la gestión de las residencias deja al Gobierno regional "a la altura del betún": "Parecen gobernantes de un país bananero, como diría la propia Ayuso". Aunque, a Carmen López ya no le extraña este comportamiento porque ha sido así "desde el primer momento" y recuerda que "cerraron con los votos del Vox la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid".

Más de cinco años después, la justicia continúa cercando a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. Si hace justo una semana el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este viernes un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante de los Protocolos de la Vergüenza que bloquearon la derivación al hospital de miles de residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria, según desveló infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria. Ni fuera ni dentro del geriátrico.

Carlos Mur fue el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

En esta causa también han sido imputados el entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, ya que, según explica en una nota Marea de Residencias, las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Por eso, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Las declaraciones de los cuatro querellados están previstas para el 17 de junio.

En el marco de este procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10 horas. Entre ellos se encuentra Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

Ese mismo día también testificará Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia. El que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está en la otra causa imputado.

También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés deriva de una querella interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y estas son las primeras diligencias. En cambio, el procedimiento de hace una semana parte de la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra. La Fiscalía la envío a los juzgados que tenían causas abiertas con anterioridad y lo que hizo el Juzgado de Instrucción número 3 Madrid fue reabrir la causa el pasado 1 de abril después de que fuese archivado en su día de forma provisional.

No obstante, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

La apertura de esta nueva causa llega en la misma semana que se ha producido el intento de declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Sus defensas fueron claras y actuaron al unísono: pidieron un aplazamiento de la declaración alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha, además, ha quedado pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".

Tras conocerse estas nuevas imputaciones, una de las primeras reacciones llegó por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. A preguntas de los periodistas antes de reunirse con mandos de la Guardia Civil en el puesto de Colmenar Viejo, señaló que la justicia está "cercando" a Ayuso por su gestión "negligente" de las residencias. Además, pidió que la presidenta madrileña “dé explicaciones y rinda cuentas".

Posteriormente, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, vaticinó que las dos causas judiciales abiertas volverán a ser archivadas. En declaraciones a los medios tras participar en un acto este viernes en la Real Casa de Postas, subrayó que "no hay ninguna novedad" y que todos los casos que trata de judicializar la izquierda "todos han acabado archivados" porque la Comunidad de Madrid y los profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia".

El portavoz de Ayuso también aseguró que la izquierda "miente" al decir que se implantaron estos protocolos ya que se realizaron más de 11.000 derivaciones. "La izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias, retorcer el dolor para utilizarlo políticamente, porque no tiene argumento", ha denunciado. 

Los familiares de las víctimas de la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores llevan cinco años luchando, pero desde hace meses lo hacen contrarreloj. La última vía judicial que abrieron para investigar lo que sucedió durante los peores meses de la pandemia llegó a los juzgados prácticamente sobre la bocina y eso consiguió retrasar una prescripción que, en muchos casos, era inminente. Meses después de aquello, sólo el Juzgado de Instrucción número 3 ha movido ficha, imputando a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de entonces. ¿En qué situación queda ahora la prescripción de las muertes?

Estaba previsto que fuera a las 12.30 horas de este lunes cuando, por primera vez, tres ex altos cargos acudieran a declarar en forma de investigados. Se trataba de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmante y autor respectivamente de los Protocolos de la Vergüenza, y Antonio Burgueño, encargado de realizar un plan de medicalización de los centros de mayores que jamás se llevó a cabo. Sin embargo, tan sólo habían pasado cuatro minutos de la hora estipulada cuando la noticia cayó como una losa sobre los familiares de las víctimas que se concentraban en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla: la declaración quedaba suspendida.

Según explicaron los abogados de las organizaciones de familiares, las defensas de los tres hombres consideraban que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente, por lo que apenas habían tenido tiempo para preparar la defensa. Sin embargo, y según defendieron ante las puertas de los juzgados los abogados Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, el movimiento no era más que una "estrategia dilatoria" para "evitar lo que las víctimas reclaman, que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo", defendió Ranz. 

Sin embargo, la maniobra no tendría demasiado sentido, explica Jacinto, teniendo en cuenta que los tres imputados van a tener que declarar igualmente y no van a lograr, en ningún caso, la prescripción. Una afirmación que, de todas formas, sirve exclusivamente para este caso concreto. De momento, para ningún otro.

Los presuntos delitos por los que iban a declarar este lunes —algo que finalmente acabarán haciendo en una fecha que los abogados de las víctimas estiman antes de verano— se enmarcan en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. En este caso, por vivir en una residencia de mayores y tener un deterioro físico o cognitivo. No hacía falta tener covid, puesto que los "criterios de exclusión" que marcaban esos Protocolos de la Vergüenza se basaba, únicamente, en las otras dos condiciones.

Fueron 109 los familiares que en octubre lo denunciaron y lo hicieron en representación de 115 mayores, 111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020. Los otros cuatro sí pudieron ser tratados por los servicios sanitarios, pero en todo caso de forma demasiado tardía. El delito que el centenar de víctimas llevaron ante la Fiscalía Superior de Madrid prescribe a los cinco años de haberse cometido, por lo que en principio iba a ser hace un par de meses cuando todo se quedara para siempre en un cajón. En concreto entre marzo y abril, en función de la fecha de fallecimiento —o de hospitalización, en el caso de los que no fallecieron.

