La primera central de carbón de España comenzó a funcionar en Barcelona en 1881, en unos antiguos telares junto al puerto de la ciudad, y la última en hacerlo podría ser la térmica de Soto de Ribera, en Asturias, aunque no está claro cuándo se apagará del todo. El Gobierno estimaba que 2025 sería el último año con producción eléctrica de carbón, pero en 2026 todavía permanecerán activas dos instalaciones para evitar problemas puntuales de suministro. Una será la asturiana, que produjo energía hasta mediados de diciembre, y la segunda será la mallorquina Es Murterar, que lleva casi un año sin encenderse.

De esta manera, en 2026 se producirá probablemente el culmen de un proceso que comenzó en 2018, y que llevó en 2025 al cierre de dos importantes centrales, la asturiana Aboño (al grupo I y II) y la gaditana de Los Barrios, ambas de la compañía EDP. En realidad, la clausura de Aboño II y de Los Barrios no ha sido aún formalizada porque están a la espera de recibir el permiso del operador del sistema, Red Eléctrica, pero ninguna produce electricidad desde julio.

Quienes llevan años luchando por el fin del carbón, la tecnología más contaminante de producción de energía, aguardan ahora a conocer el futuro de Soto de Ribera, la central más activa de las que quedan en pie en el país. Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, "todavía no se puede cerrar por seguridad de suministro esa zona", de manera que la instalación lleva varios meses operando de forma intermitente porque tiene la orden de generar energía por restricciones técnicas, un mecanismo que activa el operador de la red cuando calcula que puede haber picos locales de consumo.

El Gobierno recogió en su Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030 que "en torno a 2025 tendrá lugar el cierre completo" del parque de carbón, pero añadió que ese hito "estará sujeto a la evaluación por parte del Operador del Sistema del cumplimiento de criterios de seguridad de suministro del sistema", como finalmente ha ocurrido.

Paco Ramos, experto en energía de Ecologistas en Acción, lleva décadas estudiando la industria asturiana y asume que 2026 será el primer año sin carbón para la economía española. "Entiendo que Soto de Ribera tiene la garantía para funcionar, pero que no lo hará, salvo que haya una necesidad puntual. Aunque todavía no nos dejen hacer una fiesta de cierre definitiva, creo que es una medida razonable", opina el activista.

Ramos explica que la red de transporte y distribución asturiana está colapsada en los polos industriales, y llevan desde 2020 esperando unas inversiones que Red Eléctrica prometió en el plan de infraestructuras 2020-2025 y que ahora ha ampliado en su propuesta 2026-2030. Mientras llegan las nuevas líneas de alta y media tensión, los transformadores y las subestaciones para eliminar los cuellos de botella, Soto de Ribera seguirá funcionando de manera indefinida.

La duda que tiene el experto es de qué manera será retribuida la central asturiana, que tendrá que seguir pagando salarios y cubriendo el mantenimiento de la planta sin generar electricidad o produciendo una cantidad mínima. La manera habitual de subvencionar la operación de estas instalaciones imprescindibles son los pagos por capacidad, un pequeño porcentaje de la factura de la luz que se destina a costear instalaciones que no son rentables. "El problema es que ahora la Unión Europea no permite pagos por capacidad a centrales que emiten más de 550 gCO2/kWh, y eso deja fuera al carbón. Habrá que ver qué acuerdan", opina el experto de Ecologistas.

La central de Es Murterar, por su parte, también continuará en hibernación de manera indefinida para garantizar la seguridad de suministro en el archipiélago balear, aunque solo tiene autorización para operar 500 horas al año, que en 2025 consumió en los primeros cuatro meses. Además, de los cuatro grupos de generación que tenía originalmente la planta, solo restan abiertos los 3 y 4, de 120 MW cada uno. 

En teoría, la planta de Alcúdia seguirá latente hasta que se finalice la construcción de una segunda interconexión eléctrica con la península –un proyecto que se puede alargar hasta 2030–, pero según publicó el mes pasado Diario de Mallorca la compañía dueña, Endesa, ha iniciado un proceso de prejubilaciones y reposicionamiento de trabajadores para una posible clausura.

A diferencia de Es Murterar, Soto de Ribera puede trabajar sin límite de horas porque en 2017 instaló una planta de desnitrificación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), el principal escollo legal que sufren las centrales de carbón europeas, pero se limita a trabajar a las horas que le obliga REE porque no es rentable en el resto. Además de ser menos eficiente que una central moderna de gas, debe pagar mucho más en permisos de emisiones de CO₂ que cualquier otra tecnología.

En una entrevista con infoLibre, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en diciembre que esta diferencia de costes era precisamente la condena de muerte inminente de las plantas de carbón españolas. "En cuanto existan alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías", afirmó.

El apagón definitivo de esta tecnología comenzó en 2018, cuando la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmó dos protocolos con sindicatos y empresas para poner fin a la minería y a la quema energética de carbón. En enero de 2019 se cerraron los últimos yacimientos del país y de las 15 centrales térmicas que había en el país en 2018 ya solo quedan dos en hibernación, hasta el punto de que menos del 1% de la electricidad generada en el país procede hoy de este combustible.

A finales de 2024 cerró la térmica de La Pereda, en Asturias, propiedad de Hunosa, que quemaba residuos mineros, para transformarla en una térmica de biomasa. En julio de 2025 reabrió el grupo II de Aboño (556 MW) tras una renovación para pasar a quemar gas natural. Desde entonces no ha vuelto a encenderse Aboño I (336 MW), que solo tenía permiso para operar mientras su gemela se encontraba en conversión. Por último, la planta de Los Barrios (570 MW) solicitó a REE el permiso de cierre y está a la espera de recibirlo, pero no se espera que vuelva a encenderse porque lleva seis meses sin hacerlo.

El cero absoluto que experimentamos el lunes 28 de abril, hace ya casi cuatro meses, fue un cisne negro de libro, con toda su improbabilidad. Llevan cruzándosenos unos cuantos de ellos en la última década, inaugurada por las decepciones del brexit y el primer triunfo de Trump en 2016, un año muy duro de asimilar.

Un cisne negro es un evento muy improbable, pero de efectos catastróficos. Aunque el origen de la catástrofe pueda ser un evento natural, la magnitud e impacto de sus efectos son en gran medida consecuencia directa de decisiones humanas con autoridad. A la DANA, a las 7291 muertes de las residencias madrileñas y a los incendios que nos asolan me remito.

Volviendo al apagón, mi recuerdo de la experiencia, salvo las lamentables cinco muertes a él atribuidas de forma directa, no fue catastrófico. Con toda seguridad, podría haberlo sido si su duración hubiera sido mayor, si hubiera sucedido en otra época del año más fría, o más calurosa, o con menos horas de luz natural. Recuerdo estar más dedicada a fijarme en lo que estaba sucediendo y cómo reaccionábamos que en prepararme para un eventual confinamiento incomunicado. Siempre tengo víveres y esenciales en casa; viví tres años convulsos en La Paz donde aprendí y adopté prácticas domésticas que no he abandonado. Y mantengo mis fogones de gas natural —incoherencia que asumo— y un transistor a pilas en la cocina.

Una vez comprobado que mi entorno más cercano estaba bien y a resguardo, me dio bastante igual quedarme incomunicada. Me pilló además en casa teletrabajando y a mis hijos en el instituto, a 15 minutos andando. Solo tenía dos preocupaciones personales: mantener la temperatura de mi congelador abarrotado y comunicarme con mi equipo, a quien quería pedir que al día siguiente teletrabajara, lo que conseguí pasada la medianoche.

No tuve la preocupación que tuvieron, por ejemplo, las personas electrodependientes, sus familiares, amigos y personas cuidadoras. Personas que requieren respiración asistida o dispositivos eléctricos, ya sea por discapacidad o por lo avanzado de su edad. Miles y miles de las que, a diario, y sin apagones, no nos acordamos.

Me entusiasmé incluso imaginando que se nos había presentado una oportunidad en modo “contrafactual”, esa situación inédita, difícilmente replicable, incluso éticamente cuestionable que nos permite asomarnos a un “qué hubiera pasado si”, de la que extraer aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

Procuro desde ese día entender mejor las implicaciones de la transición energética y por qué es tan aparentemente inasumible en plazos razonables. Leí y creo que entendí, con ayuda de muchas personas a las que sigo en redes sociales, el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y que decayó a los treinta días por decisión del Congreso de los Diputados; un despropósito difícil de entender. He asistido a seminarios, conferencias y encuentros sobre cambio climático organizados por partes interesadas muy diversas, desde la academia hasta inversores, pasando por movimientos ecologistas y gentes pioneras en el autoconsumo, incluidos regidores municipales valientes. He leído unos cuantos libros que explican muy bien, y con el optimismo que brinda identificar oportunidades, el reto de la transición.

Con todo ello, he conseguido actualizar mi fondo de armario sobre el tema y concretar algunas reflexiones, que comparto:

Una, que los combustibles fósiles en todas sus formas, incluido los plásticos, son el enemigo que batir, la rémora de la que independizarnos, un modelo caduco que nos venden como inevitable.

Dos, que el debate energías renovables vs energía nuclear es tan espurio que se desvanece una vez se ponen sobre la mesa, sin engaños ni desinformaciones, todos los costes, los riesgos y las externalidades presentes y futuras. Y cuando se desvela quiénes, en realidad, se espera que carguen con ellas. La nuclear no es barata, ni limpia, ni segura; las renovables sí.

Tres, que el autoconsumo es una parte importantísima de la solución, una condición necesaria, aunque no suficiente, que nos libre de combustionar. Sin embargo, está resultando una tarea absurdamente complicada, lenta e imprevisible por cómo está diseñada la gobernanza del asunto, por los incentivos perversos y las ansias de acaparar de las grandes energéticas de alma fósil.

Cuatro, que quien invierte en nuestra salud energética, sea grande o pequeño, persona jurídica o natural, pública o privada, necesita que las variables con las que se toman decisiones, como los incentivos y las reglas de juego, sean previsibles, comprensibles, transparentes y justas. Muchas, si no todas, esas variables que son condiciones necesarias son resultado de decisiones políticas, jurisdiccionales y administrativas. A la mano invisible del mercado se le puede y debe orientar.

Cinco, que necesitamos un Pacto de Estado y, para ello, elegir decisores políticos solventes y competentes en la materia, que velen por el interés general y no solo por el suyo familiar y patrimonial. Y demandar que juezas y jueces estén debidamente formados en sostenibilidad, como lo han necesitado estar, por ejemplo, en igualdad (de género).

En definitiva, que necesitamos urgentemente pasar de pantalla, de una sucia, subyugante, ardiente y fósil, a una limpia, emancipadora, fresca y solar. ¿Quién da la vez?

España vislumbra estos días lo que podría llegar a ser el fin definitivo del carbón tras más de un siglo alumbrando el país. Las centrales térmicas de carbón llevan dos semanas apagadas y la planta de Aboño II, la principal central de carbón española, acaba de ser reconvertida a gas natural. Solo una de las cuatro centrales de carbón que quedan operativas podría encenderse puntualmente en los próximos meses, un hito que demuestra que el fin del carbón para generar electricidad es inminente. 

El pasado 3 de julio se apagó la central de Los Barrios (570 MW, Cádiz) y días antes lo hicieron Aboño I (366 MW, Asturias) y Soto III (361 MW, Asturias). Las tres son propiedad de la portuguesa EDP y son las últimas centrales de carbón de la península. También hay una cuarta planta propiedad de Endesa, Es Murterar (240 MW, Mallorca), que lleva sin funcionar desde abril.

Al igual que las centrales de gas, las de carbón son muy versátiles y es común que se enciendan intermitentemente en las horas que elijan sus dueños o las que reclame Red Eléctrica (REE), pero no es normal que permanezcan apagadas tantos días. Hasta ahora, había registros de hasta 54 horas libres de carbón en el sistema en enero de 2021, pero en esta ocasión se han superado las dos semanas.

Paco Ramos, experto en Energía de Ecologistas en Acción, lleva años monitorizando el cierre del carbón en España, y explica que el gran cambio que ha provocado este cierre —al menos temporal— de las térmicas es la reconversión de Aboño II, la central gemela de Aboño I. Este grupo térmico tenía 556 MW, pero cerró en febrero para reconvertirse en una planta de gas y reducir así sus emisiones de dióxido de carbono. El 1 de julio la planta reabrió y ahora quema gas natural y gases industriales de la compañía ArcelorMittal.

"Lo que ha cambiado en el sector es la reconversión de Aboño II, que mientras estuvo abierta funcionaba prácticamente cada día para garantizar el abastecimiento eléctrico de la industria asturiana", explica Ramos. Mientras estuvo cerrada, el Gobierno concedió 2.000 horas de trabajo a Aboño I como sustituta, pero ya las ha agotado y ahora que ha reabierto la segunda planta, Aboño I no podrá volver a encenderse este año.

La central gaditana de Los Barrios apenas tendría combustible para seguir funcionando, según señala el experto de Ecologistas en Acción. De hecho, se ha mantenido apagada desde febrero, salvo por una breve operación durante los tres primeros días de julio. Por su parte, Soto de Ribera podría trabajar sin límite de horas este año porque en 2017 instaló una planta de desnitrificación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y poder trabajar sin tope de horas.

Sin embargo, las elevadas emisiones de CO₂ hacen que estas plantas sean mucho menos rentables que las de gas natural, salvo que se enciendan por orden del operador del sistema (REE) y reciban una retribución extraordinaria del mercado de restricciones. Esta es la práctica habitual de las térmicas de carbón en España para poder funcionar en un mercado eléctrico en el que cada vez hay más renovables y precios bajos.

Por último, la central mallorquina de Es Murterar lleva sin generar luz con carbón desde mediados de abril, según el periódico local Última Hora. En esa fecha agotó las 500 horas que tiene permitido funcionar cada año, aunque podría ponerse en marcha en caso de emergencia si el suministro eléctrico del archipiélago estuviese en riesgo. No está previsto el cierre de Es Murterar hasta 2026, cuando en teoría entrará en funcionamiento un segundo cable entre las islas y la península.

