Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordazaanunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes.

No es cierto. Basta con leer las enmiendas presentadas conjuntamente hace unos días por socialistas y morados —también las que defiende en solitario Unidas Podemos— para advertir que ninguna de ellas supone desprotección para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al frente de la protesta, Jusapol, la plataforma que defiende la equiparación salarial con mossos y ertzainas y cuyas versiones sindicales se han convertido en pocos años en hegemónicas en los órganos de representación de la Policía y de la Guardia Civil. Y a la que diversos medios sitúan en sintonía con la extrema derecha. Jusapol ha convocado, con el apoyo de otros sindicatos, una gran manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre en la que pretende visibilizar la oposición de policías y guardias civiles a la reforma que pretende deshacer los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vox y PP participarán con sendas delegaciones en la manifestación. Está por ver si esta vez coincidirán, como en la Plaza de Colón, Pablo Casado y Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, ya ha confirmado su asistencia.

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias, y junto a ellos los partidos liderados por Casado y Abascal, critican diferentes aspectos de la reforma, pero especialmente uno: que los cambios reducen la protección legal de la que gozaban hasta ahora. Pero en realidad ninguna de las enmiendas promovidas por PSOE y Unidas Podemos hace eso.

Los cambios legales de los que recelan (y lo que en realidad establece la reforma) son los siguientes:

1. El tiempo máximo de retención de una persona para ser identificada pasa de seis a dos horas. Pero, a diferencia de lo que dicen los sindicatos, que consideran que ese tiempo puede ser insuficiente y dificultar su trabajo, la enmienda presentada aclara que “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

2. Las personas desplazadas para ser identificadas “tendrán derecho a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes”. Los sindicatos se oponen a esta medida porque, aseguran, los agentes no son taxistas e irá en detrimento del trabajo policial. Pero la enmienda añade que esto sólo se aplicará “cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

3. Las diligencias de identificación “habrán de ser motivadas y proporcionales y, en los casos de identificación en dependencias policiales, registro y comprobación, deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”. Algunos sindicatos creen que el hecho de que la identificación deje de ser anónima les desprotege. Sólo sería así si la identificación no se ha hecho correctamente, esto es: si no se ha realizado de forma “motivada y proporcional”.

4. Los sindicatos sostienen que a partir de ahora perderán la presunción de veracidad. Es “un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías”; pasará a ser una “ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho”, sostienen. Tampoco es cierto. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos reafirman que las actas policiales seguirán gozando “de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados salvo prueba en contrario”. Solo ponen una condición nueva: que el acta “resulte coherente, lógica y razonable”. Es decir: que no sea arbitraria.

5. Serán legales, en determinados casos, las manifestaciones que carezcan “del trámite previo de comunicación”. La reforma dice que “aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación” cuando “el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Esta posibilidad, en opinión de los sindicatos, dificultará el trabajo policial, “provocará graves disturbios y limitará el tiempo de reacción de los agentes, lo que podrá ser utilizado por grupos antisistema para causar el caos en las vías públicas”. Los promotores de esta reforma sostienen que el objetivo es adaptar la legislación para facilitar la protesta espontánea en la calle, tal y como ya sucede con normalidad, siempre que sea pacífica. Las enmiendas mantienen además la posibilidad de sancionar a quienes la promuevan si en ella se producen infracciones de la seguridad ciudadana.

6. Algunos sindicatos y varios dirigentes políticos, entre ellos el propio Pablo Casado, aseguran que la reforma prohibirá las pelotas de goma. Las enmiendas nada dicen sobre el uso de estos proyectiles pero sí proponen incorporar a la ley lo siguiente: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Sólo en el caso de que ese protocolo establezca que las pelotas de goma causan “lesiones irreparables”, algo que defienden numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, podrá decidirse que dejen de usarse.

7. La reforma quiere también poner fin a la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación. Una vez aprobada la reforma “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Los sindicatos sostienen que esto les pone en peligro porque “cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse”.

En realidad, la reforma es muy cauta en este punto, porque establece que será “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación”. Eso sí: “La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”. Es decir: la difusión de esas imágenes seguirá prohibida si pone en peligro a los agentes o a sus familias.

No son estos todos los cambios que PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza desde que el PP introdujo en ella medidas como la prohibición a los medios de comunicación de grabar acciones policiales, pero sí todas las que sindicatos, PP y Vox citan para denunciar la supuesta desprotección en la que quedarán los agentes si acaba aprobándose.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, fue este martes aún más lejos en sus acusaciones y después de participar junto a Casado en una reunión con responsables sindicales y de asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil llegó a afirmar que la reforma consagrará “la impunidad” de quienes cometan delitos. Díaz Ayuso también se pronunció en la misma línea, pero en un tono más elevado: “Quieren que el terror impere en las calles”.

Gamarra ve además oscuras intenciones por parte de PSOE y Unidas Podemos: “Pudiera parecer”, aseguró, que buscan “armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas”.

En rueda de prensa, la portavoz del PP anunció que su partido recurrirá la reforma, una vez aprobada, al Tribunal Constitucional porque su partido observa en ella algunos elementos de “dudosa constitucionalidad” que no precisó. Y declaró la intención del PP de aprovechar la reforma de la ley para prohibir los actos de homenaje y bienvenida a los presos condenados por terrorismo que cumplen condena y salen en libertad y para tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha propuesto una sanción de 3.000 euros para cada uno de los cinco ultraderechistas que intentaron boicotear la proyección de la última película del director Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, en un cine de València.

Al inicio del pase de la película el pasado 4 de octubre, este grupo de personas desplegó una pancarta con el lema 'Únete a la resistencia España 2000' y profirió gritos como 'Viva España' y 'Viva Cristo Rey', tal y como se puede ver en un vídeo colgado en redes sociales por la propia formación de ultraderecha, que afirmaba que la película "cuenta la historia de forma sesgada y llena de errores históricos".

El film refleja el apoyo inicial del escritor Miguel de Unamuno el golpe militar franquista y el replanteamiento de esta postura ante la deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros.

Fuentes de la delegación han señalado que esta actuación constituye una "infracción grave" del artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Las mismas fuentes han detallado que recibieron la denuncia a finales de octubre.

