Se trata de uno de los contratos de obra más cuantiosos de los aprobados por la Generalitat Valenciana tras el paso de la dana, porque afecta a una infraestructura esencial para toda la comunitat. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la empresa que gestiona Metrovalencia, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y presidida por su titular, Vicente Martínez Mus, ha adjudicado mediante contrato de emergencia la reconstrucción y el acondicionamiento de la estación de València Sud a la empresa Rover Rail. La constructora recibirá para ello 15,9 millones de euros del gobierno autonómico a dedo. Rover Rail, filial del Grupo Rover (anteriormente denominado Rover Alcisa), se salvó de una condena por financiación ilegal del PP en las municipales de 2007 porque, en el momento que cedió fondos a ese partido, ese delito todavía no estaba recogido en el Código Penal.

Rover Alcisa apareció el pasado 30 de julio en la sentencia del caso Taula como una de las empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia que financiaron al PP para su campaña en las elecciones municipales de 2007. Según la resolución de la Audiencia de Valencia, que condenó a cuatro años y medio de prisión al exvicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá (PP), el grupo realizó dos transferencias a la empresa Lanterne Product Council –la sociedad pantalla de la que Grau se sirvió para cometer sus delitos– de 34.800 euros sin justificar ningún tipo de contraprestación a cambio. Lo hizo, según la sentencia, para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular siguiera gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, delas empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales".

Esos pagos, continúa la resolución, se hicieron a petición de Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento". Según los magistrados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal del 304 bis del Código Penal. Ese precepto castiga "la recepción de de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político" que infrinjan la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esta última norma establece que las formaciones no pueden aceptar "ni donaciones anónimas, finalistas o revocables, ni procedentes de una misma persona y por encima de 50.000 euros anuales, ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Las sanciones afectan tanto al que recibe el dinero como al que lo entrega.

La cantidad aportada por Rover Alcisa fue de 69.600 euros, pero sus gestores se libraron del delito porque a la fecha de las campañas para las elecciones municipales de 2007 y 2011, ese delito electoral no estaba vigente. La aparición del grupo constructor en el caso saltó a los medios después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa iniciara su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y declarara que el presidente del Grupo, Alfredo Rodríguez Verdugo (ahora también administrador único de Rover Rail) como uno de los empresarios que inflaban las cuentas del PP. Tras su señalamiento en casos de corrupción de ese partido como Gürtel y después Taula, Rover Alcisa cambió en 2019 su denominación para pasar a llamarse Grupo Rover. También reorganizó sus áreas de negocio, una de las cuales fue Rover Rail, la adjudicataria de la reconstrucción de la estación tras el paso de la dana.

La estación de València Sud es la sede de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Se encuentra a solo 1.200 metros del barranco del Poyo que se desbordó el pasado 29 de octubre hasta el punto de devastar el puesto de mando de la red de Metrovalencia. Se trata del único lugar desde el que se gestiona de forma centralizada la explotación de todas las líneas de metro, cercanías y tranvía de la empresa pública en la provincia de València, "sin el cuál se hace imposible la continuidad del servicio esencial de transporte de viajeros que FGV gestiona como administrador de infraestructuras ferroviarias y operador ferroviario", dice el contrato, firmado con la constructora el 12 de noviembre.

Los trabajos incluyen "la inspección del conjunto de las vías" de la estación, la retirada de los trenes que quedaron allí parados, su separación por vagones y traslado al desguace, "la retirada de las vías", la "rehabilitación de la plataforma", el "acondicionamiento de los andenes, asegurar que la totalidad de las vías está "en condiciones de puesta y servicio" una vez finalizados los trabajos, siempre "con máxima calidad en su ejecución, en los materiales empleados y en el empleo de maquinaria más adecuada en cada caso". El plazo de ejecución de las obras adjudicadas a Rover Rail es de siete meses desde la firma del contrato. El documento advierte de que "no se dispone de un proyecto constructivo o pliego de condiciones técnicas" para valorar los trabajos detalladamente, lo que conlleva "que los trabajos de campo para la definición del alcance de la prestación han de realizarse simultáneamente al desarrollo" de la obra, al tratarse de "una actuación de emergencia".

FGV elige para esa obra crítica a Rover Rail por "estar en disposición de facilitar las clasificaciones empresariales necesarias en la especialidad ferroviaria requeridas para realizar estas actuaciones". También por su "capacidad para iniciar los trabajos de forma inmediata con disposición de maquinaria, medios humanos cualificados y por la experiencia atribuida en la ejecución de esta tipología de trabajos". "Se trata de una empresa cuya solvencia ante la administración está constatada, además de ser conocedora delas instalaciones de referencia y haber ejecutado obras en FGV de renovación de vía e infraestructura (...) aspecto que ayuda y facilita, enormemente, la labor a realizar en estos momentos excepcionales", establece el contrato.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València ante la "notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito que ha dado lugar a la formación" de este procedimiento, ha informado Europa Press.

De este modo, la sala estima el recurso de apelación interpuesto por estas 13 personas contra el auto del pasado mes de octubre por el que el juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Taula, procesó a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal conservador en el Ayuntamiento por un delito de blanqueo, en el conocido como 'pitufeo' o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.

Con esta decisión, contra la que no cabe recurso, el tribunal sobresee provisionalmente la causa para los exediles María Jesús Puchalt; Francisco Lledó; Vicente Igual; Lourdes Bernal; Félix Crespo y Beatriz Simón, y los asesores María Dolores Cubells; Juan Pedro Gómez Cerón; Ignacio Pou Santonja; José Navarro; Andrés Rodríguez Guisado y Manuel Mas.

Para los magistrados, según el auto consultado por Europa Press, "puesto de relieve el cruce de indicios de distinto signo en relación con la constatación provisional de los elementos objetivos del tipo penal, en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado".

La operativa de blanqueo atribuida por el juez instructor consistía en ingresar por parte de los procesados en la causa 1.000 euros como donativo en la cuenta que gestionaba la que era secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de 500 euros, procedentes de dinero negro supuestamente "recaudado" por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, que de esta forma quedaba blanqueado.

El Gran Wyoming respondió este lunes a Álvaro Pérez, El Bigotes. Lo hizo en el plató de su programa, El Intermedio, donde contestó que el exresponsable de Orange Market "no está en prisión" porque él haga chistes. Quiso enfrentarse así a los insultos vertidos por El Bigotes tan solo horas antes durante su comparecencia por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula. 

El Bigotes, que ya había llamado "indeseable" a Francisco Camps, "gusano" a Esteban González Pons, y advertido a Pablo Casado de que "tiene mucha mierda en la mochilla", cerró su intervención quejándose de la persecución mediática a la que a su juicio sigue siendo sometido."Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", señaló el empresario.

"Desde el cariño, el respeto y con mucho humor. Señor Álvaro Pérez entiendo que esté enfadado, frustrado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de que ha disparado al tipo equivocado porque, reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque se juntó con gente muy importante que no era de su círculo y cuando vinieron las maldades, hicieron como si no existiera", apuntó Wyoming, que quiso hacerle, además, una recomendación: "Si decide disparar contra alguien, elija mejor su objetivo y si no lo quiere hacer por mí, hágalo por su abogado, que por la cara que ha puesto parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones de registrador de la propiedad".

Álvaro Pérez, El Bigotes, ha aprovechado este lunes su comparecencia por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula para insultar a El Granoperación Taula Wyoming.

El Bigotes, que ya había llamado "indeseable" a Francisco Camps, "gusano" a Esteban González Pons, y advertido a Pablo Casado de que "tiene mucha mierda en la mochilla", cerró su intervención quejándose de la persecución mediática a la que a su juicio sigue siendo sometido."Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", ha señalado el empresario.

La frase que ha levantado un serio alboroto en Les Corts Valencianes y causado asombro en su letrado, quien ha llegado a echarse la manos a la cabeza. La presidenta de la comisión ha dado por concluida su intervención y El Bigotes se ha colocado en pocos minutos como trending topic en Twitter.

El que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotesl Bigotes, ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Pablo Casado, a quien se ha referido como "la regeneración", debería saber que "todavía tiene mucha mierda en la mochila" y ha agregado que el eurodiputado Esteban González Pons "es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en la manzana por los años de los años" y "vive de maravilla todavía".

Así se ha pronunciado Pérez durante su declaración por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula, al ser preguntado sobre el actual eurodiputado y exconseller valenciano. "Que González Pons diga que me echó, miente como un bellaco porque en plena Gürtel se reunió conmigo para ver si me podía ayudar en un asunto personal, lo que pasa que se reunió a escondidas porque le daba miedo que le vieran conmigo por Valencia, es un mentiroso", ha señalado, para agregar que sabe que ha conocido "muchas cosas de él". "Demasiada gente en Valencia es testigo de cómo me trataba y del respeto que me tenía", ha dicho.