Sin embargo, un mes después de tenerlo sobre la mesa, la fiscal superior Almudena Lastra decidió declararse incompetente y dividir y repartir las causas entre varias fiscalías que tomaron declaración a los denunciantes, muchos de los cuales fueron escuchados por primera vez por la justicia. Fue entonces cuando el Ministerio Público interpuso denuncias nuevas o pidió reabrir otras tantas —como la relativa al caso que se iba a dirimir este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3—. En este contexto, varios particulares se sumaron a esta acción y presentaron también sus propias denuncias. En ese momento, el plazo de prescripción de los casos de todas esas muertes se vio ampliado en seis meses.

Ahora bien, el condicionante es que en ese periodo el juez debe dirigir la investigación. Es decir, tomar alguna decisión como la que adoptó la titular Isabel Durántez. Por eso esa muerte en concreto está paralizada. Y por eso el resto tienen hasta septiembre u octubre para esquivar la prescripción del posible delito, como detalla desde el otro lado del teléfono a Infolibre Alejandra Jacinto.

En total, y según la información que ofrecieron las familias la semana pasada, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya están en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por esas víctimas que han visto rechazada su querella.

Las organizaciones de familiares, en cualquier caso, seguirán luchando. Lo expresaron así también sus letrados, después de la suspensión de la declaración de los ex altos cargos de Ayuso. "Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", señaló Jacinto a las puertas de los juzgados. "Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7291 discriminaciones no van a quedar impunes", añadió Eduardo Ranz.

Por su parte, las organizaciones de familiares 7291 Verdad y Justicia y Pladigmare han convocado un acto para este domingo 1 de junio en la plaza Juan Goytisolo de Madrid, frente al Museo Reina Sofía. El objetivo, según explicaron en rueda de prensa, es rendir homenaje a todos los fallecidos y reclamar verdad, justicia y reparación. Lo harán, además, con el apoyo de víctimas de la dana de la Comunitat Valenciana, con las que se sienten, dicen, íntimamente ligados.

Que tiren de la manta. Que expliquen quién les dio la orden. Que el día de hoy, en definitiva, sea un punto de inflexión. Familiares de víctimas de residencias han pedido este lunes que la primera imputación de ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no se quede, ni mucho menos, aquí. Lo han dicho frente a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, donde este lunes por la mañana declararán como investigados por primera vez ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. En concreto, acudirán Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, los que fueron directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante, respectivamente, de los Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales de los mayores usuarios de residencias de la región.

Además, también está previsto que declare Antonio Burgueño, que fue nombrado responsable de la medicalización de los centros de mayores, algo que jamás se produjo y dijo, de hecho, el propio Mur ante el juez, en una de las ocasiones que fue llamado a declarar como testigo.

“Llegamos con la ilusión de que por primera vez en cinco años se haya dado un paso como este, pero necesitamos que los tres imputados nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel”, ha dicho María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. “Esperamos que sepan apuntar a quienes estuvieron por encima de ellos, que solo fueron brazos ejecutores”, ha añadido Carmen López, de Marea de Residencias.

La citación tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se produce meses después de que más de un centenar de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, un tipo penal contemplado en el artículo 511. El pasado mes de marzo, después de que varias fiscalías tomasen declaración a los denunciantes, la Provincial de Madrid pidió investigar a los “autores intelectuales” de los Protocolos de la Vergüenza identificados en la denuncia. Es decir, Mur y Peromingo.

Por el momento, esta es la única citación de un juzgado que ha seguido esa orden.

Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, se ha referido horas antes a la declaración, poniendo en duda la actuación de la Fiscalía. “¿No querían investigar y ahora sí?”, se ha preguntado, durante una entrevista en Telecinco en la que ha recordado además los múltiples archivos de otras denuncias o querellas.

Sin embargo, ha obviado explicar que los archivos se han producido hasta ahora por otros delitos diferentes como omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. “La Comunidad de Madrid está muy tranquila y yo también”, ha sentenciado el líder conservador.

Los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, declaran este lunes como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia, según recoge EFE. Es la primera vez que la justicia imputa cargos del Ejecutivo madrileño por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria.

Los tres comparecerán en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, los dos primeros considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño como encargado de elaborar el plan de choque anunciado por el Gobierno regional.

Mientras se lleven a cabo sus declaraciones, en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla se manifestarán familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

PSOE, Más Madrid y Podemos han abogado por que se haga "justicia" para los mayores fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la covid, y han apuntado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como máxima responsable de las muertes, a la que Podemos, incluso, pide ver en la cárcel.

La izquierda ha agradecido a los familiares de los ancianos fallecidos que hayan perseverado en poner ante el juez a los responsables de los protocolos que impidieron su derivación a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, como desveló infoLibre.

Precisamente este lunes declararán Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid: los dos primeros considerados autores de los protocolos y Burgueño como encargado de elaborar el plan de choque para medicalizar las residencias anunciado por el Gobierno regional pero que nunca llegó a cumplirse.

Durante su participación este domingo en una manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, la portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha recordado a las 7291 víctimas de las residencias para las que ha pedido “justicia, verdad y reparación”.

Maroto, no obstante, ha subrayado que la declaración de Mur, Martínez y Burgueño "no es suficiente" porque son el "penúltimo eslabón" en la cadena de los Protocolos de la Vergüenza, y que en realidad el último eslabón de todos "acaba en el ático de Chamberí", en referencia al piso en el que viven Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.

En la misma línea, la eurodiputada de Podemos Irene Montero también ha agradecido a los familiares de fallecidos en las residencias que sigan luchando para que esas muertes "no queden en la impunidad" a pesar de "todas las trabas y de toda la protección judicial y mediática que existe en torno al Partido Popular y a la señora Ayuso".