El artículo considera una infracción grave "la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal".

Una decena de manifestantes detenidos en la convocatoria del Rodea al Congreso, celebrada el 14 de diciembre de 2013 contra el proyecto de Ley de la denominada Ley Mordaza, se enfrentan a seis años de cárcel en el juicio que comenzará el próximo 27 de noviembre en un Juzgado de lo Penal de Madrid, según informa Europa Press.

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia.

En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema Rodea el Congreso, que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, "donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas".

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos "les arrojaron botellas de vidrio y piedras para evitar la intervención". Otro de ellos "propinó fuertes empujones a los agentes", mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

Los procesados piden su absolución

Por su parte, los encausados han pedido hoy su absolución. "El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la Ley Mordaza. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo Rodea al Congreso que se celebró para protestar contra el proyecto de Ley Mordaza", han señalado en un comunicado.

Según han explicado, cinco de las personas que serán juzgadas fueron detenidas por agentes de paisano de la Brigada de Información el 20 de diciembre, seis días más tarde de la manifestación sobre personas previamente identificadas antes de la misma. "A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo Metro", apuntan.

A su juicio, estos arrestos tenían la intención de "amedrentar la protesta y servir como propaganda de la Ley Mordaza Ley Mordaza y el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión de la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva, la Ley Mordaza, que acababa de ser presentada el 29 de noviembre y que pese a toda la repulsa fue aprobada el 26 de marzo de 2014".

Aunque reconocen que esa protesta acabó con disturbios, aseguran que ellos fueron "escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio". "A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados", indican los encausados.

Por todo ello, han pedido su absolución y la derogación de la Ley MordazaLey Mordaza, "que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley". Para explicar los detalles de este caso darán una rueda de prensa el lunes 25 a las 11 horas en el Teatro del Barrio.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha exigido este lunes 1 de julio la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus críticos como Ley Mordaza, porque es "una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información", según informa Europa Press.

Beltrán se ha expresado así en el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la norma, que fue aprobada definitivamente en marzo de 2015, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, tras 16 meses de tramitación parlamentaria.

"Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta Ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo, pero han pasado cuatro años, se ha producido un cambio de gobierno, una parálisis institucional y el caso es que sigue vigente hoy", ha denunciado el director de Amnistía.

En relación con los efectos que la normativa tiene sobre los derechos anteriormente citados, Beltrán ha señalado que en estos cuatro años la ley se ha venido empleando "contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos" y contra "miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos".

"Pedimos al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros seis meses desde su constitución", ha insistido el director de Amnistía Internacional.

Según la organización, que ha recogido más de 125.000 firmas para pedir la modificación de la ley, esta norma "también ha supuesto la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos".

Por último, ha puesto de relieve que su aplicación, por parte de las Fuerzas de Seguridad, "ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales".

La Asamblea Feminista de València ha denunciado haber recibido más de 5.000 euros en multas de diversa cuantía que alegan "cortes de carreteras y calles" durante las protestas del pasado 8 de marzo y han considerado que "se aplican de manera injusta por ejercer el derecho de huelga y piquete", según han asegurado fuentes de la plataforma, informa Europa Press.

El colectivo ha afirmado que "se trata de un nuevo ataque represivo contra todo el movimiento feminista" y han señalado a la Delegación del Gobierno en Valencia y al propio delegado, Juan Carlos Fulgencio, como "principal responsable". Por ello, han pedido "la retirada de todas las multas del 8M en procesos abiertos del año pasado y del presente". Del mismo modo, también han incidido en que pocas semanas después del 8M de 2018, "el movimiento feminista recibió más de 6.000 euros de multas amparadas bajo la antidemocrática ley mordaza por presuntas faltas de orden público durante el día de la huelga".

En aquel momento, "las causas que se alegaron contra las feministas fueron a pedir a un policía que hablara en valenciano, ocupar las calles durante una huelga legal, informar en los piquetes constituidos para ello y protestar por la violencia policial ejercida contra las activistas", según ha asegurado la Asamblea.  Después de haber realizado varias "acciones de denuncia", y "haber conseguido la palabra del delegado de gobierno, Juan Carlos Fulgencio, de revisar las multas", –"cosa que no ha hecho", añaden–, las personas multadas se encuentran a la espera de juicio "después de un año haciendo y denunciando que estas multas atentan contra el derecho de manifestación durante una huelga feminista legalmente convocada".

Denunciadas por HazteOír 

Por otro lado, la plataforma también ha indicado que "ya son dos las compañeras feministas detenidas, junto con un activista LGTBQI, por los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo de 2019, cuando el autobús de la asociación fascista y ultracatólica Hazte Oír trató de entrar a València". El vehículo exhibía el lema #StopFeminazis, no es Violencia de Género, es Violencia Doméstica, ilustrados con una figura del dictador Adolf Hitler con los labios pintados. "Las tres personas detenidas han sido denunciadas por HazteOír y están imputadas por delitos de incitación al odio por los que se pide 17.000 euros a cada una", han criticado.

A este respecto, ha asegurado que "estos hechos no son aislados ni tampoco coincidencia, sino que forman parte de la estrategia represiva hacia el movimiento feminista ejercida por varias ramas del sistema patriarcal: el Estado, por un lado, y grupos reaccionarios por otro, que se sienten amenazados ante la fuerza y la autonomía adquirida por el feminismo en estos dos años".

“Será otra más de esas leyes que se ponen a la cola para su más inmediata derogación, porque la oposición está decidida a actuar en defensa de esa persona que se levanta temprano en Ciudad Rodrigo, que se pone una camiseta verde o blanca y que viene a Madrid a sentirse, sencillamente, ciudadano y no súbdito”, decía en el Congreso José Ignacio Sánchez Amor, por entonces diputado del PSOE y hoy secretario de Estado de Política Territorial, un 26 de marzo. En aquella jornada, pero de hace cuatro años, la Cámara aprobaba, solo con los votos del PP, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: más conocida, por sus detractores, como la ley mordaza.