La exedil del PP en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, ha sido hallada muerta en la mañana de este sábado en Callosa d'en Sarrià (Alicante), según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

Según las mismas fuentes, la edil se habría precipitado por el balcón de la vivienda y el cuerpo ha sido localizado por su marido, el también exconcejal del PP en el consistorio y exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien en ese momento estaba fuera de la casa ya que había salido con un amigo. El cuerpo, según ha adelantado El Mundo, podría haber caído desde un tercer o cuarto piso.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con la muerte de una mujer en la localidad, aunque no han concretado ni circunstancias ni identidad de la fallecida, según el instituto armado.

La exedil, investigada en el caso Taula al igual que su marido, llevaba años delicada de salud y había pasado por diversos ingresos hospitalarios. En junio de 2009 tuvo que ser hospitalizada en La Fe de Valencia tras sufrir un accidente doméstico en su casa de Mislata, desde donde cayó de una altura de dos metros y resultó herida grave.

La confesión del 'caso Taula' '

María José Alcón saltó a los medios por la confesión que le hizo a su hijo por teléfono, en la que habló sobre el blanqueo del PP de València. Esta llamada quedó registrada en una grabación y fue incorporada a la instrucción del casoTaula. Al final, la prueba sirvió de base para las investigaciones que desembocaron en la imputación de prácticamente todo el equipo de Rita Barberá.

Alcón confesó más tarde que padecía problemas psicológicos graves y explicó en ante el juez que estos afectaron en sus declaraciones. Así, la exedil alegó secuelas en la memoria para justificar los olvidos manifiestos en la declaración judicial sucedida tras su detención como consecuencia de la operación.

Seis casos judiciales, cinco de ellos relativos casi en su totalidad a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP en 2004, mantienen la financiación del partido del gobierno bajo la lupa de los investigadores. De las seis, tres siguen en instrucción: Púnica, Lezo –ambas centradas en los manejos del PP madrileño y muy conectadas entre sí– y la valenciana Taula, que ha alcanzado popularidad por su vertiente del pitufeo o presunto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades; una –la de Los papeles de Bárcenas– ha vuelto de manera parcial a manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio; y las dos restantes ya tienen fecha señalada para el inicio de la vista oral: la de la financiación del PP valenciano, que comenzará el 15 de enero en la Audiencia Nacional; y la de la pieza del caso Palma Arena conocida como la de Over Marketing, cuyas sesiones deben arrancar el 5 de febrero tras haber sido pospuesto y centrada en los –supuestos– enjuagues electorales del PP balear durante la etapa de Jaume Matas.

Entre los hechos que han aflorado en la causa que más lejos se remonta en el tiempo –la de los papeles de Bárcenas– y los de la más reciente, la Operación Lezo, hay una diferencia de hasta 25 años: las "anotaciones extracontables" del extesorero Luis Bárcenas reflejan datos desde 1990 y en una de las piezas de Lezo se investigan presuntos delitos vinculados a varias convocatorias electorales y que alcanzan incluso, aunque por ahora de manera colateral, a las de las municipales y autonómicas de 2015. En la pieza de los papeles o de la caja B del PP sigue sin respuesta a efectos penales la gran pregunta que planea sobre el caso desde el instante mismo en que salieron a la luz los manuscritos de Luis Bárcenas: si las "donaciones" de grandes constructoras y concesionarias encubrían en realidad el pago de comisiones ilegales por contratos públicos. Fue la declaración de Francisco Correa al comienzo del primero de los juicios de la serie Gürtel asignados a la Audiencia Nacional el que precipitó la reapertura de esa pieza al asegurar que los empresarios pagaban mordidas de hasta el 3%.

Aun con diferencias respecto a la materia sujeta a investigación y la envergadura de los hechos, en los seis casos donde asoma la financiación del PP emergen dos pautas comunes: la primera, que entre los aportantes de fondos opacos para la formación conservadora siempre hay beneficiarios de contratos públicos. La segunda es esta: los seis casos arrojan múltiples indicios de que se falsearon facturas para camuflar trabajos al partido que terminaban abonando empresarios afines. De momento, en ninguna de esas seis causas pesa sobre ningún imputado el delito de financiación ilegal, que no entró en vigor hasta julio de 2015.

Que en la última década el PP se benefició de las facturas ficticias que determinados contratistas aceptaban pagar a los proveedores electorales del partido es ya algo más que una presunción. En febrero, nueve empresarios valencianos, todos ellos grandes adjudicatarios públicos, confesaron por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que habían desembolsado 1,2 millones en facturas falsas para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 así como para las generales de 2008. Entre las compañías que se prestaron a ello figura Lubasa, ahora denominada Obinesa.

Y Lubasa hace doblete. Porque no solo aparece entre los financiadores del PP investigados en las llamadas piezas separadas de Gürtel 1,2 y 6, aquellas derivadas de Gürtel donde se examina la financiación del PP valenciano y cuyo juicio conjunto está previsto para el 15 de enero en la Audiencia Nacional. Lubasa también figura entre las 13 contratistas o concesionarias del Ayuntamiento de Valencia que, en los comicios locales de 2007 y según la documentación ya incorporada al sumario de la llamada Operación Taula, desembolsaron 2,6 millones por los trabajos ficticios que les facturó Laterne. Es decir, el proveedor electoral fetiche de la ya fallecida Rita Barberá y su equipo municipal.

El papel de Over Marketing

Pero la entrada en escena de distintas causas no es un fenómeno exclusivo del grupo fundado por Luis Batalla, una de cuyas filiales ya había sido inhabilitada en 2007 por tres años como contratista público tras recibir una condena firme por delito fiscal. Con Over Marketing como mascarón de proa, el conglomerado de empresas de publicidad y servicios electorales creado por Daniel Horacio Mercado y que en la pasada década vivió su propio boom al sumar 32 millones en contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP hace acto de presencia en otros dos de estos seis casos: en aquel al que ha dado nombre y que, derivado al igual que Nóos de la macrocausa del Palma Arena, se juzgará desde febrero en Baleares, así como en la Operación Púnica.

Mimada en las Illes por el Govern de Jaume Matas pero también en la central Madrid por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Over Marketing se ha convertido en paradigma de cómo lo que ahora se conoce como "dopaje electoral" puede borrar la frontera entre lo institucional y lo partidario. En su escrito de acusación sobre el caso balear, Anticorrupción sostiene que Daniel Horacio Mercado y Jaume Matas acordaron en una entrevista previa a las autonómicas de 2003 que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas" que le adjudicarían "desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear". A partir de ese año, los encargos de "campañas institucionales" pagadas con dinero netamente público llovieron sobre Over y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación. Mercado está citado a declarar como investigado –imputado– en Púnica el día 19 ante el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, que también instruye la Operación Lezo.

Esa lluvia de contratos no se ciñó a Baleares. Sobre Over diluvió en otras comunidades del PP, muy especialmente en Madrid, donde solo el Ejecutivo de Aguirre, sin contar lo que desembolsaron varios ayuntamientos de ese mismo partido y las empresas concesionarias de hospitales públicos, le adjudicó casi 10 millones. 

En 2012, Mercado terminó haciendo una confesión de largo alcance ante el fiscal Pedro Horrach, hoy dedicado a la abogacía, y el juez José Castro, ahora a punto de jubilarse: que, en efecto, había obtenido contratos amañados en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ganaban quienes los amañaban?, preguntó el fiscal. Esta fue su respuesta: "Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007".  Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

'Púnica', 'Lezo' y la "línea continua" 

Hace tres semanas, infoLibre publicó cómo nuevos documentos incorporados al sumario de Púnica certifican que una promotora inmobiliaria pagó la campaña para las municipales de 2007 de un alto cargo de Cristina Cifuentes, la directora general de FP, Guadalupe Bragado. Los pagos se vehicularon a través de facturas falsas endosadas por una de las filiales de Over Marketing a esa promotora. Así lo acreditan los correos electrónicos cruzados entre Bragado y el número dos de la hoy extinta Over, los archivos contables internos del grupo Over y las facturas finalmente emitidas.

Cifuentes, que en la campaña de 2007 ocupaba el cargo de responsable de movilización electoral de PP madrileño, no adoptará ninguna medida contra Bragado en tanto no exista una imputación judicial. PSOE y Podemos, que acertaron al dar por hecho que la presidenta eludiría adoptar medidas contra la directora general, creen que en materia de corrupción una "línea continua" enlaza los Gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con el de Cifuentes. 

Tanto si la investigación sobre los contratos que la Asamblea de Madrid otorgó a uno de los grandes donantes de la oscura fundación Fundescam –otro de los grandes canales de financiación del PP madrileño– complica la situación de Cifuentes como si sale indemne, lo cierto es que todo lo investigado hasta ahora en Púnica y Lezo apunta a que, en efecto, había una línea continua. "La única gran diferencia –resume una fuente conocedora de ambos casos– es que en la etapa analizada en Púnica el número dos del PP de Madrid era Francisco Granados y en Lezo ya era Ignacio González".

