La gestión de Alberto Núñez Feijóo en materia de ingresos y gastos durante sus trece años de mandato en Galicia revela una política dirigida a favorecer, sobre todo, a las rentas más altas y una contradicción: redujo la capacidad de Galicia de generar fondos propios mientras reclamaba más dinero al Gobierno central porque el que tenía no era suficiente para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales que necesitaban los gallegos.

El relevo de Pablo Casado al frente del PP ha cambiado parcialmente las formas y ha abierto la puerta a negociaciones que su antecesor mantenía bloqueadas, pero el nuevo líder no suelta la bandera de la bajada de impuestos como eje central de la propuesta económica del Partido Popular. La estrategia de Feijóo, en plena crisis de precios alimentada por la invasión rusa de Ucrania, pasa por poner en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y justificar así una rebaja del IRPF que compense la inflación.

Durante la gira que protagonizó por las 17 Comunidades Autónomas en busca del apoyo de los militantes a su candidatura y en sus intervenciones en el congreso extraordinario de Sevilla, el nuevo líder del PP incluyó entre los méritos que había acumulado como presidente de la Xunta haber reducido en 1.200 millones de euros los impuestos que pagan los gallegos.

¿De qué ha servido esa rebaja de impuestos? Desde luego no para mejorar el crecimiento de la economía gallega ni para atraer inversión. El ultimo año antes de la pandemia Galicia creció un 2,2% en proporción a su PIB, dos puntos por detrás de España. Y las previsiones para los años 2022 y 2023, según BBVA Research, son que seguirá pediendo posiciones respecto al conjunto del país a un ritmo de tres décimas el primer año y nueve el segundo. La rebaja fiscal de Feijóo tampoco ha sido capaz de acabar con su limitada capacidad de atracción de inversiones privadas, según la Fundacion BBVA.

Para colmo, el conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos, sostiene que Galicia “recibe del actual modelo de financiación 800 millones de euros anuales menos de lo que le cuesta a la Xunta financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. La cifra forma parte de las alegaciones que el Gobierno de Feijóo trasladó a Hacienda el pasado mes de enero para pedir a la ministra María Jesús Montero una modificación de la propuesta de cálculo de la población ajustada, el criterio clave para regular la financiación de las comunidades autónomas. La Xunta sostiene que sólo el factor dispersión de la población representa un sobrecoste de 500 millones de euros.

La paradoja es que, mientras Feijóo reclama más dinero al Gobierno central para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, presume de haber renunciado a recaudar entre 400 y 500 millones de euros anuales mediante reducciones de impuestos. 

Galicia es una de las Comunidades Autónomas más dependientes de la financiación del Estado, muy por encima de territorios económicamente mucho más activos como Madrid o Cataluña. Sus ingresos propios, que apenas cubren el 20% del presupuesto de la Xunta, proceden de tributos cedidos al 100% en los que la gestión corresponde íntegramente a la comunidad gallega (los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio y del juego) también aquellos cedidos pero que no gestiona la Xunta, aunque sí ejerce competencias (los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto sobre los hidrocarburos).

Las reducciones aprobadas por Feijóo en el impuesto sobre el patrimonio, presentadas como una política destinada a “facilitar llegar a fin de mes” a las familias gallegas y compensar lo que la Xunta califica como “una subida indiscriminada de impuestos”, favorecen sin embargo a las rentas medias y altas y a los contribuyentes con patrimonios más elevados. Aunque para las rentas más altas el impuesto se mantuvo o se incrementó un punto.

Quienes más van a notar este año la rebaja en Galicia son los que tienen un patrimonio notable porque van a disfrutar de una bonificación del 25% con un mínimo exento de 700.000 euros. También los que presenten declaraciones de la renta en los tramos que van de 27.700 a 35.200 euros y en el de 47.600 a 60.000 de base liquidable, con rebajas superiores a las de los tramos más bajos.

El impuesto sobre las transmisiones patrimoniales ha bajado también en 2022 del 10 al 9%, ampliando las rebajas que se venían aplicando cuando el tributo afectaba a la compra de vivienda habitual o cuando esta estaba en zonas poco pobladas. Aunque en este último supuesto la Xunta incluye municipios turísticos y situados en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, las ciudades más pobladas de Galicia.

El impuesto sobre el patrimonio rebajado por Feijóo afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen en torno a 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria de antes de la pandemia. El grueso de estas fortunas, según la misma fuente, son acciones en empresas que no cotizan en bolsa y que no están afectadas por el tributo (más de 32.000 millones) y bienes inmuebles (4.300 millones). Es a estos propietarios a quienes el actual presidente del PP rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, según estimaciones de la Xunta. La previsión para 2022, según los Presupuestos Generales aprobados en el Parlamento de Galicia, alcanza los 136,9 millones.

En relación con el impuesto de sucesiones, a Feijóo no le pareció suficiente excluir del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Así que en 2019 decidió ampliar la exención a quienes hereden hasta 1.000.000 de euros, si bien incluso estas herencias sólo tributan por la cantidad que exceda de esa cifra.

Las rebajas fiscales de 2021 se reparten del siguiente modo: 183,09 millones en favor de quienes más patrimonio tienen, 177,55 del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, 158,97 se sucesiones y donaciones y apenas 27,74 de IRPF.

No son estas las únicas rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno gallego. En 2020 el ejecutivo presidido por Feijóo decidió aprobar una rebaja de impuestos extraordinaria, durante un año, para compensar al sector del juego de las consecuencias de la crisis de actividad causada por el coronavirus. Por este concepto, las finanzas gallegas dejaron de ingresar 3,67 millones de euros, resultado de perdonar un 20% del pago que tendrían que haber hecho casinos y bingos y un 30% por máquinas de juego y azar. Es algo que Feijóo ya había hecho en 2012, también por un año pero entonces sin pandemia, con un coste para las arcas públicas de 3,8 millones.

El rosario de noticias sobre el rey emérito y la familia del rey ha pasado de ser un calvario para la casa real a una crisis institucional y una vergüenza para la sociedad española. Para atajarlas no basta con la ya clásica estrategia del cortafuegos, consistente en excluir a los familiares y sus hechos reprobables, a la vez que se adelgaza cada vez más la familia y la casa real, pero tampoco con unas instituciones de pasivas a impotentes y con una sociedad dividida entre la justificación y el escándalo.

Una estrategia de cortafuegos que comenzó con el caso Urdangarin pero que ya entonces no pudo evitar que la infanta Cristina se sentase en el banquillo de los acusados y con ella se rasgó el velo de los negocios y la legitimidad de ejercicio del símbolo de la familia real. La crisis de la legitimidad de origen de la forma de Estado data ya de mucho antes.

Desde entonces, el deterioro de la credibilidad y de la imagen de la corona ha continuado agravándose, hasta la actual decadencia de la familia del rey y de la familia real, incluyendo a su fundador, el rey emérito don Juan Carlos.

Porque a día de hoy cabe preguntarse si la irresponsabilidad y el desplante reciente del rey emérito, primero con una abdicación forzada y luego con su reciente espantada de España, por lo que al parecer ha interpretado como muestras de ingratitud de su hijo y también de la democracia española para con su persona, ha traspasado con creces el límite de la irresponsabilidad y la deslealtad con España.

En los últimos días, hemos asistido a la guinda de la vacunación de Cristina y Elena, hermanas del actual rey Felipe VI, al margen del turno que les correspondería con el resto de los españoles. Un error de bulto que muestra hasta qué punto la familia del rey ignora que sus privilegios, que persisten tras su salida de la familia Real, conllevan,además de obligada ejemplaridad, importantes responsabilidades, siendo la primordial la del respeto a su pueblo. En primer lugar a la sociedad española que tanto les dio, luego el respeto a la prioridad ética y de salud pública de los más vulnerables y de los servidores públicos de primera línea frente a la pandemia. A todos los ciudadanos.

Porque tampoco es verdad que las vacunas, en plena pandemia letal, sean solo unos productos de mercado más que "me los ofrecieron y los cogí", o como falazmente ha argumentado la derecha, se pueden comprar y no le restan nada al resto de los ciudadanos españoles. Muy al contrario, las vacunas son bienes comunes, por ahora y por un cierto tiempo escasos, que forman parte fundamental del derecho humano a la salud en un contexto trágico de pandemia. También especialmente de los ciudadanos emiratíes, y con mucha más razón, al tratarse de una dictadura.

Las excusas de la derecha apuntan a una concepción del viejo régimen de vasallaje de una monarquía absolutista y para nada de un sistema democrático. Muy al estilo del populismo del hombre y la familia providencial de Vox, aunque inexplicable en una derecha que se proclama democrática.

Una gota más en un vaso hace tiempo desbordado, en que todo ha estado precedido y presidido por la repercusión escandalosa de las dos regularizaciones del desmesurado patrimonio del rey emérito, incluso en contextos tan significativos como en el entorno de la fiesta de la Constitución y ahora en el cuarenta aniversario del frustrado golpe del 23F.

Un escándalo porque pone en evidencia el enorme patrimonio de Don Juan Carlos que no se explica tan solo por una herencia no declarada a su debido tiempo, como se dijo en un primer momento, con ser ya muy grave en una institución como es la Jefatura del Estado.

Llueve sobre mojado con una segunda regularización de casi cuatro millones y medio de euros por el regalo de los viajes en aviones chárter, después de que el pasado mes de diciembre depositase en Hacienda otros casi seiscientos ochenta mil euros por el caso de las transferencias irregulares del industrial mexicano Sanginés-Krause.

Pero lo que es peor, las abultadas sumas hasta ahora conocidas apuntan al origen oscuro de la fortuna del ahora rey emérito ligada a las relaciones privilegiadas, tanto diplomáticas como económicas, aprovechándose a nivel particular de la máxima representación exterior de España, que ostentó durante décadas como jefe del Estado y primer servidor público.

Al patrimonio irregular, hay que sumar la voluntad de ocultamiento y los consiguientes manejos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en paraísos fiscales para eludir sus obligaciones con Hacienda. En este sentido, han sido reconocidos últimamente los rumores de los manejos de sus testaferros.

A eso se añade que para sufragar las obligaciones con Hacienda se haya podido recurrir a supuestos créditos que en realidad no serían tales, sino donaciones que deberían estar por tanto sujetas a tributación.

En definitiva, la demolición descontrolada del patrimonio del rey Juan Carlos acumulado en la Transición política, por su propia mano, y su concurso inesperado a la campaña de sectores independentistas y populistas contra el ímprobo esfuerzo de generosidad social y política de la generación de la Transición. Todo ello con el silencio y la protección durante décadas de poderes políticos, económicos e institucionales que no han dado una sola explicación. Un daño autoinfligido de difícil reparación.

Pero no solo estamos ante un reto para la institución de la Jefatura del Estado, sino también y en particular para el resto de las principales instituciones democráticas, en especial para las que tienen la tarea de reparar el estropicio y depurar responsabilidades.

El incumplimiento fiscal y las décadas de inacción obligan a una intervención firme por parte de las instituciones democráticas, que pasará inicialmente por un papel primordial de la Hacienda pública y la Justicia para depurar los hechos y las responsabilidades. En este sentido, sería incomprensible que al margen de la sobreactuación de posiciones públicas republicanas por parte de unos y la defensa cerrada del statu quo constitucional por parte de otros en el seno del Gobierno, no viniesen acompañadas del cumplimiento exigente de sus responsabilidades como gobierno de la investigación, la sanción y en su caso de la acusación ante la justicia por parte del ministerio de Hacienda así como de la Fiscalía General del Estado. Como también por parte de un poder judicial que en los últimos tiempos se ha injerido en el poder político y no ha demostrado igual celo en sus funciones constitucionales.

Pero no solo. Si la jefatura del Estado aspira a sobrevivir, aunque sea a corto plazo, la poda periódica de las ramas secas no será suficiente como tampoco los son los pequeños retoques realizados hasta ahora por la fuerza de los acontecimientos.

Es imprescindible un cambio radical en relación a la inviolabilidad del rey, salvo para asuntos relacionados con el cargo, de la falta de transparencia y dación de cuentas mediante un estatuto de la casa real, así como en la opacidad y el trato de favor por parte del resto de las instituciones democráticas y de la sociedad civil que ha devenido en un clima de impunidad.

Recientes acontecimientos en países vecinos nos marcan el camino a seguir en la defensa de las instituciones democráticas. Es el caso del expresidente Sarkozy en Francia. La nación francesa, la república francesa, el estado Francés no entran en debates existenciales sobre la primera magistratura del Estado cuando un expresidente tiene que ser juzgado. La separación entre institución y persona es tan radicalmente evidente que la sociedad francesa no se debate entre cuáles sean los logros de una Presidencia en un momento histórico y la necesidad de juzgar con severidad, incluso con la cárcel, a quienes cuando la ocuparon se comportaron de forma ilegal. El jefe del Estado en ejercicio es el primero en solicitar transparencia. Aquí, nuestro jefe de Estado, cuando intuyó ilegalidades de su predecesor acudió con nocturnidad a un notario, en lugar de poner en marcha los mecanismos institucionales para defender al Estado al que representa.

