Los estadounidenses podrían ver una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para el verano, un periodo de viajes para muchas familias, dijo este domingo el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien espera que la guerra contra Irán, que ha elevado el precio del oro negro, culmine pronto.

"Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)", afirmó en el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC, donde señaló que "hay una buena posibilidad" de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine "el mayor riesgo para el suministro energético mundial".

De acuerdo con el secretario de Energía, cuando finalice la guerra contra Irán lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero "habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Oriente Medio".

El conflicto ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, el enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasaba aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Irán ha cerrado de facto el paso de Ormuz, lo que ha llevado al alza el precio del crudo.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de 2,94 dólares por galón el 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra. Este sábado, la media se situó en 3,70 dólares, de acuerdo con los medios que citan a la plataforma GasBuddy.

Aunque Wright se mostró confiado en una pronta solución al conflicto, reconoció que "en la guerra no hay garantías".

"El plazo aún no está del todo claro, pero creo que ese es sin duda uno de los objetivos de la Administración" del presidente Donald Trump, añadió.

En una entrevista el sábado con NBC, Trump previó que finalizada la guerra, el precio del petróleo bajará más de lo que estaba antes y se jactó de que con él ya se situaba "en mínimos históricos".

"Hay muchísimo petróleo, muchísimo gas... Hay muchísimo ahí fuera, pero ya saben, está un poco obstruido. Pronto se desbloqueará", aseguró.

El líder republicano considera que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen barcos a la zona" indicó en su red social, Truth Social.

Wright no quiso entrar en detalles sobre las palabras del mandatario, pero afirmó haber conversado con algunas de esas naciones: "Así que sé que es cierto", sostuvo.

"El mundo depende de los flujos que pasan por el estrecho de Ormuz" dijo apuntando que Japón, Corea, China, Tailandia y la India dependen especialmente del estrecho para su suministro energético.

Al ser preguntado en específico por China y si EE.UU. estaría dispuesto a compartir información de inteligencia con ese país, recordó que Washington dialoga siempre con el gigante asiático y afirmó que espera que sea "un socio constructivo en la reapertura".

"La apertura del estrecho de Ormuz es incluso más importante para China que para Estados Unidos", señaló Wright, que en otra entrevista en la cadena ABC indicó que en cuanto sea posible "todos los recursos militares estadounidenses" trabajarán para reabrirlo.

El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán domina la conversación en redes. Las consecuencias económicas empiezan a notarse en el bolsillo de los ciudadanos, que no le quitan ojo al precio de los carburantes, que se mueve como si fuera una montaña rusa. Y aunque todavía no ha cundido el pánico, las colas en las gasolineras para llenar el depósito cada vez son más frecuentes. Los usuarios de X y Bluesky se han hecho eco de la situación tratando de hacerla más llevadera a golpe de meme. "Dan ganas de prenderle fuego a todo. Por eso está la gasolina al precio que está. Ley de la oferta y la demanda", ironiza @prendente.bsky.social‬, "Desayuno con carburantes". se cachondea @Delnilorobert ilustrando su tuit con la mítica imagen de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' contemplando el escaparate de Tiffany's.

Las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina —por cierto, en infoLibre te contaremos el minuto a minuto de lo que pase el domingo— y por eso Alberto Núñez Feijóo hacía campaña en la provincia de Segovia. Y allí, se producía una de las imágenes más compartidas entre los tuiteros. El líder del PP rememoraba su juventud jugando al balonmano en el que fue su colegio. Su tiro a portería se ha hecho viral, aunque con alguna que otra modificación llena de ironía: "Seguramente en el colegio le conocían bajo el pseudónimo de At y cuando marcaba gol decían: "¡Anotó At!", se mofa @LegoLlorchs

La cancelación del concierto de Morrissey en Valencia porque "el ruido" le impidió dormir se ha convertido en diana de los memes y las mofas en redes. El cantante argumentó que la fiesta cerca del hotel le había dejado "en estado catatónico" y estas palabras han sido mágicas para los tuiteros: "¿Podemos usar la expresión “me he quedado Morrissey” como sinónimo de catacroquer?", reclama @Mariagonzalezga.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una web para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución y ha revelado diferencias de hasta el 107% entre la más económica y la más cara. Esta herramienta, ha informado este jueves esta asociación, muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España, según informa EFE.

La página publica el precio medio, mínimo y máximo de la gasolina, el diésel y el GLP (Gas Licuado del Petróleo), según Facua, que ha detallado que el precio medio de la gasolina en toda España es actualmente de 1,481 euros por litro. Varía además hasta un 107,2%, con un mínimo de 0,965 en la gasolinera más barata y 1,999 en la más cara.

Desde la web, el consumidor puede ver cuáles son las gasolineras más cercanas a la dirección que desee o a su propia ubicación si elige la opción de geolocalización. Pueden ordenarse por distancia o por precio todas las estaciones de servicio que haya en un radio de 20 kilómetros.

La web tiene una sección para comparar precios en la que el usuario puede conocer las gasolineras más caras y más baratas en cualquier fecha de los últimos meses a nivel nacional, en la Península y en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. Además, puede guardar los resultados entre los favoritos de su navegador para consultarlos de forma recurrente.

Los resultados de la comparación de precios muestran tanto las cinco gasolineras más caras y más baratas como los precios medios, mínimos y máximos de cada una de las marcas que cuenten con estaciones de servicio en el territorio elegido. Además, la página cuenta con un apartado para conocer la evolución de los precios de la gasolina, el diésel y el GLP.

Para ello, el usuario solo tiene que introducir entre qué periodos quiere conocer los datos, seleccionar el tipo de combustible e indicar si los desea a nivel nacional, en la Península o en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. En los resultados de la búsqueda histórica se muestra tanto la oscilación de precios en el periodo elegido con el precio inicial, final y medio durante el mismo como el porcentaje de incremento o bajada.

Además, incluyen una tabla con el precio medio que ha tenido cada día el combustible y si subió, bajó o se mantuvo igual que el día anterior. Los datos utilizados en gasolineras.facua.org son los que las gasolineras envían cada día al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La equiparación fiscal entre el gasoil y la gasolina está cada vez más lejos. Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan que la subida de alrededor de 10 céntimos sobre el litro de diésel —para equipararlo a la gasolina— vaya a salir adelante próximamente porque el Gobierno no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, especialmente debido al 'no' de Podemos. La medida forma parte de los compromisos de España con Bruselas y, si no se aprueba antes del 11 de abril, el Ejecutivo se enfrenta a una penalización en el siguiente tramo de los fondos europeos, que asciende a 23.900 millones entre ayudas y préstamos.

El ministerio dirigido por María Jesús Montero afirma a infoLibre que el Gobierno "sería favorable" a eliminar de manera inminente los beneficios fiscales de los que goza el diésel, "pero la enmienda ha caído y no hay apoyos suficientes" para revivirla. La medida podría salir adelante sin apoyos en forma de real decreto, pero en las siguientes cuatro semanas volvería a retirarse porque la tumbaría el Congreso en su convalidación. De hecho, la intención del Ejecutivo era aprobar la subida fiscal en forma de real decreto ley en diciembre, pero finalmente descartó esa vía.

Según el Libro Blanco de 2022 para la reforma Tributaria, la equiparación fiscal del gasoil y la gasolina aportaría al Estado 2.621 millones de euros año, de los que 1.737 vendrían del consumo residencial. La subida también reduciría un 1,56% la demanda de gasóleos. No obstante, en las recientes negociaciones entre el Gobierno y la Comisión se ha estimado que los ingresos de la medida serían de unos 1.500 millones, debido a que el consumo de gasoil está en decadencia y porque se excluiría al diésel profesional de la subida.

El principal bache del Gobierno desde hace meses para sacar adelante la subida ha sido Podemos. En noviembre tumbó, junto con los votos de PP, Vox y UPN, la enmienda del PSOE porque el Gobierno no les garantizaba la supervivencia del impuesto a las grandes energéticas, que finalmente no salió adelante. Desde Podemos confirman ahora que su posición "no ha cambiado" y que "no tiene sentido bajarle el impuesto a quien vende el combustible para subírselo al que lo compra". "No es coherente con una política social", añaden desde el partido. Por su parte, desde el PNV confirman que apoyan la medida, mientras que fuentes de Junts prefieren no trasladar su posición.

En todo caso, España no perderá el acceso a la quinta partida de los fondos europeos, que concentra 8.000 millones netos correspondientes a subvenciones y 15.900 en forma de préstamos. A partir del 11 de abril, Bruselas tendrá que evaluar cuántos de los 84 hitos comprometidos se han superado y restar de las ayudas las medidas incumplidas.

Según una enmienda que presentaron los socialistas en octubre, la intención del Gobierno es que el gasóleo de automoción pague en concepto de impuesto de hidrocarburos un total de 0,47269 euros por litro (0,40069 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial), en lugar de los 0,379 euros por litro actuales (0,307 euros de tipo general y 0,072 euros de tipo especial). La idea era equiparar de esta manera la fiscalidad del diésel con la de la gasolina 98.

La medida era una de las prioridades a corto plazo de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para desincentivar el uso del vehículo contaminante. De hecho, Aagesen ha señalado en varias ocasiones que era lo primero que había que hacer antes de abordar la bajada del IVA a la electricidad, otra medida reclamada por la Comisión para apoyar a la industria y los hogares. Hace dos semanas le preguntaron por ello en Bruselas, y la ministra contestó que estaba trabajando "a nivel nacional para poder conseguir ese impuesto al diésel que es tan importante", pero evitó contestar a si subiría los impuestos al gasoil antes del 11 de abril.

María Jesús Montero, por su parte, abrió la puerta el pasado jueves a que la reforma se quede en un cajón. "Al final, como siempre digo, el Gobierno no se puede responsabilizar del voto de otros ni de los vetos cruzados que se pueden producir entre los partidos políticos", dijo la titular de Hacienda.

Cristina Arjona, encargada de Movilidad en Greenpeace, opina que la equiparación de los impuestos es indispensable para que España avance en fiscalidad verde, ya que es uno de los países que más retrasados de Europa. "Por supuesto, esta recaudación tendría que dirigirse íntegramente a avanzar en mejorar el transporte público, a apoyar a las familias vulnerables y a la población rural", que será la más afectada por la medida", explica.

Según la organización Tax Foundation, España tiene uno de los impuestos al diésel más bajos de Europa. Ocupa el puesto número 22 de 27, y por detrás solo están países del este del continente, como Polonia, Hungría o Bulgaria. Si en España se pagan 0,379 céntimos en impuestos por litro de gasoil, en Portugal son 0,443, en Francia 0,594 y en Italia 0,617. A estas cifras hay que añadir después el IVA de cada país.

La Comisión está forzando a España a incrementar este impuesto porque en 2022 los Estados miembros pactaron acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles como parte del Pacto Verde, y una medida muy común de apoyo a este sector son las ventajas fiscales. Los Estados están obligados antes del 31 de diciembre de 2030 a "la fijación de un plazo para la supresión progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles que sea coherente con la ambición de limitar el calentamiento global a 1,5 °C". España fue el tercer país de la UE con más subsidios a la energía fósil en 2023, según la Agencia Europea de Medioambiente.