Cuatro años después, las perspectivas para aquellos que consideran que esta norma limita gravemente derechos tan importantes como el de expresión, manifestación y reunión son oscuras: el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes ha dejado en nada lo que al principio iba a ser una derogación, como prometió el PSOE, y luego pasó a una reforma. A la comisión no le ha dado tiempo a nada, y la mayoría parlamentaria a favor de la modificación puede perderse a partir del 28 de abril.

“Se ha desmovilizado la protesta ciudadana”, lamenta Carlos Escaño, portavoz de una de las organizaciones más activas contra la ley mordaza, Amnistía Internacional. El activista recuerda que el Gobierno del PP se lanzó a elaborar una nueva norma de seguridad ciudadana que sustituyera a la de 1992 “después de todas las movilizaciones que tuvieron lugar después de una grave crisis económica”. “En lugar de escuchar las demandas de la población”, lamenta, se optó por reprimirlas.

La reforma de la ley mordaza dio sus primeros pasos en marzo de 2017, cuando fue tomada en consideración la proposición del PNV. Por entonces, el PSOE mantenía su criterio: la derogación. Un criterio que fue mantenido, incluso, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, meses después de tomar posesión: “Vamos a avanzar en derechos, derogando la ley mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”, dijo. Sin embargo, y tras meses de retraso por la ampliación de los plazos de las enmiendas, en octubre se constituyó la ponencia y los grupos apostaron por la modificación del texto legal, en vez de por su eliminación. No se ha conseguido, a pesar de que ya había mucho trabajo adelantado: se había conseguido un consenso en torno a más de la mitad de la norma del PP.

Amnistía Internacional prefería la reforma, con el objetivo de ir más allá, ya que tampoco ve con buenos ojos la ley Corcuera, el texto anterior de 1992 que volvería a estar vigente con la derogación. “Tenía elementos que eran mejorables. Por algo era llamada la ley de la patada en la puerta”, recuerda Escaño. “No queremos volver a lo anterior”. A partir de ahora, sin embargo, todo es incertidumbre.

Para la organización, y otras muchas que comparten trinchera en la oposición a la ley mordaza, hay varios puntos en concreto que criminalizan y desmovilizan la protesta social, y que han generado una cascada de sanciones durante estos cuatro años de vigencia. Se refieren a los artículos 37.4 y 36.6 de la normativa. El primero se refiere a las "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones". El segundo considera grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Los datos del Ministerio de Interior de 2016 y 2017, los últimos disponibles, hablan de 73.000 sanciones por ello, casi 80 multas diarias, cuyo importe total podría ascender a las decenas de millones de euros. “Hay una falta absoluta de mecanismos que supervisen la actuación policial. En todas estas sanciones, hay una gran dificultad para rebatir la versión del policía, más los costes aparejados a recurrir”, explica el activista de Amnistía.

Otro punto polémico es la disposición adicional que, en la práctica, legitima las conocidas como devoluciones en caliente: devolver a un migrante que ha accedido por cauces irregulares a territorio español al país desde el que se ha producido la entrada, sin prestarle asistencia médica o legal o darle la posibilidad de solicitar asilo. “Estas enmiendas no proporcionan garantías claras contra las devoluciones en calientedevoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español”, señaló en noviembre el Consejo de Europa. El Gobierno de Sánchez también ha incurrido en estas prácticas.

Han sido cuatro años de manifestaciones multitudinarias, de quejas de casos particulares en todos los frentes, de profesiones, como la de periodista, afectadas por las características propias del oficio, como explicaba Reporteros sin Fronteras en su informe referente a 2018. El último episodio se ha conocido esta misma semana. Ecologistas en Acción se ha hecho eco de la revocación, por parte del Ministerio del Interior, de una multa de 600 euros impuesta a una activista por protestar contra el vertido ilegal de tierras y escombros en una finca protegida en El Pardo (Madrid).

“Mª Ángeles Nieto y Ecologistas en Acción muestran su satisfacción por la resolución del Ministerio del Interior pero recuerdan que son muchas las personas que están siendo sancionadas, detenidas y encarceladas, en base a la ley mordaza, una norma injusta que debe ser derogada cuanto antes”, afirma la ONG ambiental. Por ahora, cuatro años después, habrá que seguir esperando.

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado este miércoles que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por sus detractores, no sancione la difusión de imágenes de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que sólo se castigue el uso de imágenes o datos cuando genere un riesgo real para la seguridad personal o familia del agente, informa Europa Press.

Éste es uno de los principales consensos que se han alcanzado en la tercera reunión de la ponencia de la Cámara Baja, que se encarga de estudiar la reforma de esta ley que el PP aprobó en solitario en 2015 y que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PSOE y otros grupos de la oposición, según informaron fuentes parlamentarias. La ponencia dio el pasado 27 de noviembre el pistoletazo de salida a la discusión de la proposición de ley del PNV para reformar la referida ley y de las más de 200 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado.

En la reunión de este miércoles, los grupos se han metido de lleno en el régimen sancionador, analizando singularmente las infracciones muy graves y graves. Así, uno de los principales acuerdos ha sido el de permitir el uso de imágenes de los efectivos policiales en la vía pública, salvo que se ponga en peligro su seguridad, un asunto que suscita un rechazo frontal de los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP.

Manifestaciones autorizadas con cuatro horas de antelación 

En este sentido, los ponentes también han acordado que no sea una infracción grave el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales. Asimismo, han resuelto facilitar la celebración de manifestaciones espontáneas o pacíficas permitiendo que los organizadores o promotores puedan pedir la correspondiente autorización a la Delegación del Gobierno con cuatro horas de antelación y por vía telemática.

Entre otros consensos, los grupos han pactado, además, que la responsabilidad de las infracciones durante una manifestación o concentración no recaiga en los promotores u organizadores de ese evento, sino en el sujeto o sujetos que incumplan la ley. Además, han consensuado que la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía pública sea considerada una falta leve, no grave como se considera actualmente, y que no sea sancionable la plantación o cultivo ilícito en lugares visibles al público cuando no sean constitutivos de infracción penal.

Los grupos también han encargado a Unidos Podemos la redacción de una enmienda transaccional para ver cómo y en qué casos se puede introducir la figura del mediador para limitar las infracciones y sanciones y así impulsar lo que han denominado justicia "restaurativa" con la comunidad.