Y es que, en opinión de este republicano, la monarquía es una adherencia histórica de difícil encaje en una sociedad democrática compleja donde la transparencia es indiscutible y, al final, acaba alcanzando a todos. Estamos yendo contra natura al mantener una fórmula institucional que, por fuerza, ha de terminar. La democracia no puede contener una institución basada en la permanencia de un linaje. El mundo real ya no sostiene esa ficción cuya utilidad ya periclitó. La democracia requiere como componente esencial la renovación periódica y total del componente humano que encarna una institución. Al no hacer este análisis y permanecer en un análisis predemocrático que confunde persona y representación institucional, tanto la derecha nacional como el partido socialista entienden que para defender la génesis de nuestra Constitución hay que permanecer varados en la defensa de los logros de un personaje histórico que, como decía el filósofo, es humano, demasiado humano.

___________

Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

La precandidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal, se ha mostrado este lunes "absolutamente" partidaria de que tras la primera votación de los afiliados, que tendrá lugar el 5 de julio, los dos candidatos elegidos se integren en una única lista, incluso en el caso de que ella quedase en segundo lugar en esa primera vuelta.

Así lo ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que ella "sería partidaria" porque cree que "sería bueno para el partido", aunque ella fuera la segunda. "¿Que no es posible? Bueno, veremos. Pero yo soy partidaria y si es mi caso, yo lo voy a intentar", ha sentenciado.

"Tendría que ser así", ha comentado sobre la opción de integrar esas dos candidaturas finalistas. "Creo que una vez pasada la primera elección deberíamos intentar ir conjuntamente. Si es posible, bien y si no es posible, llegar al final. Tenemos un proceso largo, porque desde la primera votación hasta la presentación final hay mucho tiempo para hablar, para ponernos de acuerdo y redefinir nuestro proyecto ideológico", ha comentado.

Según ha señalado, dado que los estatutos establecen que tras la primera vuelta sólo habrán de pasar dos candidatos para someterse después a votación de los compromisarios, quienes hayan votado a alguno de los seis candidatos (siete si se solucionan los problemas en los avales de José Luis Bayo) tendrán que "reubicar su voto", algo que "no sería extraño", como tampoco lo sería así que la decisión final difiriese del resultado de la primera vuelta.

Para Cospedal, el objetivo de todo el proceso para sustituir a Mariano Rajoy en la presidencia del partido tiene que ser que el PP "salga más fortalecido" porque "un partido fuerte y unido es el que gana elecciones".

En este contexto, preguntada por su relación con la otra mujer precandidata, Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal defiende que el debate entre los aspirantes ha de ser "interno", "de partido", y no "entre personas o por temas personales", porque eso "haría un flaco favor".

"Con independencia de eso, bueno, el hecho de que en el primer partido político de España entre siete candidatos haya dos mujeres debería ser un signo de que la igualdad es real en este partido, mucho más que en otros que la predican pero no la aplican", ha apostillado.

Por otra parte, preguntada por las estimaciones que apuntan a que de más de 780.000 afiliados del PP, sólo 150.000 estarían en disposición de votar por tener al corriente los pagos, Cospedal dice que no ha hecho "ningún cálculo" en este sentido y que "puede pasar" que un 90% de militantes de un partido no estén abonando sus cuotas.

Dice que en cualquier caso, el objetivo es "intentar favorecer todo lo posible la participación" y por eso, se permitirá que con el pago único de 20 euros, "esto que llaman tarifa plana", quienes deban cuotas puedan votar aún a pesar de ello.

Por eso, considera que si la cifra de participación no es alta será porque "haya personas que no tengan interés en participar". "La explicación será que no se ha querido participar más. Es la primera vez en este proceso. También nuestros afiliados se tienen que habituar e iremos poco a poco, con toda tranquilidad", ha comentado la hasta ahora secretaria General del PP.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha incidido este viernes en la crítica a las vacaciones de Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, pese haber sido condenado a seis años de cárcel por el caso Nóos, y ha asegurado que "el apellido Borbón tiene privilegios" y "nunca ha encajado bien" en la ley.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso ha denunciado el viaje a Roma de Urdangarín junto a su esposa la infanta Cristina de Borbón, hermana del monarca, que han recogido distintos medios.

Este viaje se produce pese a que el cuñado del rey fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia de Palma a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales, una sentencia que actualmente está pendiente de recurso.

"Las típicas vacaciones de un condenado a seis años de prisión por robarnos millones de euros", ha denunciado Garzón, quien ha ido más allá asegurando que el apellido Borbón "nunca ha encajado bien en las leyes españolas" y "siempre ha sido privilegiado".

Estos comentarios coinciden con el 80º cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I, en una jornada en la que distintas autoridades están elogiando su figura y destacando su papel en la Transición española. Las críticas de Garzón contrastan con los mensajes de cariño enviados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder del PSOE, Pedro Sánchez o el expresidente José María Aznar, entre otros.

Compara a Urdangarin con Junqueras

El coordinador federal de IU ya criticó este jueves las "contradicciones" en las que a su juicio incurre la justicia española al mantener en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras sin condena en firme, mientras que Urdangarin no ha ingresado en prisión.

"Contradicciones de una Justicia que no lo es tanto", publicó Garzón en un mensaje en su cuenta personal de la misma red social. Urdangarín estuvo el pasado 31 de diciembre en Vitoria, donde estuvo departiendo con el exministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso.

Este mismo viernes Garzón ha reiterado su rechazo a la continuidad de Junqueras en prisión después de que el Supremo haya rechazado su puesta en libertad.

"Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, pero pienso que los problemas políticos se arreglan con políticos, no con jueces", ha escrito.

Rajoy: "Figura clave en la Transición"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alabado este viernes al rey emérito Juan Carlos en su cumpleaños y lo ha calificado como una "figura clave" durante la Transición española y la democracia, al tiempo que ha agradecido que situara a España en una "senda de prosperidad".

Rivera y Sánchez, felicitaciones privadas

Por otro lado, tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como su homólogo socialista, Pedro Sánchez, han hecho llegar sus felicitaciones al monarca émerito por medio de mensajes privados.

No obstante, y aunque su contenido íntegro no ha trascendido, según ha informado la formación naranja a Europa Press, Rivera le ha expresado su gratitud por "su labor al frente de la Corona durante unos años en que se consolidaron la democracia y las libertades" que disfrutan ahora los españoles.

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle se celebrará en mayo en la capilla del castillo de Windsor, diez meses antes del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se producirá —según lo anunciado por Theresa May— el 29 de marzo de 2019 a las 23.00 horas, hora de Greenwich, una más en Bruselas.

El príncipe Harry de Inglaterra, Enrique para nosotros, parece un tipo divertido con tendencia a salirse del guión real, como cuando se vistió de nazi en una fiesta en enero de 2005. Tenía solo 21 años. Ahora que ha cumplido los 33 mantiene el aire díscolo que arrastran aquellos que no tienen posibilidades de ser rey (es, de momento, el quinto en la línea de sucesión). El biógrafo real (de los Windsor), Andrew Morton, escribía en 2012 que sería más recordado por sus meteduras de pata y borracheras (alguna con muñecas hinchables) que por sus aciertos.

La vida da muchas vueltas y la necesidad de iconos crea desmemorias aceleradas. Más de uno se estará comiendo sus palabras. Es lo que tiene esta época de líderes irresponsables (sí, Donald Trump, el que es capaz de insultar a los débiles para insultar mejor a sus enemigos), noticias falsas y medios de comunicación más atentos a los espectáculos del poder que a sus abusos y rapiñas. Son tiempos para prestidigitadores.

No daban un penique los expertos en estas cosas de la realeza por Meghan Markle, a la que consideraban una conquista de paso, aunque reconocían que se salía del tipo habitual de las amigas, por lo general rubias de Harry. Meghan es morena y tiene tres años más.

El asunto de la “compleja identidad racial” hubiese sido hace no tantos años un anatema en la purista Casa Windsor. Tampoco hubiera ayudado su estado civil. Fue la excusa para desbancar en 1936 del trono a Eduardo VIII, a quien se le prohibió casarse con la norteamericana Wallis Simpson por ser una divorciada.

En realidad, lo que más preocupaba al Parlamento británico eran las tendencias filonazis del rey Eduardo VIII. De ahí que la foto del joven Harry tocado con una esvástica en el brazo no fuera muy afortunada dados los antecedentes familiares, por no hablar, claro, de la muerte de 449.700 británicos en la Segunda Guerra Mundial.

Meghan Markle no podrá ser princesa porque no tiene sangre azul, o eso dicen. Será como mucho Lady Meghan, como lo fue la difunta y popularísima Lady Di, la madre de Harry y de su hermano William (Guillermo) que será rey cuando lo dejen de ser su abuela Isabel II y su padre Carlos, el eterno aspirante.

El díscolo príncipe Harry y la futura Lady Meghan representan a la vez una esperanza para la anquilosada monarquía británica y una amenaza. A la reina Isabel se le perdona todo, aunque su prestigio sufrió con la muerte de Lady Di y la forma en la que manejó las primeras horas. Se puede decir que Tony Blair la salvó del hundimiento (no dejen de ver la película The Queen).

Isabel II, que supera los 91 años, es una mujer rica, que mueve parte de su patrimonio por algunos paraísos fiscales, como se ha filtrado en los Paradise Papers. No parece el mejor ejemplo. La boda la pagarán los Windsor; la seguridad y todo lo demás, que es mucho, los contribuyentes británicos.

Su hijo Carlos no es popular y su nieto Guillermo parece un tipo anodino. Hasta ha conseguido que su esposa Kate Middlenton lo parezca también.

Algo pasa con la forma de vestir de los royals británicos. Todos parecen muy antiguos, siempre  tocados con sus sombreros de ir a las carreras de caballos de Ascot. Hay tanto oropel que más que realeza parecen una compañía de teatro, algo exagerado porque solo son una empresa.

Harry, pese a sus meteduras de pata, es popular porque parece él, no un personaje de ficción.

La boda lo colocará en primera fila del escenario. Esa sobreexposición se agravará a partir de esta semana porque tanto él como la ex actriz Meghan parecen atractivos para una prensa sensacionalista ávida de nuevos personajes para mantener las ventas. Será un escrutinio salvaje.

La cobertura informativa del anuncio de la boda nos anticipa un ciclón de banalidades para mayo. Los medios de comunicación, incluidos los más serios, parecen disfrutar con el despliegue del show. Apenas se leen comentaros críticos, más allá del de Irenosen Okokie en The New York Times: "Can Meghan Markle Save the Monarchy?".

La monarquía como institución no debería tener futuro en el siglo XXI, y menos en los países democráticos. Es incomprensible que una persona disfrute de grandes privilegios por derecho de cuna a costa de los impuestos generales. Funcionan si dan boato, atraen turistas, ayudan a vender la marca de país y no dan problemas.

En el libro La rama dorada (Magia y Religión) del antropólogo escocés James George Frazer, se recogen fórmulas de monarquías temporales, en las que la duración del reinado estaba vinculada a la opinión de los dioses, que era claramente negativa en los casos de sequía (no es una idea) o mala cosecha.

Una tribu africana tenía lo que se llamaba el rey de burlas. Era el elegido para acostarse con las viudas del rey muerto. La parte mala del trabajo es que se le mataba una vez concluido el duelo. Una forma algo más civilizada puede ser la de elegir presidente de la república cada cuatro o cinco años.

Un jefe de Estado sin poderes es solo un símbolo. A mi me gustaba Sandro Pertini. Solo tiene un inconveniente: está muerto.

Para terminar, las geniales Fascinating Aïda en una canción dedicada a Escocia y al Brexit.

Mohamed bin Nayef, el príncipe heredero que recientemente ha sido apartado de la primera línea sucesoria en la corona de Arabia Saudí, ha sido confinado en su palacio de la ciudad costera de Yedá y se le ha prohibido abandonar el reino, según una información de The New York Times, citada por Europa Press.

El rey Salmán de Arabia Saudí designó el 21 de junio a su hijo Mohamed bin Salman como nuevo príncipe heredero, relevando así a Bin Nayef. También fue cesado como viceprimer ministro y ministro de Interior, marcando el final de su carrera, con la que se ganó un profundo respeto en Washington y otras capitales extranjeras por su trabajo en el desmantelamiento de las redes del grupo terrorista Al Qaeda.

Las restricciones impuestas a Bin Nayef, que hasta la semana pasada era el elegido para ascender al trono saudí, tratan de limitar cualquier oposición al nuevo príncipe heredero incluso dentro a la corona, ya que algunos miembros de la familia real no están satisfechos con el cambio, según han asegurado autoridades del país bajo condición de anonimato para no poner en peligro sus relaciones con Palacio.

"Esto indica que Mohamed bin Salman no quiere ninguna oposición", ha señalado un alto cargo de Estados Unidos. "No quiere ninguna acción de retaguardia dentro de la familia (real). Quiere ascender sin ningún tipo de disidencia, aunque esto no significa que Mohamed bin Nayef estuviera planeando algo", ha añadido.

Sin embargo, un alto cargo saudí ha negado este jueves las medidas contra Bin Nayef. "Es falso al cien por cien", ha afirmado, refiriéndose al artículo publicado por el diario estadounidense.

Desde el cambio en la línea de sucesión de la corona saudí, varios agentes veteranos de contraterrorismo y de Inteligencia de Estados Unidos que tuvieron fuertes relaciones con Bin Nayef han expresado su indignación por el trato que ha recibido. Pero lo han hecho de manera cautelosa debido al fuerte apoyo que reciben el rey Salman y su hijo por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus principales ayudantes, entre ellos su yerno Jared Kushner.