El fraude del IVA en la venta de combustibles no es el único problema al que se enfrenta la Administración en las tramas de estafa de carburantes. Los operadores petrolíferos están obligados a inyectar un 11% de biocarburantes en cada litro de gasolina y gasoil vendido, o a pagar una compensación al Ministerio de Transición Ecológica, pero las redes de empresas fantasma que venden combustibles también se están saltando este paso, y cada vez más. El año pasado, los vendedores al por mayor de carburantes dejaron sin pagar 581 millones de euros en compensaciones por saltarse la ley de biocombustibles, frente a los 95,4 millones de impagos de 2022 y los 72,5 de 2021.

Como respuesta a este crecimiento del fraude, el ministerio dirigido por Teresa Ribera vetó la semana pasada a cuatro comerciantes de carburantes de la lista de operadores de petróleo al por mayor de la CNMC, que juntos abarcaban el 67% del total estafado el año pasado. Biomar (218 millones de euros), Martankship (135 millones), Everton Magnific (27 millones) y Glasgow Abastecimientos (10 millones) estafaron 390 millones de euros a la Administración en 2023. Al desaparecer de la lista de operadores de la CNMC, dejan de trabajar en los depósitos fiscales de carburantes que hay en España, y pierden cualquier oportunidad de volver a repetir las estafas de biocarburantes o de impagos de IVA.

Para cumplir con los objetivos de reducir las emisiones en carretera, España impuso en 2022 el objetivo de alcanzar un 10,5% de biocarburantes en los vehículos en 2023, una cifra que crece cada año hasta el 12% en 2026. En 2023 se alcanzó una penetración de los biocarburantes del 9,55% sobre el total vendido en el país, por lo que se quedó un punto por debajo del compromiso (10,5%) de ese año. Los operadores al por mayor son los responsables de mezclar el combustible con productos bio para cumplir con esos objetivos, y quienes no lo hacen tienen que pagar una compensación por incumplir la norma. Esa multa es de 1.623 euros por cada certificado bio no aportado, pero en vista del crecimiento astronómico de los incumplimientos, esta primavera el Gobierno introdujo un recargo del 10% para quienes no aportan entre el 25% y el 35% de los certificados. Y asciende a un recargo del 25% a partir de un 40% de incumplimiento.

Sin embargo, las cuatro empresas ahora vetadas no tenían ninguna intención de inyectar biocarburantes en su producto, ni tampoco de pagar la compensación a Transición Ecológica. En concreto, cumplieron con el "0% del objetivo de biocarburantes de 2023" y no pagaron ni un euro en compensaciones. Tras meses de investigación y advertencias por parte de Transición Ecológica, los operadores fueron expulsados del registro de manera definitiva la semana pasada, los días 7 y 10 de octubre, según el BOE. En diciembre del año pasado, este ministerio también incorporó una orden que permite inhabilitar a los operadores que incumplan más del 60% de cuota de biocarburantes para facilitar estas suspensiones.

Una persona cercana a estas investigaciones explica que estas empresas siempre operan de la misma manera. Utilizan su licencia como operador mayorista para comprar y vender carburantes en cantidades industriales a otros operadores o a gasolineras, pero siempre incumpliendo la cuota obligatoria de biocarburantes del 11% (en 2024). Cuando Transición Ecológica reclama al año siguiente los certificados no pagados, las empresas se declaran en bancarrota, sus dueños desaparecen y dejan detrás una deuda millonaria, y aunque pierden su derecho a operar, vuelven a trabajar bajo otra compañía que sí tiene permisos y que permanecía dormida en el listado de la CNMC. En este momento hay 112 operadores al por mayor habilitados para funcionar en España.

Al igual que evaden sus pagos por biocarburantes, estas tramas tampoco ingresan a Hacienda el IVA, que sí trasladan a sus clientes, ni sus cuotas de reservas estratégicas, ni su aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En sector de los hidrocarburos, en guerra contra estos operadores fantasma, calcula que cada año defraudan unos 2.000 millones de euros entre todas estas cuantías.

La expulsión de estos cuatro operadores coincidió la semana pasada con la detención del empresario Víctor de Aldama, cercano al exministro José Luis Ábalos, por liderar una supuesta trama de impago de IVA en la que se habrían escaqueado del pago de 182,5 millones de euros a Hacienda, cantidad que después blanquearon para comprar inmuebles, vinos, y joyas, entre otros. En este caso, la trama también partía de un operador petrolífero mayorista (Villafuel), pero también participaban otras ocho empresas pantalla y una serie de testaferros. Villafuel, a diferencia de las cuatro mencionadas más arriba, continúa en el listado de operadores de la CNMC, que borra compañías únicamente por orden del Ministerio de Transición Ecológica, porque todavía no ha incumplido sus obligaciones sobre biocombustibles, según fuentes conocedoras del caso. Pero sí ha sido ya eliminada de otra lista, el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, controlada por Hacienda, de manera que no puede sacar petróleo de los depósitos fiscales donde está custodiado.

La Guardia Civil detuvo este lunes a 14 personas vinculadas a una de las mayores redes de fraude de IVA de carburantes desarticulada hasta la fecha, acusadas de esquivar el pago de 182 millones de euros a Hacienda. El sector de los carburantes señala desde hace meses que el fraude del IVA se ha disparado este año y que hay numerosas tramas defraudando ingentes cantidades de manera impune, por mucho que la Agencia Tributaria y la Guardia Civil conozcan estas prácticas desde hace más de una década. Desde CEEES, una de las patronales de las gasolineras española, estiman que cada año se dejan sin pagar unos 2.000 millones de euros en IVA y otras obligaciones. "Llevamos mucho tiempo denunciándolo y es una buena noticia, pero es solo la punta del iceberg de todo lo que hay", se queja Nacho Rabadán, director general de la asociación.

El método de operación de la trama es el habitual en el fraude del IVA de las gasolinas, según detallan fuentes de la investigación. A través de una red de empresas, el combustible salía de los depósitos fiscales y llegaba a las estaciones de servicio, pero la compañía que debía hacerse cargo del IVA se escaqueaba, pese a que el cliente sí abonaba el IVA en la gasolinera. "En unos casos la empresa no presentaba la declaración. En otros casos declaraba, pero reducía las cantidades a ingresar por la vía de omitir parte de las ventas", explican estas fuentes. Otra forma de fraude que utilizaban era deducirse cuotas del IVA ficticias, o reconocer que tenían una deuda con Hacienda, pero no la ingresaban. En resumen, la trama desarticulada utilizaba diferentes estrategias clásicas en la estafa del IVA que combinaba con un entramado societario que dificultaba su persecución.

La trama también se dedicaba a blanquear el dinero que se ahorraban del IVA, y habría alcanzado a altos estamentos del Estado, aunque no ha trascendido si hay funcionarios entre los detenidos. "Su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", se lee en una nota publicada por la Fiscalía. Según ha podido saber infoLibre, uno de los detenidos es Víctor de Aldama, supuesto comisionista del caso Koldo y antiguo asesor del socialista José Luis Ábalos.

La evasión de impuestos en el mundo de los carburantes ha crecido rápidamente en los últimos años y, según las estimaciones del sector, afecta ya a entre el 18% y el 30% de todo el combustible que se vende en España. No solo supone el impago del IVA porque estas empresas tampoco abonan el Impuesto de Eficiencia Energética o las cuotas a las reservas estratégicas, ni respetan la cantidad obligatoria de biocombustibles del 11% sobre el volumen total. Con ese ahorro logran reducir el coste del litro de gasolina entre 45 y 50 céntimos, y las gasolineras que lo venden —pueden o no formar parte de la trama— roban clientes a la competencia en un mercado donde el volumen es clave por los pequeños márgenes de beneficio. Otra parte de los beneficios derivados de la estafa va directa a los artífices de la red, y es ahí donde entra en juego el blanqueo de dinero.

La clave sobre la que giran las estafas de carburantes está en los llamados depósitos fiscales, como el de Torrejón de Ardoz o el del puerto de Barcelona. Casi la mitad del precio de la gasolina y el diésel son impuestos, pero mientras están almacenados en tanques al por mayor (los depósitos fiscales) se congela el pago de impuestos para facilitar su comercio en grandes cantidades, lo mismo que ocurre con las bebidas alcohólicas. Una vez que el combustible abandona esos depósitos para viajar a una gasolinera, el comprador paga al mayorista el valor del producto y sus correspondientes impuestos, y el operador que se ha deshecho de la mercancía es el responsable de liquidar el IVA de la operación con la Agencia Tributaria.

Sin embargo, en las tramas de estafa el combustible pasa de unas manos a otras y el encargado de pagar a Hacienda no lo hace, o paga una parte, y el resto promete liquidarlo en los meses siguientes. Pero el resultado es siempre el mismo, el operador petrolífero acaba disolviéndose y sus dueños desaparecen dejando una deuda millonaria con el erario público, y vuelven a empezar con un nuevo operador de combustibles. Según un informe presentado por la consultora KPMG en junio, entre 2013 y 2022 se vendieron al menos 26.000 millones de euros en diésel y gasolina que no pagaron IVA.

La trama desarticulada este lunes es de las mayores que se recuerdan de este tipo, aunque la supera una que desmanteló la Agencia Tributaria en 2022 de unos 200 millones de euros en IVA, que no se conoció públicamente porque fue por la vía administrativa, no penal. Otra de las operaciones más cuantiosas se desarticuló el pasado julio, cuando la Guardia Civil detuvo a 46 personas por esquivar el pago de más de 100 millones en IVA. En 2019 se detuvo a una red similar de 21 personas y 150 millones.

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 5% a partir de este martes, hasta los 15,34 euros, con lo que encadenará su segunda revisión a la baja, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recoge Europa Press.

En concreto, la reducción de esta última revisión se debe a la caída en la cotización de las materias primas (-8,8%), la leve depreciación del euro frente al dólar (-0,1%) en los dos últimos meses y el aumento del coste de los fletes (+14,1%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Hace alrededor de una década que el fraude sobre el IVA en la venta de combustibles empezó a ser un problema grande para las arcas públicas, pero lejos de resolverse, ha ido a más. El sector de los carburantes denunció este jueves que en el primer trimestre de 2024 se ha alcanzado un pico en la estafa al erario público y que hasta el 25% del combustible que se vendió en España durante esos meses no pasó por Hacienda, pese a que el ciudadano medio sí pagó su 21% de IVA cada vez que repostó su vehículo. En todo caso, este problema viene de mucho más atrás. Solo en la última década el fraude en los carburantes ha dejado un profundo agujero en la recaudación de impuestos de cientos de millones, y un informe presentado por la consultora KPMG calcula que entre 2013 y 2022 se vendieron al menos 26.000 millones de euros en diésel y gasolina al margen de Hacienda.

El sector de los carburantes lleva meses denunciando la situación. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado e inhabilitado a muchos de estos estafadores, con operaciones que datan incluso de 2013, y a finales del pasado mes de marzo el Gobierno cambió la ley para dificultar este tipo de estafa, pero las organizaciones empresariales afirman que todavía se sigue cometiendo. Estiman que el año pasado el fraude del IVA alcanzó los 1.000 millones de euros y que ha seguido creciendo en 2024. "Los tres primeros meses del año han sido un despropósito", dijo este jueves Luis Nieves, presidente de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI). Según sus cálculos, entre el 25% y el 30% de las ventas de gasóleo y gasolina entre enero y marzo no liquidaron el IVA con Hacienda, una estimación que la Asociación de Operadores de Petróleo (AOP) rebaja hasta el 18% del total.

