Las listas de espera quirúrgicas en España se mantienen en cifras récord. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, más de 846.583 personas aguardan una operación en el sistema público, con una demora media que supera ya los 120 días. Madrid, pese a que figura como una de las regiones con la tasa de espera más baja (48 días), ha aumentado su demora media para una operación. Era de 59,7 días en agosto de 2019, con la llegada de Ayuso al poder, y actualmente alcanza los 65,4 días. Estos datos esconden una trampa de la Administración madrileña: no se permite que los pacientes estén en dos listas de espera quirúrgicas de distintas especialidades a la vez.

La norma se recoge en la Orden 804/2016 de la Consejería de Sanidad, que regula las Instrucciones de Gestión del Registro de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El apartado G de los criterios clínicos que forman parte de las instrucciones establece que: "En aquellos pacientes en los que esté prevista la realización de más de un procedimiento quirúrgico [...], en dos o más tiempos quirúrgicos diferentes, se procederá con cada uno de ellos como procesos independientes y, por tanto, una vez resuelto el primero se iniciará el procedimiento de inclusión en el registro para el/los siguiente/es." En la práctica, esto significa que un paciente no puede estar en dos listas de espera quirúrgicas al mismo tiempo, aunque existan indicaciones médicas firmes y separadas.

Esta disposición ha perjudicado la situación de un paciente en la última semana. Rafael, un madrileño de 79 años, relata a infoLibre que en el Hospital de La Paz le rechazaron su registro en la lista de espera quirúrgica de Dermatología alegando que ya estaba inscrito para una operación en Oftalmología. En octubre, su dermatólogo detectó dos lesiones en la zona frontal del cuero cabelludo que podrían desembocar en un cáncer de piel. El especialista consideró necesaria una extirpación rápida e inició el trámite para incluirle en la lista quirúrgica. Sin embargo, días después, Rafael recibió una llamada de la Administración sanitaria informándole de que no podía ser incluido porque ya figuraba en una lista de espera para una blefaroplastia oftalmológica por caída de párpados.

"Me dijeron que no podía estar en dos listas de espera quirúrgicas a la vez y que se daría prioridad a la más antigua, salvo que hubiera un criterio médico expreso que indicase lo contrario. Pero a mi dermatólogo ni siquiera le consultaron", explica Rafael. Tras acudir de manera presencial a Atención al Paciente del Hospital de La Paz, le imprimieron una copia de dicha norma y le subrayaron el apartado G que desarrolla esa incompatibilidad. Su dermatólogo, que había trabajado anteriormente en Andalucía, se mostró sorprendido y le comentó a Rafael que "nunca había oído hablar de una restricción así" y que "en otras comunidades es habitual que los pacientes estén pendientes de varias intervenciones a la vez".

Tras revisar la normativa de las diferentes comunidades autónomas y consultado con sanitarios de los distintos territorios, infoLibre no ha encontrado que ninguna otra región establezca una limitación equivalente. En la mayoría de los servicios de salud, cuando un paciente tiene dos indicaciones quirúrgicas activas, se le incluye en ambas listas de manera independiente y se ordena su intervención en función de la urgencia médica, según confirman profesionales de distintas comunidades.

Varios decretos autonómicos recogen explícitamente la figura del paciente transitoriamente no programable (TNP), una herramienta que permite mantener al paciente en el registro mientras, por razones médicas, no puede programarse una de las cirugías. En Castilla y León, el Decreto 29/2012 (que modifica el Decreto 68/2008 del Registro de Pacientes en Lista de Espera) reconoce esta categoría para suspender temporalmente la programación sin dar de baja al paciente y manteniendo su antigüedad. En Galicia, el Decreto 105/2017 también incluye el uso de dicha figura para los pacientes.

La Orden 804/2016 de la Comunidad de Madrid, en cambio, introduce una restricción y no permite el uso de la figura del paciente transitoriamente no programable. Un diseño que también choca con la normativa estatal, recogida en los Reales Decretos 605/2003 y 1039/2011, que señalan que, si el paciente tiene indicación quirúrgica firme por un especialista y acepta la intervención, debe ser incluido en la lista. Fuentes del Ministerio de Sanidad achacan que Rafael debería ser registrado en ambas listas de espera y, una vez le llamen para una de las operaciones, aplicarle la condición de paciente transitoriamente no programable.

Para el abogado Carlos Sardinero, letrado de la asociación El Defensor del Paciente, la norma madrileña "no responde a un criterio clínico, sino a una lógica administrativa". "Es una norma que se camufla como criterio médico, cuando en realidad lo que busca es aligerar las listas de espera", añade.

Sardinero sostiene que esta regulación "deja al paciente en el limbo", especialmente cuando se trata de casos graves. "Si un usuario tuviera una cirugía de cáncer de colon y otra de cáncer de piel, no podría ser incluido en las dos. Ni siquiera podría ser registrado en la lista de espera, lo cual resulta contrario a toda buena práctica médica y generaría consecuencias nefastas para el afectado".

El abogado también advierte de que la aplicación de esta norma puede vulnerar el derecho de los pacientes a la atención sanitaria en condiciones de igualdad, un principio recogido en el artículo 3 de la Ley General de Sanidad y en el artículo 4 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que garantizan el acceso equitativo a las prestaciones del sistema público con independencia del lugar de residencia.

"Lo que se hace en Madrid es alterar ese principio de equidad. Un paciente con dos intervenciones indicadas por distintos especialistas no recibe el mismo trato en Madrid que en Castilla y León o en Galicia, donde se le mantiene en ambas listas. Aquí, en cambio, se le excluye de una, lo que supone una desigualdad en el acceso al tratamiento", explica Sardinero.

Además de las posibles infracciones señaladas por Sardinero, el Ministerio de Mónica García apunta que la exclusión de un paciente del registro puede implicar que "se vea limitado el derecho de garantía" de tiempo regulado en el art 25 de la Ley 16/2003. Una norma que señala que las prestaciones sanitarias sean seguras y de calidad, y que la ciudadanía tenga acceso a ellas. 

Rafael llevaba esperando una intervención ocular desde hace dos años, aunque en el hospital fijan la fecha del registro en este verano, cuando se supone que el paciente se inscribió en la lista de Oftalmología. No obstante, Marisol Castro, portavoz de CCOO Sanidad Madrid, subraya que el registro en las listas de espera "está manipulado", ya que no se incluye al paciente hasta que "el anestesista realiza el informe tras el preoperatorio". "Antes de todo este proceso, el paciente debe pasar por una consulta externa y por una prueba diagnóstica, con los meses de espera que hay entre ambas fases", añade.

Además de esas estrategias, Castro denuncia que la decisión de la Comunidad de Madrid de restringir la posibilidad de estar en dos listas de espera quirúrgicas de diferentes especialidades supone "una medida grave" para la salud de los pacientes y que dificulta aún más que se agilicen los procesos.

Rafael, mientras tanto, ha logrado que le den cita para la cirugía oftalmológica el próximo 24 de noviembre. "Me dijeron que así podrían reactivar después la otra lista", cuenta. Su caso sigue reflejando cómo una instrucción administrativa puede condicionar la atención de los pacientes madrileños que presentan varias patologías, mientras que en otras comunidades se atienden de manera independiente.

El 37,5% de los pacientes atendidos por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional en la sanidad pública durante el último año no fueron tratados por un psicólogo o psiquiatra, sino por un médico de familia. Ha informado EFE.

Según los resultados de la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad publicado este miércoles por el CIS, el 20,6% de la población necesitó en los últimos doce meses una consulta de este tipo, siendo atendidos en la sanidad pública el 52%.

Únicamente el 25% logró cita en un plazo menor de un mes. El 22,5% tuvo que esperar hasta dos meses y el 21,3% hasta tres. El 16,7% aguardó entre cuatro y seis meses.

El barómetro explora por primera vez el acceso a determinadas pruebas diagnósticas por un nuevo problema de salud. Así, el 23% de la población se realizó una ecografía, el 16% un TAC o escáner, el 15,2% una resonancia y el 4,8% una colonoscopia en el último año.

De las listas de espera para acceder a dichas pruebas la más larga es la de las colonoscopias, para las que hay que esperar 113 días de media.

Para una resonancia el paciente suele aguardar 73 días de media, mientras que para una ecografía y para un TAC o escáner la espera es de 61 y 56 días, respectivamente.

Casi la mitad de los encuestados considera que el problema de las listas de espera sigue igual. El 34 % asegura que ha empeorado y solo el 9,6% cree que ha mejorado.

El 60% no ha tenido problemas a la hora de consultar por síntomas o enfermedades con su médico de familia, aunque prácticamente el 69% esperó más de un día para conseguir cita y solo el 21% fue visto por un médico el mismo día o el día siguiente.

Sobre la espera en urgencias, más de la cuarta parte de los encuestados aguardó entre dos y cuatro horas.

Por lo que respecta a la consulta con un especialista, el 26,7% esperó seis o más meses entre la visita con el médico de atención primaria y la visita al especialista.

Por lo que respecta a el uso de inteligencia artificial o robots dentro de la sanidad, la mitad se sentiría totalmente incómodo hablando con un asistente virtual y el 42% tendría reservas hacia una inteligencia artificial encargada de seguir la evolución de su enfermedad.

Asimismo, el 37% manifiesta la misma incomodidad si tuviera que someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot y el 31% tampoco estaría cómodo si la IA tuviera que interpretar sus radiografías.

Las dificultades con las nuevas tecnologías se detecta también en el uso que hacen los pacientes de Internet. El 66,6% no ha consultado nunca su historia clínica en línea: el 34,4% no lo ha hecho porque desconocía que existía esta posibilidad y el 20,6% declara no saber o no poder utilizar Internet.

En esta línea, las consultas presencias siguen siendo las más comunes (con el 78,7% de los casos) frente a las citas telefónicas (19%).

Más del 70% de la población prefiere acudir a la sanidad pública antes que a la privada, tanto en las consultas de médicos de cabecera o pediatría, como en los ingresos hospitalarios y las urgencias. No obstante, la pública solo es escogida por el 57% cuando se trata de consultas con especialistas.

Casi el 29% da una nota superior al 8 al funcionamiento del sistema sanitario público español. La nota más repetida es el 7, por la que optan el 21,7% de los encuestados, frente al 20,4% que le dan menos de un 5.

Un 19,7% dispone de un seguro médico privado contratado de manera individual (por ellos mismos o por algún familiar) y un 9,7% contratado por su empresa.

Ha sido una coincidencia temporal, pero lo cierto es que sí existe una relación de causa-efecto detrás. Hace exactamente una semana, el Ministerio de Sanidad publicaba su última estadística sobre las listas de espera quirúrgicas en España. El dato que ofrecía, a priori, era positivo: el número de personas que tenían pendiente una operación había descendido con respecto a diciembre de 2023. Además, la media de días que estas tardaban en conseguir su cita también había disminuido. Sin embargo, si los datos se leen desde más lejos la perspectiva cambia. La cola de pacientes ha crecido un 3,4% en un año. La espera que tienen, siete días. Y si se compara con antes de la pandemia la situación es todavía peor: la lista ha aumentado un 26,3%. En este mismo tiempo, los seguros de salud han incrementado un 36,4% sus ganancias.

La patronal del sector, Unespa, lo viene confirmando desde hace numerosos informes. El último se ha publicado este martes y revela que en los primeros nueve meses del año las aseguradoras se han embolsado 9.108 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando sus ganancias, ya récord, se situaron en 8.456 millones.

¿Y qué ocurre si ampliamos el foco también en este caso? Pues que también se observa la tendencia con mayor claridad. De enero a septiembre de 2019, justo antes de la llegada del covid, el sector obtuvo un beneficio de 6.677 millones. Es decir, las aseguradoras se han ido enriqueciendo año a año, sin pausa. Ni siquiera en 2020.

"No va a cambiar. Este es el camino que va a seguir el sector", diagnostica el médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria. El techo todavía queda lejos y, para explicarlo, se remite al número de asegurados, que es la cuestión "verdaderamente importante" para él.

Los datos se extraen en este caso del último Observatorio del sector sanitario privado publicado hace unos meses por la Fundación IDIS con datos referentes al año 2023. La media de la penetración de los seguros privados se sitúa en el 25,9% a nivel nacional, pero ese porcentaje asciende hasta el 38,7% en el caso de la Comunidad de Madrid. Dicho de otro modo: casi cuatro de cada diez madrileños tiene contratada una póliza. Así que Simó no tiene dudas: "El recorrido es largo", lamenta.

Si hablamos en números brutos, también se observa que el número de asegurados ha crecido año a año. Este, no obstante, sí tuvo una pausa. "Fue corta, de dos o tres años", relata el médico. Coincidió con la crisis económica desatada en 2008 y con el aumento estratosférico del número de parados. "Las pólizas asociadas a las empresas cayeron con el aumento del paro, pero la situación duró poco", recuerda Simó desde el otro lado del teléfono. Los datos de IDIS reflejan que en 2023 había 12,4 millones de personas con una póliza asegurada, un número que antes de la pandemia, en 2019, era de 10,5 millones.

Pero es que no sólo son más, sino que también pagan más. La página web de Asisa, por ejemplo, recoge que, "con carácter general, el precio del seguro sube cada año", algo que ocurre, defiende la aseguradora, por el "incremento del coste de los servicios sanitarios". "Esta subida se explica en parte por el mayor uso que se hace de los recursos médicos, por las nuevas prestaciones y también por la morbilidad, lo que nos obliga a reajustar anualmente las primas", sostienen desde la compañía. En resumen: cada vez les contratan más personas y con más patologías. Según la Encuesta Global de Tendencias Médicas 2024 hecha pública el pasado mes de febrero, el precio de las pólizas creció un 7,6% en 2023, un incremento que se repetiría, dijeron, este mismo año.

¿Tiene sentido que cada vez cuesten más y los contraten más personas? Aunque parezca paradójico la respuesta es que sí. Y para entenderlo, basta con mirar esas listas de espera de la sanidad pública que desde la pandemia tampoco han dejado de subir. Lo dicen los propios asegurados: hasta un 75,7% de ellos confiesa que "la rapidez con la que le atienden" es el principal motivo para contratar una póliza. "Es evidente. El problema de fondo en el crecimiento del aseguramiento sanitario privado está relacionado con las altas demoras", valora Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. "Los datos que estamos viendo no son más que un indicador de la confianza que tiene la gente en el sistema público, por eso en Madrid hay un 40% de asegurados", coincide Simó.

Analizando sus propios datos oficiales, las listas de espera de la región se han duplicado desde la pandemia. En concreto, las cifras relativas al pasado mes de septiembre reflejan que ya hay 154,28 pacientes por cada 1.000 habitantes con una cita pendiente en los especialistas de los hospitales, un número que hace cinco años era de 68,58, un 125% menos. "La sanidad madrileña está especialmente deteriorada", lamenta Simó.