En marzo de 2017, Mohamed bin Salman se reunió con Trump en la Casa Blanca, abriendo camino a la reciente visita del presidente a Arabia Saudí, donde declaró que los saudíes eran aliados clave de la potencia norteamericana en la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva un año y nueve meses sin preguntar a los españoles su opinión sobre la monarquía. La última referencia concreta sobre el grado de confianza que les inspira la Corona que consta en los informes del instituto demoscópico público –dependiente del Ministerio de la Presidencia– es de abril de 2015, casi un año después de que el rey Juan Carlos comunicara en un mensaje televisado su decisión de abdicar.

En aquel momento, a pesar de que el nivel de popularidad de la institución había aumentado respecto a la referencia anterior, la nota que los españoles pusieron a la institución que entonces ya representaba Felipe VI seguía siendo un suspenso: 4,34 sobre diez. Un 21,7% de los encuestados le dio un cero y un 5,1% un diez. En abril de 2014 el barómetro oficial había adjudicado a la monarquía una nota de 3,72, sólo cuatro centésimas más que un año antes, en abril de 2013 (3,68).

Pero han pasado casi dos años desde entonces y el CIS no ha vuelto a preguntar a los españoles su opinión sobre la monarquía. Sí lo ha hecho sobre otras cuestiones de actualidad como las expectativas económicas, la valoración de la situación política general o la preocupación por el desempleo... y también de temas más atemporales como los problemas del medio ambiente, la frecuencia en el seguimiento de noticias políticas, los hábitos de lectura o la contribución de los abuelos a la sociedad. 

Las preguntas sobre la monarquía no aparecían en todos los barómetros, ni tenían una periodicidad fija, pero sí existía cierta regularidad. De hecho, se incluyeron en los estudios correspondientes a los meses de abril de los años 2013, 2014 y 2015. No ocurrió así en 2016. A preguntas de este periódico un portavoz del organismo aseguró que el CIS realiza sus informes basándose "en criterios técnicos y legales" y que como la alusión a la Corona ya se incluye en la recurrente pregunta genérica sobre los problemas del país no se ha considerado que existiera un motivo especial para hacer una pregunta concreta sobre la institución. 

Sin embargo, en este último período la Casa del Rey no ha dejado de estar de actualidad, especialmente por la implicación de la infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos, la trama urdida para defraudar a Hacienda y beneficiar con dinero público a sociedades creadas por el cuñado del rey y su socio Diego Torres y de la que este viernes se dictó sentencia en Audiencia Provincial de Baleares. 

De hecho, en junio de 2015, el rey tomó la decisión de revocar el uso del título de duquesa de Palma a su hermana Cristina. Meses después, en octubre, la Audiencia de Palma fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2016. La infanta declaró el 3 de marzo en una declaración en la que negó cualquier intervención en el instituto Nóos y subrayó su confianza en la inocencia de su marido. El 22 de junio el juicio del caso quedó visto para sentencia tras 5 años, 11 meses y 2 días de proceso judicial.

Tres puntos de caída

A pesar del vacío de datos desde abril de 2015 el análisis de los barómetros previos sí refleja un progresivo desgaste. Cuando a mediados de los noventa el CIS empezó a preguntar periódicamente a los ciudadanos sobre el grado de confianza que le inspiraban ciertas instituciones, la Casa del Rey era la mejor valorada. De hecho, los españoles le pusieron 7,48 en 1995. En 1997 la monarquía era la que más confianza despertaba en los españoles (6,67), seguida del Defensor del Pueblo (5,62) y los ayuntamientos (5,39).

En noviembre de 2010, la Corona tuvo una nota de 5,35, por detrás del Ejército, que suele posicionarse en los primeros puestos en esta clasificación. En octubre de 2011 llegó el primer suspenso. Alto, pero suspenso: 4,89. Pero entonces el caso Nóos todavía no había salpicado a la familia real. Y tampoco había salido a la luz el safari de Juan Carlos I en Botsuana ni se sabía de la existencia de su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. 

El sondeo de abril de 2013 confirmó la caída en picado de la institución, cuya valoración cayó hasta los 3,68 puntos. En ese estudio –que se realizó justo en los días en los que se conocía la imputación de la infanta Cristina por el juez José Castro– la Corona apareció por primera vez en el listado de preocupaciones de los ciudadanos. Un año después, en abril de 2014, el barómetro oficial adjudicó a la monarquía una nota de 3,72, sólo cuatro centésimas más que 12 meses antes.

El CIS reflejó un aumento del nivel de popularidad de la Corona en abril de 2015, en el último sondeo que pregunta expresamente por la institución publicado hasta la fecha. La subida fue de algo menos de un punto al pasar de 3,72 a 4,34. Además, el 57,4% calificó de forma positiva la labor de Felipe VI y el 17,8% de manera negativa. 

"Crédito y reputación"

Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 que dejaba el trono tras 39 años de reinado. Lo hizo no sólo para dar paso a una nueva generación –como él explicó en su discurso–, sino también para hacer frente al desgaste de la institución en la peor coyuntura de su historia reciente. Así lo plasmó el periodista José Antonio Zarzalejos en su libro Mañana será tarde (Planeta), en el que asegura que, en 2014, la Corona "había llegado ya a agotar sus reservas de crédito y reputación" y que sus crisis "tocaba ya hueso". A su juicio, los símbolos positivos de su reinado –su papel en la Transición o su gestión del 23-F– quedaban ya "muy lejos en el tiempo". 

A falta de sondeos oficiales, hay que recurrir a los estudios de empresas privadas para ver qué consideración hacen los españoles del trabajo del actual rey de España, Felipe VI. El más reciente es de Sociométrica, de diciembre de 2016, publicado por El Español. Según este sondeo –realizado con una muestra de 800 entrevistas– los españoles puntúan con una nota de 6,4 puntos a la institución, lo que la sitúa en los mismos niveles que en la década de los 90 del siglo pasado.

Cristina de Borbón no se librará del banquillo. no se librará del banquilloLa Audiencia Provincial de Baleares confirmó este viernes la condición de acusada de la hermana del rey Felipe VI, cuya presencia se adivina central en el juicio en el que se determinará la culpabilidad de los 18 implicados en una pirámide presuntamente delictiva en cuya cúspide aparecen los seis millones de euros públicos cazados a dedo en Baleares, Valencia y Madrid por Instituto Nóos y su ONG heredera (la Fundación DCIS) y el entramado societario construido en España y en paraísos fiscales como Luxemburgo y Belice y utilizado por los acusados para desviar y blanquear ese dinero. 

El tribunal acordó este viernes que la infanta sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco de este caso dando carpetazo a la pretensión del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach de que diera por bueno el paralelismo entre ella y el ya fallecido banquero Emilio Botín, quien se libró de una condena por fraude a Hacienda porque sólo la acusación popular –es decir, no la fiscalía– le endosaba ese delito. Así que si hay una gran perdedora en esta historia, al menos por el momento, esa parecer ser la infanta. Aunque no es la única.

La decisión de las tres juezas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares echa por tierra la pretensión de Horrach. Y también de la Abogacía del Estado –que en este caso representa los intereses de la Agencia Tributaria– y que ha mantenido que la infanta no hizo ningún daño a Hacienda. En el otro lado, en el de los resarcidos por esta decisión, aparece la figura del juez José Castro, que tras sus investigaciones consideró que no imputar a la infanta equivaldría a extender una mancha de sospecha de privilegios imposible de limpiar. Pero ahora ya no es sólo él, sino tres magistradas de un tribunal de segunda instancia, las que consideran que la infanta tiene que sentarse en el banquillo. 

En declaraciones a infoLibre, el magistrado dice sentirse "satisfecho" con una decisión que confirma las tesis que había defendido en el auto de apertura de juicio oral y califica de "técnicamente impecable" el escrito que firman las tres juezas conocido este viernes. La realidad es que fue en soledad y hace dos años cuando el juez José Castro tomó la determinación de citar como imputada a Cristina de Borbón. 

Tándem anticorrupción 

La decisión de la Audiencia de Baleares abre más si cabe el hueco que se abrió en abril de 2013 entre el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma y el representante del Ministerio Público. En esa fecha Castro atribuyó a la hija del rey un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Y Horrach recurrió esta decisión. El tono de su escrito, en el que le acusó de basarse en "sospechas personales" y llegó incluso a hablar de teoría conspiratoria, contribuyó a agravar las diferencias entre ambos.

Hasta entonces ambos habían hecho un buen equipo en la lucha contra la corrupción en Baleares. De hecho, Castro dio un impulso la investigación con la que se levantó el caso Palma Arena gracias a las diligencias que Horrach había abierto respecto al expresidente balear Jaume Matas. El culmen de esa macroinstrucción –fue repartida en 27 piezas separadas– fue la apertura en 2010 de un sumario sobre el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos del entonces yerno del rey, Iñaki Urdangarin.

Fue desentrañando facturas del gobierno autonómico como el fiscal se encontró una carpeta casi vacía que le hizo sospechar. Y de ahí surgió el caso Nóos. Cuando el asunto llegó a Urdangarin ninguno dudó sobre qué camino tomar. Tras tomarle declaración estuvieron de acuerdo en su imputación sin saber exactamente qué irregularidades podía esconder el Instituto Nóos. Pero esta sintonía se desvaneció cuando apareció en escena la infanta y, más si cabe, cuando Castro decidió imputar a la infanta. 

Investigación 

Lo cierto es que aquella primera imputación resultó suspendida por la Audiencia de Palma con un auto que implicó una victoria pírrica para quienes, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cabeza, habían expresado públicamente su desacuerdo con el juez. Pero como si de una carambola se tratase fue precisamente esa resolución la que ordenó a Castro investigar a la infanta por delito fiscal y blanqueo.

El juez siguió investigando tal y como le había conminado a hacer la Audiencia de Palma. Mientras tanto, antes incluso de que Castro hiciera pública la segunda imputación siguiendo la vía abierta por ese tribunal, Horrach volvió a aparecer. Esta vez con un escrito en el que se defendía de quienes le señalaban como defensor de la infanta. Insistió en que no había "un solo elemento de prueba" para sustentar su citación y alertaba de que Castro no podía atribuir a Cristina de Borbón presuntos delitos "con meras elucubraciones". Era noviembre de 2013. 

Finalmente, en un auto del 7 de enero de 2014, el juez Castro concluyó que la infanta debía ir al banquillo como presunta cooperadora de dos de los delitos fiscales (2007 y 2008) atribuidos a su marido. Sostuvo que participó en una estrategia contable dirigida a obtener beneficios "opacos" para Hacienda a través de la empresa Aizonn SL, cuya propiedad comparten cada uno de los cónyuges. Pero su decisión de imputarla y, luego, de incorporarla a la lista de inculpados acabó por dinamitar la relación de confianza entre Castro y el fiscal Horrach, una relación sustentada en la lucha contra la corrupción en Baleares y de la que hoy no queda nada.

En este último auto Castro calificó de "inadmisible" que se pretendiera aplicar un especial cuidado a la citación de personajes públicos y señaló que llamar a la hija del rey para preguntarle por los manejos de la sociedad que posee al 50% no hace "tambalear los pilares del Estado de Derecho". Pero también este escrito fue recurrido por Horrach, que sostuvo que Cristina de Borbón había sido imputada por ser quien es. Acusó al magistrado de hacer un "juicio de valor" y "encaje de bolillos", así como de estar contaminado por "la influencia de los medios de comunicación". Castró le respondió invitándole a presentar una querella contra él por prevaricación. La Audiencia volvió a dar la razón al juez, si bien exoneró a la infanta del segundo delito en liza, blanqueo.  

Horrach no recogió el guante de esa invitación a querellarse contra él que le lanzó Castro, pero el enfrentamiento público de estos escritos cruzados sí evidencia la clara ruptura de un engrasado tándem que se fracturó por sus posturas opuestas sobre la imputación de la infanta. Por el momento, el juez Castro parece ser el vencedor de la partida. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la infanta Cristina de Borbón en el marco del caso Nóos por lo que rebaja la fianza, inicialmente fijada de 2.697.150 euros, a 449.525 euros, informa Europa Press. 

De esta manera, la Audiencia revoca el punto del auto de apertura de juicio oral de este caso referido a la fianza de responsabilidad pecuniaria para garantizar el pago de multas.

Cabe destacar que el auto hecho público este jueves dispone que no puede destinarse a dicha fianza la cantidad consignada ad cautelam en el Juzgado por la apelante a efectos de responsabilidad civil, que asciende a 587.413,58 euros.

El Tribunal Supremo explica que si dejó sin efecto la admisión inicial de la demandanda de paternidad presentada por la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau contra el rey Juan Carlos es porque era "falsa, frívola y torticera". Y porque la mujer ofreció posteriormente versiones "excluyentes, por incompatibles" con la expuesta en su reclamación judicial.

Por todo ello, y a pesar de haberla admitido unos meses antes, la demanda de Sartiau carecía "por completo de la "verosimilitud o seriedad" exigida para poder ser tramitada. "Demuestra también que es, lisa y llanamente, falsa frívola y torticera", añade la resolución dada a conocer este jueves [consúltala aquí en PDF], contra la que no cabe recurso alguno.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo hizo pública su decisión el pasado 11 de marzo por siete votos frente a tres al aceptar el recurso presentado por la defensa del rey Juan Carlos, ejercida por el despacho Garrigues, y dejar sin efecto la admisión a trámite del mismo adoptada el pasado enero. Dos magistrados presentaron voto particular defendiendo que, una vez admitida, la valoración de las pruebas debería haberse realizado en el curso de la instrucción del asunto, en vez de dejar esta sin efecto.

