Los sindicatos van a sacar a la calle por el bloqueo de los convenios colectivos, en un intento por mover a la patronal de su negativa a subir los salarios tanto como lo está haciendo la inflación. “Es el abecé del sindicalismo, no tenemos más herramientas”, razonó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando presentó este miércoles con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, las manifestaciones que han convocado para el 7 de octubre y 3 de noviembre.

Con la ruptura de la negociación el acuerdo marco salarial (ANC) el pasado mayo, el resto de las mesas de los convenios sectoriales se quedaron sin referencia y sin incentivo. CCOO y UGT se quejan de que las patronales no han mostrado “ni un ápice de voluntad” para sentarse a “negociar modificando sus posiciones de partida”: subidas salariales sí, pero cláusula de revisión no. No se oponen a aumentar las retribuciones, pero no hasta el punto de que alcancen una inflación que, al acabar el año, puede quedar en torno al 8,5%. Los sindicatos, por su parte, rechazan que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como fórmula para salir de la crisis, de nuevo.

Hasta el mes de agosto se han firmado 538 convenios, que establecen las condiciones laborales de 1,2 millones de trabajadores. Son un 20% menos de los 673 con que terminó el mismo mes de agosto de 2019 y que protegían a 1,36 millones de trabajadores. En 2020 y 2021 la negociación perdió mucha intensidad por la pandemia. Que no termina de recuperarse este año por la tempestad que ha traído la crisis energética y de precios. Sólo en Cataluña, CCOO y UGT cifran en 71 los convenios sectoriales atascados, lo que significa que 875.000 trabajadores tienen sus condiciones laborales en el limbo. En la hostelería, los convenios provinciales bloqueados rozan la treintena en toda España.

Las subidas salariales que reclaman los sindicatos no son exageradas, si se tiene en cuenta que la inflación ha llegado al 10,8% en su máximo del año. “La patronal alude a los porcentajes [de subida salarial] que quedaron sobre la mesa cuando se rompió el ANC en mayo, el 3% o 3,5% para este año”, explica Ana Oller, responsable de Política Sindical de CCOO Industria, cuando se le pregunta por los convenios atascados en el sector del metal, que reúne a 300.000 trabajadores en toda España. En Ourense están en huelga este jueves sus 4.500 empleados. Si no hay cambios en la negociación, la huelga será indefinida a partir del 5 de octubre. CCOO, UGT y CIG piden una subida del 6,5% este año y en 2023, y un 5% para 2024. En Bizkaia ya hubo tres días de huelga en mayo y junio. En Barcelona y Tarragona, con unos 180.000 trabajadores, la patronal no ofrece más que un 2% de subida salarial. También en Lugo y en Navarra, continúa Oller, la negociación está bloqueada.

Por el contrario, tanto Cantabria, como A Coruña y Araba alcanzaron acuerdos ya antes del verano. Pero sólo tras muchos días de huelga, recuerda la dirigente de CCOO. Los tres convenios incluyen cláusulas de revisión, pese al rotundo rechazo que despierta en las patronales esa fórmula para recuperar el poder adquisitivo perdido por culpa de la elevada inflación.

Las cláusulas están presentes en el 14,4% de los convenios, según la estadística de agosto del Ministerio de Trabajo, lejos del 34,1% que la incluían en 2011. Desde la reforma laboral de 2012, estos mecanismos comenzaron una lenta desaparición que llegó al mínimo del 7,7% de los convenios en 2015. Desde entonces se han recuperado, pero no igualan las cifras anteriores a la reforma del PP. Es más, ese 14,4% es casi un punto y medio inferior a la que había en enero de este año. Y han perdido eficacia. El Banco de España destaca en un análisis publicado este miércoles que las cláusulas de las que se benefician el 75% de los trabajadores que las tienen en sus convenios incluyen “topes” o “umbrales” que limitan la traslación a los salarios del diferencial de inflación. Es decir, que ésta no es total. Por tanto, el grado de cobertura de las cláusulas se ha reducido muchísimo en los últimos años.

Por ejemplo, entre 1994 y 2011 la desviación media de la inflación con respecto al incremento salarial pactado fue de 1,1 puntos porcentuales. Pero la revisión salarial media inducida por las cláusulas de salvaguarda en ese periodo fue de 0,56 puntos. Teniendo en cuenta que la incidencia de las cláusulas de salvaguarda entonces era del 60,1%, su grado de cobertura implícito era del 85%. En cambio, entre 2012‑2016 el grado de cobertura de las cláusulas fue del 41% y, en 2021, del 33%. Notablemente inferiores.

Es lo que ha pasado en los convenios de hostelería de Valencia y Badajoz. En ambas provincias sindicatos y patronal firmaron el acuerdo. Pero en el primer caso, con una cláusula de revisión de sólo el 0,5%, pero con un 8% de subida salarial para el conjunto de 2022 a 2025. En el segundo, el acuerdo fue posible con una subida salarial mínima, del 2% y el 1,5% en dos años, y una cláusula también “muy pequeña”, en palabras de Miguel Ángel Rodríguez, de la dirección del sector de hostelería de UGT. Los trabajadores llevaban desde 2019 con el convenio caducado y los salarios congelados. En Alicante también se firmó, ya antes del verano, y con una subida mucho más generosa, del 4,5% y cláusula de revisión salarial. “La patronal quería empezar la temporada alta del turismo con paz laboral, por eso dejamos los flecos para después del verano”, detalla.

En cambio, los convenios de hostelería de Asturias y Murcia –40.000 trabajadores en esta última provincia–, que llevan bloqueados desde 2011 y 2018, respectivamente, siguen atascados. También en Las Palmas. En Madrid, están en plena negociación tanto el de hostelería como el de hoteles. En Baleares empezarán ahora, una vez acabada la temporada estival, a debatir las condiciones para 2023. Pero las ofertas de las patronales no llegan de media ni al 2% anual, asegura Miguel Ángel Rodríguez, mientras los sindicatos reclaman al menos un 3,5%. El bloqueo se repite en los convenios de algunas provincias de Castilla y León, que también llevan años con los sueldos congelados al haber caducado los convenios. Un camarero gana de media unos 1.300 euros brutos como salario base.

Subidas mínimas en sectores precarios

Otras empresas de salarios bajos son las de la limpieza de edificios. Que también constituyen un sector “muy feminizado”, subraya un portavoz de CCOO del Hábitat. Sin embargo, la patronal no ofrece ni el 5% de subida para los tres próximos años. Los sindicatos repiten aquí las cifras de otros sectores: 3,5% para este ejercicio, 2,5% para 2023 y 2% para 2024. En Castilla-La Mancha están bloqueados todos los convenios provinciales y algunas más en Castilla y León. Lo mismo ocurre en Cataluña, con unos 65.000 trabajadores afectados.

El telemárketing, o contact centers, es otro sector con el convenio caducado y los salarios congelados desde 2019. Pero la patronal se niega a subir con carácter retroactivo los sueldos de 2020 y 2021 y para este año ofreció un 2,5% retroactivo desde enero, aunque sólo después de dos huelgas en mayo y junio y movilizaciones desde febrero. Los sueldos medios entre los teleoperadores rondan el salario mínimo, advierte Rocío Camacho, del sector de Telemárketing de CGT. Aunque sus reclamaciones laborales van más allá del salario: piden compensaciones para el teletrabajo y que las empresas queden obligadas a contratar a las plantillas tras ser subrogadas. La patronal ha accedido a garantizar que el 80% de las plantillas sean trabajadores indefinidos.

Los vigilantes privados piden un 16% de subida en cuatro años

En el sector de la seguridad privada –100.000 trabajadores–, CCOO, UGT y USO han presentado una plataforma conjunta que pide una subida del 8% para 2023, el 4% para 2024 y el 2% para 2025 y 2026. Un 16% en cuatro años. Además de la cláusula de revisión según el IPC de cada ejercicio. El sindicato gallego CIG reclama más: un 24% en cuatro años. Sin embargo, la última propuesta de la patronal Aproser se quedó en un 3% para 2023, un 3,5% para 2024 y un 4% para 2025. El aumento para 2026 sólo quiere negociarlo en 2024.

No obstante, en esa reunión, el pasado día 21, las empresas accedieron a “estudiar algún tipo de cláusula de garantía plurianual”, que sólo se aplicaría “al vencimiento del periodo de vigencia del nuevo convenio” y siempre que equivalga a un “porcentaje máximo de cobertura de la diferencia entre la inflación real del periodo frente al sumatorio de los porcentajes de incrementos pactados”. Los sindicatos, que saludan el cambio de postura, del rechazo frontal a la cláusula a aceptarla con limitaciones, siguen considerando “insuficiente” la subida salarial, tal y como figura en las actas de las reuniones, a las que ha tenido acceso infoLibre. La cláusula sólo sería aceptable, añaden, si el aumento de los sueldos fuera mayor al inicialmente propuesto por la patronal.

Las empresas de seguridad se quejan de que no pueden repercutir en sus clientes –las administraciones públicas y empresas privadas a las que proporcionan sus vigilantes– las alzas salariales, porque la ley les impide actualizar los contratos si sube el IPC. Y el 85% de sus gastos de explotación son los gastos de personal. Por ese motivo, pretenden suprimir el pago de la antigüedad a los trabajadores y reducir al mínimo posible el absentismo laboral. Los sindicatos, por contra, les reprochan que su modelo empresarial esté basado en la precariedad, con “ofertas a la baja”, de escaso “valor añadido” en los concursos a los que se presentan y que les proporcionan una “rentabilidad mínima”. La consecuencia, lamentan, no son sólo los retrasos en el abono de las nóminas sino incluso el cierre de algunas empresas por su mala gestión.

En la banca, los sueldos y las condiciones se sitúan en las antípodas de los vigilantes privados. Además, tanto los bancos agrupados en la AEB (Asociación Española de Banca) como los procedentes de las antiguas y reunidos en la CECA, firmaron sus convenios antes de la crisis y siguen vigentes hasta diciembre de 2023. Pero el vuelco de la economía en el último año impulsó a los sindicatos a pedir una revisión de ambos convenios, mediante la apertura de un observatorio sectorial, una figura con la que cuentan ambas normas.

De forma que CCOO y UGT reclaman una revisión retroactiva de los salarios de 2021 y de las subidas de este año y el próximo. Porque las establecidas en los convenios se han quedado muy cortas por culpa de la inflación. Para 2021 el alza de los sueldos fue de sólo un 0,25%, y las fijadas para 2022 y 2023, del 1% y el 1,25%. La inflación de 2021 alcanzó el 6,5% y la de 2022 ya va por el 9%.

Además, tanto el Santander como el Banco de Sabadell han compensado a las plantillas de sus filiales en Reino Unido por la escalada de los precios. El banco presidido por Ana Patricia Botín ha subido un 4% los salarios de quienes cobran menos de 35.000 libras al año, mientras que el Sabadell ha concedido un pago único de 1.000 libras a los trabajadores a los que paga menos de 32.000 libras. También en Brasil y Argentina el Santander ha resarcido a sus empleados por la subida de la inflación.

Las reuniones del observatorio, que comenzaron en mayo, continuarán porque al menos la AEB parece dispuesta a ofrecer algún tipo de compensación que aún no han definido, asegura Nuria Lobo, secretaria de Políticas Sindicales del Sector Financiero de CCOO. No así la CECA. Pero Lobo confía en que, si la AEB hace una propuesta salarial, los bancos terminen arrastrando a las antiguas cajas de ahorro en la misma dirección. Aunque ambas patronales acuden siempre a las directrices emanadas de la CEOE, que se opone de plano a las cláusulas de revisión, lo que los sindicatos les reclaman es, en realidad, una salvaguarda que les proteja de la evidente pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los trabajadores si se mantienen las exiguas subidas salariales de unos convenios negociados antes de la guerra de Ucrania.

“Las plantillas están muy cabreadas”, revela Nuria Lobo, por las subidas concedidas en el Reino Unido. Un malestar que viene a sumarse al acumulado en los últimos años por el aumento de la carga de trabajo y la falta de personal. Lobo no sabe si la propuesta que ha prometido la AEB se parecerá en algo a las medidas adoptadas en las filiales británicas de Santander y Sabadell. “La primera fue negociada, pero la segunda no, fue una decisión unilateral, y nosotros estamos por la negociación”, sostiene. “Los beneficios de la banca han crecido y seguirán haciéndolo con la subida de tipos”, razonan los sindicatos, “mientras las condiciones laborales de las plantillas y su poder adquisitivo se han deteriorado”. 

Los colombianos detenidos como presuntos autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, habrían sido contratados por una empresa de seguridad estadounidense de Florida. Tras el asesinato de Moise, las fuerzas de seguridad del país han detenido, entre otros, a 17 colombianos que, según informaciones del diario Miami Herald recogidas por Europa Press, habrían sido reclutados para trabajar en Haití la empresa de seguridad CTU Security, informa Europa Press.

Además, desde el jueves el citado medio de comunicación ha intentado en diferentes ocasiones ponerse en contacto con algún responsable o trabajador de la empresa, pero no ha recibido contestación a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos enviados.

Estos ciudadanos colombianos fueron contratados para proporcionar seguridad exclusiva y recibían unos honorarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales (algo más de 2.525 euros). Por su parte, otros dos de los detenidos son ciudadanos hatiano-estadounidenses que también habían sido contratados como traductores, aunque no han detallado quien fue su empleador, según el juez Clément Noel.

Además, la radio colombiana W Radio ha trasmitido este viernes una entrevista con la esposa de uno de los detenidos en la que la mujer confirma que su marido fue contratado por CTU Security, mientras que The Washington Post desveló este sábado que este mismo ciudadano ya había sido investigado por su relación con ejecuciones extrajudiciales cuando era soldado del Ejército de Colombia.

En el marco de las investigaciones, que continúan en marcha tras el asesinato de Moise el pasado miércoles, fuentes de la Policía haitiana han trasladado que esta "avanza rápidamente para conseguir algunos grupos más que desempeñaron un papel como autores intelectuales".

El presidente de Haití fue asesinado en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada. La Policía del país ha informado de la detención de un total de 19 personas relacionadas con el asesinato de Moise, 17 de las cuales son colombianas. Así, tras estas nuevas detenciones, del total del comando autor del asesinato, formado por en torno a 28 personas, tan solo se busca a seis personas más ya que se abatió a tres sospechosos colombianos.

En cuanto a las hipótesis sobre el asesinato, el exsenador haitiano Steven Benoit ha puesto en duda la participación de ciudadanos colombianos en el suceso y ha apuntado a los agentes de seguridad de Moise como responsables del asesinato.

El Tribunal Supremo anuló el pasado 22 de febrero el convenio colectivo de una empresa de seguridad de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Sólo una semana antes, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas admitía a trámite la querella que había presentado el fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, su mujer, dos de sus primos y otras cinco personas por desviar fondos y bienes para evitar su embargo. Ramírez es el dueño del grupo Ralóns y antes lo fue de Seguridad Integral Canaria (SIC), una de las empresas de seguridad privada que más contratos públicos consiguió durante toda la crisis gracias a sus bajos salarios.

Entre esos cinco querellados se encuentran también el gerente de la citada Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Jacobo López Redondo, así como el director general de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, Antonio Redondo Álvarez, y su administrador, Jesús Miguel Acosta Ramos. En su informe, el fiscal intenta demostrar que tanto Sinergias de Vigilancia como Marsegur-Novo Segur son propiedad de Miguel Ángel RamírezMiguel Ángel Ramírez, una tesis que los sindicatos del sector llevan años esgrimiendo y el polémico empresario canario siempre ha negado.

Tanto estas dos empresas como Seguridad Integral Canaria, que fue vendida por Ramírez el pasado mes de junio a su administrador durante años, Héctor de Armas –también parte de la querella–, han sido el blanco de las denuncias de los sindicatos por sus pésimas condiciones laborales. Las tres aprovecharon la reforma laboral de 2012, que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, para establecer unos salarios que recortaban hasta en un 40% los fijados para el resto del sector. Gracias a ello, se hicieron con un buen número de concursos públicos. Pero su grado de cumplimiento de los contratos ha dejado mucho que desear. Los retrasos en el abono de las nóminas cuando no el impago total de los sueldos ha sido una constante en estas empresasuna constante en estas empresas. Sólo el año pasado los vigilantes han denunciado la falta de ingreso de los salarios en centros públicos de Córdoba, Málaga, Canarias y Alicante.

Uno de ellos es también la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Encargada de gestionar las subvenciones para los cursos de formación destinados a ocupados y parados, la Fundae es una fundación estatal –la mayoría de su patronato corresponde al Estado– en la que participan la patronal y los sindicatos más representativos. En noviembre de 2017 la Fundae adjudicó a Sinergias de Vigilancia y Seguridad un contrato de dos años para vigilar su sede central en Madrid por importe de 341.331 euros. Con ese dinero debía pagar a seis vigilantes. Sin embargo, lleva meses retrasando el pago de las nóminas y desde enero, ha dejado de abonarlas. Los vigilantes empezaron a protestar el pasado mes de septiembre con el apoyo de los sindicatos. Incluso el resto de la plantilla de la Fundae hizo un plante en solidaridad con ellos.