Pero los defensores del sistema público siempre puntualizan que es importante no perder de vista que todo lo positivo que a priori presentan las aseguradoras privadas es, en muchas ocasiones, "humo", dice Sánchez Bayle. Lo son por ejemplo las pólizas low cost que tanto se popularizaron tras la pandemia. Se dirigen, sobre todo, a los más jóvenes y a las personas con menos recursos económicos y constituyen, según los estudios de mercado, el mayor nicho donde conseguir ampliar el negocio. Sin embargo, su letra pequeña revela que, en realidad, su cobertura es muy escasa. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2020, el principal problema de los asegurados con sus compañías fue que "un determinado tratamiento no estaba cubierto". Lo respondió el 18% de los 7.500 encuestados.

Pero hay más. Porque no son pocas las pólizas que incluyen periodos de carencia, un tiempo mínimo impuesto por las compañías para poder someterse a un tratamiento. Por ejemplo, en Asisa, según explican en su página web, el paciente debe esperar seis meses desde el momento de contratación de su póliza hasta poder someterse a ciertas pruebas diagnósticas o a una cirugía ambulatoria. Otras, por su parte, tienen las llamadas preexistencias, que no es más que aquella especie de derecho de admisión que las empresas estipulan en función de patologías previas o, incluso, de la edad. Por norma general, explica el comparador Rastreator, "ninguna aseguradora cubre enfermedades que tuvieras antes de contratar tu seguro ni las dolencias derivadas de estas". "Esto no es más que una forma de chupar la sangre del Sistema Nacional de Salud. Al final, los problemas graves siempre terminan siendo tratados en la sanidad pública", critica Carmen Esbrí, presidenta y portavoz de la Asociación Mareas Blancas. "Es muy peligroso que se anuncie en televisión un seguro tan barato porque en realidad ni siquiera incluye atención primario. Se está liquidando el sistema y se está siguiendo el modelo de Estados Unidos", lamenta.

¿Y cuáles son las empresas que están haciendo su agosto con el negocio de la salud? Las tres de siempre: SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa, que según la Fundación IDIS aglutinaron el 57,7% del total de la cuota de mercado. La primera obtuvo 3.244 millones en 2023; la segunda, 1.831; la tercera, 1.459. Sin embargo, parece que no les ha sido suficiente.

Dos de ellas —SegurCaixa y Asisa— son precisamente las que prestan servicio al millón y medio de mutualistas de Muface y las mismas que hace apenas unos días presionaron al Gobierno para que éste incrementase en un 40% lo que reciben por cada funcionario asegurado. Según defendieron entonces, si el porcentaje era menor se corría el riesgo de que el cuadro médico sea "insuficiente", de que la calidad asistencial se vea "perjudicada" y de que el servicio, en general, fuera "deficitario". No consiguieron su propósito, pero el Gobierno les ha puesto encima de la mesa un incremento del 17% de las primas al que ahora ellas deben responder.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) tendría que aumentar un 15% su actividad quirúrgica para ser capaz de intervenir a corto plazo a los 174.000 pacientes que llevan más de 6 meses esperando a ser operados, algo "inasumible" cuando su crecimiento anual es del 1,5%.

Así lo pone de manifiesto un informe de Proyecto Venturi elaborado para el Círculo de la Sanidad con los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en el que se advierte de que el problema de las listas de espera es "mayor de lo que los datos reflejan".

Según Sanidad, a 30 de junio había 848.340 personas esperando una intervención quirúrgica no urgente, un 3,4% más que un año antes; de ellos, 174.000 llevaban en la lista más de seis meses.

El estudio calcula que el SNS debería incrementar un 15% su actividad quirúrgica, algo "inasumible" cuando su crecimiento anual suele ser del 1,5%.

Además, según explica el Círculo de Sanidad —asociación que aglutina formada por 20 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del SNS—, "el diferencial de entradas y salidas (pacientes sin atender) deja un saldo de 300.000 personas que han desaparecido de las estadísticas".

Las razones de esa exclusión, que son pacientes transitoriamente no programables, por rechazo del centro alternativo o porque están a la espera de especialidades que no se analizan en el informe.

Se prevé además que un porcentaje "importante de ese volumen de pacientes vuelva a engrosar las listas de espera en un futuro, con una cirugía incluso de mayor gravedad y gasto para el sistema", advierte.

Otro de los problemas es la ingente proporción de consultas sucesivas especializadas, con respecto a las primeras consultas, "algo que sigue poniendo freno a diagnósticos, tratamientos y prescripción de cirugías".

Sólo tres de cada diez citas especializadas son de primera consulta, lo que genera un volumen de 4 millones de pacientes a la espera de su primera visita al especialista, de los cuales más de la mitad acumula un tiempo de espera superior a 60 días.

Ante esta situación, el Círculo de la Sanidad ha mostrado su preocupación por la incapacidad del SNS para dar respuesta a tiempo, por sí solo, a la demanda asistencial de la población y ha reclamado un pacto "urgente" de colaboración público-privada que permita a entidades y comunidades autónomas abordar una solución conjunta.

La entidad defiende implantar políticas de optimización del flujo de interconsultas para priorizar las primeras consultas al especialista en el conjunto de la actividad ambulatoria y así conseguir una atención más eficiente y equitativa para todos los pacientes.

Ponerse una prótesis de rodilla en el Hospital de La Paz, en Madrid, requiere esperar, de media, más de 80 días. Hacerlo de la cadera, 75. Para conseguir una primera cita con un especialista digestivo en el 12 de Octubre hay que estar aproximadamente 60 días en una lista de espera. Para ser atendido por un endocrino en Fuenlabrada, 67. La situación se replica en toda España, donde cada vez hay más pacientes esperando para entrar en un quirófano. Y donde el tiempo de espera, además, es cada vez mayor. Cada estadística que sale supera la anterior. Las publicadas este miércoles por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Sanidad no son una excepción y dibujan un escenario que, avisan los profesionales, seguirá empeorando. "Todavía no ha empezado lo peor", advierte Inma Martín, responsable de atención primaria de UGT.

La pandemia supuso un punto de inflexión. Pasada la primera ola y superado el primer impacto, los médicos empezaron a hacer cálculos. Todos los recursos que tenían que haberse destinado a tratar un virus que era un completo desconocido habían dejado de lado el diagnóstico y el tratamiento de muchas otras patologías cuya previsión, obviamente, se tornó menos optimista. Por ejemplo, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2020 se detectaron entre un 15 y un 20% menos de cánceres. Según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el tratamiento del infarto se redujo un 40% durante la primera semana del estado de alarma, lo que provocó que la mortalidad del mismo se duplicara.

La situación fue poco a poco recuperándose, más o menos al mismo tiempo con el que la gravedad del covid fue disminuyendo. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de las cifras de listas de espera que teníamos en 2019. De hecho, cada vez nos alejamos más de ellas.

Las estadísticas publicadas este miércoles por la Comunidad de Madrid —relativas a septiembre de 2024— reflejan que ya hay 154,28 pacientes por cada 1.000 habitantes en una lista de espera para obtener una cita en una consulta externa en un hospital de la región, un número que hace un año era de 108,35 y hace cinco de 68,58. Es un 125% más. Cada una de esas personas aguarda ahora una media de 76,35 días para obtener una primera consulta con un especialista, pero hace un lustro lo hacía durante 42,6, un 79% menos. Un último dato: en 2019 148.733 personas tardaban más de 90 días en conseguir una cita; hoy lo hacen 488.676. Son un 228,6% más.

Subamos un peldaño. Si se analizan los mismos datos pero para la obtención de una prueba diagnóstica o un tratamiento la situación es parecida. En septiembre de 2024 había 45,18 pacientes de cada 1.000 esperando para ello, pero en 2019 ese número era de 22,97, un 96,7% menos. En ese momento esperaban una media de 51,68 días; ahora, 75,1, un 45,3% más. Hay, actualmente, 102.773 madrileños y madrileñas con una espera superior a tres meses; hace un lustro eran 67.570.

Subamos otro peldaño. El retraso en la primera consulta y en la prueba provoca que la lista de espera quirúrgica haya pasado de contener a 63.055 personas a hacerlo con 80.492. Hay, por tanto, un 27,6% más de habitantes esperando para ser operados con respecto a 2019.

Pero esto no es un problema eminentemente madrileño. El Ministerio de Sanidad ha publicado también este miércoles datos sobre las listas de espera que tienen actualmente los quirófanos del Sistema Nacional de Salud y la evolución, a nivel nacional, es parecida. En concreto, en junio de 2019 había 671.494 pacientes esperando una media de 115 días para ser operados. Hoy son 848.340 que tardan 121 días en conseguir fecha.

Si se pasa la lupa por la estadística, Madrid no es la región que peor parada sale. Pero es que para los sindicatos eso siempre tiene un truco detrás. "Ayuso emplea usa unas matemáticas alternativas. Para las cirugías empieza a contar desde la consulta con el anestesista, por ejemplo. Además, si al paciente le ofrecen ser operado en un centro concertado y lo rechaza, se contabiliza como un enfermo que empieza desde 0 a engordar esa lista", explica Sergio Fernández, responsable de acción sindical del sector público de CCOO.

Lo mismo se ha hecho en otros lugares como Galicia, según publicó Praza.gal. "Cuando al Sergas le interesa dar la imagen de que los tiempos medios de espera se reducen, lo que hace es aumentar las horas extras o la derivación a la privada. En este último caso, incrementa las llamadas a los pacientes que están en espera ofreciéndoles hacer una prueba o una intervención en la sanidad privada y, como un alto porcentaje las rechaza, esa gente desaparece de las listas sin que el Sergas haga nada más que llamarla por teléfono", explicó Manuel González Moreira, secretario nacional de la CIG-Saúde al periódico.

Para solucionar estas cifras, el departamento de Mónica García creó un grupo de trabajo que ya está elaborando un plan sobre el que trabajar y construir unas soluciones que tendrán que ser presentadas en el Consejo Interterritorial del SNS. Porque por mucha ley que el Ministerio se haya comprometido a elaborar, la competencia sigue siendo autonómica. Así que son las comunidades las que deben trabajar. Y así lo dijo la propia ministra. "Nosotros queremos hacer una ley en la que realmente las listas de espera estén centradas en la gestión y no en la competición entre las propias comunidades. Es un problema de logística, de priorización, porque hay una serie de patologías que pueden esperar. Lo que segurísimo que no puede esperar es una cita con el especialista o un diagnóstico", señaló.

Los profesionales llevan mucho tiempo explicando de dónde viene el problema. Y todos coinciden en apuntar, en primer lugar, a la atención primaria. "Todo el sistema es como una especie de dominó, si se cae una ficha se caen todas las demás", explica el cirujano Javier Ortega, presidente del sector hospitalario del sindicato Amyts. Este sistema ya lleva tiempo agonizando, y sobre todo en Madrid. Vayamos de nuevo a ver las cifras.

La de Isabel Díaz Ayuso es la autonomía que menos porcentaje de su presupuesto sanitario global destina a la atención primaria. Es cierto que ninguna comunidad llega al 25% exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero Madrid se lleva la palma: sólo destina un 11%, menos que ninguna otra. Y eso hace que los madrileños y madrileñas esperen una media de 9,6 días para obtener una cita, tres más de lo que lo hacían en 2018, según un informe publicado este martes por Amnistía Internacional en el que, no obstante, se refleja que Cataluña (con una espera de 12 días) y Andalucía (con una 10) sufren cifras todavía peores.

Conseguir revertirlas cifras es básico, según los sindicatos consultados. Si la medicina de familia consigue prevenir problemas graves de salud, atender lo inmediato y derivar, si es necesario, a los especialistas, los hospitales alivian su carga asistencial. Pero eso ya no funciona. "La primaria ha dejado de jugar muchos papeles que le corresponden porque ya no puede", lamenta Martín. "Si pides una consulta en tu centro de salud pero te dan cita diez días después, acabas acudiendo al hospital, en muchas ocasiones, con un agravamiento del problema", añade Fernández.

Eso provoca además otro cuello de botella. Si los problemas se tratan más tarde, en muchas ocasiones se agravan, así que necesitarán más pruebas y, quizás, más intervenciones quirúrgicas. Es lo que está provocando también el progresivo envejecimiento poblacional. "La supervivencia ha aumentado, así que cada vez hay más patologías y más tratamientos. Por ejemplo, hace 40 años no operábamos a mayores de 80, pero ahora ya no está contraindicado, y eso también suma personas a las listas de espera", explica Ortega.

Según los últimos datos publicados hace un mes por Health System Review y recogidos por EFE, España es el país con más esperanza de vida de toda la Unión Europea: 84 años. A la vez, es el que tiene un mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas en la vejez. Sobre todo las mujeres.

Las únicas soluciones que los profesionales encuentran pasan, todas, por tener claro un plan. "No hay nadie con una hoja de ruta definida", denuncia la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández. "No basta con compararse con otras comunidades, lo que es necesario es que las listas de espera vayan reduciéndose y que se contraten profesionales y se les pongan medios para poder trabajar de manera adecuda", sentencia. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Madrid tan sólo ha pasado de tener 2,24 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes en 2019 a 2,39 en 2022, el último año disponible.

En el primer semestre del año, un total de 848.340 pacientes aguardaban una intervención quirúrgica no urgente, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y también aumentó el número de días que tuvieron que aguardar hasta los 121, nueve más que en junio de 2023, según el informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud del primer semestre de 2024 que ha publicado el Ministerio de Sanidad este miércoles y recoge EFE.

El texto refleja, además, un incremento de los días para conseguir una consulta con el especialista: de los 87 del primer semestre de 2023 se ha pasado a 94.

Sanidad está actualmente elaborando un plan que presentará "próximamente" al Grupo de Trabajo de Listas de Espera y seleccionando los expertos que participarán en las diferentes líneas diseñadas a tal fin. Los resultados los elevará después al Consejo Interterritorial, según ha informado el departamento que dirige Mónica García.

Los nuevos datos semestrales, pese a que representan un leve descenso del 0,14% de las listas de pacientes en espera que había en diciembre, cuando eran 849.535, desvelan el segundo máximo histórico, con 848.340.

El tiempo medio que esperaron fue de 121 días, nueve más que en el primer semestre de 2023; el porcentaje de pacientes cuya espera superó los 6 meses también se incrementó 3 puntos hasta el 20,5%. Por especialidades, las listas más abultadas las presenta Cirugía Plástica (236 días), Neurocirugía (189 días) y Angiología y Cirugía Vascular (148); las que menos, Cirugía Cardíaca (63 días), Dermatología (65 días) y Oftalmología (84 días).

