El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en términos generales la constitucionalidad del Real decreto 16/2012 por el que el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente se encontraba Ana Mato, reguló la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria pública y dejó sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en nuestro país desde septiembre de ese año.

Fuentes del tribunal de garantías confirmaron a Europa Press el sentido de la votación que se produjo durante la sesión del Pleno celebrada este jueves, por ocho votos frente a tres, si bien la sentencia aún no fue notificada porque falta la incorporación a la misma de los votos particulares de los magistrados contrarios a la opinión mayoritaria.

La norma avalada entró en vigor en septiembre de 2012 y había sido recurrida por el Parlamento de Navarra, si bien el TC rechazó dicho recurso en su mayor parte por no considerar que los recortes vulneraran la Constitución en el contexto económico en el que fueron adoptados.

800.000 afectados

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor esta norma del Ministerio de Sanidad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. Desde su aprobación, Médicos del Mundo afirma que más de 800.000 personas han perdido el derecho a una asistencia sanitaria.

Impulsada por la exministra Ana Mato, la medida formaba parte de una reforma sanitaria que busca oficialmente garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares contó desde su entrada en vigor con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades autónomas como Canarias, Cataluña Andalucía y País Vasco, así como profesionales sanitarios y organizaciones sociales.

El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto de ese año, reguló la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, atribuyó a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.

Cuatro años después, las consecuencias para las personas extranjeras son evidentes, y han quedado recogidas por la plataforma en diversos informes publicados desde el año 2014. El último [consultar documento aquí] registra un total de 541 casos de vulneraciones del derecho a la salud entre agosto del 2015 y marzo del 2016.

Entre ellos, destacan los 36 casos de menores, las 47 incidencias en urgencias, y las 28 mujeres embarazadas a quienes se les ha impedido el acceso a tratamiento y seguimiento de su embarazo. Se trata de personas que no han podido acceder con normalidad al sistema sanitario, pese a que sus situaciones figuran como excepciones dentro de la norma.

En cuanto a los motivos analizados, el 46% de las incidencias recogidas se producen por falta de información adecuada. Así, un total de 146 de los casos documentados no tramitaron la tarjeta sanitaria por falta de información, mientras que 43 de ellos no sabían cuál es su derecho a recibir asistencia sanitaria, 55 recibieron la negativa a la expedición de tarjeta sanitaria por información errónea del personal administrativo, y 7 de ellos sufrieron prácticas disuasorias en el centro sanitario.

Otra de las causas más habituales fueron las barreras administrativas. Un total de 164 personas no pudieron acceder a atención sanitaria por no reunir los requisitos administrativos para obtener la tarjeta sanitaria.

"Sin voluntad política no hay efectividad"

Reder destaca, asimismo, "los parches autonómicos" que tienen lugar actualmente en las comunidades autonómicas. Pese a la oposición de ciertas comunidades a la reforma del 2012, y la puesta en marcha de medidas paliativas –14 de las 17 comunidades autónomas cuentan con algún tipo de vía alternativa–, la plataforma subraya que las comunidades "carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro sistema sanitario que supuso la redorma de 2012 y que continúa siendo la raíz del problema".

Además, continúa el informe, la efectividad de dichas medidas ha sido dispar, "en función de la voluntad política de cada gobierno regional a la hora de aplicarlas". De este modo, la falta de resultados se agrava en aquellos casos de personas con importantes problemas de salud, como demuestran los seis casos de cáncer, 13 de enfermedades cardiovasculares, 12 de diabetes, 14 de hipertensión, seis de salud mental grave y dos de VIH.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta creó en 2012 el Programa Gallego de Protección Social de la Salud Pública para aquellas personas que llevaran seis meses empadronadas y no tuvieran los ingresos suficientes. Reder destaca que a adía de hoy "sólo han podido acceder a este programa 1.400 personas de las 9.000 potenciales beneficiarias". La falta de efectividad viene dada, según la plataforma, por la ausencia de información adecuada al personal de los centros sanitarios, lo que ha traído como consecuencia una aplicación arbitraria, así como la exigencia de requisitos injustificados y la dilación sin motivo de los procedimientos.

Por su parte, la Consejería de Salud de Aragón aprobó en agosto del 2015 una instrucción que otorgaba acceso al sistema sanitario a las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes. La organización dice haber observado, sin embargo, "serios defectos tanto en el contenido como en la aplicación de la norma", sin que la administración haya tenido en cuenta las recomentaciones de los colectivos sociales al respecto.

El fin definitivo de la exclusión sanitaria

Para Reder, terminar con las consecuencias del decreto, "sólo es posible a través de una reforma legislativa de carácter estatal".

Para ello, exige que el próximo Gobierno impulse una reforma del Real Decreto Ley 16/2012, propiciando la eliminación de las figuras del asegurado y beneficiario, la incorporación de cláusulas de flexibilidad que garanticen la atención en todo momento, y la inclusión de mecanismos de evaluación de seguimiento que permitan garantizar la efectividad de la norma. Reclama, además, una colaboración activa con las organizaciones sociales que "confrontan diariamente estas realidades".

El 23 de octubre, el Consejo de Ministros acordó solicitar Mariano Rajoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2015, una de las medidas adoptadas en septiembre por el Gobierno de Ximo Puig, al considerar que la norma podía incurrir en una "extralimitación competencial".

El Gobierno argumentaba que la norma valenciana "vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".

La suspensión automática de este decreto se debe a que en su recurso, el Gobierno pidió que se aplicara el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas" y la impugnación "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del real decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.

Sin embargo, un informe realizado por la Red de Denuncias y Resistencia al real decreto (REDER), de la que forman parte 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales), ha mostrado que en poco más de un año y medio "muchas personas" que por ley tenían derecho a recibir asistencia sanitaria no han podido acceder a ella.

En concreto, REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

"Con estos datos la única salida es la derogación del real decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", ha explicado la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este sábado que su Gobierno está trabajando en el diseño de un "modelo único" de atención sanitaria para los inmigrantes sin papeles y que se dará a conocer en septiembre. Rajoy se pronunció así durante su intervención en un acto en la localidad de Portomarín (Lugo), donde fue nombrado Caballero de la Real Orden Serenísima de la Alquitara.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convocará la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 2 de septiembre para controlar cómo las comunidades autónomas dan asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

El anuncio se produce después de que la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, anunciara este viernes la concesión de un "documento especial" para inmigrantes en situación irregular que les permitiera el acceso a la atención primaria, sin concretar bajo qué condiciones ni con qué garantías.

Aragón, Valencia, Baleares y Cantabria anunciaron la semana pasada que devolverían la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a pesar del Real Decreto-Ley 16-2012 aprobado por el Gobierno que lo impide. La suma de Cifuentes a la rebelión ha hecho saltar las alertas del Ejecutivo.

"Lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el mismo trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que este mes de septiembre resolveremos este tema definitivamente porque no tiene sentido que en un sitio se produzca de una forma y en otros sitios de otra forma distinta", aseguró el presidente del Gobierno.

A través de su secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el PP advirtió a las comunidades este mismo jueves 20 de agosto que la prestación de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares podría conllevar multas multimillonarias de la Unión Europea y la paralización de los fondos comunitarios.