Para explicar su cambio de criterio en apenas unas semanas después de que admitiera a trámite la demanda, la Sala de lo Civil señala que "la situación ha cambiado de tal forma que aquello que se admitió como principio de prueba ha dejado de serlo" por la actuación de la propia Sartiau, a la que el tribunal "no puede permanecer indiferente" y que reduce dicho principio de prueba "al más completo vacío".

Así, explica que la demandante puso los hechos "en conocimiento de la oponión pública de una forma distinta y contradictoria" a lo largo de diversas intervenciones en medios de comunicación, como en la entrevista concedida a Le Soir Magazine unos meses antes de otorgarse el acta notarial en el que basó su reclamación ante el Supremo.

Lugar de la historia de amor

"La demandante manifestó, en contradicción con su demanda y con lo manifestado por su madre ante notario que la historia de amor del demandado con su madre había durado desde 1956 hasta 1966 y ambos se habían conocido en Bélgica, cuando el demandado estaba de paso en casa de la familia Merod, en la que su madre trabajaba como gobernanta". En la demanda aseguraba que se conocieron en la Costa del Sol, donde mantuvieron varios encuentros sexuales.

Añade el alto tribunal que en otra entrevista concedida por Sartiau al programa Un tiempo nuevo de Telecinco señaló que su madre y Juan Carlos se habían conocido en Francia y que pocos años después se reencontraron en España donde dieron continuidad a la relación. En otra entrevista en TV3 reconoció que el acta notarial aportada era "bastante insuficiente".

"En consecuencia, no es que los relatos difieran en cuestiones de detalle; es que se trata de dos versiones excluyentes por incompatibles –razona el Supremo–. Son radicalmente diferentes en cuanto al tipo de relación entre el demandado y la madre de la demandante, hasta el punto de que la versión alternativa a la de la demanda tampoco es coincidente porque tan pronto se sitúa el comienzo de la relación en Bélgica como se sitúa en Francia".

Invención del abogado

Todo ello da la impresión, a juicio del Supremo, de que "la demanda es más un relato propio del abogado [de Sartiau] señor Pararols "que un relato fundado en lo manifestado a él por su cliente". También encuentra contradicciones el Supremo en lo alegado por la belga en cuanto a un encuentro en el restaurante Casa Lucio de Madrid entre ella y otro supuesto hijo biológico del rey Juan Carlos, al que aludió como un tal "Felipe que trabaja en [la] Zarzuela". En televisión la propia Sartiau dijo que tuvo una cita "con alguien en España que era un Borbón" pero que no llego a celebrarse.

Las contradicciones, a juicio de los magistrados de lo Civil del Supremo, permiten concluir que la demanda no perseguía otra finalidad que obtener el ADN de Juan Carlos, una prueba que el tribunal "no guarda adecuada proporción con la intromisión que conlleva en la intimidad y la integridad física o moral del afectado" .

Votos particulares

El auto incluye el voto particular de los magistrados José Ramón Ferrándiz (ponente inicial del asunto) y Xabier O'Callaghan Muñoz, mientra que un tercero que votó en contra del archivo no se ha pronunciado. En este voto discrepante ambos entienden que los recursos de reposición interpuestos por las representaciones procesales tanto del rey Juan Carlos –firmadas por el socio director de Garrigues Fernando Vives y el socio de este bufete y catedrático Fernando Pantaleón– deberían haber sido desestimados por una cuestión de forma, al no ser técnicamente adecuados en este momento procesal.

Consideran igualmente inapropiado ambos magistrados que los medios de prueba aportados por Sartiau hayan sido valorados a la hora de debatir los recursos contra la admisión inicial, en el sentido de que dicha valoración debería haberse realizado en el curso del procedimiento una vez admitido éste.

Añaden que "no cabe negar la posibilidad de apariencias de verdad tras el humo de unas contradicciones, del mismo modo que puede haber contradicciones que no excluyan la verdad de una de las posiciones enfrentadas".

Abdalá bin Abdelaziz, el monarca absoluto de Arabia Saudí, uno de los países más autoritarios del mundo y uno de los reyes mejor relacionados con el español Juan Carlos I, ha muerto a las 01:00 horas de este viernes a la edad de 90 años, según ha informado la Casa Real en un comunicado. Abdelaziz nació en 1924 y accedió al trono tras la muerte de su hermano, el rey Fahd, en 2005. Otro hermano del monarca, el hasta ahora príncipe Salman bin Abdelaziz, de 79 años, será proclamado nuevo rey del país árabe.

Arabia Saudi es uno de los aliados más poderosos de Occidente en Oriente Medio, y uno de los que, de forma más significada, no respeta los derechos humanos. Su régimen de gobierno es una monarquía absoluta en la que la ley islámica –la Sharía, de la que se realiza la interpretación más radical por la unión de la dinastía con el wahabismo– es de obligado cumplimiento. El país destaca entre los que con mayor frecuencia aplican la pena de muerte, incluso para delitos como la sodomía o la apostasía del islamismo, recoge penas de flagelación por conducta inmoral y amputación de miembros por robo.

La última de estas penas que ha marcado a la opinión pública internacional es la condena a mil latigazos y 10 años de cárcel al activista Raif Badawi, cuyo delito fue promover la participación ciudadana a través del blog Red Liberal Saudí.

La ley coránica que rige el país determina que la mujer es inferior al hombre, al que se somete najo su custodia y del que necesita su refrendo para tomar decisiones, salir a la calle o viajar. Sí puede asistir a la universidad, pero no puede conducir ni realizar trabajos remunerados, ni siquiera montar en columpio –prohibición adoptada a comienzos del 2014 por la Comisión para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, por considerar que el contoneo alenta al hombre al abuso sexual.

El país que ostenta el título de mayor productor y exportador de petróleo del mundo es también considerado como la “cuna del terrorismo islamista”, sobre todo desde los ataques a la Torres Gemelas y al Pentágono el 11-S. El propio Bin Laden y 15 de los 19 autores de los atentados eran saudís. Una condecoración de la que hace gala, dado su apoyo como uno de los principales financiadores del Estado Islámico definanciadores Irak y Siria (ISIS).

Según su Ley Fundamental, “no hay más Dios que Alá y Mahoma es su Profeta”, por lo que no se permite profesar ninguna otra religión salvo la islámica y no existen iglesias ni otros lugares de culto en todo el Estado, más que mezquitas. Tampoco existe libertad de expresión, ni de pensamiento.

En el país árabe es el rey quien tiene por misión difundir la cultura musulmana y religión islámica. Un ejemplo de los métodos utilizados para tal difusión es el Real Decreto número 44, aprobado en abril de 2014, cuyo primer artículo establecía "el llamamiento al ateísmo en cualquier forma o a las dudas sobre los fundamentos de la religión islámica” como terrorismo. Es decir, los ateos en Arabia Saudí pueden ser declarados terroristas e ir a prisión por ello.

La dinastía de los Saud nació en 1932 gracias a un pacto con la secta musulmana Wahabí, que realiza la interpretación más radical del islam. Desde sus inicios, la Casa de Saud se caracterizó por su deseo de unificar la Península Arábiga y por promover el wahabismo. Abdalá bin Abdelaziz, que tuvo 15 hijas y 7 hijos de sus cuatro esposas, ha sido el monarca decimotercero de la Casa de Saud.

"Continuaremos, con el apoyo de Dios, manteniendo el camino recto que este país ha seguido desde su creación por el fallecido rey Abdulaziz", declaró el nuevo rey Salman en un discurso retransmitido por la cadena de televisión estatal.

El sucesor ha realizado un llamamiento a la unidad y a la solidaridad de los países musulmanes, y se ha comprometido a proteger a su país de las amenazas.

Sube el precio del petróleo

El precio del crudo Brent cotizaba al alza tras la muerte del rey Abdelaziz, según ha informado este viernes Europa Press.

Concretamente, el barril de referencia para Europa se situaba en 49,40 dólares tras cerrar el jueves en 48,52, mientras que el barril de crudo Texas, de referencia en EEUU, pasaba de los 46,31 dólares del cierre del jueves a 47,06.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Se trata de las dos principales peticiones de pena que el fiscal Pedro Horrach incluye en el escrito de acusación que ha presentado este martes ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro. Hasta 103 años de prisión reclama para un total de 14 acusados, cuyo papel en la trama relata de forma pormenorizada a lo largo de 673 páginas.

El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la Infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

En el caso de la hermana del Rey Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas –el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet– afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.

google_ad_section_end

El príncipe Felipe ha llamado a instituciones, agentes sociales y económicos, entidades y ciudadanos a anteponer el bien común a sus intereses particulares para superar la crisis que atraviesa el país y para "ampliar el campo de esperanza que se abre ante nosotros" y ha hecho una apelación a conocer y aprender del pasado porque "favorece que las sociedades avancen con paso firme hacia el futuro".

Don Felipe ha pronunciado estas palabras en el Monasterio de Leyre, Navarra, donde ha presidido la entrega del premio Príncipe de Viana de la Cultura, su primera declaración pública tras conocerse el lunes la intención de su padre, el rey, de abdicar de la Corona.

El príncipe de Asturias ha admitido que el día de hoy tiene "una significación especial" tras la decisión tomada por Juan Carlos I. "De manera que las circunstancias llevan a que mis primeras palabras después del anuncio de su majestad tengan lugar en esta querida tierra Navarra, uno de los solares originarios de nuestra patria española", ha añadido.

Nación unida y diversa

Tras ello, y "respetando el procedimiento parlamentario iniciado", el príncipe Felipe ha expresado su "empeño y convicción" de dedicar todas sus fuerzas "con esperanza y con ilusión a la apasionante tarea de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España: una nación, una comunidad social y política unida y diversa que hunde sus raíces en una historia milenaria".

Por otra parte, el príncipe de Asturias ha señalado que "en periodos de dificultades como los que atravesamos, la experiencia de tiempos pasados plasmada en la historia nos enseña que solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares, e impulsando la iniciativa, la investigación y la creatividad de cada persona, lograremos avanzar hacia escenarios mejores".

Ha añadido que "ése es el ánimo que todos –responsables institucionales, agentes sociales y económicos, entidades y ciudadanos– debemos tener para afrontar con decisión el futuro y ampliar el campo de esperanza que se abre ante nosotros".

"La próxima princesa de Viana"

Durante su intervención, don Felipe ha destacado que siente "muy cerca la realidad de esta comunidad foral, pues con su futuro estoy, junto a mi familia, plenamente comprometido". "En ese futuro también tendrá su lugar la próxima Princesa de Viana...", ha señalado, en referencia a la infanta Leonor, que ostentará el título de princesa de Asturias y de Viana.

Por otra parte, al hilo de la "alta consideración hacia la historia" que entraña el Premio Príncipe de Viana, el príncipe ha señalado que "puede afirmarse que el mejor conocimiento del pasado favorece que las sociedades avancen con paso firme hacia el futuro, del mismo modo que los árboles precisan de recias raíces afianzadas en la tierra para poder crece con más fuerza".

Según don Felipe, "nada mejor para sentir la base sólida de la historia que un lugar como este admirable monasterio, donde reposan los restos de los primeros Reyes de Navarra, a quienes cada año tributamos un homenaje de reconocimiento".

El Príncipe ha tenido palabras de reconocimiento para el premiado, el historiador capuchino Tarsicio de Azcona, de quien ha destacado que es "un historiador completo que se ha valido de su gran experiencia docente para exponer de forma clara y atractiva las averiguaciones y conclusiones a las que ha llegado tras un estudio intenso de fuentes documentales originales".

Don Felipe ha destacado que el padre Tarsicio "ha obsequiado a sus paisanos navarros y más particularmente a los de su valle natal de Yerri y su pueblo de Azcona –cuyo nombre porta siempre con orgullo–, con estudios minuciosos y brillantes de su historia, de la forma de vivir de sus antepasados y de sus costumbres y usos mantenidos en el tiempo".

Por otra parte, el príncipe de Asturias ha recordado que este año se celebra la edición número 25 del Premio Príncipe de Viana, que "ha honrado y distinguido a diferentes personalidades de la cultura, ligadas por nacimiento, residencia o afecto, a esta tierra de larga historia y personalidad recia que es Navarra".

Don Felipe ha subrayado que "no cabe duda de que la obra de los premiados prueba que el esfuerzo empleado en potenciar la cultura siempre merece la pena" y ha apostado por "cuidar la cultura, promoverla, exponerla y reconocer su valor, porque la cultura define realmente nuestra personalidad colectiva y forja nuestra mejor imagen ante el mundo".

Varios miles de personas tiñeron este lunes las calles de Madrid de rojo, amarillo y morado para conmemorar el 83 aniversario de la proclamación de la II República Española.

Convocada por la Junta Estatal Republicana (JER) –apoyada por diversas plataformas y partidos– y con el lema Por la Tercera República, la manifestación comenzó pasadas las 7 de la tarde en la plaza de Cibeles de Madrid y se desarrolló en un ambiente festivo y de reivindicación. "¡Viva la República!" o "¡1, 2, 3...República otra vez!", proclamaban los manifestantes, que han marchado por el centro de Madrid ataviados con todo tipo de complementos y banderas tricolor recordando el periodo político que se dio en España entre 1931 y 1939.