Se mantiene las multas al ejercicio de la prostitución en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, así como a los clientes, pese a que algunos grupos, como Unidos Podemos, consideran que éste es un asunto que no debe estar incluido en una ley como la de Seguridad Ciudadana.

Discutirán el 20 de febrero sobre las protrestas frente al Congreso 

En el aire ha quedado uno de los asuntos más polémicos de la ley, el que tiene que ver con las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, y que la Ley de Seguridad Ciudadana incluye como infracción grave. Según informaron fuentes parlamentarias, tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado partidarios de no tocar este artículo pero Unidos podemos, ERC, PNV y Bildu son partidarios de suprimirlo. Ante esto, el PSOE ha sugerido dar una vuelta a este asunto y abordarlo en la próxima reunión, prevista para el 20 de febrero.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que el Gobierno está comprometido con la libertad de expresión y la libertad de prensa y señala que revertirán la actual situación en la que se vulneran estos derechos. Sin embargo, a Unidos Podemos no le sirve esta "declaración de intenciones" y le ha pedido que deje su reforma "a parchecitos" de la ley mordaza y la deroguen "ya" ley mordaza.

Durante el Pleno del Congreso, la diputada Noelia Vera ha denunciado a Delgado la situación "grave" en materia de derechos que está sufriendo España, poniendo como ejemplo la situación de algunos humoristas, y nombrando expresamente al actor Dani Mateo y a la revista satírica Mongolia. "En 2017, se pusieron 21.000 sanciones por falta de respeto a la policía, muchas de ellas periodistas y fotero —fotógrafo en la jerga periodística— que están trabajando contando los abusos policiales que, en muchos casos ha propiciado el PP", ha declarado Vera en su intervención.

En su discurso también se ha dirigido al responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir que se deroguen las devoluciones en caliente, una práctica que se permite, como ha recordado, tras una reforma del PP que las incluyó en la ley mordaza. "Deroguen esta ley ya, no hagan más declaraciones de intenciones, háganlo ya", ha insistido Vera.

'No hay derechos absolutos'

"Estamos en la misma línea", ha respondido la ministra Delgado, para señalar el "compromiso" del Ejecutivo con la libertad de expresión y la de prensa, así como con la necesidad de "dar los pasos necesarios para revertir la última situación de limitación de estos derechos" que, a su juicio, se ha registrado en el país.

La titular de Justicia ha apuntado que "no se puede usar el Código Penal, ni otras leyes, para limitar derechos fundamentales" y se ha mostrado a favor de reformar, pero ha indicado que "no todos los derechos son absolutos" y pueden requerir una limitación "proporcionada" para que sea eficiente en los fines que pretende. "En el acuerdo que tenemos en materia de presupuestos existe la voluntad firme de recuperar derechos que en ningún momento se tenían que haber perdido y ahí nos van a encontrar y ahí estamos", ha concluido Delgado.

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado encerrarse mañana y tarde este martes, aprovechando que no hay Pleno, para comenzar a negociar las más de 200 enmiendas presentadas a la reforma de la ley mordaza con el objetivo de tratar de buscar un acuerdo sobre una iniciativa que ha estado meses y meses congelada.Estaba previsto que hace dos semanas, tras escuchar a una serie de expertos que desfilaron por la Comisión de Interior para hablar sobre ley mordaza, la ponencia encargada de estudiar esta reforma legal comenzara a buscar consensos en torno al texto impulsado por el PNV, que pretende modificar esa norma que el PP aprobó en solitario en 2015, con toda la oposición en contra. De hecho, el PSOE también llegó a presentar una proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en su caso para derogarla, si bien finalmente renunció a su texto en favor del de los nacionalistas vascos, que es sobre el que el Congreso va a trabajar.25 enmiendas 'in voce' del PSOEEn su última reunión la ponencia no pudo avanzar porque el PSOE no había presentado enmiendas a la iniciativa del PNV, ya que en su día ambos partidos acordaron no enmendarse sus respectivas leyes. Los socialistas propusieron modificaciones in voce (en voz, no por escrito), pero varios grupos reclamaron que se trasladaran por escrito para así facilitar la negociación. También decidieron entonces emplazarse a finales de mes para iniciar los trabajos. Así, los grupos han acordado dedicar este martes a intentar avanzar lo máximo posible en la búsqueda de acuerdos en torno a las enmiendas, por lo que dedicarán todo el día para ese fin.La idea inicial, según confirmaron fuentes parlamentarias, es comenzar a trabajar sobre aquellos asuntos en los que existe más consenso y dejar para al final los que generen más divergencias. De entrada, los grupos comenzarán este martes a analizar las 184 enmiendas que han presentado a la proposición de ley del PNV —de las cuales 17 son del PP; 55 de Unidos Podemos; 33 de Ciudadanos; 13 de Esquerra Republicana (ERC); 6 del PDeCAT; y 59 de Bildu, que es el partido que más modificaciones pretende introducir—, así como las 25 presentadas por el PSOE con idea de buscar una transacción sobre estas enmiendas.¿Qué acordaron Sánchez e Iglesias?En el acuerdo presupuestario firmado a la vuelta del verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, las partes se comprometieron también a revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión". En concreto, acordaron que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos".Además, defienden la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplique en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas. El acuerdo contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derechos de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".ey mordazameses y meses congelada

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El Consejo de Europa ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados y al presidente del Senado en la que reclama que se aproveche la reforma parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por sus detractores, al entender que la actual redacción "permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias" para los derechos humanos, incluyendo las devoluciones en caliente.

La carta, con fecha del 20 de noviembre, está firmada por la comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que pide que la reforma que se está tramitando en las Cortes "elimine disposiciones que tienen el potencial de socavar la protección de los derechos humanos en España", según ha informado Europa Press.

En concreto, la comisionada expresa sus "preocupaciones sobre el impacto negativo que ha tenido esta ley en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica". La ley fue aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Consejo de Europa se queja de las disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana que facilitan las expulsiones de migrantes en Ceuta y Melilla, y que han sido aplicadas también por el actual Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no retiró el recurso contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha supeditado cualquier decisión al fallo definitivo de la Gran Sala.

"Estas enmiendas no proporcionan garantías claras contra las devoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español", señala la misiva.