Según informaron este sábado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Alfonso Alonso, el objetivo de la reunión entre el Sanidad y las comunidades es mejorar la cobertura sanitaria que se da a estas personas en todo el territorio, algo que, según confirmaron las mismas fuentes, siempre ha sido objetivo del Partido Popular.

El Gobierno trata ahora de enmendar su decreto  y estudia un acuerdo con las comunidades que contemple y aúne la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares. Se presentará en la comisión convocada para el próximo 2 de septiembre y podría ser el principio de una normativa que devolviera a los inmigrantes su derecho a la Sanidad.

En un país en el que las políticas de salud pública son poco más que un recurso de emergencia ante problemas sobrevenidos –el ébola es ejemplo de ello– y las políticas sanitarias se gestionan a corto plazo y buscando la eficacia política más que la racionalidad y la eficiencia en la gestión asistencial, sigue pendiente el gran acuerdo o al menos el gran debate sobre qué hacer con el modelo sanitario. Lamentablemente, los tiempos presentes y los que vienen de inmediato no parecen alentar la necesaria toma de decisiones arriesgadas ni se ve mucha disposición entre los políticos a la discusión sobre tan sensible materia.

Pero habría que empezar a poner ya de verdad sobe la mesa asuntos como el verdadero papel del Consejo Interterritorial, la necesidad de una armonización o al menos coordinación de la políticas autonómicas, la autonomía de los gestores –demasiado dependientes de los gobiernos–, el acercamiento entre la investigación y la clínica, la informatización de las tarjetas sanitarias (Hacienda lo sabe todo de nosotros, pero nuestra historia clínica no está en red ni siquiera en las propias comunidades autónomas), la receta electrónica, el papel de los sanitarios…y así hasta el infinito. La Sanidad y la Salud Pública en España siguen siendo el gran asunto de Estado pendiente de resolver.

Lo que sucede ahora con las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles es otro aviso de que algo tiene que cambiar. Es la herencia de aquel Real Decreto Ley 16/2012 firmado por la ministra Mato que se vendió como otro paso en la mejora de la política sanitaria española y sólo ha conseguido tres años después que los sanitarios hayan perdido poder adquisitivo y hayan ganado desánimo, y los hospitales hayan recortado compras y mejoras en material y medicamentos. Poco más. Entre ese poco más, privar a un importante sector de la sociedad española de la asistencia sanitaria que hasta entonces se le venía prestando.

Esa medida en concreto no despertó grandes entusiasmos en las consejerías de los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, que en la mayoría de los casos la aplicó con algunos parches sin cerrar del todo las posibilidades de prestar esa atención cuando fuera necesario. Madrid, con la exlideresa al frente, fue excepción en este sentido. Y ahora vuelve a serlo en el contrario.

La decisión de cuatro comunidades autónomas de devolver la tarjeta sanitaria a esos inmigrantes vuelve las cosas a la situación anterior al decreto Mato, pero abre una polémica que acaso debiera ser aprovechada para poner sobre la mesa la necesidad de un debate sobre el Sistema Nacional de Salud. Un debate amplio y comprometido sobre qué hacer con la Sanidad en España en el que cada formación ofrezca propuestas concretas para mejorar la situación de todos los usuarios de la Sanidad Pública, y de paso despeje las dudas sobre intenciones privatizadoras.

La asistencia sanitaria es un derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución que debe ser responsabilidad de las administraciones públicas y su acceso universal e igual para todos. Conviviendo y apoyándose si es necesario en el sector privado, pero siempre con provisión pública y sin dejar a ningún ciudadano fuera.

La decisión de Valencia, Baleares, Cantabria y Aragón, y la reforma que anuncia Cifuentes en Madrid van en la buena dirección. Y probablemente inviten a otras comunidades a seguir con sus “parches” y hasta a plantar también cara al gobierno a pesar de su aviso de “consecuencias catastróficas”.

Lo que será catastrófico es que siga sin hacerse nada ante el deterioro lento pero seguro de la Sanidad en España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció este viernes que en los próximos meses creará un documento específico para que los inmigrantes sin papeles puedan recibir atención primaria y especializada –además de la atención en servicios de urgencias que reciben actualmente– pero se ha opuesto a devolver la tarjeta sanitaria porque tiene "connotaciones y problemas que incluso trascienden lo que es España".

Cifuentes hizo hincapié en que el Gobierno tiene "la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga". "No hablamos de inmigrantes, hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria", subrayó.

Sin embargo, la presidenta regional dijo que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles tiene que ser uniforme en todas las comunidades autónomas, por lo que pidió que se alcance una decisión al respecto en el Consejo Interterritorial.

Mientras tanto, Cifuentes anunció la creación en los próximos meses de un documento diferente a la tarjeta sanitaria, que "no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país", si bien ha resaltado que actualmente "no se deja de atender a nadie" pese a carecer de papeles.

La presidenta regional explicó que la tarjeta sanitaria supone que el portador pueda demandar atención sanitaria fuera de España, lo que obliga al país a "contraer determinadas obligaciones económicas con el país donde recibe la prestación".

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

El Ministerio de Sanidad adviertió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que esta medida podría conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea, y la paralización de todos los fondos comunitarios.

"Si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas", advirtió el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a estas personas el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 con la reforma impulsada por la ex ministra de Sanidad, Ana Mato.

La Abogacía del Estado estudia su constitucionalidad

Moreno aseguró que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invaden competencias estatales o vulneran la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".

Sin embargo, añadió el número dos de Sanidad, el "problema más grave" es que esas normas abren la puerta a reconocer el derecho de ser atendidos por la misma vía a todos los pacientes europeos "en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países de origen", algo a lo que las comunidades no podrían negarse ya que "tendría consecuencias como país".

De hecho, España ya estuvo a punto de ser condenada en 2011 como consecuencia de un dictamen motivado de la Comisión Europea por este mismo motivo que, según apuntó Moreno, precisamente fue uno de los motivos que propició la reforma sanitaria un año más tarde.

"Y si fuéramos condenados como estuvimos a punto de serlo, supondrá una multa millonaria por cada día que pasa de incumplimiento, se paralizan todos los fondos europeos que recibe a España, y se debe asumir la tesis de que cualquier ciudadano europeo que venga, tenga o no seguro, se le tiene que dar tarjeta sanitaria", advirtió.

El problema, según el secretario general de Sanidad, es que en las comunidades "hay consejeros de ahora que no lo saben" y por ello les ha ofrecido asesoramiento "en todo lo que necesiten" para evitar esta situación.

Sanidad ya tiene un sistema previsto

De hecho, según Moreno, el Ministerio había negociado con los anteriores gobiernos regionales un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.

Para ello, Sanidad establecía como condición un periodo mínimo de empadronamiento de un año y la imposibilidad de exportar ese derecho a la atención sanitaria más allá de la comunidad de residencia. Moreno aseguró que este sistema se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del SNS.

Fondos de "maniobra" para ser atendido en otra región

Por otro lado, el secretario general de Sanidad también defendió que el Fondo de Cohesión –que ha desaparecido del proyecto de Presupuestos para 2016– ya era extrapresupuestario desde 2013, y propuso a las comunidades que pongan en marcha "fondos de maniobra" para costear la atención de sus ciudadanos cuando están en otra comunidad.