"Ahora se ve claramente que hay responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la muerte de esas 7291 personas que no iban a morir igual. Y creo que eso demuestra que la señora Ayuso ejerció una gestión criminal y que donde tiene que estar es en prisión, rindiendo cuentas", y no en la presidencia del Gobierno regional.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recalcado que los familiares de los ancianos "tienen toda la dignidad que le falta a Ayuso", y ha anunciado que al margen de la declaración que hagan los tres altos cargos este lunes en el juzgado su grupo va a pedir que comparezcan en el Parlamento regional para que también den explicaciones allí.

Bergerot ha insistido en que Ayuso gobierna "desde la crueldad" porque en todos estos años "no solo no ha escuchado ni recibido" a las familias de las víctimas, sino que les ha puesto "en la diana de los insultos, retorciendo su dolor".

Por eso Más Madrid ha reiterado su apoyo a los familiares que han logrado la imputación de los tres excargos, y exigirá garantías de que una situación así no se vuelva a repetir y que se cambie un modelo "que a día de hoy sigue vigente en el cuidado de mayores".

El doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, también declarará como investigado el próximo lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia de la covid. 

Burgueño comparecerá ante el juez como investigado, al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considerados los autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. 

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. 

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

En coincidencia con estas declaraciones, Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) han convocado una concentración desde las 11:00 horas frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en defensa de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares.

Descuelgan el teléfono dando un suspiro. Es una mezcla de alivio, de alegría, pero también de cansancio. Las familias de los ancianos que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia sabían que cuando pudieran dar una noticia como la que dieron este viernes sus teléfonos no dejarían de sonar ni un segundo. Pero no imaginaban tantísima repercusión. "Ni siquiera he podido comer todavía", confiesa entre risas María Jesús Valero, de 7291 Verdad y Justicia, al filo de las 16 horas de la tarde. Tampoco le importa demasiado. La sonrisa se le adivina desde el otro lado del teléfono: "Después de cinco años, hoy sentimos muchísima alegría".

Afirma sin titubear que el de este 23 de mayo es el paso "más grande" que han conseguido después de un lustro de lucha. Han visto en multitud de ocasiones cómo las querellas que interponían por la muerte de sus familiares sin asistencia sanitaria eran archivadas —muchas veces, incluso, sin haber tenido oportunidad de explicarse ante un juez—. También han escuchado cómo se minimizaba su sufrimiento, han soportado mentiras e, incluso, recibido insultos por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de propaganda. "Nos han dicho de todo. Hemos soportado vejaciones y barbaridades de todo tipo", recuerda Valero. Sin embargo, este viernes han podido olvidarlas todas.

A primera hora de la mañana su organización enviaba, junto a Marea de Residencias, el comunicado más esperanzador de todos estos años. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid había decidido imputar por primera a ex altos cargos del Gobierno conservador de Ayuso. En concreto, a los que fueron directores de Coordinación Sociosanitaria durante lo peor de la pandemia, Carlos Mur y Francisco José Martínez Peromingo, y al autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, Antonio Burgueño. Será el próximo 26 de mayo cuando los tres acudan a los juzgados de Plaza Castilla. Y cuando, esperan al menos las organizaciones de familiares, apunten al resto de responsables políticos que decidieron dejar sin asistencia sanitaria a miles de ancianos.

"Yo siempre digo lo mismo: esta es una noticia que nos da mucha alegría y esperanza, pero también queremos ser prudentes. Tenemos muchísima experiencia, llevamos años de lucha y tampoco queremos echar las campanas al vuelo demasiado rápido", se apresura a responder Carmen López, de Marea de Residencias, nada más descolgar su móvil. También sonríe, pero trata de convencerse a sí misma mientras pronuncia esas palabras. Todavía queda camino por recorrer. "Es sólo un primer paso", insiste.

Cuando estas dos organizaciones presentaron ante la Fiscalía Superior de Madrid la macrodenuncia que ha dado pie a esta imputación señalaron lo mismo. En el documento, de más de 160 páginas, apuntaban a la posible comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios cometido, al menos, por 29 personas: las tres que ahora han sido imputadas, Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.

Sin embargo, ya entonces especificaron que estas sólo eran las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Pero pedían seguir investigando y hacerlo, además, hacia arriba. Según creen ahora, este paso es importante para conseguirlo. "Mur y Peromingo ya han declarado en los juzgados, pero hasta ahora siempre lo han hecho como testigos. Quizás ahora, como investigados, digan cosas que habían callado", sostiene López. "Hay que apuntar ahora a cargos más altos, porque no solo estuvieron implicados estos dos señores, hay mucha más gente detrás que tendrá que esclarecer lo que pasó", añade Valero.

Esperan, en cualquier caso, que esta decisión sea tan sólo un precedente. Y que venga acompañada de muchas otras similares. Según han informado las organizaciones, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito de discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar.

La decisión que ha tomado por tanto ahora el Juzgado de Instrucción número 3 es la única que por ahora ha seguido el criterio que marcó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de marzo, que solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia".

Si hay algo que han comprobado ahora, dice López, es que "la verdad" está de su parte. "Independientemente de lo que digan los tribunales", matiza. También, que si se tiene voluntad se puede investigar lo que ocurrió. "Esto ha demostrado que se puede imputar e investigar", celebra Valero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la decisión judicial poco después de hacerse pública, asegurando que responde a "un cambio de criterio" de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, la conservadora se limitó a decir que este asunto "estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo". En marzo, cuando la Fiscalía pidió a los jueces investigar a sus dos ex altos cargos, el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, dijo esperar que la "fiscalía de Sánchez" archivara todos los casos y diera "la razón a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas".

