Cada año cientos de mujeres madrileñas y de otras comunidades cercanas acuden al Hospital de Torrejón para dar a luz. El paritorio es uno de los servicios más reputados de un hospital que se ha puesto en entredicho en las últimas semanas por las declaraciones de su CEO. No obstante, esta gestión también ha acabado afectando al servicio dedicado a los partos y las matronas han dicho basta. El equipo de matronas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) remitió en marzo una carta a la dirección alertando de que "las circunstancias actuales sobrepasan y limitan nuestra capacidad para brindar una atención segura y de calidad". La situación a finales de año sigue siendo similar.

En Barcelona, las circunstancias también dan pistas de estar llegando al límite. Algunos centros hospitalarios han buscado personal de manera urgente anre la posibilidad de que hubiera escasez de matronas en las fiestas. El déficit de personal y la sobrecarga también se trasladan a otras comunidades, como Toledo, donde las profesionales denuncian que sus tareas están siendo sustituidas por enfermeras sin ningún tipo de especialidad.

La precariedad y la falta de reconocimiento de las matronas provocan que el problema sea transversal en toda España. El ratio de matronas es significativamente bajo en comparación con la media europea y de la OCDE, con aproximadamente tres matronas por cada 10.000 mujeres o unas 12,4 por cada 1.000 nacimientos, frente a las siete por cada 10.000 mujeres (OCDE) o 25 por 1.000 respectivamente. Esto refleja un déficit crónico que afecta a la salud materna y reproductiva, con más de 5.000 matronas necesarias para alcanzar los estándares europeos.

Rosa Navarro, matrona en un hospital de Cataluña que prefiere no desvelar, asocia la situación a una falta de recursos provocada por la ausencia de voluntad política. "Se ha retirado mucha gente y las matronas que salen son tan pocas que no cubren las jubilaciones. No hay voluntad política ni de crear nuevas plazas con el sistema que hay ahora, pero tampoco de volver a tener esa carrera independiente que sí generaría bastantes más plazas. No hay relevo y ya no podemos más", denuncia.

Las matronas reclaman que, además del aumento de plazas y recursos, una de las soluciones para atraer a más profesionales es la mejora de su reconocimiento. El Colegio Oficial de Enfermería exige una reclasificación profesional que las cambie del grupo A2, en el que están las enfermeras sin especialización y fisioterapeutas, al A1, en el que están los médicos de familia y los médicos especialistas. "Cualquier grado de cuatro años, por ejemplo Psicología, es un grado A1 en la administración pública y las matronas no lo tienen con seis años de formación, que son dos años extra. Además, el nivel de responsabilidad que tienen es muy alto porque de ellas dependen la madre y el feto", denuncia Lola Ruiz, doctora en Historia y autora de Historia de las matronas en España.

Además de la preparación del embarazo y la etapa posparto, las matronas denuncian la falta de recursos y de personal, que no les permite llegar a todos los programas que tienen bajo sus competencias. Sus tareas también incluyen la pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual, la menopausia o los cribados de cáncer de cuello uterino, el cuarto más común en las mujeres según la OMS.

"A los responsables se les llena la boca diciendo que las matronas van a ser las responsables de un nuevo programa de infecciones de transmisión sexual o de sexualidad, pero nos preguntamos cómo y, sobre todo, cuándo. Yo estoy recogiendo exudados para un diagnóstico de infección de transmisión sexual a los 20 o 30 días", denuncia Raquel Ortega, matrona en atención primaria vinculada al Hospital de Torrejón. Además, advierte que "las listas de espera van a seguir ampliándose porque queremos trabajar cumpliendo con nuestras competencias, pero necesitamos recursos humanos, materiales y tiempo".

Las matronas arrastran esta falta de reconocimiento desde hace décadas en España, pese a sus logros como pioneras. En el siglo XVIII se convirtieron en las primeras mujeres en acceder a espacios de educación superior como el Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Más tarde, cuando la cirugía y la medicina se integraron en las facultades universitarias, también fueron las primeras mujeres en obtener títulos universitarios.

Durante décadas mantuvieron una identidad profesional sólida, con colegios propios, organizaron congresos y participaron activamente en el debate público. Todo ese recorrido se quebró con el franquismo, que no solo las silenció políticamente, sino que desmanteló su autonomía profesional. "Durante la dictadura perdieron la carrera independiente", explica Ruiz, aludiendo a la unificación con practicantes y enfermeras que las relegó a una especialidad secundaria y marcó un retroceso profundo.

Ese legado no se corrigió plenamente con la llegada de la democracia y tuvo un punto crítico en los años noventa, cuando se dejó de formar matronas en números suficientes. "Hubo un tiempo, entre los años 80 y 90, en el que no se formaron matronas en España y, claro, las últimas que se habían formado en los 80 se están jubilando. Por ello, ese impás temporal de 10 años en los que no se formó a nadie ahora lo estamos empezando a pagar", denuncia Navarro.

Lejos de reforzar una profesión clave para la salud pública, el sistema optó por una planificación que generó un déficit estructural cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad y afectan directamente a las pacientes. La ausencia de reposición ha provocado la desaparición de suplencias, el aumento de las listas de espera y una atención cada vez más tardía a las mujeres, en momentos especialmente sensibles como el embarazo o el posparto.

Ese déficit tiene un impacto directo y medible en la salud de las mujeres. Ortega relata que en su consulta está atendiendo revisiones posparto que deberían realizarse a los siete o diez días y que llegan a los 20 o 30 días, cuando muchos problemas ya se han cronificado. "Eso supone que no detectamos problemas, que las lactancias complicadas muchas veces acaban en lactancia artificial", detalla.

Las demoras afectan también al seguimiento del embarazo, generando circuitos asistenciales desordenados que, lejos de proteger a las mujeres, añaden confusión y pérdida de calidad. "Yo en consulta estoy viendo mujeres con la cita postergada que se les junta con la cita en el hospital. No tiene ningún sentido que una embarazada tenga dos citas seguidas, eso no es un buen control del embarazo", insiste Ortega.

A estas disfunciones se suman desigualdades asistenciales difíciles de justificar, que afectan especialmente a las mujeres mayores. En la Comunidad de Madrid, las mayores de 79 años directamente dejan de tener derecho a una matrona asignada. "No se les adjudica matrona, cuando sí tienen médico, enfermera, fisioterapeuta y trabajadora social", denuncia Ortega. Una exclusión que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que muchas de estas mujeres siguen necesitando atención específica en ámbitos como la sexualidad, la menopausia tardía o los problemas ginecológicos.

Ante la falta de profesionales, el sistema también recurre a una sustitución encubierta como solución. Pese a no tener la especialidad, las enfermeras generalistas acaban realizando las funciones propias de una matrona. Una solución que no solo es insuficiente, sino injusta para las pacientes. "No es una buena atención. Incluso las enfermeras me han llegado a decir que hacen lo que pueden, pero que la mujer no ha sido bien atendida porque no tienen los conocimientos", detalla Marisa, matrona en atención primaria en Toledo.

La consecuencia de todo este deterioro es un escenario sin relevo que amenaza directamente la continuidad de la profesión. Sin mejoras reales en las condiciones de trabajo y en el reconocimiento, muchas optan por cambiarse a la enfermería general, adelantar su jubilación o abandonar la sanidad pública, no por falta de vocación, sino por puro agotamiento. "Queremos proteger la sanidad pública, pero cada vez resulta más difícil sostener ese compromiso cuando la sobrecarga es constante y los recursos no llegan", alerta Navarro. La vocación sigue siendo fuerte, pero ya no basta para compensar años de precariedad, responsabilidad extrema y falta de apoyo institucional.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 años de edad que necesiten gafas o lentillas, con independencia de la situación económica de la familia o de su lugar de residencia. Según informa EFE, el jefe del Ejecutivo ha indicado este lunes durante una visita al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas que estas ayudas, denominadas Plan Veo, comenzarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderán a 48 millones de euros.

La dotación económica para estas ayudas procede de una línea de financiación directa del Ministerio Sanidad, que calcula que beneficiarán a medio millón de niños y niñas. Se podrá acceder a esta prestación con independencia de las necesidades visuales de cada menor y de la renta de sus familias o de la comunidad autónoma en la que vivan.

"Hoy damos un pasó más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar", ha sostenido Sánchez. El programa, que se tramitará como real decreto, dotará al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas de una transferencia directa de 48 millones de euros, con la que se cubrirá 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir sus gafas o lentillas para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

Sánchez ha explicado que 721.000 niños y niñas necesitan gafas o lentillas en España, "pero no pueden permitírselas". "Y eso repercute en problemas en los estudios y, a la larga, en dificultades para prosperar. El propio Consejo de Colegios de Ópticos-Optometristas apunta otro dato: que el 30 % de los casos de fracaso escolar está relacionado con alteraciones de la visión. (...) Que un niño pueda ver bien la pizarra de su colegio no puede depender del bolsillo de su familia", ha enfatizado.

El presidente ha asegurado que el Gobierno va a seguir blindando el sistema público de salud "frente a quienes tengan la tentación de malversarlo o de privatizarlo". "Tenemos que escuchar a la inmensa mayoría de la sociedad española, que quiere una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. La salud tiene un coste, pero no tiene precio. Un buen sistema público de salud es la inversión más segura para una sociedad que protege a los vulnerables y que no se rinde ni ante la enfermedad, ni ante la adversidad", ha concluido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha intervenido en el acto para recalcar que con el nuevo programa de ayudas a la visión de la infancia y la adolescencia se inaugura un nuevo derecho, "el derecho a ver bien". "Los derechos tienen que ser universales, y la salud visual, también", ha señalado García, para quien el Plan Veo y la ayuda que va a impulsar es una de las medidas más relevantes del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar y también una de las más transformadoras. Ha afirmado que esta iniciativa tiene vocación de permanencia y, al igual que el presidente del Gobierno, ha hecho hincapié en poner en valor la sanidad pública.

El Ministerio de Sanidad hace así realidad el programa de subvenciones que García anunció en los primeros meses de su mandato. De forma paralela, el Congreso de los Diputados tramita la propuesta del Parlamento de Andalucía para que la sanidad pública asuma la prestación de gafas y otros productos ópticos. La iniciativa parlamentaria, apoyada por todos los grupos, plantea la gratuidad de productos ópticos para todos los menores, mientras que los adultos deberán establecer un máximo de aportación en función de su situación socioeconómica.

Según la Encuesta Europea de Salud de 2020, el 61% de la población utiliza algún producto de salud visual, especialmente gafas y lentillas, aunque con una enorme brecha en función de los recursos, que alcanza hasta 12 puntos de diferencia entre trabajadores no cualificados y directores y gerentes en favor de los segundos.

Adoptó el apodo de la droga de Hollywood. Y la empresa que lo empezó a comercializar lo convirtió en su santo grial. Hoy ya no queda prácticamente nadie que no lo conozca. Ozempic, un medicamento desarrollado en 2012 por la danesa Novo Nordisk, dejó hace tiempo de ser un tratamiento para diabéticos para convertirse en el milagro de quienes querían perder peso sin esfuerzo. O así al menos lo vendieron en redes sociales quienes lo habían consumido con este objetivo. Tras ese fármaco llegaron otros tantos. Y estos sí exclusivos para tratar el sobrepeso o la obesidad. Pero eso sí, puntualizan todos los expertos: sólo la que requiere un abordaje médico, no la construida desde una presión estética que sufren, sobre todo, las mujeres. "Esto no es bótox, no puede convertirse en un tratamiento estético", explica Cristóbal Morales, médico endocrino de la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO). El problema es que eso ha provocado inevitablemente que el debate de su financiación gire, también, en torno a esto. Y que no haya terminado.

Lo popularizaron nombres como el de Elon Musk o Kim Kardashian. El dueño de X (antiguo Twitter) llegó a decir que el fármaco había sido su "motivación para hacer ejercicio" y "comer más sano". Las fotos que mostraban la efectividad hicieron el resto. Tanto, que el Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos gestionado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos denunció que el medicamento escaseó en las farmacias durante todo 2024. Y todo 2023. En concreto, el organismo registró 116,8 millones de falta de suministro de Ozempic el año pasado, un 41,7% menos que el anterior. La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) también se hizo eco del problema y alertó de que ocurría porque se estaba suministrando, en muchos casos, de forma ilegal.

Se refería a quienes lo compraban siguiendo los consejos y el ejemplo de Musk o Kardashian. Según detectó el organismo, estaba habiendo casos de prescripción "para indicaciones no incluidas en su ficha técnica" y eso estaba provocando que los pacientes con diabetes tipo 2 se vieran afectados por la falta de suministro. Es decir: Ozempic estaba siendo comprado como milagro adelgazante con una receta dispensada de forma irregular o, directamente, sin ella. "Ha habido intrusismo, o directamente una mala praxis de algunos facultatitovs, pero es cierto que se ha creado todo un mercado negro en torno a este fármaco", lamenta desde el otro lado del teléfono Carlos Miranda, responsable del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La consecuencia directa es evidente: la farmacéutica multiplica sus beneficios. Lleva años ocurriendo así, de hecho. Novo Nordisk obtuvo en 2023 un beneficio neto de 11.225 millones de euros, una cifra un 51% superior a la de un año antes. En 2024 fue todavía mayor: el beneficio superó los 13.000 millones, un 20,7% más. La particularidad es que ese año entró en escena también Wegovy, un medicamento similar pero indicado, este sí, para tratar el sobrepeso y la obesidad. Según indica su prospecto, "Wegovy es un medicamento para perder peso y mantenerlo que contiene el principio activo semaglutida". Igual que el Ozempic. ¿La diferencia? Que este no está financiado. Y que tiene un precio todavía más elevado.

Según lo fijado por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, el Ozempic se vende a 128,15 euros la caja, un importe que en otros países como Alemania se reduce más de un 50%, hasta los 52,7. Wegovy, por su parte, asciende hasta, como mínimo, los 179,89 euros, una cantidad que puede incluso llegar a los 292 euros al mes. Y que en otros países vuelve a ser mucho menor: en Alemania se vende a 125 euros y en Reino Unido a 82,3.

El incontestable éxito —sobre todo el económico— del fármaco llevó a que otras farmacéuticas quisieran replicar el uso de la semaglutida y rompieran, de ese modo, el monopolio que tenía Novo Nordisk. Entró de este modo en escena el laboratorio estadounidense Eli Lilly, que comercializó el medicamento Mounjaro y consiguió, con él, duplicar sus beneficios. En concreto, y según informó la propia compañía, en 2024 ingresó un beneficio neto de 10.214 millones de euros, un 102% más que lo contabilizado doce meses atrás. El fármaco resultó ser una perfecta combinación entre Ozempic y Wegoby. "Mounjaro contiene un principio activo llamado tirzepatida y se utiliza para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2. También se utiliza para tratar a adultos con obesidad o sobrepeso", detalla su prospecto.

Este medicamento llegó a las farmacias de nuestro país el pasado verano y lo hizo, también, sin financiación. Y con un precio muchísimo más elevado. Según la OCU, oscila entre los 271,35 euros y los 358,71 euros al mes, en función de la dosis. Ahora bien, según la organización de consumidores, la requerida para mantenerse es la más elevada y la que requiere, por tanto, el mayor desembolso.

Y por eso surge el debate: ¿debería financiarse? ¿Y Wegovy? Los expertos creen que, como mínimo, hay que discutirlo. Y Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se atreve a aventurar, incluso, que terminará ocurriendo. "La financiación terminará llegando. Son medicamentos eficaces y seguros", señala en conversación con infoLibre.

La afirmación tan tajante tiene un matiz. Básicamente, el que presenta cualquier fármaco: es eficaz y es seguro siempre y cuando se use para lo que indica el prospecto y bajo supervisión médica. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que actualmente se negocia una posible financiación de estos medicamentos y cómo llevarla a cabo. Porque el problema radica en que estos tratamientos no pueden emplearse para bajar de peso por un mero deseo o malestar con la apariencia física. No pueden tener, resume Morales, "un uso frívolo". "Su prescripción debe abordarse, siempre, desde la salud", especifica. Es decir: actuando sobre las consecuencias que puede provocar el sobrepeso o la obesidad.