EDP también tiene su propio plan para cerrar Aboño y Soto de Ribera convirtiendo las dos instalaciones en fábricas de hidrógeno verde para la industria de los alrededores, aunque en una entrevista reciente con el diario asturiano El Comercio el consejero delegado de la energética ha rebajado las expectativas originales. "Nunca tuvimos grandes ilusiones con el ritmo del hidrógeno, se ha pasado de la euforia al otro extremo, la depresión", dijo a este periódico, en referencia a la falta de demanda de hidrógeno verde que observan en estas zonas.

El fin del carbón en España es inminente. En 2019 cerraron las últimas minas del país y en los próximos meses lo harán las centrales que queman carbón para generar electricidad. De las cuatro centrales que quedan operativas, tres llevan semanas sin dar señales de vida, y la que funciona echará el cierre como tarde el 31 de junio. Es posible que alguna de las plantas en hibernación se reactive de manera puntual en los próximos meses si repuntan los precios de la luz y aumenta la demanda, aunque el sector ya se prepara para echar el cierre.

La única que ha comunicado oficialmente su apagón es Aboño II, en Asturias, el grupo térmico de carbón con mayor potencia de España (556 MW). El 25 de febrero fue su último día de funcionamiento y ahora está en proceso de transformación para funcionar con gas natural este verano y terminar quemando hidrógeno renovable en el futuro. Su gemelo, Aboño I (366 MW), asumió temporalmente su trabajo y se puso en marcha en marzo, pero el 12 de abril se apagó y no ha vuelto a encenderse, según el seguimiento de estas centrales que realiza Paco Ramos, experto en Energía de Ecologistas en Acción. 

En todo caso, el grupo I de Aboño tiene un permiso excepcional para quemar carbón durante 2.000 horas en 2025, casi tres meses completos, y en cualquier momento puede volver a funcionar si lo decide la eléctrica EDP, su titular, o se lo pide Red Eléctrica. Lo que sí ha anunciado la compañía es que sus tres centrales de carbón en España cerrarán a lo largo de 2025.

En la misma situación que Aboño I se encuentra Los Barrios, la térmica de Cádiz, que lleva apagada desde el 7 de febrero. Según una fuente cercana a la instalación, es probable que no vuelva a encenderse porque no va a recargar combustible, y ya estaría preparándose para transformarse en una planta de producción de hidrógeno verde.

La que sí quema carbón estos días es la planta de Soto de Ribera, también en Asturias y en manos de EDP. Aunque cerró sus grupos I y II, el grupo III de 361 MW da cobertura estos días al sistema en las horas en las que hace falta ajustar la producción al consumo. Paco Ramos explica que de las térmicas operativas, esta es la que más sentido tiene que funciones, porque tiene una planta de desnitrificación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), unos contaminantes muy agresivos para la salud. Esta adaptación de 2017 permite a Soto de Ribera operar sin límite de horas anuales.

La cuarta central de carbón operativa en España, Es Murterar (Alcúdia, Mallorca), también está estos días en hibernación y no se ha encendido desde febrero. Es la única que no es de EDP, sino de Endesa, y de sus cuatro grupos originales solo quedan dos abiertos, cada uno de 120 MW. La particularidad de esta instalación es que Baleares tiene una conexión eléctrica limitada con la península, de un solo cable, y el archipiélago necesita la instalación para garantizar la luz en casos de picos de consumo. De esta manera, no está previsto el cierre de Es Murterar hasta 2026, cuando en teoría entrará en funcionamiento un segundo cable entre las islas y la península.

A finales de 2024 también quedaba una quinta planta en operación, La Pereda, en Asturias, propiedad de Hunosa, pero dejó de quemar carbón la última semana del año, y está ahora en proceso de transformación para quemar biomasa. En realidad, no era un grupo térmico de carbón al uso, sino que era una planta de tratamiento de residuos mineros que generaba energía con su combustión.

El problema al que se enfrentan las compañías es que estas centrales son altamente contaminantes y para operar tienen que pagar grandes sumas de dinero en forma de derechos de emisiones, de manera que solo se encienden cuando la demanda de luz es alta y hay poca generación porque las renovables no funcionan. En febrero se produjo la tormenta perfecta, pero en primavera es muy difícil que se den estas condiciones debido al sol, el agua y el viento.

Los datos de Red Eléctrica evidencian que el peso del carbón es ya anecdótico en el mix energético español, especialmente estos días, de abril, y no alcanza el 1% de la generación total. En el último año móvil, de abril de 2024 a abril de 2025, el carbón apenas ha participado en el 1,2% del mix, la cifra más baja de los últimos cuatro años. En este momento hay instalados un total de 2.061 MW de potencia de carbón, —sobre un total de 130.386 MW—, cuando en 2019 eran 10.619 MW.

Los daños en la salud de la contaminación de estas plantas está altamente demostrado por el cóctel de gases que emiten en sus chimeneas. Un informe del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) de 2019 cifra en 1.529 las muertes en España relacionadas con estas centrales entre 2015 y 2016. Otro estudio en Science, publicado a finales de 2023, concluyó que el daño en la salud del carbón era mucho mayor de lo que se pensaba. "Más del doble de lo que pensábamos", escribió Lucas Henneman, profesor de George Manson University, en The Conversation. La razón principal son las emisiones de hollín, en fórmula de micropartículas PM 2.5.

Tras la presentación este miércoles de los mayores aranceles de la historia reciente, la Casa Blanca publicó una lista que pasó desapercibida de artículos que quedarán fuera de los nuevos tributos aduaneros. Se trata de más de 1.000 productos —principalmente materias primas— que Estados Unidos necesita para sostener su industria y evitar una inflación incontenible. Entre ellos están el petróleo, el gas y el carbón, los mayores responsables del calentamiento global. También han incluido elementos clave como productos farmacéuticos, maderas, metales o minerales.

Estas ventas no son solo indispensables para la Administración norteamericana, también para la economía española, y parece que se van a librar del arancel del 20% anunciado para la Unión Europea. Por ejemplo, Donald J. Trump deja fuera de su famosa lista a los combustibles para motores, donde España exportó el año pasado 1.218 millones de euros a Estados Unidos, siendo el cuarto producto más importante entre los que España vende a este país. Sin embargo, ninguna industria del top tres —exportación de maquinaria, aparatos eléctricos y aceite de oliva— ha entrado en estas excepciones, y esos tres sectores supusieron en 2024 más de 5.200 millones en ventas.

Otro sector que podría librarse de los aranceles, al menos parcialmente, es el de los medicamentos. España vendió el año pasado 1.095 millones de euros en productos farmacéuticos a través del Atlántico, y algunos de ellos entran dentro de la lista de excepciones de Trump. En este catálogo se incluyen la penicilina, los antibióticos, las reservas de sangre, las vacunas o las vitaminas, entre otros. También quedan fuera algunos productos químicos que se venden por millones a Estados Unidos, como desinfectantes, plásticos, siliconas o gomas. 

En todo caso, está por ver hasta qué punto estos sectores van a esquivar de los aranceles porque el documento publicado por la Casa Blanca establece un millar de productos con un altísimo nivel de concreción, por lo que no todas las clases de derivados petrolíferos o todos los tipos de medicamentos estárán exentos. Fuentes del sector petrolero reconocían en la tarde del jueves que todavía están analizando las excepciones arancelarias y que no conocen hasta qué punto están incluidos en ellas. "En un primer momento pensábamos que los aranceles nos afectaban, pero ahora parece que nos quedamos fuera. Realmente hay mucha confusión y tenemos que ser prudentes", comentó este analista.

Las compañías petroleras que más se juegan con esta excepción serían Repsol y Moeve (antigua Cepsa), puesto que operan cuatro y dos refinerías en la península, respectivamente. En este sector, España exporta fundamentalmente productos ya refinados, que tienen más alto valor añadido que la venta de crudo, y Estados Unidos es el cuarto mayor comprador de estos combustibles. En cuanto al gas natural, el flujo comercial es el inverso, Estados Unidos es el tercer principal exportador a España, por lo que el sector no se ve afectado por el levantamiento de aranceles. Tampoco el carbón, otra industria española deficitaria.

El miedo de la Administración estadounidense a una subida de los costes de la energía es evidente desde que hace a principios de marzo decidió aplicar un arancel del 25% sobre las importaciones desde Canadá, pero en el caso de los combustibles rebajó las tasas aduaneras al 10%, ya que el 52% de los productos petrolíferos que compra son a este país. Los siguientes mayores vendedores de petróleo y derivados a EE UU son México (10%), Arabia Saudí (7%) e Irak (4%). En todo caso, Estados Unidos produce casi tanto petróleo como consume, y tiene un gran superávit en gas y carbón, por lo que su dependencia energética del exterior es muy limitada.

Los nuevos tributos de las fronteras en Estados Unidos, sumados a las excepciones arancelarias, han provocado el hundimiento del precio del petróleo en los mercados. El barril de referencia en Europa (Brent) cayó este jueves un 7% y el de referencia en Estados Unidos (WTI) se desplomó casi un 8%, hasta situarse en su nivel más bajo desde noviembre de 2021. La razón es que el muro económico que levantó Trump este miércoles desencadenará una recesión global, según los economistas, que reducirá la demanda de combustibles. Al mismo tiempo, los productos energéticos se han quedado fuera de los aranceles, lo que garantiza que no se vayan a encarecer, a diferencia de los alimentos o los coches. Por si fuera poco, este jueves también se reunió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y decidió aumentar drásticamente la producción de crudo, cuatro veces más de lo previsto, lo que aumentará todavía más la sobreoferta global de petróleo, presionando a la baja su precio.

La combinación de todos estos factores ha supuesto un varapalo para las petroleras. Aunque se queden fuera de los aranceles de Trump, una magnífica noticia para su negocio, la bajada del precio del crudo anticipa una caída de los márgenes de beneficio de las energéticas, que irá acompañada de una reducción de las ventas si la economía se desacelera. En consecuencia, Repsol ha caído este jueves un 5,5% en Bolsa, así como sus rivales europeas. La francesa Total se ha dejado un 4,8% y las británicas Shell y BP un 3,6% y un 5,6%, respectivamente.

El país que patentó las centrales eléctricas de carbón y dio comienzo a la revolución industrial será también uno de los primeros en cerrar esta tecnología. Reino Unido apagará definitivamente sus hornos el próximo 31 de septiembre con el cierre de Ratcliffe-on-Soar, la última central de carbón del país. El hito marca un punto de inflexión para la generación térmica en Europa y señala el camino al resto del continente, que todavía es reticente a deshacerse de la hulla para generar energía. España será otro de los países adelantados con el apagón completo de 2025, aunque el carbón ya ha prácticamente desaparecido del sistema energético, mientras que Francia e Italia se demorarán hasta 2027, y Alemania no espera hacerlo antes de 2038.

Aunque todavía pega sus últimos coletazos en España, la hulla apenas representó en 2023 el 1,5% de la generación eléctrica, y en 2024 ha caído todavía más, hasta el 1% en los ocho primeros meses del año. Detrás de esta rebaja se encuentra el cierre de la central de As Pontes en octubre de 2023, que sacó del sistema 1.400 megavatios (MW) de potencia térmica, y hasta entonces era la central de carbón viva más grande de España por mucha diferencia.

Todavía quedan en funcionamiento otras cinco centrales en operación, aunque ya han anunciado su cierre o conversión antes del 31 de diciembre de 2025. Son las asturianas Aboño y Soto de Ribera, Los Barrios (Cádiz), Alcudia (Mallorca) y la pequeña instalación de La Pereda (Asturias). Las tres primeras están operadas por la portuguesa EDP, la mallorquina por Endesa y la última por Hunosa. Entre todas suman una potencia de 2.061 MW sobre una potencia instalada total en España de 127.221 MW, por lo que representan algo menos del 2%.

Además de suponer una mínima parte del parque eléctrico peninsular, solo entran en funcionamiento unas pocas horas al año porque tienen sus horas operativas limitadas y además el combustible es caro y no puede competir con las energías renovables. En 2023, su coeficiente de utilización en la península (la relación entre la producción real y la que habría podido alcanzar si las centrales hubieran funcionado a su potencia nominal durante todo el tiempo que han estado disponibles) fue de apenas el 26,9%, frente al 69,8% de 2022, según Red Eléctrica.

España será de esta manera uno de los primeros países europeos en cerrar su parque de generación por carbón. Hasta ahora lo han hecho países menos dependientes de esta tecnología como Bélgica (2016), Austria (2020), Suecia (2020), Portugal (2021), Eslovaquia (2024) y ahora Reino Unido. El año que viene, teóricamente, entrarán en la lista España e Irlanda, y después Grecia (2026), Francia (2027) e Italia (2027), según los analistas de Beyond Fossil Fuels. Los países del este son los que más dependen de la hulla y la mayoría tiene planes de descarbonización más allá de 2030, con el caso destacado de Alemania (2038). Polonia, el mayor defensor del carbón de los grandes países, todavía no tiene siquiera fijada una fecha, y alrededor del 70% de su electricidad proviene de la quema de hulla.

Las cinco plantas que permanecen abiertas en España ya han solicitado su cierre al Gobierno, y algunas se apagarán de manera inminente. La más importante, Aboño, ubicada en el puerto de Gijón, transformará el grupo 2 de la central (556 MW) para que funcione quemando gas natural a partir del próximo julio, y más adelante hidrógeno, mientras que el grupo 1 (366 MW) se cerrará por completo. En Los Barrios (570 MW) se sustituirán los hornos por electrolizadores para producir hidrógeno a partir de paneles solares en 2026. En Soto de Ribera ya cerraron los grupos 1 y 2 de carbón, y el 3 (361 MW) tiene fechado su cierre el 30 de junio de 2025 y pasará a producir hidrógeno. Es Murterar (Alcúdia) solo mantiene abiertos dos (260 MW) de sus cuatro grupos originales de carbón y cerrarán cuando se instale el segundo cable península-Baleares que garantizará electricidad al archipiélago. Por último, La Pereda (50 MW) adaptará sus hornos para quemar biomasa forestal y generar luz a lo largo del próximo año.

El peso del carbón lleva años cayendo en picado en España desde finales de la década pasada. En 2019 había operativas en España 15 centrales térmicas con una potencia de 10.619 MW, que se han reducido un 80% desde entonces. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, el cierre del carbón ha servido para rebajar un 51% la intensidad en carbono de la generación de luz, entendida como la cantidad de toneladas de CO₂ que se necesitan para producir un megavatio de electricidad. El Gobierno también subraya que el cierre ha sido voluntario por parte de las compañías, y que se debe a que la tecnología ha dejado de ser competitivas "debido a la mayor competitividad de las energías renovables, a los costes de derechos de emisión del mercado europeo de carbono y a las directivas de emisiones industriales de la UE".