Moreno aseguró que esta atención se sigue cubriendo pero ahora se hace con el dinero que recibe España por atender a otros ciudadanos de países de la Unión Europea, que suele rondar los 520 millones de euros anuales, lo que hizo que el Gobierno decidiera suprimir el Fondo de Cohesión en 2013.

Además, Moreno explicó que eso ha permitido cubrir una atención más integral, como la Atención Primaria y el gasto en medicamentos, ya que el Fondo de Cohesión sólo cubría la especializada.

No obstante, propone que si las comunidades provisionaran una partida específica para cubrir este gasto, no tendrían que esperar a final de año a que el Gobierno ajuste el balance de lo que han gastado las comunidades en atender a otros ciudadanos y lo que deben abonar por la atención de sus ciudadanos en otras comunidades.

Antes de 2016, dos nuevos fármacos contra la hepatitis C

Durante su comparecencia, Moreno defendió entre los logros de su departamento el Plan Nacional de la Hepatitis C, que ahora deberá ser actualizado para incorporar dos nuevos fármacos que Sanidad prevé incorporar "para finales de este año".

Además, subrayó que su departamento ya está trabajando para "acomodar los precios a la baja" de estos medicamentos para permitir su acceso "a un mayor número de pacientes".

Del mismo modo, recordó que ya han sido tratados con los medicamentos actualmente disponibles casi 20.000 pacientes "con unos resultados extraordinarios", y gracias a las negociaciones que llevaron a cabo con los laboratorios fabricantes se ha conseguido un ahorro de más de 2.000 millones de euros.

Partidas específicas de Sanidad

En lo que respecta a las partidas específicas del Ministerio en materia sanitaria, Moreno apuntó que uno de los departamentos que más aumenta su presupuesto es la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, que asciende a casi 242 millones de euros, un 2,98% más.

Como novedad, se incorpora una partida de 1,75 millones de euros para el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados de la Unión Europea. Además, dentro de esta partida está gran parte del dinero se destina al INGESA, 217,83 millones, destinada a la atención sanitaria en Ceuta y Melilla.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación tendrá para 2016 una dotación de 38,34 millones de euros, destinada a estrategias de salud, como el proyecto de Gestión de Enfermedades Crónicas, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de problemas de salud por intoxicaciones por productos químicos o los programas de la lucha contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Este presupuesto se destinará también a la puesta en marcha del Registro Estatal de Enfermedades Raras, que se elevó al pasado Consejo Interterritorial y que esperan poder poner en marcha en 2016.

Por su parte, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, defendió que contará para 2016 con un presupuesto de 14,6 millones de euros, un 1% más que este año, y que gracias a la aportación del Fondo de Bienes Decomisados se podrá desarrollar "de manera efectiva" todos sus cometidos e impulsar el Plan de Acción que finaliza en diciembre de 2016.

Este viernes se cumplen tres años de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 que vetó el acceso a la sanidad pública a miles de personas. Coincidiendo con este aniversario, los colectivos Marea Granate y Yo Sí Sanidad Universal han lanzado la campaña Nos echan de la salud para “visibilizar y denunciar” que con aquel decreto no solo comenzó la exclusión sanitaria para los inmigrantes en España, sino también para los españoles que emigraron a causa de la crisis.

Ambos colectivos exigen la derogación del “criminal decreto de exclusión sanitaria”, ya que les ha “castigado y robado” su derecho a la salud “por emigrar”, denuncia Faustina González, residente en Londres desde hace más de dos años. Si estás pensando en emigrar y tienes más de 26 años, “cruza los dedos para no ponerte enfermo”, advierte.

El decreto ligó el derecho a la asistencia sanitaria a la situación laboral, económica y administrativa de las personas, “cambiando así el modelo sanitario de nuestro país”, reivindica el comunicado de ambos colectivos. La normativa supone que los emigrantes españoles mayores de 26 años y sin un contrato indefinido no tengan cobertura sanitaria a los 90 días de haber salido del país.

“El Gobierno dijo que esta medida era para impedir que los inmigrantes que estaban durante un periodo de tiempo en España se beneficiasen de la salud pública cuando regresaban definitivamente a su país”, cuenta González, “pero es mentira”.

El Ejecutivo español no ha demostrado, después de tres años, el supuesto ahorro que ha producido esta medida a las arcas públicas. Para González, es una “modificación legal sobre la que nadie nos ha consultado y sobre la que no tenemos ningún control”, ya que ha sido implantada por Real Decreto.

“Más de 250.000 personas han salido de España desde que comenzó la crisis” en busca de un empleo, cuenta Víctor, representante de la Marea Granate en España. Son, en su mayoría, jóvenes que se han visto obligados a emigrar a causa “de las políticas del expolio, que no dejan un futuro” para ellos.

A todos esos emigrantes españoles que salen en busca de un trabajo “se les niega la tarjeta sanitaria europea porque no salen del país con un contrato indefinido”, denuncian ambos colectivos. La opción que les da el Gobierno español es un Certificado Sustitutorio Provisional que posibilita la cobertura sanitaria, en caso de no estar cobrando el paro, durante 90 días. Pero ese certificado sólo se expide para un año.

“Un certificado que en muchos países te rechazan porque dicen que España no les paga luego el tratamiento de sus ciudadanos, porque no saben lo que es o porque está escrito en español y no lo entienden”, denuncia Marta, del colectivo Yo Sí Sanidad Universal.

Pasados los 90 días de estancia fuera de España, los emigrantes son dados de baja en el sistema nacional de salud español y, si no han encontrado un trabajo indefinido en el país que los recibe, quedan completamente desprotegidos.

“Es muy complicado encontrar un trabajo indefinido en 90 días”, denuncia Marta. Además, los emigrantes españoles se encuentran con la dificultad, cuando vuelven a España, de no tener tarjeta sanitaria y no ser incluidos inmediatamente en el sistema nacional de salud.

Ambos colectivos denuncian las “trabas” que el sistema pone para obtener de nuevo la tarjeta sanitaria española. “Tienes que demostrar que no tienes trabajo en ningún otro país y que cotizas menos de 100.000 euros al año” para volver a reclamarla, cuetna Marta.

La Comisión Europea de Empleo ya remitió una carta al Gobierno español en la que le instaba a otorgar la tarjeta sanitaria europea a aquellos emigrantes que salen del país con un contrato temporal, “pero hacen caso omiso”.

“Somos fácilmente silenciables”, denuncia Faustina González, de Marea Granate, en relación a su exclusión sanitaria y a las trabas que el Gobierno también pone a los emigrantes para votar desde el exterior, “somos más de 200.000 personas y el Gobierno no nos quiere”.

La presentación de la campaña Nos echan de la salud también coincide con otro aniversario: se cumplen dos años de la muerte de Alpha Pam, un joven senegalés de 28 años que falleció en Mallorca a causa de la tuberculosis que padecía y a quien el sistema sanitario se negó a atender por no tener tarjeta sanitaria.

Faustina cuenta cómo los miles de emigrantes se sienten en la misma situación que los inmigrantes excluidos dentro de España. "De repente nos dimos cuenta de que a los emigrantes nos habían robado el derecho a la salud igual que a otros grupos de la población en España", algo que, como en el caso de Alpha Pam, "nos deja a solas con nuestras enfermedades.