En otras palabras, y siempre supuestamente, Granados gobernaba la búsqueda de fondos opacos hasta que Esperanza Aguirre lo destituyó como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Y a partir de ahí, esa tarea quedó, también supuestamente, en manos de su sucesor y entonces delfín de Aguirre, Ignacio González. Enemigos acérrimos, y además de haber ocupado el segundo puesto en el escalafón del PP madrileño, ambos compartían una segunda característica a la que en su renuente comparecencia ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP se refirió hace dos semanas el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí.  "Yo creo –dijo– que cuando mezclamos corrupción con política al final lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio". "Con la corrupción –apostilló– un dinero va para gastos particulares y otro va para gastos de la familia".

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta caja B del PP, pero se ha negado a hablar en el Congreso sobre los casos que corrupción que afectan al PP y que todavía están sujetos a investigación. Su negativa a aportar datos -"No le puedo contestar" ha sido la frase más repetida en su intervención– ha llevado al diputado de Ciudadanos Toni Cantó a proponer que comparezca de nuevo pero esta vez a puerta cerrada.

Corbí acababa de remarcar que jamás ha recibido ninguna presión de sus superiores ni de "ningún mando político" cuando el diputado del PSOE Artemi Rallo le preguntó su opinión sobre la "contundente" reacción de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, tras conocerse esta primaver un informe de la UCO que la involucraba en Púnica por su papel en la adjudicación de dos contratos de la Asamblea de Madrid. El jefe de la UCO respondió así: "La única presión si podemos llamarle presión, más allá de que el ruido no nos gusta, son las comunicaciones a la prensa donde se dice que me han cesado tres veces o que un informe lo hace alguien que no sabe. Pero eso es ruido, yo lo considero ruido".

¿No se inmutó por esa descalificación?, insistió el diputado. Y el coronel avanzó en la dirección trazada por él mismo segundos antes: "Cada uno se puede defender como crea oportuno". ¿Fueron dos bofetadas sin mano? La incógnita quedó planteada. Y hubo una tercera respuesta enigmática, esta vez a la pregunta de Rallo sobre si los hechos que ahora investiga la UCO sobre la presunta financiación del PP pueden calificarse como "hechos del pasado", expresión acuñada por el PP en su desmarque de los periodos sujetos a examen judicial. "No le puedo contestar. Estaría entrando en el fondo del asunto", contestó Corbí. ¿Sugiere esa respuesta que esos hechos también afectan al presente? De nuevo, la incógnita quedó en el aire dado que el coronel no dijo una sola palabra más al respecto.

El reiterado silencio del coronel sobre los asuntos objeto de investigación por parte de la comisión ha llevado a Ciudadanos a plantearse la posibilidad de volver a citarle en el futuro, pero a puerta cerrada, para que pueda explicarse. Sánchez Corbí ha comentado que preguntará a los jueces si puede comparecer en ese formato.

El diputado de Unidos Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes ha sido el primero en intentar interrogar al coronel, al que ha reprochado que no respondiera a sus preguntas sobre las investigaciones en curso que afectan a las campañas del PP de Valencia. Muy ácido con el compareciente, Yllanes llegó a reprochar a Corbí que estuviera "constantemente pendiente de los diputados del PP a ver si le bendicen".

El resto de grupos se han interesado sobre este caso, bautizado como Taula, y por otras investigaciones de la UCO como Lezo y Púnica, incluyendo informes recientes que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o a la etapa de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, a quien se relaciona con las empresas de reputación online de Alejandro de Pedro.

"No puedo contestar"

"No le puedo contestar", se ha excusado continuamente el coronel jefe de la UCO, explicando ante las reiteradas protestas de los grupos que su actitud ante la comisión de investigación viene exigida por su obligado respeto a los jueces y fiscales a los que remite los informes de esta unidad de Policía Judicial. "No es lo que me gustaría y me resulta tremendamente incómodo", ha dicho sobre su incapacidad para dar detalles a los diputados.

Tanto el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes como el de Ciudadanos Toni Cantó han criticado que el PP haya actuado como "defensor del compareciente", a quien también han señalado por "mirar" a la bancada conservadora para, según ellos, buscar su "aprobación". Corbí ha negado esto último y ha defendido que no ha recibido nunca ninguna llamada de ningún ministro y que la única presión que sienten es de los medios de comunicación interesados en sus informes.

"Cuando se filtra un informe nos molesta porque eso perturba mucho", ha comentado Corbí a preguntas del PP, que se ha interesado por si se ha podido dañar la presunción de inocencia sobre la base de unos informes de la UCO que el coronel ha lamentado que "a veces se le atribuyan unos poderes sobrenaturales", cuando "tienen valor de denuncia más o menos real a partir de lo que luego ocurra en el juicio oral".

El diputado de EH Bildu Oskar Matute le ha preguntado por la operación Guateque, a lo que Corbí le ha corregido explicando que no es una investigación que llevara la UCO. Acto seguido ha cuestionado su papel en la lucha contra ETA, que lideró el coronel antes de su paso a esta otra unidad en noviembre de 2015. "No es objeto de la comisión, pero cuando quiera debatimos de mi pasado y del suyo", le ha dicho al diputado.

Lanzada en pleno huracán de Cataluña, la citación de la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, como investigada (imputada) por la presunta financiación ilegal de las campañas del grupo municipal valenciano bajo el mandato de Rita Barberá ha pasado casi por completo inadvertida. 

Máxima responsable de las finanzas del PP desde mayo de 2012, pero antes que eso gerente desde julio de 2010 y administradora de la campaña para las municipales de 2011, Navarro ya figuraba como investigada en el guadianesco caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, abierto en 2013, torpedeado por el PP con recusaciones a la juez instructora y aún hoy pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso de la Fiscalía y del partido contra su procesamiento como persona jurídica –el primero de la historia– así como el de su tesorera y otros militantes como personas físicas. Ahora, el juez que investiga la denominada Operación Taula, famosa por el pitufeo en el grupo municipal del PP valenciano, la ha llamado a declarar para el 16 de octubre.  

Así, la mujer que el 13 de julio de este año le dijo al Congreso que nunca iba a investigar el pasado afronta ahora una investigación que podría afectar a su futuro. Pero, de momento, su normalidad como tesorera del PP doblemente investigada en sendos casos de presunta corrupción continúa intacta.

Con la imputación de Navarro en la Operación Taula, una más de las que giran en torno al ramillete de cajas B descubierto por distintos jueces en distintos casos de presunta corrupción y con distintos informes elaborados bien por la UCO de la Guardia Civil o por la UDEF de la Policía, el PP supera su propio récord: de los seis tesoreros que se han sucedido en el control de las cuentas durante los últimos siete lustros –desde 1982, en tiempos de Alianza Popular, hasta ahora– solo uno, José Manuel Romay, jamás se ha visto envuelto en ninguna investigación judicial por supuestos ingresos y gastos opacos. Navarro se suma ahora a esa lista de reyes de la contabilidad conservadora bajo sospecha a la que ya pertenecían Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Naseiro se libró hace ya 25 años gracias a que el Supremo anuló las escuchas que los observadores del momento consideraban una prueba de cargo irrefutable. 

Lejos de alterar su normalidad, la nueva imputación que convierte a Navarro en investigada por partida doble ha sido recibida por el PP con el aviso –o la amenaza– de potenciales acciones legales. El jueves, los portavoces oficiales del partido subrayaron dos cosas: su "extrañeza" por el hecho de que el auto de juez se limite a fijar fecha para la comparecencia de Navarro –y en efecto, así es–; y que el caso se refiere al ámbito municipal, con lo que el PP nacional –es la tesis interna– se sitúa al margen.

En realidad, las elecciones autonómicas se organizan con administradores electorales que deben estricta obediencia a la federación de cada territorio. Para las elecciones generales y las municipales los partidos disponen en cambio de un administrador oficial para todo el país. De hecho, es la dirección estatal de cada formación la que entrega los informes y los números de esos comicios al Tribunal de Cuentas.

Y aunque es cierto que la resolución del instructor de Taula, el juez Víctor Gómez, no aporta detalles sobre el porqué de la imputación de Navarro, también lo es que el PP sabía desde hace un año que en la práctica ya estaba bajo la lupa de los investigadores. En mayo de 2016, trascendió que la Fiscalía pediría el interrogatorio de la tesorera como administradora de las campañas de 2011 y 2015. 

Los episodios por los que el juez investiga a los ahora imputados guardan relación principalmente con la campaña electoral municipal de 2007, en la que el PP gastó casi tres millones de euros cuando oficialmente declaró que había invertido 150.000. Pero la línea argumental del auto se sustenta en una premisa básica: el presunto delito electoral no habría tenido un carácter aislado sino que lo sucedido entonces "podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011", y por eso cita también a declarar a quien ese año era gerente del PP en Valencia. 