Esta transición ha ido acompañada de un acuerdo firmado en 2020 entre el Ministerio de Transición Ecológica, la industria y los sindicatos para encontrar alternativas laborales y acometer inversiones locales para compensar el impacto económico y laboral de los cierres. Entonces, se calculó que el cese de operación de las 15 centrales supondría el despido de 2.740 trabajadores.

Megatendencias Planeta Tierra ISR (Inversión Socialmente Responsable) es el llamativo nombre de un fondo de inversión comercializado por BBVA en España. El reclamo verde al ahorrador es evidente. Sin embargo, en la cartera de empresas del fondo que recibirán financiación, BBVA ha incluido a cinco de las principales compañías mineras del mundo –Antofagasta PLC, Newmont Mining Corporation, Agnico Eagle Mines, Sociedad Química y Minera de Chile e Imerys SA–, a una siderúrgica estadounidense –Steel Dynamics– y a dos fabricantes de vehículos –Deere e Iveco–. También figura en el portfolio la empresa de celulosa Ence, en el centro de la polémica ambiental desde hace décadas en Galicia.

Este producto financiero del BBVA es uno de los fondos regulados por el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE y en los que, en teoría, sólo se pueden incluir inversiones realmente sostenibles; es decir, aquellas que tienen “objetivos explícitos” de sostenibilidad. Pero esa normativa de la UE, vigente desde 2021, no impide a Megatendencias Planeta Tierra financiar algunas de las actividades que más CO2 expulsan a la atmósfera y, por tanto, más perjudican al clima. El sector de la minería emite 670 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, mientras que el del petróleo y el gas, el más contaminante de todos, alcanza los 7.432 millones, según las estadísticas del London Stock Exchange Group (LSEG). Le siguen la siderurgia y el automóvil.

La investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres, revela que 4.342 fondos teóricamente verdes comercializados en Europa invierten 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías. Son cifras referidas al cuarto trimestre de 2023.

El del BBVA es sólo uno más de los múltiples fondos europeos con etiqueta sostenible y corazón contaminante.

De hecho, los fondos verdes españoles invierten 1.434 millones de dólares –1.340 millones de euros– en la muestra de 200 empresas, líderes en la emisión de CO2, que ha seleccionado la investigación de EIC y Voxeurop. Esa cifra aumenta hasta 1.474,6 millones si se les añaden los 208,6 millones de dólares de fondos domiciliados en Luxemburgo y Finlandia, pero gestionados por Banco Santander, Renta 4 o Magallanes, entre otros. Si además se cuentan los fondos extranjeros –de la estadounidense Templeton o la francesa Amundi, por ejemplo– que comercializan en España entidades como Abanca o Abante Asesores, la cifra se dispara hasta casi los 3.750 millones de dólares.

Por sectores, la inversión favorita de los fondos españoles supuestamente verdes es el sector más contaminante, el petróleo y el gas, que recibe 460,5 millones de dólares, un tercio de la financiación total. Le sigue la industria de la moda, con 446,3 millones. El protagonismo de Inditex es clave para entender el tirón del sector textil entre los gestores de activos locales. El tercero es el sector del automóvil, donde los fondos sostenibles españoles colocan 247,2 millones de dólares. El acero consigue 125,7 millones y la industria aeronáutica, 117,7 millones. El carbón aún se lleva 7,3 millones de los fondos sostenibles vendidos en España.

Con la lupa puesta sobre los bancos gestores, en el cuarto trimestre de 2023 el Santander invertía 347,3 millones de dólares en las 200 empresas que más CO2 emiten de la muestra utilizada en esta investigación. Pero Caixabank supera a la primera entidad financiera española, con casi 472 millones colocados en los mayores contaminadores. BBVA se queda en 104,8 millones.

Los sectores donde más dinero supuestamente verde invierten los tres grandes bancos españoles son el del petróleo y gas, y la industria de la moda, responsable del 10% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Caixabank financia con 157,8 millones de dólares a las petroleras más contaminantes. Por ejemplo, coloca casi 40 millones en Shell y 32,8 millones en la francesa TotalEnergies. En Repsol invierte 27 millones. Donde Santander pone más dinero también es en petroleras, 112,6 millones, con Repsol encabezando sus preferencias –40 millones–, seguida de TotalEnergies –25 millones–. BBVA financia con 36,5 millones a la industria textil y con 32,6 millones al petróleo.

Entre las empresas contaminantes que reciben fondos verdes españoles se pueden citar, además, a las automovilísticas Mercedes Benz, con 69 millones de dólares, y Stellantis –Peugeot y Citroën–, con 61,7 millones, pero también a la minera Rio Tinto, con 72,7 millones. Una siderúrgica como ArcelorMittal consigue 55,7 millones de ahorradores españoles y Airbus, 53,2 millones.

En las carteras de inversión de los fondos se pueden encontrar otras grandes sorpresas. Así, el portfolio del fondo Santander Sostenible Renta Fija Ahorro incluye al fabricante italiano de superdeportivos Ferrari y Santander Responsabilidad Solidario, a Harley Davidson.

¿Es sostenible invertir en esas firmas? En 2035, la UE obligará a las empresas del sector a rebajar la media de emisiones de CO2 de los vehículos a 95 gramos por kilómetro en 2035. Un Seat León emite entre 125 y 137 gramos por kilómetro. Pero el Ferrari 488 Spider, uno de los modelos más exitosos de la marca del cavallino rampante, expulsa 260 gramos por kilómetro; otros modelos pueden superar los 300. Una moto 1.200 Costum de la marca de Milwaukee emite 120 gramos por kilómetro, pero una Grand Touring pasa de los 142.

Otro fondo verde vendido por el banco de Ana Patricia Botín, Santander Dividendo Europa, permite invertir en la empresa francesa de armamento Thales, en las petroleras Shell y TotalEnergies, en las mineras Rio Tinto y Anglo American, y en dos tabacaleras, British American Tobacco e Imperial Brands. Y ello pese a que entre las exclusiones citadas expresamente en el anexo de sostenibilidad del folleto donde figuran las características del fondo se encuentran las empresas de armas, los combustibles fósiles y las “inversiones expuestas a controversias severas”.

Todos estos son fondos regulados por el Artículo 8 del SFDR. Es decir, son verde claro. “Un cajón de sastre” donde caben fondos cuyo nivel de sostenibilidad “es incluso discutible”, según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, el bufete Gabeiras & Asociados y Triodos Bank.

Por el contrario, Santander Prosperity es un fondo regulado por el Artículo 9, uno de los productos que se suponen verde oscuro. Sin embargo, en su cartera aparece SLC Agrícola SA, uno de los mayores productores agrícolas brasileños de algodón, soja y maíz, que ha sido denunciado y multado por deforestar a gran escala el Amazonas. De hecho, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego se desprendió en 2017 de sus participaciones en la empresa brasileña por este motivo.

A preguntas de infoLibre, Banco Santander indica que no ha “identificado controversias críticas” ni con Ferrari ni con Harley Davidson, que no pertenecen a sectores excluidos por la estrategia del fondo. Además, destaca que ambas empresas se encuentran “dentro del 60% que mejor desempeño tienen en su sector y área geográfica en materia ASG”.

Sobre la cartera de Santander Dividendo Europa, la exclusión que se ha automipuesto el gestor se limita a las compañías de “armamento controvertido”, no a las de “armamento convencional“, entre las que el banco incluye a Thales. Es decir, sólo descartan las minas antipersonas, las municiones en racimo, las armas químicas o biológicas, las nucleares y la munición que contenga uranio empobrecido, según prescribe la Política de Defensa del Grupo Santander. 

Tampoco se prohíben todos los combustibles fósiles, sólo los conocidos como no convencionales –arenas bituminosas, gases de esquisto, hidratos de metano–, por lo que el banco incorpora a sus portolios a Shell y Total, cuya producción de esas fuentes de gases de efectos invernadero “no supera el umbral fijado”. Ni siquiera queda fuera de la lista la minería del carbón, asegura el banco, y las mineras Rio Tinto y Anglo American tampoco exceden los umbrales determinados para esa actividad.

Por lo que a SLC Agrícola se refiere, Santander justifica su inclusión en la cartera de un fondo verde oscuro remitiéndose al proveedor externo que le evalúa las empresas y que no consideró las multas por deforestación impuestas a la brasileña como una “controversia con el máximo nivel de relevancia”.

Más ejemplos. BBVA Europa Desarrollo, un fondo del Artículo 8, no tiene reparo en incluir en su portfolio a la minera sueca Boliden, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España: la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en pleno parque de Doñana, en 1998. Un caso que, 26 años después, aún tiene que dirimir el Tribunal Supremo.

“Todas las compañías [de las carteras de inversión] cumplen con salvaguardas mínimas, no hacen daño significativo a ningún objetivo sostenible y tienen contribución positiva medioambiental y/o social”, asegura a este periódico el banco presidido por Carlos Torres Vila. No obstante, admite que la “inversión sostenible” –la verde oscuro, la de Megatendencias Planeta Tierra, por ejemplo– también puede abarcar la financiación de “compañías que, siendo en la actualidad altamente intensivas en emisiones de carbono, están definiendo planes para reducir dicho impacto”.

Ese es, en efecto, el argumento al que acuden tanto los gestores de fondos como las empresas para defender estas inversiones: que son necesarias para ayudar a financiar la transición hacia energías más limpias. Ayudan a Ferrari –lanzará en 2025 su primer vehículo eléctrico, que costará más de medio millón de euros– o a Harley Davidson a electrificarse, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones en empresas emisoras de carbono que carecen de objetivos de descarbonización, puesto que no son obligatorios hasta 2025. El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que la Cuota de Transición Climática de su cartera incluye a tres grandes contaminadores: TotalEnergies, la minera Glencore y la energética alemana RWE. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar” al medio ambiente que les impone el SFDR.

Los bancos españoles sólo comercializan cinco fondos del Artículo 9, esos que deberían ser realmente sostenibles. Representan un raquítico 0,4% de los fondos verdes nacionales, sólo suman 4,95 millones de dólares. Además de los de BBVA y Santander antes mencionados, Cajamar vende Trea Cajamar RV Europa Sostenible, que invierte en las petroleras Shell, BP, TotalEnergies y Aker BP ASA, las mineras Glencore y Antofagasta PLC, Airbus, Stellantis…

Y Caixabank cuenta con otros dos: Caixabank SI Impacto 50/100 RV y Caixabank SI Impacto 0/30 RV. Ambos incorporan en sus carteras no sólo a Repsol y a la minera Anglo American, sino también a la empresa pública China Three Gorges Corporation. Se trata de la responsable de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo y probablemente también la más polémica, por el destrozo medioambiental que causó –y sigue causando– en la zona y porque forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas. Además, desde 2020 Three Gorges Corporation se encuentra entre las empresas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército chino.

En otro fondo, aunque del Artículo 8, Caixabank Master RV Emergente Advised By, aparece la india Reliance Industries, la empresa del petróleo y el gas que más financiación recibe de la entidad catalana, 52,5 millones, más incluso que TotalEnergies. Reliance Industries no sólo es la 13ª compañía del mundo que más CO2 emite, según las estadísticas del London Stock Exchange Group, sino que además pesan sobre ella denuncias de corrupción política, fraude, manipulación financiera y explotación de los recursos naturales. En el folleto del fondo, en cambio, se restringe expresamente “la inversión en compañías involucradas en controversias que afectan al ámbito de la sostenibilidad calificadas como muy severas”.

Caixabank responde que apoya a “compañías de sectores más intensivos” en CO2 pero que “cuentan con estrategias de descarbonización”, para conseguir la transición energética. Y justifica sus posiciones en Repsol y Anglo American en el hecho de que son a través de “bonos corporativos verdes, sociales y sostenibles, que incluyen objetivos materiales, verificados externamente por un experto independiente”, y sobre los que se hacen informes de seguimiento.

“Es normal que los inversores estén un poco perdidos”, reconoce Cristina Martínez, Investment Product Manager de Triodos Bank, que se define como “entidad de crédito ética”. Por ese motivo, se declara a favor de una regulación “más exigente” que la actual. “El SFDR es mal usado por muchos de nosotros, porque se ha convertido un sistema de divulgación en un sistema de clasificación de fondos”, lamenta. En una etiqueta que, sin embargo, no garantiza el desempeño en materia de sostenibilidad de una inversión.

Según el informe Desafíos de la inversión sostenible Dark Green, casi el 20% de las empresas del Artículo 9 analizadas tienen “controversias con algún factor ASG [Ambientales, Sociales y de Gobernanza], residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el social y de gobernanza”. De ahí que esas taras puedan “poner en duda la naturaleza sostenible” de los fondos verde oscuro, “sobre todo en lo relativo a su exposición a sectores controvertidos como el tabaco, el alcohol, el juego o el armamento, así como a la minería o el petróleo”, resaltan sus autores.

A juicio de Cristina Martínez, es evidente que hay empresas que no deberían estar en esas carteras. “Algunas tienen un score [puntuación] alto sólo porque han aprobado políticas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que hagan algo en ese ámbito”, advierte. El informe de la Pompeu Fabra también critica que no se pueda verificar que el 100% de los activos financiados por los fondos estén alineados con objetivos de sostenibilidad. Muchas veces, el ahorrador invierte a ciegas.

O confundido. Otro informe, sobre La inversión sostenible y responsable en España, elaborado por Spainsif, una asociación integrada por las principales entidades financieras españolas, y patrocinado por DWS, el mayor gestor de fondos alemán, filial de Deutsche Bank, concluye que el inversor minorista no comprende “de manera suficiente” las cuestiones ASG. Esa es al menos la respuesta que da al menos un tercio de las 60 entidades encuestadas al respecto.

A la confusión contribuyen los métodos utilizados por los bancos y gestores para confeccionar esas carteras supuestamente verdes. Uno de ellos es el best-in-class, por el que se seleccionan las empresas que mejor rinden en términos ambientales, aunque pertenezcan a los sectores más contaminantes. Un sistema, advierte el informe de la Pompeu Fabra, que “arroja dudas sobre el verdadero carácter transformador de las carteras y sobre la calificación de algunos fondos como del Artículo 9”.