Los principales responsables de la estafa son los operadores petrolíferos al por mayor —empresas desconocidas para el cliente final—, aunque las gasolineras son una parte indispensable de la trama, puesto que compran el carburante mucho más barato y lo venden con una fuerte rebaja frente a la competencia, hasta 50 céntimos por debajo, robando clientes al resto. Sin embargo, no todas las estaciones de servicio que comercializan gasolina fraudulenta son conscientes de ello, según fuentes del sector.

A diferencia de otros productos, los carburantes están sujetos a múltiples impuestos por tratarse de productos especiales, y prácticamente la mitad de su precio son tributos. No obstante, mientras la gasolina y el diésel están almacenados en tanques al por mayor, se congela el pago de impuestos para facilitar su comercio a gran escala y evitar que los operadores tengan que apalancarse para comprar el producto. Una vez que el combustible abandona los llamados depósitos fiscales —puertos, refinerías o tanques— para transferirlo a una gasolinera, el vendedor al por menor paga al mayorista el valor del producto y sus correspondientes impuestos, y el operador que se ha deshecho de la mercancía es el responsable de liquidar el IVA de la operación con la Agencia Tributaria.

Sin embargo, decenas de compañías se dedican desde hace años a hacer estas operaciones sin pasar después por Hacienda. En ocasiones no abonan nada del IVA. En otras, pagan una parte, y el resto prometen liquidarlo en los meses siguientes. Pero el resultado es siempre el mismo, el operador petrolífero acaba disolviéndose y sus dueños desaparecen dejando una deuda millonaria con el erario público. Para complicar todavía más el fraude, crean entramados societarios de compraventa de combustibles para sortear a los funcionarios de Hacienda y a la Guardia Civil, y se valen de testaferros para evitar que puedan seguir el rastro de los verdaderos artífices de la operación, que en el momento en el que cierran la empresa vuelven a empezar con un nuevo operador de combustibles.

La última operación conocida para acabar con estas estafas tuvo lugar en mayo, cuando la Agencia Tributaria y la Guardia Civil registraron 400 gasolineras en 14 comunidades autónomas en busca de información sobre estas tramas debido a que ofrecían un precio del combustible sospechosamente bajo. De hecho, fuentes de la Agencia Tributaria explican que el fraude del IVA no se suele utilizar para embolsarse ese 21%, sino para bajar artificialmente el precio del producto y vender más.

Nacho Rabadán, director general de CEEES, una de las patronales de las gasolineras españolas, explica que "la venta de combustible es un sector de volumen, no de márgenes", por eso es más interesante destinar el ahorro de impuestos a comerse a la competencia. El portavoz explica que conoce casos de estaciones de servicio que han perdido un 40% de la facturación porque gasolineras de su alrededor comercializan gasolina fraudulenta.

Según añade Rabadán, los operadores que están detrás de estas tramas pueden ser españoles o extranjeros, y afirma que dentro del sector ya conocen a muchos de estos cabecillas, que son siempre reincidentes. También deja caer que el Gobierno se beneficia de esta situación porque estos estafadores, como trabajan a grandísima escala, ayudan a reducir la inflación en un momento en el que el combustible está especialmente caro. "Me parece incomprensible que la Administración no haya puesto coto a este fraude, y creo que ha tenido algo que ver que haya mantenido artificialmente bajos los precios", señala. Además, se queja de que en muchos medios de comunicación son frecuentes los artículos sobre las gasolineras más baratas de cada provincia o municipio, que dan repercusión a estaciones que hunden su precio a través de estas prácticas.

Este jueves las principales patronales del sector petrolífero se unieron para pedir al Gobierno que ponga coto al fraude millonario, y dijeron que están muy preocupados por el daño que está haciendo a todos los eslabones de la cadena, especialmente a las gasolineras, que son normalmente micropymes de menos de cinco empleados. Víctor García, secretario general de Aevecar, otra organización de estaciones de servicio, dijo que la competencia fraudulenta puede llegar a comprar el litro de gasolina entre 45 y 50 céntimos más barato, debido a que el fraude no es solo sobre el IVA del 21%. A menudo, esa gasolina tampoco tiene la cantidad de biocombustible obligatoria (11% por litro) y eso abarata el producto. Los que participan en estas tramas también se ahorran otros impuestos menores, como el Impuesto de Eficiencia Energética. El único tributo que se paga religiosamente en el sector es el Impuesto Especial de Hidrocarburos debido a que, tal y como está diseñado, el operador al por mayor debe abonarlo si quiere sacar la gasolina de un depósito fiscal.

El Gobierno dio un paso importante este año con una serie de cambios en la ley de hidrocarburos para acabar con el fraude en los biocarburantes y el IVA. En este último caso, desde finales de marzo ya no es posible que operadores minoristas puedan vender combustible a otros minoristas, y solo pueden realizar este negocio los mayoristas dados de alta en la CNMC. De esta manera, se reduce la capacidad de crear tramas societarias para esconder el origen auténtico del combustible para despistar a las autoridades, aunque desde el sector se quejan de que siguen detectando fraudes. Además, la ley fue aprobada en diciembre y se dio en periodo de gracia de cuatro meses, en los cuales se disparó la estafa de IVA en España, según fuentes de la Agencia Tributaria. Por eso, las patronales calculan que en 2024 se ha alcanzado un pico y entre el 25% y el 30% del volumen total de ventas ha sido bajo fraude.

Durante la rueda de prensa que dio el sector este jueves, el especialista tributario Juan José Blanco, de KPMG, dibujó tres posibles reformas legislativas para acabar con el fraude que ya se han aplicado en otros países europeos como Italia o Polonia, ya que la estafa del IVA en los carburantes está muy extendida en el continente. La solución italiana, que es la preferida por las patronales petrolíferas, consiste en que cuando un cargamento de gasolina o gasoil sale de un depósito fiscal, el operador mayorista debe adelantar el IVA de la operación siguiente, de forma que desaparece la posibilidad de defraudar.

Otra vía es la llamada inversión del sujeto pasivo. Una vez que el operador petrolífero vende la mercancía a una gasolinera, esta no paga el IVA de la factura al mayorista, sino que solo abona el precio del producto, y cae sobre ella la obligación de liquidar el impuesto directamente a Hacienda. El problema de esta vía es que es muy lenta, porque requiere permiso de la Comisión y del Consejo Europeo. Por último, está el formato del pago fraccionado, en el que la estación de servicio paga a su mayorista a dos cuentas bancarias diferentes. Una para la cuantía del producto, y otra exclusiva para el IVA, para facilitar el control de Hacienda.

La semana pasada se hizo pública la batalla judicial que libran desde el 21 de febrero Iberdrola y Repsol. La mayor eléctrica del país denunció a la principal petrolera por una supuesta publicidad engañosa en su web, donde a menudo Repsol se anuncia como baluarte de la lucha contra el cambio climático, pese a ser la compañía que más ha contaminado en España durante los últimos tres años. La noticia supuso un golpe en la mesa sobre el sector privado, que hasta ahora no ha rendido cuentas por casos de greenwashing pese a las denuncias recurrentes que hacen las organizaciones ecologistas. El motivo es que la legislación actual no recoge la falsa publicidad sobre medioambiente y solo puede denunciarse bajo las leyes de competencia empresarial a las que no pueden acudir las organizaciones civiles.

La clave del caso Iberdrola-Repsol es que la demanda se ampara en la Ley de Competencia Desleal, que sólo puede invocar una compañía que compita en el mercado con el afectado y se haya visto perjudicada por su publicidad engañosa. Es el caso de Iberdrola, que en entre el primer trimestre de 2020 y el de 2023 ha perdido casi un punto porcentual de cuota de mercado eléctrico, mientras que Repsol lo ha ganado y ya supera el millón de clientes. Tras conocerse la demanda, desde la petrolera achacaron la lucha judicial a que Iberdrola quiere frenar el avance de Repsol en el mercado de la luz porque "no está acostumbrada a manejarse en un mercado competitivo". En enero, Repsol anunció la extensión de sus descuentos en carburantes para sus clientes de electricidad, una promoción muy agresiva para aumentar todavía más su espacio en el sector eléctrico.

La estrategia de la demanda de Iberdrola por competencia desleal no es viable para las organizaciones ecologistas, que llevan años intentando frenar el greenwashing mediante campañas públicas, pero sin acudir a los tribunales. Ana Barreira, directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), explica que en estos casos es clave la legitimación activa, la demostración que hay un interés legítimo para acudir a los tribunales, y solo lo tienen las empresas. Otra vía sería denunciar por la vía de la Ley General de Publicidad, pero solo sirve para frenar anuncios que atenten contra la Constitución, los menores o la violencia de género, pero no contra el medioambiente. "Nosotros hace años estudiamos la posibilidad de hacer esta demanda, pero el orden jurídico español es muy restrictivo", reconoce la abogada.

Greenpeace también lleva tiempo barajando actuar contra empresas que hacen falsas promesas ambientales en televisión o internet, pero todavía no ha encontrado el encaje legal de esta demanda. José Luis García, portavoz de esta ONG ecologista, asegura que tienen varias denuncias "en proceso de estudio", pero que la legislación española deja a estas organizaciones en un limbo jurídico porque en teoría no defienden a los consumidores y no pueden demostrar el principio de interés legítimo. "La teoría es que para demandar por la vía del consumo tienes que ser una organización que defiende los derechos de los consumidores, aunque nosotros protegemos el medioambiente, que es lo que se ve afectado por el greenwashing. Es un terreno gris", afirma García. Sobre la demanda de Iberdrola a Repsol, el portavoz celebra que es "esperanzador" que por fin un caso así llegue a los tribunales. "No entramos en si se trata de una lucha empresarial o no, pero sí creo que el caso de Repsol es tan descarado que ha tenido que ser denunciada por otra compañía", recalca el experto en energía de Greenpeace.

La demanda de Iberdrola presentada a finales de febrero en los juzgados de Santander es la primera interpuesta entre dos compañías que se conoce en España y supone no solo un terremoto en la energía, sino que podría abrir a puerta a que otros sectores repliquen este tipo de acciones. La guerra entre fabricantes de coches eléctricos y de combustión o dentro del sector bancario —las grandes entidades financian con miles de millones la extracción de combustibles—, podrían ser otros candidatos.

Según fuentes de Iberdrola, Repsol "promociona iniciativas sostenibles, cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", y la eléctrica ha encontrado hasta 15 referencias en su web que serían casos de greenwashing. Por ejemplo, citas como "La lucha contra el cambio climático está en nuestro ADN" o "A la cabeza del sector en la lucha contra el cambio climático". En la demanda también se incluyen las constantes referencias de Repsol sobre su objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, "dentro de más de 25 años y sin necesariamente disminuir sus emisiones brutas, compensando las emisiones de CO₂ mediante acciones como la reforestación y el almacenamiento subterráneo del carbono producido", critica Iberdrola.