Las organizaciones de familiares ya saben que esa es la actitud recurrente del Ejecutivo. Y creen que de hecho ya estará preparando "la artillería" contra ellos. "Siempre que este tema vuelve empiezan a defenderse como gato panza arriba", señala López. "Cada vez que hemos hecho algo notorio nos han atacado", lamenta Valero. Por eso no creen que ahora sea diferente.

Han tenido que pasar cinco años y cientos de querellas para que los familiares de los miles de ancianos fallecidos en residencias madrileñas vean sentados ante el juez a posibles responsables de lo que pasó. El próximo lunes 26 de mayo acudirán a declarar como investigados los dos ex directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que en plena crisis sanitaria redactaron, firmaron y enviaron los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Es la primera vez que la justicia imputa a dos de los entonces altos cargos del Ejecutivo madrileño. Y es, también, un gran alivio para los familiares que llevan años de lucha. En las calles, en las instituciones y en los tribunales.

La decisión se conoció este viernes, pero se adoptó el pasado 1 de abril. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, a petición de la Fiscalía Provincial, ha reabierto una causa archivada hace casi tres años y ha llamado a declarar como investigadas a las dos personas que tuvieron una implicación directa en la elaboración de los documentos que ordenaron impedir la derivación hospitalaria de los usuarios de centros de mayores que tuvieran dependencia física o deterioro cognitivo, tuvieran o no covid. En concreto, tanto Mur como Peromingo están imputados ahora por un presunto delito contenido en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios.

La citación parte de la macrodenuncia que presentaron el pasado mes de octubre las organizaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, que actuaron en representación de 109 familiares de 115 víctimas —111 de las cuales fallecieron en los peores meses de la pandemia. En el documento, de más de 160 páginas y presentado ante la Fiscalía Superior de Madrid, apuntaban directamente a estas dos personas, pero además de ellas también pedían investigar el papel de Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo —y que acudirá también este lunes como investigado—; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.

En total, la denuncia apuntaba a 29 presuntos implicados, pero también señalaba que deberían ser más. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Por eso no señalaron a ex altos cargos del Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso que sí habían protagonizado otras querellas que no habían conseguido tener recorrido jurídico. Ni tampoco a ella misma.

Ahora bien, ¿cuál fue el papel de quienes se sentarán este lunes ante la jueza Isabel Durántez? Según señalaron las víctimas, Mur fue el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Lo hizo aunque, según señaló en la breve comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, había mostrado su "disconformidad" con los criterios utilizados para autorizar o no los traslados a los hospitales. Mur además ha declarado como testigo en varias ocasiones en sede judicial, donde ha asegurado que los protocolos eran meras instrucciones que no tenían que cumplirse de manera obligatoria.

Por su parte, Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al otro firmado por su antecesor en el cargo y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. En función de esa información, los llamados geriatras de enlace decidían si se trasladaba o no a los ancianos. Fue este, señalan los denunciantes, "el núcleo de los delitos de discriminación de los residentes por enfermedad o discapacidad". También siguiendo la estela de Mur, Martínez Peromingo ha comparecido ante el juez y ante la comisión de investigación que se conformó en el Asamblea de Madrid, ante la que sostuvo, exactamente, el mismo argumento: que no estaba de acuerdo con los criterios que impedían los traslados a los hospitales. Ni él ni la mayoría de los geriatras.

Actualmente, Mur se encuentra trabajando como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.

Burgueño, el tercer imputado, fue director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, según confirmó hasta el propio Mur. Es el único que habría cometido el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.

Los tres irán este lunes a los juzgados de Plaza Castilla, donde están citados a las 12.30 horas de la mañana como investigados. No lo hará, al menos por ahora, Pablo Busca, según confirma el abogado Carlos Castillo, del equipo jurídico de las víctimas. En cualquier caso, eso no impide que pueda ser llamado más adelante, en alguna otra de las causas que todavía se encuentran en manos de los jueces. Porque no son pocas.

Según han informado las organizaciones de familiares, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito de discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar. Según informa Castillo en conversación con infoLibre, es posible que en los próximos días se dicten citaciones similares a la conocida este viernes.

Es la única que por ahora ha seguido el criterio que marcó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de marzo. Fue este el organismo que recibió 53 de las 109 causas denunciadas —otras 13 se derivaron a la fiscalía de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. De todas ellas, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación y fue la Fiscalía la que presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados.

En todos los casos con denuncia previa —las 44 ya archivadas y las que todavía estaban en fase de instrucción— la Fiscalía solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia", que eran, precisamente, Mur y Peromingo. Según explicó el Ministerio Público, esos documentos supusieron un bloqueo del traslado a los hospitales de los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y fue una orden que nunca antes había existido y cuyos efectos cesaron cuando se superó lo peor de la crisis sanitaria. Además, "fueron muy pocas" las comunidades que aprobaron "este tipo de protocolos". Y en ningún caso fueron igual de restrictivos que en Madrid.

No obstante, la denegación sanitaria que las familias madrileñas han denunciado va más allá del Protocolo. Porque además de ese documento hubo otros factores que influyeron, y de forma determinante, en que 7291 mayores fallecieran sin recibir asistencia dentro o fuera de los geriátricos. En concreto, ni se medicalizaron las residencias, ni se envió a los ancianos al "hospital milagro" de Ifema, ni a los centros privados, ni a los hoteles medicalizados. Y así consta también en la macrodenuncia presentada en octubre.

Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la Comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales —unos 600, según la denuncia— estuvieron de baja por el contagio. Aun así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.

Ocurrió así porque, como desvela la denuncia, la mayoría de esos profesionales eran enviados al hospital de campaña de Ifema —el bautizado "hospital milagro" por Ayuso— o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros; al segundo, 351. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico.