También induce a engaño el uso que hacen las empresas de la “intensidad de carbono” como indicador de sus emisiones. Al medirlas no como un volumen bruto sino como las emisiones por cada euro que producen, las empresas pueden reducir el CO2 por cada tienda abierta o por cada coche fabricado, al mismo tiempo que aumentan el total de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera si la producción crece.

Preguntado al respecto el BBVA, que aplica el “uso intensivo de CO2 medio” para confeccionar las carteras de inversión de sus fondos, asegura que se trata de un indicador “alineado con lo establecido en la normativa europea”. Una métrica relativa, añade, permite conocer las emisiones actuales y su evolución histórica, de forma individual y en comparación con las de su sector. Así, sostiene, el banco puede discernir qué empresas tienen un mejor comportamiento. Caixabank también defiende la validez de ese indicador relativo porque, dice, le permitir “discriminar entre aquellas empresas que están avanzando de manera satisfactoria respecto a las que van más rezagadas” . Además, no es el único indicador que emplea.

Una tercera vía de escape para los fondos es el hecho de que en muchos casos se limitan a replicar índices elaborados por agencias de calificación como MSCI. Si la agencia de Morgan Stanley considera, por ejemplo, que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque se ha comprometido a reducir las emisiones en sus plantas petrolíferas, la multinacional francesa aparecerá en los portfolios de todos los fondos que repliquen sus índices. Aunque, al mismo tiempo, TotalEnergies aumente su producción de hidrocarburos.

En sus fondos Triodos Bank no replica índices ajenos, asegura Cristina Martínez, y sólo vende los del Artículo 9, los que deberían ser sostenibles pata negra. Pero su cuota es pequeña, apenas 25 millones de euros en una plataforma que lanzó en España en 2021. Ya sea claro u oscuro, lo verde vende. Desde marzo de 2021, el crecimiento en España de los fondos sostenibles –tanto del Artículo 8 como del 9– ha sido espectacular: han pasado de representar el 9,8% del patrimonio total al 34,9% a finales de marzo de 2023, según el informe de la Pompeu Fabra. Se han más que triplicado en dos años. ¿Quiénes son sus principales clientes? El estudio de Spainsif dice que fondos de pensiones de empleo, organizaciones benéficas y religiosas, y fundaciones, además de ahorradores individuales. Todos ellos creen estar ayudando a detener el calentamiento global pero, en realidad, pueden resultar víctimas de una estrategia global de greenwashing –hay quien lo llama hipocresía verde– de la que son cómplices las grandes empresas y el sector financiero.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Quien piense en Asturias tal vez imagine ese paraíso natural del que tanto se habla: montañas y playas llenas de naturaleza, buena comida... Probablemente también pensará en la lluvia, y con razón. Pero, ¿cuántos verán en ese paisaje las grandes torres de hierro de la minería abandonadas? ¿A cuántas se les vendrán a la cabeza las tasas de suicidio que casi doblan la media nacional? Probablemente, no a tantos. Sin embargo, esta realidad convive con la primera. Es el día a día de sus cuencas mineras: Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.

Las cuencas mineras eran antes uno de los pilares fundamentales de la economía de Asturias. La extracción del carbón, que moldeó en gran medida la identidad y el tejido social de estas comarcas, ahora ha desaparecido casi por completo y ha arrastrando consigo a unos concejos que experimentan desde hace décadas una decadencia que no parece detenerse.

En 2016 cierra uno de los pozos más conocidos y representativos de todo el territorio: El Pozo María Luisa. Situado en Ciaño, Langreo. Llevaba explotándose desde el siglo XIX, primero como pozo de montaña y más tarde como pozo vertical de extracción. Durante su tiempo en funcionamiento empleó a cientos de mineros y se convirtió en un símbolo de la lucha obrera, protagonizando la canción Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros asturianos. El del Pozo María Luisa cerro en 2016 tras 158 años de actividad.

El historiador y profesor de la Universidad de Oviedo Rubén Vega explica que "el declive de la minería del carbón empieza con el Plan de Estabilización de 1959", marcando el inicio de "más de medio siglo de decadencia progresiva". Con la nacionalización de las minas y la creación de Hunosa en 1967, se intentó mantener vivo el sector, pero con solo un pozo aún operativo está claro que estas medidas no fueron suficientes.

El Pozo Fondón, también en Langreo, es ahora la sede del Archivo Histórico de Hunosa. Su historia se remonta a 1868, cuando comenzó su explotación. Fue el primer pozo vertical excavado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF) y el segundo de su tipo en Asturias. El pozo continuó su actividad extractiva hasta agosto de 1995, llegando a tener en su mejor momento una plantilla que rondaba los 700 trabajadores.

La tasa de desempleo en las cuencas mineras es preocupante, superando con creces la tasa nacional, ya que en el primer trimestre de 2024 rondaba el 12,29%, y la propia tasa autonómica, que se situaba en 11,40%, según el INE. San Martín del Rey Aurelio encabeza la lista con un 18,42% de paro, seguido de cerca por Langreo con un 18,36% y Mieres con un 17,36%.

"El cierre de las minas afectó a la dependencia de tener un monocultivo que era la minería, y esa reconversión, aunque vino mucho dinero, no se invirtió bien para poder darle un futuro diferente", lamenta Manuel Reinoso, un antiguo minero de Hunosa. Él trabajó en la empresa 23 años, en los que fue pasando por diferentes pozos, pero todos fueron cerrando. En 2012 se prejubiló "con una de las últimas buenas pensiones", dice. "Las prejubilaciones sirvieron de colchón, pero podrían haberse tomado medidas más contundentes para resolver el cierre de un sector en el que trabajaba la mayor parte de la población", argumenta.

El sistema de prejubilaciones para los mineros fue diseñado para amortiguar el impacto del cierre de las minas. En Asturias, la prejubilación se convirtió en una salida común para muchos mineros que enfrentaban el desempleo. Las prejubilaciones permitieron que los trabajadores mayores de 40 años, y con al menos 20 años de cotización, pudieran retirarse anticipadamente con el 80% de su salario.

A pesar de ser una medida que garantizó cierta estabilidad económica a corto plazo, las prejubilaciones no fueron acompañadas de políticas efectivas de reconversión industrial o de creación de empleo alternativo. "Valieron en su día. En su momento, estoy seguro de que fue una de las soluciones buenas, pero no fue la solución a un cambio de protagonismo de una industria como fue la minera", comenta Reinoso. La falta de inversión en nuevos sectores económicos y la ausencia de una planificación a largo plazo para la regeneración de estas áreas ha resultado en una dependencia continua de subsidios y ayudas, sin ofrecer una solución sostenible. "Al final, la solución pasó por perder los puestos de trabajo y no recuperarlos nunca más", añade. Además, la prejubilación a menudo dejaba a los mineros en una situación de incertidumbre respecto a su futuro, sin un empleo significativo y con una identidad laboral que se había perdido. Aunque las prejubilaciones fueron "un buen instrumento", también subraya que "deberían haber venido acompañadas de otro tipo de medidas. Había que buscar otra cosa que hubiera dado un poco de sentido".

Reinoso señala que la situación actual está agravada no solo por la falta de trabajo en las cuencas, sino también por la necesidad de disponer de medios para trasladarse a Oviedo, Gijón y otras zonas donde sí hay oportunidades laborales. "No somos ya ni una ciudad dormitorio de las grandes ciudades de Asturias", subraya.

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, comienza a perforar a principios del siglo XX, pero la existencia de carbón se conoce desde el siglo XVII, cuando aún era una mina de montaña. Fue declarado bien de interés cultural en 2014, pero ahora es un museo.

"La vida de los jóvenes en las cuencas hoy se asemeja muy poco a la de sus abuelos", asegura Vega. La minería no solo era la principal fuente de ingresos y empleo, sino también un pilar fundamental del movimiento obrero tan arraigado en Asturias. "La capacidad de movilización y acción colectiva", un rasgo distintivo de estas cuencas, "se ha perdido". "La lucha, la memoria de las luchas, está escrita en el ADN de las cuencas" y añade que "esto ahora no es reproducible, se perdieron las bases para ello".

Este cambio cultural ha generado una sensación de "derrota y nostalgia". Vega recuerda que, en el pasado, los mineros tenían un fuerte sentido de comunidad y solidaridad, pero hoy en día muchos jóvenes se sienten desamparados y desconectados de esa herencia. "El presente se vive con pesimismo y una profunda sensación de desamparo", añade. Teniendo esto en cuenta, "lo normal es que los jóvenes se vayan de aquí", añade Reinoso.

La gente, por supuesto, recuerda también las cosas negativas y la dureza del trabajo. “Lo que echan de menos es la solidaridad, la unión, la colectividad”, dice Vega. “Peleábamos más e incluso, si perdíamos, peleábamos", remata.

El Pozo San Enrique o Candín, ubicado en el valle del río Candín, en la parroquia langreana de Vega, empezó a funcionar en 1918 como parte de la Fábrica de Mieres. Este pozo, de importancia histórica, fue perforado y conectado con otros pozos tras su incorporación a Hunosa. Finalmente, cesó su actividad en diciembre de 2012.

Un síntoma preocupante es el aumento de la tasa de suicidios. Langreo tiene una de las tasas de suicidio más elevadas del país, con 14,7 suicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos recogidos por el Ayuntamiento y publicados en La Nueva España. Según el INE en 2022 la tasa en España se situaba en los 8,8 por cada 100,000, en Asturias sube hasta los 12,5.

La concejala de Cuidados, Derechos Sociales y Equidad de Langreo, Maribel Panadero, entiende la gravedad de estos números, pero explica que "el suicidio no es unicausal, son muchas las variables que pueden estar influyendo". Según asegura, la pandemia, por ejemplo, ha empeorado la situación.

El Pozo San Luis, situado en La Nueva, un área de la parroquia de Ciaño, comenzó sus operaciones en 1928, aunque la construcción del pozo no terminaría hasta 1930. En 1969, Hunosa, propietaria del pozo, detuvo la extracción. Desde entonces, el lugar ha sido utilizado para funciones auxiliares y ahora puede visitarse como un museo.

Existe además una preocupación generalizada por la criminalidad, comprensible teniendo en cuenta que en los últimos meses han tenido lugar el homicidio y descuartizamiento de un hombre en La Felguera y un tiroteo en Langreo Centro. En 2023 se reportaron más de 1.200 delitos, un 5,8% más que el año anterior. En Mieres el aumento llegó al 7,7%, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.Delegación de gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional aseguran que esta percepción de “inseguridad que tiene la población no se corresponde con los datos objetivos que se están recogiendo”.

De los más de 50 pozos mineros de carbón que había en Asturias, queda en funcionamiento solamente uno: el Pozo San Nicolas, en el Concejo de Mieres, que también cerrará a finales de este año.

La situación en estos concejos mineros es complicada, pero desde el Ayuntamiento de Langreo ven posible un futuro "esperanzador". "Tenemos un entorno muy privilegiado, y muchas de las políticas que se están desarrollando están orientadas a recuperar espacios que se habían degradado en los años del desarrollo industrial y minero", explica Cases.

Un componente clave de estos esfuerzos es la cesión de terrenos por parte de Hunosa. En Langreo, por ejemplo, la empresa ha cedido 647.000 metros cuadrados de terreno para su transformación en áreas de pastoreo. En Mieres y San Martín del Rey Aurelio, Hunosa también ha facilitado la transferencia de terrenos que anteriormente eran explotaciones mineras para promover su regeneración y reutilización en proyectos de desarrollo local y medioambiental.

Otro proyecto en Langreo es el "Langreo Río", una iniciativa que busca transformar el entorno del río Nalón. El proyecto incluye la creación de áreas verdes, zonas de ocio y deportivas, y la mejora de la accesibilidad al río, con el objetivo de convertir esta área en un eje vertebrador de la vida urbana y un atractivo tanto para los residentes como para los visitantes.

En el ámbito cultural también se están llevando a cabo varios proyectos y actividades. Uno de ellos, el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, que incluye un tren minero que permite a los visitantes experimentar un recorrido subterráneo en una mina real. Es "un referente con el que exportamos al exterior, pero también a los nuestros, la cultura minera y la gastronomía", asegura la concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio y Memoria Democrática, Angelita Cueva. Además, el Museo de la Siderurgia de Asturias, ubicado en la antigua torre de refrigeración de la Fábrica de La Felguera, busca preservar y mostrar la rica historia industrial de la comarca, proporcionando una atracción cultural significativa.

San Martín del Rey Aurelio ha puesto en marcha el Museo de la Memoria, situado en la Casa de los Fernández Miranda en Blimea, que se centra en la preservación de la historia local mediante fotografías, periódicos y entrevistas. Este esfuerzo busca mantener viva la memoria colectiva y atraer tanto a investigadores como a turistas interesados en la historia y cultura de la región. En Laviana, uno de los eventos más importantes es el Descenso Folclórico del Nalón, que ha sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Hay que tener en cuenta que no se volverán a alcanzar los índices de empleabilidad que había con la minería y la siderurgia, pero hoy en día se puede vivir perfectamente", concluye Cases.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

A finales de marzo se realizó la voladura de la enorme chimenea de 200 metros de altura perteneciente a la Central Térmica Litoral de Carboneras, en Almería. Una imagen de impacto que refleja el proceso de transformación total que se está produciendo en aquellas ubicaciones con industrias de carbón.

La termoeléctrica fue construida en 1985 y, al igual que ahora su lenta supresión responde a una necesidad climática, en el pasado se levantó para cubrir las necesidades de incremento de potencia eléctrica debido al desarrollo económico que experimentaba España. La instalación ha llegado a producir durante su vida útil más de 180.000 GWh, es decir, el consumo energético de Andalucía durante cuatro años y medio, convirtiéndose en un referente nacional en el ámbito industrial.