En este sentido, un estudio reciente ha demostrado que la semoglutida, además de un éxito incontestable en el tratamiento de la diabetes tipo 2, reduce hasta un 57% el riesgo de infarto de miocardio, de ictus o incluso de muerte por causas cardiovasculares en pacientes que tienen problemas de peso graves. Por eso los expertos abogan por facilitar la adquisición de estos fármacos. "Queremos que se usen para adelgazar en quienes tienen riesgo de sufrir un problema grave derivado de un exceso de peso", recalca Morales.

Lo contrario no sólo puede derivar en un desabastecimiento para quien de verdad lo necesita, sino en complicaciones de salud. De hecho, una investigación publicada en Nature Medicine concluyó que el consumo de sustancias como Ozempic puede derivar en desmayos por hipotensión, problemas del sueño, dolores de cabeza, artritis, dolencias gastrointestinales, renales y pancreáticas. Por eso el acceso a estos fármacos debe hacerse siempre bajo control médico y nunca "fuera del circuito", como señala Miranda.

En cualquier caso, si hay algo que explica el boom de este último uso —y que ha derivado de hecho en el desabastecimiento— es la violencia estética que históricamente han sufrido —y, de hecho, sufren— las mujeres. Sobre todo las más jóvenes. Según un informe publicado en 2019 por la UNESCO, el aspecto físico es la principal causa de acoso escolar entre los más jóvenes. Uno de cada cuatro alumnos europeos víctimas de acoso, afirma que la violencia se ha producido alrededor de su aspecto físico. Según el mismo informe, las niñas son más propensas que sus compañeros a ser juzgadas por su físico.

En España, la Fundación ANAR reveló que efectivamente el motivo más frecuente de burla hacia los escolares es su aspecto físico: ocurre así en el 56,5% de los casos. Otro reciente estudio, elaborado por investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), concluyó que la apariencia de los personajes de los videojuegos influye en la insatisfacción de las niñas con su imagen, algo que no ocurre cuando se trata de varones.

La exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género Ángela Rodríguez Pam contó hace unos días en un artículo publicado en este periódico que sucumbió a inyectarse esta sustancia por la presión que sentía sobre su cuerpo. "Sufrir por ser delgada, tratar mal nuestros cuerpos por encajar en no sé qué estándares es algo contra lo que demasiadas mujeres vamos a luchar cada día del resto de nuestras vidas", explicó. Como explica Guillermo Fouce, de Psicología Sin Fronteras, la visión distorsionada de uno mismo puede derivar en un consumo de cualquier sustancia sin importar las consecuencias. Y siempre desde la percepción de que el problema no existe. Hasta que deriva en algo peor.

La desgraciada historia comienza con la Ley 29/1975, de 27 de junio, en la que se crea el organismo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que entonces tenía las características de ser el único mecanismo para conseguir atención sanitaria y además ser de adscripción obligatoria para dichos trabajadores.

Además de esta decisión, en el caso de otros funcionarios del Estado (militares, docentes, judiciales, etc.) se generan otras mutualidades similares (ISFAS, MUGEJU, MUNPAL, …) y con los mismos objetivos: conceder el teórico privilegio a todos los funcionarios para ser atendidos con una pretendida mejoría con respecto a la exigua Seguridad Social franquista, con el agravante de que se trataba de contratar para ello a entidades de medicina privada, es decir, un importante presupuesto económico público terminaba siendo un negocio privado.

La desvergüenza institucional con Muface era privilegiar a los trabajadores propios en lugar de preocuparse por la ciudadanía en general. Es cierto que estamos hablando todavía del período de dictadura franquista, con un Sistema de Seguridad Social para la población muy desorganizado y con unos niveles de calidad muy bajos. En lugar de mejorar la asistencia universal se “decide” premiar a los que trabajan para el Estado.

Recalcar la mentira franquista, que incluso hoy llega a ser invocada, cuando se narra que en tiempos de Franco ya existía Sanidad Pública. La realidad era que sólo aquellas personas que trabajaban y cotizaban tenían derecho a la atención de la Seguridad Social, que por cierto era lamentable en cuanto a calidad. Los amplios sectores que no trabajaban, sobre todo en Andalucía, la única posibilidad que tenían era la beneficencia, con una implantación nula fuera de las ciudades. La realidad entonces era que la población del ámbito rural no contemplaba la opción de acudir a ser atendidos sanitariamente. Podemos asegurar por experiencias propias, que muchas personas de cualquier pueblo andaluz no acudían a un médico en su vida. Para rematar el escenario, lo mismo ocurría con la educación o la protección social de las personas discapacitadas. Las mujeres se constituían de forma obligada en los servicios sociales y en las cuidadoras universales. 

Con la llegada de la transición política y con el fuerte impulso de múltiples colectivos sociales y profesionales en su mayor parte integrados en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se consigue el Servicio Nacional de Salud (SNS) gracias a la Ley General de Sanidad en 1986. Esto dio lugar al desarrollo de una Sanidad Pública de gran calidad en los años posteriores. 

A partir de esa fecha, y ante las críticas de colectivos sociales que reivindicaban ese modelo de Sanidad Pública, la respuesta política fue que la situación de privilegio teórico de las mutualidades debía desaparecer. Es decir, la intención política era que Muface (y el resto de las mutualidades similares) fueran absorbidas, en los tiempos que fueran precisos, por la Sanidad Pública general. Pero eso hoy aún no ha ocurrido.

Desde todo este tiempo, la FADSP y posteriormente las Mareas Blancas, han denunciado que, con un Sistema de Sanidad Pública desarrollado no tenía ningún sentido mantener que la asistencia sanitaria de los funcionarios de un estado fuera atendida por entidades privadas, por la consiguiente distorsión funcional, además del importante montante económico que este hecho significaba. Pero es que, además, este sistema perpetúa unos privilegios y desigualdades entre sectores sociales, lo cual es incompatible con un Servicio Nacional de Salud al que se le exige una atención equitativa a toda la población.

En los últimos años, del millón y medio de posibles mutualistas de Muface, solo queda un millón, ya que el medio millón restante ha decidido pasarse a la Sanidad Pública general. Son sobre todo los mutualistas más jóvenes. Hay varias causas que han conducido a esta disminución. Por un lado, está la percepción general de que la calidad que ofrece el aseguramiento privado se limita, en muchos casos, a la relativa libertad de visita con especialistas, pero carece de la calidad contrastada que ofrece la Atención Primaria pública.

Por otro lado, recientemente se ha comprobado que existen más diagnósticos de cáncer en personas provenientes de Muface que en la población general cuando se analizan las altas hospitalarias de hospitales públicos españoles. Esto puede ser una evidencia indirecta de riesgo de selección por parte de las mutualidades y/o pone de manifiesto el doble aseguramiento de los mutualistas de Muface. Para problemas menores utilizan las instalaciones más cómodas de las aseguradoras y para los problemas graves eligen las instalaciones y los recursos del Sistema Nacional de Salud con mejores dotaciones e infraestructuras para ello. Un doble privilegio financiado con dinero público, lo cual resulta inaceptable por la inequidad que supone con el resto de los ciudadanos.  

Y llegamos al momento actual. Las ganancias económicas de Muface (que son en la práctica sobre todo Adeslas, Asisa y DKV) no les son suficientes. ¿Qué significa en cifras el conflicto presente? Muface supone un gasto de 4.478 millones de euros de presupuestos públicos dirigidos directamente a compañías privadas , para los tres próximos años. Pero ahora quieren que aumente la cuantía en un 40%. Por ese motivo, a la convocatoria pública de renovación no se han presentado y ha quedado desierta . Y posteriormente Adeslas comunica a sus mutualistas que dejara de prestarles asistencia a partir del 31 de enero.

Este hecho ha generado lógicamente una preocupación generalizada en los funcionarios civiles. Este es el chantaje de las aseguradoras privadas: si no se aumenta en un 40% la cuantía del concierto, dejan la atención sanitaria de este colectivo. Para el gobierno central es una obligación mantener a todos los ciudadanos bajo la cobertura del SNS. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha estudiado el problema y ha presentado un plan que hace viable el trasvase total de los funcionarios a la Sanidad Pública. Posteriormente el gobierno ha aprobado una segunda licitación para Muface con una subida del 33,5%. Y el ministro de Administración Pública, Óscar López, se da tres años para “repensar el modelo Muface”. Las contradicciones están servidas.

En cuanto a los sindicatos, CSIF exige la continuidad del modelo Muface mientras que USTEA, claramente opta por el paso de todos los mutualistas al sistema general. Y lamentamos que los sindicatos de clase, como CCOO y UGT, también estén apoyando el mantenimiento de Muface. La coherencia no es gratis, pero es muy aconsejable para no perder credibilidad o generar descrédito y desafección. Los sindicatos de clase deben tener ideología social por encima de defender privilegios para algunos trabajadores.

El dilema de siempre. Entendemos que el mejor modelo sanitario para el país es el de un Sistema Sanitario universal, gratuito, de calidad y 100% público (no sólo la financiación, sino también los servicios). Este es el modelo que la FADSP y las Mareas Blancas defienden y reivindican por muchas razones. Es más eficaz y más eficiente (mejores resultados a menor coste) , es más equitativo, lleva integrado la Promoción de la Salud con programas Comunitarios Preventivos y la atención a la Salud Mental y su eje central es la Atención Primaria. Lo que ocurre, cuando poderosos intereses económicos y/o ideológicos privatizan en distintas formas los sistemas sanitarios también está demostrado. En el Reino Unido la externalización de los servicios a entidades con ánimo de lucro se ha asociado con un aumento de la mortalidad evitable y el National Health Service en el momento actual está prácticamente destrozado . El modelo liberal de asistencia sanitaria en Estados Unidos ha situado a la Sanidad de ese país en una situación desastrosa cuando se compara con el resto de los estados occidentales.  

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en la actualidad en proceso de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Los ciudadanos votan a alternativas de gobierno progresistas para que lo potencien y lo consoliden, no para que sea privatizado y desmantelado. Es que la coherencia ahora, no es que la consolidación de la Sanidad Pública sea deseable, sino que es imprescindible. Así, con un Sistema Nacional de Salud de calidad los funcionarios civiles y de todo tipo, deben recibir la misma y buena atención que toda la población. La inclusión de todos ellos en el sistema público será compleja, pero supondrá un impulso económico y funcional para recuperar una Sanidad Pública de la mayor calidad para toda la población sin excepción.

___________________________

Antonio Vergara de Campos es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero es ex Jefe de Servicio (jubilado) de Inmunología Clínica en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

La última protesta fue en Cantabria. Más de 4.000 personas, según los organizadores, se concentraron a las puertas del hospital de Laredo para reclamar medidas al Gobierno regional. Y urgentes. No hay médicos, denunciaron. Los servicios sanitarios ya agonizan. Y la situación, por tanto, es insostenible. Sin embargo, no es un caso aislado. Las batas blancas, los fonendos y las pancartas que claman por una sanidad pública y de calidad son ya imágenes frecuentes en toda España. Casi sin excepción. La pandemia puso sobre el espejo un sistema que ya adolecía de múltiples problemas que ahora, según reflejan todos los indicadores que se van publicando, parecen ya enquistados.

El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2023 publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad es el último ejemplo. Sus datos son tajantes y confirman lo que otros números ya habían adelantado y lo que voces expertas de profesionales y de colectivos ciudadanos llevan años denunciando: cada vez hay más listas de espera, cada vez más ciudadanos echan mano de la privada y, por ello, cada vez hay más enfado con el funcionamiento de la sanidad pública. Para muestra, un dato: en 2019, antes de la crisis sanitaria, sólo un 4,1% de los ciudadanos opinaban que era necesaria una reestructuración del sistema. Hoy son el 14,3%.

Pero para entenderlo es necesario que se analice punto a punto. Y el primero que explica la situación es el referido a la espera para ser atendido. No hay comparación. En 2023, que es el año que se analiza en el documento de casi 200 páginas del Ministerio, el 69,8% de la población esperó más de un día en conseguir una cita en su centro de salud. Nunca antes había habido un dato igual. En 2019 por ejemplo ese porcentaje fue del 50,6%; en 2022, del 67,1%.

Leamos ahora el dato contrario: en 2019 el 15,5% conseguía ser atendido el mismo día que lo solicitaba; hoy sólo tiene esa suerte el 9,1%. Y hay más: antes de la crisis sanitaria el 26,8% conseguía una cita para el día siguiente, un porcentaje que hoy ha caído hasta el 12%.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda se encuentra la atención especializada, cuyos números, desde la crisis del covid, han mejorado de manera paulatina. Hay varios indicadores que lo muestran. El primero es el tiempo medio de espera para obtener una consulta, que ha bajado desde los 95 a los 87 días —un número similar al que había en 2019 y muy inferior al registrado en 2020, cuando esta atención se vio casi paralizada por completo.

Un paciente espera hoy, de media, 112 para ser sometido a una cirugía no urgente. Hace un año eran siete días más, prácticamente lo mismo que en 2020.

En cualquier caso, es la atención primaria la que profesionales y expertos siempre califican de pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud. Lo considera así hasta el Ministerio de Mónica García. "Seguimos pensando en atención primaria como la puerta de entrada, cuando en realidad es el director de orquesta. Nada ocurre en el sistema sanitario sin la atención primaria, que es la más efectiva, la más eficiente, la más segura y la única que nos acompaña a lo largo de la vida. Además, es la que tiene más evidencia científica sobre sus efectos para disminuir la mortalidad, los ingresos y las estancias en urgencias", señaló el secretario de Estado Javier Padilla en una entrevista en infoLibre.

Y dijo más: lo más importante es que el paciente lo valore. Y eso no pasa. Y cada vez va a peor. El informe publicado este lunes también da cuenta de ello. A nivel general, la nota con la que los ciudadanos califican el Sistema Nacional de Salud es la más baja desde el año 2012: entonces era un 6,57; hoy es un 6,27. Pero si se acerca la lupa para ver el detalle, el resultado es aun peor.

Junto con 2022, 2023 es el año de la serie histórica analizada —de nuevo desde 2012— en el que hay un mayor porcentaje de población que opina que es necesario rehacer el sistema sanitario. En concreto, lo piensa así un 14,3% —en 2022 era un 14,5%—, un porcentaje más de nueve puntos superior al que había en 2012. En paralelo, y esto parece obvio, el porcentaje de quienes piensan que el SNS "funciona bien" es el más bajo de la última década. Tan sólo un 56,7% de pacientes lo piensa, mientras que en 2012 lo hacía un 70,7%. Antes de la pandemia, en 2019, quienes pensaban de ese modo eran el 72,1%.

Esto tiene una consecuencia muy clara. Los defensores de la sanidad pública han alertado de ella en múltiples ocasiones pero es que además cada vez hay más evidencia: cuanto peor es la calidad y la valoración de la sanidad pública, mayor es la tajada que saca la privada. En el informe se observa en el llamado "gasto de bolsillo" que hacen los ciudadanos. En 2021 —el último año analizado en el informe— los ciudadanos desembolsaron de media 484,9 euros por persona en bienes y servicios sanitarios, una cifra un 23,1% más elevada de la registrada en 2017 —393,9— y un 20,5% más alta que la de 2020 —402,2— . Pero es que, además, el porcentaje de población con "grandes gastos sanitarios" —es decir, con más de un 10% de su presupuesto destinado a sanidad— ha pasado de ser un 7% a un 10%.

Si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno, además, tampoco salimos demasiado bien parados. Según el informe del Ministerio, el gasto medio de la Unión Europea en bienes y servicios sanitarios durante 2020 fue de 965 en el índice Estándar de Poder Adquisitivo de Eurostat, mientras que en España fue un 6,3% más elevado: 1.026.

En este mismo sentido, el pasado mes de julio la patronal Unespa publicó los datos relativos a los ingresos del sector de los seguros privados hasta junio de este año, unas cifras que apuntalaron la idea de que, efectivamente, el negocio de la sanidad es el gran ganador de esta situación: sus ingresos en el primer semestre del año ya superaron los 6.000 millones de euros, un 7,4% más que un año antes, cuando las ganancias fueron de 5.673 millones en el mismo periodo.

El 78,6 % de la población española afirma haber acudido a un centro de Atención Primaria en el último año, y, de ellos, el 69,8 % afirma que ha tenido que esperar más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido en consulta porque "no había cita antes", concretamente la media de demora fue de 9,12 días para ser vistos en consulta, cifra superior a los 8,8 días de 2022, según se desprende del Barómetro Sanitario de 2023 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este miércoles, según informa Europa Press.