Los incumplimientos de Sinergias de Vigilancia y de Marsegur ya han supuesto la rescisión de sus contratos en otros ministerios como el de Defensa y en gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha. Pero ni las denuncias constantes de los trabajadores ni la pérdida de estos servicios han impedido al resto de las administraciones seguir concediéndoles contratos. Es más, el principal adjudicador a estas dos empresas, pese a su pésimo cumplimiento laboral, ha sido el Ministerio de Empleo. Desde 2015, Sinergias de Vigilancia consiguió 54 contratos, de los que 17 corresponden al Ministerio de Empleo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. De los 13 adjudicados a Novosegur, dos proceden de ese mismo departamento. Sólo en los tres meses de este año, ya con el nuevo Gobierno, Sinergias de Vigilancia se ha hecho con seis concursos públicos, de los que uno procede de la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Castellón y dos de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. También el Instituto de la Juventud le ha encomendado que vigile sus instalaciones en Madrid. Y la Agencia Tributaria de Canarias, pese a que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de ese organismo, se han encargado de realizar seguimientos por orden de la Fiscalía a los nueve querellados por desviar fondos para no pagar al fisco y a la Seguridad Social.

El 12 de diciembre de 2018 la comisión permanente de la Fundae, que actúa en delegación de su patronato, decidió tomar cartas en el asunto. Tanto los sindicatos como la CEOE exigieron a la gerencia que rescindiera el contrato con la empresa de seguridad. “La Responsabilidad Social Corporativa debería incluirse también en los pliegos de condiciones de los contratos de los ministerios”, explica el responsable de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, quien reclamó a la Fundae que se respetara un mínimo de “calidad” en la contratación. “La gerencia nos contestó que estudiaba diferentes fórmulas para rescindir con Sinergias”, confirma también la secretaria general de Formación de CCOO, Lola Santillana. El 28 de febrero pasado la Fundae envió a la empresa de seguridad la comunicación de que resolvía el contrato con efectos a 30 de abril, 10 meses antes del plazo fijado en el concurso. El motivo, “incumplir las condiciones esenciales del contrato”.

“Un gesto que la fundación debe a estos trabajadores”

Pero para la CEOE, este paso no es suficiente. “La Fundae debe hacer algo más, debe actuar de forma más proactiva”, insta el representante de la patronal en la fundación Manuel San Juan. “En la Fundae el Ministerio de Trabajo posee la mayoría y su patronato lo preside la secretaria de Estado de Empleo”, subraya, “por lo que es inadmisible que estos trabajadores no cobren sus nóminas”. Además, los vigilantes no tienen expectativa alguna de que la situación se vaya a corregir en los próximos meses ni pueden esperar el tiempo necesario para que otra empresa se haga carga del servicio y subrogue a la plantilla, advierte San Juan. La Fundae publicó el pasado día 1 el anuncio de un concurso negociado y sin publicidad para contratar a una “empresa puente” que preste el servicio de vigilancia durante un año mientras se tramita el concurso abierto para sustituir a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se ha invitado a ese procedimiento a siete empresas, según las fuentes consultadas por infoLibre. Es decir, los trabajadores aún tendrán que esperar un par de meses, por lo menos, antes de que otra empresa los contrate y empiece a pagarles en tiempo y forma. La previsión es que haya una nueva empresa al cargo del servicio el 1 de mayo.

Por eso, la CEOE presentó a la Fundae y al SEPE una “propuesta formal”, destaca San Juan, para que presentaran una querella criminal por delito contra los derechos de los trabajadores contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad. “La Fundae ha pagado puntual y religiosamente a esta empresa las cantidades estipuladas en el contrato, por lo que no tiene motivo para incumplir con sus trabajadores”, protesta el directivo de la CEOE. Ese delito está castigado con penas de prisión entre seis meses y seis años. “Sólo por la composición de la Fundae”, recalca, “no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores delante de nuestras narices”. Se trata de un “gesto que la fundación debe a estos trabajadores”, pero también de una acción clara contra las empresas que compiten de forma desleal, razona.

Aunque la gerencia de la Fundae se ha comprometido a “analizar posibles respuestas legales” ante las actuaciones que realice Sinergias de Vigilancia una vez comunicada la resolución del contrato, ni la fundación ni el SEPE parecen estar muy dispuestos a presentar la querella y convertirse en acusación particular en este caso. “Lo están estudiando”, asegura Manuel San Juan. La Fundae, a través de una portavoz oficial, dice no tener constancia de la propuesta hecha por la CEOE y se limita a contestar que está haciendo “todo lo posible para resolver una situación no deseada” además de reclamar a la empresa que pague las nóminas. Al SEPE  tampoco le consta la petición de la patronal, según contesta su portavoz. Tendrán que ser los trabajadores quienes reclamen individualmente en el juzgado los salarios que les deben, explica.

Tampoco responden la Fundae y el SEPE a la pregunta de si retendrá a Sinergias de Vigilancia la garantía de depósito o aval que están obligados a formalizar las empresas cuando firman un contrato público. El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, lamenta que sean “pocas las administraciones que lo hacen” cuando se presenta un problema de estas características. Las fuentes de la fundación consultadas, no obstante, explican que la empresa pretende que le devuelvan el aval depositado y que utiliza el impago de las nóminas como “forma de presión”. Así, la Fundae teme que Sinergias se quede con la fianza y no abone los salarios.

Denuncias en la Inspección de Trabajo y en los juzgados

Tanto Seguridad Integral Canaria como Marsegur-Novo Segur se encuentran en concurso de acreedores, pero no Sinergias de Vigilancia. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se le avecinan nuevos problemas. USO ya ha presentado una denuncia en la unidad central de la Inspección de Trabajo para reclamarlas cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar desde 2015 por la diferencia entre el salario cobrado por sus trabajadores y el que debería haberles pagado la empresa si hubiera respetado el convenio sectorial. Según los cálculos de Basilio Febles, la suma asciende a un millón de euros por un total de casi 700 trabajadores repartidos por toda España. Además, el sindicato ha convocado una asamblea para informar a los vigilantes de su derecho a exigir ante los tribunales que les resarzan de los salarios dejados de percibir los últimos cuatro años en virtud del convenio anulado.

Antes también fueron anulados por los tribunales los convenios casi idénticos de Seguridad Integral Canaria y Marsegur-Novosegur. “Este modelo de empresas pirata se acaba”, avanza Basilio Febles, “pero surgen otras…”. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde noviembre de 2017, pretendió terminar con los problemas que la prevalencia otorgada al precio en la valoración de las ofertas de un concurso ha desencadenado en los últimos años, con unas administraciones abocadas al ahorro para recortar el déficit. Así que estableció en el 49% el límite del peso del precio en la puntuación final. “Pero ahora se están añadiendo otras cláusulas que, aunque no son precio directo, terminan siendo precio igualmente”, advierte el responsable de USO, “como por ejemplo, que se premie con puntos a las empresas que regalan bolsas de horas u ofrezcan vehículos”.

“El precio no lo es todo”, concede por su parte Manuel San Juan. A la vista está con el pobre y tumultuoso recorrido que ha tenido el low cost de la seguridad privada en las administraciones públicas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.

La descripción que hace la fiscalía de las operaciones desarrolladas por Miguel Ángel Ramírez para evitar al fisco y a la Seguridad Social desvela, además, el entramado de sociedades y personas que el empresario canario ha utilizado no sólo para no pagar, sino también para ocultar que él es el propietario real de otras firmas de seguridad cuya titularidad siempre negó. Según consta en el auto con el que la jueza abre diligencias y al que ha tenido acceso infoLibre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera hicieron seguimientos a los querellados.

Así, además de Ramírez, el fiscal se querella contra Margarita Robayna Curbelo, esposa del empresario, dos primos de éste, Jorge y Manuel Hernández Ramírez; contra Héctor de Armas, actual propietario de SIC y antes su administrador; Alicia Rosa Pérez Sánchez, administradora de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y apoderada de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, ambas empresas de seguridad low cost; Jacobo López Redondo, gerente de Sinergias de Vigilancia y Seguridad; Antonio Redondo Álvarez, director general de Marsegur-Novo Segur; y Jesús Miguel Acosta Ramos, administrador de esta última sociedad. En el relato de la fiscalía también aparecen el padre de Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, propietario de un 1% de las acciones de Sinergias de Vigilancia y al mismo tiempo empleado suyo, así como dos de sus hijas, contratadas en la misma empresa.

Según explica la jueza en el auto, las actuaciones bajo investigación revelan que Ramírez es el titular real de todas esas empresas y que se sirve de “familiares y amigos” como “detentadores de las participaciones o cargos sociales” a fin de “evitar ser descubierto” en el intento de “desviar fondos para eludir su embargo”.

De acuerdo con la Fiscalía, SIC debía a Hacienda a fecha de 26 de junio de 2018 un total de 7,06 millones de euros por retenciones practicadas a sus trabajadores pero no ingresadas en la Agencia Tributaria, por el IVA repercutido a sus clientes pero no ingresado en las arcas públicas, y por un número de actas levantadas por la Inspección por el impuesto sobre sociedades. Además, la empresa adeuda 6,46 millones de euros por cotizar a la Seguridad Social por su plantilla menos de lo legalmente establecido, tras ser anulado por el Tribunal Supremo su polémico convenio de empresa, que fijaba salarios por debajo del convenio del sector, más otros 1,3 millones de euros por no pagar las cotizaciones durante cinco meses de 2017. En total, 14,82 millones de euros.

A esas deudas hay que sumar las que investiga otro juzgado, el número 8 de Las Palmas, por no haber practicado a la plantilla la retención legal por las horas extraordinarias de 2009 a 2013, que el empresario camufló como dietas para eludir tanto el pago de IRPF como de las cuotas a la Seguridad Social.

Venta de la cartera de clientes

Para cobrar el total adeudado, la Agencia Tributaria acordó embargar a SIC cuentas bancarias, créditos comerciales y arrendaticios, dos BMW 520D –un modelo de más de 50.000 euros–, bienes inmuebles, títulos no cotizados y ocho fincas situadas en Las Palmas y San Cristóbal de la Laguna. También la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto un procedimiento ejecutivo.

Y con el fin de evitar que ambos organismos cobren, el fiscal cree que Miguel Ángel Ramírez ha diseñado toda una red de operaciones de desvío de fondos y bienes desde SIC hacia sus otras empresas, ayudado por el resto de las personas implicadas.

Una de esas acciones es la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, club de Segunda División que preside Miguel Ángel Ramírez, que figuraban en poder de SIC. La Agencia Tributaria dictó su embargo en noviembre de 2017, pero no pudo llevarlo a cabo porque SIC se las había vendido a Ramírez, por su importe nominal, inferior al real, lo que la Fiscalía tacha de ilegal. Además, SIC no recibió ni un euro por la venta con el argumento de que Ramírez había prestado antes 200.000 euros a la empresa. Sin embargo, según el ministerio público, la empresa ocultó en sus cuentas que Ramírez también debía a SIC dos millones de euros, una deuda cuya devolución se aplazó hasta 2035.

Otra operación bajo sospecha fue la venta de la cartera de clientes de SIC la venta de la cartera de clientes de SICa otra de las empresas del grupo oculto de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En teoría, por un precio de 37,44 millones de euros, que debía abonar en 60 cuotas de 624.000 euros cada una. Pero tampoco ha pagado, como denunciaba también en su informe el administrador concursal de SIC el pasado mes de noviembre. El fiscal asegura que Ramírez utilizó a Sinergias de Vigilancia para “despatrimonializar” SIC, tras venderle su principal activo, la cartera de clientes que le suministraba la mayor parte de su facturación.

Empleada y accionista

Así, el ministerio público desenreda la trama que une a ambas empresas. El 99% de SIC pertenece a Miguel Ángel Ramírez, mientras que el 99% de Sinergias aparecía a nombre de Alicia Rosa Pérez Sánchez y el 1% restante, al padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez. Alicia Rosa Pérez es trabajadora de SIC, con un sueldo de 24.000 euros netos y una cuenta bancaria con un saldo medio de 1.304 euros en 2012 y saldo negativo al finalizar ese año. Eso no le impidió comprar las acciones de Sinergias de Vigilancia por 59.000 euros en 2013, unos fondos de origen desconocido según el fiscal, y desembolsar otros 5.940 euros para adquirir 99 acciones de Servicios de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares SL, también propiedad del padre de Ramírez.

Aunque la vinculación entre ambos parece aún más estrecha. Alicia Rosa Pérez es la “beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva, denominada America Express Centurion y sin límite, cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez”, destaca la Fiscalía. A partir de 2015, además, Pérez Sánchez comienza a cobrar tanto de Sinergias de Vigilancia como de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA, cuyos socios son los dos primos del empresario, Jorge y Manuel Hernández Ramírez, pero cuya propiedad real el fiscal no duda en atribuir al propio empresario. Es más, Alicia Rosa Pérez vive en un inmueble en Las Palmas cuyo titular es Gestiones y Asesoramientos 3000 SA. El ministerio público termina su perfil de Pérez Sánchez destacando que, pese a ser administradora de Sinergias de Vigilancia, los seguimientos a que fue sometida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera –que depende de la Agencia Tributaria– revelaron que no iba nunca a las oficinas de la empresa. En resumen, la Fiscalía intenta fundamentar que la mujer es una testaferro de Miguel Ángel Ramírez.

Lo mismo sucede con su padre, Francisco Segundo Ramírez, jubilado desde 2013 pero a sueldo tanto de SIC como de Sinergias de Vigilancia a partir de marzo de 2015 por un 25% de la jornada. Después pasó a cobrar sólo de la segunda empresa, 95.000 euros al año, pese a que el sueldo para el cargo de administrador es inferior, 56.314 euros. Tampoco al padre del empresario lo vieron jamás los agentes de Vigilancia Aduanera entrando o saliendo de las oficinas de la empresa que le pagaba.

Conexiones entre las tres empresas

Pese a que Ramírez siempre ha negado cualquier relación tanto con Sinergias como con Marsegur-Novo Segur, los sindicatos no se han cansado de repetir que el empresario canario las utilizaba como marcas blancas. Estas y SIC han sido blanco de sus denuncias durante años por recortar los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto al convenio del sector. Los convenios de empresa de las tres han sido anulados por el Tribunal Supremo, el último, el de Sinergias de Vigilancia, el pasado 22 de febrero. El informe del fiscal destapa los múltiples lazos entre ellas. Las marcas “Sinergias de Vigilancia y Seguridad” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares” figuraron hasta 2017 a nombre de Ramírez y desde esa fecha, al de Alicia Rosa Pérez. SIC es titular de los dominios de internet svs.com.es y marsegur.es. Los teléfonos móviles de esas empresas están dados de alta en Vodafone a nombre de SIC, que los pagaba con una cuenta de su propiedad en el Banco Santander. El autorizado de Sinergias de Vigilancia para acceder al sistema RED de la Seguridad Social es Mar Asesores y Consultores, de la que han sido administradores únicos Miguel Ángel Ramírez, Mara Rosa Marrero, Gladys Jesús Acosta, a su vez apoderada de Marsegur desde julio de 2015, y finalmente Jorge Hernández Ramírez, uno de los primos del empresario canario.

Pero SIC vendió su cartera de clientes no sólo a Sinergias de Vigilancia, sino también a Marsegur y a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA. Alicia Rosa Pérez compró igualmente 100 acciones de Marsegur, donde aparecía como apoderada hasta un mes y medio antes de adquirir los títulos de Sinergias de Vigilancia ya citados. Las oficinas en Las Palmas y Madrid de Marsegur están ubicadas en inmuebles propiedad de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA.

Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA está participada por el grupo Ralons –propiedad de Miguel Ángel Ramírez– y su primo Jorge, que también es su administrador y, al mismo tiempo, empleado de SIC. Ramírez fue quien dio de alta esta marca. Su domicilio social se encuentra en las mismas oficinas de SIC y de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA. El fiscal explica que la empresa no tuvo actividad alguna hasta que en febrero de 2018 SIC le cedió parte de sus clientes y se dieron de alta en ella 18 personas que trabajaban para SIC, declarada en concurso sólo un mes antes.

El centro de la trama: una asesoría que acumula inmuebles

Por lo que respecta a Gestiones y Asesoramiento 3000 SA, el ministerio público deja claro que no se dedica a realizar trabajos de asesoramiento, sino que es un “mero titular de los bienes y fondos desviados del entramado societario” de Ramírez. Sus socios, los primos del empresario, son al mismo tiempo empleados de la supuesta asesoría, con sueldos de 32.324 y 49.420 euros cada uno. En sus declaraciones de patrimonio cifran en sólo 2.000 euros –Jorge– y 20.000 euros –Manuel– el dinero que guardan en sus cuentas bancarias. Pero el fiscal asegura que sólo en acciones de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA poseen  10 millones de euros el primero y cinco millones el segundo. Según la Fiscalía, la empresa declara unos activos por importe de 44 millones de euros y un patrimonio de más de 21 millones. Además, el propio Miguel Ángel Ramírez cobró de esta empresa 316.684 euros en 2016 por “asesoramiento”.