Del anuncio de Cospedal al desmentido de la tesorera

En su comparecencia del pasado 13 de julio ante la comisión de investigación del Congreso, la tesorera enfatizó la que se perfila como su principal línea de defensa en esta especie de spin off de la (presunta) financiación ilegal del PP valenciano que es el caso Taula: los grupos municipales –dijo aquel día ante la Cámara Baja– "son autónomos". Es decir, que la dirección del partido nunca nunca supo nada de los hipotéticos manejos con empresas financiadoras por los que el histórico vicealcalde de la ya fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido imputado en el mismo auto.

Durante aquella comparecencia, Navarro sorprendió a todos cuando el diputado de Ciudadanos Toni Cantó le preguntó por los resultados de la "investigación" sobre las cuentas internas desarrollada por ella misma en 2013 a petición del partido. Cantó no se había sacado aquella investigación de la manga. Su información procedía del anuncio formulado el 21 de enero de 2013 por María Dolores de Cospedal, entonces solo secretaria general del PP: "El presidente Rajoy – dijo ese día Cospedal en rueda de prensa– ha anunciado una profunda investigación interna, que va a dirigir la actual tesorera del partido, Carmen Navarro''. 

Pero la destinataria del encargo ofreció una respuesta fuera de guion que anticipa también qué puede contarle al juez de Taula: "Yo –proclamó ante los diputados– hice una auditoría interna, que no es una investigación, sobre las cuentas del partido. Yo no he investigado nada. A mí se me nombra en el Partido Popular para gestionar el presente, no para investigar el pasado". 

Instantes después, se reiteró en aquella idea, guía y máxima de sus postulados: "Yo he venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado, y no lo voy a investigar nunca".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta al exconcejal del PP Ayuntamiento de Valencia y actual diputado no adscrito en las Corts Miquel Domínguez por un presunto delito de blanqueo de capitales investigado en el caso Imelsa.

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario regional, investigado por la entrega de 1.000 euros al grupo municipal del PP para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias "ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación" de Domínguez en los hechos investigados, es decir en un operativo diseñado para blanquear dinero mediante la entrega de los 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de supuesta procedencia ilícita, según ha informado Europa Press.

En un auto notificado este viernes a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar al exconcejal y diputado por los hechos relatados en la exposición razonada elevada por el juez instructor del Caso Imelsa, el titular de Instrucción 18, por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral, ha informado el TSJCV.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este miércoles en la Fundación Inndea de Valencia, en el edificio de Las Naves, con el fin de recabar contratos y documentación relacionada con la empresa Laterne, en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio, en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Esta acción de la Guardia Civil continúa con la recopilación de documentos que se llevó a cabo ayer en la sede de la Fundación Valencia Turismo y que pretende recoger datos sobre los contratos firmados entre el Ayuntamiento y la empresa y que presuntamente pudieron servir para financiar la campaña electoral de BarberáBarberá en el año 2007, según ha podido saber Europa Press.

Cuando se inició esta investigación -correspondiente a una pieza declarada secreta y de la que se encarga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia- la UCO vio necesario recabar información de alrededor de una decena de empresas para comprobar los hechos objeto de las pesquisas.

Por ello, los agentes se han personado hasta el momento en las sedes de Fundación Turismo Valencia e Inndea -ambos organismos participados por el Ayuntamiento- y no se descartan nuevas acciones de este tipo en los próximos días, han señalado las mismas fuentes.

Alcaldesa de Valencia hasta 2015, icono del poder local del PP durante dos décadas y aforada ante el Tribunal Supremo por su condición de senadora, Rita Barberá adujo este lunes ante el juez que la investiga por presunto blanqueo que lo desconocía "todo absolutamente de las cuentas" del grupo municipal que dirigió 24 años. Según Barberá tampoco tuvo "como alcaldesa intervención alguna en los contratos celebrados desde el año 2005". Según sus palabras, si algún empresario tenía interés en alguna adjudicación, ella misma "ha prohibido que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio".

En su declaración voluntaria ante el juez del Supremo y exfiscal general Cándido Conde-Pumpido, Barberá ha admitido que aportó 1.000 euros al partido en la campaña de 2015. Pero, como ya hizo antes de que el juez que instruye el caso en Valencia pidiera al Supremo que abriese investigaciones sobre Barberá, la exalcaldesa ha negado que el PP le reintegrara esa cantidad en dos billetes de 500.

Durante casi hora y media, el fiscal ha interrogado de forma exhaustiva a la investigada no solo sobre la entrega de esos 1.000 euros sino sobre la hipótesis central de la investigación desarrollada en Valencia: que ciertas adjudicaciones se otorgaban en función de las aportaciones económicas que los aspirantes efectuaran al PP. El fiscal le ha preguntado por los contratos para la Mostra, el certamen cinematográfico de Valencia, así como por los relativos a un centro cultural –La Rambleta– y a la conversación de dos puentes históricos. Barberá "no dio instrucción alguna" en ninguno de esos contratos, fue su respuesta.

El magistrado Conde-Pumpido solo le hizo una doble pregunta, y así lo refleja el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre: la de si a Barberá le devolvieron alguna cantidad de las aportadas al partido y si sabe si se la han devuelto a alguna persona. Barberá respondió con una negativa en ambos casos. El juez debe decidir en pocos días qué pruebas practica una vez le sean solicitadas por las partes. En Valencia, la pieza por la que la exalcaldesa ha terminado ante el Supremo se ha ampliado a un segundo delito, el electoral. 

Representada por el exfiscal José Antonio Choclán, la exalcaldesa se ha negado a responder a la acusación popular que ejerce el PSOE. 

Qué sucederá con Barberá es todavía una incógnita. El juez Conde-Pumpido ya ha expresado abiertamente su resquemor por el papel que la legislación española atribuye a la acusación popular. La primera pista de relevancia llegará en los próximos días, una vez que el magistrado resuelva sobre las diligencias solicitadas por la Fiscalía, la acusación popular y la defensa.

Lo conoce "por los medios"

De momento, Barberá ha optado por una táctica que las fuentes jurídicas consultadas consideran la más hábil para sus intereses: la de la completa ignorancia. El desconocimiento invocado por la exregidora valenciana la ha llevado a asegurar que solo conoce "por los medios", es decir, por la prensa, "las manifestaciones" de la antigua secretaria del grupo municipal y persona de su máxima confianza, Mari Carmen García Fuster, "con respecto a aportaciones al partido de cantidades muy cuantiosas por parte de terceras personas".

Barberá se refería a cómo García Fuster reconoció ante el juez de Valencia que el PP recibió entre 2006 y 2011 más de 245.000 euros en donaciones. El acta de su declaración resume así las palabras de la senadora: "Que desconoce absolutamente estos hechos, lo conoció a través de los medios de comunicación. La señora Fuster no le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones".

No obstante, y pese a que ni tenía firma en las cuentas ni sabía a cuál de ellas iban a parar las subvenciones oficiales ni pertenecía al equipo que diseñaba los gastos de campaña ni conocía los ingresos en metálico que la secretaria del grupo hizo en la cuenta investigada -la del Banco Sabadell- ni sabe qué persona era la "encargada de recepcionar las aportaciones de los afiliados y militantes", Barberá ha sido tajante en dos negativas: "Niega absolutamente la existencia de una caja B". Y niega que hubiera "ningún tipo de financiación ilegal". El acta no especifica el porqué de su certeza.

Investigada por el ya conocido como pitufeo, la operativa de supuesto blanqueo basada en múltiples ingresos individuales de 1.000 euros para ocultar una presunta donación de mucho mayor importe, Barberá se ha escudado en sus subordinados. Era el "comité de campaña", al que nunca perteneció, el que "diseñaba las necesidades económicas y distribuía las mismas", ha recalcado.

El acta de su declaración, a la que ha accedido infoLibre, refleja cómo Barberá ha señalado directamente al exportavoz municipal del PP, Alfonso Novo, y a su exvicealcalde, Alfonso Grau, como las dos personas que, en 2015 y 2011 respectivamente, se encargaron de controlar "los ingresos y los gastos" de la campaña. Grau es el marido de la exconcejal María José Alcón, cazada en un pinchazo policial mientras le explicaba a su hijo la operativa del pitufeo. Este lunes, Barberá ha especificado que "el señor Grau era coordinador general en el grupo municipal". 

Su misión, "sacar votos"

Fuentes conocedoras del caso que se investiga en Valencia sostienen que "no hay contradicción" entre lo declarado por Barberá y lo que en su día aseguraron en sede judicial Grau y Novo. 

A lo largo de casi hora y media de declaración y tras sufrir un tropezón literal a su llegada al despacho del juez Cándido Conde-Pumpido, Barberá se ha escudado en sus subordinados una y otra vez. Su misión, ha dicho, era "sacar votos". 