Transcurridos dos años de su última reunión, el Partido Popular celebró este martes su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de partido entre congresos y que agrupa a unos 600 dirigentes. Con esta cita, Rajoy dio el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo aprovechando para llamar al orden a los suyos reclamándoles que no se distraigan y se centren en dos cosas. La economía y ganar las elecciones. "Economía, economía y economía. Eso es lo único que hay en la cabeza del jefe", subrayaba a la salida de la reunión uno de los barones regionales.

A nadie se le escapó que cuando llamaba al orden se refería a que cesaran los enfrentamientos subidos de tono que durante la semana pasada mantuvieron el PP de Castilla-La Mancha, en manos de María Dolores de Cospedal, y el PP andaluz a cuenta de los pésimos resultados en las elecciones andaluzas. Una pelea detrás de la que no pocos en el partido ven también la mano del entorno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local. Y que, según Rajoy, "sólo importa a 25". 

Y, para dejar constancia de que él no se cuenta entre esos 25, el presidente del Gobierno y del PP hiló un discurso de marcado tinte económico. Una especie de macroargumentario para que sus candidatos lo desplieguen en todos sus actos públicos. "Nos dirán con razón [los electores], y hay que reconocerlo, que les hemos defraudado en cosas, claro que sí. Y nosotros podremos decirles, sin engañarles que hemos acertado en lo importante, y que los resultados están a la vista", sostuvo tras instar a su auditorio a acercarse "hasta el último votante" para contarle que "ha valido la pena".

A la hora de exponer los "resultados" que a juicio de Rajoy "están a la vista", el presidente del PP hizo un repaso de los datos a los que recurre en casi todos sus discursos públicos. Los mismos que desglosó, por ejemplo, en el debate sobre el estado de la nación. Faltó, no obstante, la letra pequeña de algunas de las cifras a las que recurre para cimentar su teoría de la recuperación. Faltaron los detalles que empañan su balance triunfalista.

A continuación se repasan y contextualizan algunos de estos datos que Rajoy borró de su discurso [consúltalo aquí en PDF].

PARO

El presidente llegaba a esta reunión en la que estaban presentes gran parte de los ministros del Gobierno, de los barones territoriales y de los alcaldes de las principales ciudades un día después de conocerse los datos de paro correspondientes al mes de marzo: 60.214 desempleados menos y 160.579 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

"Los datos de ayer [por el lunes] en materia de paro y Seguridad Social son magníficos y hay que decirlo, porque es la verdad, y porque son magníficos, y porque suponen una fundada esperanza de encontrar un puesto de trabajo para aquellos que todavía no lo han encontrado. Y, por tanto, hay que decirlo, el dato de Seguridad Social es el mejor de la historia, el mejor en un mes de marzo y el dato del INEM es el mejor desde el año 2002. Amigas y amigos, cuando llegamos al Gobierno, el paro aumentaba un 9,6% al año, ahora se reduce un 7,2% al año, algo ha cambiado, menos 9,6, más 7,2", señaló.

¿Qué se esconde tras estos datos? Según informó este diario tras conocerse los datos hay algunas razones para rebajar el optimismo. Evidentemente no puede negarse que haya creado empleo. Pero esto ha sido a costa de la calidad y la estabilidad de los nuevos puestos de trabajo. Baste una cifra: en marzo, sólo uno de cada diez contratos fue indefinido. Y de estos, el 43% fueron de tiempo parcial.

Además, la tasa de cobertura al desempleo es la más baja desde 2001. Si en febrero de 2014 cobraban prestación 2.750.074 parados, en febrero de 2015 la cifra descendió hasta los 2.372.615. 

Pese a que Rajoy los datos le parezcan "magníficos", estos muestran que el Gobierno no ha mejorado la herencia recibida contra la que tanto carga. En noviembre de 2011, cuando se celebraron las últimas generales, en el Inem había registrados 4.420.462 parados. En marzo de 2015, 4.451.939. Y los afiliados a la Seguridad Social, que ahora están en 16.832.801, eran 17.248.530.

Déficit

"Teníamos todos déficit público, inflación, déficit del sector exterior, deuda externa y encima, por si eso no fuera suficiente, medio sistema financiero español quebrado". Esta fue una de las tres veces que el presidente del Gobierno se refirió en su discurso al control del déficit. En todas ellas lo hizo en el mismo sentido: para elogiar los esfuerzos del Gobierno y de los dirigentes del PP con responsabilidades políticas a la hora de cuadrar las cuentas. No obstante, no se refirió a uno de los datos que protagonizó el Consejo de Ministros del 27 de marzo.

Ese día, el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno dieron los datos de déficit público a cierre de 2014. La cifra, el 5,7%, estuvo dos puntos por encima del objetivo que el Gobierno había asumido (5,5%).

Santamaría sostuvo en rueda de prensa que el Gobierno había pactado primero con Bruselas un déficit del 5,8%, aunque después optó por ser "más exigente" y se comprometió a bajarlo al 5,5%. Y justificó que el desvío se achacaba a la devolución del céntimo sanitario.

Deuda

No estuvo entre los datos que Rajoy desplegó ante los suyos. El presidente del Gobierno escondió otro dato que empaña su gestión: el de la deuda. En lo que va de legislatura, la carga de la deuda ha crecido en cerca de 300.000 millones de euros hasta situarse en el 98,1% del PIB. 

El pasado año, 2014, la carga aumentó en 67.777 millones de euros, 186 millones al día y llegó a 1,033 billones. Para encontrar un porcentaje de deuda en relación al PIB tan elevado hay que remontarse a principios del siglo XX.

Pese a que el Gobierno sostiene que la deuda pública comenzará a bajar a partir de 2016 por el mayor crecimiento económico, la reducción del déficit y la “limpieza de deudas pendientes”, en palabras del secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, no será tan fácil. A juicio de los expertos, esto sólo será posible cuando se articulen políticas de estímulo de la demanda que permitan crecimientos de alrededor del 3% en España y en la eurozona.

SANIDAD

No es la primera vez que el presidente del Gobierno se erige en garante del estado de bienestar. Es un argumento recurrente desde el pasado verano. "Hemos mantenido un sistema sanitario que es de los mejores del mundo, y a ver quién me dice lo contrario. Y hoy hay, para los que citan algunas cosas, 884.298 personas más en España con tarjeta sanitaria que cuando llegamos al Gobierno, que en el año 2011, 884.000 más", precisó.

La cifra de personas que, según los cálculos del Ejecutivo, han logrado tarjeta sanitaria desde que el PP llegó al Gobierno, es menor que la de los inmigrantes irregulares que se quedaron sin tarjeta sanitaria –870.000– tras una decisión del ministerio de Sanidad, por entonces en manos de Ana Mato.

Ahora, el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha rectificado esta iniciativa de su antecesora, y la semana pasada anunció que los sin papeles tendrán derecho a atención primaria. Lo que recuperarán será la tarjeta sanitaria.

En este momento, y a la espera de que las comunidades autónomas decidan cómo articular este cambio, los inmigrantes irregulares sólo tienen atención gratuita garantizada en urgencias, parto y posparto.

Las listas de espera tampoco son un asunto menor. Según los datos recabados por infoLibre, las listas de espera para operarse han crecido un 18,7% de media desde 2011 en al menos 11 de las comunidades autónomas. 