El ministerio público constata una irregularidad más: en teoría, Gestiones y Asesoramiento 3000 presta servicios a SIC por una tarifa que equivale al 1,35% de su volumen de negocio, según establece el contrato entre ambas empresas. Pero en 2016 Gestiones y Asesoramiento, que facturó ese año 95,01 millones de euros, pagó a la empresa de seguridad 2,05 millones de euros; es decir, un 60% más de lo que debería. En 2017, le ingresó 2,02 millones, para un volumen de negocio de 71,16 millones. Además, resalta el fiscal, Gestiones y Asesoramiento no asesoraba a SIC, sino que ese trabajo lo realizaban “terceras empresas”.

Otro vínculo: Gestiones y Asesoramiento avaló a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring – una empresa traspasa el cobro de facturas a su favor y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero de esas operaciones con un descuento–. El informe del fiscal llega a calificar de “inaudito” que Gestiones y Asesoramiento 3000 constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar un préstamo que se le concedió a SIC.

Pero la parte más sustanciosa de la actividad de esta asesoría se refiere, en realidad, al patrimonio que gestionaba. A su nombre han llegado a figurar hasta 128 fincas. Una de ellas, “bastante lujosa” y situada en San Bartolomé de Tirajana, resalta el fiscal, está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros. El inmueble sólo puede destinarse a vivienda, no a oficina o comercio. El ministerio público dice que desconoce la finalidad de ese alquiler y el porqué de su elevado precio, “salvo que sea para justificar traspasos de dinero desde SIC hasta Gestiones y Asesoramiento 3000”.

El divorcio de Ramírez

Esta sociedad también era dueña de un inmueble en la calle de Serrano de Madrid, en plena milla de oro de la capital, que vendió a Marmotor, otra empresa propiedad al 99,64% de Miguel Ángel Ramírez. El precio fue de 1,5 millones de euros, pero el pago de 1,1 millones se difirió hasta el 31 de diciembre de 2025 y, “sorprendentemente”, precisa el fiscal, no se exigió ninguna garantía. Tampoco fue requerida garantía en las ventas de un ático en Las Palmas y otro inmueble en la misma ciudad adquiridos por Ramírez a esta empresa en diciembre de 2015. Ramírez se subrogó en el préstamo hipotecario y el resto del pago, 408.496 euros, quedó aplazado hasta febrero de 2018 en el primer caso y 204.659 euros, hasta junio de 2024 en el segundo. Lo curioso es que ambas viviendas fueron adjudicadas a la esposa de Ramírez, Margarita Robayna, como parte del acuerdo de divorcio, el 1 de diciembre de 2015.  Y la operación de compra tiene fecha de 22 días después. El País publicó en diciembre de 2016 las sospechas de la Fiscalía de que el empresario había simulado el divorcio para ocultar su patrimonio.

Otro intento de ocultación detallado por el ministerio público se refiere a La Milagrosa Lomo de Báez, una finca valorada en 1,62 millones de euros que Ramírez ha donado a la Fundación Canaria Ralóns, de la que es patrono y cuyo domicilio se encuentra también en las oficinas de SIC. Allí es donde vive el empresario, asegura el fiscal. Según su informe, con esa donación, Gestiones y Asesoramiento 3000 no sólo desvía patrimonio sino que además elude el pago de una deuda de 448.082 euros que mantiene con la Seguridad Social por no ingresar las cotizaciones de sus trabajadores durante cinco meses de 2017 y 2018.

La mala situación económica que arrastra SIC no le impidió comprar 16 BMW entre 2014 y 2017. Trece de ellos los traspasó a Marmotor, algunos sólo 10 días después de su adquisición, otros al cabo de un mes. Marmotor, dice el fiscal, los cede luego a terceros, que no identifica. En 2014 SIC hizo compras a esta empresa por importe de 533.453 euros y en 2016, por otros 343.000.

El declive de un grupo basado en el bajo coste

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional, el Ministerio de DefensaSIC llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso de acreedores de SIC. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver en un primer momento con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

Ahora todas sus empresas están en horas bajas. El Supremo ha anulado los convenios colectivos que le permitieron ganar concursos públicos con los salarios más bajos. Ha perdido sus principales contratos con las administraciones y se ha replegado a Canarias. SIC está en manos de su antiguo administrador, Héctor de Armas, que acusa a Ramírez de hundir la empresa. Y Sinergias y Novo Segur –también en concurso de acreedores– deberán afrontar el pago de los sueldos que sus trabajadores les reclamen en los juzgados y que ambas firmas les escatimaron privándoles del convenio sectorial. Todo ello sin contar con las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales en curso.

Seguridad Integral Canaria, la empresa que durante la crisis se convirtió en el buque enseña de los servicios de vigilancia low cost, presentó concurso de acreedores en diciembre de 2017. Diez meses después, el administrador concursal presentó un informe donde ponía en cuestión las posibilidades de continuidad de la empresa, tras calcular un pasivo de 65 millones de euros y unos activos –35,49 millones– que no cubren esa cantidad. “La sociedad está abocada a la liquidación”, concluye. Es más, el informe concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, descalifica la propuesta de viabilidad que hace la propia empresa como “un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real”. “Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base lo suficientemente sólida para dar por buenas la expectativas manifestadas” por los gestores de la firma de seguridad.

De hecho, buena parte de las expectativas de Seguridad Integral Canaria dependen ahora de la batalla que acaba de declarar contra su fundador, Miguel Ángel Ramírez. El pasado mes de junio el empresario canario vendió todas sus acciones a quien desde 2011 había sido su administrador único, Héctor de Armas Torrent. Desde entonces este empresario, ex director general de Trasmediterránea en Canarias y exportavoz y viceconsejero del Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra, es quien se ha hecho cargo de la empresa de seguridad, al tiempo que abandonaba sus cargos en el grupo Ralons –en enero– y en la Unión Deportiva Las Palmas –en junio–. Ambas corporaciones son propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

El administrador concursal se queja en su informe de la falta de colaboración de los gestores de Seguridad Integral Canaria, hasta el punto de que “no ha podido obtener de la concursada la información, datos y documentación imprescindibles” para acometer la tarea que tiene encomendada. El cambio de dueño en junio supone “una mejora de actitud”, explica el administrador, pero como el anterior equipo tampoco colabora con los nuevos directivos, no sólo se ha visto afectada la redacción del informe sino también la gestión diaria de la empresa. El administrador concursal habla incluso de “grave desgobierno administrativo”, al que culpa de una sanción de 311.500 euros impuesta a la empresa por la Agencia Tributaria, del levantamiento de actas de la Inspección de Trabajo por importe de 187.515 euros, de los errores cometidos en los certificados de trabajo para el IRPF de la plantilla, así como de otros problemas de contabilidad, que en ocasiones, advierte, no se ajusta a la realidad.

Consumado el divorcio empresarial entre Ramírez y De Armas, este último niega a infoLibre que esté “enfrentado” a su antiguo empleador. Aunque eso no le impide lamentar que Seguridad Integral Canaria haya estado durante los últimos años “demasiado en primera línea”. “Y no siempre por actuaciones que nos deban enorgullecer”, apunta. Lo cierto es que en ese tiempo Héctor de Armas era el responsable de la empresa. Al menos sobre el papel. El administrador concursal asegura en su informe que “existen indicios del desempeño de Miguel Ángel Ramírez Alonso como administrador de hecho de la sociedad […] al menos hasta el momento de producirse los cambios” de junio. De Armas confiesa que esa afirmación del administrador “está bien fundada”.

El retrato que el informe concursal hace de la gestión de Ramírez/De Armas en Seguridad Integral no puede ser más desfavorecedor. No sólo sus activos se recortaron de 22 millones de euros a 12 millones en sólo dos años, sino que, además, su pésima política de cobros casi triplicó las deudas comerciales de la empresa, de 15 a 42 millones. “Vendemos menos [la cifra de negocio se redujo drásticamente entre 2015 y 2017] y no cobramos los créditos generados”, resume el administrador concursal. El resultado fue que la empresa no podía pagar ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. A la Agencia Tributaria central le debe siete millones de euros, a la canaria, otros 5,14 millones. Con la Seguridad Social la deuda es aún mayor: 16,72 millones, según consta en la lista de acreedores que acompaña al informe concursal.

Operaciones bajo la lupa

Además, el documento desglosa toda una serie de operaciones entre Seguridad Integral Canaria y las empresas del grupo Ralons, cuyo estudio el administrador concursal ha dejado en suspenso. Entre ellas figura Gestiones y Asesoramientos 3000, en la que, según explica De Armas, Ramírez decidió integrar la gestión de todo el grupo, incluida Seguridad Integral Canaria, en 2016. Gestiones y Asesoramientos 3000, cuyo administrador único es Manuel Hernández Ramírez,debe a Seguridad Integral Canaria 5,25 millones de euros. Según el informe, esa deuda “desapareció” de la contabilidad y se desconoce si se ha cobrado. Gestiones y Asesoramientos 3000 también es el propietario de los 14 inmuebles donde Seguridad Integral Canaria tenía su sede en Madrid, en el municipio de Las Rozas. Tal y como consta en el informe concursal, la firma canaria los adquirió ejercitando una opción de compra. Pero la operación no la ha inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no figura a su nombre, sino al de Gestiones y Asesoramiento 3000. Al tiempo, existe un nuevo contrato, de fecha de 28 de abril de 2017, que prorroga el alquiler con opción de compra y lo amplía en idénticas condiciones hasta el 30 de abril de 2020. “No tiene sentido”, subraya el administrador concursal, “prorrogar tres año más el alquiler de un inmueble que ya teníamos completamente pagado”. Es una operación, insiste, que sólo carga de gastos a la empresa y le impide disponer de un “valioso activo” que ya era de su propiedad. Aunque tampoco ha podido verificar el administrador que la prórroga del contrato figure registrada en la contabilidad. Los inmuebles están valorados en 1,48 millones de euros, perosobre ellos pesa una hipoteca a favor del Banco Guipuzcoano y otra a favor de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS). Dos de los locales, además, ya han sido embargados por la TGSS y sacados a subasta.

Con Gestiones y Asesoramientos 3000 también firmó Seguridad Integral Canaria en 2011 una cesión de crédito por 1,43 millones de euros, que no ha cobrado.

En otra cuenta, el administrador concursal ha encontrado una serie de operaciones financieras con empresas del grupo Ralons –Powersic, Ralons Medio Ambiente, Ralons Schools, Ralons Centro de Formación…– por importe de 138.403 euros de las que no existen contratos que las justifiquen, sólo los “documentos de reconocimiento de las deudas”.

Además, De Armas ha presentado ahora en su respuesta al informe concursal un total de 18 millones de euros en productos financieros de los que Seguridad Integral Canaria no es titular, sino fiadora o avalista. Los nuevos gestores de la empresa solicitan que sean considerados partidas del activo, y no del pasivo como las ha clasificado el administrador del concurso. En breve, un perito inspeccionará la contabilidad tanto de Seguridad Integral Canaria como del grupo Ralons, a instancias de un trabajador de la primera que ha presentado una reclamación salarial en el Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas, según han confirmado fuentes judiciales.

Litigio con otra empresa de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad

Pero el mayor deudor de Seguridad Integral Canaria resulta ser otra empresa del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que le debe 18,14 millones de euros. Los nuevos gestores de la firma canaria no quieren precisar cuál es el origen de esa deuda. A Sinergias de Vigilancia Miguel Ángel Ramírez le cedió todos sus contratos con el sector privado un mes antes de declarar el concurso de acreedores. Sinergias ha estado siempre en el ojo del huracán porque negoció un convenio de empresa que rebajaba los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto a los fijados en el convenio del sector. Ese convenio fue anulado por la Audiencia Nacional porque fue negociado de forma ilegal, la misma suerte que han corrido la propia Seguridad Integral Canaria y la otra bestia negra de los sindicatos en el sector de la vigilancia, Marsegur.

No es extraño que coincidan las políticas de personal y experiencias judiciales de estas tres empresas. Los sindicatos siempre han relacionado a Sinergias de Vigilancia y a Marsegur con Miguel Ángel Ramírez y no han dudado en etiquetarlas como sus “marcas blancas”. De hecho, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario canario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Es más, como pagaba sueldos por debajo del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Power SIC pertenece al grupo Ralons.

El caso es que por esa cesión de contratos privados, Sinergias debería haber pagado a Seguridad Integral Canaria 37,44 millones de euros. Pero el informe concursal asegura que hasta el momento no ha abonado ni un euro. Debería haber empezado el pasado mes de febrero, a razón de 624.000 euros por 60 cuotas.

Los nuevos gestores fían al pago de esa cantidad buena parte de la viabilidad de la empresa. De Armas asegura que si cobra esos 37,44 millones de euros, el pasivo que le adjudica el administrador concursal a la empresa quedará reducido a la mitad. Y cuenta con recuperarlos de dos maneras: bien reclamándolos en los tribunales, con el 15% de recargo por intereses, o bien exigiendo a Sinergias la devolución de la cartera de clientes que le cedió Ramírez, más la correspondiente indemnización.

Para ello, además, De Armas tiene previsto reclamar en el juzgado el levantamiento del velo societario, lo que permitiría revelar si Miguel Ángel Ramírez está realmente detrás de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y obligarle a él o a quienes resultaran ser sus propietarios a hacer frente a la deuda. Aunque la situación financiera de Sinergias de Vigilancia tampoco es boyante. Ha perdido un puñado de contratos por no respetar el convenio del sector y son intermitentes las protestas de sus trabajadores por el retraso habitual en el pago de las nóminas. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa pero al otro lado del número 902 que ofrece en su página web no ha contestado nadie durante días.

También la otra empresa low cost, Marsegur, debe dinero a Seguridad Integral, aunque mucho menos a tenor de las cuentas del administrador concursal: 35.691 euros.

El declive de los negocios de Ramírez

En cualquier caso, las perspectivas de futuro de Seguridad Integral Canaria son complicadas. Le quedan unos 400 trabajadores y sólo mantiene negocio en Canarias. Sigue vigilando los centros de salud de la Consejería de Sanidad, los partidos del CD Tenerife o los conciertos del Festival Womad. También conserva servicios de transporte de fondos en blindados, de los que posee nueve.

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional,el Ministerio de Defensa llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas. En los procedimientos por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que aún tiene abiertos la empresa, figuran como imputados tanto Miguel Ángel Ramírez como Héctor de Armas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha prometido negociar con sindicatos y patronal la derogación de los “aspectos más perniciosos” de la reforma laboral de 2012. Entre ellas, la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial: las condiciones laborales, incluyendo los salarios, establecidas en el primero prevalecen sobre las fijadas en el de su sector, aunque sean inferiores.

Al calor de esa novedad legal, ha crecido con brío un nuevo grupo de empresas, las llamadas multiservicios. No forman un sector ni cuentan con su propia asociación patronal, pero su número se ha más que triplicado desde 2012, según destaca el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. El sindicato cuenta hasta 283 de estas empresas, o al menos son las que ha encontrado en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo. Emplean a casi 70.000 personas. A 52 de estas firmas la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo les han anulado sus convenios tras ser impugnados por UGT y CCOO. También se encuentran bajo especial vigilancia de la Inspección de Trabajo, como aseguró su Dirección General a los responsables de UGT que le pidieron que comprobara si las empresas regularizaban las condiciones de sus trabajadores una vez declarados nulos los convenios.

Las multiservicios se dieron a conocer a la opinión pública cuando las denuncias de las camareras de piso, las kellys, revelaron las abusivas condicionesabusivas condiciones a las que eran sometidas. Los hoteles habían prescindido de sus propias camareras, limpiadoras, cocineros, incluso recepcionistas, y recurrían a las empresas multiservicios para surtirse de trabajadores. Pero a precios muy inferiores. Los salarios de las kellys y el resto de sus compañeros ya no eran los del convenio de hostelería, sino los fijados en el convenio de la empresa multiservicios que los contrataba y los cedía luego al hotel. En muchos casos, esos sueldos son el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 735,9 euros al mes, o incluso menos. Por ejemplo, Externa Team pagaba 600 euros al mes a 275 camareras de piso de hoteles de Sevilla y Córdoba a las que había ofrecido contratos de formación en fraude de ley. Muchas de ellas llevaban hasta dos años de “aprendices”. El convenio de hostelería establece un salario de 1.200 euros mensuales. Externa Team fue sancionada por la Inspección de Trabajo a pagar 2,6 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y a proporcionar a las camareras de piso las mismas condiciones del convenio sectorial.