Al poco de conocerse la noticia de la imputación de los dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso, la propia presidenta criticó que la decisión responde a "un cambio de criterio" de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, la conservadora se limitó a decir que este asunto "estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo".

Desde la oposición, en cambio, se ha celebrado ese supuesto giro del Ministerio Público. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, por ejemplo, no tardaron en mostrar satisfacción por la imputación, un "rayo de esperanza" para las familias. Por su parte, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, señalaba que cualquier paso para que las familias de las víctimas conozcan la verdad, se haga justicia y se asuman responsabilidades es "positivo". "Tenemos una deuda con la memoria de aquellas personas que fallecieron en aquellas circunstancias, en aquellas condiciones, en las residencias de la Comunidad de Madrid. Cualquier paso que se dé para hacer justicia me parece positivo", dijo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pedía además respetar el trabajo y los tiempos del juzgado de instrucción. "Vamos a dejar que el juez de instrucción adopte las diligencias que correspondan", apuntó.

Más de cinco años después, dos ex altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso serán investigados por las muertes en residencias durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como imputados para este próximo lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante de los Protocolos de la Vergüenza que bloquearon la derivación al hospital de miles de residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria, según desveló infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria. Ni fuera ni dentro del geriátrico.

La citación se produce después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya pedido reabrir una causa archivada provisionalmente hace casi tres años y se enmarca, además, en la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra. Fueron Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, quienes ahora celebran la decisión y piden a los imputados "que cuenten la verdad".

Aquel documento, de más de 160 páginas y firmado por 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron en lo peor de la pandemia—, apuntaba a la presunta comisión de un delito de denegación de la asistencia sanitaria por discriminación contenido en el artículo 511 del Código Penal. Ponían en el punto de mira, además de a Mur y Peromingo, a Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.

Esa estrategia judicial supuso abrir una nueva vía en la estrategia que habían seguido hasta entonces los familiares de las víctimas en los tribunales. En su día denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que no consiguieron prosperar en los tribunales. En octubre, y junto a la macrdenuncia, aportaron nuevas pruebas para apuntalar el posible delito discriminación. Entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza.

Cuando depositaron la denuncia en la mesa de Lastra quedaban tan sólo unos meses para que las muertes prescribieran. Aun así, y tras un mes con el proceso paralizado, la fiscal superior de Madrid se declaró incompetente y envió la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la Comunidad, que aceleraron las investigaciones ya en febrero. En concreto, 53 casos se enviaron a la Provincial, 13 a la de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. De los 53 denunciantes que correspondieron a la primera, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación y fue la Fiscalía la que presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados.

Por su parte, en los 48 casos con denuncia previa —las 44 ya archivadas y las que todavía estaban en fase de instrucción— la Fiscalía solicitó que declarasen como investigados los que consideró como "autores intelectuales" y los firmantes de los Protocolos "ya identificados en la denuncia", que eran, precisamente, Mur y Peromingo. Según explicó el Ministerio Público, esos documentos supusieron un bloqueo del traslado a los hospitales de los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo —tuvieran o no covid— y fue una orden que nunca antes había existido y cuyos efectos cesaron cuando se superó lo peor de la crisis sanitaria. Además, "fueron muy pocas" las comunidades que aprobaron "este tipo de protocolos". Y en ningún caso fueron igual de restrictivos que en Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 3 ha sido el primero que ha hecho suyas esas palabras de la Fiscalía y, siguiendo su criterio, ha llamado a declarar como investigados a esos "autores intelectuales". Sin embargo, hay otra decena de juzgados que han decidido, en cambio, mantener el archivo. En todos esos casos, los denunciantes han presentado recursos. El resto todavía no se ha pronunciado.

Por otro lado, hay otros tantos procedimientos iniciados por las propias víctimas que enviaron una querella directamente a los juzgados. En total, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por esas víctimas que han visto rechaza su querella.

En cualquier caso, las dos organizaciones de víctimas de familiares entienden que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo, por lo que solicitan, en línea con lo que ya indicaban en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso.

Y es que según han defendido todos estos años, no fueron solo los Protocolos de la Vergüenza. La denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios estaba explícitamente plasmada en esos documentos —porque tuvieron cuatro versiones— elaborados y firmados por Mur y Peromingo, pero hubo otras muchas decisiones que también contribuyeron a que miles de ancianos fallecieran sin poder recibir asistencia sanitaria: ni se dio asistencia en las residencias, ni en el "hospital milagro" de Ifema, ni en los centros privados, ni en los hoteles medicalizados.

Los datos, contenidos además en la macrodenuncia presentada en octubre, es clara. Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la Comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales —unos 600, según la denuncia— estuvieron de baja por el contagio. Aun así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.

Como desvela la denuncia, la mayoría de esos profesionales eran enviados al hospital de campaña de Ifema —el bautizado "hospital milagro" por Ayuso— o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros; al segundo, 351. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico.

Poco después de conocerse la imputación, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, han mostrado su satisfacción y han celebrado la decisión del juzgado. "Hoy, por fin, después de muchos años de lucha, se abre un rayo de esperanza para las familias de las 7.291 víctimas que fallecieron en las residencias de Madrid durante el covid. Hoy, por fin, la justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esta oportunidad para poder investigar lo que fueron los 'protocolos de la vergüenza'. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha señalado en un vídeo el ministro. "Gracias a la persistencia de las asociaciones de familiares, hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia", ha añadido Bergerot.