La comisionada pide al Gobierno que proporcione de inmediato a la Guardia Civil "directrices claras y de obligado cumplimiento" sobre cómo actuar cuando intercepten migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, "respetando plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

Sanciones de dudosa legalidad

El Consejo de Europa justifica su petición a las cámaras en el hecho de las sanciones de dudosa legalidad, citando las multas a periodistas por grabar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado o las que se han abierto a manifestantes en convocatorias pacíficas y públicas. En este sentido, cuestiona las sanciones para quien convoque manifestaciones sin notificación previa.

También censura la comisionada que la ley mordaza permita castigar con multas elevadas los desórdenes públicos en manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o el Senado. "Es particularmente importante proteger la libertad de reunión pacífica cerca de esas instituciones", defiende.

Entiende el Consejo de Europa que la redacción "imprecisa y general" de la ley da un amplio margen de discreción a la Policía a la hora de interpretarla, permitiendo posibles limitaciones desproporcionadas y arbitrarias en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP han llevado este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad que modifica la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza. Además, critican las propuestas en este sentido promovidas por PNV, Podemos, ERC y Bildu, así como la 'ley de abusos policiales' del Gobierno vasco que "blanquea" a ETA.

Las organizaciones sindicales, en nombre de los 50.000 policías que representan, fijan su oposición frontal a la propuesta de reforma de la ley mordaza por medio de unas enmiendas que consideran que "dificulta gravemente la eficacia y la labor de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección". Son especialmente críticos con la instrucción dictada el 17 de octubre por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, lo que llevó a Interior a explicar que estaban dispuestos a matizar esta orden, debido al malestar generado.

"Los matices introducidos suponen un subterfugio", ha defendido en el Congreso Ramón Cosío, representante del SUP y portavoz de la unidad de acción, en referencia a la modificación de la sanción prevista para las tomas de fotografías y vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial.

Alegan perjuicio en las investigaciones o las vidas personales de los agentes

La instrucción dictada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska pasaba a exigir que se acreditara el peligro explícito que suponía para un policía ser fotografiado mientras prestaba un servicio en la calle. Según los sindicatos, esto requiere de una "labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle", en una intervención en la que normalmente hay "tensión y riesgos inherentes". "Se nos antoja cuando menos surrealista", defienden. Según estas organizaciones, lo anterior "podría interferir negativamente en el desarrollo de futuras investigaciones" y es en la práctica la "abolición por la vía de los hechos" de una ley como la de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta, contando con el rechazo del PSOE y de otros partidos de izquierda y nacionalistas. Los sindicatos dicen actuar "alejados de cualquier ideología o partidismo".

En un contexto de Nivel 4 (Alto) de alerta antiterrorista, los policías señalan que su "sentimiento de malestar y desamparo" aumenta cuando a la instrucción del Ministerio del Interior se añade la enmienda del PNV que propone suprimir el apartado 23 del artículo 36 de la ley, lo que "dejaría completamente abandonados a los policías frente al mal uso de sus imágenes y datos personales o profesionales por parte de terceras personas". Recuerdan que en Europa los policías han sido objeto de ataques terroristas como el ocurrido en París en junio de 2016, en el que un actor solitario acabó con la vida de un policía y de su mujer en el domicilio de la pareja, así como el ataque que sufrieron dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Se oponen a las propuestas del PNV, Unidos Podemos, ERC y Bildu 

Del PNV critican su propuesta de modificación del apartado que regula el derecho de reunión, ya que entienden los sindicatos que "entorpece los dispositivos policiales" en casos en los que pueden confluir en un mismo lugar manifestaciones de extrema derecha y de antisistemas. Unidos Podemos, ERC y Bildu son igualmente censurados por su propuesta para modificar lo referente a resistencia y desobediencia a un agente de la autoridad. "Una masa o turba de manifestantes podría impedir el ejercicio de una resolución judicial", alegan.

Tampoco comparten la propuesta del partido liderado por Pablo Iglesias para que los menores de 18 años no puedan ser sancionados al "no ser congruente con la ley de responsabilidad penal del menor" e impedir la posible "corrección de las autoridades con la supervisión de la Fiscalía Especial de Menores".

Algo similar ocurre con la intención de Podemos de revisar las devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla. SUP, CEP, UFP y SPP están de acuerdo en que "se formalice un expediente de devolución con todas las garantías", pero con más medios y recursos para los policías, de modo que puedan "repeler ataques violentos y organizados que se producen en un gran número de casos".

Tras meses de parálisis, este lunes el Congreso reactivó el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La Cámara Baja rechazó hace casi un mes derogarla la normativa –como reclamaba el PSOE– y optó por llamar a una serie de expertos para la nueva redacción. PP y Ciudadanos llamaron a policías, y PSOE y Unidos Podemos, por su parte, a juristas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Su presidente, Esteban Beltrán, acudió a la cita con el objetivo claro: hay que acabar con las "violaciones de derechos humanos" que provoca esta ley. 

"Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se han impuesto una media de 80 multas diarias", denunció. Y estas han sido, en su mayoría, "contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o el medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica", añadió la organización a través de un comunicado hecho público este lunes. 

En este sentido, todas las sanciones impuestas en estos tres años fueron en aplicación de los artículos 37.4 y 36.6 de la normativa. El primero se refiere a las "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones". Según Amnistía, las multas que ha originado podrían haber superado los seis millones de euros: en 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones y en 2017 ascendieron a 21.122. 

Por su parte, el artículo 36.6 de la ley mordaza considera grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación", recoge la organización. Este punto castiga con sanciones de hasta 30.000 euros. Según documentó Amnistía, en 2016 se impusieron 12.094 multas y en 2017 llegaron a las 13.033, lo que podría haber recaudado hasta 15 millones y medio. 

La organización, además, ya avisó cuando se tramitó la ley de que esta "ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales, sin ningún mecanismo de control para evitar actuaciones policiales arbitrarias y/o abusivas, lo que puede implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos, en todo el procedimiento sancionador". Por ello, ahora reclaman lo que tienen otros países de nuestro entorno como Bélgica, Reino Unido o Irlanda: un mecanismo independiente de investigación que tenga un mandato de supervisión de la actuación policial". 