También suele ocurrir que el sueldo base asignado a todas las categorías profesionales de estas empresas, que son cientos, no sólo sea mínimo sino, además, el mismo, independiente del puesto: las multiservicios ofrecen desde peones y vigilantes de seguridad hasta limpiadoras pero también administrativos, contables, jefes de ventas, de proyectos, ejecutivos de cuentas…

Bordeando la ley

Las jornadas de trabajo, por el contrario, suelen ser las máximas que permite la ley. Aunque a estos trabajadores no siempre se les aplica un convenio colectivo –sólo la legislación básica del Estatuto de los Trabajadores, incluido el SMI–, o el que se les aplica es uno distinto del que procedería por el sector donde se encuadra su labor. También se estira al máximo el porcentaje de la jornada que el empresario, de forma unilateral, somete a distribución irregular, desde el 30% hasta el 80%, cuando el límite legal es del 10%. O los grupos profesionales son tan amplios y polivalentes que un empleado puede terminar realizando tareas de cualquier categoría, aunque éstas requieran distinta cualificación profesional. Además, los trabajadores están sometidos “sistemáticamente” a movilidad tanto geográfica –traslados– como funcional –cambio de puesto–. La mayoría de ellos tienen contratos temporales, por regla general de obra y servicio, que se utilizan “incluso para cubrir necesidades permanentes de las empresas clientes”. En algunos casos, tienen que pasar por un periodo de prueba cada vez que los vuelven a contratar para el mismo puesto.

Es la lista de algunas de las anomalías que ha descubierto un estudio elaborado para CCOO por un grupo de profesores y catedráticos de 11 universidades españolas. Analizaron una muestra de 100 convenios colectivos de empresas multiservicios firmados desde 2012. A su juicio, estos convenios se convierten en “una suerte de carta comercial que facilita que las empresas multiservicios aumenten el número de clientes ofreciendo una amplia gama de servicios a unos costes relativamente bajos, incluidos los costes laborales”. Y lo hacen en muchas ocasiones tras negociarlos en fraude de ley: utilizando para firmarlos a los representantes sindicales de un único centro de trabajo que luego extienden a los demás.

Sólo el 23% de la muestra de convenios analizada por el sindicato incluye cláusulas de empleo, aquellas que limitan la contratación temporal, regulan las necesidades de formación y las condiciones de jubilación o establecen fórmulas para garantizar el mantenimiento y la estabilidad de los puestos de trabajo. “Esta situación empeora cuanto menor es el tamaño de la empresa”, destaca el estudio. Según los datos suministrados por CCOO, de las casi 200 empresas multiservicios cuyos convenios tiene localizados en el registro de Trabajo, casi la mitad no posee más de 50 trabajadores. Sólo 11 cuentan con más de 1.000. Y es en esa “selva” de pequeñas empresas, dice Gonzalo Pino, donde el descontrol laboral es mayor.

Precariedad laboral y competencia desleal

“Las empresas multiservicios no sólo crean una precariedad absoluta de condiciones de trabajo, sino un dumping socialdumping con empresas sometidas a los convenios sectoriales, que no pueden competir y desaparecen”, resume el informe de CCOO. Aunque no existe una patronal que agrupe a estas empresas, en 2016 se creó la Asociación de Empresas de Externalización de Servicios Auxiliares a la Producción (ESAP), integrada por 11 grandes firmas, desde Adecco, Eulen e Ilunion hasta las filiales de outsourcing de Acciona y Ferrovial. Su presidente, Santiago Soler –a su vez secretario general de Adecco–, hace mucho hincapié en aclarar que no son empresas multiservicios y que no se dedican a proporcionar camareras de piso, empleados de limpieza o vigilantes de seguridad. “Quedan fuera de nuestro ámbito”. Lo suyo, explica, son toda una serie de actividades, algunas ya reguladas en convenios colectivos sectoriales y otras “transversales”, entre las que cita la gestión de inventarios, la recepción de mercancías, el control de calidad, la comprobación de pedidos, la gestión de documentación… “Creemos que son actividades huérfanas de negociación colectiva, por eso buscamos crear un espacio sectorial con los sindicatos para evitar que algunas empresas aprovechen vericuetos legales, pero cuestionables, para devaluar las condiciones de los trabajadores y hacer competencia desleal a otras compañías”.

Pero, de momento, no hay abierta ninguna mesa de negociación. “Estamos buscando una interlocución adecuada”, asegura Soler. Gonzalo Pino, por su parte, advierte de que no están dispuestos a sentarse con ESAP: “No hay un sector multiservicios”, justifica. Los sindicatos, además, replican que esas actividades “transversales” ya cuentan con sus correspondientes convenios sectoriales.

Curiosamente, los miembros de ESAP coinciden con los sindicatos en el rechazo a la prioridad aplicativa del convenio de empresa consagrado en la reforma laboral. “No estamos de acuerdo con las condiciones laborales que generen dumping”, apunta Santiago Soler, “porque una cosa es que, en una situación de crisis, una empresa se descuelgue del convenio sectorial, y otra, sortear los convenios sectoriales a través de un convenio de empresa que permite salarios a la baja aduciendo condiciones de crisis; ese momento ha pasado y las reglas de juego ahora son otras”. ESAP, sostiene, pide “salarios justos para los trabajadores y reglas de juego homogéneas para las empresas”.

La CEOE, en contra

En este punto, la asociación choca con la posición de la patronal española. El pasado martes, el presidente de Cepyme y muy probable sucesor de Juan Rosell al frente de CEOE, Antonio Garamendi, rechazó en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander la supresión de la prevalencia del convenio de empresa. “La empresa debe tener libertad para elegir su modelo de relaciones laborales”, defendió. Soler avanza que ESAP hará valer su “voz” en el seno de la CEOE, donde no es la única asociación, resalta, que defiende los convenios sectoriales.

También ve con buenos ojos el presidente de ESAP los cambios introducidos en la Ley de Contratos del Sector Público, que desde el pasado mes de marzo obliga a los adjudicatarios de concursos a respetar las condiciones laborales de los convenios del sector. La norma pretende acabar así con la precariedad que se ha instalado, sobre todo, en las empresas de seguridad privada de bajo coste, que han copado los concursos públicos desde la reforma laboral ofertando con sus convenios de empresa salarios hasta un 40% inferiores a los del convenio sectorial. En su momento, esa ley también dividió a las asociaciones integradas en la CEOE.

Sin embargo, ESAP rechaza que se cambie el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación. En enero de 2017, el PSOE presentó una proposición de ley para garantizar la equiparación salarial y de condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas con los de las empresas contratadoras, que quedó bloqueada en el Congreso por el rechazo de PP y Ciudadanos. El nuevo Gobierno ya ha anunciado que la subcontratación es una de las cuestiones que está dispuesto a modificar. Los sindicatos lo apoyan. En cambio, Santiago Soler cree que “se está demonizando el artículo 42”, cuando a su juicio el problema está en el artículo 84.2, que establece la prioridad del convenio de empresa y ha servido para rebajar los salarios de los trabajadores y permitir el dumping empresarial.

Mientras se preparan los cambios en la reforma laboral, que puede dar al traste con una forma de hacer negocio basada en el capital humano de muy bajo coste, Adecco Outsourcing ya ha firmado con UGT y CCOO un convenio en el que la empresa se obliga a respetar las condiciones de los convenios sectoriales de los trabajadores que suministre a sus clientes.

El Tribunal Militar Central ha condenado a dos años de cárcel cada uno a dos tenientes coroneles del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra por haber recibido dinero, regalos, invitaciones al palco del Real Madrid e incluso conseguido contratos para sus hijos, a cambio de facilitar a un buen número de empresas información sobre los concursos que convoca el Ministerio de Defensa, prestarles asesoramiento para conseguir los contratos y redactarles recursos si no se los adjudicaban.

Los tres jueces que conforman el tribunal también han condenado por cohecho a tres directivos de otras tantas empresas, aunque su pena ha sido mucho menor, sólo dos meses de multa, a razón de 10 euros diarios, un total de 600 euros, tras haber llegado a un acuerdo con el fiscal, reconocido el delito y reparado el daño. En la sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, el tribunal admite que las condenas a los tres ejecutivos son “extraordinariamente livianas”, pero explica que por imperativo legal no puede agravar las penas solicitadas por el fiscal y el abogado del Estado. No obstante, deja en manos de la Junta Consultiva de Contratación del Estado que ésta les imponga la prohibición de contratar con el sector público por un periodo de entre cinco y diez años. Además, recomienda que se les inhabilite para obtener subvenciones y para percibir incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ese tiempo.

La sentencia incluye el voto particular del presidente de la Sala, el general Rafael Eduardo Matamoros, quien considera que los dos tenientes coroneles deberían ser condenados a tres años y la pérdida de su empleo, lo que significaría su baja en las fuerzas armadas. El general argumenta que, dado el alto rango de los oficiales, los destinos de relieve que ocupaban y siendo ambos expertos en contratación pública, su “comportamiento criminal” ha “denigrado la imagen, no solamente suya como militares en activo, sino también del cuerpo al que pertenecen y de las fuerzas armadas en general”. Más aún, les culpa de la “paupérrima opinión de los militares” que puede generar el hecho de que aceptaran “comisiones, agasajos y obsequios” a cabio de información sobre contratos. También considera que por su “evidenciada inidoneidad” para el desempeño de sus funciones en el cuerpo de Intendencia del Ejército deben perder sus puestos. Con los dos años de cárcel a los que han sido sentenciados, ambos militares sólo serán suspendidos en sus respectivos empleos. La sentencia puede ser recurrida aún ante el Tribunal Supremo.

El fiscal había pedido para los dos oficiales una pena de tres años por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, con pérdida de empleo, así como otros tres años por actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Pliegos con antelación

El relato de los hechos que describen las casi 200 páginas de la sentencia describe una operativa que ambos tenientes coroneles llevaron a cabo de forma continuada entre 2010 y 2015. Los tenientes coroneles Cruz Picazo Ramírez y Epifanio Ramírez Requeno contactaban con empresas contratistas de Defensa o interesadas en serlo y les ofrecían y proporcionaban información sobre contratos “presentes o en proyecto o fase interna”, también les daban apoyo o consejo para presentar ofertas e incluso llegaron a redactar alegaciones y recursos para algunas de ellas cuando no resultaban las adjudicatarias. Para ello “se prevalieron” de su condición de oficiales destinados el primero como jefe del Área de Estrategia de Compras de la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, y el segundo en la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos.

Por tanto, establece la sentencia, Cruz Picazo intervenía en los expedientes de contratación y en la adjudicación de los contratos, y participaba en la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los concursos. Epifanio Ramírez era el encargado de las “cuestiones prácticas” de los contratos que interesaban a las empresas. El tribunal destaca que el teniente coronel Picazo estaba en las comisiones de seguimiento de 12 o 14 acuerdos marco, de los 18 que llegó a haber en el Ministerio de Defensa. Se trata de un instrumento que sirve para centralizar multitud de contratos en uno solo, normalmente de ámbito nacional, lo que redunda en ahorro de costes.

A cambio de información y asesoría, el tribunal considera probado que ambos recibieron diferentes cantidades de dinero, como los 4.000 euros pagados por la empresa de seguridad Proman, en un sobre entregado en un restaurante de Madrid, y los 20.000 euros que Ucalsa transfirió a Epifanio Ramírez y con los que pagó parte de un Audi A5 Sportback, valorado en 43.777 euros. Otra firma, Tecnove, dedicada al carrozado de vehículos militares, regaló a Cruz Picazo un reloj Hublot con un precio de 2.870 euros.

Además, estas y otras empresas proporcionaron a ambos oficiales entradas para distintos partidos del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu y entradas para el Mutua Madrid Open de Tenis. Finalmente, el hijo del teniente coronel Ramírez fue contratado en Easy Sea East, del grupo Proman, en noviembre de 2014, con un contrato indefinido como auxiliar de servicio y un sueldo de 752 euros al mes. Curiosamente, su lugar de servicio era el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente de Defensa. Y el hijo del teniente coronel Picazo consiguió otro contrato primero como conductor y luego como coordinador de comidas a domicilio –1.203 euros al mes– en Ucalsa.

Una denuncia y una grabación de Miguel Ángel Ramírez

Además de los directores generales de estas tres empresas, fueron igualmente imputados por el juzgado instructor los responsables de otras 10 compañías, que luego fueron desimputadas. Entre ellas, Cleanet, Clece –filial de ACS–, Willis Iberia, Beyond Solutions y TRC Informática. Sin embargo, la sentencia hace un relato pormenorizado de las entrevistas, comidas e intercambio de favores que se produjeron entre los dos tenientes coroneles y esa decena de contratistas. Por orden judicial, todos los implicados fueron objeto de pinchazos telefónicos y seguimientos: las comidas fueron grabadas en vídeo y vigiladas por agentes de la Policía Judicial. También fueron investigados los patrimonios de los dos oficiales y registrados sus despachos y domicilios particulares. Picazo y Ramírez fueron detenidos el 28 de abril de 2015 y permanecieron cinco días incomunicados. Salieron en libertad provisional el 12 de mayo de ese año. Igualmente fueron arrestados los tres empresarios ahora condenados.

El caso se inició a finales de 2014, cuando un asesor de Seguridad Integral Canaria denunció al CNI que los dos tenientes coroneles le habían pedido 20.000 euros mensuales, durante una comida, a cambio de facilitarle con una antelación de tres meses los pliegos del nuevo macrocontrato de seguridad del Ministerio de Defensa, así como de ayudarles con los problemas que la empresa padecía en la prestación del servicio que se le había adjudicado. El representante de la firma, propiedad del empresario líder de las seguridad low cost Miguel Ángel Ramírez, organizó una segunda comida en el mismo restaurante con la intención de grabarla, según explicó en su declaración al juez. No pudo “por un problema en su móvil”. A ella acudió también el mismo Miguel Ángel Ramírez. Así que, por sugerencia del CNI, convocó una tercera reunión, que sí pudo grabar. Sin embargo, el tribunal no admitió ese audio porque no entiende acreditada su autenticidad. Además, la teniente de la Policía Judicial adscrita a la Jurisdicción Militar que se hizo cargo del caso negó ante el juez que el CNI hubiera intervenido en él. De hecho, aseguró que el asesor de Seguridad Integral Canaria contactó directamente con ella para denunciar el supuesto cohecho.

El tribunal, en cualquier caso, considera probado que el CNI comunicó la denuncia a Defensa y la Subsecretaría del ministerio la trasladó al fiscal, que abrió diligencias de investigación el 30 de diciembre de 2014. Como queda dicho, cuatro meses después, los dos tenientes coroneles y los tres directivos fueron detenidos.

“Pueden ser 3.000, 9.000 o 100.000 euros”

Para hacerse una idea de cómo procedían los oficiales basta con repetir el relato que la sentencia hace de la comida que ambos mantuvieron en otro restaurante de Madrid con un representante de la empresa Olmata, dedicada a la restauración y que no era contratista de Defensa. Según el informe policial, el teniente coronel Ramírez le ofreció al empresario un “resumen con ejemplos para conseguir la máxima puntuación en cada uno de los tramos del concurso”. A continuación le pregunta cuál va a ser su “parte”. “Tiene que ser algo justo, para no quedarse ni corto ni largo”, le explica el oficial. Cuando el directivo le pide una propuesta, Epifanio Ramírez le contesta que “pueden ser 3.000, 9.000 o 100.000 euros” y que debe hablar primero con el director general de Proman, Lázaro Bernal Moya, también condenado. Los dos oficiales solían pedir a los empresarios que conocían nombres de otros, de diferentes sectores, que pudieran estar interesados en contratar con Defensa. Abarcaban todas las actividades, desde la seguridad privada hasta la limpieza, pasando por los seguros, los vehículos militares, servicios de restauración, informáticos… Buena parte de los empresarios que resultaron imputados en la causa contaron a la policía primero y al juez después que el teniente coronel Epifanio Ramírez les pedía un contrato para su hijo. A Proman, por ejemplo, no sólo le entregó el currículo de su hijo, sino también los de su nuera y otras dos personas, que no consiguieron un empleo.

En el caso de Tecnove, el reloj de lujo regalado por su administrador único, Eusebio Ramírez González, también condenado, al teniente coronel Cruz Picazo fue la contrapartida de la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la Base Provincial de Apoyo (PSB) del Ejército en Quala i Naw (Afganistán), la construcción del módulo de vida número 13 y los servicios de peluquería, limpieza y gestión del gimnasio. Cruz Picazo desempeñó una comisión de servicio en esa base en el segundo semestre de 2010.

La sentencia considera igualmente hechos probados que Seguridad Integral Canaria pagó a los dos oficiales ahora condenados un total de 17.000 euros por asesorar a la empresa “en materia de contratos fuera del ámbito del Ministerio de Defensa”. Según declaró ante el juez su representante, Cruz Picazo le amenazó veladamente con retrasos en los pagos del ministerio a la empresa y con “apretarle en la ejecución del contrato” si no les pagaban a él y a Epifanio Ramírez por sus gestiones. Este último también admitió ante el juez instructor que había recibido 2.000 euros de la empresa de seguridad Ariete por asesorarla en un concurso del Ministerio de Hacienda. Otros 6.500 euros, entre los dos, cobraron de la empresa Cleanet, a cambio de dos lotes en el concurso de limpieza del ministerio y un contrato de guardería.

El Tribunal Militar Central ha absuelto al teniente Sebastián Gallego Montero, destinado en el gabinete de prensa del Ministerio de Defensa. Aunque dice que su comportamiento “resulta cuanto menos equívoco”, concluye que no queda acreditado que actuara para obtener un beneficio cuando el teniente coronel Epifanio Ramírez le preguntó si conocía “a alguien interesado” en participar en el concurso para atender la cafetería del Ministerio de Defensa. El teniente le preparó una reunión con un representante de Sacyr, al que había llegado a través de un primo suyo.