Actualmente la situación es bien distinta. La central andaluza cumple 2 años y 5 meses desde que fue desconectada, situándose en pleno proceso de deconstrucción y funcionando como una semilla para albergar una nueva etapa. Este ejercicio de cambio de mentalidad, se recoge en el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Un proceso de transición energética que hará desaparecer símbolos industriales identitarios, pero permitirá avanzar hacia un objetivo sostenible y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Este protocolo verde, que siguió el recorrido de la UE —después de que esta pusiera fin a las ayudas que recibían las centrales térmicas en funcionamiento por la quema de carbón— se comenzó a trabajar en abril de 2020, después de suscribir el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre. El compromiso recogió la implicación de la Administración General del Estado (Instituto para la Transición Justa, MITECO y Ministerio de Trabajo y Economía Social), las compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, esta última en marzo de 2021) y los sindicatos (CCOO Industria, UGT FICA).

La tarea fundamental del pacto se basa en hacer perdurar el empleo en los territorios para impulsar su dinamización económica e industrial y apoyar así a los trabajadores de las zonas afectadas. El marco de actuación se extendió al cierre de 15 centrales térmicas, ubicadas en Aragón, Andalucía, Balears, Castilla y León, Galicia y Asturias.en total, 2.740 los puestos afectados por los cierres tanto directos como de empresas auxiliares.

Dentro de los contenidos del acuerdo se incluyó la recolocación de trabajadores y la búsqueda de actividades alternativas para las zonas afectadas, tanto por parte de las empresas —mediante proyectos de energías renovables y otras actividades— como del Gobierno —a través del despliegue de instrumentos de ayuda organizados en torno a los Convenios de Transición Justa—, contando con la participación de los sindicatos para facilitar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

La primera etapa dentro del plan es el desmantelamiento. Tras solicitar y obtener la autorización del cierre, las empresas eléctricas tienen que depurar la zona —trasladando, recolocando o prescindiendo de las diferentes infraestructuras— para liberar los terrenos y ponerlos a disposición para otros usos.

Los plazos estimados para el desmantelamiento rondan entre los tres y cuatro años. Desde entonces, las once centrales que se encuentran en esta fase han avanzado. Seis de ellas (Teruel, Anllares, La Robla, Meirama, Velilla y Puente Nuevo) están al 75% o más y otras cuatro (Litoral, Compostilla, Narcea y Lada), en una horquilla entre el 20% y el 44%.

La planta restante es la gallega As Pontes, última gran central registrada en este plan, que acometió su cierre definitivo el 4 de octubre de 2023 y que ha iniciado su desmantelamiento en abril de este año. A diferencia de otras grandes centrales inmersas dentro del Plan Futur-e de Endesa que ya comenzaron su desmantelamiento, como por ejemplo Compostilla en León o Litoral en Almería —situándose en un 45% la primera y en un 20% en la segunda—. 

Una vez puesto en marcha el desarme material de las industrias, a través de concursos internacionales, tanto la Administración como las propias empresas tienen la tarea de localizar proyectos de sustitución para las zonas. Nuevas inversiones alternativas por un valor total de 7.000 millones de euros.

El rastreo de nuevos negocios para los suelos desmantelados presenta variedad de posibilidades y contextos. “En algunos casos, se van a poner instalaciones renovables, aunque en la mayor parte no es posible al encontrarse en zonas muy urbanas o cercadas entre ubicaciones delicadas”, explica Laura Martín Murillo, directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), en declaraciones a infoLibre. “En otros casos se buscarán nuevos proyectos industriales, con base, por supuesto, en unos criterios concretos, de forma que tengan una atracción laboral para el territorio”, continúa.

La representante de la institución explica que también existe la opción, en determinados casos, de que, para “agilizar”, “los proyectos alternativos se puedan establece en otro suelo industrial que esté disponible” y evitar asi la necesidad de esperar al desmantelamiento”. Se refiere a casos como el de Compostilla, en donde las fábricas de reciclaje de palas y de baterías se van a poner en otro suelo industrial mientras continua la labor de desmantelamiento de la antigua central.

Por otra parte, a esta meticulosa exploración se le tienen que añadir líneas de ayuda a los proyectos, ya sea a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), con las ayudas facilitadoras de nuevos emprendimientos energéticos para el desarrollo de medidas de energías renovables, de unos 230 millones de euros; a través del PRTR (Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes), con ayudas para proyectos municipales para financiar el coste de ejecución en inmuebles e infraestructuras, de 91 millones; o incluso del propio ITJ, con ayudas para los proyectos empresariales no energéticos, ya sean generadores de empleo o pequeños emprendimientos, para cubrir los costes de inversión, en ayudas de más de 50 millones.

De forma paralela, los actores implicados deben aproximarse de la forma más resolutiva posible a todos aquellos trabajadores que han sufrido daños colaterales en términos de empleo. La estimación general para las zonas superaría las 3.000 vacantes, para adicionalmente sumar la creación de 18.619 nuevos trabajos en la fase de construcción de las nuevas inversiones, incrementando así el impacto económico para las localidades implicadas.  

No obstante, la directora del ITJ advierte de que “se generaría más empleo en términos globales, pero eso no implica que se genere empleo en cada una de las centrales”, aludiendo a que “a pesar de lograr los objetivos a nivel global, se debe llegar al impacto cero a nivel local”.

Para facilitar y apoyar la reinserción laboral, el ITJ creó una Bolsa de Empleo para la inscripción de los que no tienen trabajo. En la actualidad, hay 606 personas adheridas a ella, lo que supone un 22% del total de las personas afectadas por los cierres.  

Sin embargo, la inclusión tanto de trabajadores directos como de auxiliares establece desequilibrios a la hora de evaluar el estado laboral real de los emplazamientos involucrados. “La recolocación para los trabajadores directos es un mundo completamente diferente al de los auxiliares. Son trabajadores de sus empresas eléctricas y la mayoría de ellos tienen la opción de trasladarse pero seguir vinculados a la misma empresa”, señala Martín Murillo.

Tanto es así que, dentro de la bolsa, más del 50% de los trabajadores pertenecen a subcontratas. Unas cifras cambiantes que dependen, en gran medida, del nivel de eficiencia de las distintas empresas en la maduración de proyectos concretos ligados a nuevas ofertas de trabajo.

“Ha venido muy bien que las empresas estén teniendo que competir. Las obligaciones públicas que aceptaron llevan a que, cuanto mayor es su compromiso, a ellas les irá mejor en términos de reputación”, celebra Martín Murillo.

Dentro de la recolocación laboral, adquiere una gran relevancia la capacitación profesional que reciben los trabajadores. A través de cursos de formación, se trata de adecuar a aquellos individuos enseñando nuevos conocimientos sobre la transición energética limpia para otorgarles la oportunidad de ampliar sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Fue en septiembre de 2022 cuando se llevó a cabo la contratación de un servicio formativo dirigido a la recualificación profesional dentro de los sectores de la Energía, Agua, Seguridad y Medioambiente. Desde entonces, el 100% de los miembros de la bolsa de empleo han recibido, al menos, una oferta de formación.

Estas reuniones didácticas, al igual que con la fase de desmantelamiento e inversiones, alcanzan un mayor o menor recorrido dependiendo de la situación de cada ubicación. En Carboneras, los primeros dos cursos, sobre Gestión de Residuos, dieron comienzo el pasado 19 de marzo, mientras que en Compostilla ya han formado a casi 300 personas. “En función de cada localidad, hemos tenido la necesidad o no de adaptar las formaciones, atendiendo a las demandas técnicas”, apunta Martín Murillo.

No obstante, la transformación formativa de los trabajadores no es muchas veces sencilla. El contexto laboral de la zona lleva a varios de los desempleados a prescindir de una formación verde y encontrar de manera más veloz un nuevo trabajo acondicionado a sus conocimientos base, como ha ocurrido en As Pontes, donde muchos miembros de la bolsa han abandonado los cursos para seguir su propio camino.

El mayor número de estas dispersiones en la planta gallega, en plena aplicación de un Proyecto de Autogeneración (basado en la instalación de 660 MW de eólica, vinculada a proyectos tractores), atiende, por una parte, a la imposibilidad de desarrollar nuevos proyectos en terrenos alternativos y avanzar con celeridad en la creación de empleos, en una espera al desmantelamiento que empuja a los trabajadores parados a movilizarse, conscientes de la urgencia de su situación económica, y por otro lado, a la coyuntura de empleo y desempleo que presenta la zona, que goza, según Laura Martín, de un "índice bastante positivo en comparación con otros emplazamientos".

Otros comportamientos, no obstante, responden a circunstancias más personales. “Hay mucha heterogeneidad, ya que se trata de personas concretas, con años concretos, con proyectos de vida concretos, con experiencias profesionales concretas, por lo que se les debe poner encima de la mesa el mayor número de herramientas para que ellos puedan elegir la mejor dirección a seguir”, aclara la máxima autoridad del ITJ.

A pesar del esfuerzo económico, logístico y de negociación para tener bajo control todos los flecos derivados de este proceso de desafío medioambiental, existen de forma general algunos obstáculos.

Laura Martín habla, en primer lugar, de “dificultades de timing con las centrales más maduras”. “poner en marcha nuevos proyectos lleva tiempo y eso ha repercutido en la falta de anticipación para avanzar en las gestiones de los terrenos”.

La representante del ITJ destaca, por un lado, la dificultad de la “imposibilidad geográfica y social en algunas zonas”, aludiendo por ejemplo a trabas en el transporte en zonas poco comunicadas que retrasan el desmantelamiento, y, por otro, las barreras de la “influencia inevitable del mercado”, en referencia, por ejemplo, a aquellas zonas donde el suelo industrial es abundante y hay una menor demanda por el tipo de terreno, o también en terrenos con poca promoción de negocio donde la anexión de nuevos proyectos es muy compleja.

Aun así, para Jesús Crespo, responsable del sector materias primas y miembro de la Federación Estatal de Industria de CCOO, el mayor peligro e impedimento para la fructificación del acuerdo son los “atrasos por permisos administrativos”.

“Los plazos dictados para los trabajadores eran de máximo cuatro años para el desmantelamiento, dos años para la formación y seis años para la incorporación a nuevas actividades. Si ahora mismo hay parálisis en los proyectos por la desavenencias políticas, pueden caerse los promotores y haber otras muchas consecuencias”, afirma.

Crespo alude a problemas en el trasvase de megavatios renovables en As Pontes debido a la negativa de una juez o también a la preocupación por el cambio político en Castilla y León, o al relevo de alcalde en Carboneras. “Se debe abogar por una Ley de Industria potente, para poder así eliminar las barreras que pueden generar otros con intenciones electoralistas”, advierte como solución.

Para perfeccionar el proceso y apuntalar a una mayor eficacia administrativa en los meses venideros, Martín Murillo afirma que el ITJ “impulsará formaciones más especializadas y que lleven consigo una certificación que pueda llevar a mejores salarios, con el objetivo de aprovechar mejor la oportunidad y potenciar una mayor reconversión para los trabajadores”.

Desde el punto de vista del sindicato, hay que “optimizar la medición del estado situacional del acuerdo” utilizando datos sobre los movimientos poblacionales seis meses antes del inicio del cierre hasta el día de hoy, de población activa, de evolución del PIB o del nivel de producción industrial.

Los actores se volverán a citar en una nueva Comisión de Seguimiento en los próximos meses, en donde debatirán de nuevo sobre el curso de un proceso de metamorfosis que, según la directora del ITJ, “es y será un hito”.

El 21 de noviembre de 2021 terminó –con tres días de retraso– la COP21 de Glasgow, donde por primera vez se cerró un pacto global para la "reducción" del consumo de carbón. India logró en el último minuto que esa palabra sustituyese a "abandono" y descafeinó un acuerdo clave para la lucha contra el cambio climático, ya que ese combustible es el principal responsable histórico del calentamiento global. Dos años después, los datos demuestran que poco importaba el verbo, porque en 2023 el mundo quemará más carbón que nunca antes en su historia. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA), dependiente de la OCDE, ha publicado este viernes que la demanda de carbón de este año será de 8.540 millones de toneladas, 850.000 veces el peso de la Torre Eiffel y un 1,4% más que en 2022, cuando se alcanzó otro récord. La agencia también pronostica que en 2023 la demanda de petróleo será la más alta del histórico, con 101,7 millones de barriles diarios. En cuanto al gas natural –el tercer gran contaminante fósil–, se usarán este año 4.071 millardos de metros cúbicos, la segunda cifra más alta tras 2021. En el caso del petróleo y el gas, se espera que el año que vienen vuelvan a marcar otro récord de consumo. 

La noticia llega solo dos días después de que termine la COP28, donde casi 200 naciones han pactado acabar con los combustibles fósiles de aquí a 2050, pero los pronósticos de la IEA demuestran que hace falta más que tratados políticos para acabar con ellos. La demanda de carbón no ha parado de crecer, por mucho que en las últimas tres conferencias del clima de la ONU se haya adoptado el compromiso de "acelerar los esfuerzos para reducir el uso de carbón". 

"¿Qué podemos esperar de un acuerdo voluntario y sin medidas coercitivas? Pues poco", opina Francisco del Pozo, responsable de Greenpeace de la campaña contra los combustibles fósiles. "Pero es la consecuencia de tener un sistema de votación por unanimidad, que hace que no se puedan aprobar medidas coercitivas", sigue el ingeniero industrial. 

El informe de la IEA recoge que tanto Europa como Estados Unidos han reducido drásticamente su consumo de carbón hasta un 20% respecto a 2022, cuando se quemó masivamente por el encarecimiento del gas natural. También reducen este año la demanda de carbón otras grandes economías como Japón, Canadá o Australia. Pero el crecimiento de su quema en China (un 5%) y en India (8%), así como en Indonesia, Vietnam y Filipinas, es suficiente para compensar la balanza y volver a alcanzar otro récord, ya que estos cinco países representan el 75% del consumo del carbón en el mundo (en 1995 apenas sumaban el 28%). 

Este grupo de países asiáticos son los grandes responsables del uso de carbón, pero no son los únicos culpables. En la Unión Europea, el 16% de la electricidad se sigue generando con este mineral. En Polonia supone todavía el 70% del mix eléctrico y en Alemania el 30%. Al comparar estos datos con lo comprometido este miércoles durante la cumbre del clima de Emiratos, Francisco del Pozo ve una clara incongruencia: "Hay una disonancia cognitiva entre la política climática y lo que realmente estamos quemando". En España, el carbón apenas representa el 1,5% del mix eléctrico y en 2024 se cerrará la última central térmica del país. 