Acabar con las devoluciones en caliente

Pero desde la organización también han insistido en lo que llevan años reclamando: es necesario revisar la ley mordaza para que se acaben las devoluciones en caliente de migrantes en frontera. La Ley de Seguridad Ciudadana aprobó una disposición adicional de la Ley de Extranjería que legalizaba, de facto, las devoluciones sumarias que llevaban años practicándose. Concretamente, se trata de la disposición décima, que establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla [...] podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

"Las expulsiones sumarias, además de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países, pudiendo vulnerar el principio de no-devolución", critican desde Amnistía. 

Además, según expresó el presidente de la organización, la ley también está sancionando a las mujeres víctimas de trata. Esto se debe a que, según ha explicado, la norma permite sancionar a aquellas mujeres que, tras un apercibimiento de las fuerzas de seguridad, vuelvan a ser vistas ejerciendo la prostitución en la calle, considerándolo un delito de resistencia a la autoridad. "No se está protegiendo a mujeres en espacial situación de vulnerabilidad", declaró Beltrán antes de mostrar su "preocupación" porque, además, esta situación supone una mayor visibilidad para la víctima ante la mafia que la explota. 

El pleno del Parlamento de Navarra ha acordado este jueves instar al Gobierno de España a que "proceda a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida democráticamente la forma de Estado entre monarquía o república", según recoge Europa Press. La propuesta ha sido presentada por Izquierda-Ezkerra  en el marco del Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E). Por su parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista (PSN) y Partido Popular (PPN) han votado en contra.

La resolución incluye otro punto por el que el Parlamento foral pide al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre "las presuntas irregularidades y prácticas corruptas en relación al origen del patrimonio del Rey emérito Juan Carlos I".

El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha afirmado que "en el Estado español la ciudadana tiene derecho a decidir sobre el modelo de Estado, es pura democracia". "La Constitución está muy tocada, y con un cuestionamiento político y social cada vez mayor. Hay que abordar un proceso muy profundo de cambio", ha asegurado.

I-E también ha presentado otra resolución en este debate, que ha sido aprobada igualmente, con la que el Parlamento reclama al Ejecutivo central que, de forma "urgente", aborde la derogación de varias leyes que "han mermado los derechos laborales, sociales y libertades de la ciudadanía española y navarra", como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral o la ley mordaza, entre otras. El cuatripartito ha votado a favor, UPN y PPN han votado en contra, y el PSN se ha abstenido.

El Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción para "racionalizar" la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, con el fin de evitar las situaciones de "desproporción" y de "extrema aplicación" de esta norma que, a juicio del Gobierno, se están produciendo.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, durante su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso en una comparecencia reclamada por Compromís para saber cómo se va aplicar una ley que está siendo objeto de revisión en la Cámara Baja. La número dos de Interior ha destacado que la reforma de esa ley, que el PP aprobó en solitario con su mayoría absoluta y que el PSOE y otros partidos tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, corresponde al Congreso, pero ha explicado que mientras se avanza en su modificación, el Gobierno ha pedido que se "racionalice" su aplicación.

En concreto, según ha detallado, esa instrucción pretende poner fin a las "diferencias de criterio" que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que estaban dando lugar a "desproporcionalidades y situaciones extremas" que ni garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos ni la necesaria protección de los agentes en el ejercicio de sus tareas. Tras recalcar que es obligación del Gobierno garantizar ambas cosas, Botella ha detallado que la instrucción incide en que se debe garantizar el ejercicio de las libertades y ofrecer a la vez seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desobediencia y resistencia a la autoridad

"Hay que establecer criterios claros de actuación para los agentes mientras se reforma la ley; no podemos permitirnos que haya diferencias de aplicación", ha enfatizado Botella, alertando de que eso podría derivar en episodios de inconstitucionalidad. Así, entre las medidas dictadas, Botella ha mencionado las destinadas a una "mejor interpretación" en lo que se refiere a la "desobediencia" y la "resistencia a la autoridad", al uso no autorizado de imágenes o datos de miembros las Fuerzas de Seguridad y a la falta de respeto o consideración hacia los agentes.

El pacto firmado la semana pasada entre el Gobierno y Unidos Podemos se titulaba Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019, pero su contenido iba mucho más allá de las cuentas para el año que viene. Un importante número de las medidas que incluye el documento necesitan un desarrollo legislativo que tendrá que llevarse a cabo de forma separada a la tramitación de los Presupuestos, y no son planteamientos menores: que se terminen aprobando las cuentas no implica que automáticamente ocurra lo mismo con la reforma de la ley mordaza, la modificación de la legislación sobre el alquiler o los cambios en la reforma laboral.

Así lo reconoció el pasado lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que presumió del "esfuerzo" que –aseguró– hizo su formación durante las negociaciones para poner "plazos" a estas reformas que no irán incluidas dentro de los Presupuestos. "En algunos puntos lo conseguimos y en otros no hay plazos concretos, pero nosotros presionaremos para que sea lo más rápido posible", explicó Echenique. De entre estas medidas que no se pondrán en marcha automáticamente aunque se aprueben las cuentas destacan al menos cinco.

  1. Las pensiones vinculadas por ley al IPC

La subida de las pensiones fue una de las medidas más celebradas por el Gobierno y Unidos Podemos en el momento en el que anunciaron los Presupuestos. Según queda recogido en el acuerdo, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, una medida para la que se destinarán 704 millones de euros. En total se invertirán 1.088 millones para elevar las prestaciones.

Pero este ascenso, en lugar de ser automático para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo, será fruto del pacto del Gobierno y Unidos Podemos, y eso es precisamente lo que ambos aspiran a evitar. Por ello, el documento establece el compromiso de incorporar "a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real" en "el marco de la reforma integral del propio sistema". Pero para ello aún queda un largo camino, ya que vincular normativamente las prestaciones a la inflación requiere una reforma de la Ley General de la Seguridad Social que ni siquiera ha comenzado a tramitarse en el Congreso y que tendrá que ser también debatida con los agentes sociales.