El pasado día 9 entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a los cuatro meses de haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tras su aprobación en el Congreso el pasado mes de octubre. Su aplicación, por tanto, era una medida largamente anunciada. La ley, que transpone al ordenamiento jurídico español directivas europeas sobre contratación pública, suprime los contratos sin publicidad e impone el uso de la factura electrónica. También obliga a los órganos de contratación a establecer criterios de adjudicación que permitan conseguir obras, suministros y servicios de calidad, incluyendo requisitos sociales, medioambientales o innovadores. En concreto, la norma obliga a los adjudicatarios a cumplir los derechos laborales de las plantillas, de forma que se les podrán imponer sanciones si se retrasan de forma reiterada en el pago de los salarios o si aplican condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos sectoriales. Desde ahora, las organizaciones sindicales pueden interponer recurso especial cuando los contratistas vulneren sus obligaciones sociales o laborales.

Con estas salvaguardas se pretenden evitar casos como los ocurridos con algunos servicios de seguridad privada, cuyos adjudicatarios aplicaban a sus plantillas convenios de empresa que recortaban hasta en un 40% los salarios del convenio estatal. Seguridad Integral Canaria, Novo Segur (antes Marsegur) y Sinergias de Vigilancia y Seguridad son las más conocidas. Las dos primeras se encuentran en concurso de acreedores y adeudan un buen número de nóminas a los trabajadores. Sus convenios –de las dos últimas– y descuelgues –de la primera– han sido anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por haber sido negociados de forma ilegal.

Pues bien, las nuevas exigencias de transparencia y respeto a las leyes laborales han ocasionado en las administraciones públicas lo que en otros ámbitos se da en llamar efecto pánico: se han lanzado a publicar licitaciones de contratos para eludir las nuevas normas de contratación. Lo ha denunciado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, que dice haber contado unas 2.500 publicaciones de contratos sólo el pasado día 8, la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley. “Son 10 veces más que la media de cualquier otra fecha”, asegura. Además, durante el último mes, las administraciones han adelantado la publicación de numerosos concursos que, “en circunstancias normales”, destaca el sindicato, deberían haberse licitado en meses posteriores. En concreto, cita el servicio de vigilancia de la Administración General del Estado, por importe de 67 millones de euros.

infoLibre ha buscado en la plataforma de contratación del Estado sólo los contratos de servicios y, el pasado 8 de marzo, se publicaron 1.086 concursos, casi el doble que el día anterior –613– y casi 10 veces más que el día 1, cuando sólo aparecieron 169. Un mes antes, el 8 de febrero, únicamente se publicaron 21 contratos; el 14 de febrero, 45; el 21 de ese mes, 68. Un año antes, el 21 de febrero fueron sólo tres concursos nuevos; el 1 de marzo, un contrato.

En total, entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2017, las administraciones públicas publicaron únicamente 22 licitaciones de servicios. En ese mismo intervalo, pero de este año, han llegado a la plataforma de contratación nada menos que 3.419 nuevos concursos. USO denuncia que esta huida de la ley “sólo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una norma obsoleta para ahorrarse unos míseros euros en detrimento de los derechos de los trabajadores mileuristas”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas explica el gran número de concursos publicados el día 8 por el hecho de que esta fecha era el “límite para publicar los procedimientos en marcha”, para los que es necesario cumplimentar antes una gran cantidad de trámites. “Los que no se hubieran publicado ese día, habrían tenido que iniciarse desde cero para adaptarlos a la nueva Ley de Contratos”, señala.

AENA, Defensa y Empleo

El pasado mes de febrero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) suspendió el macroconcurso abierto por AENA para proveer de vigilantes a los aeropuertos de toda España, tras recurrirlo USO. Con un importe de 359 millones de euros, los pliegos del contrato no hacían referencia, según denunciaba el sindicato, a la obligación de cumplir el convenio colectivo del sector. La empresa los ha cambiado, introduciendo esa mención y aumentando los pluses que deben cobrar los vigilantes, tal y como acordaron los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y la patronal del sector tras la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat el pasado verano. El órgano de contratación resolverá la adjudicación antes de que termine el mes de mayo.

El 90% de los clientes de las tres empresas low cost antes citadas son administraciones públicas. Hasta ahora, el Ministerio de Empleo era el principal adjudicatario de Novo Segur y Sinergias de Vigilancia. De las 28 licitaciones abiertas desde agosto hasta diciembre del año pasado para dotar de vigilancia privada a sus instalaciones, sólo tres incluían cláusulas que obligaran a las empresas candidatas a respetar el convenio del sector. Otras 19 fueron adjudicadas antes de acabar el año y de ellas 11 cayeron en manos de estas dos low cost: ocho a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y tres a Novo Segur.

El próximo 11 de abril esta última dejará de prestar el servicio de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Defensa de toda España, un contrato que perdió tras ser objeto de numerosas actas de infracción por irregularidades en la prestación. Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, Novo Segur y Sinergias de Vigilancia acumulan hasta cinco meses de nóminas impagadas en algunos casos. Tanto UGT y CCOO como USO han convocado seis días de huelga, a partir de este martes, en todos los centros de trabajo donde aún tiene presencia Novo Segur, precisamente por las deudas que mantiene la empresa con la plantilla.

La empresa de seguridad low cost Novo Segur, antes conocida como Marsegur, ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores. Así consta en el acta de la reunión que han mantenido ambas partes y a la que ha tenido acceso infoLibre. El director general de la empresa, Antonio Redondo, ha confirmado también a este periódico la decisión, que justifica en las “circunstancias del mercado”.

Redondo, sin embargo, no ha querido precisar en qué juzgado de lo Mercantil ha presentado la solicitud. La empresa tiene su domicilio social en Las Palmas. Marsegur cambió su denominación mercantil a Novo Segur el pasado mes de septiembre, justo cuando Defensa decidió abrir los trámites para rescindirle el macrocontrato que le había adjudicado sólo cinco meses antes por las irregularidades que acumulaba en la prestación del servicio. Es el mayor contrato conseguido por la low cost, 16 millones de euros a cambio de vigilar las instalaciones del ministerio en toda España durante un año prorrogable a dos. Finalmente, Novo Segur abandonará el servicio del próximo 30 de abril y no se le prorrogará el contrato.

Novo Segur sigue así los pasos de otra empresa polémica, Seguridad Integral Canaria, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado de enero. Tanto la primera como Sinergias de Vigilancia y Seguridad llevan años situadas en el punto de mira de los sindicatos del sector porque sus convenios colectivos, anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, establecen salarios hasta un 40% por debajo de los incluidos en el convenio sectorial. Gracias a esas rebajas –sueldos de 700 euros, pluses de nocturnidad de 10 céntimos la hora– han conseguido numerosas adjudicaciones públicas desde que los recortes del gasto impusieron el precio como criterio prioritario en los concursos.

Además, los vigilantes de esta empresa sufren continuos retrasos e impagos de las nóminas, lo que les ha llevado a la huelga. Es lo que les ocurre a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales llevan hasta cinco meses sin cobrar, tanto en el archipiélago como en el Metro de Madrid, uno de sus principales contratos.

De hecho, la reunión de este jueves entre la dirección de Novo Segur y los representantes del comité tenía, en principio, como primer punto de orden del día discutir el retraso en el abono de las nóminas. El segundo era la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el convenio de la empresa el pasado mes de diciembre. En su lugar, el director de Novo Segur les comunicó que “no había orden del día” y que el único punto que se iba a tratar era la solicitud del concurso de acreedores. Al cierre de esta edición, los representantes sindicales –CCOO, USO y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS)– se encontraban a la espera de que la empresa les entregara la documentación que acredite la solicitud ante el juez.

El fiscal quiere aclarar la relación con Ramírez

Novo Segur, Seguridad Integral Canaria y Sinergias de Vigilancia y Seguridad están vinculadas a un mismo empresario, Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas y del Grupo Ralons, que fue condenado por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el Gobierno. Su nombre apareció entre los donantes del PP en la contabilidad de 2011. Las tres firmas pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, incluida en Ralons. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur-Novo Segur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur-Novo Segur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado día 16, la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias contra Seguridad Integral Canaria por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, denunciado por CCOO, Intersindical Canaria y Alternativa Sindical Canaria. El ministerio público ha exigido a la Inspección de Trabajo las actas de infracción y liquidación de cuotas abiertas durante los últimos siete años a Seguridad Integral Canaria y a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. También ha requerido al Registro de Marcas y Patentes para que acredite a quién corresponde la propiedad de ambas empresas, según publica el digital canario Espiral21.

Millones en contratos públicos

En 2016, Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. En 2017, y sólo desde el mes de agosto, Sinergias consiguió ocho contratos del Ministerio de Empleo y Marsegur otros cuatro: la vigilancia de las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Cuenca, Ciudad Real y en Tenerife, así como la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en León. También el CSIC, el Imserso, la Inspección General de Sanidad de la Defensa y la Gerencia de Sanidad de Fuerteventura le han concedido adjudicaciones.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad se ha quedado con todos los contratos que Seguridad Integral Canaria mantenía con empresas privadas. La empresa, antes de solicitar el concurso, anunció que abandonaba el área de vigilancia para centrarse únicamente en el transporte blindado. Lo que no significa que la situación económica de Sinergias sea boyante: sus trabajadores también sufren retrasos e impagos de nóminas, tanto en Canarias como en los servicios que prestan en la Península.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha suspendido el plazo de presentación de ofertas para el concurso que debe adjudicar los servicios de vigilancia privada de los aeropuertos españoles. El sindicato USO presentó un recurso especial el pasado 25 de enero y AENA está ahora “rectificando” los pliegos del concurso tras haber “detectado la necesidad de modificarlos”, según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El gestor aeroportuario ha reconocido a infoLibre que el plazo de presentación de ofertas, que inicialmente debía cerrarse este viernes, queda suspendido hasta que se pronuncie el TARC, que depende del Ministerio de Hacienda, sobre el recurso presentado por USO. El macrocontrato, por importe de 359,46 millones de euros, debe servir proveer de vigilantes privados a los 27 aeropuertos de mayor tráfico de AENA durante los dos próximos años. El gestor también ha abierto otro concurso, de 10,86 millones de euros, para los 20 aeropuertos de menos de 400.000 pasajeros.

Ambos contratos se licitaron el pasado diciembre, poco después de que los ministerios de Fomento y Empleo firmaran con la patronal y los sindicatos de la seguridad privada un acuerdo para garantizar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales en las empresas estatales de transporte. La huelga de los vigilantes de Eulen el pasado mes de agosto en el aeropuerto de El Prat había destapado el recorte salarial que sufrían por culpa de las adjudicaciones a la baja de AENA y sentó a la mesa de negociación a todos los actores implicados.

Ese acuerdo obliga a las empresas dependientes de Fomento –aunque la intención de las partes es extenderlo a toda la Administración pública– a elaborar “presupuestos adecuados” al licitar los servicios de seguridad privada y a adjudicarlos puntuando el criterio de calidad con “al menos el 51%” de la nota final. En concreto, el pacto obliga a incluir en los pliegos de los concursos una serie de cautelas: incumplir las condiciones salariales o no pagar los sueldos será motivo para resolver el contrato con el adjudicatario; éste debe enviar cada mes un certificado de que ha abonado tanto las nóminas como las cotizaciones a la Seguridad Social; la obligación de respetar el convenio colectivo del sector debe establecerse como “condición especial de ejecución” del contrato, y el adjudicatario debe informar al organismo contratante sobre las condiciones de los contratos de sus trabajadores.

Sin embargo, el sindicato USO alega en su recurso que los pliegos del concurso de AENA “sorprendentemente” no incluyen algunas de estas medidas. Y reclama que en ellos se introduzca “expresamente” la obligación para el adjudicatario de cumplir el convenio colectivo sectorial, pues “ése es el espíritu literal”, asegura, “de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Aprobada el pasado noviembre, la norma entrará en vigor en marzo y obliga a las empresas candidatas a respetar las condiciones salariales del convenio sectorial.

Omisiones en los pliegos

AENA replica que el acuerdo “sí está incluido”, aunque “en general a lo largo de todo el pliego de la licitación, donde se recogen las especificaciones” del documento firmado en noviembre. “Entre otros asuntos, se tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, asegura. “Lo que ha hecho AENA es calcular el coste de los pluses y aumentar el precio global de la licitación, pero no hay referencia explícita a esos complementos”, rebate a la empresa el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Flebes. El sindicato teme que empresas que no están integradas en la patronal del sector, Aproser, se nieguen a pagar unos pluses que no aparecen como tales ni en los pliegos ni en el convenio colectivo sectorial. Se trata del plus de aeropuerto, de radioscopia, de filtro y el variable ligado al cumplimiento de objetivos. Los tres primeros suponen unos 330 euros mensuales. El cuarto es un porcentaje de la remuneración variable que recibirá el adjudicatario. “La manera de consolidarlos es que se incluyan en los pliegos del concurso”, subraya Febles.

USO advierte de que AENA también ha omitido el último de los plus citados, el variable ligado a objetivos, pese a que el acuerdo de noviembre obliga a incluir “un compromiso de creación” de este complemento salarial en los pliegos. Basilio Febles explica que ni se fija su cantidad ni se establece una fórmula para calcularlo.

En su recurso, el sindicato pide, además, que se elimine la subasta electrónica, que consideran un “procedimiento de puja eminentemente económica, a cuyo mejor postor se le atribuye la adjudicación”. “Una forma de bajar el precio”, resume Basilio Flebes, “por lo que al final nos encontraremos con el mismo problema que queríamos solucionar”. Que el único “componente disuasorio” sea el precio, prescindiendo de otros “de especial relevancia”, queda “muy lejos del espíritu de la directiva europea y la nueva Ley de Contratos Públicos, que pretende dar una ponderación importante a otros criterios sociales y de calidad”, critica. El sindicato solicitó este mismo miércoles una entrevista con el director de Seguridad de AENA para que explique los cambios que se van a introducir en los pliegos.

En cualquier caso, no será la primera modificación. El gestor aeroportuario ya tuvo que cambiar las cláusulas particulares del concurso el pasado 3 de enero para incluir “el mínimo de calidad técnica”, que en un principio no figuraba y ahora se ha fijado en un 70% de la nota final.

Competencia desleal, impago de nóminas

El acuerdo firmado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos el pasado 21 de noviembre pretende evitar que consigan contratos públicos empresas que, amparadas en sus propios convenios colectivos, pagan salarios por debajo del convenio sectorial. Una posibilidad permitida desde 2012, cuando la reforma laboral concedió prioridad de aplicación a los convenios de empresa en esta y otras materias. Con sueldos hasta un 40% inferiores a los fijados para el sector, estas empresas logran adjudicaciones en las que prima siempre el criterio del precio más bajo.

Debido a los recortes en el gasto público, la licitación de contratos a la baja ha sido la tónica durante los últimos años. Los rivales de estas firmas low cost les acusan de competencia desleal y los sindicatos, de explotar a los trabajadores pagando sueldos de 800 euros. En muchos casos, además, las plantillas están teniendo problemas para cobrar sus exiguas nóminas. Es lo que les ocurrió a los vigilantes del Ministerio de Defensa –Marsegur– y están sufriendo ahora los vigilantes del Metro de Madrid y de las instituciones que guarda Seguridad Integral Canaria en el archipiélago, o de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén, a cargo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Este sector ha estado durante los últimos meses en el candelero informativo, debido al significativo número de conflictos colectivos, con importantes movilizaciones e incluso huelgas en algunos servicios. Sin embargo, el entramado que ha hecho posible la degradación que se ha vivido en estos años es bastante más complejo e incluso, una vez estudiado, difícil de entender. Analicemos algunos de los factores que han contribuido a esta situación.

La reforma laboral modificó el peso normativo que tenían los convenios generales de carácter estatal, basculando en favor de los acuerdos de empresa, que pasaron a tener prioridad de aplicación en determinadas materias claves, entre ellas las retribuciones, las cuales pueden en la actualidad fijarse por debajo de las establecidas en el convenio sectorial de referencia.

Este cambio legislativo ha venido acompañado de la proliferación de “sindicatos independientes y de empresa” en bastantes sectores, en seguridad privada particularmente. Pues bien, precisamente este tipo de organizaciones han promovido en muchos casos la regresión salarial y de derechos laborales de trabajadoras y trabajadores.

¿Cómo es posible? Veamos el caso más reciente de la empresa de seguridad Ariete, aunque es una situación que ya se ha vivido en otras empresas de seguridad como Alerta y Control, Grupo Control, Sinergias o Marsegur.

El pasado 6 de noviembre la Dirección General de Empleo registraba y publicaba un convenio colectivo para Ariete de Seguridad que regulaba las condiciones de trabajo y salarios de sus trabajadores y trabajadoras en todo el Estado, con vigencia desde el 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2021. Este acuerdo ha supuesto importantes retrocesos en derechos y salarios respecto al convenio estatal vigente negociado por los sindicatos mayoritarios.