La buena noticia, destacan los técnicos de la IEA, es que en 2023 se alcanzará un pico en el consumo de carbón y que a partir de entonces el interés en este mineral caerá por la instalación masiva de energías renovables, ya que su uso más común es para generar electricidad. Francisco del Pozo lo pone en duda y recuerda que "el pico de carbón es el debate eterno" porque cada año se anuncia su declive, pero nunca llega. 

"En el pasado hemos vivido tres grandes caídas, pero esta vez es diferente", garantiza Keisuke Sadamori, director del departamento de Energía de la IEA. "Ahora vemos que la instalación sostenida de energías limpias hace que la caída del carbón sea estructural", añade durante una rueda de prensa ofrecida este jueves. Sus cálculos solo llegan hasta 2026, "y a partir de entonces, lo que ocurra con el carbón dependerá de si las grandes economías asiáticas siguen construyendo renovables". En cuanto al gas y el petróleo, el esperado pico de su consumo está bastante más alejado. La Agencia Internacional de la Energía cree que para estos dos combustibles llegará alrededor de 2030, al que seguirá una planicie —no una caída– si no se acuerdan medidas más ambiciosas en el futuro.

El primer borrador del acuerdo final de la cumbre del clima de Emiratos Árabes no incluye la "eliminación" de los combustibles fósiles, el compromiso principal que las naciones esperaban lograr durante la COP28. Esta mención sí se recogía en documentos anteriores, pero ha sido retirada cuando apenas quedan 24 horas para el fin de las negociaciones, una noticia que ha sido recibida con decepción por los observadores presentes en la COP. El texto hace ahora referencia ahora a "reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles, de manera justa y ordenada, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas antes de 2050 o en torno a esa fecha, como sugiere la ciencia". 

La cumbre se volvió más áspera este fin de semana después de que la OPEP, el cartel de productores de petróleo de Oriente Medio y África, se posicionase radicalmente en contra de cerrar un acuerdo global para el fin progresivo de la producción de crudo. Arabia Saudí, el país que lidera a este grupo, ha sido señalado en las últimas horas como el principal bache para lograr un acuerdo ambicioso durante la COP28. El borrador publicado este lunes todavía está sujeto a cambios, y antes de que acabe la cita tendrá que contar con el consenso unánime de las 200 naciones presentes en Emiratos. El documento que saldrá de la COP28 es el llamado Global Stocktake, y se trata del primer balance global que se hace del Acuerdo de París firmado durante la COP21. 

Los choques de los últimos días se han traducido en el borrador publicado este martes, que ha salido a la luz horas después de lo previsto y que propone lograr que la generación de energía sea cero emisiones "mucho antes o alrededor de mediados de siglo", un lenguaje sin precisión. Para lograrlo, recomienda hacerlo "mediante el uso de combustibles cero emisiones o de bajas emisiones", una alusión a los carburantes sintéticos que promueven las grandes petroleras y que los ecologistas denuncian como falsas soluciones que perpetúan la contaminación.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido en la tarde del lunes para criticar que el nuevo borrador tiene puntos "inaceptables", y ha dejado claro que Europa no se marchará de Dubái sin pelear. "No hay un mensaje claro sobre el fin de los combustibles fósiles y queda mucho trabajo por hacer". Junto a la vicepresidenta tercera ha hablado ante la prensa Wopke Hoekstra, comisario europeo de Medioambiente, para decir que este desencuentro tendrá que resolverse "mañana, al día siguiente, o en los días que sean necesarios", por lo que abre la puerta a extender el final de la cumbre.

Javier López, eurodiputado socialista, explica a infoLibre que la delegación europea esperaban que el borrador final de la presidencia fuera algo decepcionante, pero no tanto. "El acuerdo ha sido bloqueado por Arabia Saudí y los países productores de petróleo. Aunque son un grupo pequeño, tienen unos intereses económicos gigantescos y una capacidad de influencia brutal", afirma López desde Dubái.

Los únicos dos compromisos ambiciosos que se recogen en el documento provisional son el de triplicar las energías renovables en todo el mundo y duplicar la eficiencia energética de aquí a 2030, y el del "descenso rápido del uso de carbón y la limitación de los nuevos permisos para instalar nuevas centrales de generación eléctrica con carbón". Sultan Al Jaber, el presidente de la COP28 –y directivo de la petrolera nacional de Dubái– dijo este lunes tras la presentación del documento provisional, que espera cerrar la cumbre con "la mayor ambición posible en todos los puntos, incluido en el lenguaje sobre los combustibles fósiles". "Si puedo ayudar, mi puerta todavía está abierta", dijo durante una rueda de prensa, en la que sugirió que todavía hay tiempo para remediar la situación. 

En este tipo de textos que salen de negociaciones entre actores que están en las antípodas ideológicamente, la clave está en los pequeños detalles y en el lenguaje utilizado, y el borrador está plagado de verbos y adjetivos ambiguos promovidos por los petroestados o las grandes economías que dependen de la energía. Por ejemplo, el documento habla de "acabar con los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles lo antes posible", es decir, que no cierra la puerta completamente a las ayudas de estado a los carburantes, solo a aquellas que se puedan considerar ineficientes. El lenguaje de este borrador tampoco obliga a ningún país a cumplir a rajatabla estos compromisos, sino que "llama a las partes firmantes a realizar acciones que podrían incluir" estas medidas. 

Por supuesto, el texto no hace mención a fijar un año en el que alcanzar el pico máximo de emisiones, el primer paso para que después se reduzcan poco a poco. Este lunes, la alianza Beyond Oil and Gas (BOGA), formada por 24 países, entre ellos España, reclamó en Dubái que el borrador previo a la declaración final pactase alcanzar ese pico en 2025. Otro compromiso que por ahora no está por escrito es el de reducir las emisiones de efecto invernadero un 43% en 2030 respecto a 1990, un paso necesario para mantener el calentamiento global en los 1,5 grados, según el panel de expertos de la ONU. Sultan Al Jaber dijo la semana pasada que su meta era alcanzar ese pacto, entre otros, pero de momento ha fracasado. 

Diferentes líderes han reiterado desde que comenzó la cumbre que si no se cerraba un acuerdo para pactar el fin de los combustibles fósiles la COP28 sería un fracaso, y es lo que ahora denuncian los activistas presentes en Emiratos. "El borrador es un insulto a la inteligencia y a los países y las personas que más sufren los impactos del cambio climático y no pueden esperar más", ha declarado este lunes Pedro Zorrilla, representante español en la delegación de Greenpeace. "Entendemos que las 106 naciones que han pedido la eliminación de los combustibles fósiles van a seguir negociando hasta el límite porque este borrador es inaceptable", ha añadido. 

Precisamente este lunes, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha publicado un análisis exprés sobre cómo afectaría al planeta los acuerdos que están prácticamente cerrados en la COP28: triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética, junto con un compromiso que ya ha cerrado la industria del gas y del petróleo de reducir a cero sus emisiones industriales de metano en 2030. La IEA estima que estos acuerdos solo supondrían reducir en 2030 las emisiones globales de efecto invernadero en 4 gigatoneladas de CO2, un 30% de la contaminación que habría que aminorar ese año para cumplir con los 1,5 grados de calentamiento. 

Cerrar un compromiso entre los casi 200 países asistentes para acabar progresivamente con el consumo de petróleo, gas y carbón era la gran meta de la cumbre de Dubái, ya que hasta ahora no se ha cerrado ningún pacto similar en las anteriores citas, y es impepinable para mantener el calentamiento global en límites abarcables para el ser humano. Esto es, con una temperatura superior a la época preindustrial de menos de 2 grados, e idealmente de 1,5 grados, como se acordó en la Cumbre de París de 2015. 

España ha entrado este martes en la organización Beyond Oil and Gas (BOGA), un grupo de 24 países que presiona para cerrar un pacto global para la eliminación total de los combustibles fósiles de "forma ordenada y justa", el debate que está copando la atención estos días durante la COP28 de Dubái. Los miembros de esta organización se comprometen a no dar nuevas licencias —o renovar las caducadas— para la exploración y la extracción de petróleo y gas natural, medida que España ya contempla en su Ley de Cambio Climático desde 2021.

El anuncio se ha presentado durante el sexto día de la cumbre climática de la ONU, la COP28, y desde allí la vicepresidenta Teresa Ribera ha incidido en que abandonar los combustibles ha sido un paso importante para España. "Desde que llegamos al Gobierno hemos intentado aproximarnos a la energía de forma diferente. No tenemos mucho petróleo, pero el carbón era relevante y el gas lo podría haber sido. Ahora todo eso está olvidado y no hay nuevos permisos [para su extracción], ha señalado la ministra de Transición Ecológica.

Como la legislación española ya incluye el compromiso del grupo BOGA, Ribera ha reconocido que la adhesión no supondrá que el Gobierno tenga que adoptar ninguna nueva norma. "Es algo delicado decir esto, pero efectivamente no implica nuevos compromisos. El gran cambio que supone esto es que tenemos que decir alto y claro que el Acuerdo de París no se cumplirá si no nos deshacemos de los combustibles fósiles", ha contestado tras ser preguntada por este asunto.

En realidad, España fue invitado a incorporarse a este grupo hace dos años en la cumbre del clima de Glasgow de 2021, cuando se creó la alianza, pero la propuesta fue rechazada por posibles incompatibilidades de sus compromisos con la Ley de Cambio Climático, que se aprobó ese mismo año, según argumentó entonces el Ministerio de Transición Ecológica.

Junto a España, este martes se han incorporado a la organización Kenia y Samoa, y a ella ya pertenecen países como Francia, Suecia o Portugal. Costa Rica y Dinamarca fueron los creadores del grupo. El objetivo de BOGA es que los productores de combustibles fósiles se comprometan a reducir paulatinamente su actividad, de forma que no quede más remedio que recortar su consumo, aunque es cierto que ninguno de los grandes productores de petróleo y gas natural del mundo forma parte de la organización. Sí es destacable el caso de Dinamarca, que cuando tomó la decisión de liderar esta coalición era el mayor productor de petróleo de la Unión Europea.

Otra de las metas de BOGA es apoyar a los países en desarrollo a reducir su dependencia económica de exportación de gas y petróleo, como ocurre en muchos países de África o Sudamérica. Por ahora, cuenta con un fondo de 10 millones de dólares creado aportado por organizaciones filantrópicas, y este martes ha anunciado que el primer millón de ayuda irá destinado a Kenia y Colombia. 

Los activistas y observadores internacionales que han acudido a la cumbre del clima de la ONU en Emiratos se han visto sobrepasados un año más por la presión de los empresarios del petróleo, el gas y el carbón. El número de lobistas presentes en la COP28 asciende este año a al menos 2.456, una cifra récord y casi cuatro veces superior a la de la COP27 (636), que era el máximo hasta ahora. El conteo ha sido elaborado por la coalición Kick Big Polluters Out (Fuera Combustibles Fósiles) a través de las listas oficiales de asistentes. Hay incluso más lobistas que delegados de cualquier nación, salvo comparados con los representantes de Brasil (2.456) y Emiratos Árabes (4.409). En general, también se han disparado los asistentes totales: este año habrá casi 100.000 participantes, frente a los 40.000 de la COP27.

Aunque ese conteo no está desagregado por países, infoLibre ha identificado al menos a 43 representantes de empresas energéticas españolas en la lista de asistentes de la COP28, de compañías como Acciona, Cepsa o Naturgy. Aunque estas empresas tienen una parte de su negocio en las energías renovables, las organizaciones civiles insisten en que en esta cumbre no debería haber espacio para ellas, ya que son responsables históricos de la contaminación global e incluso todavía hoy defienden soluciones que son un parche a la descarbonización, como la fabricación de combustibles sintéticos o la captura de CO₂ del aire. Iberdrola lidera la lista con 10 participantes, seguida de Acciona (7), Naturgy (6), Cepsa (6), Red Eléctrica (4), Repsol (1), EDP (1) y Endesa (1).

También están presentes miembros de la Asociación Española del Gas (3), de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (2) y del Club Español de la Energía (1). Además, hay asistentes españoles de otras grandes empresas responsables de las emisiones globales, pero ajenas al mundo de la energía. Por ejemplo, el Banco Santander (3 representantes), Inditex (3) o Ferrovial (2).

Las organizaciones civiles denuncian que la presión de las compañías energéticas en una cumbre climática es inadmisible, como llevan criticando desde hace años, pero llega ya a un punto donde es completamente insostenible. "¿Realmente alguien cree que Shell o Chevron o ExxonMobil [tres de las mayores petroleras occidentales] están enviando grupos de presión para observar pasivamente estas conversaciones? Ellos son la razón de que la COP28 esté sumergido en una niebla de negacionismo climático que nos impide avanzar", señala Alexia Leclercq, cofundadora de Start:Empowerment, una organización que promueve la justicia climática. 

Los autores del informe señalan que muchos de estos empresarios han acudido a la cumbre gracias a grupos comerciales o empresariales, que son equipos de trabajo camuflados con nombres que dificultan su identificación, como la Asociación de Comerciantes de Derechos de Emisiones (IETA), un grupo suizo que ha llevado a la COP28 a 116 personas, incluyendo a trabajadores de las petroleras Shell, TotalEnergies y Equinor. Los lobistas españoles han acudido principalmente a través del equipo de la CEOE, de la Asociación Española para la Economía Energética, de la Asociación de Empresas de Energía Eléctricay del Grupo Español de Crecimiento Verde.

"La COP28 está siendo utilizada por los grandes contaminadores como una oportunidad para impulsar una agenda impulsada por los combustibles fósiles a expensas de las comunidades afectadas de primera mano por el cambio climático", afirman desde Kick Big Polluters Out. "Prueba de ello es que se permite la entrada a siete veces más de portavoces de los combustibles fósiles que representantes indígenas oficiales (316)". 

La investigación solo incluye los lobistas relacionados con los combustibles fósiles, pero hay cientos de participantes más que trabajan para sectores muy contaminantes, como el transporte, la agricultura intensiva o el acero, que no están incluidos en el análisis. Los propios autores también consideran que el conteo es conservador porque solo han incluido a aquellos empresarios que directamente se han identificado ante los organizadores como empleados de empresas fósiles, pero creen que habrá otros tantos afiliados que se han acreditado a través de otras empresas u organizaciones para pasar desapercibidos. A diferencia de años atrás, en esta ocasión los asistentes a la COP28 estaban obligados a revelar a qué compañía representaban, lo que ha puesto al descubierto a muchos grupos de presión que probablemente han asistido de incógnito a anteriores cumbres del clima.