Con respecto a la problemática de las listas de espera, el 43,5 % de los ciudadanos piensa que sigue igual el problema de las listas de espera hospitalarias; el 33,9 % piensa que ha empeorado en los últimos 12 meses; y solo el 11,3 % piensa que ha mejorado.

Así, los datos reflejan que el 38,2 % de las personas remitidas desde Atención Primaria han esperado más de tres meses hasta ser atendidos por el especialista, sin cambios relevantes respecto a 2022. No obstante, el 81,4 % de las personas que han utilizado los servicios de Atención Primaria manifiestan estar satisfechas con la atención recibida, aumentando ligeramente respecto a 2022 (79,7%).

En lo que respecta al tipo de atención recibida en la Atención Primaria, el 78,6 % ha recibido atención presencial, frente al 66,9 % de 2022, incremento relacionado con el descenso de las consultas telefónicas (del 31,3% al 19,9%). Solo un 21,1 % de los pacientes fueron atendidos en el día o al día siguiente.

Por otro lado, el 47,8 % de las personas entrevistadas refiere haber consultado un especialista del segundo nivel asistencial de la sanidad pública en los últimos 12 meses y el 82,8 % valora positivamente la atención recibida. Un 42,3 % acudió a estas consultas por indicación del médico de Atención Primaria y el 55,4 % por citación del propio médico especialista tras una consulta anterior.

En líneas generales, la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público se mantiene con un 6,27 en 2023, valoración que parece estabilizarse tras su descenso en 2022 (6,26) respecto a la situación prepandémica en 2019 (6,74).

Las urgencias 112 y 061 son el servicio más valorado con una puntuación de 7,42 y los ingresos en hospitales públicos con un 7,23. Las consultas en Atención Primaria tienen una valoración de 6,37 y las consultas de atención especializada un 6,04, siendo esta la peor valorada. Asimismo, las urgencias hospitalarias tienen una puntuación de 6,23 y las urgencias en los centros de Atención Primaria un 6,35.

En general, el 56,7 % de la población opina que el sistema sanitario español funciona bastante bien o que funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. Tras el marcado descenso de esta percepción entre 2019 (71,4%) y 2022 (57,1%), se observa ahora cierta estabilización en este indicador.

Las comunidades autónomas han hecho caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no han resistido la tentación de aprovechar los ingresos récord que recibirán este año del sistema de financiación autonómica –las entregas a cuenta– para confeccionar presupuestos expansivos, con mayor gasto social que nunca, y al mismo tiempo anunciar nuevas rebajas de impuestos en 2024.

Este ejercicio el sistema de financiación autonómica va a repartir un total de 154.467 millones de euros, casi un 15% más que en 2023. De esa cantidad, 134.658 millones corresponden a las llamadas “entregas a cuenta”, que proceden de la recaudación del tramo autonómico del IRPF, así como del IVA y los Impuestos Especiales, y que son un adelanto que hace Hacienda sobre lo que calcula que ingresará por esos tres conceptos. La liquidación de las entregas, que crecen este ejercicio un 8,3%, se lleva a cabo con dos años de decalaje, por lo que en 2024 las comunidades recibirán los ingresos correspondientes a 2022, también enormes: 20.746 millones de euros, . En 2023 ya se repartieron un volumen “histórico” –dijo Hacienda– de dinero, un 11% más que el año precedente.

Esas transferencias se han disparado gracias al inusitado aumento de la recaudación fiscal, fruto a su vez de la recuperación económica y el crecimiento del empleo tras la pandemia, y de la inflación. Son esos impuestos con los que el Gobierno se está “forrando”, en palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, luego repetidas por el resto de los dirigentes del partido.

Pero la AIReF y su presidenta, Cristina Herrero, no han dejado de advertir a lo largo de 2023 de que el histórico aumento de recursos es sólo temporal y, por tanto, las comunidades autónomas no deberían aprobar aumentos de gasto o recortes de ingresos “estructurales”. Es decir, permanentes. Porque a partir de 2025 “el flujo de recursos del sistema de financiación se normalizará” y se pondrá en riesgo el objetivo de déficit.

Sin embargo, las comunidades han tirado la casa por la ventana y presentado presupuestos con volúmenes igualmente “históricos” de gasto social, presumiendo de cifras récord en sanidad y educación, al mismo tiempo que anuncian rebajas fiscales en cascada. Cuadrando el círculo –de más gasto y menos ingreso– gracias a los millones procedentes de los impuestos que recauda el Estado.

Según los cálculos de la AIReF, sólo por los recortes en el IRPF adoptados o previstos hasta octubre de 2023, las comunidades autónomas van a dejar de recaudar 2.800 millones de euros este año. Entre 2023 y 2028, la Comunidad de Madrid será la que más recaudación pierda en cifras absolutas, casi 1.000 millones de euros, un 0,3% de su PIB. Pero porcentualmente, la pérdida de Cantabria será aún mayor, un 0,5% de su PIB. La Rioja y la Comunitat Valenciana también se dejarán un 0,3% del PIB por las rebajas fiscales. El resto, entre el 0,1% y el 0,2%.

No todos los recortes de impuestos son iguales. Uno de los más publicitados es la deflactación del IRPF, ajustar los tramos del impuesto a la inflación para evitar que una subida de salario, al suponer un salto al siguiente tramo, implique una mayor tributación cuando el alza de los precios no le ha supuesto al contribuyente un aumento de su poder adquisitivo real. El PP lo ha pedido insistentemente para las rentas inferiores a 40.000 euros, pero su propuesta fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. También formaba parte de su programa para las elecciones del 23 de julio. Y lo ha aplicado en algunas de las comunidades autónomas donde gobierna.

El año pasado deflactaron el tramo autonómico del IRPF Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y País Vasco. Pero en 2024 cuatro de ellas, todas gobernadas por el PP, han renunciado a prorrogar la medida: Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana y Murcia.

El presupuesto de la Junta de Andalucía para este ejercicio alcanza los 46.753 millones de euros, un 2,5% por encima de 2023, de los cuales, tal y como ha proclamado el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el 62% se destinará a gasto social. Al tiempo, prevé rebajas fiscales por un importe de 900 millones de euros que este año no incluyen la deflactación del IRPF que sí aplicó en 2023. Entonces el ajuste fue del 4,3% en los tres primeros tramos del impuesto sobre la renta, donde están incluidos los contribuyentes con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. La previsión de la Junta era que se produjera una pérdida de recaudación de unos 360 millones de euros.

Este año, en cambio, el Gobierno andaluz dice estar aún “monitorizando cómo han afectado” las bajadas aprobadas en 2023 para saber qué impuestos debe “ir retocando”, según explicó la consejera de Economía, Carolina España, al presentar los presupuestos. Andalucía recibirá este año del Estado un total de 28.160,5 millones de euros, un 14,46% más que en 2023, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

“Es llamativo que no haya deflactado el IRPF este año”, admite Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, “porque la Junta de Andalucía deflactó el tramo autonómico basándose en el coste salarial que mide el Instituto Nacional de Estadística, no en el IPC, y resulta que ahora el coste salarial es más alto que entonces; en realidad, ahora tiene más motivos que antes para hacerlo”.

En efecto, en 2024 se dejarán sentir las subidas salariales acordadas en los convenios el año pasado. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada el pasado diciembre, en el tercer trimestre de 2023 el coste laboral –salario más cotizaciones sociales– creció un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 4,2% el coste salarial. En el tercer trimestre de 2022, el aumento del coste salarial respecto a 2021 fue inferior, el 4,1%. El avance también se refleja en los convenios colectivos firmados en 2024, que establecen una subida media del 4,14%, por encima del 3,49% que resulta de incluir en la muestra los convenios suscritos en años anteriores pero vigentes en el actual.

Diego Martínez cree que la deflactación no se hizo bien “técnicamente”, al escoger como parámetro el coste salarial. La inflación terminó 2022 en el 5,7% después de haber escalado hasta el 10,8% en julio, pero la deflactación en Andalucía fue sólo del 4,3%, no cubrió todo el desfase. Y sólo se aplicó a los tres primeros tramos, no al conjunto de los contribuyentes. Ahora el coste salarial está por encima de la inflación, que terminó 2023 en el 3,1%.

También utilizó como parámetro el coste salarial del INE en lugar de la inflación la Comunidad de Madrid, que deflactó todos los tramos del IRPF un 4,1% el año pasado. Y repite este ejercicio, aunque con un ajuste menor, el 3,1%, esta vez sí, tomando como referencia la inflación. Sumado a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF, ambas medidas rebajaron la recaudación en más de 530 millones de euros en 2023. Para 2024, la pérdida de ingresos sólo por la deflactación prevista por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será de 153 millones de euros.

Del Estado central, la Comunidad de Madrid va a recibir este ejercicio 18.718 millones de euros en entregas a cuenta y 2.023,7 millones más por la liquidación de 2022, lo que en total supone un 12,2% más que en 2023. Así que ha presentado un presupuesto –“histórico”, de nuevo– de 27.558 millones de euros, un 19,6% por encima del año anterior. Ese dinero le va a servir para aumentar un 24% los conciertos con empresas sanitarias o un 15% el gasto en educación privada concertada, además de subir los sueldos a los altos cargos del Gobierno regional, entre otras medidas. También le permitirá mantener las bonificaciones de la cuota autonómica del IRPF a las familias numerosas e incluso introducir una nueva deducción del 20% en este impuesto para extranjeros que compren una vivienda en Madrid.

Galicia tampoco mantendrá este año la deflactación que aplicó en 2023 a los tres primeros tramos del IRPF. “Fue selectiva y en el momento en el que más se necesitaba, cuando el IPC alcanzaba los dos dígitos”, explicó la Consellería de Facenda a Europa Press cuando presentó los presupuestos de este año. El ajuste fue igualmente del 4,1%, en línea con el aumento del coste salarial, lo que apenas supuso una pérdida de recaudación de 46 millones de euros. Pero sí mantiene otros recortes de impuestos por los que dejará de ingresar unos 685 millones de euros, una cifra que eleva en un 16% la pérdida del año precedente. Sólo por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones la Xunta dejará de recaudar 287 millones de euros. Por la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales prescindirá de 56 millones. Y por la bajada del tramo autonómico del IRPF, 34 millones más, los mismos que por la bonificación del impuesto de patrimonio.

Esa rebaja de los ingresos no ha impedido al Ejecutivo gallego aumentar su presupuesto para 2024 en un 5%, hasta los 13.257 millones de euros, una vez más las cuentas más voluminosas de la historia. Con un 4% de mejora para sanidad y un 12% para políticas sociales. En entregas a cuenta, la Xunta recibirá del Estado 9.395,7 millones de euros, y 3.072,7 millones más por la liquidación de 2022, en total casi un 12,7% más de lo percibido en 2023.

Murcia no repetirá la deflactación del IRPF aplicada el año pasado, que fue del 4,1% para los tres primeros tramos. Pero que, como avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, apenas supuso una rebaja media de 20 euros para 600.000 contribuyentes. En su lugar, mantiene deducciones en el impuesto a la renta y en el impuesto de transmisiones patrimoniales que sumarán una pérdida de recaudación de 420 millones de euros. No obstante, el presupuesto para 2024 crece un 9,8%, hasta los 6.526,56 millones de euros, que permitirá al Gobierno murciano “blindar el estado de bienestar” y poner en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales –150 millones de euros–, así como dedicar una partida a la “defensa de la unidad de la Nación Española”. Las transferencias del sistema de financiación autonómica crecerán un 15,6% este ejercicio, hasta los 4.825,6 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana fue el Gobierno del socialista Ximo Puig el que aprobó la deflactación del IRPF para los contribuyentes con rentas inferiores a 60.000 euros en 2023, un año de elecciones autonómicas que pusieron en el Ejecutivo autonómico a PP y Vox. No habrá deflactación en 2024, pero sí deducciones en el IRPF que restarán 180,2 millones a la recaudación fiscal y otras rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales por importe de 19 millones más. El presupuesto valenciano para 2024 crece un 4%, hasta alcanzar los 29.739 millones de euros. La Comunitat Valenciana, la segunda peor financiada tras Andalucía, según el diagnóstico de la AIReF, aumenta este ejercicio un 13,3% sus transferencias estatales, que ascenderán a 15.346 millones de euros.

En el País Vasco, la deflactación del IRPF será este año del 2,5% y se aplicará a todos los tramos. El año pasado el ajuste se redujo al 2%, pero en 2022 se elevaba al 5,5%. Navarra va a copiar la medida este ejercicio, con un 4% retroactivo para 2023 y un 3% para 2024. Según los cálculos del nuevo Gobierno navarro, socialista, la pérdida de recaudación será de 29 millones en 2023 y de 22,5 millones en 2024.

Con el cambio de color del Gobierno autonómico, Aragón también se ha subido al carro de la deflactación del IRPF, un 5% para quienes ingresen menos de 50.000 euros al año, unos 700.000 contribuyentes. El impacto en las cuentas se calcula entre 40 y 50 millones de euros. El aragonés también es en 2024 un presupuesto con gasto récord en políticas sociales –con aumentos del 11% en educación y sanidad–, y rebajas en patrimonio y sucesiones. Eso sí, este año entrará en vigor un impuesto creado por el anterior Ejecutivo socialista, que gravará el impacto medioambiental de las energías renovables –tamaño de los aerogeneradores, hectáreas ocupadas— y con el que se prevé recaudar unos 50 millones de euros. Las transferencias que Aragón recibirá este año del Estado crecerán un 16,6%, hasta rozar los 5.200 millones de euros.

Canarias también ajustará por segundo año consecutivo el IRPF a la inflación. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros volverán a tener descuentos de entre 125 y 225 euros según su nivel de renta. La medida, aprobada por el Gobierno socialista, ha sido prorrogada por el actual, de Coalición Canaria. Según sus cálculos, Canarias dejará de ingresar unos 245 millones de euros por el conjunto de las deducciones aplicadas al tramo autonómico del IRPF y las bonificaciones del impuesto de sucesiones. Su presupuesto, en cambio, ha crecido un 11%, hasta los 11.301 millones de euros, con un alza del 14,8% para sanidad, un 4,4% para educación y un 4,9% para políticas sociales. Del Estado recibirá un 12,5% más que en 2023, 7.394 millones de euros.

El resto de las comunidades autónomas ha preferido poner en marcha rebajas fiscales centradas en las deducciones y bonificaciones más típicas. Es el caso de Castilla y León –que tiene prorrogados los presupuestos de 2023–, Baleares –que perderá 45 millones de euros de recaudación bajando medio punto el tipo del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros y también ha rebajado el impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales–, Cantabria, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

De todas ellas, es La Rioja la que más verá aumentadas las transferencias del Estado este ejercicio, un 21,6%, respecto de 2023. Le siguen Baleares, con un 18,7%, y Cataluña, con un 18%.

“La política fiscal de algunas comunidades es ciclotímica”, resume Diego Martínez. Suelen “sobrerreaccionar”, resalta, y no son “consecuentes en el tiempo”. Aunque tras la volatilidad de la deflatación del IRPF sí adivina un patrón: las que están bien financiadas la mantienen; las que sufren más no perseveran en un descuento que se presentó como medida estrella contra la inflación.

Sindicatos sanitarios y educativos han reunido este miércoles a cerca de 16.000 personas en dos manifestaciones en Barcelona en una jornada de huelga para reclamar mejoras en la sanidad y la educación pública y mayor inversión en los Presupuestos de la Generalitat, según informa Europa Press. La manifestación que ha convocado Metges de Catalunya, con inicio en la Conselleria de Salud y final en la Estación de Sants, ha congregado a 9.300 personas.

El Govern ha cifrado en un 17,5% el seguimiento que ha tenido la huelga de médicos en el primer turno de este miércoles y en un 0,8% el del resto del personal, mientras que el sindicato lo ha cifrado en un 75% en el turno de mañana y tarde de este miércoles.

La manifestación que ha reunido a los sindicatos de educación y a la Mesa Sindical de Sanitat, que está formada por los sindicatos CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) e Infermeres de Catalunya, ha empezado en plaza Sant Jaume y ha llegado hasta el Parlament, reuniendo a un total de 6.500 personas.

Según los sindicatos, la huelga ha tenido un seguimiento del 20%, mientras que la Conselleria de Educación de la Generalitat lo ha cifrado en un 7,7%.

Por servicios territoriales, el del Consorci d'Educació de Barcelona es el de mayor seguimiento, con el 13,11%, seguido de Barcelona comarcas, con el 10,35%, y el del Baix Llobregat, con el 9,64%; y los que menos seguimiento han tenido de la huelga han sido Lleida, con un 3,26%, y Girona, con un 3,36%.