¿Quién ha dado el visto bueno para este convenio, condenado a unas pésimas condiciones laborales a cientos de trabajadores y trabajadoras de Ariete? Un "sindicato" llamado Sindicato Independiente de Trabajadores de Ariete (SITA), entidad que no aparece registrada en el Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales del Ministerio de Empleo —al menos no con ese nombre— pero que, sin embargo, ha firmado, junto a la dirección de la empresa, un convenio vinculante para toda la plantilla.

Con la aplicación de este convenio, Ariete está convirtiendo a sus profesionales en trabajadoras y trabajadores pobres a la manera que lo han venido haciendo otras empresas como Marsegur o Sinergias, pasando a formar parte de ese grupo de entidades explotadoras a las que ningún asalariado o asalariada del sector quiere ser subrogado.

Para la plantilla de Ariete habría sido mucho más conveniente no negociar un convenio de empresa, al menos que fuera para mejorar las condiciones del convenio estatal que ya les cubría. Sin embargo, la reforma laboral del Gobierno está permitiendo a este tipo de empresas tener su propio convenio, con prioridad sobre el convenio estatal, situación que aprovecha la dirección en connivencia con estos mal llamados “sindicatos” para reducir los salarios y derechos de sus trabajadores.

Así, la paradoja que estamos viviendo es que algo que se autodenomina sindicato está sirviendo para revertir y recortar derechos laborales. Son estos "nuevos sindicatos”, surgidos al calor del poder conferido por la reforma laboral para negociar en los ámbitos de empresa condiciones inferiores a las del sector, los firmantes de acuerdos que van en contra de los convenios estatales acordados por sindicatos de clase, mayoritarios en el ámbito de la seguridad privada y en todos los sectores socioeconómicos del país, siendo usados para destruir y menoscabar los derechos laborales adquiridos durante décadas de negociación y lucha.

Es difícil entender los motivos que guían a quienes llevan a cabo estas negociaciones que perjudican, en principio, sus propias condiciones laborales, además de las de sus compañeras y compañeros, y no podemos más que entristecernos e indignarnos imaginando lo que no puede ser otra cosa más que intereses personalistas.

En cualquier caso, aunque al sindicalismo confederal nos pongan cada vez más trabas, seguiremos en la lucha diaria, instando a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad de este tipo de acuerdos, que dañan aún más las condiciones laborales e impiden que la salida de la crisis llegue a trabajadoras y trabajadores con la recuperación adquisitiva de sus salarios. ______________Vicente Sánchez Jiménez es secretario general de CCOO de Construcción y Servicios. Ha publicado los libros 'La responsabilidad social empresarial y su evolución en las compañías del IBEX35' y 'La responsabilidad social en las multinacionales españolas de la construcción'.

El Ministerio de Defensa ha vuelto a sacar a concurso los servicios de seguridad privada de sus instalaciones, un macrocontrato de 39,92 millones de euros que hubo de resolver de forma anticipada con el anterior adjudicatario, la empresa low cost Marsegur, por sus numerosos incumplimientos contractuales. El nuevo acuerdo marco, que por su elevado importe ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, incluye entre las “condiciones de especial ejecución” que las empresas candidatas deban cumplir el convenio del sector de la seguridad privada.

Según ha explicado a infoLibre un portavoz del Ministerio de Defensa, se trata de la cláusula 38 del pliego de condiciones administrativas. En una respuesta escrita a una pregunta de la diputada del PSOE Miriam Alconchel, el Gobierno asegura que en los pliegos del concurso se obliga al contratista a cumplir “las tablas salariales mínimas en el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, o bien las tablas salariales del convenio colectivo de empresa si fuesen más favorables para los trabajadores”. El concurso aún no ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato tiene un año de duración y entrará en vigor el próximo 11 de abril.

Defensa se une así a la empresa pública AENA, que acaba de licitar otros dos grandes contratos de seguridad privada para sus aeropuertos, por importe de 370,32 millones de euros, e igualmente ha incluido en las condiciones del concurso el respeto obligatorio a las condiciones del convenio estatal. Esa nueva redacción de los pliegos es la primera consecuencia del acuerdo firmado en noviembre por los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y las patronales del sector de la seguridad privada, que puso fin al conflicto abierto durante el verano en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El pacto establece mejoras en las condiciones laborales y salariales de los vigilantes privados en el área de Fomento, por lo que los avances conseguidos se trasladarán también a los guardias jurados de otras grandes empresas como Adif y Renfe. E igualmente al resto de las empresas de seguridad privada que consigan adjudicaciones públicas en cualquier otra área.

Los pliegos del concurso de AENA, además, establecen la resolución del contrato si la empresa no paga los salarios a los vigilantes y valoran con un mínimo del 51% de la puntuación los criterios relacionados con la calidad del servicio, en detrimento del criterio ligado sólo al precio.

Impagos de nóminas, incumplimientos contractuales

Precisamente la prioridad del criterio cuantitativo propició la entrada de las empresas low cost de seguridad al servicio de las administraciones. Algunas de ellas han terminado no pagando las nóminas de sus trabajadores. Es lo que les ocurre a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en el Metro de Madrid, que llevan tres meses sin cobrar, al igual que a los de otros servicios adjudicados a esta empresa por las administraciones canarias. Lo mismo sufrieron los vigilantes de Marsegur en el Ministerio de Defensa, que no cobraron su última nómina ni la liquidación, también los asignados a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han tenido problemas con el ingreso de sus nóminas.

De hecho, el Ministerio de Defensa decidió abrir el procedimiento para resolver el contrato con Marsegur el pasado mes de septiembre. En abril le había adjudicado el contrato para vigilar durante un año todas sus instalaciones, por un importe de 16 millones de euros. Pero en sólo unos pocos meses acumuló más de 170 actas de infracción. Por ejemplo, los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Los retrasos en el abono de las nóminas eran la tónica habitual. Además, Marsegur paga salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal, en virtud de un convenio de empresa que ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando.

Marsegur, que el pasado septiembre cambió su denominación social a Novo Segur Seguridad Privada, paga un sueldo base de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de congelación salarial.

Con el acuerdo alcanzado, tanto los sindicatos como la patronal del sector –que las acusa de competencia desleal– pretenden evitar que estas empresas se lleven los contratos públicos ofertando precios mínimos basados en el recorte de las condiciones laborales de la plantilla. Algo que dejará de ocurrir finalmente en marzo cuando entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las adjudicatarias a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. Con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de sector, consagrada en la reforma laboral de 2012, algunas firmas de seguridad privada negociaron sus propios convenios rebajando considerablemente los salarios de los vigilantes. No sólo Marsegur, sino también Sinergias de Vigilancia y Seguridad han sido durante los últimos años los principales exponentes de estas empresas bautizadas como piratas por los sindicatos.

Seis contratos más de Empleo para las dos 'low cost'

Pese a que no sólo Defensa y Fomento, sino también otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno canario, han introducido ya estas claúsulas sociales en sus concursos, el Ministerio de Empleo sigue omitiéndolas en los suyos. Y continúa adjudicando contratos tanto a Marsegur como a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

En las últimas dos semanas de 2017 ha adjudicado los seis contratos de seguridad privada que tenía licitados. Uno ha ido a parar a Marsegur y los otros cinco a Sinergias. El primero, por importe de 128.480 euros, para vigilar las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Cuenca. Los restantes cubren la vigilancia de los edificios de la Inspección de Trabajo en Cáceres y Badajoz, la TGSS en Guadalajara, el centro de atención (Caiss) de Badajoz, la TGSS de Jaén y la Casa del Mar de Valencia, dependiente del Instituto Social de la Marina (ISM).

Además, Marsegur ha conseguido dos contratos más en otros ministerios: para vigilar la sede del CSIC –que depende de Economía–y un centro del Imserso en Cáceres –de Sanidad–. En total, 1,05 millones de euros, de los cuales 823.886 corresponden a Empleo.

De hecho, de las 28 licitaciones abiertas por el departamento de Fátima Báñez desde agosto, sólo tres incluyeron cláusulas que obliguen a los candidatos a respetar el convenio del sector. Además de las seis adjudicaciones ya citadas, otras 11 recayeron igualmente en Sinergias y Marsegur,2,55 millones de euros más. También la mitad de los contratos conseguidos por ambas empresas en 2016 llevan la firma del Ministerio de Empleo, pese a que entre sus competencias se encuentra “el impulso de las condiciones laborales”. Y de que fue Empleo el departamento que denunció el convenio de Marsegur ante la Audiencia Nacional por haber sido negociado de forma ilegal.

Tampoco los problemas que acompañan a estas empresas en la ejecución de los contratos son óbice para que se les sigan adjudicando. Por ejemplo, la TGSS de Jaén otorgó el concurso a Sinergias después de que el órgano de contratación hubiera eliminado a Marsegur, en principio la ganadora, porque no se encontraba “al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”, según consta en el acta de resolución, con fecha de 17 noviembre. Un mes más tarde, el 29 de diciembre, la TGSS de Cuenca le adjudicó su servicio de vigilancia. En otra concesión reciente, del pasado noviembre, la TGSS de Ciudad Real, los sindicatos ya han denunciado a Marsegur ante la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Interior por no haber entregado a los vigilantes ni el calzado ni la ropa reglamentaria ni los grilletes ni la defensa.

Sinergias y Marsegur, además, se presentan ahora a un concurso de 22 millones de euros licitado por la Xunta para vigilar sus edificios administrativos. Son 170 guardias para un contrato de año y medio prorrogable. En los pliegos no se ha incluido cláusula alguna que obligue al cumplimiento del convenio sectorial.

Seguridad Integral Canaria, en concurso

Ambas empresas están ligadas a Miguel Ángel Ramírez, dueño también de Seguridad Integral Canaria. El polémico empresario, donante del PP, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Supremo y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre ha negado cualquier vínculo con las dos low cost. No obstante, tanto Seguridad Integral Canaria, como Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. Además, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado 22 de diciembre Seguridad Integral Canaria solicitó el concurso de acreedores, cuatro meses después de haber anunciado que prescindía del negocio de la vigilancia porque no le resultaba rentable y que se iba a dedicar sólo al transporte blindado. En ese tiempo, Ramírez ha cedido todos sus contratos en aquella actividad a Sinergias de Vigilancia. Asegura que fue la única empresa interesada.

La Policía Nacional ha comunicado a la Delegación del Gobierno de Madrid las infracciones a la Ley de Seguridad Privada que ha descubierto en cuatro tiendas situadas en la llamada Milla de Oro de la capital. Se trata de los establecimientos de las marcas de lujo Chanel, Montblanc y Loewe (dos tiendas). La investigación de la Policía se produjo a raíz de las 15 denuncias que el sindicato USO interpuso ante la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana contra otras tantas tiendas, todas ellas situadas en la zona más cara de Madrid.

Las denuncias fueron interpuestas el pasado mes de mayo y, tras investigarlas, la Policía remitió los cuatro casos con irregularidades confirmadas a la Delegación del Gobierno entre julio y septiembre, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. En el caso de Loewe, las irregularidades se limitan a que los vigilantes de sus tiendas en las calles de Serrano y Goya no llevaban la identificación preceptiva, explica el sindicato, lo que les supondrá una sanción administrativa de 300 euros. En los casos de Chanel y Montblanc, la Policía Nacional no especifica en su comunicación a la Delegación del Gobierno el tipo de irregularidad investigada.

Por su parte, la Delegación del Gobierno no ha querido confirmar a este periódico si ha abierto expediente a las cuatro tiendas citadas, amparándose en la protección de datos. Tampoco Montblanc ha contestado a los repetidos intentos de este periódico por obtener un comentario al respecto. Por su parte, un portavoz de Chanel ha explicado a infoLibre que la Delegación del Gobierno “realizó una inspección” en su boutique de Madrid sobre este tema. Asegura que “la conclusión” fue que Chanel “cumple con la reglamentación” y no ha “presentado ninguna sanción”, aunque la marca no ha aportado ningún documento que lo pruebe.

Entre la quincena de tiendas denunciadas por USO se encuentran las de Louis Vuitton, Bulgari, la joyería Grassi, Stella McCartney, el multiespacio gastronómico Platea, Hermes, Zadig & Voltaire, Yves Saint Laurent, Versace y Valentino, todas ellas situadas en las calles de Serrano y Ortega y Gasset o aledañas. También los establecimientos de Salvador Bachiller y Bodybell de la calle de Montera, en pleno centro de la capital.

Según las comprobaciones que realizaron miembros del sindicato, en esas tiendas eran auxiliares de servicio quienes realizaban las tareas propias de los vigilantes de seguridad. Están al cargo de las barreras antihurto y revisan los bolsos si saltan las alarmas, por ejemplo, pese a que carecen de habilitación para hacerlo. En cambio, no realizan tarea comercial alguna o de información a los clientes. Tampoco van uniformados, ni siquiera con la preceptiva identificación si van vestidos de paisano, una práctica habitual cuando la tienda pretende “evitar una posible invasión de la intimidad de los clientes que pueda derivarse de ver a un vigilante uniformado, con grilletes y defensa”, según detalla en sus denuncias el sindicato, que habla de “intrusismo”.

300 hoteles en Canarias

La Ley de Seguridad Privada considera una falta muy grave “contratar o utilizar a sabiendas los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada”. Tal infracción puede llevar aparejada una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros, tanto para la tienda como para la empresa que proporciona el auxiliar de servicio. El motivo detrás de esta contratación irregular es únicamente el ahorro en gastos de personal, indican fuentes del sindicato. Un auxiliar de servicio cobra unos 800 euros mensuales; un vigilante puede alcanzar los 1.300un vigilante puede alcanzar los 1.300.

El intento de las empresas por abaratar su gasto de personal en vigilancia no es privativo de las tiendas de lujo, en cualquier caso. En los últimos tres años, el sindicato ha interpuesto, sólo en Canarias, unas 300 denuncias a otros tantos hoteles de las islas por utilizar auxiliares de servicio en lugar de vigilantes de seguridad.

Los vigilantes de la empresa de seguridad Marsegur, que trabajan en centros del Ministerio de Defensa, están llamados a la huelga entre el lunes y el viernes por la negativa de la empresa "a resolver el incumplimiento de convenio" y "por el impago de nóminas".

Según ha informado el sindicato Unión Sindical Obrera (USO-Madrid) en un comunicado, USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad Marsegur vuelven a convocar estas huelgas tras el "ineficaz" efecto de la huelga del 23 de septiembre.

Además, no descartan continuar con estas huelgas de forma indefinida si la empresa sigue "negándose a negociar" y "resolver el incumplimiento de convenio y el impago de las últimas nóminas".

USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad privada Marsegur ya convocaron huelga los días 25 y 26 de septiembre, que fue seguida por el 80% e incluso en algunos centros ha llegado al 100%.

Estas huelgas afectan, según USO-Madrid, a unos 500 trabajadores de Madrid que ejercen su labor de vigilancia en el Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros lugares. Los sueldos de todos estos trabajadores son "el 32% menos de lo estipulado, en torno a 750 euros mensuales".

El presidente del comité de empresa de Marsegur y delegado de USO-Madrid, José Ángel Mora, ha señalado que la situación, "además de ilegal", es "insostenible" e "injusta". "Ni siquiera nos permite la subrogación que supondría mantener la condiciones laborales de la anterior empresa", ha criticado.

La Junta de Contratación de Defensa decidió este martes abrir el procedimiento para rescindir el macrocontrato de 16 millones de euros por el que la empresa low cost Marsegur vigilaba las instalaciones del ministerio repartidas por toda España. Según ha podido confirmar infoLibre en fuentes de Defensa, el motivo son los múltiples incumplimientos en que ha incurrido Marsegur desde que se hizo cargo del servicio el pasado mes de abril. Hasta el punto de que acumula más de 170 actas de infracción.

Entre otras irregularidades, los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Además, los trabajadores cobran sus nóminas con semanas de retraso. Los más de 500 guardias en este servicio se pusieron en huelgaen huelga los pasados lunes y martes, en una convocatoria que los sindicatos CCOO, UGT y USO calificaron de exitosa. Protestan también por sus salarios: Marsegur les paga según su propio convenio de empresa, que establece sueldos hasta un 30% inferiores a los del convenio estatal del sector.

La huelga coincidió este martes con la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato con la empresa low cost, a instancias de Unidos Podemos. La proposición no de ley fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP.

El proceso de rescisión, no obstante, será largo. De hecho, puede durar meses. El contrato es de sólo un año, con lo que es posible que coincidan en el tiempo su fin y la decisión final de la Junta de Contratación. “No se nos ha comunicado nada aún”, ha respondido el director general de Marsegur, Antonio Redondo, cuando este periódico le ha preguntado por la apertura del procedimiento. Redondo ha atribuido los problemas en el abono de las nóminas al hecho de que Defensa no les ha pagado “puntualmente”. “Seguimos prestando el servicio, pero cuando algún cliente no nos paga o intenta estrangularnos económicamente, tiene consecuencias”, indicó, “es algo normal en el mundo mercantil”.