El titular que se extrae de la última Estadística de gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad es positivo. Al menos, a priori. Toda la inversión en el sistema subió con respecto al año anterior. La que va a parar a los hospitales, la que percibe la atención primaria o la dedicada a farmacia. Pero hubo una excepción. Entre 2022 y 2023 —el último año analizado en las cuentas que publica el departamento de Mónica García—, el gasto en salud pública cayó. Y no poco. Lo hizo, en concreto, un 43,6%, pasando de 3.023 millones a 1.704. Y eso, al menos a juicio de los expertos, es una malísima noticia.

Antes de la pandemia, la salud pública era la rama sanitaria más desconocida. No sólo eso. Era, según también los mismos datos oficiales, la peor financiada: 823 millones le destinó el Gobierno en 2019, el 117% menos que un año después. A nivel profesional, tampoco era un área demasiado codiciada. Los médicos recién graduados casi no la tenían en cuenta a la hora de elegir destino y eso fue algo que pasó incluso durante 2020, el año en el que se demostró fundamental y que prometió ser un punto de inflexión. Lo reclamó así por ejemplo el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña.

Fue durante su intervención en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados cuando afirmó que "si algo ha quedado claro en esta pandemia es que gastar en salud no es un gasto, sino una inversión fundamental". "Los recortes experimentados en salud pública, agudizados durante más de una década tras la crisis financiera del 2008, han redundado en el debilitamiento de los recursos humanos, la infraestructura y la capacidad operativa, tanto de los equipos de salud pública de las estructuras centrales del Gobierno del Estado, como en los de los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas", señaló ante la Cámara. Entre 2020 y 2021 se comprobó que esas palabras parecían haber surtido efecto. La inversión volvió a subir, en esa ocasión, un 43,2%, hasta los 2.559 millones.

La explicación que da el Ministerio de Sanidad es sencilla: en esos años había que destinar lo máximo posible a la vacunación contra la covid-19. Y, en paralelo, al resto de servicios de salud pública, que incluyen por ejemplo las actividades para la defensa y fomento de la salud, las campañas de sensibilización ciudadana para la promoción de la salud o la prevención de enfermedades. Hubo un incremento, por tanto, ad hoc que, en cualquier caso, los expertos reclaman que habría que mantener. O incluso incrementar.

Es lo que dice por ejemplo el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Eduardo Satué. La reducción de la partida entre 2022 y 2023 es "significativa y relevante", pero es que la inversión es "mínima", señala. Incluso "deprimente", se aventura a decir. Y no es una cosa de ahora. Además, hay que tener en cuenta otro factor, y es que las vacunas "pueden llegar a suponer hasta la mitad de toda la inversión en salud pública", por lo que lo que queda para estructura, personal, planificación o prevención es todavía muchísimo menos que lo que reflejan las estadísticas oficiales. "La partida para todo eso es absolutamente irrisoria", lamenta.

Coincide con él López Acuña. Subraya la explicación del Ministerio, pero cree que no sirve. "En 2023 se ha regresado a los bajos niveles de gasto en salud pública observados a partir de 2008 y eso resulta preocupante. Debería haberse fortalecido en lugar de privilegiar el gasto en atención sanitaria y las transferencias al sector privado", explica a infoLibre.

La explicación es sencilla. Según explican ambos expertos, esta bajada en la inversión tiene consecuencias y las tiene para todos. La ciencia ha sido clara: una próxima pandemia no sólo es probable, sino que es muy posible. Y no en demasiado tiempo. Por eso hay que estar preparados. Como mínimo, más que cuando irrumpió la generada por el coronavirus. Esa fue de hecho la intención que recogió la llamada declaración de Zaragoza, un documento en el que la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los integrantes del Sistema Nacional de Salud se comprometieron a fortalecer la vigilancia en salud pública. "Es una de las funciones esenciales", recogieron en el texto.

La voluntad fue positiva, pero por el momento se ha quedado en un mero papel. "La intención está recogida en todos los planes y cualquier representante político la suscribe, pero eso no se traslada a la práctica y es muy grave", denuncia Satué. Habla claramente de una "pirámide invertida" que vuelca todos los esfuerzos financieros en los hospitales y deja de lado a una atención primaria que atiende al 30% de la población y resuelve el 90% de las situaciones que le llegan. "El gasto más importante está destinado al mínimo de población, cuando debería ser al revés", sostiene.

La salud pública tiene un papel fundamental que repercute en la vida de todos. Incluso a nivel mundial. Fue otro de los aprendizajes de la pandemia: no estaremos a salvo hasta que todos estemos a salvo. "Sirve para prevenir, pero también para vigilar la calidad del aire o de las aguas, por ejemplo", explica Satué al otro lado del teléfono. "Refuerza las infraestructuras y los programas que permiten llevar a cabo la mejora en la preparación pandémica", subraya López Acuña.

No sólo eso. "Tiene también una función fundamental en la evaluación de lo que se hace. En decidir, por ejemplo, a qué se destina el dinero", subraya. Pone un sencillo ejemplo: se puede acordar que es necesaria la construcción de un nuevo hospital, pero eso puede tener como consecuencia la reducción de los fondos destinados a otra necesidad sanitaria. ¿Qué es más prioritario? Responder también es tarea de la salud pública.

En todo caso, ya no es sólo la inversión pura y dura de capital, sino la mejora de su funcionamiento, algo para lo que el presidente de Sespas sitúa como fundamental la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un proyecto que llevaba 14 años pendiente, que tumbó en el Congreso la derecha y la ultraderecha de PP, Junts y Vox y que el Ministerio de Sanidad ya ha vuelto a poner en marcha. "La salud pública no es un juguete, o se está con ella, o se está con el negacionismo", subrayó Mónica García, confirmando que su departamento volvería a presentar la ley.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio subrayan que las autonomías, por su parte, sí han continuado aumentando su gasto en salud pública, porque el Estado ha fomentado la descentralización de las compras de material después de la pandemia. La Estadística de gasto sanitario público, no obstante, no presenta los datos, pero sí refleja la inversión que hacen las regiones en varias áreas sanitarias, llegando a una conclusión poco novedosa: Madrid está a la cola. Sobre todo si hablamos de atención primaria.