Durante la manifestación de Metges de Catalunya, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentado que "la sanidad se va al garete", ha insistido en que los médicos están enfadados y hartos, y ha considerado que la primera movilización ha sido un éxito rotundo que muestra la fuerza y cohesión de los sanitarios.

Los asistentes a la manifestación sanitaria han coreado cánticos como "Por una sanidad pública y de calidad", "Vocación no es explotación", "Argimon, nos has dado plantón", "Balcells mueve ficha, a los médicos no se los pisa", "Médico explotado, paciente maltratado" y "A ti, a ti, a ti también te afecta".

El jueves hay una nueva jornada de huelga de médicos en la plaza Sant Jaume de Barcelona y el viernes el sindicato se volverá a reunir con la Conselleria de Salud para seguir negociando a la búsqueda de una mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos que ponga fin a las movilizaciones, ya que tienen convocada del 1 a 3 de febrero paros parciales.

En la manifestación conjunta de sindicatos educativos y de sanidad pública que ha partido de plaza Sant Jaume, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha subrayado que la convocatoria es para defender los servicios públicos, recuperar condiciones laborales y un aumento en los Presupuestos, así como reclamar al Govern "blindar" el mes de julio para la formación docente.

La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, Teresa Esperabé, ha señalado que la Conselleria de Educación ha tenido cuatro meses para presentar propuestas para revertir recortes, ha dicho que los centros están desbordados, y ha abogado por "volver a la unidad sindical que tan buenos frutos dio".

El portavoz de Intersindical Educació, Bernat Pèlach, ha exigido al Govern un esfuerzo "claro y decidido" por los servicios públicos y revertir los recortes este año, por lo que ha pedido una modificación en el proyecto de Presupuestos.

Los sindicatos educativos tienen previsto realizar este jueves acciones descentralizadas, entre las que se incluye una concentración ante la Conselleria de Educación.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado en una intervención en el pleno del Parlament que su departamento ha hecho "todo lo posible" para evitar la huelga de docentes convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CCOO, la Intersindical-CSC, CGT, UGT y Aspepc·Sps.

También el conseller de Salud, Manel Balcells, ha propuesto en el pleno impulsar un Pacto Nacional de Salud con la participación de todas las fuerzas políticas y sindicatos para "plantear cómo se debe blindar" el sistema catalán de salud.

El anuncio lo hizo este domingo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en El País. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará hacer fijos a 67.300 sanitarios para acabar con la "precarización en la sanidad". "Vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación", aseguró. Se hará a "todos los niveles" y en "todo el conjunto de la Administración" y se trata de una medida cuyos "criterios comunes" han sido pactados "con las comunidades autónomas", precisó.

La medida, como recuerda Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, responde a un "mandato" de la Ley 20/2021 de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público. Esta norma, a su vez, se aprobó en respuesta a un tirón de orejas que la Unión Europea había dado a España precisamente por este asunto. "Lo que anunciaba el presidente del Gobierno el domingo no es nada nuevo; se trata de una fase más en el camino de la estabilización de la bolsa de temporalidad en las administraciones públicas, que España se ha comprometido a tener resuelta para finales del año 2024", recuerda Muñoz.

Por eso la medida en realidad no ha generado ningún optimismo. Y porque tampoco resuelve nada. "Estabilizar estas plazas, que son reales y que vienen funcionando desde hace muchísimos años, no significa en absoluto reforzar las plantillas, pues no se incrementa el número de trabajadores y trabajadoras en distintas categorías", señala. Y hace falta. Según las cifras de su sindicato, en España se necesitarían en torno a 60.000 médicos y enfermeras, más aproximadamente otros 40.000 técnicos, administrativos, celadores, etc.

Desde el CSIF expresaron la misma idea. Su responsable de Sanidad, Fernando Hontangas, reaccionó este mismo domingo al anuncio recordando que, a pesar de la estabilización de tantas plazas, "el déficit estructural sigue existiendo y a corto y medio plazo esto no lo soluciona". Según estima su organización, nuestro Sistema Nacional de Salud necesitaría al menos 200.000 profesionales más —entre médicos y enfermeros— para equipararse a las medias europeas. Como señala Hontangas a infoLibre, 144.000 serían solo de enfermería.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por su parte, es más dura. Su presidente, Tomás Toranzo, tacha directamente el anuncio de Sánchez de "mentira". "No se va a estabilizar a nadie porque lo que se aprueba es una modificación del Estatuto Marco —la norma máxima por la que se rige específicamente el personal estatutario del SNS— para que a partir de ahora los contratos temporales sean solo los imprescindibles. Los contratos en vigor se mantienen en vigor como están, no cambian a partir de este martes", critica.

La nueva ley establece, concretamente, que transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante "solo podrá ser ocupada por personal fijo", aunque habrá excepciones como que "en el proceso selectivo correspondiente no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino", según el Real Decreto al que ha accedido Europa Press. Además, excepcionalmente, el sanitario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, "siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del interino". "En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica", detalla el Ejecutivo.

La Ley intenta fijar límites a la contratación de interinos solo para "razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia". Entre ellas, se encuentra que se podrá contratar a un interino para cubrir plazas vacantes "durante un plazo máximo de tres años" siempre y cuando "no sea posible" ubicar un empleado fijo. La Ley también abre la puerta a contratar a sustitutos que realicen "funciones propias" de funcionarios "durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza".

Como ya es habitual, la Comunidad de Madrid fue la primera en criticar la medida anunciada por Sánchez. Este mismo domingo, poco después de conocerse la noticia, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, censuró que el Ejecutivo "se meta en las gestiones" de las autonomías con el objetivo de "dar titulares". "¿Aquí qué tenemos, Sanidad transferida o intransferida? Porque si va a decirnos cómo hacer las cosas, a qué hora tenemos que abrir y cómo tienen que funcionar, pues oye, para eso que se ocupe el Estado", lanzó.

Contradijo, además, que la medida se hubiera pactado con todos los Ejecutivos autonómicos. "Ahora nos dice el presidente del Gobierno que él quiere hacer no sé qué pero no lo ha hablado con ninguna comunidad autónoma. Qué hace el presidente decidiendo sobre materias de personal de las comunidades autónomas sin ni siquiera haber hablado con ellas", subrayó, asegurando que Sánchez "no respeta en nada a los demás".

Más duro fue Elías Bendodo, número tres de Alberto Núñez Feijóo, que, tras conocer la noticia, aseguró que "hemos empezado la campaña electoral". "El Gobierno no va a contratar a 67.000 médicos ni va a hacer fijos a 67.000 médicos porque el Gobierno no contrata a ningún profesional sanitario", subrayó, añadiendo que "son las comunidades autónomas las que pagan y contratan".

Bendodo, no obstante, reconoció que hay que esperar a conocer en detalle lo que va a aprobar el Consejo de Ministros. Y señaló que el PP lleva "meses pidiendo que el Gobierno habilite los mecanismos para formar a más médicos de familia". Según los datos de Hontangas, nuestro Sistema Nacional de Salud tendría que contar con al menos 9.500 médicos de atención primaria más y otros 28.217 profesionales de enfermería de familia.

Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificó este lunes la medida de "apropiación indebida" por tratarse de un "mandato de Europa".

Precisamente fue en Madrid donde los médicos especialistas de los hospitales convocaron una huelga indefinida el pasado mes de mayo para luchar contra la temporalidad. Según los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de los 11.974 facultativos del área hospitalaria de la Comunidad, el 52,2% son temporales. Solo 5.726 son personal fijo.

Pero consiguieron, a los diez días de paro, que la Consejería de Sanidad les hiciera una propuesta para estabilizar el empleo que, aunque no fue "ideal", supuso "un punto de entendimiento". Consistió, concretamente, en que el Ejecutivo autonómico incrementó un 46% el número de plazas a estabilizar por concurso de méritos, de modo que estas se elevarían a 9.577 —que se sumarán, según ha informado el departamento de Lasquetty a infoLibre, a otras 23.049 plazas de oposiciones. Antes de la protesta, según contaron distintos facultativos a infoLibre, la oferta de plazas convocadas por la Comunidad consistía en un test genérico que beneficiaría a los recién titulados —con todos los conocimientos más recientes— y perjudicaría a los más veteranos que, durante años, habían trabajado con contratos temporales en un mismo servicio.

La medida viene, en origen, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, precisamente, resolvía el caso de dos trabajadores de la sanidad pública madrileña. Según el fallo, el sistema sanitario español tiene un "problema estructural" que "se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales" y, a su vez, en el incumplimiento de la obligación legal de proveer de manera permanente las plazas ocupadas temporalmente por dicho personal". Un año más tarde, la Unión Europea empezó a presionar a España para acabar con esta situación. El objetivo del Gobierno ahora es que la temporalidad no supere el 8% en todas las Administraciones.

Según una encuesta de la Organización Médica Colegial realizada antes de la pandemia y recogida por UGT en un informe sobre empleo en el Sistema Nacional de Salud, la tasa de temporalidad en el sistema sanitario público español afecta a más del 36% de las médicas y médicos encuestados. De ellos, el 55,4% lleva más de seis años sin conseguir plaza mediante una oposición. La misma encuesta realizada un año antes mostraba que el 27,1% de quienes no disponían de una plaza fija llevaban entre 11 y 20 años en la misma situación, y un 11,9% llevaba más de 20 años, lo que "representa una temporalidad ya cronificada", señaló el sindicato.

"No solamente existe un volumen de interinos de larga duración en el Sistema Nacional de Salud demasiado grande, sino que además las bolsas de empleo son un plantilla en la sombra que permite a los Servicios de Salud hacer numerosos contratos de muy corta duración para 'tapar agujeros'. Los profesionales trabajan dos días aquí, uno allá", sentenció.

El empresario Alberto Luceño intenta evitar a toda costa que se lleve a cabo un estudio de la calidad de las mascarillas que suministró al Ayuntamiento de Madrid durante la primera ola de la pandemia. El comisionista, que se embolsó cerca de tres millones de euros al calor de los tapabocas, ha mostrado en un reciente escrito su rechazo a que la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) analice el material sanitario recibido por las autoridades municipales e informe sobre la idoneidad del mismo. Lo hace alegando, entre otras cuestiones, que no hay "mascarillas suficientes" como para poder realizar "un muestreo científico". Un recurso que el empresario investigado ha decidido interponer ante la Audiencia Provincial de Madrid pocos días después de que el Ayuntamiento de de la capital informase al juez que la práctica totalidad de las mascarillas de la empresa malaya Leno fueron destruidas "por caducidad". Solo se conservaron poco más de un millar.

La acusación popular ejercida por el PSOE decidió abrir una nueva vía en la causa el pasado mes de mayo. En concreto, los socialistas decidieron poner el foco de la investigación sobre la calidad del material vendido por los comisionistas, un movimiento clave a la hora de intentar apuntalar el delito de estafa –si no se ata bien este tipo, el blanqueo de capitales se viene abajo–. En esta línea, el equipo jurídico del grupo solicitó al juez instructor, Adolfo Carretero, una amplia batería de diligencias que incluía dos informes sobre el "grado de idoneidad" de los tapabocas "con la normativa vigente" y la eficacia de los mismos. Pero no solo eso. También que se siguiese el rastro de las mascarillas. Para ello, pedía que se requiriera a la corporación municipal un informe sobre el uso que se ha hecho en todo este tiempo de las mismas.

Con las testificales relacionadas con el desembarco de los comisionistas en el consistorio ya resueltas, el juez Carretero dio luz verde a abrir esa vía de investigación, a fin de que la causa no se quedase solo en el sobreprecio, sino que se extendiese también a la calidad del producto. Pero Luceño no está por la labor. Por eso, ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. En un escrito remitido la pasada semana y al que ha tenido acceso infoLibre, el comisionista sostiene que la diligencia es "inútil e innecesaria". "La prueba documental ya obrante en la causa establece con claridad la idoneidad de las mascarillas en relación con la normativa vigente en el año 2020", sostiene la defensa del empresario, que considera que "está tratando de ponerse en duda" un "elemento fáctico ya acreditado".

El investigado se refiere a un informe elaborado por la Policía Municipal de Madrid, incluido en el sumario, sobre la adecuación a las normas de las mascarillas de grafeno KN95 en el contexto de crisis sanitaria. Tras analizar la legislación, los documentos y el embalaje, el estudio concluía que dicho producto reunía "los requisitos jurídicos" para ser considerado "como clase FFP2 a los efectos de equipo de protección individual". "Afirma el auto recurrido que 'la Policía Municipal no tiene competencia' para realizar el informe requerido. Sin embargo, gracias a la profesionalidad y conocimiento del tema de la Policía Municipal, y a los informes que fue realizando durante la peor época de la pandemia, pudieron detectarse irregularidades de las mascarillas remitidas por otra empresa distinta, Sinclair", expone el abogado.

Pero en caso de que no se admita ese argumento, la defensa de Luceño pone más sobre la mesa de la Audiencia de Madrid. Así, sostiene que la "pretendida pericial" que se propone "no es conforme a derecho" por falta de "la necesaria adecuación metodológica y científica del análisis propuesto". Y, en este sentido, alega la "ausencia" de tapabocas "suficientes" como para poder realizar un "muestreo científico". En este sentido, argumenta que unas pocas de un pedido de un millón "nunca podrán constituir un muestreo suficiente para que el resultado del análisis" se pueda extrapolar a la totalidad. Así, argumenta que para poder realizar un informe en condiciones se debería hacer una selección de tapabocas de diferentes cajas. Igual que se hace con las incautaciones de droga: "No se analiza la pureza o características de una tonelada de sustancia incautada tomando unos pocos gramos de uno de los paquetes".

El recurso ha sido interpuesto diez días después de que la Coordinación General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid informase al juez instructor sobre el uso o la distribución de las mascarillas. El informe, al que ha tenido acceso este diario, desgrana las entradas y salidas de los cubrebocas de los almacenes entre mediados de abril de 2020 y las mismas fechas de 2021, cuando se paralizaron los envíos y se retiraron los entregados tras la decisión de la Agencia Española del Medicamento de investigar los posibles riesgos de las máscaras de grafeno. Además, confirma que 50.000 de las que fueron donadas por los comisionistas se entregaron efectivamente al Hospital Puerta de Hierro, tal y como había pedido el propio Luceño, cuya mujer trabajaba como nefróloga en ese centro.

El informe también detalla que, dos años después, apenas queda una parte muy pequeña del millón de tapabocas suministrados por la firma malaya Leno. Después de que las autoridades municipales llevaran a cabo el proceso de recuperación citado anteriormente, concreta el documento, tanto éstas mascarillas como las que se encontraban en aquel momento en stock en el almacén "fueron destruidas por caducidad con fecha 15 de marzo de 2022". "Con la excepción de 1.000 unidades que se reservaron en las dependencias del Servicio de Logística y Actos en Vía Pública por una cuestión de prudencia, por si en un futuro tuviesen que ser objeto de estudio, y de 50 unidades que retiró el organismo Madrid Salud para posible análisis", completa el informe, de una docena de páginas.

Pero más allá de la cantidad, el comisionista tampoco considera que la diligencia pueda llevarse a cabo con las dos muestras que obran en la causa. La primera a la que hace referencia fue la entregada al Ministerio Público por quien fuera jefa de compras del consistorio, Elena Collado. "Bueno, estas están tuneadas", dijo la alto cargo del consistorio cuando se la dio al fiscal. Una frase a la que ahora se agarra la defensa para intentar cerrar esa puerta: "Una mascarilla 'tuneada' no puede servir como base para hacer un informe científico, y menos aún si no existe seguridad sobre si tal mascarilla es una de las mascarillas de Leno".

En su escrito ante la Audiencia, Luceño resalta que "sin una acreditada trazabilidad, documentada, fehaciente" de ese tapabocas "no es posible realizar el análisis que se pretende". Y lo mismo argumenta con la segunda muestra: "un 'archivador con material sanitario' remitido por el Ayuntamiento de Madrid". "Este archivador carece absolutamente de cadena de custodia, lo que invalida dichas muestras para la realización de informe alguno".