Según publica este miércoles el Boletín del Registro Mercantil, Marsegur ha cambiado su denominación social. Pasa a llamarse Novo Segur Seguridad Privada. Tanto Seguridad Integral Canaria, la anterior adjudicataria de Defensa, como Marsegur y otra low cost, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Infracciones muy graves y causas de resolución

Según los pliegos de cláusulas administrativas del acuerdo marco en que está basado el contrato, se consideran infracciones muy graves “no disponer de los armeros instalados para la adecuada prestación del servicio en plazo superior a 30 días desde el inicio del contrato”. También la “falta de algún medio técnico propuesto o la falta de sustitución frenta a mal funcionamiento”. Ése ha sido el caso de Marsegur. Los vigilantes asignados a las instalaciones de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres.

Masegur no puso en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes en ese plazo de un mes, por lo que se le prorrogó otros 30 días más. Tampoco cumplió. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.

Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria, el anterior adjudicatario. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. La Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.

Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones, según ha denunciado el sindicato USO. Mientras, el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. En muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. No obstante, las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar. Finalmente, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes.

La cláusula 50 del pliego establece como causas de resolución del contrato “que el personal no disponga de las habilitaciones o autorizaciones necesarias para tener acceso a materias clasificadas (documentación, medios, material, etcétera)”. También “el incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, cuando hayan sido calificadas de grave, o muy grave”.

Además, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Marsegur puede incurrir en una de las causas que prohíben a las empresas contratar con las administraciones públicas. Es decir, no podrá volver a presentarse a concursos. El artículo 60 establece esa prohibición para las empresas que han sido “sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado o en materia profesional”. También para las que hayan “incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato (..), cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave (...) y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario”.

Consejo de Estado y Consejo de Ministros

Según el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratación del Sector Público, como el contrato de Marsegur tiene un importe superior a 12 millones de euros, su resolución debe ser autorizada por el Consejo de Ministros. Pero antes el adjudicatario deberá presentar sus alegaciones en un plazo de 10 días desde que se propone la rescisión. Y el servicio jurídico del ministerio tendrá que presentar un informe. Además, el Consejo de Estado deberá emitir un dictamen. En resumen, el procedimiento puede prolongarse durante más de tres o cuatro meses, pese a que el citado reglamento deja claro que “todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.

De resolverse el contrato antes de que se cumpla el plazo de un año para el que fue firmado, sería la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, el grupo Sureste, la que se haría cargo del servicio. Si el procedimiento se alarga hasta que coincida con el fin del contrato, el servicio debería salir de nuevo a concurso público.

La polémica del convenio colectivo

Precisamente una de las reivindicaciones tanto de los sindicatos como de la patronal del sector de seguridad privada es garantizar en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, que se tramita en estos momentos en las Cortes, que los adjudicatarios respetan el convenio sectorial. El de Marsegur ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando.

Marsegur paga un sueldo base de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de congelación salarial.

El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Fomento tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano debería discutir cambios en la ley para garantizar las condiciones laborales de los guardias privados de seguridad. Pero, al tiempo, el PP acaba de aprobar en el Senado, apoyado en su mayoría absoluta, dos enmiendas que preservan la aplicación de las condiciones de los convenios de empresa sobre los estatales en los contratos públicos. El proyecto de ley, no obstante, debe aún volver al Congreso para continuar su tramitación y en esa cámara los grupos de oposición son casi unánimes en la defensa de las condiciones de los trabajadores de las subcontratas públicas.

José Manuel Vargas presentó este martes su dimisión cinco años después de acceder a la presidencia de AENA y apenas mes y medio después de que la huelga de los vigilantes privados del aeropuerto de El Pratla huelga de los vigilantes privados del aeropuerto de El Prat dirigiera la atención del país hacia la empresa semipública. Vargas se va cuando acaba de desactivarse otra huelga, previsiblemente mucho más seria –25 días–, a la que fueron convocados por CCOO, UGT y USO, en la estela de los guardias de Eulen, los 8.500 trabajadores del gestor aeroportuario para protestar por la devaluación de sus salarios.

El ejecutivo, de 47 años y procedente del grupo Vocento, editor del Abc, entró en AENA a la llegada del PP al Gobierno, en 2012, y con la vista puesta en ordenar la empresa para privatizarla. Una idea que ya había puesto sobre la mesa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al crear en 2011 la sociedad mercantil AENA Aeropuertos. De ahí que su primera medida de calado fue el que pudo haber sido el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en una empresa pública. Pensado para un máximo de 1.600 trabajadores, se cerró en enero de 2013 con la baja voluntaria de 1.260 personas.

Entonces AENA perdía 220 millones de euros y tenía una deuda de 12.313 millones. El ERE formaba parte del Plan de Eficiencia Aeroportuaria, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en junio de 2012 e incluía la reducción de la actividad en los aeropuertos deficitarios con menos de medio millón de pasajeros, con el objetivo de recortar sus pérdidas a la mitad.

Dos años después, el Consejo de Ministros aprobó la privatización del 49% del capital de AENA –en principio se llegó a pensar en el 60%–. De esta forma, el Estado, a través de empresa pública Enaire, mantiene la mayoría del capital social, y por tanto el control, de la empresa. Salió a Bolsa el 11 de febrero de 2015, a 58 euros la acción. Antes de que el valor cayera un 2,3% este martes tras el anuncio de la dimisión de Vargas, los títulos de AENA cotizaban a casi 155 euros. Hasta la huelga de los vigilantes de Eulen el pasado agosto, llegaron a 166 euros. Es decir, casi han triplicado su valor.

En 2015 entraron en el capital de la empresa el fondo de capital riesgo británico The Children Investment Fund Management (TCI), que posee un 11,3%; HSBC Holdings, con un 5,2%; Deutsche Bank, que tiene el 4,4%; Bank of America, que cuenta con un 3,9%; Morgan Stanley –3,6%– y el fondo Fidelity –1,3%–. Si se hace el cálculo con la acción a 166 euros, el fondo TIC ha obtenido en este tiempo una plusvalía de 1.080 millones de eurosuna plusvalía de 1.080 millones de euros. Una cifra a la que deben añadirse los 75 millones en concepto de dividendos –la compañía ha repartido dos hasta ahora– que le corresponden. La capitalización bursátil de AENA ronda los 25.000 millones de euros, lo que la convierte en la séptima compañía del ÍBEX 35.

Ya en 2013 Vargas devolvió a los números negros a AENA, que al año siguiente ganó 479 millones de euros. En 2015 aumentó sus beneficios un 74% y el ejercicio pasado alcanzó los 1.164 millones de euros. El mismo lustre lucen sus cifras de pasajeros, con un récord de 244,8 millones en 2016. Al ser preguntado por la dimisión del máximo ejecutivo de AENA, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alabó su “gran gestión”, que a su juicio ha convertido al gestor aeroportuario en “una de las mejores empresas del sector público”.

Pero lo cierto es que no todo era tan idílico en AENA. Por un lado, los sindicatos clamaban contra un presidente que “únicamente se preocupa por los resultados económicos” y por beneficiar a los fondos de inversión, dejando de lado el servicio público y olvidando a sus trabajadores, como denunciaba CSI-F. Según sus cálculos, los trabajadores de la compañía han perdido un 8% de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis y un 2,8% desde 2013, el primer año en que volvió a tener beneficios. Además, echan en falta al menos 700 empleados para cubrir las necesidades de personal. De ahí la convocatoria de huelga si no se les subía el sueldo un 1% anual y se les hacía partícipes de la buena marcha de la empresa con una paga lineal vinculada a los beneficios.

Fuga del control público

Por otro lado, la pugna entre los intereses de los propietarios privados y los condicionantes de la gestión pública ha sido la constante de los últimos tres años de José Manuel Vargas al frente de AENA. El presidente de la empresa encabezaba la presión ante el Gobierno para que se ampliara la participación privada en el capital social. Con el 51% en manos del Estado, AENA sigue sometida a las reglas de funcionamiento de cualquier otra empresa estatal, desde los sueldos de sus directivos hasta la necesidad de que las decisiones capitales tengan que ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Pero si escapara de ese control, AENA quedaría libre para moverse como cualquier otra empresa privada, lanzándose, por ejemplo, a la expansión internacional.

Así, AENA se negó a rebajar las tasas aeroportuarias como quería el Gobierno, una disputa que no se cerró hasta este verano. También se quejaba públicamente José Manuel Vargas de que su sueldo, y el de sus ejecutivos, quedara limitado por ley como en el resto del sector público estatal. En una de sus primeras medidas de austeridad, el Gobierno del PP topó los salarios de los altos cargos públicos. En el caso de las empresas estatales, no pueden superar los 105.000 euros en su parte fija y otro tanto en su parte variable. Vargas ganaba 166.000 euros anuales en 2016, lo que convierte su sueldo en el más bajo de todo el ÍBEX 35. Aun así, más que duplica el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero donde mejor quedó retratada la tensión entre Vargas y el Ejecutivo fue en el intento del primero por lanzar una contraopa para hacerse con Abertis. Una compañía italiana, Atlantia, presentó una OPA para hacerse con la gestora de autopistas catalana. Y la operación le interesaba al mayor inversor privado de AENA, el fondo TCI. Pero el Gobierno la rechazó de plano el pasado mes de julio. La gestora de autopistas acumula una deuda de 15.000 millones de euros, lo que habría engordado a su vez el endeudamiento de AENA. Además, Abertis pleitea en los tribunales con el Estado por diferentes concesiones, entre ellas la de la autopista AP-7, por la que le reclama 1.495 millones de euros.

Ausente en la huelga, opaco en sueldos y contratos

Y en esto llegó la huelga de los vigilantes de El Prat. En pleno agosto, cuando la afluencia de turistas alcanza sus máximos del año. AENA, amparándose en que la responsabilidad sobre los trabajadores era únicamente de la concesionaria del servicio, la empresa Eulen, no apareció durante todo el conflicto. La ausencia de José Manuel Vargas fue suplida por el propio ministro de Fomento, que fue quien dio explicaciones públicas y terminó recurriendo a la Guardia Civil para sustituir a los huelguistas en los puestos de control del aeropuerto. Quizá el aún presidente de AENA –su dimisión no será efectiva hasta el próximo 15 de octubre– ya se encontraba en retirada: De la Serna se ha apresurado a revelar que Vargas le había planteado, nada más tomar posesión en el ministerio, en noviembre de 2016, que quería dejar la presidencia de AENA “por motivos personales”. Y que fue el pasado junio cuando ambos acordaron su salida.

El caso es que tanto el PSOE como la CSI-F no han cesado de pedir la dimisión de José Manuel Vargas por el “pelotazo” que dieron los fondos de inversión al privatizarse AENA, mientras los contratos con los concesionarios –limpieza, información, seguridad privada– se recortaban tanto que dejaban los salarios de los trabajadores subcontratados bajo mínimos, y los de la plantilla de la empresa permanecían congelados. Según el sindicato, las arcas públicas han perdido 7.791 millones al vender su 49% en 2014, ya que sólo ingresó entonces 4.263 millones y ahora ese porcentaje vale en Bolsa 12.054 millones de euros.

Los grandes números avalan la gestión de José Manuel Vargas en AENA, una empresa que, en cualquier caso, opera en régimen de monopolio: es decir, puede imponer sus condiciones tanto a clientes como a proveedores. Pero no salvan otros puntos oscuros. Como la opacidad sobre los salarios que cobran sus ejecutivos –que el Gobierno ha sustraído al control de las Cortes–, o los 75 contratos sin concurso por más de 300 millones de euros que convocó en pleno agosto de 2016. Sólo ese mes licitó más de una tercera parte de su volumen de contratación anual. Y lo hizo mediante un procedimiento en teoría excepcional: el negociado. Entre ellos, las adjudicaciones más sustanciosas, como los servicios de seguridad de sus mayores aeropuertos, por importe de 101 millones de euros.

Como es sabido, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros planes. John Lennon popularizó la frase en una de sus últimas canciones aunque, en realidad, nació dos décadas antes de las plumillas de un periodista y dibujante de tiras cómicas estadounidense, Allen Saunders. Al tiempo que el referéndum catalán acapara la agenda y el discurso de los políticos tanto como la atención de los medios, la recuperación económica sigue en marcha con todos sus defectos. Aunque se hayan caído de las portadas. Esto es lo que está pasando mientras los titulares de primera página sólo miran a Cataluña.

  1. LOS SALARIOS BAJAN

El pasado día 15 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos sobre costes laborales en el segundo trimestre del año. Esos costes, que incluyen salarios y cotizaciones, además de pagos en especie, por ejemplo, cayeron dos décimas entre abril y junio. En realidad llevan recortándose desde enero de 2016, en porcentajes trimestrales que van desde dos hasta ocho décimas. Si la atención se fija sólo en los salarios, este último trimestre han bajado también, una décima. Y si la lupa se pone sobre el coste laboral por hora efectiva, subió un 3,8% respecto a 2016 sólo porque este año la Semana Santa se ha celebrado en abril y el pasado en marzo, con el consiguiente aumento del número de horas trabajadas en 2017. Así, tras desestacionalizar los datos, resulta que el coste laboral por hora efectiva se reduce lo mismo que el coste laboral por trabajador, un 0,2%.

En resumen, la recuperación económica, ese 3,3% que ha crecido el PIB en el último año, no se está trasladando a los salarios. Por el contrario, en la Unión Europea los sueldos crecieron una media del 2,2% anual en el segundo trimestre, según Eurostat. En Alemania han subido un 2,3%; en Francia, un 1,4%; en Portugal, un 2,9%.

El pasado día 18 patronal y sindicatos reanudaron las negociaciones para pactar el marco salarial de 2018, después de que las conversaciones para fijar la subida de este año concluyeran en julio sin acuerdo. Entonces, UGT y CCOO reclamaban una subida de entre el 1,8% y el 3%, además de una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo. La horquilla de la CEOE se quedaba entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional según el sector. La patronal no quería ni hablar de la cláusula de revisión salarial.

  2. PERDIDOS 42.590 MILLONES DEL RESCATE 

En su último informe sobre el rescate financiero, el Banco de España ha recortado la cantidad que el Estado confía en recuperar. Se perderán 42.590 millones de los casi 57.000 millones de dinero público inyectado entre 2008 y 2014. Es decir, el contribuyente sólo recobrará el 6,8% de lo aportado. La cifra se ha reducido en 1.389 millones en un año como resultado de la devaluación que ha sufrido la participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN).

  3. AUTOPISTAS QUEBRADAS: 3.500 MILLONES

El Estado –de nuevo el contribuyente– tendrá que pagar 3.500 millones de euros a las concesionarias de las nueve autopistas de peaje quebradas: las cuatro radiales de Madrid, la M-12 (eje aeropuerto), la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera. Es el cálculo que han hecho las propias empresas. El último informe de Fomento prevé rebajar la cifra, porque, como dijo el ministro Íñigo de la Serna el pasado día 6, los fondos acreedores llevarán el asunto a los tribunales y serán los jueces quienes fijen el precio. Además, el ministerio planea privatizar de nuevo las autopistas, sacándolas a concurso antes del 31 de diciembre de 2018. Así confía en recuperar parte del dinero que deberá pagar a las concesionarias. Mientras estén en su poder, en cualquier caso, prevé ingresar gracias a los peajes que cobre 103,7 millones de euros y obtener unos beneficios de 34,4 millones, una mínima parte, pues, de la factura.

Hay que recordar que a los 3.500 millones de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración –que le obliga a pagar a las concesionarias– deben añadirse otros 550 millones más en concepto de préstamos participativos que serán incobrables una vez liquidadas las autopistas en quiebra. Esa cantidad, además, computa en el déficit público.

  4. LA MAYOR CAÍDA DEL EMPLEO DESDE 2008

La economía española destruyó el pasado agosto 180.000 puestos de trabajo, casi un 24% más de los que se perdieron ese mismo mes del año anterior. Es la mayor caída en ese mes, tradicionalmente malo para el empleo, desde 2008. Y se ha producido precisamente en el verano de los récords del turismo español, con la mayor entrada de visitantes extranjeros de la historia y un crecimiento del PIB turístico del 4,1%, un punto por encima del PIB nacional. Estos datos confirman a los expertos que la creación de empleo se va a ralentizar en lo que queda del año.

Ese freno se está pisando sobre un modelo de mercado laboral que apenas ha cambiado desde que comenzó la crisis. De ahí que el 31 de agosto se quedaran sin empleo 313.141 personas. Las cifras de quienes salieron de los registros de la Seguridad Social el 31 de julio y el 30 de junio pasados superan también los 300.000 asalariados. Son las tres fechas del año con mayor número de bajas de afiliación, cuando mayor número de personas se quedan sin trabajo. Una “volatilidad” del trabajo que se ha convertido en marca de la casa: el empleo que se crea sigue siendo estacional, temporal y precario.

  5. PENSIONES a la espera

Con las últimas cifras de contratos, paro y afiliación a la Seguridad Social, el Ministerio de Empleo publica también la ratio entre el número de cotizantes y el de pensionistas. Según los datos de julio, ese cociente se encuentra en mínimos. Ya es sólo de 2,2 afiliados por cada jubilado; es decir, cinco décimas menos que en diciembre de 2016 y lejos de la ratio de 2,71 que marcó en diciembre de 2007. De hecho, es la más baja desde 1999.