Y por comunidades, las tasas más bajas se dieron en Madrid, con 10,06 pacientes por cada 1.000 habitantes; País Vasco (10,18); Baleares (10,37) y Comunidad Valenciana (10,9). En el otro extremo, Cantabria (29,21); Andalucía (24,4); Cataluña (24,17) y Extremadura (23,85). Atendiendo al número de días, donde menos se espera es en Madrid (47), seguida de País Vasco (64) y La Rioja (67), mientras que en Andalucía, la demora media se prolonga durante 169 días, por delante de Extremadura (164) y Cantabria y Aragón (139 en ambas).

Entre los procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera (que son 180 días) fueron la cirugía cardíaca coronaria (by-pass coronario), con 43 días y ningún paciente aguardando más de ese plazo. Mientras, la cirugía cardíaca valvular presenta 50 días de espera media y un 2,9 % de los pacientes superan los 180 días y, en la intervención más frecuente, la operación de cataratas, el tiempo medio de espera se sitúa en 73 días y un 6,6 % de personas por encima del plazo.

Por el contrario, la prótesis de cadera (110 días) y la de rodilla, con 136 días, son los procedimientos con mayor demora y superación de tiempos máximos (15 y 23 %, respectivamente).

Un total de 84 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta con el especialista, una tasa 5,2 puntos superior a la de junio de 2023. Aunque con diferencias por comunidades: la mayor tasa la padeció, en este caso, Madrid, con 118,59, seguida de Asturias (109,98) y Andalucía (101,53). La más baja la tuvo Castilla-La Mancha (28,86), además de País Vasco (30,26) y La Rioja (48,45).

Igualmente, la espera media se prolongó durante 94 días, 7 más que hace un año. La proporción de pacientes que tenían su cita asignada para más de 60 días superó la mitad (54,6 %), un 3 % más que en el mismo periodo en 2023. En este caso, los mayores tiempos los registraron Neurología, con 125 días, Dermatología (118) y Traumatología (101), mientras que los menores se dieron en Cirugía General con un promedio de espera de 48 días; Ginecología (58) y Cardiología (68). Por comunidades, la espera mayor se sufrió en Canarias (147), Andalucía (135) y Navarra (126), al contrario que País Vasco (49), La Rioja (58) y Madrid (60). 

La Comunidad de Madrid presume del sistema de libre elección de médico especialista y de hospital que implantó en sus hospitales a partir de 2011. Se basa en una red sanitaria única, integrada por hospitales públicos y concesionados, que son aquellos privados con los que la Comunidad ha firmado convenios o conciertos y otros cuya construcción y gestión de los servicios no sanitarios se han adjudicado a una empresa privada. Cada madrileño está adscrito a una zona básica de salud y tiene asignado un centro de atención primaria y un hospital de referencia. Pero puede elegir ser tratado por un especialista o ser operado en cualquier otro hospital madrileño si así lo prefiere.

Es lo que hicieron en 2022 un total de 367.786 madrileños, ser atendidos en un centro distinto al que tenían asignado, según recoge la memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de ese año, la última publicada. Pueden elegir entre los públicos o entre los privados. Si acuden a estos últimos, el Sermas les paga por la asistencia prestada. Así, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al grupo Quirón, recibió 58,12 millones de euros de la Comunidad de Madrid en 2015 por los 26.008 pacientes que atendió procedentes de zonas de salud que no son la que tiene asignada. La cifra la publicó la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización del gasto sanitario madrileño de 2019. En 2022, los ciudadanos de otras zonas que acudieron a la Jiménez Díaz en busca de tratamiento se elevaron a 78.128. Las menores listas de espera en el centro de Quirón son uno de los motivos por los que los pacientes de otras zonas de salud recurren a este hospital.

Pero también hay usuarios de la zona asignada a la fundación –los distritos de Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral– que prefieren ser atendidos en otros hospitales. Son muchos menos, 7.462 en 2022. Sin embargo, la Fundación Jiménez Díaz no paga al Sermas por la atención que sus pacientes reciben en otros hospitales de la red pública. Eso ocurre a diferencia del Hospital de Torrejón, por ejemplo, que pertenece a otro grupo privado, Ribera Salud. Este centro, que presta asistencia a Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada, Torrejón de Ardoz y Fresno del Torote, factura al Sermas por los “servicios y actividades sanitarias realizados por centros de asistencia especializada de titularidad y gestión pública y/o concertada de la Comunidad de Madrid” para atender a los pacientes asignados a su zona. Y viceversa, el Sermas factura al hospital de Torrejón por la atención que presta a pacientes de otras zonas que hacen uso del mecanismo de libre elección.

El precio de cada uno de estos servicios está fijado por una orden de la consejería cada año, al que se le hace un descuento del 10%. Así lo establece el contrato de concesión firmado en 2009, que eximió a Ribera Salud de pagar durante sus seis primeros meses de actividad por los enfermos que eligieron otros hospitales para ser tratados. Ese medio año, por tanto, el coste lo asumió el Sermas.

De esta forma, en 2013, el Sermas facturó al hospital de Torrejón 19,97 millones de euros por la asistencia sanitaria prestada a pacientes que eligieron a otros centros de la red madrileña. Fueron 1.664, según la memoria del Sermas de ese año. Como Torrejón tuvo que atender a 4.849 usuarios de otras zonas básicas de salud, facturó al Sermas 14,18 millones de euros. El saldo de lo que se denomina “facturación intercentros” fue, por tanto, de 5,78 millones a favor del Sermas, según consta en la liquidación correspondiente a 2013.

El resto de los hospitales de gestión privada –Villalba, Valdemoro y Móstoles, pertenecientes también al grupo Quirón– sí que llevan a cabo esa misma facturación intercentros. En su informe de fiscalización del gasto sanitario madrileño, la Cámara de Cuentas verificó la facturación intercentros de estos tres centros, de la Jiménez Díaz y del hospital de Torrejón, y calculó que el saldo final era de 123,1 millones de euros a favor del Sermas en 2015.

Según explicó entonces la Cámara de Cuentas, el flujo de usuarios hacia los hospitales públicos se debe no sólo al ejercicio de la libre elección, sino también a que los hospitales de gestión privada les derivan pacientes que necesitan servicios de los que no disponen y a que les trasladan los “tratamientos más complejos o largos” para reducir sus costes.

infoLibre ha preguntado tanto a la Consejería de Sanidad como al grupo Quirón por los motivos de estas diferencias entre hospitales y por las cantidades que la Jiménez Díaz deja de pagar por la asistencia que el resto de los hospitales prestan a pacientes de su zona de salud, sin obtener respuesta. Sanidad se ha limitado a señalar que “la Fundación Jiménez Díaz tiene una población asignada de referencia, no cobra por ciudadano sino por actividad, con una tarifa que se recibe en la cláusula anual”. Añade que es el mismo caso que el hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa y con el que el Sermas ha firmado un convenio: “Nunca pagan porque no cobran cápita, un fijo anual”. Es decir, no se les paga por cada persona de su zona incluida dentro de la población protegida, independientemente del nivel de utilización de servicios sanitarios que se produzca, como sí se hace con los de Torrejón, Villalba, Valdemoro y Móstoles. La Jiménez Díaz y el Gómez Ulla, en cambio, cobran del Sermas por cada asistencia realizada.

En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas recordaba que en la memoria de objetivos del presupuesto madrileño para 2013 se incluía el de “modificar el contrato financiado por actividad por una financiación capitativa”, con el fin de “homogeneizar los criterios de financiación de la Fundación Jiménez Díaz con los del resto de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”. Un cambio que también se prometía para el Gómez Ulla, pero que no llegó a hacerse para ninguno de los dos hospitales ni ese año ni después. La Cámara de Cuentas aseguraba en el momento de elaborar su informe, en 2019, que el Sermas no había informado de las razones de ese incumplimiento, pero en el anteproyecto del informe el órgano señalaba que pasar a la financiación capitativa “habría supuesto un ahorro para el sistema”. Esa frase, junto con otras relativas a los hospitales de gestión privada, fue suprimida en el documento finalmente publicado.

Según el último convenio, firmado en 2021, el Sermas presupuestó para 2022 una partida de siete millones de euros para pagar a Defensa por los pacientes de otras zonas de salud a los que prestó asistencia el Gómez Ulla: 5.427. El resto de los hospitales madrileños atendieron ese año a 8.530 enfermos que prefirieron no tratarse en el Gómez Ulla.

En 2015 la Fundación Jiménez Díaz recibió un total de 373,54 millones de euros del Sermas, según el informe de la Cámara de Cuentas. Sanidad, a través de Transparencia, aseguró a El País que en 2017 la cifra había aumentado hasta los 413,5 millones de euros. En 2011 se le amplió a 30 años el contrato, firmado inicialmente con una duración de 10; por lo tanto la concesión se extenderá hasta 2041. Cubre la asistencia sanitaria de más de 435.580 personas.

La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) preguntó a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid por el número de procedimientos realizados por hospitales del Sermas a pacientes de la Jiménez Díaz en 2019. La Consejería de Sanidad respondió asegurando que no disponía de “toda la información solicitada de forma automatizada” porque los pacientes que no son atendidos en la fundación “no son objeto de control, al no realizarse sobre ellos ni auditoría ni liquidación”. Aun así, facilitó a AME un Excel elaborado a partir de “los sistemas de información de actividad hospitalaria” que recogen la “actividad saliente” de la Jiménez Díaz hacia otros centros del Sermas; es decir, los pacientes de la fundación que fueron atendidos en otros hospitales públicos.

En total, fueron 230.830 procedimientos, que incluyen 25.699 consultas primeras de atención especializada y 120.196 consultas sucesivas, por ejemplo. Los hospitales del Sermas también proporcionaron 2.875 sesiones de radioterapia a pacientes del hospital de Quirón y 1.687 hemodiálisis, entre otros procedimientos.

Con esas cifras y ayudándose de los precios públicos tal y como constaban en la orden vigente ese año, la asociación ha calculado el coste de la asistencia proporcionada por el Sermas a los usuarios “salientes” de la Jiménez Díaz. Para ello, hallaron la mediana –el valor situado en la posición central en un conjunto de datos ordenados– de cada una de las categorías de procedimientos, más cercana a la realidad que la media.

Así, las hospitalizaciones en centros distintos de la fundación, que sumaron 7.198 en 2019, tuvieron un coste mediano de 6.658 euros, por lo que su importe alcanzó los 47,92 millones de euros. Se trata de una cifra acorde con la que publicó el informe de la Cámara de Cuentas para la Jiménez Díaz en 2015, 6.928 euros, un 23% superior a los 5.625 euros de media de los hospitales del grupo 3 del Sermas, los de “gran complejidad”, que incluyen al Gregorio Marañón, La Paz, el Doce de Octubre, el Ramón Cajal, La Princesa, Puerta de Hierro, San Carlos…

Si a esa cifra se le suma el resto de los procedimientos practicados en otros hospitales a los pacientes asignados a la Jiménez Díaz, la factura total asciende a 86,9 millones de euros. No obstante, para igualar con las cantidades que cobra la fundación por los pacientes que le derivan los hospitales públicos, habría que descontarles un 10%, tal y como se establece en la novación del concierto firmada en 2011. Así, la cantidad final que el Sermas asume y no cobra al hospital del grupo Quirón quedaría en 78,2 millones de euros.

Un informe publicado en 2021, que auditó la deuda de la sanidad madrileña, calculó en 169 millones de euros la cantidad que el Sermas podría haber abonado a la Jiménez Díaz en 2019 por los 75.889 pacientes “entrantes” de ese año, basándose en las cifras de la Cámara de Cuentas para 2015.

“La Comunidad de Madrid pretende que los hospitales compitan entre ellos en el área sanitaria única, pero no lo hacen en igualdad de condiciones”, critica Víctor Jiménez, presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente, quien denuncia un “trato de favor” hacia el grupo Quirón. “Y el Sermas siempre pierde”, sentencia. Aunque no sólo. Ribera Salud cerró 2022 con unas pérdidas de 27 millones, que atribuye a los abultados números rojos del hospital de Torrejón, 33,3 millones.

El Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) agotó el pasado 30 de junio el presupuesto de todo el año para pagar las peonadas, que es como se conoce en el sector sanitario a las retribuciones que reciben sus profesionales por operar o hacer pruebas diagnósticas por las tardes a fin de reducir las listas de espera. Así lo comunicó la gerencia, según las fuentes que ha consultado infoLibre. No es algo inusual: cada hospital tiene asignada una partida anual para este fin que, a veces, no llega para cubrir el ejercicio. Cuando se agota, los hospitales pueden pedir a la Consejería de Sanidad –en realidad, a la de Hacienda, que es la que paga– que se la amplíen para gestionar los meses que faltan hasta diciembre.

La primera consecuencia de la falta de dinero en el Severo Ochoa: los pacientes recibieron una llamada para informarles de que se les aplazaba sine die la prueba que tenían programada. Al menos es lo que este periódico ha podido saber sobre las pruebas del servicio de radiología del hospital. La segunda, las nóminas de muchos médicos, enfermeras y celadores han encogido de forma sustancial. “Como los salarios no son muy buenos, a muchos la peonada les supone un sobresueldo importante”, explica Marisol Castro, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid.

Lo que no quiere decir que este sistema para reducir listas de espera sea del agrado del sindicato. De hecho, es un método controvertido desde que se instauró. “[A la Consejería de Sanidad] le sale más barato pagar peonadas que contratar el personal que falta”, abunda por su parte Javier Ortega, responsable de atención hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no quiere invertir en recursos humanos, en capital humano, más que en lo básico”, resume. Los delegados de Amyts en el Severo Ochoa ya han pedido a la gerencia una reunión en septiembre para solicitar más dinero a Sanidad.

A preguntas de infoLibre, la consejería niega que haya “problemas” este verano en el hospital de Leganés relacionados con las peonadas. Por el contrario, asegura que “la demanda de pacientes se atiende con todas las garantías de manera óptima”. “En julio y agosto”, añade, “nunca se realizan jornadas extraordinarias por la baja demanda de pacientes para el abordaje de tratamientos, así como por las vacaciones de los profesionales”. Pero no contesta si se ha agotado ya el presupuesto anual para peonadas de todo el año en este hospital. “No disponemos de la información sobre los presupuestos [de los hospitales]” , asegura un portavoz.

Esas partidas se asignan en los contratos programa que los hospitales de la red pública firman con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cada año. En 2023, Sanidad ha repartido un total de 38,4 millones de euros entre 23 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. La cantidad se ha reducido apenas un 0,6% respecto a 2022. El centro que más dinero recibe es el Doce de Octubre, 4,72 millones de euros, seguido del Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, con 3,05 millones cada uno. El que menos, el Hospital del Tajo, sólo 157.446. “Algún año se nos acabó el presupuesto en octubre”, admite Javier Ortega, que es cirujano en ese hospital. El Hospital Severo Ochoa consiguió 956.225 euros este año, un poco más que en 2022 –745.497 euros–, pero mucho menos que en 2019, antes del covid, cuando se le concedieron 1,56 millones de euros.