Por el momento, el único avance en este sentido se ha producido en la Comisión del Pacto de Toledo, donde tras muchos meses de debate los partidos pactaron hace unos días incorporar a sus recomendaciones la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Habida cuenta de este avance, el Gobierno deberá consultar antes con el Congreso si desarrolla o modifica la recomendación que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.

  2. La regulación del alquiler

Otro de los puntos que aborda con más detalle el pacto firmado por el Gobierno y Unidos Podemos es el mercado del arrendamiento de vivienda, para el cual ambos actores se han comprometido a modificar la legislación para intentar frenar la escalada de los precios y aumentar la protección del arrendatario. En este sentido, el acuerdo contempla la necesidad de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas" dando a los ayuntamientos la capacidad de regular excepcionalmente los precios en una o varias zonas concretas de su localidad.

Asimismo, el acuerdo alcanzado por Unidos Podemos y el Gobierno establece la necesidad de impulsar "reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio". Igualmente se plantea que los contratos de alquiler para personas físicas vuelvan a tener una duración de cinco años –después de que el PP la rebajara a tres–, y también propone que se limite por ley la fianza que los arrendadores pueden exigir al arrendatario hasta un máximo de dos mensualidades de la renta.

No obstante, estas medidas no se pondrán en marcha automáticamente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, si ésta llegara a producirse. Para ello sería necesario reformar normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos, que modificó el PP en 2013 para reducir la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, instaurar la posibilidad de realizar desahucios exprés u otorgar al casero la potestad de recuperar su vivienda para residencia habitual sin necesidad de haberlo pactado y avisándolo con dos meses de antelación (una medida que también pretende revertir el acuerdo del Gobierno y Unidos Podemos).

La reforma de la normativa ni siquiera está aún presentada en el Congreso, aunque el pacto establece que "el Gobierno garantizará que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesarios para el cumplimiento de lo previsto" en el acuerdo, lo que también implica ceder competencias a los ayuntamientos para que puedan regular los precios del alquiler en determinadas zonas.

  3. La modificación de la reforma laboral

El acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y Unidos Podemos no establece el compromiso de derogar la reforma laboral aprobada por el PP en el año 2012, y tampoco el de acabar con la modificación en la legislación laboral que llevó a cabo el PSOE en 2010, tal y como pedía la coalición morada. No obstante, el documento sí plantea la necesidad de acabar con los aspectos más "lesivos" de la norma en vigor, y aunque eso requerirá una acción legislativa separada de la aprobación de los Presupuestos, al contrario de lo que ocurre en otros apartados del texto sí se establece un plazo claro y breve: la derogación debe llevarse a cabo "antes de finalizar 2018", es decir, en un plazo máximo de dos meses y medio.

Según se explicita en el texto del acuerdo, los cambios que debe incluir esta modificación de la ley deben afectar a tres elementos de la regulación laboral. En primer lugar, se ampliará el régimen de no caducidad de los convenios colectivos cuando estos caduquen y hasta que se firmen los nuevos acuerdos; en segundo lugar, se revisarán "las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo"; y en tercer lugar, se insistirá en "la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial".

  4. La reforma de la ley mordazaley mordaza

Otra medida que no se pondrá en marcha automáticamente aunque se aprueben los Presupuestos Generales del Estado es la derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP, más conocida por sus detractores como ley mordaza. En el Congreso hay dos proposiciones de ley tramitándose al respecto: una del PSOE, que plantea su derogación total, y otra del PNV, que tiene como objetivo reformar la norma. Y el acuerdo al que han llegado el Gobierno y Unidos Podemos pasa por modificar la ley a través de la iniciativa legislativa de los nacionalistas vascos.

La intención del Gobierno y Unidos Podemos es garantizar el derecho de reunión aun sin comunicación previa, limitar las competencias de la policía para cachear a manifestantes o reducir la cuantía de las multas y los supuestos por los que pueden aplicarse. Asimismo, se plantea la "restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública". No obstante, la reforma se prevé larga y complicada: al tratarse de una ley orgánica, el Gobierno y Unidos Podemos tendrán que reunir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso para que salga adelante su reforma. Y la iniciativa del PNV lleva tramitándose en la Cámara baja desde marzo de 2017.

  5. La nueva regulación sobre juegos de azar

Poner coto a "la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía" es otra de las metas que Unidos Podemos y el Gobierno se han planteado en su acuerdo. Pero este objetivo tendrá que ser alcanzado a través de medidas que no estarán incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, y fundamentalmente a través de la aprobación de "una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco".

En esta nueva norma, que aún no está siquiera presentada en el Congreso y que tendrá que superar todas las etapas de su tramitación, se pondrán en marcha "medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos" para concienciar a la sociedad de los riesgos que tiene la adicción a este tipo de prácticas. El Ejecutivo y la coalición morada también pretenden que las propias casas de juegos y apuestas se involucren en estas acciones de prevención y sensibilización, y asimismo se propone que una parte de los impuestos pagados por los operadores de apuestas por internet se destine a "iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de 43 control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego".

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista. Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión". En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.

No más de dos horas de retención en comisaría

Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos", que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley

que lo permitan". Asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran "hiperregulacion" de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se dice en el acuerdo, "es recomendable restringir al máximo" la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".

Sin mención a la prisión permanente revisable

"La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida". En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una "cadena perpetua", y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.

El Congreso de los Diputados ha descartado derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente como ley mordaza, y ha optado definitivamente por su reforma, para lo cual piensa llamar a una serie de expertos en las próximas semanas con el fin de que contribuyan a su redacción, informa Europa Press.

Así lo han acordado los portavoces de la Comisión de Interior en la reunión que han mantenido este martes para decidir cuál de las dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana que el PP promovió en la etapa de Jorge Fernández Díaz: una del PNV para reformarla y otra del PSOE para derogarla directamente.

Precisamente, el pasado 17 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto por sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo, volvió a apostar por "derogar" la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. "Vamos a avanzar en derechos, derogando la 'ley Mordaza' porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", dijo entonces.