Barberá admitió que había aportado 1.000 euros al partido en la campaña de 2015 pero negó que, en contra de lo que sospecha el juez que investiga el caso en Valencia, el dinero le fuera devuelto con dos billetes de 500. Ese sistema es el que se conoce como pitufeo: múltiples personas -aquí se investiga a 50- ingresan pequeñas cantidades cuya suma total equivale al de la donación que se pretende ocultar. Quienes han efectuado esos pequeños ingresos reciben luego el reintegro de las cantidades en dinero negro. El origen del saldo bancario queda así justificado. O blanqueado.

La exalcaldesa de Valencia y senadora del Grupo Mixto, Rita Barberá, ha asegurado que desconocía el sistema de financiación del grupo municipal que presidía en el Ayuntamiento de Valencia ya que no formaba parte del comité de campaña, según explicaron fuentes del caso a los periodistas.

Barberá ha respondido durante casi una hora y media al interrogatorio del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado bajo el Gobierno socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, del fiscal y de su abogado defensor, José Antonio Choclán.

A la senadora se le atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

La exregidora valenciana ha reconocido ante el juez del Supremo haber abonado 1.000 euros al partido, aunque ha explicado que ese dinero no le fue devuelto y que tampoco conocía a nadie que hubiera recibido esa suma, tal y como considera la investigación realizada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que asegura que el dinero fue retornado a la senadora en dos billetes de 500 euros.

Sobre los 1.000 euros aportados, en concreto Barberá ha dicho que no recordaba quien le dijo que tenía que aportarlos, pero sí que eran de carácter voluntario y no había ningún "castigo ni amenaza" a las personas que no contribuyeran. Al mismo tiempo ha declarado que desconocía también si la medida tuvo éxito, puesto que ella no estaba en el comité de campaña, y aunque conoce a las personas que han asegurado que la cantidad le fue devuelta en dos billetes de 500 euros no sabe a qué puede obedece tal manifestación.

Niega la financiación ilegal

A lo largo de su declaración, ha negado "expresamente" que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal o existiera caja 'B' y que la secretaria del grupo, María del Carmen García-Fuster le diera cuenta de las aportaciones investigadas, informa Europa Press.

Sobre los hechos concretos de los que se le acusa, Barberá ha dicho que no sabía si el PP de Valencia manejaba dos cuentas corrientes -una de ellas en B- y si era el depósito residenciado en Caixabank la que recibía las subvenciones pues desconoce "todo absolutamente de las cuentas".

No obstante ha reconocido que para un militante era "aconsejable" que aportara una cuota dado que el partido necesita financiarse, y que la aportación era de 60 euros mensuales y los militantes sin cargo 30 euros, sin que ello pueda considerarse "financiación atípica".

También ha señalado que "a veces" había aportaciones extraordinarias y que era "típico en Valencia" reservar respecto de la Lotería una parte para el partido. Sobre García-Fuster, ha asegurado desconocer las manifestaciones que ésta ha realizado sobre aportaciones muy cuantiosas al PP por parte de terceras personas.

Ha añadido que en periodos de campaña electoral se formaba un comité del que formaban parte concejales, portavoces y varios militantes, y que su función era la de "sacar votos". No obstante, ha reconocido una "relación constante" con los miembros de este comité, especialmente con los que eran concejales.

En relación con las adjudicaciones a empresas en función de sus aportaciones al partido por los que se ha interesado el fiscal, Barberá ha manifestado que todas los contratos se adjudicaban por una comisión integrada por técnicos municipales, y que era esta mesa de contratación la que hacía la propuesta al órgano que tenía que aprobar el contrato.

En este sentido, Barberá ha señalado que no sabe de conversaciones entre el responsable de Imelsa Marcos Benavent -el arrepentido que ha desvelado la supuesta trama- y otras personas respecto a la "limpieza del sistema de contratación", y que no ha intervenido en dichas adjudicaciones ni hablado nunca con ningún empresario que en dicho momento tuviera interés en alguna adjudicación. Es mas, ha dicho que prohibió que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio.

A preguntas de su defensa, la senadora ha especificado que no tiene firma en ninguna de las cuentas por las que fue preguntada por el fiscal y que era García-Fuster quien llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo. Respecto a los gastos de campaña en 2015, ha señalado a su vicealcalde Alfonso Grau, y que ni él ni sus colaboradores directos le han hablado nunca de ninguna caja en 'B'.

No contesta a la acusaciónAsimismo, Barberá se ha negado a contestar las preguntas de la acusación popular

, ejercida por el PSOE. No obstante, el magistrado Cándido Conde-Pumpido ha reclamado a la letrada socialista Gloria Pascual que realizara de todas formas las preguntas, para que hubiera constancia de las mismas.

En esta pieza separada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas y el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.

Tras una hora y media de declaración, Barberá ha salido del Alto Tribunal hacia un taxi que la estaba esperando, donde ha entrado junto con sus acompañantes eludiendo las preguntas de la prensa. Un puñado de personas la esperaba y la ha insultado a gritos de "borracha", "corrupta", "vas a pagar aunque te escondas en el Senado", "no te escondas que lo vas a pagar todo".

La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá llegó este lunes sobre las 10.00 horas al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la operación Taulaoperación Taula, derivada del caso Imelsa, informa Europa Press.

Barberá entró en la sede del tribunal sin hacer declaraciones a los medios, tras llegar en un taxi acompañada de su abogado, José Antonio Choclán.

La senadora se presentó en el Alto Tribunal media hora antes de la cita marcada por el juez instructor Cándido Conde-Pumpido –el que fuera fiscal general del Estado durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero–.

En el caso Taula, pieza separada del caso Imelsa, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada, como senadora, de la exmandataria conservadora.

Art. 122 del Código Penal

El Partido Popular está sentado en el banquillo del macrojuicio de la Gürtel bajo la acusación de haberse beneficiado de la comisión de graves delitos cometidos por la red que encabezaba Francisco Correa. Afrontan sendas imputaciones los tres últimos tesoreros nacionales y una veintena de ex cargos públicos nombrados y sostenidos durante años por la cúpula del Partido Popular que preside Mariano Rajoy. Si finalmente es condenado, en la sentencia se fijará la cantidad económica que el PP debe aportar al erario público por el beneficio obtenido ilícitamente. Lo que no puede contemplar ninguna sentencia, y menos con efecto retroactivo, es la magnitud del daño causado por esa constante afición del PP a participar a título lucrativo de operaciones políticas que en los últimos años han contribuido al deterioro de la democracia. De hecho ya tiene Rajoy dispuesto el operativo para volver a lucrarse (políticamente) del descalabro al que se ha lanzado el PSOE.

No nos referimos aquí a las otras causas por corrupción en las que está implicado el PP. En todas ellas (Taula, Palma Arena, Púnica, Son Espases, papeles de Bárcenas, destrucción de ordenadores...) aparecen también toneladas de indicios de financiación ilegal de campañas electorales. Centenares de mítines y actos protagonizados por Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá, Ignacio González y toda la plana mayor del partido empezando por el propio Rajoy, en Madrid, en Valencia y en otros muchos lugares, fueron organizados por la trama de Correa, que a su vez agradecía la confianza mediante regalos personales y sobrecostes que cubrían el reparto de comisiones. Para resumirlo sin temor a exagerar una mica: el PP ha acudido a las contiendas electorales, desde los años 90 hasta como mínimo 2011, dopado económicamente. Ha competido con recursos de origen irregular, donados por empresarios que a cambio esperaban recibir (y recibían) adjudicaciones públicas desde las administraciones municipales y autonómicas gobernadas por la formación de Rajoy.

¿Cómo se calculan los efectos que ha podido tener esa competencia desleal? ¿Cuánta influencia ha ejercido esa fórmula empleada clónicamente en Madrid, en Valencia, en Baleares..., que incluía el uso de dinero negro y cuentas millonarias en Suizacuentas millonarias en Suiza, en las holgadas victorias electorales del PP? ¿Cómo medir la relación entre inyecciones de publicidad institucional y el abrumador apoyo mediático que el PP ha mantenido durante décadas?

¿Sentido de Estado?

Paralelamente a las actuaciones que irán siendo examinadas por los tribunales, el PP ha desarrollado estrategias políticas en las que nunca ha renunciado al papel de partícipe o beneficiario a título lucrativo. Causa perplejidad el éxito con el que se impone el discurso de que la formación de Rajoy es prácticamente la única fiable, rigurosa, con sentido del Estado y de la responsabilidad pública, capaz de garantizar estabilidad y certidumbre. Si alguien se molesta en repasar las cuestiones calificables como de Estado en los últimos quince años, descubrirá que los principales pactos se lograron siempre con el PP en el Gobierno. Cuando la derecha se queda en la oposición, procura sacar ventaja de cualquier coyuntura por delicada que sea. Bastan dos ejemplos clamorosos: su boicot a la reforma del Estatut de Cataluña y su negativa absoluta a apoyar el llamado proceso de paz que culminó con la renuncia de ETA a las armas en la segunda legislatura de Zapatero. Se le reclamó entonces a Rajoy sentido de Estado, pero actuó bajo la convicción de que oponerse de forma radical y hasta por vía judicial reportaba votos para el PP en todas partes salvo en Cataluña y el País Vasco. El "no es no" permanente de Rajoy a los nacionalistas, sin ninguna otra alternativa, ha sido una enorme fábrica de independentismo.