Valentín Ruiz, miembro de la JER, explicó a infoLibre que había asistido un año más a este evento porque "es una lucha de los intereses del conjunto de la sociedad. Tanto en lo legislativo como en lo laboral". Pero, ¿por qué es necesario seguir rememorando la proclamación de la II República? Ruiz cree que en este tiempo "se marcaron las libertades democráticas que siguen vigentes en la actualidad. Se consiguió la reforma agraria, el voto de la mujer, la salud y la educación para todos...Y ahora estamos viviendo un retroceso de todo lo que entonces empezó".

¿Es entonces posible la III República Española? "Sí, ante la situación de crisis política, económica y social que estamos viviendo, la única solución es la ruptura con el sistema y con el régimen anterior heredado del franquismo", sentencia convencido.

Y es que la jefatura del Estado y la Casa del Rey –y los últimos acontecimientos en torno a éstas– han sido blanco de las críticas de la mayoría de los asistentes. "¡Queremos un pisito como el del principito!", "¡Los borbones, a los tribunales!" o "¡Urdangarín, a currar al Burger King!", entonaron una y otra vez.

Concha tiene 58 años y acudió a la manifestación por una sencilla razón: "Me siento republicana y la monarquía no la hemos elegido". Cree que la igualdad, la escuela pública o la justicia social son valores republicanos que le hacen falta a la España de hoy, pero es más escéptica en torno a la posibilidad de recuperar este sistema político. Aún así, advierte: "No me gustaría morirme sin verla y, mientras tanto, seguiré luchando por ella en la calle".

El sentimiento republicano no se limita solo a generaciones pasadas. Alexis tiene 25 años y acudió a la protesta a título personal. El joven cree que "una monarquía no es necesaria para nada y es totalmente anti-democrática". Asegura que "de momento" duda mucho que los Borbones abandonen la jefatura del Estado. "Dependerá, cuando el rey no esté, de que la gente siga saliendo a las calles".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara –presente también en el acto junto a otros dirigentes del partido–, aseguró a este diario que la llegada de la III República dependerá de la voluntad de la ciudadanía. De llegar, serviría "para recuperar los valores del 31 y al mismo tiempo marcar un futuro garante de derechos sociales, civiles, laborales y de democracia profunda".

Para el líder de IU, la cuestión "no radica solamente en votar". También significa "poder participar directamente en la vida pública" porque "ese es el auténtico concepto republicano". Lara sostiene que "la monarquía ha ayudado mucho a la III República en los últimos tiempos" y espera que "la toma de conciencia se vaya produciendo y este sistema desaparezca de la vida pública y política de este país". 

A la llegada de los manifestantes a la Puerta del Sol de Madrid, algunos de los presentes han cantado La Internacional comunista, culminando con un gran aplauso una nueva jornada de reivindicación republicana.

Abdicar ya se conjuga, y mucho. La mala salud del rey, su avanzada edad (75 años), el agotamiento del sistema institucional que nació en la Transición, el serial de escándalos que han rodeado a la familia real –algunos muy graves, como el pozo negro de presunta corrupción que encarna el caso Nóos– o la pertinaz opacidad de la Corona durante décadas han servido en bandeja un intermitente debate sobre la renuncia de Juan Carlos I. Una olla a presión que ha acabado persuadiendo a la Zarzuela de que debía negar tajantemente que el monarca esté siquiera planteándose su marcha. La discusión pública, con todo, no ha muerto. 

El martes pasado, el jefe del Estado abandonó el hospital privado Quirón Madrid tras su cuarta intervención de cadera, la quinta operación en apenas año y medio. Ahora seguirá su rehabilitación para, a finales de noviembre, entrar de nuevo en quirófano, donde se le retirará la prótesis provisional y se le implantará la definitiva. Seis semanas después, según relató el cirujano venido de la estadounidense clínica Mayo, Miguel Cabanela, podrá caminar con normalidad sin el apoyo de muletas. De modo que la baja durará cerca de cuatro meses, si no hay contratiempos. Juan Carlos faltará por tanto a los dos actos anuales de mayor fuerza simbólica para la institución: el desfile y la posterior recepción del 12 de octubre, fiesta nacional, y la Cumbre Iberoamericana, que en 2013 se celebrará en Panamá, los próximos días 18 y 19. 

En estas circunstancias, ante una ausencia prolongada del jefe del Estado, ¿debería abdicar el rey? ¿Se le podría inhabilitar temporalmente y que su hijo Felipe, de 45 años, asumiera la regencia? ¿Debería Juan Carlos seguir el ejemplo de sus coetáneos Beatriz de Holanda y Alberto II de Bélgica, que cedieron este año el trono a sus primogénitos? infoLibre ha dirigido las preguntas a 11 expertos, constitucionalistas y politólogos, y las respuestas no son del todo unánimes. Los más plantean que sí ha llegado el momento de la abdicación, aunque no se produzca justo en este momento, con Juan Carlos convaleciente y enfilando el camino hacia una segunda intervención. Otros consideran que aún es pronto, porque el monarca no ha visto mermadas sus facultades mentales y porque el tiempo político no aconseja introducir un presunto factor "desestabilizador" más. La inmensa mayoría reclama un desarrollo legislativo urgente del Título II de la Constitución, el referido a la Corona, y anticipa que los ciudadanos no tolerarían la imagen de un soberano muy deteriorado. Pero también se cuela la advertencia de que no vale una sucesión automática, que antes debe convocarse un referéndum para que los ciudadanos elijan monarquía o república, reivindicación que casa con las exigencias de partidos como Izquierda Unida o Equo. PSOE y PP ni se plantean siquiera la salida de Juan Carlos. 

01. LA AGENDA EN SUSPENSO DEL MONARCA

La Zarzuela niega. Niega la abdicación o la posibilidad de la inhabilitación. Niega que el rey vaya a estar totalmente fuera de combate cuatro meses. Reitera que el jefe del Estado padece problemas mecánicos, por los que ha ido al "taller", como él mismo dijo, pero ya está. Fuentes de la institución aseguraron a este periódico que esta próxima semana retomará sus despachos privados con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y que su ausencia en "actos oficiales importantes" se ceñirá al 12-O y a la Cumbre de Panamá. En el primer caso, los príncipes de Asturias (y sólo los príncipes) presidirán el desfile militar, mientras que la reina Sofía presidirá la recepción civil en el Palacio Real, aunque la acompañarán Felipe y Letizia y la infanta Elena. Será la primera vez que el rey se pierda un 12-O. Quienes faltarán (por segundo año consecutivo, y por el estallido del caso Nóos), serán Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. 

En la cumbre, España estará representada sólo por Mariano Rajoy, aunque Juan Carlos dirigirá un saludo grabado en vídeo a los mandatarios iberoamericanos. El heredero no es jefe de Estado y por tanto no puede asistir en sustitución de su padre, como explicó Rafael Spottorno, el jefe de la Casa. Felipe sí viajará a Panamá para participar en algún foro empresarial previo a la cita y en la inauguración del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, que comienza el día 20. Se prevé que vaya a la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa y se está estudiando a qué "actos paralelos" de la cumbre asistirá. 

La Zarzuela explica que no se han caído tantos actos de la agenda oficial del rey. "Se anticipó lo más urgente", la recepción de las cartas credenciales de 16 embajadores –lo hizo horas antes de ingresar en la Quirón–, mientras que en el resto de actividades "menos importantes" en las que estaba prevista su asistencia le suplirán o la reina o los príncipes, como la inauguración de la exposición Velázquez y la familia de Felipe IV en el Prado. "No ha habido que cancelar audiencias, porque se programan con unos 10 días de antelación. El rey se irá incorporando poco a poco a su actividad, compaginándola con su recuperación. Primero, despachos y audiencias privadas y luego, antes de que se le reopere, audiencias públicas en palacio". Y "no habrá ningún problema" para que pueda grabar ante las cámaras de TVE su mensaje de Nochebuena, sentencian fuentes de la institución. 

02. EL MOMENTO DE LA RENUNCIA

Todos los analistas ponen por delante una prevención: la abdicación es un acto "personalísimo" del rey. "Si no quiere, no abdica, es una potestad suya, no hay vuelta de hoja", resume Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cuestión distinta es cómo deba soportarse legalmente esa decisión, y ahí es cuando se abren las dudas sobre el procedimiento. 

Antonio Torres del Moral, constitucionalista de la UNED y el decano de los estudiosos de la Corona, confiesa no tener del todo claro si justo ahora mismo se dan "las condiciones" para la salida de Juan Carlos. "No parece que sea cortés con el rey operado. Me temo que estaremos seis meses sin él, así que se podría probar con la inhabilitación, sería un paso intermedio y, si se prolonga, sería más prudente proceder a la abdicación". Torres del Moral sostiene, como otros expertos, que Felipe está "sobradamente preparado" para asumir o la regencia o directamente el trono. José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, coincide en que Juan Carlos "debe plantearse seriamente" pasar el relevo a su primogénito, "no tanto por su enfermedad, sino por su edad, porque responde a una época determinada, porque su hijo puede hacerlo". Este profesor cree, no obstante, que lo mejor es que espere a que se resuelva el caso Nóos, para que Felipe "no asuma la carga de la presunta corrupción de Urdangarin y las sospechas que se ciernen sobre la infanta Cristina". La politóloga Sara Sánchez, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, conviene en que este no es "el momento propicio". "Si se va ahora, todo el mundo pensaría que está huyendo y que le deja el marrón de Nóos a su hijo. Además, todavía hay muchos juancarlistas y muchos que piensan que el príncipe no se ha ganado su puesto". 

Bajón en las encuestas

Javier Tajadura opina lo contrario, que hay que hacerlo sin mucha demora. "No es funcional que el jefe del Estado esté en estas condiciones en estos momentos –argumenta este constitucionalista de la Universidad del País Vasco (UPV)–. Su legitimidad le viene por esa función moderadora y de árbitro que comparte con otras monarquías y con otros presidentes de repúblicas. Imaginemos que a Giorgio Napolitano [presidente italiano] le ocurriera lo mismo. Cuando hay una crisis política profunda, la figura del jefe del Estado es vital y es el único que puede salvar al país del colpaso. Y aquí tenemos el conflicto grave con Cataluña, el caso Nóos, la posible imputación de la hija... Todo eso ha erosionado la institución, ahí están las encuestas. Todo esto afecta a la operatividad de la monarquía". Los sondeos, en efecto, dan buena cuenta del desgaste de la Corona: en octubre de 2011, antes de la explosión del escándalo Urdangarin, la nota de la institución era del 4,89 (su primer suspenso de la historia); en abril de 2013, se despeñó hasta el 3,68, según el CIS. 

La infanta Cristina y su secretario, Carlos García-Revenga, imputado en el 'caso Nóos', el pasado 25 de septiembre, tras visitar al rey Juan Carlos en la Quirón | EFE

"Añadir un factor más de inquietud a una situación política y económica delicada no sería beneficioso ni oportuno, aparte de que no convendría que el príncipe ascendiera al trono con el caso Nóos coleando. Es un lastre que Juan Carlos puede amortizar, pero comenzar el reinado con una eventual condena sería para el nuevo monarca una carga", desaconseja el constitucionalista de la Universidad de Granada José María Porras. Freixes no lo ve tampoco "médicamente inhabilitado", y sus responsabilidades "no son las de un ministro de Exteriores, que ha de estar viajando con frecuencia". La catedrática de la UAB pone el ejemplo de Roosevelt, que hizo su carrera política en silla de ruedas, o el actual ministro germano de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Enrique Belda, profesor titular de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque advierte de que la abdicación es una cuestión de "oportunidad política", juzga que la Jefatura del Estado no deja de tener un papel "simbólico", como "un escudo o una bandera", y que el rey puede desarrollar sus funciones "sin necesidad de renunciar, a no ser que se hallara malísimo".

Y en ese punto, en la hipótesis de que el monarca llegara a encontrarse mucho más enfermo, donde los estudiosos sí se ponen más de acuerdo: España llevaría mal la imagen de un rey decrépito. "Lo de que los reyes mueran en la cama, como una vez dijo Sofía, es propio de las monarquías absolutas, no corresponde. Si en la Constitución tomamos como referencia las leyes fundamentales de Suecia y Sueca en lo relativo a la Corona, actuemos como ellas", sostiene Montilla. Freixes, como otros analistas, cree que si Juan Carlos sufriera un gran deterioro, sería la propia cúpula de la Casa la que le aconsejara la abdicación. "Del buen ejercicio de su cargo le viene la legitimidad", advierte. Lo comparte Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca: "Hay que tener en cuenta la edad, y que la naturaleza mengua las facultades físicas o mentales. Si el rey no puede cumplir con sus funciones, hace un flaco favor a la institución". Torres del Moral apela a borrar esa imagen del rey muerto en la cama. "¡Si renuncia hasta el papa! –exclama–. No es frecuente que coincidan en el tiempo dos abdicaciones [las de los reyes de Holanda y Bélgica] en el tiempo, pero es una decisión frecuente, porque la figura se va desacralizando, y porque es mejor un jefe del Estado joven y vigoroso que uno mayor. No es muy beneficioso para la institución ver a un rey en mal estado. Llegado el caso, la abdicación es conveniente, porque el nuevo rey aterriza suavemente en el cargo". 

Habrá que preguntar a los ciudadanos

"El rey no se aferraría tanto al poder. Es un tipo muy listo. No es su modus operandi. Y dañaría mucho la imagen del príncipe –apunta Sara Sánchez–. Un monarca que se resiste a ceder el testigo dice muy poco de su sucesor. Pensemos en Carlos de Inglaterra, por ejemplo. Cederá el trono cuando aún esté bien. No le dejarán hacer otra cosa sus asesores". 