A nivel general, la presidida por Isabel Díaz Ayuso es la región que menos dedica a su sistema sanitario público en relación con el PIB (un 4,1%), y la segunda que menos destina por habitante (1.719 euros), sólo por detrás de Andalucía (1.648). En el otro extremo de la tabla, Extremadura (que destina el 8,9% sobre su riqueza), Murcia (8,2%) y Canarias (8,1%).

Si acercamos la lupa a lo destinado a atención primaria, Madrid dedica tan sólo un 10,7% de su Producto Interior Bruto a esta partida, un porcentaje que en Galicia, la segunda región que menos destina, es del 11,8%. En este caso, en el otro extremo de la tabla se encuentra La Rioja, con un 16,7% del PIB.

Más de 190 países consiguieron este martes adoptar el primer tratado global sobre pandemias de la historia en el marco de negociaciones en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tras tres años de arduas deliberaciones, ha recogido EFE.

Este acuerdo internacional ayudará a una mejor coordinación entre los países y a un reparto más equitativo de los recursos disponibles para enfrentar la próxima pandemia, que los científicos concuerdan en que ocurrirá tarde o temprano con algún nuevo patógeno.

El acuerdo ofrece los principales lineamientos para que a los niveles nacional e internacional se desarrollen mecanismos de prevención, de preparación y de respuesta a futuras pandemias, con un énfasis en aspectos como la solidaridad y reciprocidad, aunque no en la medida que los países de desarrollo medio y bajo esperaban.

Varios diplomáticos que participaron en el último tramo de las negociaciones, que incluyó sesiones maratónicas de hasta 24 horas ininterrumpidas, lamentaron que gran parte de los compromisos asumidos en el acuerdo sean de carácter voluntario, pero explicaron que estaban ante la disyuntiva de "aceptar lo que hay sobre la mesa o irnos con las manos vacías".

Además estas negociaciones han sido vistas como una oportunidad de mostrar unidad internacional y apoyo al multilateralismo en momentos en que la OMS enfrenta uno de los momentos más difíciles de sus 75 años de su existencia por el retiro de Estados Unidos y la pérdida de los considerables recursos que este país le destinaba.

El acuerdo crea una red global de cadena de suministro y logística para intentar asegurar un acceso equitativo, rápido y asequible a los productos (medicinas, vacunas, material médico, entre otros) destinados no solo a enfrentar y controlar una pandemia, sino necesarios también en situaciones de crisis humanitarias.

El propósito es que haya transparencia en toda esa cadena y coordinar las reservas internacionales que existan, lo que se complementa con otro artículo, que plantea que los países no deben realizar "reservas nacionales excesivas" de productos vitales para frenar una pandemia.

Varios países ricos que acapararon vacunas durante la covid-19 y almacenaron cantidades que incluso superaban sus necesidades nacionales inmediatas luego tuvieron que deshacerse de estas existencias cuando los lotes llegaban a su fecha de vencimiento, mientras que a los países pobres las vacunas llegaban a cuentagotas.

Asimismo, el tratado establece un nuevo mecanismo de acceso y participación en los beneficios que se obtengan de los patógenos compartidos en un sistema existente y que gestiona la OMS.

El gran cambio que se quiere lograr con respecto a la situación que prevaleció durante la pandemia es que las farmacéuticas que accedan a esos patógenos —a partir de los cuales se puede investigar y desarrollar vacunas y tratamientos— asignen un 20% del producto que manufacturen a la OMS, la mitad como donación y el resto a un precio asequible, para que la organización lo distribuya donde las necesidades sean más urgentes.

Al estallar la última pandemia, varios gobiernos de países desarrollados financiaron a la industria farmacéutica y de biotecnología para acelerar el desarrollo de una vacuna y tratamiento, pero no hubo un retorno de esa inversión y, una vez que la vacuna estuvo lista, tuvieron que negociar con las firmas productoras su adquisición.

El acuerdo alcanzado este miércoles pretende evitar que algo así no se repita y para ello señala por primera vez que la financiación de la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, diagnósticos o vacunas con fondos públicos debe hacerse en condiciones que garanticen un beneficio para el bien común.

"Esto significa que la próxima vez que una pandemia golpee y que con el dinero de los contribuyentes se desarrolle una medicina muy costosa, los gobiernos podrán intervenir en beneficio de sus ciudadanos y de gente en todo el mundo", comentó a EFE la directora de la ONG Iniciativa por Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Michelle Childs.

"El acuerdo sobre pandemias no es perfecto; es producto de un compromiso, y no se han cumplido todas las ambiciones, pero crea una nueva base sobre la que construir para salvar vidas durante la próxima emergencia sanitaria mundial", recalcó.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras ha acogido "con satisfacción varios elementos positivos" porque, además de cuestiones prácticas, "envían una señal fuerte de solidaridad mundial y muestra un compromiso colectivo con una gobernanza inclusiva y responsable".

Pidió a los Estados que ahora conviertan los compromisos en acciones porque esa será la única forma de dar sentido a este acuerdo.