Educación

"Hemos mantenido nuestro sistema de educación". Esta fue su única referencia a esta política social. En esta ocasión, ni siquiera citó la cuestión de las becas, como sí sacó pecho en el debate sobre el estado de la nación asegurando que había dedicado a esta partida "el mayor presupuesto de toda la historia". 

Con José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación, el departamento ha metido un importante tijeretazo a las becas. El informe Datos y Cifras del Curso Escolar recoge un recorte de 75 millones de euros en el dinero dedicado a becas en el curso pasado. Según las cifras oficiales el importe pasó de 1.486 millones en el curso 2012-2013 a 1.408 en el 2013-2014. 

Otra partida por la que también ha pasado la tijera tiene que ver con la educación compensatoria, la principal vía de adaptación al sistema educativo de los colectivos más desfavorecidos. Sólo en el último año, estos programas se han desplomado un 90%.

Dependencia

El PP y el Gobierno anunciaron a finales de 2014 que tras un inicio de legislatura centrado en lo económico llegaba una etapa muy centrada en lo social. Sin embargo, como puede observarse en los dos capítulos anteriores, poco abundó Rajoy en su concepción de estado de bienestar y en las políticas sociales. Tras pasar de puntillas por educación y sanidad, el presidente del Gobierno obvió la Dependencia.

A finales de 2014, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales emitió un comunicado en el que, atendiendo a los datos publicados por el propio Ministerio de Sanidad, se denunciaba que el Sistema de Atención a la Dependencia había perdido 9.289 beneficiarios en el mes de julio y que se atiende a 14.104 personas menos que cuando Rajoy fue nombrado presidente, en diciembre de 2011. 

El pasado febrero, la misma organización denunció que desde 2012 uno de cada cinco dependientes murió en la lista de espera sin haber recibido una prestación que tenía reconocida.

Pensiones

El mayor gasto social del Gobierno va destinado al pago de pensiones y prestaciones de desempleo, según repiten machaconamente los miembros del Gobierno.

"Cuando llegamos al Gobierno se gastaba en pensiones al mes 7.189 millones de euros. Hoy mil más cada mes", dijo Rajoy a los suyos.

Lo que no citó es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha reducido un 36%. En dos años, el Gobierno del PP ha sacado de la hucha de las pensiones 18.651 millones de euros. Este fondo alcanzó su máximo en 2011, con 66.815 millones; ahora quedan 42.675,98.

Pobreza y desigualdad

Poco dijo Rajoy sobre la pobreza y la cada vez más grande brecha entre ricos y pobres en España. "Por primera vez en varios años, y son los datos de Eurostat, las personas en riesgo de pobreza en nuestro país o los datos sobre desigualdad están yendo a mejor. Por primera vez en el año 2013, y aún no tenemos los datos del 14, pero tened la total y absoluta certeza que serán mejores que los del 13, que fueron mejores que los del 12, que fueron mejores que los del 11". Fue su única mención.

Pero hay otros datos que dibujan un panorama mucho menos optimista, Por ejemplo, el último informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). El pasado diciembre, la organización alertó de que en cuestión de salarios, España es el país entre los desarrollados en los que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis.

La misma fuente señalaba que la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres había aumentado entre un 40% y un 50% durante la crisis.

Estos silencios de Rajoy se completaron con el silencio de los asistentes a la reunión. Sólo él, precedido de Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral, y de Cospedal tomaron la palabra en una cita marcada por fuertes tensiones internas tras la derrota en las elecciones andaluzas. En estos comicios, el PP cosechó su peor resultado desde 1990. Y perdió 17 escaños respecto a los de 2012.

La comisaria de Empleo y Servicios Sociales, Mariane Thyssen, pedirá explicaciones a España por denegar la tarjeta sanitaria europea a los trabajadores con contratos temporales y expedir en su lugar un certificado provisional válido sólo por 90 días, ya que consideran que esta práctica podría vulnerar las reglas de la UE.

"La expedición sistemática de un certificado provisional sustitutorio en lugar de la tarjeta sanitaria europea para determinadas categorías de personas aseguradas no se ajusta a las normas", asegura Thyssen en respuesta a una interpelación presentada por los eurodiputados de Izquierda Unida Marina Albiol y Javier Couso.

"Por consiguiente, los servicios de la Comisión pedirán aclaraciones a las autoridades españolas a este respecto", ha anunciado la responsable de Servicios Sociales.

En su interpelación, los eurodiputados de IU denunciaban que "en España, en los últimos años, a los trabajadores con contratos de duración determinada de menos de dos años de duración se les deniega la solicitud de la tarjeta sanitaria europea". En su lugar, la Seguridad Social emite para estos trabajadores un certificado sustitutorio "de 90 días de validez, redactado en lengua española, el cual es frecuentemente rechazado en los países europeos en los que los que sus portadores realizan una estancia temporal".

Por ello, Albiol y Couso preguntaban al Ejecutivo comunitario si esta práctica es legal y en qué circunstancias se justifica. En su respuesta, Thyssen aclara que este certificado provisional sólo debe expedirse en "circunstancias excepcionales" como "el robo o la pérdida de la tarjeta, o la partida en un plazo demasiado corto para que se expida aquella".

Este documento sustitutorio, señala la comisaria de Servicios Sociales, "certifica el mismo derecho a un tratamiento médico necesario que la tarjeta sanitaria europea, y los prestadores de asistencia sanitaria de otros países deberían aceptarla por igual".

La retirada temporal de la tarjeta sanitaria a los parados sin prestación que pasen 90 días fuera de Españaretirada temporal de la tarjeta sanitaria en un año, que preocupa especialmente a la comunidad de jóvenes españoles emigrados por la crisis, guarda todavía algunos interrogantes que el Gobierno no aclara. El principal: cómo controlará la Seguridad Social quién está residiendo en el exterior durante el periodo detallado y, por tanto, puede perder su cobertura sanitaria con cargo a España. A preguntas de infoLibre, un portavoz oficial de la Seguridad Social se negó a explicar cómo piensan realizar dicho control.

El asunto no es baladí, pues la falta de un registro estadístico capaz de apuntar con rapidez las salidas al extranjero es motivo de controversia entre demógrafos y está en el origen de varios estudios. Y es también el asidero al que se agarran los más críticos con la medida poner en entredicho su puesta en funcionamiento.

Según informan en la Oficina de Atención Diplomática, que depende el Ministerio de Exteriores, la única forma que tienen las autoridades españolas de saber que una persona que está en situación de desempleo y que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio ha decidido marcharse al extranjero es que ésta se dé de alta en el consulado de España en el país de destino. En la Seguridad Social no ofrecen información detallada de cómo se va a controlar que una persona pasa más de 90 días fuera de España para retirarle de forma temporal la tarjeta sanitaria y si se ha habilitado algún mecanismo específico para hacer ese control. En este sentido, se limitan a decir que se harán "los controles que forman parte del procedimiento rutinario de la administración de la misma forma que se controla otro tipo de prestación ligado a la residencia".

Tampoco responden a las preguntas, formuladas por infoLibre, sobre de qué otra manera puede saber la Seguridad Social que una persona se ha marchado, qué datos cruzados con otros países podrían ser útiles para averiguarlo o si existe colaboración entre países países de la UE; la EEE o Suiza u otro país con el que se existe Convenio que incluya la asistencia sanitaria para obtener información en este sentido. 