Figueruelo señala uno de los puntos cardinales de la discusión: hay un "miedo excesivo" a hablar con naturalidad, de forma "desacralizada", con "naturalidad", de la abdicación, hecho que no ocurre que en otras latitudes. "Si tuviera que renunciar, no hay que rasgarse las vastiduras. En Bélgica o en Holanda no se han producido cataclismos". ¿Por qué ese tabú? "Porque se acentuaría el debate de monarquía o república. Ese debate está en la sociedad". El politólogo Gonzalo Caro llama por eso a no caer en el debate de abdicación, sí o no. "La renuncia del rey no soluciona los problemas de transparencia, de falta de control de los miembros de la familia real, de que tengan que rendir cuentas. Y no suple la carencia de raíz: que no ha sido elegido por las urnas. El debate es preguntar a la gente si quiere seguir con la monarquía". Precisamente porque esa discusión de monarquía-república "es tan necesaria para el país", Gema Sánchez Medero, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), considera que Juan Carlos no debería irse ya, porque el cambio de la forma de gobierno "debe merecer una atención única" y ahora, con "tantos frentes abiertos", "se desvirtuaría". Sara Sánchez cree igualmente que la sucesión será "más complicada" de lo previsto, "sobre todo porque habrá voces que insistan en que antes habrá que preguntar a los ciudadanos si quieren o no una república". 

Así pues, según augura Caro, la abdicación "puede dar un balón de oxígeno envenenado a la monarquía". "En un principio podría mejorar la valoración de la institución, porque Felipe no está salpicado por el escándalo, pero también haría que la gente se preguntara por qué es jefe del Estado sin haber pasado por las urnas". 

03. LA OPCIÓN DE LA REGENCIA

"El rey es humano, como un ciudadano cualquiera". No es una boutade de la profesora Figueruelo, sino un recordatorio de que la abdicación no es la única vía que permite la Constitución. También contempla la inhabilitación, en el artículo 59.2, en el caso de que no pudiera "ejercer su autoridad". Si las Cortes reconociesen su "imposibilidad", ejercería automáticamente la regencia el príncipe heredero. Opción que, por cierto, negó Spottorno sin tibieza. "Da la impresión en este país de que el único que no puede estar de baja es el rey. La inhabilitación es eso, una baja. Pues no pasa nada si Felipe pasa a asumir la regencia. No le quitaría la titularidad de sus competencias. Simplemente las ejerce temporalmente. Es más sencillo y es una solución menos traumática que la abdicación. Quienes deben decir si está o no capacitado para ser jefe del Estado son los médicos que le cuidan. No hace falta más regulación, basta la aplicación literal de la Constitución", explica Figueruelo. 

Torres del Moral apuesta igualmente por dar ese "paso intermedio" de la inhabilitación: "No es sólo para cuando cae en coma o pierde facultades mentales. Si está en quirófano, está impedido. Y si está mal mentalmente, no puede abdicar, porque no tiene esa libertad de acción que exige esa figura. ¡Es que hablar de abdicación o inhabilitación no significa hablar de república! No es atacar la monarquía. Ambas son válvulas de seguridad de la monarquía, y por eso están en la Constitución". Porras, en cambio, se muestra más renuente. Pide que se haga "pedagogía", para que se sepa que Juan Carlos puede sancionar leyes vía electrónica, o celebrar audiencias dentro de poco, o estar "plenamente informado y realizar su función moderadora". "Tiene su movilidad física disminuida, pero ya está. Es una situación temporal, y la visibilidad de la Corona se ve suplida por la mayor exposición de la reina o los príncipes. Ahora bien, si entrara en coma o tuviera un accidente o algo más grave, sí que habría que inhabilitarlo". Montilla y Freixes están de acuerdo con la opinión de Porras: la inhabilitación no casa, dice, para dolencias motrices. "El rey no reina con la cadera", glosa la catedrática catalana. 

04. LAS DUDAS DEL PROCEDIMIENTO

Imaginemos que el rey decide abdicar. ¿Cómo lo hace?

La única fuente legal es el escueto 57. 5 de la Constitución: "Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Esa redacción tampoco ayuda mucho. La mayor parte de los especialistas entiende que, dado que la española es una monarquía parlamentaria, la abdicación, por mucho que sea un acto "personalísimo" del soberano, haría falta el pronunciamiento de las Cortes. Según esta tesis, el rey comunicaría su decisión al Gobierno y al Congreso y se tramitaría una ley orgánica ad hoc, expresamente hecha para recoger la renuncia de Juan Carlos. Muy sencilla, casi de artículo único, que podría tramitarse de urgencia. "Las Cortes podrían decir que no autorizan esa abdicación porque no es el momento, o porque lo haya hecho bajo presión, como de hecho pasó con Carlos IV y Fernando VII, que lo hicieron en favor del hermano de Napoleón obligados. Las Cortes de Cádiz anularon la abdicación porque faltaba el consentimiento de la nación", justifica Torres del Moral. 

La reina, los príncipes de Asturias y las infantas Leonor y Sofía, a su salida del hospital Quirón, donde acudieron a ver al rey, el pasado 27 de septiembre | EFE

Este profesor, como Montilla, Porras, Freixes o Tajadura, opina que es necesaria una ley ad hoc para cada abdicación, sin perjuicio de que en otra ley orgánica distinta se regularan otros aspectos relativos a la Corona, que contemplara incluso el procedimiento exacto de la renuncia. 

Leyes ad hoc... o no

Otros constitucionalistas, como Figueruelo o Alejandro Saiz-Arnaiz, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), se alinean con otra doctrina, la que dice que hace falta una ley de desarrollo del 57. 5, general, que solvente "los no pocos problemas interpretativos que suscita la disposición". Una ley "de caso único", decía Saiz-Arnaiz en un estudio de 2001, "prolongaría en el tiempo la formalización de decisiones" como la renuncia del soberano. Este catedrático de la UPF señala que las Cortes deberían intervenir para conceder la autorización previa, para tomar conocimiento de su decisión, pero no para rechazarla. "No puede haber leyes ad personam", sentencia la profesora de Salamanca. 

La inhabilitación no depende, en cambio, de la voluntad del monarca, sino que nace a iniciativa del Parlamento, aunque Torres del Moral aconseja que lo lógico sería un acuerdo entre la Zarzuela, el presidente del Gobierno, el del Congreso y el líder de la oposición. De nuevo, algunos estudiosos aconsejan que se tasen esas causas de inhabilitación. 

La Zarzuela ha esgrimido en varias ocasiones que en España, a diferencia de Holanda o Bélgica, no hay tradición de abdicación. Algunos analistas reconocen que así es si se revisa la "complicada historia constitucional" del país en los últimos dos siglos, desde 1812, dice Freixes. Torres del Moral no valida ese argumento, porque si nos remontamos atrás en el tiempo hay más casos desde la llegada de los Austrias: Carlos I cedió el trono a Felipe II, Felipe V a Luis I, Carlos IV a Fernando VII y este en José I, hermano de Napoleón. El profesor de la UPV es más taxativo: no hay que invocar la tradición cuando la española es una monarquía parlamentaria, y esta nunca existió en el país hasta la Transición. 

05. EL EJEMPLO INTERNACIONAL

La Constitución no se explaya en el título referido a la Corona, aunque sí advierte que todo su desarrollo deberá hacerse por ley. España, sin embargo, no es un caso único. Como señalan Torres del Moral, Freixes o Belda, las referencias a las monarquías en otras leyes fundamentales son igualmente "parcas", bastante limitadas, si bien algunos países sí han desarrollado un Estatuto de la Corona. 

La petición de los constitucionalistas de un despliegue legislativo del Título II es vieja. Hace falta, insisten, precisar el procedimiento de abdicación y renuncia de los derechos sucesorios, o las causas de inhabilitación, o el régimen de los miembros de la familia real. Torres del Moral ha sido uno de los más ardientes defensores de un Estatuto del Príncipe. El catedrático de la UNED ilustra el vacío con un ejemplo frecuente: el real decreto que tiene que expedir el Gobierno cada vez que Felipe asiste a la toma de posesión de un presidente iberoamericano, "en representación de España", no de su padre. "Se le encarga una misión diplomática, y si es tal debería rendir cuentas de su viaje al término al Ministerio de Exteriores. Esto sería un disparate. Lo suyo es que fuera como portavoz del rey, como si fuera el rey".

La Zarzuela precisa a ese respecto que el príncipe, como cualquier miembro de la familia real, va acompañado siempre de un ministro de jornada o de un secretario de Estado que refrende y se responsabilice de sus actos. El heredero no dispone de dotación propia (cobra 146.376 euros, la mitad del sueldo de su padre, porque así lo decidió este), no tiene funciones oficiales. Los hijos del rey belga, por ejemplo, tienen escaño en el Senado, y el príncipe Carlos de Inglaterra tomó posesión de su acta en la Cámara de los Lores en 1970, hasta que una posterior reforma legal le privó de ella. 

Los nuevos reyes belgas, Felipe y Matilde, asisten a la inauguración de una exposición en Bruselas, el pasado 4 de octubre | EFE

Torres del Moral llama la atención sobre otro asunto: el fuero. El jefe del Estado es inviolable, pero su hijo podría ser juzgado por un tribunal ordinario. No dispone de ninguna coraza jurídica, "y eso es un dislate". Porras coincide en que hay que subsanar el "olvido" de no haber previsto el aforamiento del heredero, pero es de los pocos expertos que no cree necesario un desarrollo del Título II. "Un estatuto no puede conferir al príncipe funciones que no puede tener porque son indelegables. Nunca puede actuar como el rey a menos que sea regente. En cualquier caso, no entiendo la necesidad de más regulación, casi sería perjudicial. La falta de una ley da una mayor flexibilidad". Sánchez Medero, del mismo modo, no ve "vital" más regulación, porque "lo imprescindible es el debate monarquía-república". Entre los partidos, ni siquiera este punto está despejado. PSOE y PP abrieron la posibilidad a regular la figura del príncipe. La opción luego decayó y sólo UPyD redactó una propuesta y la llevó al Congreso. 

El presidente del Senado, la opción favorita

Los analistas consideran que no cabe establecer comparaciones con las repúblicas. No sólo porque el presidente no abdica (realmente dimite). En una monarquía, explican, la sucesión es automática. En una república, hay que detallar qué pasa si hay una vacante. En Francia, por ejemplo, reemplaza al jefe del Estado, de forma interina y hasta la convocatoria de nuevas elecciones, el presidente del Senado. En Italia y Alemania, donde el jefe del Estado no es nombrado de forma directa por los ciudadanos y cuenta con poderes más limitados, también es sustituido por el presidente de la Cámara alta o del Bundesrat. En Portugal, la interinidad recae en el presidente de la Asamblea, la única Cámara legislativa. 

Tajadura señala la sugerente paradoja: tradicionalmente, se afirmaba que las monarquías tenían como ventaja la sucesión automática, la falta de vacío de poder. "Ahora se invierte el argumento. En las repúblicas, se detalla quién reemplaza de inmediato al jefe del Estado. Ahí están Italia, Alemania, Francia o EEUU, donde si cae o muere el presidente, como pasó con Nixon o Kennedy, les sucede el vicepresidente. Ahora la presunta ventaja de la monarquía no es tal. Aquí estamos viviendo una suerte de vacío de poder. 

El debate, por tanto, es rico en matices. Y complejo, por la evidencia de un vacío legal. Pero al menos existe, y no tiene vocación de marcharse, al menos mientras persistan los nubarrones sobre la salud de Juan Carlos y la negra tormenta del caso Nóos. 

Tras dos horas y cuarenta minutos de intervención con anestesia general, a las 23.30 horas del martes, la Zarzuela remitía a los periodistas un escueto mensaje: concluía "con éxito" la operación de la cadera izquierda del rey. Pero había que esperar a la tardía rueda de prensa para saber qué había pasado en quirófano. Pero faltaba por saber qué había pasado en la sala de operaciones. 

La respuesta llegó al cabo de casi tres cuartos de hora, a las 0.10. En síntesis: al monarca se le colocó una prótesis temporal recubierta de antibióticos, lo que obligará a Juan Carlos a regresar al hospital al menos dentro de ocho semanas para que se le implante la ortopedia definitiva. Era la fórmula en dos tiempos, la más larga, pero la que a juicio de los médicos era la "más indicada". En total, sumando las dos entradas al hospital y las recuperaciones posteriores, el jefe del Estado no estará plenamente restablecido hasta dentro de 14 semanas, tres meses y medio. 

Miguel Cabanela, el cirujano gallego venido de la clínica Mayo de Rochester (EEUU), capitaneó la breve comparecencia –12 minutos– ante los medios de comunicación que aguardaban en el hospital privado Quirón Madrid, en Pozuelo de Alarcón. A su derecha, su colaborador en el centro de Minnesota, el estadounidense Robert Trousdale, y el director de Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso. A su izquierda, Ángel Villamor, el traumatólogo que le intervino en la cadera izquierda en noviembre de 2012. "Afortunadamente todo ha sido bueno para nosotros, para el rey y para el país", prologó el doctor.