El comisionista no es el único que ha acudido a una instancia superior en relación con el análisis sobre la calidad de las mascarillas. También lo ha hecho el PSOE, que ejerce como acusación popular. En este caso, la representación de los socialistas interpuso la pasada semana un recurso de apelación contra la decisión del juez de llevar a cabo una pericial a ciegas sobre la calidad de los tapabocas. Con esta decisión, el instructor matizó su visto bueno inicial para permitir que el análisis de Aenor se haga sobre una selección de una decena de mascarillas FFP2, entre las que se encontrarán las de Leno sin que nadie –solo el juzgado– sepa cuáles son.

Para Luceño, es la "única forma de garantizar la imparcialidad del técnico" debido al "juicio paralelo" en el que, dicen, se ha convertido la causa. Los socialistas, sin embargo, no consideran adecuado que la prueba se haga así. "No se trata de averiguar si las exigencias de las certificaciones o las exigencias de calidad de las mascarillas en cuestión es mayor o menor con relación a otras, sino si estas en cuestión cumplen los requisitos de certificaciones y calidad", recogen en el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. Un recurso en el que la acusación popular, además, manifiesta también que en su auto el juez ni justifica por qué la prueba "ciega" es "más adecuada" que la acordada en un principio ni por qué garantiza "una mayor imparcialidad".

El reloj marca las 13:24 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Fuera, decenas de cámaras y micrófonos se mantienen en guardia. Dentro, en una sala de las dependencias judiciales, Alberto Luceño. El empresario está frente al juez Adolfo Carretero. Es su primera declaración en la causa en la que se investiga el cobro de más de cinco millones de euros en comisiones al calor de varios contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario durante lo más duro de la pandemia. Como puede, el comisionista trata de explicar al juez el origen y la validez de los distintos documentos con los que trató de justificar ante su sucursal bancaria el dinero que percibió en su momento desde Malasia. Mientras, presidiendo la sala, Carretero le aprieta en el interrogatorio.

–¿Usted que le dio [al banco]?

–El documento de reconocimiento de comisiones, la firma de agente exclusivo...

–¿Ninguno es falso?

–Ninguno es falso.

–¿Y por qué dice el fiscal que es falso?

–Eso no lo sé. Sólo ha habido una errata en una fecha.

–Una errata en una fecha.

Tanto en el caso de Medina como en el de Luceño, el juez instructor fue especialmente incisivo en todo lo relativo a la vinculación de ambos comisionistas con Leno, la empresa radicada en Malasia a la que el consistorio de la capital adjudicó los contratos para la compra de mascarillas, guantes y pruebas de diagnóstico rápido. Al fin y al cabo, entre los diferentes delitos que la Fiscalía Anticorrupción imputa a ambos comisionistas se encuentra el de falsedad documental. El Ministerio Público no se cree, y así lo manifiesta en su querella, que el que llevó las riendas de la operación fuera "agente exclusivo de ninguna empresa malaya". Ni tampoco que los documentos que aristócrata y empresario aportaron ante sus bancos sean "auténticos".

Siete minutos. Ese fue el tiempo que Carretero tardó en poner el foco en la relación comercial de Medina con la firma malaya. Lo hizo justo después de preguntarle por la manera en la que entró en contacto con el consistorio de la capital. "Dice usted que en el ámbito sanitario no tiene ninguna experiencia", arranca el juez. "No", responde el investigado. "¿Conoce a la empresa Leno en Malasia? ¿Ha ido allí, a Malasia?", continuó el magistrado. "No la conozco de nada", respondió el aristócrata. Es, en ese momento, cuando Carretero redobla la presión sobre el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria: "¿Y entonces por qué hay unos documentos que dicen que usted es agente exclusivo de Leno?". Visiblemente nervioso, el comisionista trata de defenderse: "Eso, de alguna manera, por decirle algo, es protocolario".

"En Asia sobre todo, cuando estás haciendo alguna operación con ellos, sí te hacen firmar estos documentos para acreditar que estás colaborando con ellos...", continúa Medina. Pero el juez le interrumpe y pone sobre la mesa el nombre del representante legal de la compañía. Confirma que el investigado tiene poca vinculación con el empresario malayo. Y continúa: "Con San Chin Choon nunca habló, pero tiene un documento firmado con él...". El magistrado parece sorprendido por el hecho de que el investigado no sepa "nada de nada" –como llega a decir en otro de los momentos de la grabación– de la compañía pero, al mismo tiempo, aparezca mencionado en algunos de los papeles que el Ministerio Público considera falsos como "agente exclusivo" de la misma.

Los documentos bajo la lupa judicial se encuentran aportados al sumario. Y, en ellos, se reconoce supuestamente a Luceño y Medina como agente "único y exclusivo" y "socio", respectivamente, en la adquisición y abastecimiento de productos cárnicos congelados, lo que incluye ave, vacuno, cerdo y cordero. "Otras commodities pueden incluir azúcar, soja, leche, aceite, entre otros productos agrícolas, o productos de protección sanitaria", recoge uno de ellos. Hay varias cosas que llaman la atención a Anticorrupción. Como que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que en la cabecera incluyan las señas del FBI y la Interpol. "Me parece que es muy sólido por el tema de engaño", dijo al respecto Luceño sobre uno de los documentos, elaborado por él mismo y que lleva el encabezado de la Cámara de Comercio Internacional.

Pero no solo eso. Al Ministerio Público también le chirría lo de "agentes exclusivos". No le encaja que Medina y Luceño entregasen a sus bancos documentos exactamente iguales –en relación al texto y los supuestos encargos– pero en los que se hacía referencia a personas distintas: mientras que el del aristócrata les incluía a ambos como agentes, el del empresario hacía mención a él mismo y a un tal Chan Beng Kay. "¿Cómo puedo decir un día que mis agentes exclusivos para el pollo, la carne congelada, la soja y los productos sanitarios son Chan Beng Kay y Luceño y el mismo día decir que para los mismos productos mis agentes exclusivos son Luceño y Medina?", se preguntaba el fiscal durante la declaración que tomó al empresario en las diligencias previas de investigación.

En su comparecencia este lunes ante el juez, Luceño insistió en la validez de los papeles. "No hay ninguna falsedad en ningún documento", señala ante Carretero. Lo único, dice, "una errata en una fecha". "Es decir, que como se trabaja con borradores, yo se lo mando a una parte y a otra y se me olvidó cambiar la fecha", explica al instructor. Este fallo ya se lo comunicó al representante del Ministerio Público durante las pesquisas. En concreto, se refería a un contrato de confidencialidad en el que aparecía también la firma de Luis Medina. Un documento fechado en 2019, antes de que estallara la pandemia, pero que el investigado asegura que se hizo en plena crisis sanitaria.

El aristócrata también estuvo bien presente en el interrogatorio de Carretero a su exsocio.

–Ninguna falsedad en ningún documento. ¿Incluso las firmas son de San Chin Choon o de Medina? Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada –se escucha un ligero golpe en el audio–. Sin embargo, hay un documento de San Chin Choon en el que declara agente exclusivo a Medina.

–Porque se hace así en el comercio...

–Se hace así en el comercio...

–Me manda Luis la firma, yo se la mando a San Chin Choon, me la acepta y entonces esos documentos se presentan.

–De acuerdo, bueno.

Algunos minutos antes, el nombre del empresario malayo había salido a la palestra. "¿Usted tiene amistad con él?", cuestiona Carretero. "Bueno, amistad... Es una relación comercial", responde Luceño. "¿Y por qué este señor no quiere colaborar con la justicia española para nada, ni quiere testificar, ni quiere saber nada?", insiste el magistrado. "Yo me puse en contacto con él y me ha dicho que sí que va a declarar", contesta de nuevo el comisionista. "¡Ah, que va a declarar! Pues la noticia que tenemos nosotros a través de la comisión rogatoria es que se niega a testificar", desliza Carretero antes de pasar a preguntar sobre la fijación de precios en el marco de dichos contratos, sobre la comisión que percibieron o sobre la ocultación de la misma al consistorio. "No se lo dije, es normal", señala Luceño sobre esto último. "Será normal para usted", responde Carretero.

Durante su declaración como investigado, el empresario también asegura que nunca ha estado en las instalaciones de Leno. Y que a Chin Choon lo vio una vez en China en una "reunión" de "operaciones de pollo, de soja y demás". Todo ello, a pesar de tener una relación comercial con Leno desde dos años antes de la pandemia, que no cristalizó en ninguna operación concreta hasta que llegaron los contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid. Algo que sorprende al juez.

–¿Cuántas operaciones ha hecho usted antes de esta con Leno?

–Ninguna.

–Es agente exclusivo de Leno pero no ha hecho ninguna.

–Sí, esto también es normal dentro del comercio internacional.

–Vale, es normal.

Un par de horas después de las comparecencias, Carretero retiraba a ambos los pasaportes y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. Los "delitos", dice el juez, "son graves no solo por su enorme trascendencia pública", al ser cometidos "en la peor época de la pandemia", sino también porque "llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga". En su decisión, el juez también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".

La Ley de Sanidad que acaba de empezar su tramitación tras pasar por el Consejo de Ministros ha abierto una nueva brecha entre las fuerzas políticas del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), ya tensionadas por discrepancias en diversos frentes. Pese a que el anteproyecto de ley aprobado este lunes a iniciativa del Ministerio de Sanidad establece la derogación de la ley de 1997, impulsada por José María Aznar (PP) y considerada clave para el boom de las privatizaciones, el socio minoritario reaccionó con fuerte rechazo al texto del departamento de Carolina Darias. El motivo fundamental es, según Unidas Podemos, que a pesar de suprimir formalmente el texto del PP, la nueva norma calca aspectos esenciales del mismo y mantiene abierto el camino a las privatizaciones. Las discrepancias en materia sanitaria se extienden al papel de las mutualidades de funcionarios, como Muface, y a la figura de los "consorcios sanitarios".

UP no sólo presentará una batería de enmiendas al texto, que ahora mismo está lejos de apoyar, sino que además mantiene viva su propia ley, actualmente en fase de aportaciones de colectivos, según fuentes de la coalición. El departamento de Darias evita entrar en controversias y recalca que el anteproyecto es sólo un borrador preliminar y que aún debe pasar una larga tramitación antes de ser debatido en al Congreso.

De la revisión a la derogación

El acuerdo de gobierno entre PSOE y UP establece la "revisión" de la Ley 15/1997, a la que se culpa de las privatizaciones. En octubre Unidas Podemos tomó la iniciativa al considerar que se demoraba el cumplimiento del compromiso y empezó a enviar a diversos colectivos sanitarios su propia ley de desprivatizaciones, como avanzó infoLibre. La ley no sólo hablaba de revisión, sino de "derogación" de la norma de Aznar, ya que "ha servido de paraguas a modelos de gestión indirecta [...] a través de empresas privadas [...], que reducen los controles públicos, introducen el lucro como motor de conducta y contribuyen a empeorar las condiciones de trabajo". Además, la norma de UP impedía "privatizar" centros y servicios sanitarios y establecía una habilitación a las comunidades autónomas para que lleven a cabo los procesos de reversión de privatizaciones ya realizadas.

La puesta en circulación del texto a primeros de octubre suponía un paso adelante de UP, que trataba de ejercer presión sobre el departamento de Carolina Darias. La situación quedaba a expensas del movimiento del socio mayoritario. Circulaba la hipótesis de un posible problema semántico en torno al alcance de palabras como "derogación" o "revisión". Pero ahí no está el problema. Este lunes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Y el texto, a pesar de que recoge la derogación de la ley de 1997, yendo más allá del acuerdo de gobierno en ese aspecto, ha provocado un choque entre PSOE y UP.

Redacciones similares

¿Por qué este choque? El anteproyecto establece que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas", una redacción similar a la de 1997. UP ve insuficiente el hecho de que la ley recoja que se usará "preferentemente" la "fórmula de gestión directa de carácter público" y que el recurso a otras fórmulas será "excepcional" y con memoria de justificación sanitaria y económica. 

"El texto no modifica de forma sustantiva la ley 15/97 y mantiene la puerta abierta a la privatización de la sanidad", señala una fuente de Podemos, que añade que "toda norma deroga formalmente la anterior", por lo que lo relevante no es eso, sino la letra pequeña del contenido. "La clave es ver por qué se sustituye. En este caso se sustituye por algo que deja intacta la ley de Aznar", añade.

Enmiendas y una ley de UP

El malestar no se expresó sólo en voz baja. En rueda de prensa, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el anteproyecto, que aún no es público y debe pasar por toda su tramitación parlamentaria, será objeto de una "batería de enmiendas". Dichas enmiendas estarán basadas en la propia ley presentada por Unidas Podemos.

Además, la coalición asegura a este periódico que no retirará esta ley, que tiene intención de presentar en el Congreso. Es decir, el socio minoritario mantiene su propia norma en marcha mientras el Consejo de Ministros ya ha aprobado su anteproyecto. Los socios del Gobierno se aferran a dos temas distintos sobre el futuro de la sanidad.

El departamento de Darias rehusó comentar las críticas el anteproyecto o hacerlo público en su integridad, alegando que todavía es un "borrador" preliminar que debe ser objeto de múltiples informes y de tramitación parlamentaria.

Sanidad destaca que la nueva norma "persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos" y ahora se hace para "transporte no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos". La ley "ampliará los derechos de población que actualmente no está incluida, evitará nuevos copagos y priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios", explica el ministerio. Ese "priorizará" no es suficiente para Unidas Podemos.

Los desacuerdos no se limitan al alcance de la modificación de la ley de 1997, sino que abarcan también los llamados “consorcios sanitarios”, recogidos en la ley y que podrían reforzar la participación de empresas privadas, señalan fuentes conocedoras de conflicto entre PSOE y UP. Tampoco hay ahora mismo acuerdo sobre el papel que deben desempeñar en el sistema en el futuro las mutualidades de funcionarios, añaden las mismas fuentes. Unidas Podemos también pretende suprimir las desgravaciones por seguros privados, si bien hasta ahora dicha intención ha sido trasladada al ámbito de la negociación presupuestaria, según fuentes de la coalición.

La Comunidad de Madrid cambió el pasado mes de junio el modelo de control financiero permanente con el que verifica que el funcionamiento de los hospitales se ajusta a la ley y a los principios de buena gestión financiera,los principios de buena gestión financiera y lo hizo, por utilizar un símil deportivo, a mitad de partido. Cada año, el Gobierno regional aprueba su plan de auditoría y control financiero permanente. El de 2021, que debía revisar el ejercicio de 2020, el año de la pandemia, se aprobó el pasado octubre y debía haber empezado a aplicarse el mes de marzo siguiente. Pero justo entonces se comunicó a los interventores que los trabajos quedaban en suspenso porque el plan iba a ser modificado. En efecto, una resolución del 4 de junio sustituía el modelo de control financiero vertical hasta entonces empleado por otro horizontal o transversal. Durante los cuatro meses transcurridos entre el anuncio y la modificación, los interventores permanecieron casi de brazos cruzados, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras de lo ocurrido.

El cambio de modelo implica un giro fundamental en el sistema con el que se revisan las cuentas, contratos y gastos de los hospitales madrileños. Hasta este año, los mayores centros sanitarios contaban con sus propias unidades de control financiero, equipos integrados por unos seis profesionales, entre interventores y auxiliares, que examinaban el funcionamiento del hospital de arriba abajo, al completo. Ahora ese modelo vertical va a ser reemplazado por un “examen multicentro” con el que se analizan sólo determinadas áreas de gestión, las “críticas y de mayor riesgo”, según explica la Consejería de Hacienda en su resolución del 4 de junio. Después, se aplicarán “procedimientos de revisión selectivos” que harán posible, asegura el departamento, “extraer conclusiones generales y relevantes para la toma de decisiones”.

Hacienda justifica el cambio en que constituye una “evolución del modelo”, su “perfeccionamiento”, lo que permitirá “superar el análisis singular de cada centro sanitario” y sus “limitaciones” para implantar medidas.

Este periódico ha comparado los planes de auditoría y control financiero correspondientes al ejercicio de 2019, el anterior a la pandemia, y los dos elaborados para 2020, el aprobado en octubre de ese año y el modificado el pasado junio. Ya en el redactado inicialmente para 2020 se redujo notablemente respecto al ejercicio anterior el alcance de la revisión que se pensaba hacer de las cuentas de resultados, el balance, la memoria y la liquidación de presupuesto de los hospitales: pasaba de incluir 19 centros a sólo dos, el hospital Virgen de la Poveda, dedicado a los cuidados paliativos y situado en el municipio de Villa del Prado, y el Instituto de Salud Mental José Germain. En el definitivo, serán cinco los controlados: además de los dos citados, el hospital de Getafe, el Severo Ochoa y el Centro de Transfusión.