La "obligación" de inscribirse en el Registro de Matrícula de la Oficina Consular o de la Sección Consular de la Misión Diplomática que corresponda a la circunscripción donde se encuentren está regulada por el real decreto 3425/2000. Si bien, no hacerlo no tiene ningún tipo de contraprestación negativa o multa. De hecho, en el artículo 2 de este mismo texto legal se detalla que no estar inscrito en el Registro de Matrícula Consular "no menoscaba, en ningún caso, el derecho a la protección consular que corresponde a todos los españoles en el extranjero". 

Los incentivos de la inscripción en las Oficinas Consulares en el extranjero son básicamente dos: la renovación de documentación y la posibilidad de participar en los procesos electorales generales y autonómicos que se convocan en España. Los costes de inscribirse, por el contrario, sí que son altos. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho de que la inscripción como residente en el extranjero conlleva la baja en el Padrón en España y eso hace que una persona que emigra, aunque sea de forma temporal, no pueda seguir inscrito como posible beneficiario de una vivienda de protección oficial o que no pueda votar en las elecciones municipales. Ahora, además, perderá su cobertura sanitaria con cargo a España durante su estancia en el extranjero y tendrá que hacer a la vuelta los trámites pertinentes para recuperarla. Hasta la entrada en vigor de esta norma, la inscripción consular acarreaba sólo la pérdida de la asignación de un médico de cabecera. Otro de los frenos es el hecho de tener que trasladarse a la ciudad donde está la oficina consular para hacer la inscripción. 

Diferencias estadísticas

Ante este panorama, no parece difícil aventurar que serán pocos los españoles que opten por comunicar su cambio de residencia. Especialmente si se trata de gente joven que hace las maletas por la crisis y que no se marcha con un proyecto muy definido. El estudio de la Fundación Alternativas La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no, que analiza las nuevas corrientes migratorias en España, señala que las cifras que recogen las oficinas consulares que luego se registran en el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero), el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y la EVR (Estadística de Variaciones Residenciales) "no son un indicador preciso ni de cuántos españoles se marchan ni de en qué momento lo hicieron". 

Los investigadores de este estudio compararon los datos de inmigración de los países de destino con los que ofrecen las fuentes españolas. Por ejemplo, compararon la evolución de las cifras del INE con las cifras de inmigración española publicadas por organismos del Reino Unido o Alemania. "Como puede apreciarse, la emigración a estos países sería entre 4 y 7 veces mayor de lo que indican nuestras cifras", puede leerse en el estudio. Un ejemplo: el INE –que utiliza las cifras facilitadas en última instancia por las oficinas consulares– dice que de enero a junio de 2013 3.986 españoles se marcharon al Reino Unido, pero Reino Unido señala que fueron alrededor de 16.000 los que pidieron en este país el número de seguridad social en el mismo espacio de tiempo.

Por otro lado, algunas autonomías –por ahora es el caso de Andalucía, Asturias y Cataluña– ya han dicho que mantendrán la atención sanitaria a las personas desempleadas sin prestación que permanezcan más de 90 días en el extranjero a lo largo de un año. En Cataluña, por ejemplo, dicen que a quien siga estando empadronado en esta comunidad aunque esté en el extranjero, se le seguirá dando asistencia. Otro incentivo más, por tanto, para no acudir a la oficina consular. 

El pasado lunes, la ministra de Sanidad, Ana Mato, dio marcha atrás en una de sus medidas más polémicas: el copago en el transporte sanitario no urgente que pretendía obligar a los enfermos crónicos a pagar por ir en ambulancia a sus tratamientos. Ante el Pleno del Consejo Asesor de Sanidad y a preguntas de las asociaciones del sector sanitario allí presentes, Mato dijo que los sacrificios de los ciudadanos estaban "dando sus frutos" y que por ello no se pedirían "nuevos esfuerzos" a los ciudadanos. En este mismo encuentro la ministra también descartó que se vayan a imponer nuevos copagos a las prótesis o los productos dietoterápicos, que son los que necesitan los enfermos con trastornos metabólicos complejos, y que se contemplaban en el decreto para la sostenibilidad del sistema sanitario refrendado en el Congreso en mayo de 2012.

Sin embargo, esta renuncia de Mato puede interpretarse también como una forma de evitar nuevos desplantes a las medidas más polémicas de su reforma sanitaria después de que el copago en farmacia hospitalaria –el abono de un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase de los fármacos que se dispensan en hospitales a pacientes graves o crónicos para que los tomen en su casa– haya provocado la rebelión incluso entre dirigentes del PP.

Como nunca se había cobrado por estas medicinas en las farmacias de los hospitales o por el transporte en ambulancias, su implantación hace necesaria la instalación de sistemas de cobro o de facturación que han provocado que se cuestionara un supuesto ahorro nunca cuantificado por Sanidad. De hecho, en un informe reciente el Consejo de Estado alertó de que el coste de gestionar los cobros podría ser superior a la aportación de los propios usuarios. Esta circunstancia, unida al coste electoral que pueden tener medidas tan impopulares, hace que los barones del PP se pongan de perfil, e incluso de frente, ante ellas. En 2015 habrá elecciones regionales y los presidentes autonómicos entienden que estos copagos, impuestos por Mato, aunque dirigidos desde los ministerios de Hacienda y Economía, les perjudican de cara a los votantes.

María Dolores de Cospedal y José Antonio Monago ya han dicho que en sus autonomías –Castilla-La Mancha y Extremadura, respectivamente– el copago en farmacia en hospitalaria se aplicará pero serán los Ejecutivos regionales los que asumirán el coste. Es decir, no se pondrá en marcha en los términos marcados por Sanidad. Una actitud muy beligerante contra esta medida ha tenido también el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), que ha dicho que no lo aplicará e incluso lo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que no tendrá carácter disuasorio y tampoco supondrá un ahorro para las arcas públicas. 

En la Comunitat Valenciana, presidida por el conservador Alberto Fabra, "no se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema" y tampoco se aplicarán por el momento. Otras autonomías gobernadas por el PP también rehúsan aplicar la medida, aunque no hablan de insumisión. Alegan razones jurídicas, técnicas o de infraestructura. La Rioja, Cantabria o Murcia dicen, por ejemplo, que no la aplicarán hasta que no haya consenso en todas las comunidades. A estas se suman las no gobernadas por el PP, que también rehúsan cobrarlo. La realidad es que, este mes de enero, que es la fecha límite marcada por el ministerio, sólo Galicia y Aragón lo implantarán en los términos señalados por el ministerio. 

En este contexto no chirría el argumentario interno que el PP ha distribuido esta última semana a sus dirigentes y en el que se aboga por defender que la reforma sanitaria del Gobierno "evita nuevos esfuerzos de los ciudadanos" y que, por lo tanto, "no serán necesarios nuevos esfuerzos". "En 2012 la situación económica exigía regular algunas aportaciones para que los que más lo necesitan tuviesen aseguradas las prestaciones gratuitas. Estas aportaciones se regularon con un sistema equitativo, como fue el caso de farmacia: que ha garantizado el acceso universal a los medicamentos", instruye el PP a sus cargos. 