El médico relató que los gérmenes "de distinta clase" causantes de la infección en el tejido periprotésico eran dos –el staphylococcus hominis (cultivado en la aspiración de hace una semana) y el propione bacterium–, "no enormemente virulentos", pero como la infección "mostraba una enorme cantidad de células, parecía indicado hacer la reconstrucción en dos tiempos". Esta noche se le extrajo la ortopedia implantada en 2012, que como estaba "bien fija", se pudo hacer causando el "mínimo trauma", tanto en el tejido de la copa –parte alta de la pelvis– como en el fémur, por lo que la prótesis provisional estará "muy estable". En dos sentidos, estable para la movilidad de la cadera y estable en la fijación de los dos lados de la prótesis al hueso. La consecuencia, siguió, es que gozará de un "mayor confort" y de un "cierto grado de autonomía". "Esperemos que se lo tome con calma", aconsejó.

En las seis primeras semanas, Juan Carlos recibirá antibióticos por vía intravenosa. Aún no se conoce cuáles, porque todo dependerá de la "sensibilidad" de los gérmenes, y estos en principio no parecen ser "resistentes" a los antibióticos "potentes" que se utilizan en estos casos. Luego seguirá un periodo de 15 días de "vacaciones" de medicación y después, si todos los test de laboratorio son "normales", llegará la segunda intervención en quirófano, que revestirá un riesgo "mucho menor". Esta será, pues, "como mínimo", dentro de ocho semanas. 

Rueda de prensa sobre la operación de Don Juan Carlos

El médico también dio algunos pormenores de la recuperación, a preguntas de los periodistas. Permanecerá ingresado en el centro privado "entre cuatro y siete días, aunque no tiene demasiada importancia que esté cuatro, seis, ocho o nueve días". El hecho de que haya sido posible extraerle el implante sin abrirle el fémur hace que, en el periodo entre las dos intervenciones, pueda tener una "vida activa" mayor. Es decir, podrá retomar su agenda, aunque de forma "limitada". "No me gustaría que se fuera a Talavera de la Reina, y digo Talavera de la Reina como diría Vitigudino de Abajo. No creo que sea lo mejor para su recuperación que se vaya a una inauguración pasando tres o cuatro horas en el coche. Pero una vida en palacio, con audiencias... Yo no sé exactamente qué hace un rey", bromeó, entre las risas de los periodistas.

Esa aclaración, por sí misma, ya descartaba que el monarca pudiera acudir a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, los días 18 y 19 de octubre. Se le preguntó si no obstante podría asistir a la otra gran cita anual de Juan Carlos, el desfile militar del 12-O, fiesta nacional. "Eso es un contundente no. Significa que tendría que estar de pie, imagino que en una posición firme durante un periodo largo de tiempo... Al menos eso es lo que he visto en la tele –dijo con sorna–. O sea que no, eso yo creo que no es admisible". 

Distinto es el timing del postoperatoriotiming . "Si tiene humor", se puede levantar de la cama este miércoles, para luego poder caminar "con un andador o con dos muletas". El médico le pondrá ejercicios de brazos y piernas, sesiones en la piscina, convenientes para este tipo de intervenciones, pero "no una rehabilitación agresiva". Caminar con normalidad, sin el apoyo de muletas, no será posible hasta "seis semanas después" de la segunda intervención, especificó. Así que el cómputo total de la baja asciende a tres meses y medio. 

Cabanela desveló que antes de la operación de este martes se habían practicado tres biopsias, y las tres mostraban "evidencia de exudado inflatamatorio", lo que ya hacía ver que iba a ser necesaria una intervención en dos tiempos. Una gran inflamación, según había adelantado el viernes, hacía más complicado resolver el problema de una vez. Lo que se sigue desconociendo es la causa de la infección. "Especular no es científico", dijo lacónico. 

Un espontáneo desnudo a la puerta del QuirónEl rey Juan Carlos había llegado a la clínica sobre las 15.15 de la tarde

, después de su última actividad oficial, la presentación de cartas credenciales de 16 nuevos embajadores. "Bien, ahí voy", les dijo desde su automóvil a los periodistas apostados a las puertas del Quirón Madrid. A las 20.20, llegó la reina al centro, cuando el monarca ya se encontraba en quirófano, pero antes de que la Zarzuela comunicara el inicio de la intervención quirúrgica, a las 20.53. Minutos antes se había acercado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien permaneció casi una hora en el hospital. Poco después lo hacía la hija mayor de los reyes, Elena. Y a las 22.45 entraban por la Quirón los príncipes de Asturias. 

Un hombre había irrumpido desnudo en la entrada del Quirón poco después de que llegara Sofía, gritando reiteradas veces: "No a los crímenes secretos de la CIA", mientras lanzaba al aire papeletas con su nombre. "Carlos Díaz Fernández, escritor: invítame a hablar o divulga mi denuncia", se podía leer en las tarjetas, junto con un número de teléfono y una dirección de correo. Los agentes de la Guardia Civil le detuvieron cuando intentaba acercarse al coche del que se había bajado poco antes la reina. 

Poco antes de la comparecencia de Cabanela, salieron del Quirón la reina, los príncipes y Elena. Ninguno se explayó ni adelantó si la operación se haría en uno o dos tiempos. "Estamos muy contentos porque [por] el aspecto de los médicos al contarnos cómo había ido todo estaban muy animados, y había ido todo como la seda, [así que] nosotros muy contentos y animados también", respondió Felipe. 

El Príncipe dice que la operación del Rey ha ido "como la seda"

"La abdicación es un acto personalísimo del rey y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación". La frase, categórica, la firmaba ayer viernes Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, en un gesto que enseguida se interpretó como un modo de zanjar los rumores de una eventual renuncia del jefe del Estado, que llevan meses coleando. Pero Spottorno también se refirió a la inhabilitación y a la tarea de representación de la Corona. Términos no equiparables y que la Constitución de 1978 distingue a lo largo de su Título II. 

1. Abdicación. Está contemplada, siquiera sucintamente, en el artículo 57. 5: "Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Nada más. No hay más referencias. Pero es que ni siquiera los distintos Gobiernos, del PSOE y del PP, han llevado a las Cortes esa ley orgánica que prevé la Carta Magna, un texto que han exigido en numerosas ocasiones distintos constitucionalistas. Pero la falta de una norma legal no impediría la abdicación si realmente Juan Carlos tuviera la voluntad de ceder el trono a su hijo, el príncipe de Asturias. Los expertos han venido señalando que bastaría con que la decisión se tomara y los partidos se pusieran manos a la obra, pactando una tramitación ágil. El PSOE, por lo pronto, ya ha propuesto que se elabore esa ley y se apruebe otra para fijar el estatuto del heredero. Fuentes de la Moncloa reiteraron ayer, sin embargo, que el Ejecutivo sigue sin plantearse la necesidad de redactar un texto que regule la sucesión al trono, informa Yolanda González. 

De cualquier modo, la determinación de abdicar o no recae, como dijo Spottorno, exclusivamente en el monarca. Así lo han hecho recientemente sus homólogos en dos países europeos: Beatriz de Holanda cedió la corona a su hijo, Guillermo Alejandro, en abril; y Alberto II de Bélgica se la pasó a su primogénito, Felipe, en julio. Desde la Zarzuela siempre han rechazado las comparaciones y sus portavoces se han remitido a la distinta tradición de la Casa Real española. Además, el propio Juan Carlos se ha encargado de intentar acallar las especulaciones (sin éxito): en enero, con motivo de su 75 cumpleaños, respondió en una empalagosa entrevista en TVE a Jesús Hermida que se encontraba "en buena forma y con ilusión para seguir adelante". Meses después, también en la televisión pública, la institución volvió a subrayar que la abdicación del soberano no entraba en ningún plan. Y en junio pasado, en una conversación informal con periodistas, acusó de "mentir" a los que decían que estaba "enfermísimo". "Estoy estupendamente, es un asunto de tornillos", verbalizó entonces.

Las funciones del artículo 62 de la Carta Magna

2. Inhabilitación. "Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad". Es el artículo 59. 2 de la Carta Magna. Aquí concurren dos condiciones: que el monarca vea mermadas sus facultades y que esa situación se la reconozca el Parlamento. Spottorno incidió en que no es posible hablar de este supuesto "de ningún modo", porque ni Juan Carlos va a dejar sus funciones durante su convalecencia ni las Cortes, por tanto, van a pronunciarse. 

3. Representación. Si Juan Carlos no va a proceder a la abdicación ni tampoco va a ser inhabilitado, ¿va a delegar sus funciones en su hijo? No, aclaró Spottorno: "El rey es el jefe del Estado y sus funciones no son delegables. Ni el príncipe de Asturias ni nadie pueden hacer aquellas funciones que correspondan al rey en su condición de jefe del Estado", silabeó. El jefe de la Casa se refirió a las tareas que recoge el artículo 62 de la Constitución, labores que "nadie más" que él puede hacer: sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes y llamar a elecciones, proponer el candidato a presidente del Gobierno, nombrar y separar a los miembros del Ejecutivo, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas... 

Pero distintas son las labores de representación de la Corona, como señaló Spottorno. El ejemplo "más evidente" son las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos a los que acude siempre el príncipe. Pero lo que el heredero no puede hacer es "sustituir" a su padre. Por eso, en la Cumbre Iberoamericana de Panamá, los próximos 18 y 19 de octubre, Felipe de Borbón no pude "sustituir" al rey, porque a esa cita acuden "jefes de Estado y de Gobierno", exclusivamente. En consecuencia, "no debería estar". La representación de España la soportará sólo el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. En cambio, en la fiesta del 12 de octubre, dado que no concurre ninguno de los supuestos del artículo 62, "debe estar el príncipe y la familia real". Se trata de una celebración, no de un acto constitucional. La fiesta nacional y la Cumbre Iberoamericana son las citas anuales más importantes para el monarca. Y en las dos previsiblemente no estará.

Nunca hasta ahora había ocurrido. Nunca hasta ahora el palacio de la Zarzuela, la sede de la Jefatura del Estado, había acogido una rueda de prensa abierta a todos los medios desde la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Nunca la primera institución del país había respondido a las preguntas de los periodistas con micrófonos y cámaras delante, más allá de las comparecencias que seguían a una operación quirúrgica o a un nacimiento de un miembro de la familia en el hospital o clínica que tocara. Nunca hasta este viernes, 20 de septiembre, cuando dio cuentas de la operación en la cadera izquierda a la que se someterá el jefe del Estado "en los próximos días". Pero nunca como hasta ahora habían crecido los rumores sobre la mala salud del monarca y sobre su eventual abdicación. Una puesta en escena inédita para una situación insólita. La Casa del Rey, un aparato de poder que jamás da un paso de forma casual, buscaba un potente golpe de efecto para trasladar dos mensajes inequívocos: uno, dar la impresión de "tranquilidad", de que Juan Carlos tiene achaques, pero no está gravemente enfermo; y dos –y más importante–, "zanjar todas las especulaciones" sobre la renuncia del monarca. Fuentes oficiales de la institución reconocían ayer sin rodeos que ese era el motivo, parar todas las conjeturas que sobre el futuro de la Corona se habían vertido en los últimos años. 

Pasada la rueda de prensa, la institución reconstruía lo sucedido. El 13 de septiembre, el rey pudo esquivar un traspié gracias a los reflejos de los generales que le acompañaban, que le sostuvieron y evitaron su desplome Este pasado lunes, en la apertura del Año Judicial, se le vio torpe y con mala cara. "Desde entonces volvió a especularse con que el jefe del Estado estaba muy mal. La experiencia de otras veces nos decía que no bastaban las fórmulas de siempre, que había que atajar la situación". El miércoles, se decidió que se contaría todo de forma inmediata en cuanto la solución clínica estuviera clara. El jueves, se determinó que habría una reunión con periodistas, bien en formato briefing –una reunión restringida con los responsables de la Zarzuela, pero sin cámaras ni micrófonos–, bien mediante una rueda de prensa. Y ayer mismo se descartó la primera vía. "Necesitábamos lanzar un mensaje directamente, sin intermediarios, con las cámaras delante, que se pudiera retransmitir en radios y televisiones, en directo", relataron fuentes oficiales. Y siempre con la intención de manejar esas dos claves: "Tranquilidad" y "no habrá abdicación". El equipo directivo de la Casa del Rey consultó a Juan Carlos, "y no puso ningún problema". Quedaba enterrada la fórmula del comunicado, el instrumento que la Corona utilizaba siempre para anunciar que el rey entraba en quirófano.

Un repaso a la rueda de prensa –65 medios de comunicación y 110 informadores acreditados, 30 cámaras presentes–, de cerca de 40 minutos y en la que se atendieron una docena de preguntas (ninguna vetada o desechada), permite comprobar hasta qué punto la institución se preocupó de apuntalar esos dos mensajes básicos desde el primer segundo. A ello se afanaron los cuatro intervinientes: Rafael Spottorno, jefe de la Casa; Miguel Cabanela, el jefe del equipo de Cirugía Reconstructiva de la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota (Estados Unidos); Ángel Villamor, el traumatólogo que intervino a Juan Carlos en sus tres anteriores operaciones de cadera, y Miguel Fernández-Tapia, jefe del servicio médico de la Zarzuela. 