En cualquier democracia mínimamente madura, sería inimaginable que el presidente de un partido sentado en el banquillo por delitos relacionados con la corrupción y acusado de haberse beneficiado de actuaciones ilícitas pudiera seguir en el poder. España, que durante décadas viene intentando converger con Europa en lo económico, parece incapaz de converger en niveles de calidad democrática. El escenario al que asistimos este mes de octubre tras la decapitación de Pedro Sánchez en el PSOE anticipa una alta probabilidad de que Rajoy vuelva a ser partícipe a título lucrativo, esta vez del proceso de autodestrucción del PSOE.

El harakiri socialista

El nexo que unía a todos los llamados críticos hasta el Comité Federal del pasado sábado era sacar a Sánchez de la secretaría general del PSOE. Unos por las derrotas electorales acumuladas; otros porque lo consideran responsable de haber roto el partido; algunos porque le veían capaz de acordar un gobierno con Podemos con el visto bueno de los independentistas, y eso no lo admiten los jarrones chinos ni los aliados mediáticos ni el poder económico; muchos porque querían devolver los golpes y humillaciones ejercidas por Sánchez durante el último año y medio; algunos porque desde muy pronto no fue todo lo dócil que se esperaba de él; los más porque consideraron que su anuncio de primarias exprés y congreso en diciembre era una estratagema cuyo único objetivo consistía en seguir cuatro años más al frente del partido, sin posibilidad de acordar un gobierno alternativo, menos aún en el plazo de una semana escasa (entre el 23 y el 31 de octubre). Todos (y solo eran 25 más que los pedristas en el Comité Federal) coincidían en que Sánchez sobraba. Pero ni todos son susanistas ni muchos de ellos tienen claro que facilitar la permanencia de Rajoy sea mejor solución que repetir elecciones.

Si quienes pergeñaron la decapitación de Pedro Sánchez pensaban que sería sencillo sustituir de golpe y porrazo el no es no por la abstención y ganar tiempo para recomponer el PSOE (o lo que quedara del partido) han demostrado una torpeza considerable. Aunque les sobraran motivos para deponer a Sánchez, erraron en las formas y lo hicieron sin un relato convincente. Ahora intentan gota a gota, declaración a declaración, que vaya calando la inevitabilidad de aceptar la investidura de Rajoy. Y este parece salivar ante la oportunidad de volver a ser beneficiario o partícipe a título lucrativo. Es costumbre.

P.D. Por cierto, el PP viene alegando que no se le puede acusar (ni tampoco a la exministra Ana Mato) de haberse lucrado porque eran desconocedores de que la red de Correa estaba cometiendo delitos. Un alumno de primero de Derecho puede explicar que la figura penal que refleja el artículo 122 ya asume que el acusado ignoraba la procedencia ilícita de su lucro. De haberla conocido, la acusación sería por complicidad o encubrimiento, delitos por los que (hasta el momento) no han sido investigados los máximos responsables políticos del PP. Ana Mato complicidad o encubrimientolos máximos responsables políticos del PP

"Echo en falta un cierto liderazgo de Rajoy, que ha desparecido 48 horas [...] Alguna autoridad tendrá el presidente del partido y presidente en funciones para pedirlo [el escaño a Barberá]. Debería hacerlo y no lo ha hecho". Albert Rivera, líder de Ciudadanos, hurgaba este jueves en dos de las principales heridas de Mariano Rajoy: la del caso Barberá y la de su liderazgo. Para el presidente de los conservadores es muy incómodo ver cómo la que fue su amiga, la que tantos votos le dio en Valencia, la que le sostuvo cuando en 2008 le querían mover la silla se de baja en el partido. Pero también es muy incómodo que se traslade la idea de que la exalcaldesa le ha echado un pulso y ha ganado negándose a entregar el acta para dejar de hacer daño al PP. Quienes conocen a Barberá y han hablado con ella estos días aseguran que ni una llamada de Rajoy hará que se mueva de su posición.

Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que, fuera ya del PP, cualquier decisión que tome será personal y no por influencia ni de Rajoy ni de cualquier otro cargo del partido. Añaden que mucho tiene que cambiar la situación para que deje el escaño después de no haberlo hecho el miércoles. "Da igual que se lo pida quien se lo pida. Está convencida de que irse del escaño es asumir que es culpable y prefiere seguir estando sometida a esta presión política y mediática", señala un dirigente conservador conocedor del proceso que condujo a que la exregidora accediera, a petición del partido, a entregar su carné de militantecarné.

Aferrada a su escaño, Barberá se mantiene como aforada y el órgano competente para instruir su causa es el Supremo. La Sala II de este tribunal abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe que apoyó la Fiscalía. A partir de ese momento el PP entró en pánico. Los candidatos a las gallegas y vascas y, detrás de ellos, destacados miembros del partido y del Gobierno salieron en tromba a pedir su cabeza.

Rajoy, en la sombra

Veinticuatro horas después de conocerse que Barberá se iba, pero a medias, el PP respiraba este jueves algo más aliviado. No obstante, el clima en el partido seguía revuelto, algo a lo que contribuía el hecho de que Rajoy no haya hablado con la alcaldesa desde que se conoció la decisión del Supremo. La no comunicación del jefe con la senadora ha hecho pensar a más de uno en el PP que todos los puentes están rotos y que éste no va a salir a parar los pies a los suyos porque su silencio es una muestra más de que él también piensa que Barberá estaría mejor fuera del escaño.

A Rajoy no le gusta tener cadáveres en el armario y no le gusta aparecer como brazo ejecutor de las dimisiones de los que un día fueron de su máxima confianza. Pero en un partido tan jerárquico como el PP a nadie se le escapa que María Dolores de Cospedal, la secretaria general, y Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de Organización, estuvieron negociando con Barberá su salida con el pleno conocimiento de Rajoy. Barberá no emitió el comunicado hasta que se le planteó un ultimátum: o entregaba el carné o convocaban al órgano disciplinario del partido para que la suspendiese de militancia. Del escaño en el Senado, ni hablar. 

"Yo mismo hablé con ella en muchas ocasiones. hablé con ellaLe pedimos que en interés del partido y en su propio interés tenía que dar un paso atrás. Ahí hemos estado dialogando y hablando con ella en todo este tiempo", señaló el propio Maillo en una entrevista concedida a Telecinco recogida por Europa Press. 

¿Dos sectores?

Cuando el PP no se ha recuperado del caso Soria, un escándalo en el que se evidenciaron dos discursos: el de Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos defendiendo el nombramiento como director ejecutivo del Banco Mundial y el de casi todos los barones en contra, este jueves volvieron a aflorar en público algunas diferencias entre dirigentes del partido y miembros del Gobierno. Al menos, de discurso.

No es la primera vez, no obstante, que los vicesecretarios más jóvenes muestran mayor dureza que los miembros más veteranos de la dirección nacional en lo que a Barberá se refiere. Ya en abril, cuando estalló el caso, presionaron para que Barberá se apartara. Pero a Rajoy le pareció demasiado pronto. Les prometió que sería tratada igual que el resto, pero a su debido tiempo. 

Cospedal fue la primera voz autorizada de la dirección nacional en defender el nombramiento, ya frustrado, de Soria. Y también fue este jueves la primera voz, y la única, que dijo de forma clara que entendía que Barberá siguiese de senadora. En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, donde viajó a apoyar a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Xunta, Cospedal señaló que Barberá todavía "no ha ido a declarar" al tiempo que exigió "un mínimo de respeto a la presunción de inocencia", informa Europa Press.

"¿Conoce a muchos ciudadanos que sin haber ido a declarar por aportar 1.000 euros tengan que dejar un escaño? Yo, no", añadió.

Además recordó que en el momento en el que se conoció la decisión de Supremo ella se mostró convencida de que la exregidora municipal haría "lo mejor para los intereses generales, para el PP y para poder defender su inocencia". "Eso es lo que ha hecho", sostuvo.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, aseguró que la "solución" alcanzada en torno a la situación de Rita Barberá es "positiva", aunque señaló que, a su juicio, sería "mejor" que renunciara a su escaño en la Cámara alta. 

Maroto y la "ejemplaridad"

Más duro fue el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto. Para él, "no es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento". El dirigente del PP vasco considera que la actuación de Barberá, en el "final de su carrera", no cumple con el requisito de "dignidad" ni con el de "ejemplaridad" con el que los políticos deben ejercer su vida personal. "No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así", dijo en declaraciones a RNE.

