PRECARIEDAD LABORAL

100.000 empleados de ‘call centers’ aún teletrabajan pese a que el Gobierno puso fin a la emergencia sanitaria

Una manifestación de trabajadores del telemarketing en Madrid en mayo de 2017.

Cerca de 100.000 empleados de los contact centers de toda España siguen trabajando en sus domicilios dos años después de que se desatara la pandemia. Pese a que la mayoría de las plantillas de casi todos los sectores productivos han regresado ya a sus oficinas según se ha ido extendiendo la vacunación y relajando los requisitos de seguridad, los trabajadores del telemarketing continúan en sus casas, pero sin ninguna de las garantías que les reconoce la Ley del Teletrabajo aprobada el pasado julio.

Las empresas consideran que siguen en vigor las “medidas de contención sanitaria” que permiten la extensión del teletrabajo covid, tal y como estableció el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. Amparándose en ese artículo, los contact centers no aplican la Ley del Teletrabajo, sino la normativa laboral ordinaria. “Están estirando una disposición transitoria de esa ley para prolongar el teletrabajo covid, pese a que tal cosa ya no existe”, denuncian fuentes del sindicato CGT. “Unas 100.000 personas están trabajando en fraude de ley”, recalcan, porque no han firmado el acuerdo individual de teletrabajo ni han podido establecer las condiciones del trabajo a distancia en el convenio colectivo como establece la ley.

El pasado 23 de marzo, la CGT envió una consulta al respecto a la Dirección General de Trabajo, en la que le preguntaba, como autoridad laboral, si sigue vigente la disposición transitoria de la Ley del Teletrabajo en que se amparan las empresas para mantener a sus plantillas en casa y no aplicar la mencionada norma. La respuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre, es clara: “Parece difícil entender que en la actualidad se mantengan medidas que justifiquen la aplicación del trabajo a distancia previsto en el artículo 5 [del Real Decreto-ley 8/2020], puesto que esas medidas deberían, como poco, tener una entidad similar a las que formaron parte de cualquiera de los estados de alarma aprobados desde marzo de 2020”. En consecuencia, “resulta manifiesta la inexistencia de medidas de tal categoría en la actualidad”, concluye la Dirección General de Trabajo, en referencia a las medidas de “contención sanitaria” esgrimidas por las empresas para mantener el teletrabajo covid.

Basándose en ese dictamen, la CGT va a denunciar en las Inspecciones de Trabajo de toda España a las empresas de telemarketing que siguen con sus plantillas trabajando a distancia. Una situación que, asegura el sindicato, se repite en los sectores de oficinas y consultoría.

La Ley del Trabajo a Distancia obliga a las empresas a formalizar con sus empleados un “acuerdo individual de teletrabajo”, que deberá ser por escrito e incluir todas las condiciones de la prestación. También reconoce a la negociación colectiva la capacidad de establecer los detalles del teletrabajo en cada empresa. Pero el telemarketing lleva dos años con el convenio colectivo en ultraactividad; es decir, caducó en 2019 y sindicatos y patronal no han sido capaces desde entonces de llegar a un acuerdo para su renovación. Lo que significa que, además, los salarios de los trabajadores llevan dos años congelados.

CCOO y UGT convocaron paros en febrero y marzo para denunciar que la patronal CEX (Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente) “está utilizando la pandemia del covid y los cambios normativos para impedir el avance del convenio colectivo” en un sector donde las retribuciones de miles de trabajadores se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y donde el incumplimiento de las leyes de igualdad es generalizado. El 75% de las plantillas, resaltan, están formadas por mujeres, que tienen en gran número contratos a tiempo parcial y con sueldos de 800 euros al mes, destaca CCOO. Según sus cálculos, más del 80% de los trabajadores de telemarketing se han visto forzados a teletrabajar “con sus propios medios personal y sin acuerdo de compensación de gastos”.

La Ley del Teletrabajo establece que las empresas deben detallar en el acuerdo al que lleguen con cada uno de sus trabajadores desde el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarios para trabajar a distancia, incluidos los consumibles y los muebles, hasta los gastos que suponga la actividad laboral en el domicilio y la compensación que “obligatoriamente” tiene que abonar la empresa. También el horario de trabajo, el plazo de aviso para su regreso a la oficina, los medios de control empresarial, la protección de datos…

En el caso de los contact centers que siguen alargando el teletrabajo covid, sin embargo, los empleados no han podido negociar ninguna de estas condiciones, ni de forma individual ni colectiva.