En 2019, el año previo a la crisis del covid, Sanidad repartió 26,9 millones de euros entre 18 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Es decir, ha aumentado el gasto en peonadas un 42,7% en cuatro años. Sólo gastan hoy menos que en 2019 los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón, el Severo Ochoa, el Clínico San Carlos y el del Sureste. Javier Ortega también advierte de que algún hospital no ha agoado el dinero que se le había dado, por una gestión inapropiada o porque no hubo personal suficiente que quisiera trabajar por las tardes. Entonces, el sobrante se devuelve y se reparte entre otros centros.

Sin embargo, los resultados de esa “actividad extraordinaria” fuera de la jornada laboral, como la denomina la consejería en sus documentos oficiales, están lejos de ser los mejores. “La lista de espera siempre sube, porque la gente vive más años, aumentan las patologías, su diagnóstico es cada vez más precoz, y el sistema no puede absorber la mayor demanda, la esponja ya está llena”, describe. Por las tardes, además, sólo se hacen operaciones de cirugía ambulatoria, las que no requieren ingreso en una cama: hernias, varices, cataratas, prótesis de cadera y rodilla, vasectomías, extirpación de vesícula…

Según las estadísticas que publica la Comunidad de Madrid en su página web, la lista de espera quirúrgica la integran, a fecha de junio de 2023, 81.711 personas, de las que 64.892 forman parte de la lista de espera estructural, la demanda que no se puede atender con la “organización y recursos disponibles”. Otros 9.229 pacientes no han sido operados después de haber rechazado la propuesta de la consejería de ser derivados a un “centro alternativo, público o privado”. La demora media en la lista de espera estructural es de 44,96 días, aunque 9.594 pacientes llevan en la lista entre 90 y 180 días, y otros 371 más de 180 días. Pero los que rechazan ser derivados al hospital alternativo propuesto por la consejería sufren una demora media de 93,12 días e incluso hay 65 que llevan más de 360 días, más de un año, esperando. El Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 del Sermas tenía como objetivo reducir a 150 días el tiempo máximo en lista de espera estructural y en 240 días el resto. Respecto a junio de 2022, se ha rebajado el número de pacientes de la lista de espera estructural, pero no la de quienes rechazan ser derivados. También se ha recortado la demora media estructural, que entonces era de 64,54 días, pero ha crecido dos días la de pacientes que rechazan la derivación.

En pruebas diagnósticas, el número de pacientes de la lista de espera estructural ha crecido en el último año, de 165.872 a 177.226 personas, pero ha disminuido el tiempo de demora medio, de 48,97 a 45,36 días. Aunque aún 78.497 pacientes superan los tres meses de espera sin que se les haya dado fecha para una cita.

También ha empeorado la lista de espera de consultas externas, donde hay ahora 628.846 pacientes, casi 60.000 más de los que había el año pasado. Las peonadas no se pagan para rebajar la presión sobre las consultas. La demora media estructural en este caso ha aumentado igualmente, de 47,25 a 51,12 días. Y hay nada menos que 348.566 personas que llevan más de tres meses sin que se les haya dado fecha para una cita con el especialista; es decir, más de la mitad –55,43%– de quienes figuran en la lista de espera.

El pago de las peonadas se regulaba mediante unos “pactos de gestión” que firmaba anualmente la gerencia de cada hospital con los jefes de los servicios implicados. Formaban parte del Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica antes citado. Pero esos pactos de gestión fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, después de que CCOO interpusiera una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 24 de Madrid. El Alto Tribunal dio la razón al sindicato, que consideraba contrarios a la libertad sindical dichos pactos: se habían adoptado sin negociación colectiva previa unos acuerdos que modificaban las condiciones laborales del personal sanitario. El hecho de que el trabajo extra por las tardes fuera de carácter voluntario, dictaminó el Supremo, no obsta para que sea negociado con los representantes sindicales. “Cada centro y cada jefe de servicio tenía la potestad de fijar la cuantía de las peonadas y a qué trabajadores se les ofrecían”, protesta Marisol Castro, quien asegura que la nueva consejera de Sanidad, Fátima Matute, prometió revisar este asunto cuando el sindicato se reunió con ella. Porque desde que la sentencia que anuló los 44 pactos de gestión existentes entonces, no ha habido nuevos acuerdos, asegura Castro.

En Castilla y León, la Consejería de Sanidad publicó el pasado mayo una orden con la que se asigna una partida de nueve millones de euros para reducir las listas de espera: siete millones para la quirúrgica y dos millones para Atención Primaria. Las peonadas para operar por las tardes serán de 450 euros para un médico especialista, 300 euros para una enfermera, 110 euros para un auxiliar de enfermería y 90 euros para un celador. Para consultas y pruebas diagnósticas, la retribución es menor: 322 euros para el médico, 214 euros para el enfermero, 155 para un técnico en imagen para el diagnóstico, 80 para un auxiliar de enfermería y 60 para el celador. En cambio, en Madrid, “no existen tablas ni nada parecido en la orden de nóminas”, apunta Marisol Castro.

Pese a que tampoco Javier Ortega considera las peonadas el sistema óptimo para reducir las listas de espera, cree que son preferibles a derivar a los pacientes a la sanidad privada como también está haciendo el Gobierno de Madrid. “Cualquier complicación la tenemos que asumir luego en la pública”, lamenta. A su juicio, sería más adecuado crear un turno de tarde o incluso utilizar el Zendal, “llenándolo, no de enfermos, sino de personal”. CCOO reclama planes de choque contra las listas de espera. “¿Por qué no normalizar que los quirófanos estén operativos los fines de semana?”, se pregunta Marisol Castro. 

El mayor gasto público no ha supuesto una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad. De hecho, todo lo contrario: numerosos barómetros de opinión coinciden en que los ciudadanos cada vez se preocupan más por la calidad del sistema sanitario. Según un informe del think tank Funcas, difundido este miércoles, el gasto público ha pasado de un 6,1% del PIB en 2016 a un 7,3% en 2021. Sin embargo, los ciudadanos han pasado de valorarlo de 6,6 puntos a 6,1, en una escala sobre 10. La crisis generada por la pandemia y la falta de médicos de familia está llevando al límite al sistema, pero además los expertos coinciden en que el aumento del gasto sanitario es cuestionable. 

El informe expresa que, pese a que los españoles tienen un alto grado de confianza en su sistema sanitario (el 87%, 11 puntos más que la media europea), hay una preocupación creciente. En una escala entre 1, “muy insatisfecho”, y 10, ”muy satisfecho”, los ciudadanos han pasado de valorar entre 6,6 y 6,7 puntos el funcionamiento del sistema sanitario, años previos a la pandemia, a 6,29 en 2022, una cifra que ha caído aún más en febrero de 2023, que ha alcanzado el 6,14. 

No solo es la percepción ciudadana: los paros, protestas y manifestaciones de los sanitarios se han multiplicado en muchas comunidades autónomas, cuya expresión más evidente fueron las dos grandes manifestaciones convocadas contra el desmantelamiento de la Atención Primaria en la Comunidad Madrid el 13 de noviembre y el 12 de febrero, con al menos 200.000 asistentes en cada una de ellas, según la delegación del Gobierno. ¿Por qué si el gasto aumenta, las preocupaciones de los ciudadanos y las críticas de los profesionales no deja de crecer?

“En primer lugar, diría que habría que coger con pinzas las cifras del aumento del gasto”, explica a infoLibre Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. “Con la pandemia, el PIB bajó mucho el porcentaje de gasto público sobre el PIB no ha crecido porque aumentara mucho la cantidad neta, sino porque el propio PIB disminuyó”, explica Sánchez. Así, el hecho de que el gasto sanitario fuera del 7,3% del PIB en 2020 y del 7,1%, unos porcentajes récord, quedaría explicado en parte por este motivo.

Es cierto que, pese a esa explicación sobre el PIB, el presupuesto sí ha aumentado en términos netos, y también en relación a la población. Marciano Sánchez, que fue jefe de pediatría en el Hospital Niño Jesús, en Madrid, donde trabajó más de cuatro décadas, apunta a que esas cifras tienen letra pequeña: no necesariamente el gasto público ha aumentado donde la sanidad lo necesita. 

“Aumentar el gasto público no quiere decir que aumente la financiación sanitaria. Mucha parte de ese gasto ha ido al aumento de gastos farmacéuticos. Hemos gastado más de 1.000 millones de euros en vacunas para el coronavirus. El gasto público ha aumentado, sí, pero mucho ha ido al gasto farmacológico”, explica Sánchez. 

Según informó infoLibre, es cierto que parte del aumento se explica por el aumento de estos gastos. En 2021 se rozaron los 21.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 44% en ocho años. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el gasto público en Sanidad aumentó 13.600 millones entre 2019 y 2021, 2.200 millones fueron al gasto farmacológico. 

“Otra parte importante ha ido a todo lo concerniente a privatizaciones”, añade Sánchez. “Es el ejemplo de comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, que están apostando por la privatización y la descapitalización del sistema público”, apunta el médico. 

Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coincide con Sánchez en este punto:  “Algunos servicios autonómicos, pese a haber incrementado el gasto público, lo están destinando a la colaboración privada. Tienen una visión de que quizás no pasa nada porque el sistema público se deteriore, porque lo importante es la colaboración público-privada”, añade.

A estos factores cabe añadir un fenómeno monetario: la inflación. Por ejemplo, el gasto público aumentó un 5,5% en 2021 respecto al año anterior, unos 5.000 millones de euros. Pero la inflación ese año fue de un 3,1%, por lo que gran parte del gasto público se pierde en el aumento de la carestía de los costes del sistema. En 2022, la inflación media fue de un 8,4% lo que implica que necesitó un crecimiento mayor de gasto público para financiar los mismos servicios. 

Entre los presupuestos regionales de 2021 y 2023, de media las autonomías han aumentado el presupuesto sanitario en 189 euros por habitante. El ranking definitivo deja a la Comunidad de Madrid la que menos presupuesto dedica (unos 1.300 euros por habitante), seguida de Murcia (1.534) y Cataluña (1.576). En cabeza se encuentran Asturias (2.133), País Vasco (2.130) y Extremadura (2.092). Esta última es la que más ha aumentado el presupuesto sanitario desde 2021: unos 320 euros más por cabeza. “En Extremadura se ha hecho un gran esfuerzo en la Atención Primaria en los últimos años”,  explica Marciano Sánchez, que es de origen extremeño. “Pero tampoco está exenta de problemas, ninguna comunidad autónoma está bien”, lamenta.

No solo es que el aumento del gasto público no sea tal, los propios ciudadanos llevan años experimentando un servicio público peor, desde la crisis financiera, situación llevada al extremo tras la pandemia. “Los años de la pandemia generaron que una gran cantidad de pacientes crónicas no fueran vistos en el sistema. Hubo una gran cantidad de operaciones, intervenciones y pruebas diagnósticas que dejaron de hacerse para atender a todo lo que venía del brote de coronavirus. Sobre todo pasó en 2020, pero también en las sucesivas olas de 2021 y 2022”, explica Joan Carles March. 

El primero de estos efectos es que ver al médico de Atención Primaria cuando se necesita no siempre es fácil. “Si acudes a un médico de familia porque crees que tienes un problema de salud y no te dan cita hasta dentro de 10, 15 o 20 días, muy satisfecho no puedes estar con el sistema. Según el barómetro de febrero de 2023, la media está en 9 días. Es una situación inadmisible”, incide el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). 

Por comunidades autónomas hay grandes diferencias entre las tasas de profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes. En el caso de los médicos de familia, la situación va desde 0,96 de Castilla y León hasta el 0,46 de Baleares. Por parte de los profesionales de enfermería, entre el 0,97 de La Rioja al 0,50 de la Comunidad de Madrid.

Un problema derivado del anterior es que, ante la ausencia de ver al médico de familia, se recurre a las urgencias. “Hay una saturación absoluta, no satisface las necesidades de la población. Otro debate es si el motivo por el que acuden los pacientes es el más adecuado o no, pero el hecho de tardar 15 días en conseguir una cita… pues la gente se va a urgencias y al final acaba generando una imagen global del sistema sanitario que es mala”, incide Joan Carles March.

Consecuencia también del atasco generado por la pandemia es que una vez que se consigue la cita con el médico de Atención Primaria, en caso de necesitar ir al especialista la espera se alarga. Según el informe realizado por la FADSP, los días promedio en lista de espera para las consultas de especialista van desde los 48 en el País Vasco hasta los 123 de Andalucía. Si atendemos a la lista de espera quirúrgica, van de los 63 de Madrid a los 174 de Castilla-La Mancha. En datos de 2022, solo alrededor de uno de cada 10 pacientes ha percibido que las listas de espera “mejoren”.

Otra consecuencia de la sensación generalizada de que la sanidad pública está colapsada y de las críticas constantes es el beneficio que esto supone para los negocios sanitarios: “Muchos toman la decisión de ir o a urgencias a la sanidad privada. Estamos viendo un incremento de los seguros privados, porque la Atención Primaria no pueden resolver los problemas de los ciudadanos”, añade Joan Carles March. “La estimación que hace el Ministerio de Sanidad es que hay más de cuatro millones de personas en lista de espera para la primera consulta con un especialista”, añade Marciano Sánchez. 

“Hay algunas especialidades, como la medicina de familia, en la que faltan médicos. Durante los años tras la crisis financiera no se convocaron plazas suficientes de MIR. Como no tienes médicos hasta 5 años después, el aumento de plazas que hemos visto en los años posteriores a 2018 todavía no se han incorporado al sistema. Esto lo vemos especialmente en las zonas de difícil cobertura, zonas no urbanas, ya no solo en médicos de familias, muchos no tienen incentivos adicionales para ello”, critica Joan Carles March. 

“Luego hay comunidades que están peor que otras. Durante la pandemia todas incorporaron un mayor número de profesionales a la cartera de servicios, pero posteriormente han ido quitándolos. Un ejemplo de eso es Madrid. No pasa nada por que se despida a 8.000 trabajadores. Ahí los ciudadanos pierden confianza, porque paralelamente no se está dando el servicio que piden. Da la sensación de que el sistema sanitario va por un lado y los ciudadanos por otro. El sistema está mal entendido por los políticos”, critica March.

“Yo no creo que en España falten médicos, tenemos un número de profesionales por encima de la media europea. Lo que sí veo es una irracional distribución de los mismos. Hoy mismo hemos visto que 82 pediatras que han salido de la última promoción, solo uno ha conseguido plaza en la Atención Primaria. Por otro lado, no es que no haya médicos: es que si no se ofrecen condiciones razonables, la gente se va, a otras comunidades y también a otros países”, observa Marciano Sánchez. 