La cifra deberá estar en las mentes de los diputados que integran la Comisión del Pacto de Toledo, encargados de pactar medidas que garanticen la viabilidad de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones. Sobre todo porque sobre la mesa tienen la financiación del sistema, lastrado por la caída de ingresos: hay casi 2,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo menos que en 2008, los salarios han bajado y, por tanto, también las cotizaciones a la Seguridad Social. Las recomendaciones al Ministerio de Empleo para resolver la crisis de ingresos deberían haber estado listas antes del verano, pero ha sido imposible el acuerdo.

  6. EL GOBIERNO DESPERDICIA 600 MILLONES 

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar en 2016 un total de 600 millones de euros que tenía presupuestados para invertir en formación para ocupados y parados. Lo ha denunciado CCOO tras examinar la Liquidación del Presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) que acaba de publicarse. De los 2.214 millones destinados a formación en el empleo, el SEPE ha sido incapaz de gastar el 27%. Por ejemplo, sólo ha aprovechado nueve de los 120 millones de euros destinados al Sistema de Garantía Juvenil. De los 235 millones previstos para formar a ocupados, únicamente ha gastado 30 millones. Y este año tampoco va mucho mejor: hasta ahora sólo ha empleado seis de los 212 millones presupuestados, destaca el sindicato.

Es una situación que se repite año tras año y que es preocupante no sólo porque revela un problema de gestión, sino también porque la falta de formación es una de las mayores taras del mercado de trabajo español. Hasta el punto de que España se encuentra entre los últimos países del mundo –en el puesto 101 de un total de 130– en “aplicación y acumulación de habilidades en el trabajo”, uno de los indicadores utilizados por el Foro Económico Mundial para evaluar el nivel de aprovechamiento del capital humano. En un informe publicado este mismo mes, España está en el puesto 44 por su utilización del capital humano, por debajo de Portugal, Malta, Rumanía o Croacia. El documento destaca las dificultades de los países del sur de Europa para preparar a sus trabajadores para lo que llama “Cuarta Revolución Industrial”.

En España, sólo el 7,2% de los ocupados trabaja en sectores de contenido tecnológico medio y alto. En un país con un 18% de paro, se trata de un problema añadido es el desajuste de competencias entre la oferta de empleos y los demandantes de trabajo. Según la CEOE, este año se quedarán sin cubrir entre 80.000 y 100.000 vacantes por falta de perfiles adecuados. El Libro Blanco sobre el Sistema de Formación en el Trabajo, elaborado por la patronal, cifra entre un 30% y un 35% la participación de los trabajadores españoles en cursos de formación profesional, mientras que en los países más competitivos de Europa se forman del 55% al 82% de los ocupados.

  7. ¿QUIÉN RECUERDA A LOS VIGILANTES DE EULEN?

El Ministerio de Fomento consiguió aplacar las protestas de los vigilantes del aeropuerto de El Prat las protestas de los vigilantes del aeropuerto de El Pratcreando un grupo de trabajo donde debe negociarse la mejora de las condiciones de trabajo en el sector de la seguridad privada. La primera reunión se celebró el 11 de septiembre. Sobre la mesa, uno de los asuntos capitales se refiere a los contratos públicos. Tanto la patronal del sector como los sindicatos piden que los concursos de las administraciones exijan a las empresas participantes el respeto a las condiciones salariales del convenio estatal. Y de esa forma se impida que firmas con sus propios convenios de empresa y salarios mínimos consigan los contratos presentando ofertas a la baja.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con los más de 500 trabajadores de Marsegur, que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España con sueldos de 700 euros al mes. Los próximos lunes y martes están convocados a la huelga por UGT, CCOO y USO. Pese a cobrar 16 millones de euros por el macrocontrato, las numerosas irregularidades cometidas por la empresa en los escasos seis meses que lleva prestando el servicio se han traducido en 170 actas de infracción levantadas por Defensa. Hay vigilantes sin armas que, además, cobran siempre con retraso.

Pues bien, sólo una semana después de que el grupo de trabajo comenzara a negociar, el PP presentó en el Senado dos enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público que ha aprobado gracias a su mayoría absoluta. Según el nuevo texto, el adjudicatario de un contrato público no tendrá que cumplir el convenio sectorial –ésa era la redacción original del proyecto de ley–, sino cualquier “convenio colectivo que sea de aplicación”, es decir, el de empresa, si lo tiene, con condiciones inferiores.

Aunque la tramitación del proyecto de ley continuará ahora en el Congreso, al grupo de trabajo, y a los miles de trabajadores precarizados de la seguridad privada, le han colado un gol mientras negociaban una garantía para sus condiciones laborales.

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia en la Comisión de Empleo de la ministra María Dolores de Cospedal, para que explique cuál es la situación de los trabajadores de la empresa Marsegur que vigilan las instalaciones de Defensa en toda España. En concreto, el PSOE pregunta a Cospedal por los “despidos”, y el impago de nóminas que sufren los más de 500 vigilantes, así como por las “infracciones graves de seguridad” cometidas por la empresa.

Marsegur comenzó el pasado mes de mayo a prestar el servicio de vigilancia en los edificios y cuarteles de Defensa, tras resultar adjudicataria de un contrato de 16 millones de euros. Esta empresa, una de las consideradas low cost del sector de la seguridad privada, paga a sus empleados salarios un 30% inferiores a los establecidos en el convenio colectivo estatal. Lo hace aplicando un convenio propio que ha sido anulado en sus dos versiones sucesivas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Además, según denuncian los vigilantes, paga las nóminas con retraso y desde el primer momento se produjeron problemas en la entrega de materiales, vestuario y armas.

De hecho, el propio Ministerio de Defensa ha levantado a Marsegur más de 170 actas de infracción en los escasos cuatro meses que lleva prestando el servicio. Las más graves se refieren a irregularidades con las guías de pertenencia de las armas y los armeros, donde quedan depositadas cuando el guarda acaba su turno. Hasta el punto de que la Guardia Civil ha retirado a algunos vigilantes el revólver reglamentario. Guardias en instalaciones del ministerio en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas, lo que supone un incumplimiento del contrato adjudicado, mientras el país se encuentra en alerta terrorista de nivel cuatro.

Este mismo miércoles, la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa ha solicitado por escrito a la ministra Cospedal que rescinda el contrato con Marsegur por los “problemas e irregularidades” que acumula la empresa en la prestación del servicio. Según consta en el escrito presentado, también se han “concedido licencias de armas de manera poco ortodoxa”, sin realizar los ejercicios de tiro obligatorios “en tiempo y forma”. También echan en falta las “órdenes de puesto específico” en los centros donde vigilan. “Ni están disponibles los vehículos y la formación en materia terrorista o en nuevas tecnologías” que son preceptivas, denuncia la asociación.

Aún sin cobrar

El malestar entre la plantilla de la empresa no ha dejado de aumentar. Muchos aún no han cobrado la nómina del último mes, aseguran fuentes sindicales. Con el anterior adjudicatario, Seguridad Integral Canaria, y acumulando horas extraordinarias, llegaban a 1.300 euros mensuales. Marsegur, en cambio, no les permite esos ingresos extra y sus nóminas, ya de por sí mermadas con un sueldo base inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se han quedado en 700 euros netos, explican.

Así que UGT, CCOO y USO convocarán este viernes una huelga en Marsegur para la última semana de septiembre, en concreto para los días 25 y 26una huelga. Los sindicatos acuden hoy mismo al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) como trámite previo. Ya el pasado día 7 los trabajadores de la empresa se manifestaron en toda España, convocados por USO, para protestar por sus condiciones laborales.

Nuevo revés judicial para una empresa de seguridad low cost. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad a pagar a los 63 vigilantes destinados en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid y en sus centros los salarios fijados en el convenio estatal del sector y, por tanto, a dejar de aplicar el convenio de la propia empresa.

La sentencia tiene fecha del pasado 5 de junio. Un mes más tarde, la Audiencia Nacional anuló el convenio de Sinergias de Vigilancia y Seguridad por haber sido negociado de forma ilegal: utilizando unos pocos delegados de personal de un puñado de centros de trabajo que firmaron un texto que la empresa aplica a toda su plantilla repartida por España. Ese convenio, pactado en junio de 2015, tiene una vigencia inusual: 10 años. Y condiciones laborales y salariales que los sindicatos no se han cansado de denunciar. Sinergias paga un 40% menos que las empresas acogidas al convenio estatal. Su salario base es de sólo 660 euros mensuales brutos, por 901,93 euros el del convenio del sector. Como plus de nocturnidad paga seis céntimos la hora, 18 veces menos. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 30, instada por una demanda de conflicto colectivo que interpuso CCOO, y recurrida por la empresa. Sinergias de Vigilancia y Seguridad se hizo con el contrato de la Comunidad de Madrid, antes en manos de CIS Compañía Integral de Seguridad, que sí aplicaba el convenio del sector. El 31 de diciembre de 2015 envió a los 63 vigilantes una carta en la que les anunciaba que, a partir de esa fecha, sus condiciones laborales serían las del convenio de la empresa, inferiores a las del convenio sectorial.

El TSJM dictamina que Sinergias de Vigilancia y Seguridad está obligada a “respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad”, tal y como establece el artículo 14 del convenio colectivo del sector. También se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE para dejar claro que la sustitución de un convenio por otro “no puede determinar la reducción, inmediata y por una decisión empresarial unilateral, de los derechos salariales” de los trabajadores. Permitirlo equivaldría a “dar carta de naturaleza a un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que se habría producido exclusivamente como consecuencia del hecho mismo de la transmisión”.

Los jueces se apoyan también en una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la bajada salarial sufrida por los trabajadores de Banco Mare Nostrum que fueron subrogados por Energía Web SAU, una filial de Accenture, en 2014. Se les bajó el sueldo hasta un 35%, se les aumentó la jornada anual, les fueron recortados los días de vacaciones y se quedaron sin plan de pensiones. Igualmente acuden a cuatro sentencias del Tribunal Supremo que anularon las rebajas salariales aplicadas a los vigilantes de Eulen que fueron subrogados por Ombuds Compañía de Seguridad en junio de 2012.

Lista de reveses judiciales

Este fallo se une al del Tribunal Supremo que declaró nulo el descuelgue salarial que Seguridad Integral Canaria intentó aplicar a su plantilla en 2015, y a los de la Audiencia Nacional que han tumbado dos convenios consecutivos de Marsegur. La empresa ha recurrido las sentencias ante el Supremo, por lo que sigue sin pagar a sus trabajadores los sueldos del convenio sectorial. Otros juzgados y tribunales también han dado la razón a los trabajadores de estas empresas cuando han reclamado el pago de los salarios que cobraban antes de que las low cost se hicieran con los servicios públicos que prestaban.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Casi 3,8 millones de euros en poco más de un mes

Este lunes patronal, sindicatos y representantes de los ministerios de Empleo, Fomento e Interior han celebrado la primera reunión del grupo de trabajo que debe solucionar los problemas del sector de la seguridad privada puestos de manifiesto con la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano.

Los sindicatos reclaman que las medidas se hagan extensivas a todos los guardias jurados, no sólo a los que vigilan instalaciones de Fomento. Uno de los ejes de las negociaciones será la necesidad de cambios en las normas de contratación pública para garantizar que las empresas cumplen el convenio estatal del sector. Mientras, las low cost siguen ganando concursos de las administraciones. Sólo en agosto y lo que ha transcurrido de septiembre, Marsegur ha sumado concesiones públicas por importe de 2,37 millones de euros. Los adjudicatarios son el Principado de Asturias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad de Madrid. Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha conseguido 1,4 millones de euros en contratos públicos, del Ministerio de Empleo y del Servicio Canario de Empleo.

Seguridad Integral Canaria, por su parte, anunció hace escasas semanas que abandona la vigilancia presencial y se centrará en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas. Su intención es ceder los contratos de vigilancia, tanto públicos como privados, que posee antes de acabar el mes de octubre. Los sindicatos vigilan que no los traspase a sus dos marcas blancas, Sinergias y Marsegur, o a otras empresas que no respetan el convenio del sector.

Los vigilantes de Marsegur asignados a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres. Marsegur, una de las empresas low cost de seguridad denunciadas por pagar salarios por debajo del convenio sectorial, acumula por este motivo, y otros, hasta 170 actas de infracción del propio ministerio, según denuncia el sindicato USO, que va a poner las irregularidades en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Marsegur comenzó a prestar servicio el pasado mes de mayo en las instalaciones que el Ministerio de Defensa posee en toda España, desde oficinas y hospitales militares hasta acuartelamientos y polvorines. Se hizo con un macrocontrato por importe de 16 millones de euros y un año de duración que hasta ese momento ejecutaba Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Y desde el primer momento de la transición se han sucedido los problemas. Seguridad Integral Canaria no ha pagado a los trabajadores, unos 500, la última nómina ni el finiquito. Esos vigilantes han sido subrogados y siguen prestando el mismo servicio, pero para Marsegur, que paga sueldos un 30% por debajo del resto del sector, aplicando un convenio de empresa que ha sido anulado por la Audiencia Nacional.

Según explica USO, Defensa dio a Marsegur un mes de plazo para poner en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes de buena parte de estas instalaciones. El plazo fue prorrogado otro mes más, pero la empresa, continúa el sindicato, sigue aún hoy sin poner al día los papeles y los armeros, donde los revólveres deben quedar depositados una vez que el vigilante acaba su turno. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.

Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. Según USO, la Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.

Soldados para sustituir vigilantes privados

Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones. El sindicato recuerda que el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. Y que en muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. Las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar.

Al cierre de esta información, el Ministerio de Defensa no ha contestado a las preguntas de infoLibre sobre Marsegur. El director general de la empresa, Antonio Redondo, dice no estar al tanto las 170 actas de infracción levantadas por Defensa –“Eso lo lleva el departamento jurídico”– y asegura que en el traspaso del contrato sólo se han producido “los problemas naturales cuando una empresa se hace cargo de un servicio de esa envergadura”. “Todo está regularizado”, zanja.

USO también denuncia otras irregularidades. Por ejemplo, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes. “Todos son incumplimientos del pliego del concurso, por lo que la empresa debería ser sancionada e incluso se le debería rescindir el contrato”, resaltan fuentes del sindicato.

Los vigilantes se movilizan

Los vigilantes privados han sido convocados este jueves por USO a manifestarse en toda España en protesta contra las empresas low cost y para presionar en la negociación del convenio colectivo del sector. La reunión para reanudar las conversaciones, prevista para el pasado martes, fue suspendida a la espera de que se constituya el próximo día 11 el grupo de trabajo sobre seguridad privada pactado por Fomento con los sindicatos y la patronal tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.

Además, en Canarias, tanto USO como el resto de los sindicatos, desde UGT, CCOO y CSI-F hasta los minoritarios, han llamado a la huelga a los trabajadores de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, polémico empresario condenado por el Tribunal Supremo, indultado por el Gobierno del PP y denunciado por los sindicatos por los bajos salarios que paga a sus trabajadores. La Delegación del Gobierno de Canarias ha impuesto a los vigilantes unos servicios mínimos que el comité de huelga ha condenado por abusivos. Excepto en Correos y en los centros públicos, con un 50%, el resto de los servicios son del 100% de la plantilla.

La huelga ha sido convocada tanto en Seguridad Integral Canaria como en Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, también vinculadas a Miguel Ángel Ramírez. Aunque él niega cualquier relación con estas dos últimas, en Sinergias figuró como apoderado hasta agosto de 2016 su padre, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas y son miembros de Acosepri, una patronal integrada también por Seguridad Integral Canaria y PowerSIC, empresa igualmente del Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez sólo quiere blindados y alarmas

Hace una semana el empresario canario anunció que abandona los servicios de vigilancia privada para concentrarse en los de transportes de fondos y sistemas de alarmas. Su plan es ceder los contratos de este tipo, tanto públicos como privados, a otras empresas antes del 1 de octubre. Y quedarse con 1.000 de sus 4.000 vigilantes. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias o de Adif en Andalucía. Según fuentes sindicales, la empresa no garantiza a los trabajadores el pago de las nóminas en plazo, sólo dependiendo de que tengan liquidez.

Los sindicatos vigilan ahora el traspaso de esos contratos de vigilancia, pues temen que las empresas beneficiarias sean las marcas blancas de Ramírez, Marsegur y Sinergias. En Seguridad Integral Canaria, el empresario intentó aplicar un descuelgue de las tablas salariales del convenio sectorial, que fue anulado por el Tribunal Supremo. El motivo fue el mismo por que la Audiencia Nacional ha declarado nulos los convenios de Marsegur y Sinergias: fueron negociados de forma irregular, sentando a la mesa sólo a un puñado de delegados de personal –normalmente mandos intermedios de la empresa– que no representaban a toda la plantilla y a todos los centros de trabajo. Por consiguiente, en Seguridad Integral Ramírez paga los salarios del convenio. En las otras dos, apenas superan los 800 euros al mes.