La polémica fue aireada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando la semana pasada primero mencionó la disputa judicial en un tuit, sin añadir valoraciones, y el miércoles afirmó en un foro eólico en Bilbao que siendo "absolutamente neutra" en la polémica, sabe de qué lado está. "En los últimos años, hemos visto como proliferaba la publicidad de productos supuestamente verdes [...] y debemos poder confiar en los mensajes que nos transmiten las compañías”, añadió la vicepresidenta tercera, que ya calificó en enero al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de "retardista y negacionista" por tachar de ideológica la transición energética.

Imaz, por su parte, señaló el jueves desde la sede de la petrolera que la demanda del gigante eléctrico es "carente de fundamento jurídico", y contestó a la titular de Transición Ecológica: "¿Queremos industria, señora Ribera? ¿Sí o no? ¿Quiere que cerremos las refinerías, que generan 28.000 empleos directos, indirectos e inducidos?", preguntó el líder de Repsol.

Más allá de la disputa empresarial, es un hecho que la petrolera fue en 2020, 2021 y 2022 la compañía más contaminante de España, según la base de datos comercio de emisiones de la Comisión Europea. En 2022, el último año con datos disponibles, Repsol adquirió derechos para emitir 12,4 millones de toneladas de CO₂ equivalentes, una cifra prácticamente idéntica a la de 2008, por lo que la petrolera no ha adaptado su modelo de negocio al cambio climático. Esa cifra solo representa las emisiones directas de la petrolera por su proceso productivo, no las que genera la gasolina o el diésel que venden a los consumidores, por lo que el impacto real de la compañía es mucho mayor.

Las petroleras españolas aprovechan la Semana Santa para recortar las famosas promociones en el litro de combustible, una guerra de precios que ha durado un año y ha costado cientos de millones de euros a las principales compañías a cambio de ganar cuota de mercado. La gasolina llega a la operación salida a 1,62 euros el litro de media, y el gasoil a 1,53 euros. A estos precios pueden añadirse descuentos de entre 3 y 20 céntimos, pero que requieren una gran fidelización del cliente para aplicarse. 

Repsol, la primera en comunicar la actualización de sus ofertas, sustituyó este sábado el descuento de 10 céntimos por litro por uno de 5 céntimos para los clientes que paguen con su aplicación Waylet, y que se rebajarán en el siguiente repostaje. Cepsa pasará de 10 céntimos a 6 durante las próximas dos semanas. Galp reducirá de los 10 céntimos por litro a los 5 para los abonados a Mundo Galp, y los nuevos usuarios de esta app tendrán 10 céntimos, frente a los 25 que tenían hasta ahora. BP, por su parte, mantiene hasta el domingo su descuento general de 10 céntimos para clientes Mi BP, pero a partir del lunes se rebajará a 3 céntimos por litro.

Suscribirse a una tarjeta de fidelización no es nuevo, pero Repsol y Galp han anunciado dos estrategias más agresivas para estas fiestas que consisten en atar al comprador más allá del combustible. Los clientes de Repsol que tengan contratada la luz se llevan otros 5 céntimos por litro, 5 céntimos más por la calefacción de la casa y otros 5 quien tenga paneles solares con esta compañía, hasta un máximo de 20 céntimos de descuento. Galp sigue esta senda, como anunció este jueves, y rebajará 15 céntimos en total por litro a quien instale sus paneles solares. 

Los dueños de las gasolineras –que en su mayoría son clientes de las petroleras, es decir, no comparten los mismos intereses– entienden que el fin de los grandes descuentos era cuestión de tiempo y que las estrategias de amarrar a los clientes son el siguiente capítulo de la guerra de precios entre grandes energéticas. 

"El descuento no podía durar para siempre porque se come los márgenes de venta, por eso ahora el que pueda va a tratar de fidelizar al consumidor, aunque no todos pueden permitírselo", opina Víctor García, secretario general de Aevecar, una de las patronales de estaciones de servicio. 

De hecho, Repsol comenzó hace un año a descontar 10 céntimos por litro a sus clientes y eso supuso un golpe en las cuentas de la compañía de unos 500 millones hasta diciembre, aunque logró beneficios récord gracias al encarecimiento global de los carburantes. Cepsa también se ha dejado en el último año 122 millones en descuentos para incentivar las ventas. 

El pasado 1 de enero el Gobierno acabó con el descuento de los 20 céntimos que costó a los españoles unos 6.000 millones de euros, tras constatarse que la medida beneficiaba especialmente a las rentas altas. Los representantes de las gasolineras destacan que el fin de la ayuda supuso un bajón de las ventas en enero, que unido al encarecimiento de la cesta de la compra, supone que las ventas de combustible "no son especialmente boyantes", según Víctor García. 

Los datos de la Agencia Tributaria desprenden que las ventas de carburantes cayeron en enero y febrero alrededor de un 3% frente al año pasado, pero los vendedores esperan remontar las cifras con la operación salida de Semana Santa. El representante de Aevecar cree que el precio de la gasolina y el diésel se mantendrá alrededor de los 1,60 euros y 1,50 euros, respectivamente, durante la próxima semana y que no habrá sorpresas para los conductores.

En comparación con las pascuas de 2022, la gasolina costó entonces 1,85 euros por litro, y restados los 20 céntimos de la promoción del Gobierno, se quedaron en 1,65 euros, es decir, fue un 3% más cara que este año. Por su parte, el diésel estuco en 1,82 euros en estas fechas, que con la rebaja se quedó en 1,62 euros por litro: un 5,56% más caro que hoy. 

Las grandes petroleras españolas con capacidad para refinar el crudo que reciben del exterior son las que han podido permitirse estas estrategias agresivas de descuentos, mientras que las estaciones independientes compran directamente la gasolina y el diésel a las grandes, por lo que su capacidad para hacer ofertas es muy limitada. No solo entre las pequeñas, también entre las llamadas low cost, que en el pasado ganaron rápidamente cuota de mercado por sus ofertas, pero que han salido dañadas de la guerra de precios de 2022, según cuentan desde el sector. 

"Está claro que la guerra ahora está en asegurarse el negocio en el futuro, no tanto en el presente, y quienes no tienen instalaciones para refinar tienen un problema", apunta un analista del negocio de las estaciones de servicio, que prefiere no dar su nombre. 

Este experto afirma que la competencia de precios entre petroleras ha supuesto la venta o el alquiler a terceros de decenas de gasolineras en España que no han podido seguir el ritmo del mercado durante el último año, aunque el número total de estaciones ha crecido frente a 2021.

Este domingo entró en vigor en la Unión Europea la prohibición de comprar derivados del petróleo que lleguen en barco desde Rusia, la medida más ambiciosa hasta el momento para recortar los ingresos del Kremlin y estrangular su campaña militar en Ucrania. El veto promete reestructurar el mercado del combustible en los Veintisiete y supondrá sin duda un encarecimiento de la gasolina y el gasoil, según los expertos, aunque se espera que el impacto sea paulatino.  

Rusia fue en noviembre el principal exportador de gasóleo de España, según los últimos datos oficiales de Cores, por lo que el embargo supondrá una subida del carburante en la península, según confirma Nacho Rabadán, presidente de CEEES, una de las patronales de las gasolineras. "La diferencia entre oferta y demanda era hasta ahora muy estrecha, por lo que cualquier restricción tiene consecuencias", destaca. 

La incógnita es cuánto subirá el precio y cuándo lo hará. La clave estará, según Rabadán, en la demanda mundial de petróleo, ya que este mercado no entiende de fronteras. "Si el invierno es muy frío en Europa y Estados Unidos, o si China empieza a despegar económicamente, el combustible se encarecerá más que si tenemos un invierno suave", matiza.

Fuentes empresariales añaden que la subida se notará más en el diésel que en la gasolina porque uno de los principales derivados del crudo que Europa compra a Rusia es el diésel de vacío, una materia prima necesaria para refinar el crudo y producir gasóleo. Concretamente, Rusia suministra el 50% del diésel de vacío que se usa en el bloque. 

Sobre la fecha en que se encarecerá el combustible, desde las gasolineras buscan evitar el alarmismo e insisten en que será un proceso lento porque hay depósitos suficientes para que el impacto de las restricciones no sea abrupto. Precisamente esto es lo que se deduce de los datos de importaciones de productos petrolíferos rusos, que evidencian cómo las empresas españolas y europeas han aprovechado los últimos meses para comprar la mayor cantidad posible de combustible antes de que entrase en vigor el embargo. 

Según los datos facilitados por Global Witness, una ONG que monitoriza la extracción de recursos naturales, España ha aumentado mes a mes desde otoño las compras de petróleo y subproductos a Rusia hasta alcanzar el pasado mes de enero los 5,5 millones de barriles, el máximo desde que comenzó la guerra de Ucrania. Estas cifras se extraen del seguimiento de los barcos petroleros que circulan en alta mar que hace la consultora Kpler.

Los datos de Cores, más fiables porque son el inventario oficial del ministerio de Transición Ecológica, apuntan a que en noviembre España compró 120.000 toneladas de gasóleo, el 20% del total que se importó ese mes y el equivalente al 4,5% del consumo total de gasóleo de España. En el conjunto de 2022, las exportaciones de gasóleo ruso supusieron el 13% del total. 

Además del reciente veto a la compra de derivados del crudo, Europa mantiene desde el 5 de diciembre la prohibición a comprar petróleo ruso –sin refinar– que llega en barco, y solo mantiene una pequeña excepción para países extremadamente dependientes que no pueden acceder a alternativas.

Las sanciones a la compra de materias primas procedentes de Rusia comenzaron el pasado agosto cuando la UE vetó la entrada de carbón. También está prohibida la compra de hierro, acero y otros materiales de construcción, así como químicos y alimentos. Estas medidas han levantado a menudo críticas de analistas que defienden que parte de las sanciones no tienen efecto porque han surgido nuevas rutas comerciales opacas que permiten las exportaciones de productos rusos a Europa, especialmente con las recientes sanciones al crudo. 

Sin embargo, la visión mayoritaria es que el veto a los combustibles supone un impacto a las cuentas del Kremlin. Este lunes, el Ministerio de Finanzas ruso ha publicado que los ingresos en impuestos por venta de gas y petróleo se desplomaron en enero un 46% frente al mismo mes del año pasado tras la entrada en vigor de las sanciones de Europa y sus socios a la exportación de crudo y de gas natural. 

"La idea de que las sanciones petroleras no son costosas para Rusia es una fantasía", afirmó este fin de semana Karim Fawaz, jefe de análisis de materias primas de la consultora S&P Global, en su cuenta de Twitter. El experto explicó que mover miles de toneladas de petróleo en la sombra o mediante rutas más largas es extremadamente caro y dificulta la rentabilidad del negocio. "Puede que Rusia esté sacando más provecho de la situación de lo que la gente esperaba, pero no va ganando", resumió. 

Según un análisis publicado en enero por CREA, las restricciones de los últimos dos meses han costado miles de millones de euros a Rusia. Calculan que hasta noviembre el Kremlin ingresaba cada día 800 millones de euros con la venta de combustibles. El tope al crudo y sus consecuencias sobre el mercado global redujeron sus ganancias a 640 millones diarios en enero, y la nueva prohibición de este domingo los reducirán aún más, hasta los 519 millones de euros diarios. 