“Creo que en España hay que replantearse globalmente el sistema sanitario. Implica un aumento de ingresos por habitante, pero desde mi punto de vista también tiene que haber un Ministerio de Sanidad potente, que coordine mejor las políticas autonómicas. Desde hace muchos años ya se está diluyendo al Ministerio. En la pandemia ha tenido un buen papel, pero ahora vuelve a diluirse. Hay que dar más peso a la Atención Primaria, hay que recuperar la confianza de los profesionales, que tienen la sensación de que están dejados de la mano de Dios. Hay que crear una gestión de la Sanidad que esté más profesionalizada. El sistema tiene que cambiar, porque no puede ser que haya pacientes que sigan sin recibir la atención que recibían antes de la pandemia”, remacha Joan Carles March.

El tiempo medio de espera para una primera consulta con el médico especialista es de 95 días, seis más que hace un año, si bien se ha recuperado la situación provocada por la pandemia de covid-19, cuando llegó a alcanzar 115, según los datos a 31 de diciembre de 2022 publicados por el Ministerio de Sanidad este martes y recogidos por Europa Press.

La comparación con respecto a los datos de hace seis meses, en junio de 2022, son peores aún: la espera entonces era de 79 días, 16 menos que a finales del año pasado.

Además, el 55,8% de los pacientes tiene que esperar más de 60 días (dos meses) para tener esta cita, frente al 52,2% de hace un año y el 49,3% de junio.

En toda España, 85,66 personas por 1.000 habitantes están pendientes de una primera consulta con los diferentes especialistas. Esto es un 11% más que a finales de 2021 (77,2 por 1.000 habitantes).

Hay varias especialidades cuyos tiempos medios de espera se sitúan, incluso, por encima de los tres meses: Neurología con 113 días (100 en diciembre de 2021 y 97 en junio), Dermatología con 110 (92 hace un año y 84 en junio), Traumatología con 102 (101 hace un año y 82 en junio), Digestivo 94 (90 en diciembre de 2021 y 84 hace seis meses) y Oftalmología 91 (90 hace un año y 74 en junio).

Por el contrario, los menores tiempos se observan en Cirugía General, con un promedio de espera para consulta de 65 días, y en Ginecología, con 69 días. Sin embargo, las cifras también han empeorado en estas dos especialidades con respecto a hace un año, cuando en la primera había 62 días de espera y en la segunda 60.

Por comunidades autónomas, Andalucía y Canarias tienen el tiempo de espera más alto para ver a un especialista por primera vez, con 123 y 121 días, respectivamente, por delante de Navarra (99), Castilla y León (95) y Cataluña (94). Las autonomías menos afectadas son, dejando al margen las dos ciudades autónomas (Ceuta 44 y Melilla 21), País Vasco (48 días), Baleares (64), Galicia (66), Castilla-La Mancha (75) y Madrid (75).

En Aragón, la espera media es de 80 días, en Asturias 81, en Cantabria 91, en Comunidad Valenciana 87, en Extremadura 76, en Murcia 89 y en La Rioja 66.

La autonomía con más pacientes en lista de espera para consultar al especialista, si se tiene en cuenta la población por 1.000 habitantes, es Cantabria, ligeramente por encima de Andalucía. Les siguen, por este orden, Asturias, Navarra, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Ceuta, Extremadura, Melilla, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco.

En el aclamado ensayo Lo que el dinero no puede comprar (2012), Michael J. Sandel detalla toda una serie de intercambios económicos que no deberían producirse, por más que exista una oferta y una demanda: una celda más cómoda dentro de una prisión en California por 82 dólares/noche; un vientre de alquiler en la India por 6.250; el número telefónico de tu médico por hasta 25.000 dólares para poder llamarlo a cualquier hora; el derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono por 13 euros; el permiso para cazar un rinoceronte en riesgo de extinción por 150.000 dólares...

Son ejemplos extremos, en algún caso inverosímiles pero todos ciertos, de mercantilización. El filósofo estadounidense los cita en una reflexión amplia sobre "los límites morales del mercado", que es a su vez el subtítulo del ensayo. Según Sandel, hay espacios en los que la lógica del beneficio simplemente no debe entrar. Su aportación en este campo lleva a preguntas como estas: ¿Cómo justificar un negocio si degrada una joya natural? ¿Cómo justificar la prostitución, por más que haya quien la ofrece y la paga?

Los servicios públicos son un elemento central del debate sobre los límites del mercado, un asunto crucial en Occidente al menos desde la revolución conservadora de los 80 impulsada por Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en Reino Unido. La controversia está ahora abierta en canal en España. Y de manera especialmente viva en relación con la sanidad. Grosso modo los defensores de un mayor protagonismo del negocio privado en la prestación del servicio alegan que esta fórmula es más eficiente y que es la única que hace viable el sistema ante las crisis económicas y el envejecimiento poblacional. Los detractores sostienen, por contra, que supone la depauperación de un servicio público a beneficio de unos pocos.

La discusión suele plantearse en términos de derecha-izquierda. Pero podría hacerse de otra manera. La privatización puede ser también cuestión de vida o muerte.

La pérdida de prestigio y calidad del National Health Service (NHS), fundado hace 75 años con el impulso del primer ministro laborista Clement Attlee y joya de la corona británica durante décadas, ha convertido al Reino Unido en el principal foco de investigación sobre los efectos de la rebaja de la calidad de un sistema sanitario público en paralelo al incremento del peso de los operadores privados en el mismo. En 2008 The Economic Journal arrojó luz sobre los efectos de las reformas pro-mercado con un trabajo que acredita cómo el aumento de la competencia en torno al sistema, presentado como detonante de un circuito de eficiencia y calidad, provocaba en realidad una concentración de los esfuerzos en éxitos cuantificables a corto plazo, como el retroceso de las listas de espera, en detrimento de la calidad de la atención global, lo que –según sus tres autores– podía favorecer una mayor mortalidad.

El incremento de la mortalidad evitable a causa de las privatizaciones era entonces una hipótesis. Hoy es una certeza. Los investigadores de la Universidad de Oxford Aaron Reeves y Benjamin Goodair han concluido que las externalizaciones sanitarias a empresas con fines de lucro cuestan vidas. Los dos autores, en un trabajo publicado en The Lancet en julio de 2022, estudiaron el impacto de privatizaciones de servicios por casi 240.000 millones de euros en 173 áreas sanitarias de Inglaterra entre 2013 –un año después de la aprobación de la ley que intensificó las presiones privadas sobre el NHS– y 2020. La conclusión más llamativa es la relación establecida entre las privatizaciones y la subida de las muertes evitables. En total, los autores vinculan las externalizaciones con 557 fallecimientos.

Los autores reconocen que la vinculación privatización-muerte no es directa. Hay una correlación, pero no está probada la causalidad. En cualquier caso, sí queda acreditado un empeoramiento de la asistencia, constatada en múltiples indicadores, y una disminución de la satisfacción del paciente. Reeves y Goodair: "La mercantilización de los servicios sanitarios se sustenta en la creencia de que la apertura, la competencia y la autonomía de gestión pueden mejorar la eficiencia y el rendimiento de los servicios financiados por el Estado. Durante décadas, estos principios han dictado la organización del NHS. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que estos procesos [...] no se asocian con mejoras en la prestación de servicios y, en cambio, se han relacionado con un aumento de las muertes entre los pacientes".

Los dos fenómenos detectados son: 1) Una concentración del esfuerzo en "resultados fácilmente cuantificables, como los tiempos de espera, en detrimento de la calidad de la atención, lo que provocaría una mayor mortalidad de los pacientes", en línea con lo detectado en el estudio de 2008 antes citado. 2) Un acaparamiento por parte de los prestadores privados de los servicios más rentables y los pacientes con menor riesgo, quedando los seguimientos y tratamientos más costosos para la estructura pública, que ha sido previamente recortada con la justificación de la externalización de servicios.

Preguntamos a Reeves por los casos de Madrid –la región con más PIB per cápita de España, donde hay ya un elevado grado de privatización y voluntad de profundizar en esta línea– y Andalucía –la de menor PIB per cápita, donde hay planes en marcha para incrementarla–. "Dependiendo de cómo se lleve a cabo la privatización –responde–, existe el riesgo de que estas reformas perjudiquen a la salud. La privatización tiende a excluir a las personas con menores ingresos y peor acceso a la atención sanitaria". "Esto –dice a la pregunta sobre Andalucía– podría ser especialmente grave en una zona muy desigual".

En Italia también está establecida una vinculación entre privatización y aumento de la mortalidad. Un grupo de cinco investigadores europeos y estadounidenses publicaron en 2012 en la Journal of Epidemiology and Community Health un estudio sobre privatización y mortalidad evitable entre 1993 y 2003. "Un mayor porcentaje de gasto en la prestación del sector privado se asoció con mayores tasas de mortalidad evitable", señalan los autores, que se detienen en la comparación entre dos regiones: Toscana y Lombardía. La primera, con menos PIB per cápita que la segunda, tenía 10 puntos menos de mortalidad evitable. Al mismo tiempo, dedicaba menos porcentaje de su presupuesto sanitario a provisión privada: un 35,1%, frente a un 49,1% de Lombardía.

¿Era esa la causa de la diferencia en mortalidad? Los autores no pueden asegurarlo, pero sí dicen que el estudio tiene "importantes implicaciones" ante el debate sobre la convivencia de lo público y lo privado.

"Italia –anotan los autores del estudio de 2012– es un valioso laboratorio" para experimentar sobre los efectos de la privatización. Y cabría añadir: la pandemia de covid-19 ha sido otro laboratorio, no por indeseado menos valioso. No sólo en el ámbito estrictamente sanitario, también en el de los cuidados.

Un trabajo publicado en junio del año pasado en la revista Epidemiología pone la lupa en lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en marzo y abril del año 2020, en plena primera ola, cuando murieron cerca de uno de cada cinco residentes. Conclusión de la investigación: la titularidad y la gestión de los centros de mayores fueron relevantes en la mortalidad. En los centros públicos de gestión pública fallecieron el 7,4% de los mayores, mientras en los privados con plazas públicas –concertadas– el porcentaje ascendió al 20,6% y en los públicos de gestión privada al 21,9%.

Estos datos muestran que la colaboración público-privada fue una fórmula "letal", en palabras de María Victoria Zunzunegui, profesora de la Universidad de Montreal, que encabezó la investigación, realizada a partir de los datos recabados por Manuel Rico, director de investigación de infoLibre.

El contraste de la colaboración público-privada se establece no sólo con los centros públicos de gestión pública, también con los privados-privados, es decir, sin concierto, donde la mortalidad fue del 13,8% en el caso de las empresas y del 12,7% en las entidades sin ánimo de lucro. Los hallazgos coinciden con una investigación anterior realizada en Canadá.

La pandemia, según un informe de Corporate Europe, un grupo de investigación y presión que trabaja para compensar el peso de los intereses corporativos en Bruselas, ha evidenciado los "fallos del modelo privatizado de prestación de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración". Al mismo tiempo, el informe alerta de que la salida de la pandemia, con unos sistemas sanitarios y de cuidados que aún no se habían recuperado de los recortes tras la Gran Recesión y ahora han sido golpeados por la pandemia, constituyen un contexto propicio para la ofensiva de los defensores de su privatización.

La justificación clave de dicha ofensiva es la "eficiencia", observa Corporate Europe. En declaraciones a infoLibre, Aaron Reeves, el coautor del estudio que vincula privatización y mortalidad evitable en Inglaterra, cuestiona este concepto fetiche del argumentario pro-mercado. Existe, señala, un "afán" por la "eficiencia" que no siempre da los resultados prometidos. Y no sólo en su país. Un ejemplo son los recortes tras la Gran Recesión en toda Europa, que demostraron que "es realmente muy difícil encontrar esas ganancias [en eficiencia] sin perjudicar al servicio". "Esto se debe a que muchos de estos sistemas ya son bastante eficientes. Además, la forma en que los gobiernos han incentivado a veces la búsqueda de esos aumentos de eficiencia es recortando los presupuestos. Pero esto no siempre ha resultado eficaz. En parte porque no siempre está claro qué es despilfarro y qué es realmente esencial. Recortar lo que no se debe perjudica a los ciudadanos y puede aumentar los costes en otros ámbitos".

Existe un consenso académico en torno a la vía óptima para una verdadera eficiencia de un sistema sanitario público: una atención primaria fuerte. Naciones Unidas insiste en la necesidad del reforzamiento de esta primera frontera del sistema no sólo por su probada capacidad para garantizar un acceso equitativo al servicio y reducir la mortalidad, sino también por la eficiencia que proporciona. Hay estudios que acreditan que una atención primaria garante de la continuidad de la relación médico-paciente está asociada a menores tasas de mortalidad [ver aquí], menos ingresos hospitalarios [ver aquí y aquí] y menos derivaciones a especialistas [ver aquí y aquí].

Meritxell Sánchez-Amat, presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primària, recalca que una "buena atención primaria" es capaz de resolver el 80% de los problemas de salud. Eso sí, insiste, debe ser "una buena atención primaria", es decir, con "profesionales de medicina y enfermería de referencia, accesibles y longitudinales", que significa con una relación durante largo tiempo. "Si le vas quitando esos apellidos a la atención primaria, deja de ser buena", añade.

Por eso considera "alarmantes" los planes expresados por el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz (PP), que defiende una "sanidad líquida" con una atención primaria con más videoconsulta, menos presencialidad, más peso de la enfermería y menos de la atención médica. Sánchez-Amat vincula este tipo de modelos con una voluntad deliberada de "debilitar la atención primaria", que es –dice– la mejor forma de "ampliar el pastel" del negocio sanitario a costa de su calidad.

Coincide Manuel Franco, profesor e investigador en Epidemiología y Salud Pública en las universidades de Alcalá y Johns Hopkins: "A la sanidad privada le interesa una atención primaria débil". Franco, especialista en desigualdad, alerta de que una privatización que deteriora el sistema público acaba por castigar fundamentalmente a la población más pobre y con peor punto de partida socioeconómico y, por tanto, de salud.

"Una relación de confianza médico de cabecera-paciente se asocia con un tratamiento más eficaz, menos desperdicio y una mejor aceptación de los consejos médicos preventivos", apunta el investigador noruego Hogne Sandvik, especializado en atención primaria, que da dos claves más que explican por qué una primera red de calidad es enemiga de la penetración privada: 1) "Un médico de cabecera personal también puede proteger a los pacientes de investigaciones y tratamientos innecesarios y posiblemente dañinos ofrecidos por intereses privados". 2) "La necesidad de costosos sistemas privados no será muy grande si [el sistema] tiene suficientes médicos de cabecera".

Sandvik es uno de los cuatro autores de una investigación publicada hace un año por la British Journal of General Practice que vincula una atención primaria de calidad, con relaciones médico paciente que superen los 15 años, con reducciones de un 25% de servicios fuera del horario de consulta, hospitalizaciones agudas y mortalidad.

Así que no sólo las privatizaciones pueden matar. También el requisito para que esta sea masiva, el deterioro de la atención primaria, cuesta vidas.