Se trabajará sobre el texto del PNV

Pese a que los grupos llegaron a presentar enmiendas a ambas iniciativas, finalmente han decidido este martes no convocar dos ponencias paralelas, sino una única que trabajará sobre la propuesta de los nacionalistas vascos, que no deroga la ley del PP, sino que la reforma. Eso sí, el texto del PNV, según confirmaron fuentes parlamentarias, estará abierto a todo tipo de enmiendas. De entrada, la reunión de la Mesa y Portavoces de este martes ha decidido constituir la preceptiva ponencia el próximo 18 de octubre, justo antes de la comparecencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella. A esa cita los grupos deberán llevar los nombres de dos comparecientes que quieren que desfilen ante la Comisión de Interior con el fin de que les ayuden a redactar esa reforma legislativa.

El Juzgado de Instrucción 1 de Falset (Tarragona) ha archivado la denuncia a 14 personas que fueron identificadas por los Mossos d'Esquadra el 17 agosto por arrancar lazos amarillos y otros símbolos independentistas de las calles de Móra la Nova, Tivissa y Vandellòs (Tarragona), una acción policial que está siendo investigada por la Fiscalía.

En un auto recogido por Europa Press, el juzgado considera que no concurren "los elementos integrantes de los delitos imputados" −daños a mobiliario urbano y hurto− en el atestado de los Mossos, que incluye cuatro denuncias presentadas por particulares, ya que existe una total ausencia de ánimo de lucro en la acción y solamente hay un posible deslucimiento del mobiliario.

Los hechos

El juzgado recibió el 23 de agosto un atestado de los Mossos en los que denunciaba a 14 personas por delito de hurto y daños por haber retirado esteladas, una pancarta con el mensaje Llibertat presos polítics y otra con una boca tapada, y varios lazos amarillos, así como por haber causado daños en un letrero a la entrada de Móra la Nova con la leyenda Municipi de la República Catalana.

El juzgado considera que colocar o retirar lazos amarillos −que pueden ser propiedad particular de personas o entidades−, en el marco de la situación política en Catalunya, son acciones que tienen "finalidades muy distintas a la obtención de un beneficio o ventaja económica", elemento intencional del delito que es básico para que exista, por lo que no puede considerarse un hurto.

Sobre el delito de daños de mobiliario urbano, el juzgado señala que se trata de arañazos al letrero de entrada de Móra la Nova y el corte de las cuerdas del mástil con una estelada, y "no se observa destrucción o inutilización del bien, por lo que no existe delito de daño alguno", aunque admite que puede haber un deslucimiento de bienes, que supondría una infracción a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

Por todo ello, el juzgado señala que "en el propio relato de hechos contenido en el atestado no aparece suficientemente constatada la comisión de la infracción penal", por lo que decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones sin necesidad de iniciar la instrucción penal.

Investigación de la Fiscalía Superior

Por estas identificaciones y otras en L'Ametlla de Mar (Tarragona) el 24 de agosto, la Fiscalía Superior de Catalunya acordó abrir diligencias de investigación el 27 de agosto.

En su escrito, la Fiscalía Superior requirió al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que explicara "los concretos motivos" por los que se identificó a diversos ciudadanos por retirar lazos. Le reclamaba que, en menos de 15 días, remitiera un informe en el que se identificara a los agentes que actuaron en las identificaciones y explicara los "motivos que llevaron a la intervención realizada, las diligencias practicadas y, en su caso, si las mismas dieron lugar a la remisión de denuncia" o sanción.

Amnistía Internacional lleva recogidas más de 65.000 firmas que piden que el nuevo Gobierno reforme la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), también denominada ley mordaza, por "atacar" a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información, según ha informado la ONG cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la norma.

Para la organización, esta legislación ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "sin introducir mecanismos de control adecuados".

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que, tanto la ley mordaza como la reforma del Código Penal, están sirviendo para "procesar penalmente o sancionar administrativamente" por utilizar expresiones que "se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información".

"El nuevo gobierno de Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos que puedan socavar estos derechos: estaremos pendientes de que así sea porque después de tres años ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación", ha subrayado Beltrán.

En total, señala la organización, entre 2015 y 2017 se ha condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo o la humillación a sus víctimas, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013.

Además, de las casi 19.500 sanciones impuestas en 2016 por la aplicación del art. 37.4 de la LOSC, referido a las "faltas de respeto o consideración" hacia un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha pasado a 20.700 en 2017, a las que se añaden las 4.361 del primer trimestre de 2018 del que se tienen datos.

Dificultad probatoria y costes

Así lo refleja la organización en un nuevo informe [Ver aquí], en el que analiza cómo se ha consolidado el deterioro de estos derechos. En el estudio, Aministía Internacional señala que en numerosas ocasiones muchas de estas sanciones prosperan en el ámbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial, sino por los costes aparejados a recurrir la sanción ante los tribunales, así como por la posibilidad de beneficiarse de la bonificación del 50% por "pronto pago".

La ONG también critica que esta ley ha provocado durante estos tres años una "auto-censura y auto-limitación" en asociaciones y movimientos a la hora de llevar a cabo actos de movilización.

Precisamente, destaca el caso de una activista de Ecologistas en Acción que ha recibido una multa de 601 euros por, según la versión policial, haberse negado a identificarse frente a unos agentes cuando realizaba una protesta. "No me negué a identificarme, simplemente pedí explicaciones de por qué nos lo pedían y por eso me impusieron esta multa", ha asegurado la activista.

Además, la organización señala que la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia lleva acumulados 50.000 euros de multas, con cerca de 40 personas sancionadas, entre otros motivos, por no notificar las protestas y hacerlas en las vías en algunas ocasiones.

Ante esta situación, Amnistía Internacional exige revisar en profundidad la legislación para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

Asimismo, pide garantizar que todas las personas accedan a recursos "adecuados, efectivos y rápidos" cuando por la actuación de terceros, o también de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.

La organización también destaca que tanto el Gobierno central como los autonómicos con competencia en seguridad, deben asegurarse de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban la formación adecuada en materia de derechos humanos, garantizando y respetando el derecho de reunión, expresión e información de toda la población, permitiendo que los periodistas puedan realizar su trabajo, incluido grabar y difundir información de la Policía "sin injerencias injustificadas".

Por último, Amnistía Internacional demanda incorporar mecanismos "independientes" y "adecuados" de investigación, así como garantías "efectivas" de supervisión y rendición de cuentas de la actividad policial, para evitar el "uso excesivo" de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.