Hasta 55 euros para los teletrabajadores de la banca

Es una de las materias que sindicatos y patronal están discutiendo en la mesa de negociación del convenio, actualmente bloqueada. Por contra, en los convenios colectivos de algunos sectores ya se han introducido las obligaciones de esta nueva modalidad laboral. Por ejemplo, los de banca y de cajas de ahorro recogen una compensación de 55 euros al mes por los gastos del teletrabajador. La empresa, además, debe proporcionarle el ordenador, un teléfono móvil y una silla ergonómica homologada, así como un teclado, un ratón y una pantalla o, en su lugar, una compensación de 130 euros.

El convenio de grandes almacenes reduce la compensación por gastos a 25 euros. El de la industria química sube hasta 35 euros. Otros se remiten directamente al acuerdo con cada trabajador para precisar las compensaciones.

Todos los sindicatos han preguntado a las empresas hasta cuándo se va a mantener el teletrabajo covid, pero de momento no han obtenido una respuesta, explica CGT, que no duda en calificar de “abuso de posición empresarial” el mantenimiento de una medida pensada para situaciones excepcionales. infoLibre ha hecho la misma pregunta a CEX y a la empresa Konecta, una de las principales del sector. La patronal se ampara en la negociación del convenio colectivo en curso para no hacer ninguna declaración que pueda influir en ella. Konecta no ha respondido. El próximo día 20 dejará de ser obligatorio llevar mascarilla en interiores.

CEX integra a 19 empresas, que representan el 88% de la facturación del sector en España. Según las cifras publicadas en su página web, el volumen de negocio de las 19 compañías ascendió a 1.888,54 millones de euros en 2020, de los cuales 1.693,27 millones corresponden a su facturación en España. Un informe del Observatorio Sectorial DBK cifra en 3.300 millones el volumen de negocio de todo el sector en 2020, con un aumento de casi el 4% en los servicios a clientes ubicados en España. Para 2021, el informe preveía un aumento de la facturación de entre el 4% y el 5%. Konecta, en concreto, calculaba que el año pasado elevaría su beneficio bruto hasta los 150 millones de euros, un 12% más que en 2020. El beneficio bruto de Atento en 2021 ascendió a 134,6 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 5,3% respecto al año anterior.

Problemas de seguridad con el covid en la primera ola

Según reconoce CEX en el estudio sobre el sector de contact centers que publica cada año, el 79,16% de los trabajadores de sus 19 empresas teletrabajaron en 2020, el año más duro de la pandemia. De forma que las horas trabajadas a distancia pasaron de 800.000 a 70,7 millones. Estas 19 compañías sumaban en 2020 una plantilla de 98.180 personas, de las cuales 78.0781 trabajan en España. El resto, sobre todo en Colombia y Perú. El 71% son mujeres.

En el estudio, la patronal destaca que el sector “protagonizó una de las más espectaculares adaptaciones al excepcional cambio del entorno laboral creado por la pandemia”. “Las empresas velaron por la seguridad de sus trabajadores y rápidamente redujeron el aforo de sus centros de trabajo, realizando un esfuerzo titánico (tanto logístico como tecnológico) para implantar el teletrabajo en tiempo récord”, describe la patronal.

Sin embargo, la deficiente aplicación de las medidas sanitarias contra el covid de algunas de estas empresas durante la primera ola terminó en los tribunales. CGT presentó una querella contra Konecta por un delito de “omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia grave”: el sindicato cifró en 575 los contagios por coronavirus en las instalaciones del grupo en Madrid entre marzo y mayo, y en 1.483 en toda España, cuando la empresa se negó a paralizar la actividad y a desalojar a los trabajadores de sus tres centros en Madrid, pese a los requerimientos que habían hecho tanto la Inspección de Trabajo como el Gobierno regional.

Konecta acaba de anunciar su fusión con la italiana Comdata, que dará lugar a una de las mayores empresas de externalización de procesos de Europa, con una facturación de 2.000 millones de euros.

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