La sanidad pública alcanza su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud con 742.518 pacientes, hasta 81.356 personas más que hace un año (10,96%), según el último informe del Sistema Nacional de Salud (SNS), que sitúa el tiempo medio de espera en 113 días, 8 menos que hace un año, según informa Europa Press.

Por otro lado, que el 17,6% de los pacientes llevaban en la lista de espera más de 6 meses, según lo últimos datos recogidos con fecha del 30 de junio de 2021. No obstante, tal y como destaca el Ministerio de Sanidad tras los incrementos experimentados en las primeras ondas pandémicas, las demoras registran una apreciable disminución respecto a la situación previa a la pandemia: el tiempo medio de espera se reduce en 8 días y el porcentaje de pacientes que llevan en lista de espera más de seis meses es de 2,3 puntos menor que en diciembre de 2019.

Como es habitual, la especialidad con mayor número de pacientes es Traumatología con 187.404 pacientes en espera; le sigue Oftalmología con 159.218 pacientes. Mientras, la especialidad con menor número de pacientes es Cirugía Torácica, con 2.355 seguida de Cirugía Cardíaca con 3.304.

Las especialidades con mayor tiempo medio de espera son Cirugía Plástica con 226 días y Neurocirugía con 193 días. Mientras, Dermatología con 63 días y Cirugía Cardiaca con 75 días son las especialidades con menores tiempos medios de espera.

Los 11 procesos clínicos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 90 días. La demora media registrada para las intervenciones de cataratas, uno de los procesos más frecuentes, es de 70 días. La cirugía de hipertrofia benigna de próstata se sitúa 131 días y la operación de hallux valgus ("juanetes") con 122 días.

Hay que señalar que, con excepción del primer año pandémico, anualmente se llevan a cabo en torno a 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas en los hospitales del SNS, incluyendo tanto las que se programan en lista de espera como las que se llevan a cabo con carácter no programable o urgente.

En este semestre se ha registrado un mayor número tanto de entradas en lista de espera como de salidas por intervención respecto a los dos años previos, en pandemia, e incluso un mayor número de entradas que en el primer semestre de 2019, año previo a la pandemia.

En cuanto a las esperas para primeras consultas con los diferentes especialistas, estas se ven incrementadas respecto a los años anteriores. Globalmente presentan un tiempo medio de espera de 79 días, 4 días más que el mismo corte del año previo.

Hay varias especialidades cuyos tiempos medios de espera se sitúan alrededor de los tres meses: Neurología con 97 días, Dermatología con 84 días, Digestivo con 84 días y Traumatología con 82 días.

Por el contrario, los pacientes para Ginecología tienen un promedio de espera para consulta de 52 días y para Cirugía General es de 55 días. El informe recoge, junto con los indicadores globales de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, la desagregación por comunidades autónomas.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cerró 2021 con un superávit de 402,23 millones de euros, el segundo mayor de su historia. La cifra recorta a la mitad el resultado de su ejercicio récord, el año del covid, cuando alcanzó un excedente de 821,3 millones. Por tanto, ha recortado en 51% la ganancia con que terminó el peor año de la pandemia, según consta en el informe sobre las cuentas anuales el organismo, al que ha tenido acceso infoLibre.

Por establecer una comparación: en 2018 el Sermas tuvo un superávit de 43,85 millones de euros y de 57,27 millones en 2017. En 2016 fue sólo de 11 millones. El año precedente perdió 192 millones. Pero su mayor déficit corresponde a 2019, el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia, cuando sus cuentas registraron un desfase de 886,8 millones de euros.

Ese excedente de 402 millones, después de los 821,3 millones del año anterior, se registró en el año en que Madrid volvió a ser la comunidad con menor gasto público sanitario por habitante: 1.236 euros, 713 menos que Asturias, la que más dinero público per cápita destinó a la salud. En 2021, además, se mantuvieron cerrados uno de cada seis centros de salud en Madrid, de los 90 que se clausuraron en el año del covid. Y en el que siguieron sin actividad también los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prometido abrir a partir del próximo mes de octubre. Mientras, se desarrollaban tres olas de contagio del covid y tres fases de vacunación.

Es más, en 2021 unas 800.000 personas estaban en lista de espera –quirúrgica, de consultas externas y/o pruebas diagnósticas–. Las demoras totales para el diagnóstico y tratamiento de un problema de salud se prolongaban entre ocho y 10 meses, según el informe Diagnóstico de la salud y del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y CCOO. Según sus cálculos, Madrid debería invertir más de 3.000 millones de euros en la sanidad pública para igualarse con el resto de España.

Por el contrario, la Comunidad madrileña lideraba en 2021 el gasto per cápita en sanidad privada, con 789 euros, según otro informe, elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que reúne a los principales grupos de salud privados, desde Fresenius hasta Adeslas o Asisa.

Si en 2020 fue sorprendente el abultado superávit, en 2021 también resultan reseñables tanto el resultado como la disminución respecto al ejercicio anterior. Mientras en 2020 los ingresos del Sermas crecieron un 32,06%, sobre todo gracias a las transferencias que recibió para hacer frente a los estragos del covid-19, en 2021 han sufrido una rebaja del 7,8%. En 2020 también se dispararon los gastos, un alza inevitable por el tsunami que debió afrontar la sanidad pública por culpa del coronavirus: un 11,23%. Por el contrario, el año pasado los gastos del Sermas se contrajeron un 4,46%.

Aun así, la partida que más influye en el recorte del superávit del Sermas en 2021 es el de las provisiones –reservas para hacer frente a obligaciones de pago previstas para el futuro–. En 2020 los responsables de la sanidad madrileña apuntaron 837,12 millones de euros como “exceso de provisiones”. Pero la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de ese año, dictaminó que el Sermas había contabilizado como exceso de provisiones la suma de las partidas completas de 2019 y 2020, en lugar de registrar sólo el aumento experimentado por ese concepto tal y como establece el Plan General de Contabilidad Pública. De esa forma, había aumentado “artificialmente” tanto los ingresos como los gastos en 769,3 millones de euros. Esas provisiones son reservas para hacer frente al pago de las liquidaciones de los convenios y conciertos que el Gobierno madrileño ha firmado con las empresas privadas que gestionan muchos de los hospitales públicos de la Comunidad. Junto con las reclamaciones judiciales que esos grupos privados han presentado por discrepancias en el monto final de las liquidaciones, las provisiones totales consignadas por el Sermas se elevan en 2021 nada menos que a 1.235,6 millones de euros, seis millones más que en el ejercicio anterior. Según las cuentas anuales, las reclamaciones judiciales contra el Sermas por los hospitales de gestión privada aumentaron un 11,35% en 2021. Por ejemplo, el grupo Quirón pide a la Consejería de Sanidad 7,2 millones de euros sólo por las liquidaciones que ésta le debe por gestionar los hospitales de Villalba y Valdemoro.

Pero la deuda de la Comunidad de Madrid con estas empresas privadas es mucho mayor. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que el Gobierno regional tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

Sin embargo, tras el tirón de orejas de la Cámara de Cuentas, los 837,12 millones en provisiones que engordaban los ingresos del Sermas en 2020 han quedado reducidos a sólo 33,75 millones en 2021. Esos 803,37 millones de euros en que se han recortado las provisiones se añaden a la reducción de 106,41 millones que han sufrido las transferencias y subvenciones recibidas por el Sermas, una vez terminada la fase álgida de la pandemia. Las transferencias constituyen la mayor fuente de ingresos de la sanidad madrileña: el 99% de su presupuesto de ingresos, que se elevaba en 2021 a 10.557,7 millones de euros. En 2020, debido al covid, esa partida se había disparado un 22,72%, al incluir 1.955,6 millones más que en 2019.

Aun así, el Sermas mantiene un superávit récord debido a que también ha reducido sus gastos en 2021, un 4,46%. En este caso, el principal responsable del ahorro ha sido el menor consumo de material quirúrgico y asistencial, que ha experimentado una rebaja del 38%. Traducido en euros, la partida de aprovisionamientos ha caído un 24,53%, una vez relajada la emergencia del covid. Por el contrario, siguieron aumentando los gastos de personal, aunque menos que en 2020. El año pasado crecieron un 6,86%, un punto menos que el año de la pandemia.

En el balance del Sermas figura un aumento de 143,77 millones de euros en la partida del inmovilizado material que corresponde al valor del Hospital Enfermera Isabel Zendal. La cifra supera los 130,32 millones en que se consignó su construcción en las cuentas de 2020, a los que se añaden otros 11,97 millones en equipamientos médicos. El coste, por tanto, duplica el previsto en un principio, 78 millones de euros.

El número de personas con dependencia que se encuentran en lista de espera para valoración de grado se ha reducido un 8% entre enero y septiembre de 2021, y el número de personas con la prestación concedida se ha incrementado un 6%, 60.000 personas más, según ha anunciado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, informa Europa Press.

"Desde enero hasta septiembre de 2021, asistimos ya a una notable reducción de las personas que se encuentran en espera para ser valoradas de su grado, una reducción del 8% en estas personas; y un incremento del 6% en las personas con la prestación concedida", ha explicado Nacho Álvarez este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Así, ha añadido que, a fecha de septiembre de 2021, había 60.000 personas más con la prestación concedida en el Sistema de Atención a la Dependencia, y ha destacado que este incremento es "fruto del esfuerzo presupuestario" del Ministerio de Derechos Sociales, del Gobierno así como de la colaboración institucional con el conjunto de las comunidades autónomas.

Las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días). Así se desprende de la nueva estadística del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el IMSERSO y ha difundido este jueves la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y recoge Europa Press En concreto, las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191) se sitúan por debajo de los 180 días siendo los territorios con menos tiempo medio de espera, frente a Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576). "Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", considera la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según muestra la estadística, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado. Así, hasta noviembre de 2019, ha crecido el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ella son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

En este sentido, la asociación ha apuntado que entre los motivos de "estos impresentables retrasos" se hallan los recortes en la financiación y el "disparatado y proceloso" entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".

La asociación ha detallado que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados –resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona–. "Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones", ha alertado.

Por otro lado, la asociación ha puesto de relieve que resulta "especialmente doloroso" que haya personas con derecho efectivo, es decir, con algún grado de dependencia reconocido, que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. A este respecto, estiman que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). "Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años", ha manifestado, para agregar: "Tremenda forma de reducir las listas de espera".

Además, ha alertado de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone "gravísimos" trastornos a las personas dependientes y genera "importantísimas" sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres. El 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas, según detalla.

Hace días me he visto desagradablemente sorprendido por unas declaraciones disparatadas del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en las que no sólo pone en duda la gravedad de la situación de las listas de espera en Cataluña sino que las vincula además a la demanda sanitaria de las derivaciones de otras CCAA. Unas declaraciones realizadas en un contexto de polarización política que las hace solo interpretables, aunque no comprensibles, como un prejuicio más a añadir a la actual deriva independentista frente al resto de España. Sobre todo porque conociendo la larga trayectoria pública de la persona del Síndic no se puede pensar en falta de información de la institución ni tampoco alegar ingenuidad política.

No es de extrañar entonces que hayan provocado un rechazo generalizado como respuesta: el de las organizaciones de profesionales, los sindicatos y los pacientes con implantación en sanidad primero, todas ellas muy sensibles desde la crisis y los recortes a los signos de su deterioro. Y también la de los partidos, fundamentalmente los no independentistas en clave más específicamente partidista, como no podría ser de otro modo, en unas fechas tan delicadas y claves para la investidura del futuro Gobierno.

Vaya por delante la aclaración de que las listas de espera tan solo existen en la sanidad pública porque en la privada la demanda está limitada por la capacidad de compra. Es decir, porque la sanidad pública es de accesibilidad y cobertura universal, mientras que el modelo privado excluye a la parte de la población con menos recursos y a las patologías más graves y complejas del acceso a la atención y el aseguramiento.

Es por eso que no voy por tanto a caer en la simplificación ni en la manipulación política de unas listas espera que por principio no afectan a las patologías graves, y que forman parte del día a día de la gestión sanitaria, cuando ésta se mantiene en un tiempo y en unas condiciones razonables.

Tampoco me sumaré a los que aprovechan cualquier debilidad de la sanidad pública como ésta para cuestionar la excelencia de la sanidad pública, sobre todo en cuanto a la atención de las patologías que más comprometen la vida de los ciudadanos, cosa que en nuestro sistema público está asegurada y con un nivel de tan alta calidad, como en pocos países en el mundo, aunque tampoco para ocultar sus debilidades y los riesgos del sistema de salud y en particular de la sanidad catalana.

Lo que no comparto, sin embargo, ante todo es que la lista de espera en Cataluña esté relacionada con la demanda foránea. Una afirmación a todas luces falsa, solo motivada por prejuicios ideológicos excluyentes, cuando es notorio que la dimensión de la misma es un porcentaje mínimo, por no decir que irrelevante, en el volumen de demanda sanitaria no urgente que forma parte de la lista de espera.

Por otra parte, las dudas del Síndic sobre la caracterización, el cálculo y la gravedad de la lista de espera resultan inaceptables, sobre todo para un defensor del pueblo, ya que le sitúan más del lado del gestor y de la Administración que el de la defensa de los derechos del ciudadano ante las administraciones, su principal objetivo.

La constatación de que su volumen es hoy excesivo no es por tanto una prueba de éxito del sistema de salud, sino muy al contrario una señal negativa, compartida es verdad por una buena parte de la sanidad española y relacionada con el recorte de la recursos realizado a raíz de la crisis, pero también con los problemas de planificación y gestión sanitaria y por otros factores relacionados con la demanda como el envejecimiento poblacional, el cambio del patrón de enfermar hacia patologías crónico degenerativas o los modelos tecnológico y de consumo privados trasladados al sector sanitario.

Unos datos especialmente desfavorables en el servicio Catalán de Salud, sin duda relacionados con la mayor dureza de los mencionados recortes que recaen sobre un ya bajo gasto por habitante y en un modelo peculiar donde la participación privada, es de las más altas del país. Un mal síntoma, este de las listas excesivas, que por su volumen y prolongación en el tiempo, si no lo corrigieramos, correría el riesgo de afectar a los principios de universalidad y accesibilidad y calidad inherentes al sistema público de salud.

Otro factor que queda distorsionado en las mismas declaraciones es la trascendencia que tienen para Cataluña los ochenta y seis centros de referencia de patologías raras o complejas en un sistema sanitario público moderno y en consecuencia de la necesidad y la conveniencia de las derivaciones entre CCAA y la financiación compartida de las mismas. Más que un pasivo como podría interpretarse de las mencionadas palabras, se trata de un activo del Servei Catalán de Salud y del SNS. Y si hubiera que echar algo en falta sería un presupuesto federal digno de tal nombre destinado a dotar el plan de salud, las estrategias y dentro de ellas los centros de referencia para el conjunto del sistema.