Para tratar de reducir al máximo los ingresos de Rusia, el G-7 también ha fijado en acuerdo con la Unión Europea un tope al precio de venta global de combustibles rusos que comercie con terceros países, como China, India o Turquía. Ninguna empresa con sede en un país del G-7 podrá participar en el comercio de petróleo ruso si se oferta a más de 60 dólares por barril, una medida disuasoria para las navieras debido a que las empresas británicas y europeas dominan el mercado mundial de seguros y reaseguros marítimos.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a distintos operadores del sector energético por posibles prácticas anticompetitivas en mitad de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Las pesquisas se centran, según ha adelantado El Confidencial, en Repsol, Cepsa y BP, después de que operadores más pequeños hayan demandado a través de dos asociaciones: Aesae (Ballenoil, Petroprix, Gasexpress, Plenoil, etc.) y Acih.

Según el citado medio, las operadoras denunciantes se quejan de la fuerte competencia de precios de la gasolina que sufren, ya que las grandes operadoras, dicen, practican agresivos descuentos sumados a los 20 céntimos que aplica el Gobierno desde el pasado mes de abril. Desde hace meses, las cadenas low cost denuncian que cada vez tienen menos capacidad de competir.

Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de este año, la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede de varios operadores del sector energético español en el marco de una información reservada abierta tras la presentación de varias denuncias.

En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en este mercado, podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según ha señalado el organismo.

Las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades.

Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

La CNMC ha recordado que las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Francia tiene siete refinerías y todas están en huelga: las de ExxonMobil desde el 20 de septiembre y las de TotalEnergies, desde el 27 de ese mes. El efecto en cadena ha sido inmediato: algunas estaciones de servicio se han quedado sin combustible. Las imágenes de las colas de coches se superponen a las de los trabajadores de las refinerías, que reclaman subidas salariales del 10% para hacer frente a una inflación que en Francia es sólo del 6,2%, la más baja de la UE. Para ello esgrimen los enormes beneficios que están obteniendo sus empresas. La francesa TotalEnergies, dueña de cinco plantas de refino, ganó 10.460 millones de euros en los primeros seis meses de este año, un 92% más que en el mismo periodo de 2021; mientras que el gigante estadounidense ExxonMobil, propietario de las dos refinerías restantes, cerró en junio con 22.911 millones de euros de beneficios, el triple que el año anterior.

En España, en cambio, el sector vive ajeno al ruido. Repsol ha ganado 2.539 millones de euros en el primer semestre, de los que 1.393 millones corresponden a su división industrial, incluidas las refinerías. Son los mayores beneficios desde hace 15 años. Cepsa aumentó sus resultados un 149% respecto a 2021, tras cerrar en junio con unas ganancias de 841 millones de euros. Este verano su margen de refino alcanzó los 19,1 dólares por barril; es decir ha multiplicado por cuatro el que tenía el año pasado, 4,5 dólares. Entre las dos empresas se reparten siete de las ocho refinerías que funcionan en España –la de Asesa en Tarragona produce sólo betún asfáltico–. La tercera en el mapa es la multinacional BP Oil, que posee una planta en Castellón.

El tamaño del sector del refino en los dos países es similar, pero los ánimos laborales en las plantas españolas distan mucho del monumental enfado francés. Sólo en Repsol la sangre llegó al río antes del verano, y fue poca, mientras los sindicatos negociaban la renovación del acuerdo marco del grupo, que había caducado en 2019. La primera oferta de la empresa fue, de hecho, una rebaja salarial, amparándose en los malos resultados de 2019 y 2020 y en las inversiones que debe hacer para cumplir con la Agenda 2030 en la lucha contra el cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero, explica Agustín Pérez, coordinadora de UGT-FICA en Repsol.

La segunda propuesta se quedó en un 2,5% de aumento, por debajo incluso del 3,5% que está dispuesta a conceder la CEOE para el acuerdo de negociación colectiva nacional. Tal cicatería soliviantó a los sindicatos, después de dos años de salarios congelados y justo cuando la empresa anunciaba un dividendo de 0,63 euros la acción, resultado de una mejora del 5%. En enero los accionistas ya habían recibido otros 0,30 euros por título. Además, la compañía de Antonio Brufau planteaba una reducción del capital social –otra forma de retribuir a los accionistas, porque se aumenta el valor de los títulos– mediante la amortización de 75 millones de acciones propias. Y la recompra de 50 millones de acciones en el segundo semestre, adelantando una operación en principio prevista para finales de este ejercicio y principios de 2023. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó en la presentación de resultados que el objetivo de la empresa era “acelerar” la recompra de acciones para mejorar sus objetivos de dividendo, teniendo en cuenta los actuales precios de los hidrocarburos.

Así que CCOO, UGT y el Sindicato de Trabajadores (STR) convocaron tres días de huelga en julio y otros tres en agosto. También protestaron a las puertas del pabellón de Ifema en Madrid donde se celebraba la junta general de accionistas. Tras los paros de julio, Repsol se avino a subir los salarios en línea con el IPC, incorporando una cláusula de revisión. La huelga de agosto quedó desconvocada. Finalmente, la subida para este año será de un 4%, pero a final de cada año la plantilla cobrará el 75% de lo que aumente la inflación y el 25% restante en una paga no consolidable, detalla Agustín Pérez.

Además, esa cláusula está ligada a los beneficios de la empresa, destaca por su parte Raquel de la Hija, responsable de CCOO en Repsol. Si la empresa alcanza los 2.600 millones de beneficios, la revisión llegará al 80% del IPC, si gana 2.700 se elevará al 90% y si son 2.800 millones, la subida salarial ascenderá al 100% de lo que aumente la inflación. “No es la cláusula idílica que existía en los años 90, pero garantiza el poder adquisitivo de la plantilla”, apunta Agustín Pérez. Como muchas otras empresas en la anterior crisis, los trabajadores de Repsol perdieron la cláusula de revisión salarial en 2014, y no la recuperaron hasta 2017. En el acuerdo marco recién suscrito, Repsol ha desoído por tanto a la CEOE, que se opone frontalmente a incluirla en los convenios.

Ese texto, ya ratificado en asambleas de trabajadores este septiembre, debe ahora trasladarse a los convenios de las diferentes empresas del grupo, pero ni CCOO ni UGT prevén problemas. Petronor, que pertenece en un 86% a Repsol y gestiona la refinería de Muskiz, en Bilbao, tiene convenio propio, que está ahora en plena negociación.

En el caso de Cepsa, cada centro de trabajo –Gibraltar-San Roque (Cádiz) y La Rábida (Huelva)– tiene su propio convenio. Están en vigor hasta el 31 de diciembre, por lo que es probable que las negociaciones para renovarlos no comiencen hasta 2023. Sólo se ha cerrado, pero únicamente con la firma de CCOO, una prórroga del convenio de las oficinas centrales. UGT lo rechazó porque carece de cláusula de revisión y, según denuncia, crea una doble escala salarial que permite diferencias de más de 20.000 euros anuales entre trabajadores con el mismo nivel dependiendo de la división a la que pertenezcan.

Por lo que respecta a BP Oil España, las negociaciones del convenio acaban de empezar y ni siquiera hay una oferta salarial sobre la mesa, indica Raquel de la Hija.

Pero, aparte de la gran capacidad movilizadora de los sindicatos en Francia y del seguimiento masivo de sus convocatorias, entre Francia y España hay otra diferencia fundamental. Una que dificultaría que una huelga en las refinerías tuviera las consecuencias que vive Francia estos días. En España las plantas de refino están consideradas servicios esenciales, por lo que no se les permite parar, detalla Agustín Pérez. Los sindicatos, continúa, llevan años impugnando los servicios mínimos que se les imponen a las refinerías, porque siempre son “abusivos”. La única manera en que una huelga en el refino tendría impacto sería parando el mantenimiento de la planta, pero nunca se permite que la carga operativa baje al mínimo técnico, asegura el dirigente de UGT.

Las refinerías españolas están viviendo un momento de apogeo, pero después de pasar dos años de caída del negocio, alegan por su parte las empresas. Repsol, por ejemplo, perdió 3.816 millones en 2019 y 3.289 millones en 2020. Pero en 2021 se ha beneficiado de los altos precios del crudo, así como también de una oferta cada vez más limitada tras el cierre de 24 refinerías en la Unión Europea en los últimos años. Como la demanda de combustible no ha dejado de crecer, las refinerías españolas, en las que Repsol, Cepsa y BP Oil han hecho cuantiosas inversiones, han aumentado su capacidad en un 16% desde 2009, según publica El Periódico de la Energía. De hecho, España exporta carburantes a Francia.

Mientras, en ambos países, los conductores tienen que lidiar con unos precios de escándalo cada vez que llenan el depósito. La gasolina y el gasoil están en máximos: después de una caída continuada de los precios desde julio, remontaron a principios de este mes, aunque tanto españoles como franceses cuentan con descuentos de 20 y 30 céntimos, respectivamente, gracias a los subsidios de sus gobiernos. En España, el gasoil supera los dos euros en algunas estaciones de servicio y la gasolina de 98 octanos se vende a una media de 1,93 euros el litro. En Francia, los carburantes son sólo unos décimos más baratos.

Los trabajadores de las petroleras exigen en Francia que sus empresas repartan las ganancias extraordinarias que les reporta el refino en un año en el que deben afrontar una pérdida de poder adquisitivo también digna de figurar en los registros históricos. Las protestas, además, han servido de mecha para sacar a la calle el malestar acumulado en otros sectores. De momento, se mantiene el conflicto, pese a que los sindicatos mayoritarios alcanzaron un acuerdo con TotalEnergies para subir los sueldos un 7% que el minoritario CGT rechaza. En ExxonMobil las espadas siguen en alto.

Aunque la huelga de este martes no paralizó el país, cerró institutos, interrumpió los trenes de cercanías y los autobuses y se tradujo en manifestaciones en toda Francia.

En España, CCOO y UGT están “tensionando” la negociación de los convenios este otoño para hacer regresar a la CEOE a la mesa donde quieren firmar un acuerdo marco salarial de tres años. Algunos sectores se han declarado en huelga y el 3 de noviembre han convocado una gran manifestación en Madrid. Pero la huelga general ni se la plantean. “No es deseable”, zanjó este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En parecidos términos se expresó el pasado septiembre su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, quien prefirió hablar de “generalización de los conflictos”.

Huelgas en las subcontratas de la aeronáutica, en las centrales nucleares, en uno de los mayores talleres de la SNCF (ferrocarriles franceses), paros que preparan los conductores de autobuses, los ferroviarios, los camioneros, asambleas generales de trabajadores que se organizan, comunicados sindicales que llaman en todos los tonos a apoyar a los refinadores en huelga, sindicatos que consultan a sus bases... Existe el riesgo de que se extienda la movilización lanzada hace tres semanas por los huelguistas de las refinerías.

Este jueves, los sindicatos CGT, FO, Solidaires, FSU y varias organizaciones juveniles (entre ellas la Fidl y la Unef) convocaron una jornada de huelgas y manifestaciones interprofesionales para el martes 18 de octubre. Los empleados están llamados a manifestarse por "los salarios y la defensa del derecho de huelga", tras la decisión del gobierno de movilizar a trabajadores de la industria petrolera para asegurar la distribución de combustible. 