Otras medidas polémicas

Sin embargo, el copago en farmacia hospitalaria no es la única medida de Mato que está encontrando oposición en las autonomías. La pérdida del derecho a la sanidad normalizada en España de los inmigrantes sin papeles, con la que el Gobierno esperaba ahorrar 500 millones de euros, ha encontrado escollos en algunas autonomías, si bien las que se han declarado objetoras son Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias y en ninguna de ellas gobierna el PP. Mikel Mazkiarán, secretario general de la federación estatal de SOS Racismo, señala que en otras –Navarra, Comunitat Valenciana, Galicia o Castilla y León– o no está regulado o el acceso se fija condicionado a plazos de estancia que se deben acreditar por el empadronamiento. Esta última, por ejemplo, señaló que intentaría cobrar el servicio a quienes puedan asumirlo, si bien se admitía que buena parte de esos casos caerían en “el cajón de los impagados”, tal y como reconoció el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. En Galicia, por ejemplo, se ha seguido dando asistencia a los inmigrantes en situación administrativa irregular siempre que estuvieran empadronados en la comunidad desde antes del 1 de septiembre de 2012. En otras, como es el caso de Baleares y Castilla-La Mancha señala Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, la exclusión sanitaria de los sin papeles se está cumpliendo "a rajatabla". 

De manera más reciente, la pérdida temporal de la tarjeta sanitaria de los españoles en situación de desempleo que pasen más de 90 días fuera del país también ha chocado con la oposición de algunas autonomías. Andalucía, Asturias y Cataluña ya han dicho que mantendrán la atención sanitaria a las personas desempleadas sin prestación que permanezcan más de tres meses en el extranjero. En Asturias, por ejemplo, dicen estar estudiando qué alternativas podrían garantizar esta prestación, "dentro de la legalidad vigente". En Cataluña aseguran que, por el momento, quien siga estando empadronado en esta comunidad aunque esté en el extranjero, se le seguirá dando asistencia. Algunas autonomías también cuestionan la forma en que se llevará a cabo esta medida, pues las bajas padronales se producen solo si los emigrados se dan de alta en los consulados de España en el exterior y eso es algo que no suele ocurrir porque no hay obligación ni incentivos para hacerlo. Y con la entrada en vigor de esta medida, mucho menos. 

La noticia saltó a mediados del pasado diciembre. El PP planeaba, a través de una enmienda a la ley de Presupuestos para este año, la limitación de la asistencia sanitaria para los parados españoles que salgan de España. Finalmente, esa voluntad se plasmó en el BOE del pasado 26 de diciembre. Según lo publicado en el boletín oficial, a partir del 1 de enero de este año, el derecho a la atención sanitaria con cargo a la Administración de los ciudadanos españoles queda ligada a la residencia, aunque con algunos matices. 

Estas son algunas de las principales preguntas y respuestas que plantea la nueva normativa: 

01. ¿Qué dice el BOE? 

El boletín oficial incluye en su página 309 una disposición adicional que liga la asistencia sanitaria a la residencia. Es decir, establece que los beneficiarios sin trabajo y sin prestación ni subsidio por desempleo de ningún tipo que estén residiendo en el extranjero por motivos laborales o personales perderán el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a la Administración española si pasan más de tres meses fuera de España a lo largo de un año natural. 

La Ley de Presupuestos también introduce otro cambio en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que “tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

02. ¿pierden el derecho a la sanidad pública de forma indefinida?

No. Según aseguran en los Ministerios de Sanidad y Empleo y en la Seguridad Social, esta medida en ningún caso supondrá que los afectados pierdan el derecho a esta prestación de forma indefinida. A su regreso a España, tendrán que comenzar el correspondiente proceso burocrático para recuperar este derecho. Pero, a partir de los tres meses de residencia en el exterior, deja de tener validez para estas personas la tarjeta sanitaria europea que les daba cobertura siempre que el país de destino fuera Suiza, algún país de la UE o un miembro del Espacio Económico Europeo, porque en esos casos está ligada a la española. 

03. ¿A quién afecta especialmente la medida?

Las principales afectadas serán las personas que decidan emigrar y que tarden más de 3 meses en encontrar un trabajo en un país extranjero, pues a partir de los 90 días su tarjeta europea vinculada a la española dejará de tener validez y, por tanto, no podrán recibir de forma gratuita el mismo tratamiento que los habitantes del país de destino. 

04. ¿Qué ocurre con los estudiantes que están en el exterior?

En el Gobierno insisten en que los españoles que se marchan a hacer estudios "homologados" cuentan con un seguro escolar que les otorga prestaciones sanitarias. El tema está claro para los estudiantes que se marchan con un convenio Erasmus y cuyas tarjetas sanitarias europeas les darán cobertura durante todo el curso. Sin embargo, no está claro para los que se marchen, por ejemplo, a estudiar idiomas, que pasarán a estar cubiertos por la sanidad pública del país de destino en el caso de que la institución en la que vayan a estudiar les haga un seguro. Si no, a los tres meses, su tarjeta europea vinculada a la española dejará de funcionar.

05. ¿Qué trámites hay que hacer para recuperar la tarjeta?

El afectado deberá personarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), contactando previamente con el CAISS elegido, para concertar cita. Y allí pedir el restablecimiento de la prestación sanitaria certificando la residencia. El Gobierno asegura que este trámite es "automático".

06. ¿Qué ocurre con los beneficiarios del afiliado que se marcha?

Los beneficiarios del asegurado que vea extinguida su cobertura –como pueden serlo, por ejemplo, los hijos de un padre de familia que se marcha de España– dejarán de serlo de éste para tener la cobertura de otro asegurado del que dependan –por ejemplo, la madre o tutor legal–. Si no, tendrán derecho a la prestación sanitaria por su condición de nacionales residentes en España.

07. ¿Cómo justifica el Gobierno esta medida?

En el Ejecutivo aseguran que esta modificación no tiene como finalidad un ahorro a las arcas públicas. De hecho, no está cuantificado el supuesto ahorro. Y señalan que el objetivo es evitar una situación de "abuso" que se venía produciendo por no tener un sistema de prestaciones sanitarias ligadas a la residencia.

Son los casos, según el Gobierno, de nacionales residentes en el exterior que seguían utilizando su tarjeta europea ligada a la española y cuya asistencia, por tanto, se financiaba con cargo al presupuesto español. O los de personas de origen extranjero residentes ahora en otros países que, tras haber trabajado en España y, por tanto, haber tenido acceso a algún tipo de prestación de la Seguridad Social, podían solicitar la tarjeta europea ligada a la española y ser atendidos en sus actuales paises de acogida con los que existen acuerdos con cargo a la Administración española. 

La plataforma Yo sí Sanidad Universal ha lanzado este miércoles un vídeo para impulsar la creación de grupos de apoyo a las personas excluidas del sistema sanitario. El objetivo de estos médicos y pacientes es concienciar al personal de los centros para lograr que desobedezca la última reforma impulsada por Ana Mato, que se materializó en el Real Decreto Ley 16/2012. 

Entre otras acciones, los grupos organizan visitas a hospitales y centros de salud para “comprobar el clima que se respira en ellos en lo que respecta a las exclusión sanitaria”. En caso de que sea necesario, explica la plataforma en una nota, “se cambian impresiones son los profesionales para que tomen conciencia y, en la medida de los posible, desobedezcan”.