En lo que se denomina control financiero permanente se verifican la gestión presupuestaria, los contratos y los gastos de personallos contratos. En 2019 fueron 10 los hospitales cuyos presupuestos fueron chequeados, un número que aumentó a 12 en el plan inicial de 2020 pero que se quedó en nueve en el definitivo. El control sobre los gastos de personal también se redujo, de 19 hospitales en 2019 a 12 en el primer plan de 2020, y a 16 en el segundo. Además, en el programa de 2019 se incluía un examen de la gestión de los ingresos que ha desaparecido de los dos siguientes. Finalmente, la comprobación de los contratos ha aumentado de 10 a 16 hospitales, pero lo relevante son los cambios en su contenido.

En 2019, la evaluación de los contratos incluyó un análisis de riesgos de las distintas formas contractuales, así como de la preparación, adjudicación y ejecución –todas las fases– de una muestra de expedientes. También se examinaron las modificaciones y prórrogas de los contratos adjudicados en años precedentes. En el plan inicial de 2020, el chequeo se centró en los contratos firmados con motivo de la pandemia. Así, la primera intención fue revisar todas las fases de la contratación de material sanitario, productos farmacéuticos e inversiones de la lucha contra el covid-19. Igualmente se pensó en verificar si los bienes y servicios contratados se habían incluido en el proyecto de gasto especialmente creado para imputar los gastos ocasionados por el coronavirus y en analizar los precios de los consumos que por este motivo habían realizado los centros sanitarios.

Sin embargo, el control finalmente aprobado tras el cambio de modelo es mucho menos exhaustivo: se limita a un “estudio general de las distintas formas de contratación utilizadas por centros seleccionados”, para compararlos con las del año anterior, y a una “valoración” de las medidas tomadas en la lucha contra el covid en la tramitación y ejecución de los contratos. El análisis de los contratos se restringe a los de obras relacionados con la pandemia. Ni bienes ni servicios.

Además, los dos primeros controles no se realizarán simultáneamente en los mismos hospitales: la comparativa se hará en ocho hospitales y la valoración de medidas anticovid en otros ocho distintos de los primeros.

Presupuestos, personal y contratos

La misma reducción del alcance del control se produce en el examen de la gestión presupuestaria. Si en 2019 se comprobaron las modificaciones presupuestarias y la ejecución del gasto, en el plan inicial para 2020 se añadió también la verificación de las partidas de material sanitario, farmacia e inversiones, debido a la pandemia, y el análisis específico de la cuenta 413, que muestra las obligaciones derivadas de gastos o bienes y servicios recibidos que no estaban incluidos en los presupuestos. Pero en el plan definitivo, el control se limita a dos cuentas: la citada 413 y la 411, la que registra los acreedores por periodificación de gastos; es decir, todos los gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

En los gastos de personal, el examen realizado en 2019 incluyó un análisis de los puestos de la plantilla efectiva, así como su evolución en los tres últimos años. También se analizó el porcentaje de personal temporal, se comprobaron los expedientes, retribuciones y cotizaciones de los trabajadores que hicieron guardias médicas, además de los que tienen una segunda actividad en el sector privado. Igualmente se estudiaron los turnos de trabajo y su repercusión económica en la nómina del hospital, los cursos de formación de las plantillas, y los pluses, tanto fijos como variables, que cobran los trabajadores.

Para el primer plan de 2020 el análisis se restringió a los contratos temporales obligados por la pandemia y a sus remuneraciones, así como a las retribuciones variables cobradas por todas las plantillas en concepto de exceso de jornada o como gratificación. Además, se proyectó examinar la reorganización de la actividad ordinaria en consultas externas, cirugía y hospitalización, así como los movimientos de personal realizados ese año. En el plan definitivo, el que se está ejecutando ahora, se mantiene el control sobre los contratos temporales del personal sanitario por la pandemia y sobre las retribuciones de toda la plantilla, al que se añade la verificación de la paga única y el complemento de grado al personal interno residente. Sólo que, al igual que con los contratos, estas verificaciones ya no se realizan a la vez en 12 hospitales como se preveía en el plan inicial, sino que a la primera –sobre los contratos temporales– se someterán ocho centros y a la segunda –las retribuciones– otros ocho distintos.

Otro cambio que lleva aparejada la sustitución del modelo vertical por otro horizontal es la reorganización de los interventores que realizan los controles. Aunque aún no se ha llevado a cabo, la resolución del 4 de junio prevé que se cree una unidad de coordinación de control financiero permanente y las unidades de interventores de cada hospital pasen a convertirse en “equipos multidisciplinares”. Es decir, se está aplicando ya el nuevo modelo de control horizontal, pero con la organización de trabajo diseñada para el control vertical. En total, son 75 las profesionales que integran la intervención en la sanidad madrileña, de los que seis integraban hasta ahora la unidad de coordinación y el resto se repartían en unidades de cinco a siete personas en los hospitales de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa, Niño Jesús, Puerta de Hierro, Getafe, Severo Ochoa y Gregorio Marañón.

Una decisión “política”

Los interventores consultados por este periódico explican que los modelos horizontal y vertical de control financiero, en realidad, deberían ser “complementarios”, no excluyentes. “Cada uno tiene sus objetivos y motivaciones”, precisa un portavoz de la Asociación Valenciana de Interventores y Auditores Públicos (Aviap). Otros interventores que prefieren no ser citados rechazan que el modelo horizontal pueda considerarse más “evolucionado” que el vertical. “Lo lógico es que se combinaran ambos: es un problema de perspectiva, porque con el horizontal no tienes toda la visión del hospital, por ejemplo; va a ser más complicado saber cómo está ese centro”, apuntan. También ponen en duda el valor de limitar el control de los contratos a un “estudio general” de las formas de contratación que las compare con las de años precedentes. Y advierten del peligro de que, con el modelo horizontal, más que “superar” el análisis singular de cada hospital, como dice la resolución de la Comunidad de Madrid, lo que se pretenda es “evitar” ese examen completo.

Por el contrario, la Aviap no cree que el cambio de modelo signifique necesariamente una reducción del control sobre los hospitales. “Dependerá de los objetivos planteados, cuya decisión final siempre corresponde al nivel político”, subrayan los interventores valencianos, quienes aseguran que desde 2018, cuando la Administración General del Estado comenzó a hacer controles horizontales, éstos se han “generalizado en todas las administraciones”. Según indican, un control más exhaustivo puede ser también “más genérico”, mientras que el horizontal puede “focalizarse” en determinadas cuentas.

La pandemia

Por su parte, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid niega que el cambio del plan anual de auditoría suponga “un menoscabo del control financiero” en los hospitales públicos. Y asegura que el modelo de “revisión selectiva” garantiza “en todo momento la transparencia y la eficacia de la fiscalización”. Tal y como explica, se trata de un tipo de auditoría que permite, “mediante análisis estadísticos aleatorios, examinar procedimientos de gestión y extraer conclusiones válidas”.

En el año más duro de la pandemia, el control financiero se ha “adaptado”, subraya la consejería, a una situación en que la contratación de emergencia ha sido el procedimiento “más frecuente” utilizado por las administraciones, y en el que se ha puesto el foco en las contrataciones temporales y en las retribuciones abonadas a toda la plantilla. Además, el control continuo permite monitorizar “mes a mes” la ejecución presupuestaria, las modificaciones de crédito partida a partida y la evolución del gasto real “en más del 60% de los recursos” destinados a los hospitales, indica.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pasó en 2020 el peor año de su historia mientras hacía frente a la pandemia del siglo. Con una incidencia y letalidad disparadas en la primera ola, Madrid tiene el segundo mayor número de positivos y ha encabezado la de hospitalizados por cada 100.000 habitantes, además de haber sido la segunda comunidad autónoma en ingresos en UCI. También es la que más fallecidos suma –supera los 16.000, según la última actualización del Ministerio de Sanidad– de toda España. Sobre todo, en los geriátricos, donde ha alcanzado la mayor ratio de fallecidos por plazas ofertadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el Sermas ha terminado el ejercicio con el mejor resultado económico desde hace años. Un superávit de 821,3 millones de euros, según las cuentas anuales que el viceconsejero Zapatero presentó en el consejo de administración del organismo el pasado 24 de mayo y a las que ha tenido acceso infoLibre. Las cifras llaman más la atención si se comparan con los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.

En su memoria financiera, el Sermas se limita a explicar la causa de ese resultado positivo con la obviedad de que “los ingresos han sido superiores a los gastos”, y ello pese al aumento experimentado por estos últimos. En efecto, los ingresos totales del Sermas crecieron en 2020 un 32,06%, pues sumaron 2.782,46 millones más que en el ejercicio anterior. A su vez esa alza se debe a que las transferencias y subvenciones se elevaron un 22,72%: 1.955,61 millones más que en 2019. Otra partida que creció el año pasado fueron los “excesos de provisiones”, que alcanzaron los 837,12 millones de euros.

Por su parte, los gastos totales ascendieron a 10.638,85 millones, un 11,23% más que en 2019. De ellos, corresponden a gastos de personal 3.965,37 millones de euros, por lo que aumentaron un 7,88% en el ejercicio de la pandemia. También aumentaron los aprovisionamientos, una factura de 4.065,68 millones de euros que creció un 18,6%, más del doble que los gastos de personal.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Sanidad por estos números, también por el origen del superávit y el motivo por el cual no se gastó todo el dinero disponible en un año tan atípico. La primera respuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero fue asegurar que las cuentas anuales por las que se preguntaba eran “un montaje” y que las cifras aportadas no eran las “oficiales”. Un portavoz de la consejería señaló que ni el logo ni el nombre del departamento que figuraban en ellas eran los auténticos. Sin embargo, los metadatos de los documentos a los que ha tenido acceso este periódico indican que fueron creados el 20 de mayo de 2021 –cinco días antes del consejo de administración del Sermas, por tanto– a las 9:41:14 de la mañana por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica, que firmó las cuentas del Sermas de 2016 como empleadas del Servicio de Contabilidad Financiera y Balances.

En otra respuesta posterior, Sanidad reconoce que en 2020 “pudo” haber superávit “como ocurrió en 2017 y 2018”. Tras requerirle un poco más de precisión, la consejería sólo explica las diferencias entre contabilidad financiera y presupuesto, “dos instrumentos contables con técnicas y criterios distintos”, apunta. “Hay conceptos que se consideran en la contabilidad financiera y no se reflejan en el presupuesto”, indica Sanidad, para luego precisar que el aumento de los ingresos, tal y como aparece en el presupuesto, superó los 2.000 millones de euros y los ingresos reflejados en la contabilidad financiera incluyen conceptos no incluidos en el presupuesto, como los excesos de provisiones de años anteriores. También dice la consejería que la liquidación del presupuesto no incluye “una serie de gastos extraordinarios, realizados por declaración de emergencia”, que sí aparecen en la contabilidad financiera. Por ejemplo, añaden el aumento de existencias.

Presupuesto y contabilidad financiera

Pero la consejería no contesta en ningún momento sobre el resultado positivo del ejercicio y su origen [al final de esta información se reproducen las preguntas planteadas por este periódico que no respondió]. Un apunte que, como queda dicho, aparece reflejado en la cuenta de resultado económico-patrimonial, que recoge el aumento de los ingresos como los gastos en aprovisionamientos que cita Sanidad. infoLibre ha tenido acceso tanto a la cuenta del resultado económico patrimonial –que la Intervención General del Estado (IGAE) define en sus Principios Contables Públicos como “la variación de los fondos propios” de una entidad producida “como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria”–, además del balance y la memoria financiera del Sermas en 2020.

Todos ellos fueron los documentos que Sanidad distribuyó el pasado mayo entre la veintena de personas que se sientan en el consejo de administración del organismo. Y que incluyen a ocho directores generales de la consejería, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, presidentes y decanos de seis colegios oficiales de médicos y otros profesionales sanitarios, representantes sindicales y un catedrático de Farmacología.

Para luchar contra la pandemia, las comunidades autónomas recibieron un total de 16.000 millones de euros del fondo covid-19. De la cantidad total, 9.000 estaban destinados a gasto sanitario. A Madrid le correspondieron 3.346 millones, el mayor importe, seguidos de los 3.166 millones concedidos a Cataluña. Para sanidad, Madrid recibió 2.110 millones de euros. Según detalló el pasado marzo en la Asamblea de Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha destinado a sanidad 1.833 millones.

Gracias a ese dinero, las transferencias recibidas por el Sermas el año pasado crecieron un 22,72%, hasta alcanzar 10.563 millones de euros. Son fondos de carácter finalista, por lo que no se pueden aplicar a otros destinos, como financiar deuda, por ejemplo. En la memoria que el Sermas ha publicado en internet, asegura que ha ejecutado el 95,43% del presupuesto. En 2019 la ejecución fue mayor: el 99,54%.

Otras comunidades lo gastaron todo

A diferencia de Madrid, los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas sí han sentido el impacto del covid en sus cuentas. Osakidetza, la sanidad pública del País Vasco, concluyó 2020 con unos números rojos de 177,52 millones de euros. Aumentó sus gastos casi un 8%, hasta los 3.211,67 millones, respecto al ejercicio anterior, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron un 2%. De los 236,75 millones en que crecieron sus gastos en 2020, el 91%, 215 millones, fueron gastos inducidos por la pandemia. El País Vasco recibió 481 millones del fondo covid-19.

Cataluña, que consiguió 1.721 millones del fondo, dice haber ejecutado el 99,65% de un presupuesto final de 13.144 millones de euros, tras aumentarlo un 38,9% por la pandemia. Sus cuentas arrojan un resultado negativo de 33,9 millones de euros.

Para Castilla y León fueron 545 millones del fondo covid. Con un presupuesto definitivo de 12.666 millones –aumentado en un 17,8% por el covid– del que ha ejecutado el 97,74%, tiene unos números negativos de 335,47 millones de euros.

Andalucía –990 millones del fondo estatal– ha ejecutado el 99% de su presupuesto, tras aumentarlo un 15,5% por la pandemia, hasta los 11.634 millones de euros. Castilla-La Mancha, que ha ejecutado sólo el 88,32% de su presupuesto final, arroja un resultado negativo de 10 millones de euros.

La Marea Blanca ha vuelto a movilizarse este sábado frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para reclamar un cambio "radical" en las políticas sanitarias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y un endurecimiento de las restricciones ante el impacto del covid-19 en la región. Bajo el lema "Elige Sanidad Pública", varios cientos de personas convocadas por once organizaciones organizaciones sociales, sindicales, vecinales, ciudadanas, así como diversos colectivos y plataformas, se han congregado en la Puerta del Sol para reclamar mejoras en el sistema sanitario, informa Europa Press.

Durante el acto de protesta, que ha arrancado a las 12.30 horas, los congregados han denunciado el "fracaso" de la estrategia de confinamientos perimetrales puesta en marcha por el Ejecutivo regional "con medidas restrictivas muy laxas".

Frente a la Consejería de Sanidad que ha vendido esta estrategia como un "éxito", las organizaciones convocantes han subrayado en un manifiesto leído en el acto la situación de "riesgo extremo" en la región por el covid-19, con un exceso de mortalidad muy superior al de resto de comunidades y a las puertas de la cuarta ola, mientras hay "una gran improvisación en la vacunación".

En este sentido, han criticado que la presidenta regional no asuma la responsabilidad ni de la falta de recursos en la sanidad pública, agudizada por la pandemia, ni de la situación que la Comunidad de Madrid presenta tras la Semana Santa. Así, han vuelto a reclamar "un cambio radical" en las políticas sanitarias en la Comunidad de Madrid, que no ha variado durante la pandemia y que ha castigado a la "imprescindible" Atención Primaria, a la que no han llegado los millones de euros recibidos desde el Gobierno central.

Entre otras reivindicaciones, la Marea Blanca ha vuelto a reclamar la apertura de todos los centros de urgencias y consultorios de Atención Primaria que aún permanecen cerrados y dotar "de manera inmediata" a los centros de salud de los recursos humanos necesarios "que permitan reanudar una actividad normal en los mismos y acometer la campaña de vacunación con recursos propios".