En definitiva, introducir un tema tan complejo de forma simplista en el clima excluyente de la polarización nacionalista, lejos de ayudar a objetivar las causas y a poner en marcha medidas correctoras, abunda en los mensajes simples y demagógicos dificultando su comprensión y alejando aún más su posible solución. Una materia delicada donde además llueve sobre mojado con la exclusión de inmigrantes sin papeles al inicio de la crisis por parte del Gobierno del Partido Popular, su posterior rectificación por parte del Gobierno del PSOE nacido de la moción de censura y los recientes dos huevos duros más de las campañas xenófobas de la extrema derecha.

Lo cierto es que el efecto de la exclusión fue entonces el contrario de la sostenibilidad proclamada, ya que la desprotección del colectivo inmigrante mermó el control preventivo e incrementó la gravedad y el deterioro de sus patologías aumentando la complejidad y el coste de una atención tardía. Mejor nos sería pues abordar una cuestión compleja y una materia tan delicada en el marco de la política y programa sanitario de investidura, de los futuros presupuestos y por supuesto como parte esencial del nuevo modelo de financiación.

Pero también como parte de los futuros presupuestos de la Generalidad y de la necesaria reflexión sobre el modelo sanitario mixto, sin tan fáciles excusas por parte de los gestores, sanitarios. Porque si no los imprescindibles debates sanitarios corren el peligro de quedar ocultos tras la cortina de la polarización nacionalista y sobre todo de la maraña de los prejuicios.

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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.

El sistema público envía pacientes a la sanidad privada, corriendo con la factura, mientras rebaja la cantidad y el uso de sus propios recursos. Es la conclusión extraída de las estadísticas e informes oficiales del Ministerio de Sanidad consultados por infoLibre, que apuntan a un incesante drenaje de recursos estatales. Sobre el tema ha situado el foco el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que ha anunciado un plan de urgencia de 25,4 millones para atajar las listas de espera de los que 15,5 son para conciertos.

Las derivaciones a la sanidad privada de pacientes en lista de espera no son nuevas: ya las practicaba la Junta con el PSOE. Ni tampoco son exclusivas de Andalucía: se producen en todas las comunidades. Pero el anuncio del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha puesto negro sobre blanco una situación que suele pasar desapercibida. Y ha planteado dudas sobre la eficiencia de los conciertos. Pese a copar un 61% del presupuesto del plan de choque andaluz para rebajar las listas de espera, en su planificación económica la sanidad privada asume sólo un 30% de los pacientes que se prevé derivar.

Las listas de espera en la sanidad pública crecen. La dinámica es continua. La dimensión del problema se observa en la evolución de los diez últimos años, lo que desvela el impacto de la crisis. La tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes ha pasado de 9,38 en junio de 2008 a 12,95 en junio de 2018, un 38,05% más, según los datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. En el mismo periodo, el tiempo medio de espera para operarse ha pasado de 68 a 93 días, un incremento del 36,7%. La tasa de pacientes en lista de espera para consulta hospitalaria por cada 1.000 habitantes ha subido de 37,07 a 43,06 (16,1% más). El único indicador favorable es el tiempo medio de espera para estas consultas, que pasa de 59 a 54 días (8,47% menos).

Las estadísticas oficiales muestran cómo la sanidad pública deriva pacientes mientras está lejos de explotar todo su potencial. El ciclo comparado abarca de 2010 a 2016. El personal de los hospitales públicos ha subido de 471.661 sanitarios a 476.128 (0,94%). En cambio, en los privados ha subido de 81.107 a 93.905 (15.77%). Los hospitales privados sacan más rendimiento a sus instalaciones. En sus quirófanos se realizan 908 intervenciones al año, frente a 833 en los públicos, un 9% más, con datos de 2016. El número de intervenciones por quirófano al año ha subido en la sanidad privada entre 2010 y 2016 (de 877 a 908, un 3,53% más) mientras que se ha mantenido estable en la pública (de 835 a 833, un 0,23% menos).

El porcentaje de operaciones que se realizan en los hospitales privados con respecto al total ha crecido entre 2010 y 2016 del 28,6% al 31,1%. Mientras en la sanidad pública subía, el tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica en la sanidad privada bajaba de 32,85 a 29,10 días, según el último estudio RESA del Instituto para el Desarrollo de la Sanidad (IDIS). Este lobby de la sanidad privada, que agrupa a los pesos pesados del sector, reivindica que el sistema de conciertos es un favor para la sanidad pública, en un esquema argumentativo similar al que hacen las organizaciones promotoras de la educación concertada.

  Menos conflictivo

Es frecuente que en los hospitales públicos determinadas pruebas e intervenciones se dejen de hacer los viernes a mediodía. En cambio, en la privada concertada hay citas incluso los fines de semana. Esto redunda a su vez en una impresión de mayor eficacia de la sanidad privada por parte de los pacientes derivados, cuando en realidad se trata un servicio prestado con fondos públicos. Romper esta dinámica exigiría o bien contrataciones en la pública o bien cambios laborales u organizativos.

"El uso de listas de espera es muy cómodo para las administraciones. Las dinámicas internas de cambio tienen más coste laboral. En vez de reducir las listas de espera poniendo el sistema público al máximo rendimiento, se opta por utilizarlas como excusa para acudir al sector al privado", señala Antonio Vergara, portavoz en Andalucía de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

  Recortes y conciertos

Las estadísticas oficiales no detallan cuál es el coste de las derivaciones de pacientes en lista de espera. Son una parte no detallada del gasto en conciertos. Y este sí es un gasto oficialmente expuesto: 7.450 millones de euros en 2016, último año del que el ministerio ha hecho públicos los datos. Se trata de un 11,17% del gasto sanitario público total (66.678 millones). El porcentaje permanece estable desde el arranque de la crisis.

El informe realizado por CCOO a partir de los presupuestos de las autonomías, las administraciones que asumen la inmensa mayoría de la inversión sanitaria, señala que, si se hubiera mantenido a lo largo de la crisis el pico presupuestario en sanidad de 2010, se habrían invertido 8.000 millones más. CCOO considera que esto supone que ha habido más de 8.000 millones en recortes. Estos ajustes se han realizado sin cuestionar la concertación, pero rebajando en casi 5.000 el número de camas, según la información oficial comparada entre 2010 y 2016.

  Percepción del problema

El sistema se encuentra ahora en una encrucijada. Las autonomías han recuperado pulso. En 2018 todas menos cinco (Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana) alcanzaron su techo presupuestario. Tras el largo ciclo de recortes, el sistema examina ahora los daños. Y ahí destaca el problema de las listas de espera. Es un asunto muy sensible. El Barómetro Sanitario de 2018 desvela que las listas de espera son consideradas como un problema que hay que solucionar por el 86,8% de los entrevistados. No hay nada que concite más acuerdo. Y no es sólo un problema de percepción en la calle. Los informes sobre eficiencia de la sanidad indican que la acumulación de listas de espera asfixia al sistema. "Es intrínsecamente más barato gestionar un sistema sanitario sin listas de espera. Contrariamente a la creencia popular, sobre todo entre los políticos, las listas de espera no ahorran dinero, cuestan dinero", señala el reciente Euro Health Consumer Index.

Dicho estudio explica que, al ser el cuidado de la salud un "proceso", es fundamental para su eficiencia que los procedimientos "se desarrollen sin problemas y con un mínimo de pausas o interrupciones para mantener los costos bajos". Y llama la atención sobre la paradoja de que países ricos como Suecia, Noruega y Reino Unido estén teniendo problemas para poner bajo control sus listas de espera mientras otros más pobres, como Serbia, van camino de eliminarlas. El estudio no se atreve con ninguna respuesta a la paradoja. Pero organizaciones como la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública y las distintas mareas y asociaciones que protagonizan movilizaciones desde el inicio de la crisis han advertido de la fuerte presión que la sanidad privada viene ejerciendo en pos de su bocado en la gestión del problema de las listas de espera.

  Decretos de garantía y negocio

La pregunta es: ¿Qué políticas se van a adoptar para darles solución? La norma viene siendo desde mediados de la década pasada un sistema mixto que reserva una parte a la derivación. Es una dinámica que viene de atrás. El famoso Informe Abril de 1991, pistoletazo de salida de las experiencias privatizadoras, ya apunta el dedo a las listas de espera. El plan de gestión de listas de espera de la Comunidad Valenciana en 2005 marcó un camino que han seguido País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias, Canarias, Baleares... Autonomías como Madrid, Galicia y Andalucía han aprobado incluso los llamados "decretos de garantías", que aseguran al paciente un tratamiento en la sanidad privada si no es atendido dentro de un determinado plazo en la pública. En Andalucía los decretos cubren 90 días para determinadas afecciones cardíacas y 180 para un detallado catálogo de técnicas. La patronal Alianza de la Sanidad Privada Española es una encendida defensora de estos decretos de garantías, que considera vitales para "descongestionar" la sanidad pública. Y para alimentar su negocio.

La sanidad privada tiene depositadas elevadas expectativas en las listas de espera. En su análisis del sector sanitario de 2018, la fundación IDIS afirma que "la actividad que lleva a cabo la sanidad privada contribuye a la consecución del cumplimento de los objetivos sanitarios del sistema público como es, entre otros, la reducción de las listas de espera". Este lobby de la sanidad privada lanzó en agosto de 2017 un plan para "acabar con las listas de espera quirúrgicas" que supondría una inversión de 1.500 millones de euros públicos, "450 de los cuales retornarían a las administraciones vía impuestos". infoLibre preguntó a la fundación por el recorrido de este ofrecimiento, pero no obtuvo aclaración. La que fue ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó en 2017, preguntada por la propuesta, que el asunto concernía a cada comunidad autónoma.

  Acusaciones de "maquillaje"

Y es en las comunidades donde ha estado la lupa. En Madrid las listas de espera han formado parte del conflicto social en torno a la sanidad. El movimiento contra las privatizaciones llegó a lanzar una campaña llamada "Yo100x100pública" que invitaba a los pacientes a rechazar ser derivados a la privada. En Madrid, al igual que en Andalucía, ha habido acusaciones de "maquillaje de listas de espera". Es decir, de utilización de técnicas para evitar la introducción en el cómputo de pacientes de según qué perfiles y así evitar salir mal en el listado que publica el Sistema Nacional de Salud. La diferencia es que en Andalucía la acusación ha salido del propio Gobierno. El Ejecutivo de PP y Cs ha acusado a la Junta de ocultar más de medio millón de pacientes en lista de espera mediante prácticas como sacar de la información a los que no están cubiertos por decretos de garantías o retrasar la llamada al paciente para darle cita y evitar así que entre en la lista.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, admite que con la nueva forma de contar los pacientes en lista de espera en Andalucía –que ahora serían 843.538, un 10% de la población total de la comunidad–, los datos no son "homogéneos" con los del resto de comunidades. En palabras de Aguirre, "cada comunidad hace de su capa un sayo". La Consejería de Salud y Familias evita hacer más aclaraciones que las realizadas por Aguirre en su rueda de prensa del martes, cuando no se mostró seguro de si la cifra de 843.538 que ofreció como de pacientes podía ser en realidad de actos médicos pendientes. El Ministerio de Sanidad se limita a aclarar que los pacientes en lista de espera están definidos legalmente a partir de un real decreto homogeneizador de criterios de 2003. Pacientes como los que están a la espera de recibir llamada para recibir cita no entrarían en esa categoría.

  "Manipulación" y "catastrofismo"

"Las listas de espera han sido claramente manipuladas, en Andalucía y otras comunidades autónomas. Eso lo llevamos denunciando años. Es urgente que las prioridades estén claras. Porque una cosa es quedar a la espera de una operación de artrosis, que es grave pero no es mortal, y otra a la espera de una prueba que te diga qué tienes, cuando lo que tienes puede ser muy grave", señala el doctor Antonio Vergara, que afirma que la Junta en la etapa del PSOE ha estado más preocupada por disimular deficiencias que por atacar de raíz el problema, lo cual exigiría más personal y cambios organizativos profundos. A su juicio, no obstante, la cifra aportada por Aguirre parece una exageración, ofrecida además sin el detalle exigible a un asunto tan serio. El PSOE ha acusado al Gobierno de PP y Cs de estar "preparando el terreno" para las privatizaciones y de lanzar mensajes catastrofistas para desprestigiar la sanidad pública en el tema de mayor calado popular.

De momento a la sanidad privada concertada andaluza le corresponden 15,5 millones del plan de choque. En cuanto a la orientación del modelo sanitario del PP y Cs para Andalucía, la mayoría se desvelará en el próximo presupuesto. Está por ver si crece el porcentaje de gasto sanitario dedicado a conciertos, actualmente algo superior al 4%, la cuarta que menos dedica en España, con datos de 2016. La oposición de PSOE y Adelante Andalucía afirma que PP y Cs no quieren presentar las cuentas hasta que no acabe el ciclo electoral. Lo que sí sabemos ya es que entre las medidas para los cien primeros días del nuevo Gobierno está "eliminación de la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad", que supone subir más de 800 euros el sueldo público a los médicos con otro trabajo en la sanidad privada. La Junta también ha anunciado que pondrá fin a la subasta pública de medicamentos, una medida con la que el anterior Ejecutivo afirmaba haber ahorrado 540 millones de euros y ganado independencia ante los grandes laboratorios.

El tiempo medio que pasan los pacientes esperando a entrar en un quirófano del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha incrementado en catorce días en el último año consolidándose esa cifra por encima de los cien días. En concreto, alcanzó los 106, tal y como recogen los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2017 [consultar aquí]. En diciembre de 2015 esa cifra alcanzó los 89 días y en el mismo mes de 2014, los 87.

Por otro lado, las cifras oficiales sí reflejan un leve descenso en el número total de personas que aguardan por una intervención: de 604.103 en diciembre de 2016 a 592.175 al cierre de 2017. El descenso es del 2%. En todo caso, esta cifra global sigue estando lejos de los 511.923 pacientes que aguardaban para ser intervenidos a finales de 2014, cuando se registró el mínimo de la serie, que se remonta a 2012, pues es cuando el Ministerio de Sanidad empezó a publicar estos datos diferenciados por autonomías. 

Es precisamente esta información desglosada la que permite detectar la gran desigualdad que existe entre comunidades en lo que a la demora quirúrgica se refiere. Por ejemplo, los ciudadanos residentes en Canarias esperan, de media, 177 días para ser operados. Es decir, prácticamente medio año. En contraposición, los pacientes del País Vasco esperan casi cuatro veces menos: cincuenta días. De hecho, para implantarse una prótesis de cadera los canarios esperan una media de casi seis meses, demora que puede superar los diez meses para una artroscopia. Esta última intervención se solventa con 57 días de Espera en el País Vasco. 