Las emisiones de efecto invernadero volverán a crecer un año más pese a las advertencias de la ciencia. Se estima que en 2023 se expulsarán en total a la atmósfera 36.800 millones de toneladas de CO₂ (36,8 gigatoneladas) por el uso de combustibles, un 1,1% más que en 2022 y un nuevo récord, según los cálculos de Global Carbon Project, un prestigioso equipo científico internacional. La noticia se ha conocido durante la COP28, la cumbre climática más importante del año, en la que 200 naciones discuten si pactar o no un calendario para reducir y acabar con los combustibles fósiles. La respuesta la da este martes el informe de Global Carbon Project: en 2023 cerecerán las emisiones de petróleo, gas y carbón, y están más vivos que nunca. 

El equipo de expertos calcula que a este ritmo el planeta alcanzará en solo siete años un calentamiento estable de 1,5 °C frente a la temperatura que tenía la Tierra en la época preindustrial (1850-1900). Esa cifra se considera como el punto de inflexión a partir del cual los impactos del cambio climático complican drásticamente la vida humana, y se alcanzará mucho antes de lo previsto en el pasado. "Parece inevitable que superemos el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París, y los líderes reunidos en la COP28 tendrán que acordar rápidos recortes de las emisiones de combustibles fósiles incluso para mantener vivo el objetivo de 2 °C", señala Pierre Friedlingstein, director del estudio e investigador de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Las estimaciones del informe se han hecho con datos tomados entre enero y octubre de 2023, a los que se ha añadido previsiones para los últimos tres meses del año. 

El análisis tiene algunas buenas noticias, como que 26 países del mundo reducirán este año su contaminación fósil, como Estados Unidos (-3%) y el bloque de la Unión Europea (-7,4%). Sin embargo, el crecimiento desorbitado de las emisiones de China (+4%) e India (+8,7%) descompensará la balanza. Otro punto positivo es que aunque aumente la polución fósil, las emisiones globales del planeta –las fósiles combinadas con las producidas por el uso de la tierra y la naturaleza– seguirán estancadas, como ocurre desde hace una década, gracias a la reducción de la deforestación. Las emisiones totales de la Tierra en 2023 serán 40,9 gigatoneladas en 2023, según las previsiones, y 90% estarán relacionadas con la quema de combustibles. 

El calentamiento de la superficie del planeta se produce por el efecto invernadero de las partículas de carbono y otros gases que se emiten a la atmósfera y que impiden que la radiación solar abandone la Tierra tras rebotar en la superficie. Según ha publicado este martes Global Carbon Project, la concentración atmosférica de CO₂ alcanzará este año las 419,3 partes por millón, un 51% más de la que había en la época preindustrial. Los expertos recuerdan que aproximadamente la mitad del carbono que emiten los humanos es absorbido por sumideros naturales (los bosques y los océanos, principalmente), pero les preocupa que el aumento de la temperatura global reduzca la capacidad de las plantas y el agua para absorber el carbono, lo que aumentaría drásticamente la velocidad del cambio climático. 

"Lo más importante es que por ahora no vemos cambios importantes en sumideros naturales. Tenemos miedo de que a futuro sean menos eficientes, y sabemos con certeza que eso cambiará en las próximas décadas", señaló la semana pasada Pep Canadell, director ejecutivo del Global Carbon Project, durante una rueda de prensa ofrecida por Science Media Center. 

Por sectores, las emisiones por quema de carbón aumentarán en 2023 un 1,1% y representarán el 41% del total de la contaminación fósil, según las proyecciones. Este combustible está muy denostado y prácticamente desaparecido ya en España, pero aún resiste con fuerza en países en desarrollo y es el principal foco de la contaminación global. Las emisiones del petróleo crecerán también este año un 1,5% y representarán el 32% del total, mientras que las relacionadas con el gas natural crecerán un 0,5% y supondrán el 21% del total. La recuperación total de la movilidad tras la pandemia disparará la contaminación del sector aéreo un 22% en 2023. 

Los autores también desatacan el aumento de las emisiones de CO₂ debido a los megaincendios ocurridos este año, que han expulsado hasta ahora entre 7 y 8 gigatoneladas de carbono a la atmósfera, un 33% más que la media de la última década, ya que los fuegos de Canadá ocurridos este verano no tienen precedentes. En total, la quema de bosques supondrá alrededor del 18% de las emisiones globales del año, solo contando los incendios ocurridos entre enero y octubre.

A raíz de la cumbre del clima que se celebra estos días en Emiratos Árabes, durante estos días se ha concentrado la publicación de informes relacionados con el cambio climático. Este martes también se ha publicado un análisis de la organización Climate Action Tracker, que evalúa los planes nacionales de más de 70 países para reducir sus emisiones de efecto invernadero, y denuncia que en los últimos dos años no ha habido avances sustanciales pese a la urgencia de la situación. 

"Las previsiones de calentamiento climático se mantienen casi invariables durante dos años mientras los gobiernos promueven falsas soluciones en lugar de medidas efectivas", desatacan los científicos de este grupo. Según los compromisos para 2030 de los países analizados por Climate Action Tracker, el mundo se calentará 2,5 grados, 0,1 grados más de lo que preveían en 2021. Es decir, que los principales emisores del planeta no han aprobado nuevas leyes ambiciosas desde entonces. "Dos años después de la COP de Glasgow, nuestro informe es prácticamente el mismo. Se podría pensar que los sucesos extremos que se han producido en todo el mundo han desencadenado la adopción de medidas, pero los gobiernos parecen ajenos a la situación", critica Claire Stockwell, directora del informe y académica de la organización Climate Analytics. 

El presidente de la cumbre del clima organizada por la ONU ha salido este lunes a la defensiva para culpar a los medios de mostrar siempre la cara negativa de Emiratos Árabes, el país que organiza este año la COP28. Sultan Al Jaber —también CEO de la petrolera nacional emiratí ADNOC— afirma que sus palabras fueron "malinterpretadas" cuando dijo que "no hay ciencia" que demuestre que es necesario acabar con el consumo de gas, petróleo y carbón para limitar el calentamiento global en 1,5 grados, como advierten desde hace años las principales instituciones científicas, entre ellas la ONU.

Esa afirmación la hizo Al Jaber duarante un evento online celebrado el 21 de noviembre con la fundación Elders sobre el cambio climático y las mujeres, donde tuvo una acalorada conversación con Mary Robinson, directora de ese grupo y ex enviada especial de Naciones Unidas para el cambio climático. The Guardian tuvo acceso a la grabación y la publicó este domingo, en la cuarta jornada de la cumbre del clima, y generó un terremoto en Dubái, la sede de la COP28. 

Este lunes, Al Jaber explicó ante la prensa que "se interpretó erróneamente" su comentario y que siempre ha estado comprometido con la evidencia científica. "Soy ingeniero y la ciencia es mi pasión y convicción. La ciencia dice que tenemos que tener cero emisiones en 2050 y un 43% menos [frente a 1990] en 2030. He sido muy claro en que la estrella polar que me guía siempre será mantener el calentamiento global en los 1,5 grados", apuntó el magnate petrolero. Añadió que "la reducción progresiva y la eliminación de los combustibles fósiles es esencial; tiene que ser ordenada, justa, equitativa y responsable". 

El director del IPCC, el panel de expertos de la ONU en cambio climático, Jim Skea, estuvo presente en la comparecencia de este lunes para reivindicar el trabajo de Al Jaber. "Durante estos días hemos conversado y puedo decir que siempre ha sido en términos científicos", defendió el británico. 

El líder de la COP28 también volvió a decir que la suya será "la primera presidencia de la COP en introducir un lenguaje sobre los combustibles fósiles" en la declaración final de la cumbre. En la jerga de este evento, significa que de alguna manera espera acordar una fecha para eliminar los combustibles fósiles o reducir su consumo, pero hasta que no se hable de cifras y años concretos, los activistas que han acudido a la cumbre se muestran escépticos. 

"Si el presidente de la COP28 se guía por la ciencia y 1,5 grados sigue siendo su estrella polar, debe sacar las conclusiones correctas: nada que no sea una eliminación total y rápida de los combustibles fósiles nos llevará hasta ahí", señaló este lunes Romain Ioualalen, de la ONG Oil Change International. 

Al Jaber aprovechó la rueda de prensa del lunes para recriminar a los periodistas que desde que comenzó la cumbre en Emiratos ningún medio ha resaltado su trabajo y sus palabras a favor de frenar el cambio climático. "¿Por qué no se menciona esto? Sin embargo, unas palabras que se recogen fuera de contexto tienen la máxima cobertura mediática", dijo en referencia a la publicación de The Guardian. 

En el vídeo que salió a la luz el domingo, el magnate emiratí discute con Mary Robinson, también expresidenta de Irlanda, sobre el papel de los petroestados en la lucha contra el cambio climático, y ella le recrimina que la petrolera dubaití ADNOC tiene presupuestados miles de millones de dólares para explorar nuevos pozos petrolíferos y de gas, lo que enfadó al presidente de la COP28. "Yo estoy a cargo [de ADNOC y te digo que eso es falso. Escribís una mentira [en los medios occidentales] y os la creéis”, dijo. A continuación, Al Jaber matizó que el dato erróneo es que "no va a duplicar" la extracción de combustibles, pero no negó que su compañía vaya a invertir en aumentar su capacidad para producirlos. 

La ONG Global Witness publicó este sábado que "se espera que ADNOC realice uno de los aumentos de producción más agresivos de todos los operadores petrolíferos de aquí a 2030", según previsiones de la consultora Rystad Energy. Hasta el punto de que entre 2023 y 2050 será la segunda mayor petrolera del mundo, por detrás de Saudi Aramco, la compañía nacional saudí. 

Durante la charla con Robinson, el presidente de la COP28 dijo que "no hay que señalar con el dedo" a las compañías de petróleo y gas porque "eso no ayudará a resolver el problema climático". También apuntó que está a favor de abordar la reducción de la quema de gas y petróleo en el mundo, pero garantizando siempre el progreso socioeconómico. "A menos que quieras devolver el mundo a las cavernas", acusó a Robinson. 

Bruselas trata de salir ilesa de la cumbre del clima para mantener su imagen de líder global en la carrera hacia la descarbonización, pero al mismo tiempo lucha en casa con una crisis energética que se espera que dure al menos tres años más. Este conflicto ha quedado patente este martes cuando la Comisión Europea ha anunciado en la COP27 que aumentará sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 del 55% al 57%, un anuncio descafeinado contra el que han cargado inmediatamente los ecologistas: "La emergencia climática en la que estamos no merece migajas de la UE", ha declarado Chiara Martinelli, directora de Climate Action Network, una alianza de más de 1.800 organizaciones medioambientales. 

El mensaje de Bruselas era uno de los más esperados de la cumbre en un momento en que las negociaciones no llegan a puerto, y un anuncio a la altura del momento por parte del Viejo Continente habría servido para impulsar las negociaciones. Tanto en la creación de un mecanismo global para reparar las pérdidas y daños del cambio climático, uno de los pilares de cumbre de Egipto, como para lograr que los 198 participantes aumenten estos días sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050.

Sin embargo, los representantes europeos señalaron este martes que la crisis energética actual obliga a sustituir el gas natural que llega de Rusia por otras fuentes de generación eléctrica como el carbón y el gas natural licuado durante los próximos tres años, según ha dicho Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, lo que choca los objetivos de reducción de emisiones.

"Nos hemos deshecho del gas ruso con un enorme esfuerzo, pero tenemos que asegurarnos de que los hogares y los negocios sobrevivan los próximos años porque para depender solo de las renovables necesitamos tiempo", ha declarado el negociador.

Bruselas cuenta con que la cumbre del clima de la ONU espera una gran aportación europea, y así lo han recalcado durante los últimos días los países en desarrollo y las organizaciones civiles que supervisan la cita. Los ecologistas han pedido seriedad al bloque y que aumente su objetivo de reducción de emisiones hasta el 65% para 2030 respecto a 1990, la cuota necesaria para que el mundo no se caliente más de 1,5 grados.

Pero la Comisión también debe lidiar con el malestar de los ciudadanos europeos, que sufren este año una subida de precios sin precedente por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Y deshacerse rápidamente de la generación fósil podría impulsar la inflación por la inseguridad energética que generaría a corto plazo. 

La dicotomía a la que se enfrenta Bruselas también se materializa en las negociaciones sobre la creación del llamado mecanismo de pérdidas y daños, el debate protagonista de esta cumbre. Los países más vulnerables a los desastres naturales piden la creación de un sistema de financiación en el que los países ricos aporten dinero de manera regular para reparar los daños de inundaciones, sequías y huracanes, pero tras nueve días de discusión todavía no hay consenso. 

El Parlamento Europeo asegura que lograr un acuerdo sobre este instrumento es una de sus prioridades y la Comisión también ha dicho este martes que quiere que se materialice lo antes posible, pero los observadores de las negociaciones muestran una imagen diferente. Este lunes los ecologistas acusaban a Francia de bloquear el debate y a Alemania de no comprometerse lo suficiente. Un día después, la ministra sueca de medioambiente dijo que "no cree" que sea necesaria la creación de este mecanismo.

"Es uno de los temas más sensibles y políticamente complejos", reconoció este martes Teresa Ribera. La ministra española de Transición Ecológica dejó caer que la falta de entendimiento radica en el volumen de ayuda que habrá que dirigir a los países en desarrollo. "Algunos países reclaman compensaciones por los daños históricos, mientras que otros pensamos que es importante centrarse en las soluciones". 

Marian Jurečka, ministro de medioambiente de República Checa, el país que preside en rotación el Consejo Europeo, también mencionó que desacuerdo está en la cifra que habrá que movilizar para poner a funcionar el mecanismo: "Queremos ayudar a los países en desarrollo, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a una inflación energética en Europa y tenemos que financiar medidas para frenarla". 

La banca no está midiendo bien el riesgo a la hora de dar créditos o invertir en las empresas de combustibles fósiles. Es la conclusión que se desprende de un informe de la organización Finance Watch, que ha estudiado los activos de 60 bancos de todo el mundo, incluyendo los tres españoles más grandes. En total, son 1,35 billones de dólares invertidos en este sector. “Esta enorme suma es superior a la cantidad de activos subprime que poseían los bancos justo antes de la crisis financiera mundial”, alerta el informe. Este símil subraya el riesgo existente en la exposición que tiene el sistema bancario al sector de los combustibles fósiles, aunque debe partirse de la base que las hipotecas subprime suponían un riesgo incomparablemente mayor. 