Fuera ya de la dirección del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, de promoción por su libro, también fueron críticos con la permanencia de Barberá en el escaño. Lo mismo que opina Isabel Bonig, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana. 

De hecho, Bonig presentó una resolución en Las Cortes para que, en casos como los de Barberá, que es senadora por designación autonómica, la institución responsable del nombramiento pueda dar marcha atrás por, entre otros, motivos judiciales.

Fuentes de la dirección del PPCV consultadas por infoLibre aseguran que antes de presentar la resolución se avisó a Génova del contenido de la misma y que no se puso objeción alguna.

Levy niega la división

En un intento de llamar al orden, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró este jueves que no hay división ni "dos" PP. "Estamos todos a una defendiendo el PP. No hay dos PP porque las siglas del PP las defiende Maroto, las defiendo yo y las defiende la señora Cospedal", manifestó en una entrevista en 13TV.

"Cada uno tiene su manera de expresarse", defendió. A su juicio, "a veces la manera no es hablar alto sino hablar claro", subrayando que bajo las siglas del PP los comportamientos han de ser ejemplares.

Fuentes de la dirección nacional del PP niegan cualquier tipo de división. En la misma línea de las palabras de Levy señalan que cada uno habla en función de sus responsabilidades y que no hay nadie del partido que en los últimos días no haya trabajado para defender las siglas lo mejor posible. 

"El PP no puede hacer nada más. No está en sus manos", insisten. 

Este jueves, el argumentario difundido por el partido entre sus cargos públicos y militantes intentaba pasar página. Al caso Barberá le dedicaba la frase de cierre. La consigna es que la exalcaldesa está ya fuera del PP: "La exalcaldesa ha decidido no dimitir de su escaño en el Senado, pero ya fuera del Grupo Parlamentario Popular en el Senado", puede leerse.

Cuando Mariano Rajoy se encuentra ante un asunto polémico su reacción suele ser no hablar de él. Evitar referirse a ello en público. Como si no mencionándolo dejase de existir. Es lo que ha hecho estos días sobre la situación de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia. Este miércoles, un día después de que el Supremo diese un nuevo paso hacia su imputación, la exregidora municipal renunció a su militancia en el PP a petición de la dirección nacional, pero no al escaño en el Senado. Y la reacción de Rajoy ha seguido siendo el silencio. 

El presidente del Gobierno en funciones arropó a Luis de Guindos en la presentación de su libro (España amenazada, Península) horas después de que Barberá anunciara que deja de ser militante del partido. De la exalcaldesa no dijo ni una sola palabra. Evitó a la prensa. En su intervención se limitó a atacar a Pedro Sánchez y a vender un discurso en el que se siente muy cómodo: el de la recuperación económica.

Durante años, Barberá ha sido una de las dirigentes más respetadas del PP por sus mayorías absolutas en el Consistorio. También fue, junto a Francisco Camps, uno de los principales apoyos con los que contó en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, que se celebró en Valencia en junio de 2008. Ahora, el PP intenta pasar página para que el tema contamine lo menos posible las campañas vasca y gallega y la formación de Gobierno apuntando a que "ya no es del partido". Rajoy, esquivando el tema, se abonó a esta tesis.

"España no puede seguir bloqueada por el empecinamiento de quien no quiere admitir su derrota. El señor Sánchez, por algún inexplicable motivo, parece decidido a llevarnos a todos a nueva convocatoria electoral de la que nadie sacará provecho alguno. Unas terceras elecciones solo supondrán descrédito para los políticos y desconfianza para España", sostuvo en su intervención después de que Guindos presentara su libro en la Fundación Rafael del Pino.

Rajoy reivindicó "la política de resultados y la buena gestión". "Para mí el extremismo que hoy necesita España es el extremismo del sentido común y yo estoy dispuesto a seguir dando esa batalla. Es hora de acabar con el ruido y, como decía Ortega, ponerse a las cosas que importan: la economía, el empleo, la seguridad, el futuro", añadió.

Tras el 'caso Soria'

No pasa inadvertido que Rajoy arropaba a Guindos una semana después de que José Manuel Soria, exministro de Industria, renunciara a un puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, propuesta que partió del Ministerio de Economía. Y un día después de que el ministro compareciera en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados para dar algunos detalles de la polémica.

La propuesta de Guindos generó no pocas tensiones en el PP y en el Gobierno. Algunos ministros llegaron a acusar a su compañero de no haber sido transparente a la hora de dar todos los datos sobre el nombramiento a Rajoy. Pero, pasada la tormenta inicial, el presidente parece haber cerrado ese capítulo. Dijo sentirse "muy orgulloso" de Guindos y de "todos los miembros de su gabinete". Había algunos que le estaban escuchando: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel García-Tejerina (Agricultura), Íñigo Méndez de Vigo (Educación), José Manuel García Margallo (Exteriores) y Jorge Fernández Díaz (Interior).

El acta le pertenece

A su salida del acto, Tejerina sí atendió a la prensa. Valoró el gesto de Barberá en atención "a las peticiones del PP de no seguir restando" e insistió en que "ya no es miembro del partido" aunque siga conservando el escaño en el Senado.

Por su parte, el ministro de Exteriores sostuvo la decisión de la exalcaldesa "exonera al PP de cualquier responsabilidad". Sobre el hecho de que mantenga su acta, subrayó que el escaño "pertenece" al parlamentario y "no hay manera alguna de que el partido pueda influir".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesta de forma mayoritaria por magistrados conservadores, ha elegido por turno al ex fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, como instructor del caso que investiga a la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá por un presunto blanqueo de capitales al abonar 1.000 euros de forma irregular al partido en la capital valenciana.

Una suma, que según el juez que instruye el caso en la Comunidad Valenciana, Víctor Gómez, le habría sido devuelta en dos billetes de 500 euros, unos hechos que ha negado la senadora del PP.

El importe total que el Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia habría blanqueado con este método, que los investigadores policiales denominan pitufeo, podría superar los 200.000 euros. Una cantidad que fue ingresada en efectivo en una cuenta del Banco Sabadell que llevaba "personalmente" la investigada María del Carmen García Fuster, que era la secretaria del grupo municipal del PP presidido por Rita Barberá.

Manuel Marchena Gómez

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el conservador Manuel Marchena Gómez, que accedió al puesto en una pugna con el propio Conde-Pumpido, se ha acogido al criterio del Ministerio Público, que en julio pasado solicitó por escrito al alto tribunal que investigara a Barberá y nombrara a un magistrado instructor. Así, la Sala designó este martes a Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado en el anterior Gobierno socialista, una elección que ha causado malestar en sectores del PP.

Fuentes del Supremo han explicado a este diario que la decisión de que Conde-Pumpido se encargue de la investigación se produce tras observar un riguroso turno en el reparto de los casos.

En concreto, el pasado viernes la Sala designó al magistrado más nuevo de la misma, el expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Pablo Llarena, como instructor del caso contra la exalcaldesa de Santoña y ya exdiputada del PSOE María del Puerto Gallego, que renunció a su acta de parlamentaria del Parlamento de Cantabria tras ser investigada por un delito de prevaricación.

El más antiguo

Y por eso el siguiente caso que ha tenido que asignarse a un magistrado de la Sala, que ha sido el de Barberá, correspondía según los criterios establecidos al magistrado más antiguo, que en este caso es Conde-Pumpido.

Este es el motivo que impide, según explican las fuentes consultadas por infoLibre, que prospere una eventual renuncia del ex fiscal general del Estado o una recusación por parte de Rita Barberá.

En concreto, la ley establece que los magistrados deben renunciar a investigar los casos en los que pudieran haber tenido algún tipo de contacto anterior. Y eso ha obligado a Conde-Pumpido a abstenerse en los casos en los que tuvo conocimiento como fiscal general del Estado, como por ejemplo ocurrió en los casos de los ERE del PSOE andaluz y en GürtelGürtel.

Una investigación reciente

Pero la investigación sobre la exalcaldesa de Valencia se ha iniciado de forma reciente, y no bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hace difícil que prospere una eventual recusación contra Conde-Pumpido.

La ley tampoco permite la renuncia de los magistrados por el mero hecho de que tengan que investigar a los partidos políticos del Gobierno que le nombró o de la oposición. Sólo apunta su renuncia en el caso de que la investigación se centrara en algún integrante del Gobierno del que hubiera formado parte el magistrado. Como ejemplo, Conde-Pumpido ha sido el ponente de la sentencia que condenó a cuatro años y medio de prisión a la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez.

No hay enemistad manifiesta

Por eso, la única base legal para que hubiera una hipotética renuncia por parte de Conde-Pumpido o que prosperara su recusación, apuntan las fuentes del Supremo, sería la existencia de una "enemistad manifiesta", una posibilidad que fuentes del Supremo rechazan de plano.

Tras recibir la documentación del caso, el instructor deberá llamar a declarar como investigada a Rita BarberáRita Barberá, con la finalidad de que explique su participación en los hechos, que según el juez de Valencia serían constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.