La firmeza del Gobierno, aunque pensó que saldría de la crisis, ha actuado de hecho como una corriente de aire en un fuego. En la CGT EDF, que lleva meses luchando por aumentos salariales al menos al nivel de la inflación (+5,6% en un año en septiembre), dicen que "la requisa de huelguistas [movilizar obligatoriamente a trabajadores en huelga] de las refinerías va a ser un trapo rojo para todos los sindicatos y en todos los sectores". Sud Rail indica a Mediapart que, por parte de los ferroviarios, la única cuestión que cuenta a partir de ahora es si el martes harán una simple huelga de un día o una huelga renovable durante varios días.

El Gobierno podría encontrarse, en pleno debate presupuestario, que será agitado, y a una semana del inicio de las vacaciones escolares, con tener que administrar un país sin combustible y sin trenes, con huelgas en muchos sectores y poco margen de maniobra... Por no hablar de la "Marcha contra la carestía de la vida" organizada este domingo por la Nupes (Nueva Unión Popular, Ecológica y Social) en París. Esta situación explosiva era, sin embargo, previsible: la inflación está apretando a los franceses desde hace más de un año.

El anuncio de las requisas de trabajadores realizado por la primera ministra Elisabeth Borne el martes en la Asamblea se concretó al día siguiente en cuatro trabajadores de Esso-ExxonMobil en Gravenchon-Port-Jérôme (Sena-Marítimo). El jueves 13 de octubre se envió una nueva ronda de solicitudes a esa refinería. El tribunal administrativo de Ruán se pronunciará sobre el asunto el viernes por la mañana. El jueves, tres empleados del depósito de Total en Mardyk, cerca de Dunkerque (Norte), también fueron requisados y han interpuesto un recurso.

En la tarde del jueves 13 de octubre, seis de las siete refinerías francesas seguían afectadas por la huelga. En TotalEnergies, se trata de las cuatro refinerías de Normandía, Donges (Loira-Atlántico), La Mède (Bocas del Ródano) y Feyzin, (Ródano). Para Esso-Exxonmobil, la refinería de Gravenchon-Port-Jérôme sigue afectada, pero la de Fos-sur-Mer ha vuelto a funcionar.

Estas refinerías no están bloqueadas, pero si un equipo cuenta con un huelguista entre sus miembros, no puede funcionar, quedando paralizado de hecho. También están afectados varios depósitos de combustible (leer nuestro reportaje en Normandía sobre los huelguistas).

El impacto en las gasolineras sigue presente. Durante más de una semana, han ido cerrando una tras otra por falta de combustible. Las colas son cada vez más largas, se producen regularmente escenas de violencia, los prefectos tienen la orden de prohibir el llenado de bidones, mientras que los policías actúan como guardianes del oro negro, controlando incluso los medidores de gasolina de quienes quieren repostar. Los precios del gasóleo y la gasolina suben, a veces por encima de los dos euros por litro.

Mientras, siguen estancadas las negociaciones con la dirección de Esso-Exxonmobil y TotalEnergies. El gobierno se congratuló de un acuerdo firmado entre la dirección de Esso-Exxonmobil y las organizaciones mayoritarias, la CFDT y la CFE-CGC, cuyos detalles no fueron comunicados. Pero no han conseguido tranquilizar a una parte de los huelguistas, que han renovado su acción.

TotalEnergies ha dado un paso adelante, proponiendo una subida salarial del 6% para 2023. Demasiado poco para la CGT y Force Ouvrière, que se mantienen en su demanda inicial: una subida salarial del 10%, retroactiva a 2022.

Para tratar de desbloquear la situación, el ejecutivo ha decidido presionar a los huelguistas para que vuelvan al trabajo, aunque sea sorteando más o menos hábilmente el derecho de huelga. La primera ministra Borne aseguró que, dado que el "diálogo social" era necesario en Esso-Exxonmobil, había que respetar el acuerdo firmado por los dos sindicatos mayoritarios, CFDT y CFE-CGC, poniendo fin a la huelga.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, Olivier Véran, portavoz del Gobierno, fue más allá al considerar que, al haberse alcanzado "un acuerdo mayoritario entre el sindicato y la patronal", "ya no hay razón para que haya bloqueos en ninguna de las plantas de refino ni en los depósitos". Sin embargo, la firma de un acuerdo por parte de un sindicato no impide que otra organización se movilice. Y aunque hay huelgas en refinerías y depósitos, los militantes sindicales no bloquean físicamente los lugares. 

En el Senado, el mismo día, de forma aún más vaga, el portavoz del Gobierno consideró que la situación "no es conforme al derecho laboral ni conforme al derecho social": "Desde el punto de vista del Gobierno, esto justifica el uso de las requisas, que no son abusivas, que son requisas que serán justas, necesarias, para que la herramienta productiva pueda recuperar sus funciones plenas.”

Una afirmación que hizo saltar a Judith Krivine, abogada especializada en derecho laboral y miembro del Sindicato de Abogados de Francia, considerado de izquierdas: "Lo que quieren hacer es utilizar las requisas para tratar de impedir que la huelga continue, y ese no es el objetivo de las requisas.”

En efecto, la requisa está estrictamente regulada por el Código de Defensa y el Código General de las Administraciones Locales, y sólo puede ponerse en marcha cuando una huelga amenace el orden público de forma urgente, "cuando los daños observados o previsibles al buen orden, la salud pública, la tranquilidad y la seguridad lo requieran".

“Por el momento, estas requisas no parecen estar justificadas", continúa Judith Krivine. “Lo que podría justificarlas es que exista una grave amenaza para el orden público. Habría que bloquear un servicio esencial. Pero la producción de combustible no se considera, en sí misma, un servicio esencial.”

“O bien habría que justificar que la interrupción de este servicio no esencial tendría tales consecuencias sobre el orden público, sobre la salud y la seguridad de las personas que habría que poner un servicio mínimo", continuó la abogada. “Por el momento, tampoco hay pruebas de que esto sea así y, sobre todo, no se puede decir que no haya otra forma de impedir el funcionamiento de los servicios esenciales.”

Estos son también los argumentos que defiende Emmanuel Gayat, abogado de la CGT de Esso-Exxonmobil y Total, el jueves por la tarde ante el tribunal administrativo de Ruán. Hablaba en nombre de los cuatro empleados en huelga de Esso-Exxonmobil que habían recibido una requisitoria el día anterior, el miércoles 12 de octubre. En su recurso ante el tribunal, consideró que era "manifiestamente ilegal, ya que vulnera el derecho de huelga fuera de los casos previstos por la ley y no respeta las condiciones fijadas por la ley para dicha requisa".  

Durante la vista, el abogado se enteró de que por la tarde se había enviado una segunda ronda de requisas a los empleados de Esso-Exxomobil de Gravenchon-Port-Jérôme. “Se enviaron al empresario antes que a los empleados", dice airado el abogado. “El empresario las recibió a las 13:00 horas, los trabajadores afectados a las 15:00 horas, cuando su validez empezaba a las 14:00 horas, una hora antes. No tiene sentido, es completamente ilegal y el prefecto lo reconoció en el estrado. Realmente hacen las requisas de cualquier manera.”

Y eso no es todo. “No fue un error de tiempo", dice el abogado. “El prefecto envió primero las requisas al empresario, para que pudiera utilizarlas a su conveniencia y obligar a los empleados a trabajar cuando los necesitara. Es como si el Estado entregara su poder de policía administrativa al jefe de una empresa privada. Esto es inaudito, ¡nunca he visto nada parecido!”

Entrando en detalles, también criticó el hecho de que ni la primera ni la segunda requisitoria se trataran con los sindicatos. Y ello a pesar de que en 2011 la Organización Internacional del Trabajo ya había dado un toque al Gobierno francés en esta materia, pidiéndole que "ante una situación de paralización de un servicio no esencial que justifique la imposición de un servicio mínimo de funcionamiento, dé prioridad en el futuro a la participación de las organizaciones de trabajadores y empresarios afectadas en este ejercicio y no recurra a la imposición de la medida de forma unilateral".

En su momento, la CGT se congratuló de una decisión que "ponía fin a cualquier uso discrecional de las requisas en sectores no esenciales". Este optimismo ha recibido un jarro de agua fría diez años después.

Para justificar estas requisas, Matignon (oficina de la primera ministra) aseguró a Mediapart el miércoles 12 de octubre que quería arreglar la situación favoreciendo el "respeto al diálogo social": "En Total, la dirección se había negado hasta ahora a iniciar negociaciones, y por tanto a entrar en el juego del diálogo social. No vamos a lanzar requisas contra los empleados que piden diálogo social. Por el contrario, en Esso-Exxon, hubo negociación y condujo a la firma de un acuerdo mayoritario con ciertos sindicatos, que prevé aumentos salariales para todos los trabajadores. En este caso, creemos que debe reanudarse el trabajo.”

El gobierno no tardó ni 24 horas en cambiar de opinión. Este jueves por la mañana, al amanecer, había ya mucha policía frente a la refinería de TotalEnergies en Mardyck, cerca de Dunkerque. Unas horas más tarde, anunciaron a los huelguistas presentes que habría requisas. Al menos tres empleados en huelga recibieron, en persona y firmadas por el prefecto, citaciones en las que se les ordenaba volver al trabajo, bajo pena de seis meses de prisión y 10.000 euros de multa.

Traducción de Miguel López

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado este jueves de que, de forma general, las estaciones de servicio no se están apropiando de la bonificación de 20 céntimos por litro a los combustibles aprobada por el Gobierno y en vigor desde el pasado 1 de abril, por lo que concluye que el descuento se está trasladando al consumidor.

No obstante, la CNMC, que realiza de "forma habitual y continua" un seguimiento de la distribución minorista de carburantes en las estaciones de servicio, "no descarta" que algunos establecimientos hayan absorbido, "individualmente", una parte de la bonificación y "hayan incrementado los márgenes", ha informado Europa Press.

El organismo también ha destacado que el encarecimiento de los precios en las gasolineras está ligado al alza de la cotización de los productos refinados en los mercados internacionales, "que ha aumentado de forma sostenida y con gran volatilidad" desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y "registrando incrementos muy superiores" a la cotización del barril de Brent (de referencia en Europa).

Según la información analizada por la CNMC, el precio de venta al público de los carburantes se encareció en mayo por quinto mes consecutivo, situándose el promedio en la Península y Baleares en 1,929 euros por litro en el caso de la gasolina 95 y en 1,888 euros por litro en el del gasóleo.

En el caso de la gasolina, esas cifras suponen un incremento del 6,4% frente al mes anterior (+11,56 céntimos por litro) y en el del diésel un avance del 2,7% (+4,92 céntimos por litro).

Asimismo, en cuanto al margen bruto de las estaciones de servicio (que incluye el comercial y los costes logísticos, entre otros), se situó en 21,8 céntimos por litro en el caso de la gasolina y en 26,8 céntimos en el diésel.

Sobre ello, fuentes de la CNMC apuntan que los márgenes brutos de los cinco primeros meses del año son similares y no se alejan de forma significativa de los del promedio de 2021.