Canarias, por tanto, lidera la lista de mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, seguida de Castilla-La Mancha (163 días), Cataluña (148), Extremadura (146), Murcia (96), Aragón (89), Cantabria (86), la Comunitat Valenciana (82), Andalucía y Castilla y León (78) y Baleares (76). Por el contrario, los menores tiempos de espera se registran en el País Vasco (50), Madrid (51), La Rioja (55), Galicia (66), Asturias (70), Navarra (73). 

Asimismo, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada mil habitantes: 21,71 frente a un promedio de 13,13. Le siguen Extremadura (20,87), Murcia (18,82), Castilla-La Mancha (18,74) y Asturias (17,47). En contraposición, las tasas más bajas al cierre del año pasado se registraron en el País Vasco (7,79), Madrid (8,15) y Andalucía (8,35). 

Las listas de espera son uno de los principales indicadores de la calidad de la atención sanitaria. Así lo vienen documentando estudios como el Barómetro Sanitario, el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS. En la última encuesta, de 2017, el 29,3% de los encuestados respondió que consideraba que en el último año el problema de las listas de espera había empeorado, mientras que el 44,1% respondió que seguía igual y sólo el 7,3% que había mejorado.

Volviendo a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en números absolutos por comunidades, el mayor incremento de la lista de espera en el último año se ha registrado en Andalucía, donde ha aumentado en 3.460 personas, un 5,4%. En total, al cierre de 2017 había 67.585 usuarios aguardando para entrar al quirófano. En diciembre de 2016 eran 64.125. También ha habido aumento en Cantabria. El pasado diciembre acabó con 355 personas más esperando a ser operadas de las que había a finales de 2016 (pasó de 8.334 a 8.689, un aumento del 4,3%).

En el otro extremo está Canarias, que a pesar de seguir teniendo tiempos medios de espera récord, logró reducir su lista de espera global en los últimos doce meses en un 16,5%: de 34.327 pacientes a 28.678. El descenso también es significativo en Navarra, donde la bolsa de pacientes que aguardan por una intervención se recortó un 14,8% en dicho periodo: de 8.974 a 7.643. 

Consultas

Otro de los retos que afronta el nivel de atención especializada del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la reducción de las listas de espera para las consultas con el médico especialista. Aquí los datos globales sí han mejorado en el último año. Al cierre de 2017 había 1.937.782 personas que estaban en esta situación, 80.666 menos que en el mismo mes de 2016 (-4%). El tiempo medio de espera para tener una cita con el facultativo especialista también se redujo: de 72 días a 66. En todo caso, para algunas especialidades como traumatología, con 78 días; u oftalmología, con 77; los tiempos medios de espera siguen siendo altos. 

No obstante, al igual que en las listas de espera para una intervención, también en el caso de las personas que están pendientes de esa primera cita las diferencias por comunidades autónomas son muy relevantes. Los tiempos medios de espera fluctúan entre los 112 días de Canarias o los 111 de Cataluña y los 17 del País Vasco o los 23 de La Rioja. Estas diferencias hacen, por ejemplo, que canarias, catalanas y navarras tengan que esperar más de tres meses para ir al ginecólogo, mientras que las riojanas esperan apenas nueve días o las residentes en Baleares, 20.

Otro indicador que refleja muy bien las desigualdades territoriales es la tasa de pacientes en lista espera para tener una consulta con el especialista por cada mil habitantes. La más alta se registró en diciembre de 2017 en Cantabria: 83,36 frente a un promedio de 45,87. A continuación están Aragón (78,64), La Rioja (67,01), Canarias (66,52) o Galicia (66,50). En el otro extremo se sitúan País Vasco (15,84), Baleares (25,06) y Castilla-La Mancha (25,85). 

Por otro lado, comunidades que no salían mal paradas en la demora quirúrgica sí han empeorado sus resultados sobre lista de espera en consultas en el periodo analizado. Es el caso, por ejemplo, de La Rioja, donde han aumentado un 27,5% las personas en esta situación (de 16.248 a 20.721) o Castilla y León, donde su número se ha incrementado en un 8,5% (de 122.940 a 133.438).

La conflictividad amenaza con hacerse hueco en la sanidad pública de todo el país en el inicio de 2018. Esta vez, de manos de los médicos, que se movilizarán en los primeros meses de este año para expresar su malestar por la "descomposición" que sufren los servicios de salud desde que la crisis económica llevó a las administraciones a meter la tijera en los presupuestos dedicados a sostener la actividad de hospitales y centros de salud y en las nóminas de los profesionales. 

Los médicos entienden que todas estas medidas se tomaron en momentos de extrema gravedad, con el país al borde del precipicio. Pero lo que no comparten es que ahora que la recuperación se anuncia a bombo y platillo esa mejoría siga sin hacerse evidente en los centros sanitarios y en las retribuciones que cobran a fin de mes. Por ello, el comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenecen más de 50.000 facultativos y es la organización sindical mayoritaria en el sector, acordó a mediados de este mes iniciar movilizaciones a nivel nacional durante el primer trimestre de 2018. 

La devaluación salarial es una de las principales causas de malestar entre los facultativos, tal y como explica a infoLibre el doctor Francisco Miralles, secretario general de la CESM. "Nuestro poder adquisitivo ha sufrido una merma de entre el 25 y el 30% desde que en junio de 2010 se llevó a cabo el primero de los recortes, que fue del 5% de media en el sector público. A los médicos y titulados superiores nos supuso un 9% de pérdida porque nuestras pagas extraordinarias y trienios se rebajaron más de un 40%. Era algo asumible en un momento de crisis, pero creemos que ya es momento de recuperar nuestros salarios", señala.

La organización sindical también tiene en el eje de sus reivindicaciones la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que fue establecida para los funcionarios en 1999 y suspendida hace cinco años por decisión del Gobierno central por razones de estabilidad presupuestaria. La jornada actual es de 37,5 horas semanales. "No podemos seguir siendo el sistema sanitario más eficiente de la OCDE a costa del sueldo y el esfuerzo de sus profesionales. Es intolerable", se queja Miralles. 

Por otro lado, los profesionales quieren poner el acento sobre la cuestión de los complementos salariales por la carrera profesional, que puede suponer hasta 14.000 euros anuales más para los facultativos, pero cuyo reconocimiento sigue paralizado en cinco autonomías. Además, otras nueve comunidades siguen vetando que los interinos tengan acceso a estos complementos. La CESM también quiere poner el foco sobre la situación de los médicos jóvenes, que en muchos casos tienen que elegir entre la temporalidad e interinidad y emigración.

Infrafinanciación 

No obstante, más allá de reclamaciones de tipo laboral, los médicos también se movilizarán para denunciar la infrafinanciación de la sanidad pública. Las organizaciones sindicales agrupadas en la CESM creen "insuficientes" las partidas presupuestarias que reciben las comunidades autónomas para financiar los respectivos sistemas de salud, precisamente en un contexto de creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población. 

Lo cierto es que la recuperación sigue sin llegar a los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas. El último informeRecursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acredita que 11 de las 17 autonomías no han recuperado la inversión sanitaria de antes de la crisis. Es decir, que los fondos consignados a esta partida en sus presupuestos para 2017 continúan siendo inferiores a los asignados en 2010, cuando las cuentas sanidad pública española alcanzaron, de media, sus cotas más altas. Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha son las comunidades que más han recortado desde 2010. 

Miralles señala que esta falta de financiación se hace visible en cuestiones como la presión asistencial, la falta de tecnología o el aumento de las listas de espera. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad los ciudadanos residentes en España tienen que aguardar, de media, 104 días para operarse en la sanidad pública, 21 días más que un año antes. Además, 1,9 millones de pacientes esperan por una primera visita, con oftalmología y traumatología como las especialidades con más atasco.

Movilizaciones   

A la vista de las reivindicaciones del colectivo no parecen faltar razones para la movilización. Sin embargo, los sindicatos médicos reconocen que el de los facultativos no es un sector demasiado dado a la protesta. "Es cierto que a los médicos no les gusta dejar colgados a sus pacientes, pero hay veces que la dignidad de la profesión está por encima de los deberes", dice Miralles. La posibilidad de una huelga está sobre la mesa.

"Estamos enfadados y nos planteamos todas las movilizaciones que contempla la ley incluida la huelga", dice Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, el sindicato médico de la Comunidad de Madrid. La huelga que los facultativos de Madrid llevaron a cabo en 2012 fue clave para acabar con el proceso de privatización promovido por el Ejecutivo regional del PP. En ese caso, no obstante, la protesta la lideró la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), creada para defender de forma inseparable los derechos de los médicos y de los pacientes ante los "continuos y graves recortes" que estaba sufriendo la sanidad pública. Los paros duraron cinco semanas. 

Más allá de grandes movilizaciones de carácter territorial, los médicos también han llevado a cabo paros de carácter estatal, aunque no de forma reciente. Miralles recuerda la huelga de 1995 convocada por la CESM en la que se reclamó la equiparación salarial para el territorio Insalud con los salarios de autonomías como Cataluña, País Vasco y Navarra y en la consecución de la estabilidad laboral, pues en las comunidades que todavía no tenían las competencias transferidas había un 40% de médicos interinos.

El número de personas que esperan a ser operadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado en 34.006 en doce meses y ya alcanza los 604.103, tal y como recogen los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a junio de 2017 [consultar aquí]. En porcentaje, el aumento es del 6%. Por otro lado, el tiempo medio que pasan los pacientes esperando a entrar en quirófano, se ha incrementado en 21 días y supera los cien. En concreto, alcanzó los 104 días.

Eso quiere decir que los pacientes residentes en España que tienen una operación programada tienen que esperar, de media, más de tres meses para ser intervenidos. No obstante, esta cifra es una media, pues los datos oficiales siguen mostrando que hay una gran desigualdad entre comunidades autónomas. Por ejemplo, los canarios, con 179 días, esperan casi cuatro veces más que los vascos, con 48 días. 

Canarias, por tanto, lidera la lista de mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, seguida de Castilla-La Mancha (177 días), Cataluña (149), Extremadura (125), la Comunitat Valenciana (89), Murcia (88), Aragón (83) y Castilla y León (80). Por el contrario, los menores tiempos de espera se registran en Melilla (25), País Vasco y Madrid (48), Ceuta (49), Asturias (59), Galicia (62), La Rioja (63), Andalucía (66), Navarra (70), Baleares (72) y Cantabria (77).  

Las listas de espera son uno de los principales indicadores de la calidad de la atención sanitaria. Así lo vienen documentando organismos como el Consejo Económico y Social (CES), donde están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores, el Gobierno..., y que viene alertando de las consecuencias que las "restricciones presupuestarias" de los últimos años están teniendo en las listas de espera, lo que puede implicar un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes en espera y al mismo tiempo deteriorar la imagen percibida sobre el conjunto del sistema. 

Otros estudios como el Barómetro Sanitario, el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, también deja constancia de la preocupación de los ciudadanos por esta cuestión. En la última encuesta, de 2016, el 28% de los encuestados respondió que consideraba que en el último año el problema de las listas de espera había empeorado, mientras que el 46,3% respondió que seguía igual y sólo el 8,9% que había mejorado. 

Aumentos significativos 

Volviendo a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en números absolutos por comunidades, el incremento de la lista de espera en este periodo es especialmente significativo en Cataluña, donde ha aumentado en 32.674 personas, un 26,3%, entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017. En total, a mediados de este año había 156.862 usuarios aguardando para entrar al quirófano. En junio de 2016 eran 124.188.

También es relevante el aumento en la Comunitat Valenciana, donde no parece que acabe de dar resultados el plan de choque con intervenciones vespertinas puesto en marcha. El pasado junio acabó con 7.480 personas más esperando a ser operadas de las que había a mediados de 2016 (pasó de 52.159 a 59.639, un aumento del 14,3%). 

Galicia, por su parte, es la tercera comunidad en la que más aumentaron las listas de espera para operarse en doce meses: de 34.567 pacientes a 37.904 (+9,7%). En Andalucía, por otro lado, la lista aumentó un 5,6% al pasar de 59.087 pacientes a 62.399 entre los meses de junio de 2015 y de 2016. La bolsa de pacientes que aguardaban a ser intervenidos también se incrementó en La Rioja, donde pasó de 5.373 pacientes a 5.611 (+4,4%); y en Castilla-La Mancha, de 32.985 a 33.836 (+2,6%). 

En el otro extremo, Castilla y León y Navarra, donde se puso en marcha en el último año un plan especial con más actividad vespertina, consultas no presenciales y contratos de profesionales y peonadas excepcionales, son las comunidades que más lograron reducir su lista de espera en doce meses. En Castilla y León, los usuarios en espera pasaron de 32.467 a 25.992 (-19,9%); y en Navarra, de 9.110 a 7.422 (-18,5%).

Asimismo, el descenso es significativo en Murcia, donde la bolsa de pacientes que aguardan por una intervención se recortó un 6,7% en dicho periodo. Su Gobierno autonómico, en manos del PP, optó por la derivación de pacientes a clínicas privadas. Aragón, que redujo la lista de 19.997 a 18.719 (-6,4%) y donde el Ejecutivo regional (PSOE-CHA) ha insistido en que su apuesta no es poner en marcha un plan de choque sino aplicar medidas estructurales que den sus resultados a medio y largo plazo; y Asturias, que pasó de 17.633 a 16.857 (-4,4%), están en este mismo grupo.

Consultas con el especialista 

Otro de los retos que afronta el nivel de atención especializada del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la reducción de las listas de espera para las consultas con el médico especialista. A mediados de 2016 había 1.863.070 personas que estaban en esta situación, con oftalmología y traumatología como las especialidades con más atasco. En este indicador, comunidades que no salían mal paradas en la demora quirúrgica sí han empeorado sus resultados en el periodo analizado. Es el caso, por ejemplo, de Aragón, donde han aumentado un 29,5% las personas en esta situación (de 72.304 a 93.646) o Castilla y León, donde su número se ha incrementado en un 25,3% (de 106.775 a 133.798).  

No obstante, al igual que en las listas de espera para una intervención, también en el caso de las personas que están pendientes de esa primera cita las diferencias por comunidades autónomas son muy relevantes. Los tiempos medios de espera fluctúan entre los 107 días de Canarias o los 87 de Cataluña y los 20 del País Vasco o los 29 de Baleares. Estas diferencias hacen, por ejemplo, que canarias, catalanas y navarras tengan que esperar más de tres meses para ir al ginecólogo, mientras que las riojanas esperan apenas nueve días o las residentes en Baleares, 20.

Las diferencias son significativas también en otras especialidades. Así, mientras en Murcia el tiempo medio de espera para una primera consulta de neurología es de 93 días o en Cataluña de 88, en el País Vasco es de 18 o en Castilla-La Mancha de 22. Algo similar ocurre en cardiología, donde se pasa de los 104 días de media en Canarias o los 97 de Cataluña a los 24 de Madrid o los 27 de La Rioja.