La madre de Juan Miguel Nogués falleció en una residencia madrileña el 16 de abril de 2020. Habían pasado tan sólo cuatro días desde que una llamada telefónica del centro alertó a la familia de que la mujer tenía una fiebre de 37,5. Nunca antes en toda la primera ola de la pandemia les habían informado de algún problema, al contrario. Las noticias del geriátrico siempre apuntaban a que las cosas iban bien. Por eso Juan Miguel se quedó "totalmente hundido" cuando le notificaron la muerte de su madre, un hecho para el que lleva desde entonces buscando justicia. Y que hoy ya investiga la Fiscalía de Móstoles, a la que acudirá a declarar como testigo este jueves.

Será la primera vez que pueda contar lo que pasó. Según explica desde el otro lado del teléfono, se arrepiente de no haber intentado sacarla de la residencia para que fuera tratada en un hospital. Desde el geriátrico no la trasladaron ni siquiera cuando el 13 de abril, tres días antes de fallecer, entró en coma. "Conseguí entrar a verla ese mismo día, cuando me lo dijeron, y la situación que me encontré me dejó completamente bloqueado", recuerda. Es lo que narra en la denuncia y la base del presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria del que acusa a Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, y al geriatra de enlace del Hospital de Móstoles.

En concreto, Nogués acusa a estas dos personas de haber cometido un delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, precisamente el mismo al que aludieron los 109 familiares que interpusieron en octubre una macrodenuncia colectiva ante la Fiscalía Superior de Madrid y que hace poco más de una semana ha llegado a los juzgados en forma de varias denuncias interpuestas por el Ministerio Público. Nogués, no obstante, también apunta a la vulneración del 512 y al artículo 23 de la Carta Social Europea, que textualmente dice que "toda persona de edad avanzada tiene derecho a protección social".

Nunca antes había explorado esta vía. Hasta octubre, de hecho, las víctimas de las 7291 personas fallecidas en residencias madrileñas sin asistencia sanitaria apuntaban a la comisión de otros delitos. En este sentido, Nogués presentó una primera denuncia en junio de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria, acusando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otros cargos de su Gobierno de prevaricación y trato degradante. Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo —la competente por ser una causa contra personas aforadas— lo archivó. Más tarde, hizo lo propio el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles, que también acordó instruir diligencias previas que terminaron en el cajón.

Fue la misma suerte que corrieron otras tantas causas interpuestas por más víctimas, hasta que se abrió el camino de la denegación de asistencia por discriminación. "Yo no quiero dinero, quiero justicia, por eso cuando vi que estas denuncias llegaban a los juzgados decidí explorar esta posibilidad", explica.

Las historias que vivieron todas las víctimas de residencias en Madrid son prácticamente la misma. El centro en el que que vivía la madre de Nogués desde 2015 cerró sus puertas el 9 de marzo de 2020, y a partir de entonces la única manera de saber qué ocurría de puertas para adentro fue a través de un teléfono. "Se nos informaba que mi madre estaba bien, que no tenía ninguna complicación, incluso nos mandaron fotografías para que viéramos el estado en el que se encontraba", recoge la denuncia. Sin embargo, todo cambió ese 13 de abril, cuando Nogués se presentó en el geriátrico. "Mi madre se encontraba completamente sola, tendida en la cama, con una grave insuficiencia respiratoria y con una enorme hinchazón en el brazo y la mano derecha", relata en su escrito a la Fiscalía.

El centro, asegura, no estaba medicalizado. Ni el personal adecuadamente protegido. Además, fueron las propias trabajadoras las que, señala Nogués, aseguraron que no se iba a trasladar a la anciana a ningún hospital, algo que sí hubiera ocurrido "en condiciones normales". Se condenó a la mujer, denuncia, a "un completo y absoluto abandono". "Mi madre murió sin asistencia médica de ninguna clase", sentencia. Y fue por decisiones concretas.

Apunta, en concreto, a las que también puso sobre la diana la macrodenuncia interpuesta por el mismo delito en octubre: a la no medicalización y a la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza firmados, recuerda, por Mur. Como desveló infoLibre, tuvieron cuatro versiones, pero en síntesis todos prohibieron derivar a los hospitales a los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid.

Como por ahora los tribunales ordinarios no han sentenciado nunca estas muertes, fue la llamada Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid la que falló que esas decisiones políticas crearon el entorno propicio para que 7291 ancianos fallecieran en los centros de mayores de la comunidad. En concreto, el tribunal ciudadano presidido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín concluyó que hasta 4.000 personas podrían haberse salvado si se hubieran adoptado otras medidas. O simplemente si no se hubieran llevado a cabo las que sí se pusieron en marcha.

Todos los casos de aquellos 109 que ya han sido judicializados no prescribirán, al menos, hasta dentro de seis meses. Pero el de Nogués podría hacerlo el próximo 16 de abril —cuando se cumplan cinco años del fallecimiento de su madre— si la Fiscalía no decide denunciar antes. En ese punto se encuentran otras tantas muertes. Y por eso la organización Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores —nacida el pasado mes de mayo y detrás de Nogués— anima ahora a emprender este camino. Y a denunciar este delito de denegación de asistencia por discriminación, una vía por la que nuevas víctimas ya han preguntado también a Marea de Residencias, que aconseja ahora acudir directamente a los juzgados para, precisamente, adelantarse a las prescripciones.

En cualquier caso, desde Dignidad y Justicia también están trabajando con una treintena de personas —entre las que se encuentran también sindicatos y colectivos sociales— en una reclamación colectiva al Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea en los mismos términos en los que plantea Nogués.

Cinco organizaciones ya llevaron a cabo un proceso similar por el corte de suministro eléctrico en la Cañada Real de Madrid. Y ganaron. El pasado mes de febrero, el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa condenó a España por vulnerar hasta diez derechos básicos, lo que obliga al Estado a implementar medidas para garantizar el acceso a la energía.