Han exigido también un incremento sustancial de recursos en salud pública, particularmente rastreadores, y la dotación a los hospitales públicos de los recursos humanos detraídos para destinarlos al Hospital Enfermera Isabel Zendal, para el que piden un plan de viabilidad futuro.

También reclaman un aumento en el presupuesto sanitario, que debe ser más equilibrado y garantizar que la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid llegue al 25% del total de gasto sanitario público, y que las cuentas sean transparentes para conocer "el destino de los 3.500 millones de fondo covid, con planes claros y eficaces en la vacunación".

Como en todas sus convocatorias, las organizaciones han vuelto a reclamar la eliminación de las privatizaciones en servicios "que pueden y deben ser realizados por el sector público y de forma más económica y eficiente", el 69% del gasto sanitario consolidado de 2019.

Bajo la presión de una crisis sin precedentes, que se extiende de lo sanitario a lo económico, el Estado está más exigido que nunca. Va a disponer de un recurso extraordinario para afrontar el desafío, o al menos se cuenta con ello: 140.000 millones de la Unión Europea. La Comisión Europea y el Gobierno insisten en que el dinero debe tener un uso planificado, eficiente, transformador. Se escucha a todas horas: “cambio de modelo productivo”, “transición ecológica”, “recuperación verde”, “digitalización”, “resiliencia económica”... El Ejecutivo ultima una nueva estructura institucional para el reparto de fondos, en la que quiere trabajar con el sector privado. El propósito del Gobierno es “sentar las bases de una nueva economía”, en palabras del presidente, Pedro Sánchez. Nada menos. En paralelo, las administraciones apuran sus escasos márgenes para dar respuesta a las crecientes urgencias sociales, con medidas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un escollo se cruza en el camino: los serios déficits de España en evaluación de políticas públicas. Las instituciones hacen cosas, sí. Pero a menudo no saben si funcionan, si alcanzan sus objetivos, si llegan a quienes deben llegar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en una presentación en octubre de 2019 del que era su presidente, el hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá (PSOE), admitía un “déficit evaluador” en las políticas públicas por al menos cuatro motivos: 1) falta de cultura de análisis y seguimiento, 2) falta de cultura de examen basado en la evidencia, 3) inadecuado seguimiento de las recomendaciones, 4) falta de integración en los presupuestos. “Falta cultura de rendición de cuentas, asunción de responsabilidades y transparencia”, resume la Airef, que precisamente se ha instituido en el principal referente de la evaluación en España, pese a no ser una institución concebida inicialmente para este fin.

“Institucionalización” y ley

A pesar de la irrupción en el escenario de la Airef, tras la laminación durante la etapa de Mariano Rajoy (PP) de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), profesionales y académicos consultados coinciden en un problema estructural: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, sigue sin estar sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones. “Se han producido avances significativos, pero la evaluación es aún una realidad muy heterogénea y con un margen significativo de mejora. Todavía persisten obstáculos para que sea un escenario natural dentro de la acción pública”, explica Antonio Igea, presidente de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.

“Aún no la hemos introducido como una parte más de las políticas públicas”, señala Hugo Cuello, especialista con experiencia internacional en los sectores público y privado. Un informe publicado en junio por la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas también apunta a la “escasa” institucionalización, que “implica que hoy día la mayor parte de las evaluaciones dependan de la voluntad política”, por lo que solicita una ley estatal como en Francia, Holanda y Suiza.

Otras voces indican que el énfasis en la elaboración de una ley abunda precisamente en un problema “cultural”, palabra que aparece frecuentemente en el análisis. Este problema sería el convencimiento generalizado de que los obstáculos se superan con leyes. “La ley es condición necesaria, pero no suficiente”, opina Cuello, que participó como consultor en la redacción de la Ley de Evaluación de Costa Rica, y que incide en la necesidad de mejorar la colaboración entre administraciones y el uso de datos, dos áreas en las que el Estado de las autonomías ha mostrado serias lagunas durante la pandemia.

El catedrático de Ciencia Política y de la Administración Manuel Villoria se inclina por que cada ley traiga incorporados sus criterios de evaluación. “Tiene que ser parte de cualquier política pública”, sintetiza. “¿Una ley? En España siempre pensamos que tiene que haber una ley para solucionarlo todo. Lo que tiene que haber es un diseño institucional adecuado”, señala Marga León, profesora de Ciencia Política y coordinadora de proyectos del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cree que, antes que nada, hay un problema de cultura política y social sobre la evaluación. “En la democracia anglosajona, la accountability está totalmente integrada en el corazón de la actividad pública. Aquí no sabemos cómo traducirlo exactamente”, afirma.

Aeval

Todos los expertos consultados sitúan como hito significativo la disolución de la Aeval. “La Aeval ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011 (aquí puede verse la mayoría) antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012, momento desde el que, aunque hizo alguna evaluación más, sólo pudo dedicarse básicamente a hacer guías y a pulir su metodología”, escribió en Agenda Pública en 2018 Eloísa del Pino, científica titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La Aeval fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

No es que, antes de su disolución, la Aeval hubiera cumplido las expectativas de quienes propugnan la plena incorporación de las políticas de evaluación a la función pública. “En nuestro sistema siempre ha habido más preocupación por el legalismo que por los resultados. La Aeval, antes de que se la cargasen, no tenía suficientes recursos, ni personal, ni independencia, ni apoyo político”, señala Hugo Cuello. Coincide Manuel Villoria, para quien esta agencia siempre fue vista como “un enemigo dentro de la administración pública”, también durante la etapa socialista, a pesar de que abrió durante la misma. “Luego el PP consideró que debilitaba su posición”, añade. Fue el fin de la Aeval.

Déficits

Del Pino coincide en que hay deficiencias en la evaluación en España, pero rechaza cualquier catastrofismo. “Somos muy de exagerar lo mal que hacemos todo”, dice. Al margen del trabajo de la Airef, el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, heredero de la Aeval, continúa haciendo un trabajo valioso, por ejemplo poniendo la lupa a las políticas contra el “sinhogarismo”, así como proporcionando formación de buen nivel a los empleados públicos, recalca Del Pino. El Ivàlua (el Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) es citado con frecuencia como un organismo solvente. El Gobierno navarro, que tiene ley propia sobre la materia, lleva a cabo frecuentes evaluaciones de sus programas. Andalucía está trabajando en su propia ley y Castilla y León en una agencia. A ello se suma la evaluación de políticas sectoriales como las de tecnologías y productos sanitarios y de cooperación al desarrollo, recalca Del Pino, que dirigió el Observatorio de Calidad de los Servicios de la Aeval entre 2009 y 2011.

Todo ello no oculta que hay déficits serios. El primero es que, aunque se hacen evaluaciones, apenas tienen impacto, como escribía Del Pino en su artículo de 2018: “Las decenas o quizá cientos de evaluaciones que se hacen cada año en el país encuentran poco eco. Faltan evaluaciones, desde luego, se puede discutir el enfoque de las mismas, se puede debatir sobre cuándo y qué programas deben monitorizarse y cuáles no, y también sobre quién debe hacerlas. Sin embargo, debe admitirse que una vez realizadas, a veces por su complejidad técnica y otras por las razones que sean, han tenido un impacto escaso, como lo demuestra el hecho de que casi todo el mundo parece ignorar su existencia. Pocas veces han sido discutidas en el Parlamento. Los medios prácticamente nunca han difundido sus resultados [...]. Ni mucho menos se ha realizado un seguimiento de si el resultado de las mismas es utilizado o no”.

“Aunque hay evaluación, no tenemos previsto ningún mecanismo para incorporar el resultado. Y esto es clave. Si gastas en evaluar, que es caro, y además sometes a tensión a la organización, para al final no incorporarlo, ¿de qué vale?”, reflexiona ahora Del Pino. El segundo problema es de dinámica política: “Hay un temor muy grande a las evaluaciones, que retrae a los responsables políticos”. La polarización política no ayuda.

Estas deficiencias se hacen más relevantes a las puertas del desembolso europeo previsto. “Nos van a pedir cuentas para saber qué impacto han tenido las políticas. Los fondos europeos exigen evaluación”, explica Del Pino, que recuerda que ya ha quedado acreditada una “falta de capacidad administrativa” que impide incluso gastar los fondos asignados. España se encuentra entre los países que menor índice de ejecución presentan. A esto se añaden bloqueos de fondos por parte de la Comisión Europea por “serias deficiencias en los sistemas de gestión y control”. Es la administración pública la que va a tener que impulsar la recuperación. Desde Moncloa no se ha aclarado dónde se van a insertar las políticas de evaluación dentro de la estructura institucional que se está ultimando para el diseño y reparto de las políticas con fondos europeos.

Airef

Las mismas voces que detectan los déficits reconocen el valor del trabajo de la Airef. La evaluación no es su espacio original, pero ha venido a ocupar el espacio libre. Su actividad evaluadora comenzó con dos encargos a nivel regional: la evaluación de empresas y fundaciones públicas de Cantabria y del Eix Transversal C-25 en Cataluña. Luego recibió el encargo por parte del Gobierno, a instancias de la Unión Europea, del llamado “spending review”, revisión del gastospending review, y ahora sigue recibiendo encargos de comunidades como Andalucía, Castilla León y Aragón. Sus trabajos son “sólidos”, destaca Eloísa del Pino, aunque recalca que no es una agencia concebida para este fin y que su entrada en la evaluación ha sido “sobrevenida”. “Su mandato no es este. Le faltan recursos y capacidades”, añade Hugo Cuello, que, no obstante, cree que la Airef es ejemplo de institución pública independiente.

A juicio de Villoria, la clave de la inadecuación de la Airef está en su enfoque esencialmente económico. “Hace evaluaciones, pero no sistemáticas”, señala. Sigue faltando el elemento clave: la “institucionalización” de la evaluación. Villoria apunta al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como dos focos de resistencia al progreso de la actividad evaluadora en España. “Piensan que esa es su tarea, cuando no lo es. La IGAE hace auditoría de organismos púbicos, no evaluación. Y el Tribunal de Cuentas menos todavía. Es una institución anclada en el siglo XIX, totalmente burocrática, que hace sus análisis con lo que le mandan, sin ir más allá, y que no ha descubierto casos como Gürtel”, explica Villoria.

Hugo Cuello apunta a un problema de mentalidad. “La evaluación se sigue viendo como un coste”, lamenta. Y lanza una reflexión: las “costosas políticas de sustitución de coches”, de las que “la evidencia nos dice que no funcionan”, continúan renovándose. ¿Cuál es el dinero mal empleado, el de una política errónea o el de una evaluación ex-ante o de resultados que evite ponerla en marcha o reincidir en ella? “España ha gastado más de 6.000 millones de euros en políticas activas de empleo que no han funcionado. Esto es algo que hay que plantearse con el gasto social. Siempre merece la pena asegurarnos de que el gasto llega a quien lo necesita y tiene resultados”, añade. Precisamente la Airef ha diagnosticado graves deficiencias en las políticas activas de empleo. Pero no hay mecanismos estables para hacer cumplir las indicaciones de la Airef. Eso sería la institucionalización. Sin ella, queda la voluntad política.

A juicio de todos los profesionales y académicos consultados, es un momento de creciente necesidad de evaluación. “Si queremos usar los fondos para cambiar el modelo productivo, tenemos que saber si los fondos sirven para hacerlo o no. Sin planificación, no va a haber transformación”, explica Marga León. Y también que los responsables políticos acepten el resultado de las evaluaciones.

La crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de introducir reformas sanitarias, en las residencias de mayores, educativas, económicas, sociales... Ahí está el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que precisamente se presentó con el marchamo de política diseñada milimétricamente pero que está teniendo diicultades para su puesta en marcha. Es lo normal, coinciden todos los expertos consultados, que una política compleja tropiece. Lo debería ser menos no tomar nota de los errores y reincidir. Lo deseable es detectar los errores y corregirlos en base a los hechos, sin dejarse paralizar por el pavor a las críticas, coinciden los consultados.

Así la evaluación, concretamente la evaluación de impacto, “ha permitido a Finlandia experimentar con la Renta Básica Universal, a Reino Unido diseñar programas de empleo mucho más baratos y eficaces, o a Dinamarca mejorar la recolección de impuestos por medio del uso de nuevas tecnologías”, como ha escrito Hugo Cuello. Escrivá, antes presidente de la Airef y hoy ministro de Inclusión, citaba en una presentación a Louis Pasteur: “Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas”. A día de hoy es difícil decir si hay más dudas o datos para hacer política.

Cuando Alberto Núñez Feijóo (PP) llegó a la Presidencia de la Xunta y puso fin a una legislatura de Gobierno progresista, hace ahora algo más de 11 años, la crisis financiera estaba en pleno desarrollo. El lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) no lleva tanto tiempo al frente del País Vasco: llegó en las elecciones de 2012, también para acabar con un presidente socialista, pero la depresión seguía a pleno rendimiento. Fue el año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso por decreto la reforma laboral vigente, la misma cuya reversión, siquiera parcial, sigue sin fecha. Y cuando rescató a la banca.

Galicia es hoy, después de más de una década de gobiernos de Feijóo, una comunidad empobrecida, todavía muy por debajo del PIB por habitante en relación a Europa que tenía cuando el PP derrotó a la coalición PSOE-BNG que presidía Emilio Touriño. Aquel año, Galicia estaba a 17 puntos de la media europea en PIB por habitante y en 2018, el último ejercicio sobre el que ofrece datos la estadística comunitaria, ese diferencial estaba en 25 puntos. Un indicador en el que la comunidad gallega rozó, en lo peor de la crisis financiera, los 30 puntos de diferencia con la media comunitaria.

La economía gallega nunca llegó a recuperar el terreno perdido. Aporta menos PIB al conjunto de España que hace diez años (el 5,2% según cifras de 2018 del Instituto Nacional de Estadística) y también menos trabajadores al conjunto del empleo español (la cuota gallega se ha reducido del 6,1 al 5,5%). En Galicia había todavía a comienzos de año, antes de la pandemia, seis décimas de desempleo más que en 2009 y un desempleo juvenil por encima del 28%.

En gasto sanitario por habitante, una magnitud de especial importancia en una de las comunidades más envejecidas y con más dispersión de la población, las cifras son elocuentes. Cuando Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta Galicia gastaba 1.287 euros por habitante en su sanidad y en 2018, nueve años después, esa cifra sólo había aumentado hasta 1.491 euros, prácticamente lo mismo que la inflación acumulada durante esos nueve años. Y eso que durante el mismo período creció la demanda de servicios sanitarios de la población gallega.

Galicia está entre las comunidades que siguen sin recuperar el gasto social previo a los recortes, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con datos que cubren la década entre 2009 y 2018 que cifra el retroceso en un 3,7%, el más abultado entre los territorios peor parados: Andalucía (-0,2%), Canarias (-0,8%), Castilla y León (-0,9%) y Madrid (-1,7%)

El mismo informe destaca que Galicia también está entre las cuatro comunidades —Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Cataluña— que no habían recuperado en 2018 el nivel de gasto en servicios sociales que existía en 2009.

La estadística y la evolución de las cifras en los últimos años revelan una realidad económica y social muy diferente en el País Vasco, aunque también allí algunas magnitudes están todavía lejos de volver a ser lo que fueron antes de que la norteamericana Lehman Brothers y el ladrillo español se combinaran para desatar la devastadora crisis de 2008. Para muestra, una botón: en 2009 el País Vasco podía presumir de un PIB por habitante 29 puntos por encima de la media europea. En 2018, el último año disponible en Eurostat, esa cifra seguía por encima de la media pero se había derrumbado 22 puntos.

Contribución al PIB estatal

Aun así, Euskadi ha sido capaz de mantener en estos años su cuota en el PIB estatal en un 6%, y apenas ha perdido peso en la población española que conserva su empleo (ha pasado de un 4,9% en 2008 a un 4,7% en 2020) antes de que la pandemia lo echase todo a perder. De hecho, en los primeros meses del año el País Vasco aportaba menos parados al conjunto español que en 2009, cuando comenzó la crisis financiera.

La tasa de desempleo vasca era hace once años de un 7,7%. Se disparó al doble (124,8%) en lo peor de la crisis (2015) pero este año había vuelto a estar por debajo del 10%. También el desempleo juvenil se había reducido a comienzos de año en comparación con las cifras de de 2009 hasta situarse en un 23,9%, 3,3 puntos porcentuales más que hace once años.