"Foco infeccioso" en el tejido periprotésico

Spottorno empezó desdoblando el mensaje de la tranquilidad. Contó que desde primeros de septiembre, el rey había empezado a sufrir "algunas molestias" en su pierna izquierda, dolores que se habían hecho "evidentes" en los actos públicos en los que había participado –el último, el miércoles, cuando recibió a los reyes de Holanda–, en los que se le había visto apoyado en dos muletas. Villamor y Fernández-Tapia estudiaron entonces cuáles eran las razones del "retroceso" en la recuperación de Juan Carlos, que ya en marzo había sufrido la operación de hernia discal. Los dos optaron por consultar a "uno de los mejores especialistas del mundo en cirugía de la cadera", Cabanela. El doctor, natural de Mondoñedo (Lugo), aterrizó el martes en Madrid y comprobó que había un "foco infeccioso" en la zona próxima a la prótesis de la cadera izquierda, la que Villamor le colocó en noviembre de 2012. La ortopedia en la otra cadera, en la derecha, también le había sido implantada meses antes, en abril, a raíz de su caída en Botsuana. 

El rey volverá a ser operado "en los próximos días"

Cabanela tomó la palabra para resumir el cariz de la intervención, la que será la número 13 en la vida del rey, la octava en tres años y medio, la cuarta en sus caderas, la quinta en el último año y medio. A grandes rasgos: cambiar la prótesis infectada por otra nueva, un tratamiento necesariamente quirúrgico que puede hacerse en uno o dos tiempos, dependiendo de varios factores. La rehabilitación, señaló, se puede prolongar por un espacio de ocho semanas hasta seis meses. Todo se haría en Madrid, en un hospital aún por determinar. Spottorno retomó el hilo de las explicaciones para garantizar la "normalidad institucional", un eufemismo que le servía para adelantar que nadie asumiría las funciones del monarca durante su convalecencia. 

La primera pregunta, de la informadora de RNE, sirvió al jefe de la Casa del Rey para cincelar la idea de que no habrá renuncia. Y aquí sí que prefirió no recurrir a explicaciones alambicadas: "La abdicación es un acto personalísimo del rey y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación" en su hijo Felipe, de 45 años. Y tampoco cabe la inhabilitación por parte de las Cortes Generales porque no se han visto mermadas sus facultades, apostilló. En realidad, no es la primera vez que desde la Zarzuela se niega el espinoso asunto de la sucesión, porque periódicamente ha ido emergiendo, incluso cuando se produjeron las salidas del trono de la reina Beatriz de Holanda y de Alberto II de Bélgica. "Es un continuo. De modo que había que atajar las especulaciones", puntualizó un portavoz. 

Operación, finalmente en Madrid

Pero más declaraciones públicas caminaron en el mismo sentido. Spottorno admitió que se había barajado la posibilidad de que Juan Carlos fuera intervenido en Estados Unidos, pero la "opinión unánime" del equipo médico y la del propio monarca es que las condiciones clínicas en España son "ampliamente suficientes", de modo que "no parecía razonable en modo alguno" llevarlo al extranjero. Ello, además, habría multiplicado las especulaciones sobre su salud. Durante la mañana incluso se había publicado que iba a ser trasladado a EEUU para tratarle de algo relacionado con el nódulo "benigno" que se le extirpó en Barcelona en mayo de 2010. Lo que aún no se ha decidido es el centro madrileño donde ingresará, ni si será público o privado. Se pretende que la "interferencia en la vida sanitaria" sea "mínima". El coste, por cierto, correrá a cargo de los presupuestos de la institución, que en 2013 ascendieron a 7,9 millones de euros. 

Spottorno subrayó que en el tiempo que dure la convalecencia no habrá delegación de funciones del monarca, básicamente porque lo impide la Constitución. Lo único que recae en el príncipe son labores de "representación" de la Corona, no de "sustitución" de la actividad oficial del rey como jefe del Estado.

La cuestión es importante porque están a la vuelta de la esquina los dos actos institucionales más importantes del año para la Corona: la fiesta nacional del 12 de octubre y la Cumbre Iberoamericana de Panamá, los días 18 y 19. A la primera Felipe y el resto de la familia acudirá, porque no se despliegan funciones constitucionales, pero no a la cita internacional, porque sólo acuden "jefes de Estado y de Gobierno". 

Hechas esas aclaraciones, la comparecencia se adentró en los detalles técnicos de la intervención, siempre enmarcados en un cierto optimismo y siempre incidiendo en que el rey, pese a todo, está en buena forma. "Su estado general de salud es bastante mejor que la media de pacientes de su edad, es un hombre vigoroso que está muy bien para su edad", que toma incluso "pocas medicaciones", apuntó Cabanela. Su estado anímico "es muy bueno", aunque una recaída "desanima a cualquiera", completó Tapia. Más aún: tanto la reina y el resto de la famiia, tras la inicial "preocupación", siente un "gran alivio" al conocer la causa, un germen que ha provocado la infección, así que se puede atisbar la "luz al final de este breve túnel", redondeó Spottorno. Fuentes de la institución recordaban cómo el mismo soberano confesó encontrarse "en buena forma forma y con ilusión para seguir adelante" en una entrevista en TVE el pasado enero, en su 75 cumpleaños, y cómo luego, en junio, pasada su operación de hernia discal, de la que se recuperó rápidamente, dijo estar "estupendamente". 

Operación en una o dos fases

El palpable tono optimista de la rueda de prensa contrastaba, sin embargo, con el dato de que sólo entre un "1% y 2% por ciento" de las intervenciones de cadera "en los países del primer mundo" deriva en una infección. Cabanela admitió, no obstante, en que no era algo "normal", que es una "complicación". Y echando un capote a Villamor, recalcó que la anterior cirugía en la cadera izquierda, de noviembre de 2012, estuvo "bien ejecutada", y que él mismo ha tenido que bregar con infecciones de sus pacientes. Villamor atribuyó la recaída a la "mala suerte", a que "de repente" aparece el germen y se aloja en esa zona, en el tejido periprotésico, el que rodea a la prótesis. 

Ahora está por ver en qué momento exacto –aún faltan los resultados de unas pruebas patológicas– y dónde se practica la operación. Y también si se hace en uno o dos tiempos. Es decir, si se le extrae la prótesis y se le pone una nueva en el mismo momento o si, por el contrario, se le quita la ortopedia infectada y se le coloca una temporal con una capa recubierta de antibióticos en grandes dosis para, al cabo de ocho semanas, reemplazarla por la definitiva en una segunda intervención quirúrgica. Si se hace en dos fases, el porcentaje de éxito está entre el 92% y el 94%. Si sólo entra en quirófano una vez, hay mayores garantáis aún. Que se haga en uno o dos tiempos, añadió Cabanela, dependerá del tipo de germen que ha generado la infección, las condiciones del tejido en el momento de la cirugía, si hay muestras de inflamación o no... y del estado del rey, que en este caso "es muy bueno". 

El jefe del Servicio Médico de la Casa del Rey, Miguel Fernández-Tapia; el doctor Miguel Cabanela, Rafael Spottono y el traumatólogo Ángel Villamor (de espaldas), ayer viernes por la tarde al final de la rueda de prensa en el palacio de la Zarzuela | EFE

La rehabilitación se prevé "rápida". Al padecer un foco infeccioso que debe ser tratado con antibiótico intravenoso entre las "cuatro y las seis primeras semanas", "lo que le va a atar un poco a estar cerca de casa", según contó Cabanela. Eso no le impedirá actividades "relativamente restringidas" y caminar "todo lo que pueda físicamente". Después de las seis semanas, "su capacidad motora será mucho mayor", aunque "caminar normalmente le va a llevar más tiempo". La hospitalización, de cualquier modo, sería breve, de entre cuatro y siete días. 

Los pasos "en la línea de transparencia"

La Zarzuela aseguraba ayer que no hay que entender la rueda de prensa, la primera de toda la historia, como un hecho aislado. Fuentes oficiales recordaban, en ese sentido, que la Corona "lleva dando pasos importantes en esta línea de transparencia" desde hace años. En concreto, desde que desnudó sus cuentas, desde que desglosó los presupuestos que le asigna el Gobierno, si bien nunca ha descubierto el patrimonio de los miembros de la familia real. "Esperamos que esta comparecencia sea la primera de otras tantas", adelantaban. 

La experiencia, en cualquier caso, estaba virgen en democracia. Ha habido en este tiempo briefings, o alguna comparecencia para los zarzuelitas –los periodistas que cubren habitualmente información de la Casa–, o eventos tipo pedidas de mano, con algunas declaraciones. Pero jamás con este formato, como se encargaban de resaltar desde la Jefatura del Estado. Y han sido los fuertes y persistentes rumores del fin del rey los que han precipitado la apertura. Eso sí, ha llegado tras casi cuatro décadas después de la llegada de Juan Carlos al trono. 

Desde la publicación de su primer tuit, en diciembre de 2011, @mujtahidd ha utilizado como instrumento la red social para trasladar a la opinión pública la supuesta corrupción que salpica a la monarquía saudita y el juego de poderes que se esconde tras la sucesión del actual rey Abdalá bin Abdelaziz.

"Lo único que puedo decir es que soy de Arabia Saudita", ha respondido @mujtahidd a la cadena británica BBC Mundo, interesada en conocer su identidad después de que la semana pasada el tuitero superara el millón de seguidores tras publicar algunas claves sobre el dilema del heredero del trono.

Muchos sospechan de que podría ser una organización coordinada por diferentes miembros localizados en diferentes países mientras otros apuntan a que es un miembro de la Corte que está filtrando información. De cualquier modo, lo que sí es cierto es que a lo largo de varios años, este usuario ha denunciado todo tipo de escándalos que comprometen a la familia real del país del Golfo Pérsico, que permanece en el trono desde el siglo XVIII. "Tanto es el nivel de detalle de la información que es difícil no tomarla en serio", ha afirmado Abdirahim Saeed, periodista del servicio árabe de la BBC.

Sus últimas revelaciones destacan una posible disputa dentro de la familia saudita por la sucesión del trono. Según ha publicado en su cuenta de twitter, el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz, está gravemente enfermo y señala al viceministro de Interior, Mohammad bin Nayef, como el principal candidato a la sucesión debido a su poder sobre las fuerzas de seguridad, sus contactos con EEUU y su capacidad de contener a la oposición. Otras de sus denuncias tienen que ver con los supuestos excesos de la élite saudita, los acuerdos que los gobiernos de Kuwait y Jordania habrían suscrito para oprimir a la oposición kuwaití.

Tras acceder a mantener una entrevista con la cadena BBC Mundo, en la que se ha expresado en un inglés fluído, ha confirmado que sus fuentes se encuentran tanto en el seno de la Corte real como en algunos ministerios y embajadas. “Algunas veces la gente voluntariamente me da información confidencial o documentos”, ha asegurado. A pesar de rechazar a dar a conocer su identidad, afirma ser periodista y se considera “un activista por definición”.

“Yo estoy a salvo y es probable que el régimen conozca mi identidad. Pero no la pueden revelar. Reconocer que alguien como yo sabe todos estos detalles intrincados es un desastre”, ha explicado.

Preguntas incómodas

En una ocasión @mujtahidd le preguntó por twitter al hijo menor del rey, Abdul Aziz bin Fahd lo siguiente: "¿Es verdad que su palacio en Riyadh es más grande que la residencia del rey y costó 12 billones de riyales porque está compuesta de varios palacios?" y "¿es verdad que tiene dos millones de metros cuadrados de área y su construcción empezó en 1994 y terminó en 2003 y el costo real fue tres billones y el resto (nueve billones) se fue para usted y Hariri (exprimer ministro del Líbano)?". No mucho más tarde, Abdul Aziz respondió que sus alegatos eran "calumnia" y lo calificó como un "instrumento pagado".

"Parte de la credibilidad de @mujtahidd", el periodista de la BBC, "es que ha logrado que los políticos le respondan. De ser mentira no le responderían", ha añdido

Apoyo social

Los medios sauditas, controlados en su mayoría por la realeza, han transmitido la voluntad del Gobierno de poner fin al anonimato en twitter en el país del Golfo Pérsico, donde la red social tiene más de tres millones de usuarios. En un país donde no hay sitio para la pluralidad política y los activistas son víctimas de persecuciones, la oposición está obligada a organizarse desde el exterior. Ante un contexto como éste, @mujtahidd se ha convertido en una figura revolucionaria ejemplar para muchos sauditas que también comparten, según ha afirmado, su “interés por exponer la corrupción y pelear contra el engaño y la hipocresía".

En una entrevista de La Sexta recogida por Europa Press, se ha reafirmado en la propuesta que hizo ayer de que el monarca deje el trono para impulsar una nueva etapa liderada por el príncipe como jefe del Estado, aunque ha lamentado que se haga "una lectura muy parcial" de su reflexión.

El dirigente socialista ha explicado que los cambios en la monarquía forman parte de un conjunto de medidas encaminadas a abrir "una nueva era" en las instituciones, con una reforma de la Constitución y cambios en el sistema democrático y en los partidos. Navarro, que ha reconocido contactos con dirigentes del PSOE tras su anuncio, ha admitido que sus compañeros "evidentemente tienen una dificultad para comprender" la coincidencia de su anuncio con el debate sobre el estado de la nación.

Debate sobre la república

Preguntado por cómo un republicano puede defender la abdicación del rey en el príncipe, ha sostenido que lo importante ahora es perfeccionar las instituciones existentes, aunque ha abierto la puerta a debatir sobre la conveniencia de instaurar una república en el marco de la reforma de la Constitución.

El primer secretario socialista ha negado también que con su propuesta tratase de desviar la atención sobre la trama de espionaje en Catalunya, y ha vaticinado que los temas relacionados "con esa especie de novela van a continuar saliendo".