Pero si la exalcaldesa de Valencia opta por dimitir ante las presiones de sectores del PP, el caso volvería de forma inmediata al Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que se encarga de investigar los casos Imelsa y Taula, en el que está imputado el PP como persona jurídica.

Sustituida en el Senado

Tras conocerse el martes por la mañana la decisión del Supremo, la senadora Rita Barberá fue sustituida por dos compañeros del PP en las comisiones del Senado constituidas, y en las que es vocal.

La senadora comunicó al Grupo Parlamentario Popular, según informa Europa Press, que no iba a asistir a la constitución de la Comisión Constitucional ni a la de Economía, las dos en las que su partido la ha situado como vocal y que son las mismas en las que ya participó en la pasada legislatura.

Barberá explicó a la dirección del Grupo que quería estudiar el auto del Supremo y, según fuentes de su partido, no llegó a emprender viaje a Madrid desde Valencia. A las cuatro de la tarde, confirmada su ausencia, fue sustituida por el senador zamorano Dionisio García Carnero en la Comisión Constitucional y por el salmantino Gonzalo Robles en la de Economía.

En una sola mañana, el Partido Popular ha protagonizado más noticias judiciales que El Vaquilla en sus años de fugas. El Supremo imputa a la senadora Rita Barberá por presunto blanqueo de capitales; el expresidente balear Jaume Matas negocia con la fiscalía para no volver a prisión a cambio de nuevas pistas sobre el 'quién es quién' de los sobres en negro y de la financiación irregular; Luis Bárcenas retira la acusación penal contra el partido por el tragicómico borrado de sus ordenadores, aunque deja claro que lo hace por "falta de fondos para abogados", de modo que amenaza con seguir cantando como testigo por lo penal y como acusador por lo civil.

Todo esto pertenece al ámbito de lo judicial, un vía crucis en el que el PP aún no ha superado siquiera la primera estación. En pocos días o semanas tendrá que pechar con la primera vista oral del caso Gürtel, el juicio por las tarjetas black de Caja Madridtarjetas black y Bankia, las novedades sobre Rato, Arístegui, De la Serna, la trama Púnica, la trama PúnicaOperación Taula… y por ahí hasta desembocar en las siguientes fases de la Gürtel, el caso Granados, el Palma Arena, el hospital Son Espases, el ático de Ignacio González o el estanque de ranas de Esperanza Aguirre. Sólo el conocimiento de la lista de clientes y contratos del despacho de influencias montado por los exdiputados Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna haría caer un gobierno (en funciones o no) en cualquier país democráticamente maduro, especialmente cuando se sabe (lo publicó infoLibre en julio) que el denunciante informó por escrito al jefe de gabinete de Rajoy antes incluso que a la Fiscalía Anticorrupción. Aquí cada escándalo fagocita al anterior para ir espesando un fango en el que se pretende confundir el latrocinio organizado con la mera irregularidad burocrática.

Paralelamente, durante esta agitada mañana de martes y 13 resultaba patético ver a Rajoy en distintos actos de la campaña electoral gallega haciéndose el sordo ante las preguntas de algunos medios sobre Rita Barberá, otra ‘amiga del alma’ camino del banquillo. (¿Y van…?)

La sombra de Rajoy

¿Quién decidió hace meses blindar a Barberá en el Senado, cuando ya se conocían mil y una sospechas sobre su gestión al frente del PP valenciano? ¿Quién insistió, como tantas otras veces, en reivindicar la presunción de inocencia cuando los primeros eslabones de la investigación acumulaban ya indicios de culpabilidad? ¿Quién se ha empeñado en confundir permanentemente la responsabilidad penal con la responsabilidad política, sin asumir que la segunda exige una celeridad en la reacción infinitamente superior a la primera? ¿Quién se niega a aceptar que, por acción o por omisión, el máximo responsable político de que su partido esté imputado en cinco causas judiciales por graves delitos es obviamente el presidente? Mariano Rajoy cree que huye de alguna prensa incómoda, pero en realidad está huyendo de su propia sombra. Barberá tendrá que abandonar finalmente el Senado, pero la sombra de Rajoy seguirá acompañándole: a su vera o delante o detrás. Como nos pasa a todos.  

De alguna manera las noticias judiciales de la mañana acudían en socorro de la patética cita parlamentaria de la tarde. Los sucesos de la vía penal y los nombres de Barberá, Matas o Bárcenas robaron el protagonismo absoluto que merecía la actuación de Luis de Guindos ante la Comisión de Economía del Congreso. Alguien habrá pensado (con malvado fundamento) que el caso Soria hace más daño a Rajoy y al PP que veinte Bárcenas, Matas, Correas o Barberáscaso Soria, todos ya asimilados dentro del saco de corrupción que conforma la gestión financiera del Partido Popular en los últimos treinta años.

El caso Soria ha dejado al desnudo (sin SMS ni amigos del alma ni intermediarios) la capacidad directa de Mariano Rajoy para despreciar la inteligencia de los ciudadanos. Su intento de justificar durante varios días la cacicada con argumentos contrastadamente falsos ha sido la demostración palpable de que Rajoy cree en la regeneración política tanto como un budista en la Santísima Trinidad. La forma de sacar la pata ha consistido en que Guindos cargue solito con la mochila de mentiras, pero mezcladas en la misma coctelera en la que se discute sobre el objetivo del déficit o las consecuencias de la falta de Presupuestos, que es lo que ha intentado esta tarde de martes y 13 ante la comisión parlamentaria.

Comportamientos antisistema

El Gobierno ha actuado como verdadero activista antisistema, al colocar a Ana Pastor en el papel de simple recadera del Ejecutivo en lugar de actuar como responsable máxima del Legislativo y cumplir el mandato que recibe de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Congreso. Es decir, de los representantes de la soberanía popular. Algún día habrá que analizar en profundidad el balance de daños a la democracia causado en esta etapa no sólo por el Gobierno, sino también por otras altas instituciones del Estado. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional lleve meses sin resolver el conflicto entre Congreso y Gobierno sobre la obligatoriedad o no de rendir cuentas en el Parlamento? ¿Cómo se come (democráticamente) que el alto tribunal declarara inhábil el mes de agosto para tratar este asunto mientras sí decidía sobre Cataluña o sobre la presencia de Otegi en las listas de Bildu? ¿Hay algo más urgente en democracia que garantizar la misión de control del poder legislativo al ejecutivo (incluso con más motivo cuando éste está en funciones)?

En un solo día se ha visibilizado la enorme debilidad del Gobierno y del PP, por las causas judiciales pendientes y por el descrédito acumulado. Pero también lo endeble que está siendo la actuación del resto de los actores políticos e institucionales. Empezando por Ciudadanos, cuyos argumentos para justificar que el caso Soria no llegue al pleno del Congreso resultan casi tan obscenos como los del propio PP.

Sabemos que aún quedan muchos martes y 13, aunque no caigan en martes ni en 13, que seguirán deteriorando el sistema y desgastando la paciencia de la ciudadanía. Por eso es urgente que el resto de fuerzas parlamentarias (las que sumaron 180 votos contra la investidura de Rajoy) clarifiquen los pasos que están dispuestas a dar para encontrar salida a un bloqueo que con bastante probabilidad no se resolverá pasando de nuevo por las urnas. No consiste sólo en dilucidar el ‘quién’ sino sobre todo el ‘para qué’: con qué idea de país y con qué políticas básicas se puede acordar un gobierno regenerador. Y eso no se logra con llamadas de teléfono o mensajes de Telegram, ni tampoco con la presión de encuestas más o menos manipuladas, ni con amenazas a los diputados díscolos con ideas propias. Hay que dar la cara y las soluciones, dentro de cada partido y ante los demás. Ya es hora.

[En la tarde del miércoles, Rita Barberá ha comunicado, a través del propio PP con sello oficial, que acepta darse de baja en el partido pero que se niega a dejar el escaño del Senado. En el colmo del delirio, la exalcaldesa de Valencia cita la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española para amenazar a quienes "hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia". Como decía Ricardo Costa, excompañero de andanzas de Camps y de Barberá, "en el PP la fiesta no se acaba nunca".]

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, ha evitado pronunciarse sobre la causa abierta por el Supremo contra la senadora contra la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal de su partido en la ciudad que gobernó.

Mariano Rajoy, que la noche del lunes ya la pasó en Ourense, ha visitado en la mañana de este martes las localidades de Avión y Ribadavia, antes de seguir su recorrido por la capital de As Burgas y protagonizar un mitin en O Carballiño.

A preguntas de los medios en las dos primeras localidades en las que se dirigieron al presidente, Mariano Rajoy esquivó las preguntas relativas al caso de Rita Barberá.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

Rajoy participa este martes en la campaña gallega en compañía del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, que está siendo investigado judicialmente después de que unas grabaciones mostrasen cómo ofreció un empleo en el organismo provincial a cambio de sexo.