Las estaciones del servicio parecen haber respondido a la introducción del descuento del Gobierno en los carburantes con aumentos del precio de la gasolina (0,7 céntimos) y del gasóleo (3,52 céntimos). Es una de las conclusiones de EsadeEcPol en su último informe ¿Cómo ha afectado el descuento de los combustibles al precio en las estaciones de servicio? 

Con el objetivo de limitar el alza de los precios de los carburantes, el Gobierno aprobó a finales de marzo y hasta el 30 de junio una bonificación extraordinaria de carácter general de 20 céntimos por litro sobre el precio de venta de los combustibles. Sin embargo, en este estudio se denuncia que esta medida “beneficia en mayor medida a los hogares de renta alta, va contra los objetivos de descarbonización y cuenta con algunas dificultades de implementación”. 

El dinero que el Gobierno da a las gasolineras para poder aplicar el descuento no lo perciben estas hasta el mes siguiente, por lo que la empresas tienen que adelantarlo. Ante el temor de que esto pudiera provocar problemas de liquidez, la Agencia Tributaria puso en marcha un mecanismo de anticipos por el que las empresas pueden solicitar hasta un 90% del volumen medio mensual de ventas durante 2021.

No obstante, en el informe se explica que no todas las estaciones de servicio han seguido un mismo patrón tras la entrada en vigor de la bonificación. Han sido las gasolineras independientes las que más se han beneficiado de este descuento y no las grandes compañías, como se podría pensar. Las estaciones con los precios más bajos han sido las que más los han incrementado, obteniendo un mayor provecho. En concreto, en el caso del gasóleo las gasolineras más baratas llegaron a aumentar su precio entre cinco y ocho céntimos por litro. 

Desde EsadeEcPol consideran que esto se debe a un fallo de la política con respecto a las estaciones de servicio independientes, ya que la ejecución del plan “ha podido conllevar que tengan problemas de liquidez al poder ser los anticipos concedidos por la Agencia Tributaria insuficientes”.

Las grandes compañías como Repsol, Cepsa o BP pueden permitirse no subir los precios o incluso bajarlos ligeramente ya que tienen un respaldo económico del que carecen las pequeñas gasolineras (en mayor parte gracias a los beneficios que obtienen de sus actividades de refino). En el informe se explica que el abaratamiento que ofrecen estas estaciones de servicio puede afectar a la competitividad del sector a largo plazo, haciendo que los clientes se acumulen en estas grandes compañías. 

Para evitar esta ventaja, EsadeEcPol propone “extender y mejorar el diseño del sistema de anticipos a estaciones de servicio independientes” de manera que estas no necesiten subir los precios para tener liquidez a corto plazo. En concreto, plantean extender el sistema de anticipos y hacer que las devoluciones se realicen cada 15 días y no cada 30, como se hace actualmente. 

Actualmente, existen más de 11.000 estaciones de servicio en el país divididas entre instalaciones independientes, sin contrato de exclusividad de suministro; instalaciones abanderadas, integradas en la red de distribución de operadores al por mayor con gestión de un distribuidor minorista; y gasolineras de operadores al por mayor. Según los últimos datos disponibles recogidos en el estudio y correspondientes al cierre de 2020, las primeras suponen un 40% del mercado mientras que los otros dos grupos completan el 60% restante. Dentro de este último grupo destaca Repsol, operador con mayor presencia en el mercado con un 25% de las instalaciones. Le siguen Cepsa, con un 12,5%, y BP, con un 6,6%.

En conjunto, estas tres compañías suman más del 40% de las estaciones de servicio. Pese al aumento del peso de las estaciones de servicio independientes en los últimos años, todavía exista una alta concentración en el mercado que puede indicar "un nivel de competencia menor del deseado", destaca el informe.

Durante la última década el margen bruto de distribución –la diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional de referencia–, no ha dejado de aumentar. Este indicador comprende no solo la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista sino también todos los costes asociados a la distribución del carburante desde su origen hasta su destino final y otros costes asociados a todo el proceso. La CNMC explicó en un informe de 2021, con datos hasta 2019, esta subida: el incremento del margen bruto respondía a "factores estructurales, concretamente, a un aumento de las obligaciones normativas pero, existe una parte no explicada que se sitúa en el 8% para el caso de la gasolina y un 5% para el gasóleo". Al repetir este ejercicio para 2020, año en el que los márgenes alcanzaron sus máximos históricos, la parte no explicada aumentó hasta el 22%. "Pese a que las cotizaciones experimentaron caídas sin precedentes, los márgenes no las recogieron en su totalidad", señala el estudio de EsadeEcPol.

"Aunque en 2021 y en lo que va de 2022 apreciamos una ligera caída respecto al máximo de 2020, el margen bruto se sitúa muy por encima de los niveles pre-pandemia. Así, podemos ver que el estallido de la pandemia y la mayor volatilidad que acompaña a los mercados desde entonces ha empujado el margen bruto por encima de los 20 céntimos por litro", señala el estudio. "Pese a que puede haber factores estructurales detrás, como un aumento de los costes fijos y de aprovisionamiento o las obligaciones normativas, hay una parte no explicada que podría estar muy relacionada con la existencia de poder de mercado y la falta de competencia entre las empresas del sector".

Si las seis empresas energéticas del Íbex 35 aprovecharon la subida de los precios del gas, el petróleo y la electricidad para cuadriplicar sus resultados en 2021, el año de la guerra en Ucrania no ha podido sentarles mejor. De enero a marzo han ganado 3.393 millones de euros, un 23% más que en el primer trimestre del ejercicio precedente. Pero lo más espectacular es cómo se ha disparado su cifra de negocio, un 51,78%, hasta sumar 46.849 millones de euros.

En los casos de Repsol y Naturgy, sus ingresos se han elevado un 71,9% y un 73,7%, respectivamente, por encima de la facturación del primer trimestre de 2021. El volumen de negocio de Endesa ha crecido un 59,1%. El de Iberdrola ha sido un más modesto 20,4%. Sólo Enagás, que tiene buena parte de su actividad regulada, ha sufrido una caída de ingresos del 2,78%. Red Eléctrica Española (REE) también ha crecido, un 5,9%.

Las grandes energéticas se quejan de la “volatilidad” de los mercados y de las tensiones macroeconómicas provocadas por la invasión rusa, que han disparado el precio de las materias primas y los hidrocarburos. Pero ni la incertidumbre ni la escalada de cotizaciones han impedido que Repsol más que duplicara, con un aumento del 115%, sus beneficios en el primer trimestre, hasta sumar 1.392 millones de euros. No es para menos si se tiene en cuenta que, como la propia compañía destaca en la presentación de sus resultados, el crudo Brent cotizó a una media de 102,2 dólares el barril –en mayo llegó a estar a 113 dólares–, casi el doble que los primeros meses de 2021, mientras que el gas Henry Hub se pagó a cinco dólares por MBtu, duplicando la cotización de hace un año –en abril rozó los nueve dólares–.

De modo que el volumen de negocio de Repsol hasta marzo alcanzó los 18.216 millones de euros, gracias a que su segmento industrial facturó el doble que en el mismo periodo de 2021 y el que de denominan “comercial y renovables”, que incluye las estaciones de servicio, disparó sus ingresos un 65,6%, hasta los 7.269 millones.

Como los precios del crudo se trasladan de inmediato a los de las gasolinas y gasóleos, en las estaciones de servicio españolas se llegó a pagar por ambos combustibles más de dos euros el litro. Según reconoce también Repsol, máximos que no se veían desde 2008. No obstante, la compañía precisa que la facturación de las 3.300 estaciones de servicio que posee en España sólo representa un 5% de su resultado neto ajustado; es decir, unos 52,8 millones de euros.

El consumo de carburante aún no se ha recuperado de la pandemia y los altos precios no ayudan, por lo que Repsol asegura que sus ventas en estaciones de servicio siguen un 17% por debajo de los niveles de 2019. Aun así, ya superan en 27 millones de euros las registradas en el primer trimestre de 2021.

Está por ver el efecto en las cuentas de la compañía de los descuentos establecidos por el Gobierno desde el 16 de marzo, 20 céntimos el litro, que se elevan hasta los 30 céntimos para los usuarios de su aplicación Waylet y clientes profesionales de Solred. Repsol dice tener más de tres millones de usuarios de esa aplicación.

Iberdrola también ha comenzado el año con buen pie, unos ingresos de 12.150 millones de euros, que se han traducido en beneficios de 1.058 millones, un 3% por encima del primer trimestre de 2021. Aunque precisa que sus ganancias se han visto lastradas por su negocio en España, que ha caído un 29% al no haber trasladado a sus clientes los altos precios de la energía. Iberdrola asegura que el 80% de la electricidad que vende a sus clientes en el mercado libre la está cobrando a un precio entre la mitad y un tercio inferior al de la tarifa regulada. El 86% de los clientes de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán tienen la tarifa libre, un total de 18.189 usuarios. El negocio de producción de electricidad y clientes en España le ha reportado a Iberdrola unos ingresos de 5.019,7 millones de euros, un 56% más que hace un año.

Así que la empresa mantiene su previsión de acabar el ejercicio con unos beneficios netos de entre 4.000 y 4.200 millones de euros; es decir, por encima de los 3.885 millones con que cerró 2021 y que fueron los mayores de su historia.

Una buena muestra de los efectos en el negocio de Iberdrola del alza del precio del gas se observa en los enormes aumentos que han experimentado este primer trimestre la producción de ciclos combinados, que usan gas para producir electricidad –un 156,8%–, y el carbón –un 101,9%–. La energía solar ha crecido mucho menos, un 26,6% y la nuclear sólo un 1,4%). Mientras, la hidráulica ha caído un 57,0% y la eólica un 13,0%.

El volumen de negocio de Naturgy también se ha visto espoleado por el subidón de los hidrocarburos y la electricidad. Ha ingresado 8.141 millones de euros, una diferencia sustancial con su facturación del primer trimestre de 2021, aunque sus beneficios se han quedado en 354 millones, un 9,6% más que hace un año.

Como Iberdrola, culpa a sus operaciones en España; en concreto, a la “presión en los márgenes comerciales y una leve caída de la demanda”. Naturgy dice que tampoco está reflejando en los contratos con sus clientes el aumento global de los precios del gas y la luz. De hecho, explica que ha vendido “a largo plazo a clientes finales” toda su capacidad inframarginal de generación eléctrica, “equivalente al consumo de cuatro millones de hogares”, por debajo del precio establecido por el Gobierno, de 67 euros el megavatio hora.

Endesa ha facturado 7.596 millones de euros y ganado 338 millones hasta marzo. La cifra de beneficios es un 14% superior a la del primer trimestre de 2021 si de esta última se excluyen los 188 millones de euros que, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional, recibió del Gobierno en compensación por el coste de los derechos de emisión de CO2. En realidad, la cantidad que percibirá será mayor aún, 259 millones, porque se le añadirán unos intereses de 73 millones, según acaba de hacer público en su último informe trimestral.