De esos 1,35 billones, 30.200 millones de euros provienen de los tres principales bancos españoles: Santander, BBVA y Caixabank. El estudio señala que esto supone un 1,12% de los activos totales de estos tres grandes bancos, una cifra que está por encima de la media de los bancos europeos (1,05%), pero por debajo de los bancos de todo el mundo (1,47%). El estudio considera que, pese a esta baja proporción, los bancos españoles (así como los del resto del continente y del mundo), necesitan tener reservado capital líquido para respaldar estas inversiones, por los posibles riesgos asociados. Para ello, el informe concluye que cada banco español debería recaudar un capital medio adicional de 1.400 millones de euros. 

Hay dos tipos de riesgo a los que se enfrentan todas las empresas que estas entidades, o bien financian, o bien invierten en ellas. Por un lado, los eventos físicos derivados del cambio climático (huracanes, desertización, inundaciones, olas de calor, etc). Por otro lado, el riesgo de no gestionar de manera adecuada la transformación hacia una economía baja en emisiones. Esto implica tanto cambios tecnológicos, como de reputación o incluso de mercado, si los inversores detectan que estas empresas dejarán de ser rentables y destinan su capital hacia otros sectores. Por estos motivos, el informe concluye que la exposición no solo a empresas que extraen combustibles fósiles, sino también a las que se alimentan energéticamente de estos, “amenazará la solvencia y la estabilidad financiera de los bancos conforme los riesgos relativos al clima vayan materializándose”. 

Los bancos, de momento, no conciben este riesgo. El Banco Central Europeo, en su misión de supervisión del sector financiero de la zona euro, ha desarrollado una política de vigilancia de cómo el cambio climático podría afectar a las entidades. En julio, el organismo emitió un informe que concluyó que los bancos no incluyen los riesgos climáticos en sus test de estrés y que además carecen de una base de datos relevante: “Los bancos de la zona euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas que hay en los datos y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector”, sostuvo Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión.

También la Comisión Europea, en junio, emitió un informe en el que subrayaba su preocupación por la “falta de información” sobre la presencia de los combustibles fósiles en los balances de los bancos. También criticó que las entidades “no cumplan las expectativas” a la hora de fomentar la disciplina del mercado, para ayudar a las autoridades a monitorear y mitigar los riesgos: “Hay una primera evidencia de que los compromisos voluntarios pueden no ser suficientes para detener las habladurías baratas sobre el clima”. La Comisión Europea también critica que los bancos no han reducido la financiación en las empresas de combustibles fósiles desde los Acuerdos de París, en 2015.

Esto queda patente en un informe, avalado por 505 organizaciones ambientalistas de 51 países. Titulado Apostando por el caos climático (en inglés), la investigación señala que los 60 mayores bancos del mundo invirtieron 4,5 billones de dólares en combustibles fósiles entre 2016 y 2021. El banco que con diferencia derivo más financiación hacia estas empresas energéticas fue el banco J. P. Morgan, que destinó 382.000 millones en ese período de tiempo. En el ranking de las 60 entidades, el Banco Santander ocupa la posición 32 (42.900 millones de euros); BBVA, la 42 (26.200 millones) y Caixabank, la 56 (5.400 millones).  

En el encuentro climático de la COP 27, la ONU ha revelado las conclusiones del informe que se encargó en el anterior encuentro de Glasgow sobre “la confusión y la poca credibilidad” sobre el cumplimiento de objetivos climáticos por parte de las empresas. Las conclusiones del mismo son demoledoras: “tolerancia cero” a las empresas que hacen greenwashing (lavado verde, en inglés). 

Este concepto se refiere a las compañías que utilizan un discurso en línea con los objetivos climáticos, aunque luego en la práctica, su actividad empresarial resulte perjudicial para su cumplimiento. “Usar promesas falsas de “emisiones cero” para encubrir la expansión masiva de combustibles fósiles es censurable. Es un engaño significativo. Este encubrimiento tóxico podría empujar nuestro mundo al precipicio climático”, sentencia el informe.

En este sentido, los principales bancos se han declarado “neutros” en cuanto a sus propias emisiones directas. No obstante, mantienen un río crediticio o inversor multimillonario hacia no solo empresas que extraen petróleo, gas y carbón, sino a empresas que, sin ser energéticas, se abastecen de estas fuentes de energía altamente contaminantes. 

Estas entidades sí han asumido objetivos climáticos a largo plazo. BBVA ha adquirido tres compromisos de cara a las próximas décadas: dejar de financiar actividades relacionadas con el carbón en 2030, en combustibles fósiles en general en 2040 y ser neutro en emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Banco Santander también ha manifestado su objetivo de eliminar su exposición a la minería de carbón térmico en 2030, así como a aquellas empresas que dependan energéticamente más de un 10% del carbón. 

Los tres bancos se han unido en los últimos dos años a la Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria Financiera, una organización que promueve el cumplimiento de los objetivos climáticos de los acuerdos de París. De las 329 entidades adheridas, hay cinco españolas: el Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell e Ibercaja.

Las emisiones de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles marcarán récord en 2022 y se espera que vuelvan a aumentar el próximo año, una situación que acelera el calentamiento global y complica el trabajo necesario para su reversión. La única solución para mantener la temperatura global en unos límites manejables es reducir a cero las emisiones, y para ello habría que reducir cada año la expulsión de 1,4 gigatoneladas de CO₂ a la atmósfera, según una previsión publicada este viernes por Global Carbon Project, una cantidad equivalente a lo que el mundo evitó contaminar en 2020 con el parón del covid-19. 

"Para lograrlo necesitaríamos llevar a cabo anualmente las mismas acciones que hacemos cuando estamos en una gran crisis, como la gran recesión, la pandemia o un desastre natural", resume Pep Canadell, director ejecutivo del Global Carbon Project, durante un encuentro con la prensa organizado por Science Media Centre.

Un escenario de este calibre supondría una paralización total de forma temporal del transporte de personas y el cierre de la industria y las oficinas, lo que evidencia que la humanidad se encuentra en las antípodas de cumplir su objetivo de no calentar la Tierra más de 1,5 grados frente a la etapa preindustrial, como se fijó en el objetivo idílico del Acuerdo de París de 2015. 

Canadell descarta tajantemente que se logre ese objetivo de los 1,5 grados, porque la temperatura media terrestre ha aumentado ya 1,14 grados respecto al periodo 1850-1900. De hecho, el informe de Carbon Project calcula que en este momento hay un 50% de probabilidades de que la superficie se caliente 1,5 grados en solo nueve años si contaminamos al mismo ritmo de 2022, algo que el experto ve muy factible. 

"Es muy posible que cuando lleguemos al pico de emisiones no sea para bajar, sino que nos quedemos ahí durante varios años", afirma. Si esa llanura se extiende en el tiempo, los autores calculan que la temperatura será 1,7 grados superior en 2040 y el desfase alcanzará los 2 grados a mitad de siglo.  

El informe ha sido elaborado por más de un centenar de científicos de 80 instituciones y se ha presentado durante la cumbre del clima de Egipto para dar contexto a los políticos de los nulos resultados que han logrado las conferencias anteriores. Sin embargo, algunos de sus protagonistas no están presentes en la COP 27, como China o India. 

El mundo emitirá este año 40,6 gigatoneladas de CO₂ a la atmósfera, de las que 36,6 gigatoneladas provendrán de las emisiones de combustibles fósiles, un 1% más que el año pasado, debido al aumento de la quema de carbón —que se espera que alcance un récord por primera vez desde 2014— para compensar la caída de consumo de gas por las sanciones a Rusia. También se ha reducido las emisiones por generación de cemento, una de las industrias más dañinas del mundo, debido al fenazo económico de China, pero se ha compensado con la reactivación de la aviación y el fuerte aumento de la quema de queroseno. 

"Nuestros resultados revelan turbulencias en los patrones de emisiones de este año como consecuencia de la pandemia y la crisis energética. Estamos en un punto de inflexión y no debemos permitir que los acontecimientos nos distraigan de la necesidad urgente de reducir nuestras emisiones para estabilizar el clima mundial y reducir los riesgos en cascada", afirma Corinne Le Quéré, profesora en la Universidad de East Anglia. 

La guerra de Ucrania ha afectado principalmente a la Unión Europea, donde el consumo de energía en la industria se ha desplomado con fuerza debido al encarecimiento de la luz y el gas, lo que provocado que las emisiones de CO₂ de los 27 países se hayan reducido este año un 0,8%, según los autores del informe, que han utilizado datos recopilados hasta principios de noviembre y han simulado los de los últimos dos meses del año. China también ha menguado su expulsión de gases de efecto invernadero en un 0,9% debido a su política cero-covid, que ha mantenido confinamientos en diferentes partes del país durante los últimos diez meses. 

Todo ello no ha servido para compensar la contaminación extraordinaria del resto del mundo en 2022. Estados Unidos ha aumentado sus emisiones un 1,5% según las previsiones presentadas este viernes, mientras que la India ha registrado un crecimiento astronómico del 6% interanual, el mayor aumento en dos décadas, según Pep Canadell. 

De cara al próximo año, el director de Global Carbon Project adelanta que la expulsión de dióxido de carbono repuntará de nuevo, aunque de una manera más suave. "Se espera que las emisiones crezcan menos que este año debido a la ralentización de la economía, seguramente aumenten un 0,5% o menos en comparación con 2022", afirma. El experto vaticina que China será el que arrastre al resto del mundo el año que viene, ya que probablemente se recuperará por completo de los daños del covid. 

Una de las particularidades de este estudio es que no solo contempla quiénes contaminan y cuánto lo hacen, sino que analiza los llamados sumideros naturales, los recursos naturales que son capaces de absorber buena parte del CO₂ que tiene la atmósfera. El agua y las plantas han capturado en la última década el 53% del dióxido de carbono y son indispensables para ralentizar el cambio climático, pero a medida que el planeta se calienta su capacidad de atrapar este gas se desploma. 

"Las altas temperaturas dificultan la disolución del CO₂ en el agua y la vegetación del trópico ya funciona al máximo de su capacidad, por lo que calculamos que la eficiencia de los océanos es un 4% más baja y la de los sumideros terrestres un 17%", explica Canadell. A medida que el calentamiento global se agudice, estas depuradoras de aire naturales seguirán perdiendo capacidad para absorber el CO₂, lo que atrasará aún más el trabajo para reducir la contaminación atmosférica. 

De la misma forma, la deforestación es en sí misma una forma de aumentar las emisiones de efecto invernadero, ya que se retiran del planeta toneladas de árboles que habrían filtrado el aire y capturado su dióxido de carbono. Con este método, este año se han expulsado 6,7 gigatoneladas de CO₂ a la atmósfera, de las que la mitad (3,5), se han compensado con la plantación de nuevos bosques. Indonesia, Brasil y la República Democrática del Congo representan el 58% de estas emisiones. 

Las naciones más contaminantes y las grandes empresas de combustibles fósiles han enviado a la cumbre del clima 636 delegados y lobistas para presionar en favor de sus intereses, un 25% más en comparación con los 503 del año pasado, según un informe publicado este jueves. 

El conteo lo han realizado tres organizaciones observadoras independientes presentes en la COP27 de Egipto, que exigen expulsar de esta cita anual a las organizaciones que tratan de minar los avances hacia la reducción de emisiones de efecto invernadero. 

"La extraordinaria presencia de los grupos de presión de la industria en estas conversaciones es una broma retorcida", ha declarado un portavoz en nombre de Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory (CEO) y Global Witness (GW), los organismos que han recabado los datos. 

La mayor parte de los lobistas presentes en la cumbre proceden de Emiratos Árabes Unidos, uno de los grandes exportadores de gas y petróleo del mundo, que además acogerá la COP28 del próximo año. Este país ha enviado 1.070 delegados, de los que oficialmente 70 están inscritos como promotores de las energías fósiles. 

Pese a la ausencia de Vladimir Putin en la cita, Rusia es el segundo país que más personal ha enviado para presionar en favor del petróleo y el gas, con 33 individuos dedicados a esta tarea, seguido de Kenia, Congo, Omán. En total son 29 las naciones que cuentan con estos representantes. 

Además de los delegados nacionales encargados de velar por las energías fósiles, los observadores también han encontrado otros tantos afiliados directamente a las multinacionales, que trabajan para petroleras como Shell, Chevron y BP.  

"Los grupos de presión del tabaco no serían bienvenidos en las conferencias de salud y los traficantes de armas no pueden promover su comercio en las convenciones de paz. Los que perpetúan la adicción a los combustibles fósiles en el mundo no deberían cruzar las puertas de una conferencia sobre el clima", señalan los autores del informe. 

Los tres organismos han recabado los datos a partir de la lista de asistentes proporcionada por las Naciones Unidas, y añaden que en ella no están incluidos los delegados que trabajan en favor de la banca, las empresas de transporte o la ganadería y la agricultura intensiva, por lo que el número de lobistas que dificultan las negociaciones podría ser muy superior. 

También recalcan que mientras que estos grupos de presión son bienvenidos en la principal cumbre medioambiental, centenares de activistas climáticos de todo el mundo no han podido acudir por los altísimos precios de los vuelos y los hoteles. A lo que se suman las dificultades en los visados que ha puesto el gobierno egipcio o la detención de más de 150 personas en los últimos días, situación que ha denunciado también Amnistía Internacional. 

Las cifras publicadas este jueves evidencian los desequilibrios de la cumbre global, ya que los más de 600 representantes de los combustibles fósiles superan a los delegados de los diez países más afectados por el cambio climático: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladés, Pakistán, Tailandia y Nepal. 

Igualmente, la cifra de lobistas es superior al número de delegados enviados por cada uno de los países africanos, pese a que la COP se celebra en este continente. "Se ha hablado mucho de que esta es la llamada COP africana, pero ¿cómo se van a abordar los graves impactos climáticos en el continente, cuando la delegación de los combustibles fósiles es mayor que la de cualquier país africano?", ha criticado Phillip Jakpor, de CAPPA, una organización africana de derechos humanos.