Del bienestar económico en el País Vasco dan buena medida casi todos los indicadores. La renta per cápita fue en 2018 de 33.223 euros, sólo superada por la de Madrid (35.041). Esta cifra es un 43% más elevada que la de Galicia en el mismo año (23.183 euros).

Si nos fijamos en el gasto sanitario, la comparación con el resto de Comunidades Autónomas subraya el liderazgo de Euskadi. La sanidad vasca gastaba en 2009 1.580 euros por habitante, cifra que en 2018 había alcanzado los 1.753 euros. Eso son, por ejemplo, 262 euros más por habitante que Galicia, lo que supone un 17,5% más.

Un estudio del BBVA de 2018 situaba al País Vasco y a La Rioja como las comunidades autónomas con mejor calidad de vida. Euskadi es la comunidad autónoma en la que más ha crecido la renta de los hogares, la que tiene menos personas en situación de pobreza y en la que se produce una menor tasa de abandono escolar.

No fueron los supermercados o los pequeños comercios los que amanecieron este lunes con largas colas a sus puertas. Al menos, no en la Comunidad de Madrid. Allí fueron las farmacias las que levantaron el cierre y vieron a multitud de personas, separadas siempre por la distancia de seguridad, aguardando para entrar. Todas ellas esperaban para recoger la mascarilla FFP2 que la Comunidad de Madrid ha prometido a cada madrileño y madrileña. Desde este lunes y durante los próximos 15 días bastará con presentar la tarjeta sanitaria —o el DNI o NIE para los mutualistas— para llevársela. No costará nada y podrán hacerlo en cualquiera de las 2.882 farmacias de la región. Por ahora hay siete millones disponibles, una para cada ciudadano, pero el Gobierno autónomico ha informado de que ha comprado, en total, 14 millones de mascarillas. Todo por un precio de 32 millones de euros, según una nota emitida por el propio Ejecutivo de la conservadora Isabel Díaz Ayuso. Cada unidad, por tanto, ha costado alrededor de 2,28 euros. 

Fue la propia presidenta regional la que lo anunció en su cuenta personal de Twitter el pasado viernes. "Madrid recibirá 7 millones de mascarillas en 3 aviones a lo largo del fin de semana. Se repartirán por todas las farmacias para que los madrileños puedan recogerlas el lunes con la tarjeta sanitaria o DNI", aseguró. Habían pasado apenas 24 horas desde la dimisión de su directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, tras la polémica por la decisión de la Comunidad de solicitar al Ministerio de Sanidad entrar en la fase 1 de la desescalada. Fuentes no compartía la decisión de pedirlo y preferió apartarse.

Y entonces, un día después, surgió una nueva polémica. La noticia de la conservadora no convenció —ni convence— a los expertos, que aseguran que ese tipo de mascarillas no deben ser empleadas por la población en general sino que deben reservarse para el personal sanitario. "No son las mascarillas adecuadas", señala, tajante, el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Julián Ezquerra, en declaraciones a infoLibre. Pero no es el único. Sociedades de Medicina del Trabajo consideran "inadecuada" la medida y los jefes de Medicina Preventiva han asegurado que su reparto generalizado "no se sustenta en evidencia científica". 

¿Cuáles son, entonces, las mascarillas apropiadas? "A la población en general le es suficiente con una mascarilla tipo quirúrgica", señala Ezquerra. Son las más extendidas y, además, las que tienen un precio más económico. De hecho, si Ayuso hubiera comprado este tipo de mascarillas, más recomendables por los expertos para la ciudadanía en general, se habría podido ahorrar unos 18,5 millones de euros. 

El pasado 21 de abril, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos fijó el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas en 0,96 euros. Se pretendía, de este modo, acabar con el aumento desproporcionado en el precio de estos productos provocado por el desabastecimiento. "El objetivo es que no se produzcan abusos", aseguró el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, al dar la noticia. Desde entonces, tal y como confirma a este diario Rosalía Gonzalo, vocal de dermofarmacia y de productos sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), los boticarios compran estos productos en el mercado mayorista a un precio inferior. Si no, venderían a pérdidas, que es lo que tuvieron que hacer con la remesa de mascarillas que compraron justo antes de que el Ejecutivo fijara el precio máximo. "Ahora compramos a los proveedores por menos de 0,96 euros. No podemos vender por debajo del coste", señala Gonzalo. 

La Comunidad, por tanto, podría haber adquirido mascarillas quirúrgicas, como mucho, a 0,96 euros a un proveedor externo. Un total de 14 millones de mascarillas a ese precio habrían supuesto al Ejecutivo 13,44 millones, más de 18 millones menos de los 32 que ha invertido en comprar las FFP2 que no recomiendan para los ciudadanos de a pie ni los médicos, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y que además no reparten otros Gobierno regionales que también han puesto en marcha una iniciativa similar a la de Ayuso. 

Varios ciudadanos hacen cola delante de una farmacia, durante la primera jornada de reparto de mascarillas, este lunes, en Alcalá de Henares, Madrid. | EFE

"Faltan en los hospitales, en los centros de salud y en las residencias"

Las críticas al reparto de este tipo de mascarillas han sido una constante durante el fin de semana. Por eso Ayuso quiso defenderse. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, la líder del Gobierno autonómico afirmó que la mascarilla que desde este lunes pueden recoger los madrileños "protege en exceso". Según añadió, evita no solo que se propague el virus, sino también que la persona que la lleve contagie. "Yo quiero lo mejor para los ciudadanos y quiero que tengan una, que las prueben", dijo. Y aseguró a continuación que tienen un uso de 48 horas consecutivas, por lo que pueden durar "tres, cuatro o cinco días".

Sin embargo, las fuentes consultadas por infoLibre rechazan su uso. Al menos, entre la población en general. Y más teniendo en cuenta que los sanitarios, los que realmente necesitan este tipo de mascarillas, en algunos casos carecen de ellas. "Este tipo de mascarillas las necesitan los profesionales y a ellos se les están entregando con cuentagotas y de manera rácana. Hay una entrega muy, muy reducida, así que es un contrasentido que se repartan a la población en general cuando los profesionales, que son los que las deberían tener, no las tienen", critica Ezquerra. 

Jesús García, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería Satse en Madrid, opina igual. "La prioridad son los sanitarios. Hay centros en los que tenemos dificultades con las mascarillas, los gorros y las calzas y la verdad es que nos sentimos bastante maltratados y poco cuidados", denuncia. "La prioridad son los que están en primera línea", sentencia.

Y en ello coincide también Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME). Según denuncia desde el otro lado del teléfono, la mascarilla FFP2 "no está indicada para la población general, sino que lo está para aquellos profesionales que tienen contacto directo y muy cercano con un posible paciente con covid-19". "Estas mascarillas faltan en los hospitales, en los centros de salud y en las residencias. Nos piden que optimicemos el material porque no hay, pero Ayuso se salta todas las evidencias científicas y decide darle a la población una mascarilla que no está indicada para ellos", critica. 

Pero, ¿por qué no lo está? Según todas las fuentes consultadas, se trata de una mascarilla mucho más incómoda y que genera la necesidad de tocarse la cara en quien la lleva puesta. "Además, te hace respirar mucho más tu propio aire, así que la gente que tenga problemas respiratorios acaba mucho más agotada", concluye Recas. 

La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, por su parte, emitió un comunicado este mismo lunes alertando de que las mascarillas FFP2, "si se utilizan de forma continuada tienen riesgo de contaminación y podrían ser un elemento de transmisión del virus". Y es más, "recomendarlas a la población general carece de evidencia científica" y "es contradictorio con las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales". 

Ni Consumo ni la OMS

Y es cierto, puesto que ni la guía elaborada por el Ministerio de Consumo ni la OMS han recomendado el uso generalizado de este tipo de protección en ningún momento. Según la institución liderada por Alberto Garzón, las mascarillas FFP2, de tipo EPI [equipo de protección individual], están indicadas para "quienes cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivos por covid-19". "También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica", añade Consumo. Pero nada más. Para las personas sanas, continúa el documento, las apropiadas son las higiénicas; y para las sintomáticas o positivas asintomáticas, las quirúrgicas. 

Por su parte, la OMS sigue recogiendo en su página web que los ciudadanos sanos solo deben usar la mascarilla respiratoria en caso de tener contacto con contagiados o sospechosos de estar contagiados por covid-19. El 6 de abril, no obstante, la institución publicó un documento en el que daba más detalles y en el que, además, quisieron hacer hincapié "en que es crucial destinar las mascarillas médicas y las mascarillas autofiltrantes de manera prioritaria a los profesionales sanitarios", justo lo que reclaman los expertos y las organizaciones profesionales a Ayuso. 

Pero además, también hay que destacar que Ayuso es la única presidenta autonómica que ha repartido este tipo de mascarillas entre sus ciudadanos. Otras comunidades autónomas también decidieron poner en marcha una actuación similar, pero siempre con mascarillas quirúrgicas. Es el ejemplo de Cataluña, que también inició hace algunos meses el reparto de otros 14 millones de mascarillas compradas por la Generalitat a 0,76 euros cada una. O el de la Comunitat Valenciana, que repartió 3,6 millones entre los mayores y las personas pertenecientes a colectivos de riesgo. O el de Galicia, que invirtió un millón de euros en repartir 2,2 millones de mascarillas quirúrgicas entre las personas con menos recursos. 

El tipo era diferente, y los números también. Pero las mascarillas repartidas por el también conservador Alberto Núñez Feijóo tienen algo en común con las ofrecidas por Ayuso. Tanto una como otra iban plastificadas con publicidad institucional del Gobierno regional, algo que las fuentes consultadas por infoLibre han calificado sin ningún titubeo de operación de "márketing". "Cuando se reparte una mascarilla que va con la bandera, lo que se traslada a la población es que es la Comunidad de Madrid la que las está poniendo a su disposición. Es un mensaje subliminal evidente. Es lícito, pero poco ético", subraya Ezquerra. 

Recas coincide. "Esto es un intento más de lavar su cara, un intento de decir que podemos pasar a la fase 1, cuando su propia directora de Salud Pública decía que no teníamos material. No tenemos material y ella decide entregar el material no indicado con una banderita a la población. Es de locos", sentencia. 

Una trabajadora prepara las mascarillas que se repartirán gratuitamente entre los ciudadanos, este lunes, en una farmacia de Alcalá de Henares, Madrid. | EFE

La atención primaria, que ejerce de filtro y vínculo de unión con la asistencia hospitalaria y es clave para la atención a la cronicidad, es la columna vertebral de la atención sanitaria. Pese a ello, ha sido un área muy maltratada en los años de recortes. Y lo sigue siendo. Así lo evidencia la última Estadística de Gasto Sanitario Público [consultar aquí] publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad, que muestra que el presupuesto dedicado al primer nivel asistencial seguía en 2016 un 11,6% por debajo respecto a 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social. El recorte es de 1.245 millones de euros: de 10.775 a 9.530.

Los expertos coinciden en que el aumento de la longevidad y la esperanza de vida inducen a prestar una atención debida a la cronicidad y a modular un sistema que está principalmente orientado al tratamiento de pacientes agudos. Pero no es esa la deriva que se deduce de esta estadística de gasto. De hecho, los servicios hospitalarios y especializados sí han recuperado la inversión precrisis. Han pasado de tener un presupuesto de 39.251 millones de euros en 2009 a 41.586 en 2016, un 5,9% más.

"Llevamos tiempo denunciando el actual modelo hospitalocentrista al que nos ha llevado el interés de los políticos por obtener rendimientos a corto plazo invirtiendo más en la curación, a través de la atención hospitalaria, que en la prevención, que se realiza en la atención primaria", señala Antonio Cabrera, administrativo en el Hospital Carlos Haya de Málaga y secretario general de la federación de Sanidad de CCOO.

Cabrera recuerda que la Estrategia AP XXI aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso sobre la mesa el objetivo de aumentar el prepuesto de la atención primaria hasta llegar al 25% del total del gasto sanitario. Pero todo aquello quedó pronto en papel mojado y ahora apenas llega al 14,3%. En contraposición, los servicios hospitalarios y especializados captan el 62,4% de los presupuestos sanitarios. 

Los doctores Luis Palomo Cobos y Marciano Sánchez Bayle advertían precisamente en un informe hecho público la semana pasada por la Fundación Alternativas [consultar aquí] de que el recorte de la inversión sanitaria pública en atención primaria "está minando la calidad de esa atención, deteriorando las condiciones laborales y dificultando la longitudinalidad (tener un médico asignado durante tiempo), que son la base de la efectividad de este servicio".

Más precariedad

En relación al recorte en la atención primaria, resulta también especialmente llamativa la merma en los presupuestos que han sufrido y sufren los servicios de salud pública, cuyos fondos han caído un 34,7% entre 2009 y 2016: de 1.158 millones de euros anuales a 756. Es decir, 402 millones de euros menos. En esta partida se incluye la vigilancia epidemiológica, las campañas de sensibilización ciudadana para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad o los controles e inspecciones sanitarias de aguas, alimentos y salud medioambiental realizados con recursos sanitarios.  

Gracia Álvarez, enfermera y secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, recuerda que en el Informe sobre el estado de la Salud de la UE 2017, elaborado principalmente con datos de Eurostat y la OCDE, ya se alertó de las carencias de España en la prevención de riesgos especialmente en relación al tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad. "Las principales consecuencias de esto se van a ver a largo plazo, aunque ya se están empezando a notar con el repunte del número de pacientes pluripatológicos que entran en las urgencias hospitalarias y se quedan ingresados", señala. 

La comparación del gasto sanitario entre 2009 y 2016 también arroja otro dato llamativo: los fondos dedicados a la remuneración de personal, que suponen el 44% del presupuesto, han caído un 5,3% en ese período: de 31.341 millones de euros a 29.689. Y eso a pesar de que el número de efectivos se ha mantenido estable en torno a los 490.000. Lo que sí ha cambiado es la distribución de categorías. El número de funcionarios y personal laboral se ha reducido en 10.339 (de 316.151 a 305.812), mientras que el de eventuales e interinos se ha incrementado en 10.497 (de 174.200 a 184.697). 

No obstante, las fuentes consultadas no vinculan esta disminución presupuestaria con el cambio de categorías, pues aseguran que interinos y eventuales han ido ganando en los tribunales el derecho a disfrutar de los mismos complementos que los empleados fijos; sino a la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los profesionales sanitarios desde el inicio de los recortes. En concreto, Cabrera cita la reducción del 5% del salario de todos los empleados públicos decretado por el Ejecutivo de Zapatero en 2010, la reducción del complemento de productividad y del específico en la paga extra o la paralización de la carrera profesional. 

Inequidad 

Por otro lado, el informe de Sanidad también muestra la gran brecha que existe entre las comunidades autónomas, que presupuestan y gestionan el 92,4% del gasto sanitario. El País Vasco, con 1.669 euros por habitante y año, es la comunidad que más invierte. Le sigue Asturias, con 1.577 euros; Extremadura, con 1.549 euros; y Aragón, 1.544. En cambio, Andalucía es la que tiene un gasto per cápita menor, con 1.110 euros; seguida por Madrid, con 1.224 euros; Baleares, con 1.291; y Castilla-La Mancha, con 1.306 euros. Por tanto, la diferencia entre la que más invierte, el País Vasco, y la que menos, Andalucía, es de 559 euros por habitante al año. El País Vasco invierte un 50,4% más que Andalucía.  

En porcentaje sobre producto interior bruto (PIB), las diferencias resultan aún mayores, lo que evidencia los diferentes esfuerzos que realizan las comunidades. Así, mientras Madrid dedica apenas el 3,7% de su riqueza a la sanidad pública o Cataluña el 4,7%, Extremadura destina el 9,4%, Asturias el 7,6%, o Murcia el 7,5%. "Son unas diferencias escandalosas, que no se justifican por criterios como la edad o la dispersión de la población. Es por eso que nosotros demandamos que, dentro de las transferencias autonómicas, el gasto sanitario sea finalista para buscar la equidad y evitar estas disfunciones", señala Cabrera, de CCOO.

Álvarez, de UGT, cree que el fondo de cohesión sanitaria, que se creó para compensar la asistencia a pacientes que se derivan de una comunidad autónoma distinta de aquella donde viven, también debería utilizarse para limitar estas desigualdades. El problema es que su presupuesto es muy limitado. Precisamente este martes, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tendrá que responder a una pregunta del senador socialista Modesto Pose sobre la escasa dotación de este fondo, que alcanza los 3,44 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado por el Gobierno a principios de abril.