Al igual que Iberdrola, Endesa confía en cerrar un buen ejercicio, con unos beneficios de 1.800 millones de euros, también por encima de los 1.435 millones de euros que ganó en 2021. Por un lado, la eléctrica no sufrirá impacto alguno en sus cuentas por la falta de suministro de gas por la guerra, puesto que carece de contratos con Rusia, y está buscando proveedores de uranio para sus centrales nucleares. Por otro, ha aumentado en un 13% el número de sus clientes en el mercado libre, de los que ya tiene 6,4 millones.

Red Eléctrica casi ha repetido este año sus beneficios del primer trimestre de 2021, 182 millones de euros, con un crecimiento de sólo un 0,5%, pero ha ingresado casi un 6% más. La empresa, cuyo 20% está en manos del Estado a través de la SEPI, es el operador del sistema eléctrico español. De manera que gestiona la red de transporte de alta tensión, pero no distribuye electricidad. Según explica en su informe trimestral, la demanda de energía eléctrica aún no ha recuperado en España las cotas previas a la pandemia: se mantiene un 2,4% por debajo de 2021.

Finalmente, Enagás, el gestor técnico del sistema gasista nacional, cuenta con una participación pública del 5% en su capital, y la mayor parte de su actividad está regulada. De ahí que el tremendo aumento de la actividad de sus seis plantas regasificadoras tras la invasión rusa no se haya traducido en un crecimiento de sus ingresos o beneficios. O al menos no hasta ahora. Porque en lo que va de año el volumen de actividad de Enagás ha crecido nada menos que un 81%, transformando el gas natural licuado (GNL) que llega a España en barco y se prevé que siga así el resto del ejercicio.

Enagás ha facturado 233,9 millones de euros y ganado 69,3 millones, un 25,4% menos que hace un año. Aun así, prevé cerrar este ejercicio superando los 430 millones de euros, lo que supone una mejora sobre los 403,8 millones que ganó en todo 2021. De hecho, este año espera incorporar plusvalías por valor de 200 millones. La demanda de gas natural, además, ha crecido un 11,5% en este primer trimestre, sobre todo porque su consumo para la generación de electricidad se ha disparado un 118,1%.

Gracias a este panorama optimista, las seis energéticas van a ser generosas en el reparto de dividendos. Iberdrola los va a aumentar en un 4,3%, de forma que llegará a los 0,44 euros brutos por acción –0,17 euros ya pagados en febrero y 0,27 que se abonarán en julio con carácter complementario–. Repsol retribuirá a sus accionistas con 0,63 euros el título, resultado de una mejora del 5%. En enero ya habían recibido otros 0,30 euros por acción. Además, la compañía de Antonio Brufau llevará a cabo una reducción del capital social –otra forma de retribuir a los accionistas, porque se aumenta el valor de los títulos– mediante la amortización de 75 millones de acciones propias. Y recomprará 50 millones de acciones en el segundo semestre, adelantando una operación en principio prevista para finales de este ejercicio y principios de 2023. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó en la presentación de resultados que el objetivo de la empresa es “acelerar” la recompra de acciones para mejorar sus objetivos de dividendo, teniendo en cuenta los actuales precios de los hidrocarburos.

Naturgy, por su parte, pagará una mayor retribución a los accionistas, 1,2 euros, sólo un poco por encima de Enagás –1,02 euros– y Red Eléctrica –un euro–. Pero Endesa será la más espléndida: 1,4 euros por acción, resultado de añadir 0,9372 euros en julio a los 0,5 euros ya abonados el pasado enero.

Facua-Consumidores en Acción ha presentado ante las autoridades de consumo de 13 comunidades autónomas sus denuncias contra las 230 gasolineras que subieron los precios del combustible 5 céntimos o más el 1 de abril, fecha en la que entró en vigor la bonificación impuesta por el Gobierno para los próximos tres meses.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la organización de consumidores ha indicado que ante la falta de respuesta del Ministerio de Consumo y "la incógnita" de si habrá trasladado los hechos a las regiones, ha optado por dirigirse directamente a sus administraciones de protección al consumidor, que tienen potestad sancionadora.

De esta forma, las denuncias han sido interpuestas ante las direcciones generales, agencias e institutos de consumo de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

Además, ha denunciado estos hechos también ante las ocho agencias de la competencia autonómicas con competencias sancionadoras como son las de Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

La organización de consumidores ha recordado que el pasado 6 de abril ya puso las subidas en conocimiento del Ministerio de Consumo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Facua ha precisado que en la mañana del 1 abril, las estaciones de servicio denunciadas aplicaron incrementos de al menos 5 céntimos, que es el recorte de márgenes que tiene que aportar el sector, según establece el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Así, 208 de las más de 5.000 gasolineras que actualizaron sus precios y se los comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica esa mañana aplicaron subidas de 5 céntimos o superiores en los precios del gasóleo. En cuanto a la gasolina 95, la subida de 5 céntimos o más se produjo en la mañana del viernes en 171 estaciones de servicio, según datos de la asociación.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región con mayor número de estaciones denunciadas, con un total de 65; seguida de Castilla-La Mancha, con 46 gasolineras; la Comunidad Valenciana, con un total de 32, Extremadura, con 21; y Cataluña, con 18.

De las 230 estaciones de servicio denunciadas, Facua ha precisado que 26 pertenecen a Repsol, seguida por ES Carburantes, con 12, Farruco SA (10), Cepsa (8), Galp (7), MaxOil (6) y BP (4).

Agla, Avia y Petronor tienen tres estaciones contra las que se han presentado denuncias, Ballenoil y Campsa dos cada una, y cierran el listado Petrogas y Shell con una. Además de estas cadenas, se han denunciado otras 142 gasolineras independientes.

Las gasolineras podrán empezar a pedir desde este viernes el anticipo a la Agencia Tributaria de las bonificaciones al combustible aprobadas por el Gobierno y Hacienda prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa este jueves para explicar la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2021.

La titular de Hacienda ha explicado que desde mañana se habilitará en la página de la Agencia Tributaria un formulario que tendrá que ser cumplimentado por todas las gasolinera que estén interesadas en pedir el anticipo de 15 céntimos que tiene previsto aplicar el Ejecutivo al litro de combustible para todos los ciudadanos, a los que se sumarán otros 5 céntimos que correrán a cargo de las operadoras petroleras -unas 40 en España-.

"Sobre todo pensamos en las pequeñas gasolineras y en las que no están vinculadas a un grupo empresarial", ha remarcado la responsable de Hacienda, quien ha asegurado que gran parte de las estaciones se podrán beneficiar de este anticipo, aunque prevé que habrá algunas que tengan la capacidad y músculo financiero para afrontar el gasto.

Una vez se cumplimente la ficha, Hacienda prevén empezar a transferir a partir de la semana que viene a las gasolineras los anticipos y se irá recargando cada mes. La ministra ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a las gasolineras sobre los cambios informáticos que deben incluir en la factura para que tenga reflejo esa bonificación y ha señalado que, hasta que puedan poner en marcha este nuevo sistema, podrán comunicarlo en "lugares visibles" del establecimiento.

Montero ha asegurado que el Ejecutivo vigilará que no se produzca ninguna práctica fraudulenta en torno a esta bonificación y ha avanzado que se ha previsto la puesta en marcha de un buzón de denuncias, reclamaciones y sugerencias para que se pueda comunicar cualquier tipo de incidencia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro de combustible se aplicará desde este viernes al repostar y será adicional a la que ya han puesto en marcha las petroleras, ha informado Europa Press.

"Las operadoras ya están haciendo ofertas que permiten para la ciudadanía general unos cinco céntimos adicionales (de rebaja), es decir 25 céntimos, y para los transportistas otros diez céntimos añadidos", ha señalado Montero, que ha pedido, por tanto, a la ciudadanía que esté "atenta" a las ofertas que están realizando las petroleras.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Montero ha destacado que el Gobierno ha querido que esta bonificación al combustible sea "claramente eficaz", de forma que cuando cualquier ciudadano llegue a la gasolinera a repostar ya se le aplicará a partir del viernes esa rebaja de 20 céntimos el litro.

"Eso obliga a que tengamos que hacerlo de una manera genérica porque el gasolinero no le puede pedir a nadie la declaración de la renta ni tampoco decidir si alguien tiene un umbral suficiente para recibir esa ayuda", ha subrayado Montero, rechazando así de nuevo la posibilidad de que esta bonificación vaya a aplicarse en función de los tramos de renta.

La ministra confía en que esta rebaja en el precio del combustible, que se aplicará hasta el 30 de junio, contribuya al bienestar de las familias y a que las empresas puedan "sortear" las dificultades derivadas de los costes de los carburantes.

Montero ha destacado además que, aunque la rebaja pactada con los transportistas también era de 20 céntimos, las ofertas que han hecho las operadoras para este sector son mucho más importantes que las que tiene la población general.

También ha recordado que el Gobierno no sólo ha acordado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) una minoración del precio del combustible, sino un conjunto de medidas que incluyen ayudas por valor de 450 millones de euros y la devolución mensual del Impuesto sobre Hidrocarburos, entre otras. "Son medidas que han sido bastante aplaudidas por el sector, que en este momento necesita más apoyo que nunca", ha apuntado.

Montero ha explicado además que el dinero que costará el Plan de Respuesta a la Guerra que aprobará este martes el Consejo de Ministros, en total 16.000 millones, se va a financiar, por una parte, con el "colchón" y la "cierta holgura" que proporciona el hecho de que el déficit de 2021 haya sido mejor de lo previsto por el Gobierno y por los organismos internacionales. Los datos concretos se conocerán este jueves.

Por otro, el coste del Plan se cubrirá con una "repriorización de todas las políticas" para atender lo más urgente, es decir, la subida de los precios energéticos, según ha indicado la ministra, que ha recordado que el decreto-ley de respuesta a la guerra incluirá la prórroga hasta el 30 de junio de la suspensión de los impuestos eléctricos.

Preguntada por si el Gobierno podría plantearse una extensión del plan de respuesta a la guerra en el caso de que, finalizada su vigencia, prosiguiera la escalada de los precios energéticos, la ministra ha expresado su confianza en que todas las medidas, sobre todo las regulatorias, permitan una bajada efectiva del precio de la energía.

"No sólo estamos trabajando en lo urgente, sino que también estamos haciendo un nuevo marco regulatorio poniendo un precio de referencia para el gas, que es el que ha contaminado el alza todo el "pool" eléctrico, y un nuevo modelo de retribución para el conjunto de la energía, que se tiene que traducir en un menor precio para el consumidor final. Hay que confiar en que estas medidas adopten todo el sentido y que la unidad que estamos teniendo desde Europa nos permita la bajada real del gas y del pool eléctrico", ha indicado.

En cuanto a la rebaja de impuestos que se pide desde el PP, la ministra ha hecho hincapié en que el plan rebaja los impuestos a la electricidad al prorrogar hasta el 30 de junio la suspensión de los impuestos eléctricos. "Yo creo que el señor Feijóo no debe haberse enterado bien", ha afirmado la ministra.

Montero "espera y desea" que todas las formaciones políticas apoyen este plan nacional de respuesta a la guerra porque es "imprescindible" para los ciudadanos y las empresas. "Si el PP, después de una pandemia, no lo apoya, ¿a qué espera para ser patriota y para demostrar a los ciudadanos que le preocupa la gente, el país y que no está sólo a los intereses electoralistas?", ha replicado la ministra.