Irene Rodríguez, enfermera y miembro de la plataforma resume la campaña de esta forma: "Se trata de acompañar a las personas, extender la desobediencia, analizar y conocer lo que ocurre en cada zona y denunciar lo que está pasando". Rodríguez asegura que incluso entre los profesionales abunda el desconocimiento de la norma, y aunque califica de positiva la reacción del personal sanitario, reconoce obstáculos: "En general los profesionales muestran mucha disposición a ayudar, pero también hay bastante miedo, porque la situación laboral no ayuda", dice.

Ante este hecho, la estrategia de la plataforma pasa por informar y mostrar a médicos y responsables de administración los mecanimos a através de los cuales se puede seguir proporcionando asistencia médica a aquellos colectivos que quedaron fuera del sistema de salud, principalmente inmigrantes que estén en situación irregular en España. Además, "ver que tienen apoyo social les ayuda a sumarse a la desobediencia", añade Rodríguez en referencia a los profesionales del sector.

Según datos de la organización, hay más de 40 grupos en toda España en la actualidad. De ellos, la mitad está activo en Madrid, otros 9 lo están en Cataluña y 7 más en la Comunidad Valenciana. También hay plataformas en ciudades como Santander, Toledo, Zaragoza, Sevilla, Murcia y Fuerteventura.

Concienciar a los excluidos

Pero concienciar a los facultativos no es el único objetivo de la campaña. Con el vídeo hecho público este miércoles, el colectivo también quiere llegar a las personas excluidas del sistema para que “afronten su situación y reclamen los derechos que como seres humanos les corresponden”. Se trata, precisan, de convencer a los colectivos a los que se les niega la asistencia sanitaria de que “deben luchar”.

Los grupos de acompañamiento velan así por el cumplimiento de los mínimos asistenciales contemplados en el decreto de reforma sanitaria. Entre las prestaciones cubiertas figuran la asistencia en urgencias y la atención a menores y embarazadas. Yo sí Sanidad Universal asegura que por “desconocimiento o falta de sensibilidad”, en numerosas ocasiones se niega esta atención o se intenta facturar al paciente, en contra lo establecido en la ley. "Es importante que los afectados conozcan la realidad. Muchas personas han dejado de acudir a los centros por desconocimiento de aquello a lo que tiene derecho o por meido a recibir facturas", insiste Rodríguez.

En las redes sociales la campaña se puede seguir a través de la etiqueta #yosíacompaño. Yo sí Sanidad Universal también ha llamado a apoyar la manifestación de la marea blanca del próximo 27 de octubre. La meta final, sostiene el colectivo, es “dejar sin efecto en la práctica el Decreto inmoral, irresponsable e inhumano que ya se ha cobrado vidas humanas, como fue el caso de Alpha Pam”.

La ofensiva lanzada a finales de 2012 por la Comunidad de Madrid para contrarrestar las protestas de los sanitarios contra el plan de privatización de otros seis hospitales acaba de dejar al aire su primer gran agujero argumental. En una convocatoria restringida y discrecional a la que solo fueron invitados algunos medios, la Consejería de Sanidad difundió ayer el contenido de los pliegos de condiciones que regirán la privatización. Y el borrador de esos pliegos, al que ha tenido acceso infoLibre, señala que el Ejecutivo está dispuesto a pagar a las empresas concesionarias no los 441 euros por habitante anunciados y reiterados por el consejero Javier Fernández Lasquetty sino hasta 518, aunque la media se sitúa en 496,85 euros per cápita. La nota donde el Gobierno explica sus planes lo expone así: "La cápita, que es el precio que abona anualmente la Administración a la concesionaria por cada habitante, oscilará entre los 473 y los 518 euros". 

Dado que la población asignada a esos seis centros excede del millón de habitantes, la consecuencia es obvia: el sobrecoste respecto a la cifra anunciada por Lasquetty para demostrar que la gestión privada abarataría costes puede alcanzar hasta 55 millones. ¿Por qué? Porque si a cada concurso acudiera una sola empresa –las grandes del sector han hecho público su supuesto “desinterés”-, la falta de competencia obligaría al Gobierno a aceptar el precio máximo de licitación o uno cercano. 

Supuestamente, aun así la sanidad pública ahorrará según los cálculos del Ejecutivo, cuya veracidad niega de forma tajante la Asociación de Facultativos. El PSOE mantiene recurrida ante el Constitucional la privatización de los seis hospitales que ahora saldrán a concurso.

El pliego plantea de forma confusa cuál es exactamente el ámbito del contrato. Porque no dice que se trate de la asistencia hospitalaria sino de la prestación de "atención sanitaria especializada a la población protegida de los Municipios y Zonas Básicas" correspondientes a los hospitales cuya gestión se licita. ¿Significa lo anterior que también toda la atención especializada ambulatoria de esas áreas quedará en manos privadas? De momento, es una incógnita.

Fuentes de la Asociación de Facultativos, ariete de las protestas contra los planes privatizadores del PP madrileño, anticiparon anoche su disposición a emprender acciones legales –posiblemente, penales- si los pliegos se mantienen en los términos planteados por el borrador difundido ayer. Los médicos entienden que el modelo previsto por el Ejecutivo madrileño implica que el erario público costearía por partida doble ciertos servicios. Y eso, sostiene la asociación, sería un "presunto delito contra la Hacienda Pública". 

En lo que fuentes políticas consideran un intento por aplacar los ánimos de un sector cuya movilización superó todas las expectivas, el Gobierno de Madrid obligará a las empresas concesionarias a mantener al completo las actuales plantillas y primará a las que incorporen a sanitarios a sus  consejos de administración. 

Los seis centros sobre los que ahora pende la privatización son el Hospital del Norte (Infanta Sofía), el de Parla (Infanta Cristina), el de Vallecas (Infanta Leonor), el de Coslada (Hospital del Henares), el de Aranjuez (Hospital del Tajo) y el de Arganda (Hospital del Sureste)

Para fijar el precio por habitante, la Consejería ha partido de dos premisa que la Asociación de Facultativos considera directamente falsas.

La primera falsedad que detectan los médicos es que el coste per cápita –la capitación, en el argot sanitario- se ha calculado como si cada uno de los seis hospitales sujetos a privatización ofreciera el catálogo completo de prestaciones santarias y no tuviera, por tanto, que derivar pacientes a otros hospitales. Pero la realidad no es esa.

Por ejemplo, y según los facultativos, el Hospital del Norte –Infanta Sofía-, por cuya gestión la Comunidad maneja pagar hasta 486 euros por habitante, cuenta con 26 especialidades menos que el Hospital de La Paz. Pero si el precio que la administración sanitaria madrileña pagará se ha fijado como si todas las prestaciones fueran a ofrecerse, eso significa –arguyen los médicos- que algunos servicios repercutirán en el prespuesto sanitario por partida doble: porque cobrará la concesionaria del hospital privatizado pero el gasto real será sufragado por el hospital netamente público que atienda al paciente.

La segunda clave que ha puesto en guardia a los facultativos es la llamada facturación intercentros, es decir, lo que un hospital paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero.

Los médicos entienden que, una vez superada la horquilla de 360-380 euros de coste por habitante, se supone que el resto de la cantidad per cápita que el Gobierno esté dispuesto a pagar  sale de la facturación a otros hospitales públicos. Pero el efecto real de esa facturación intercentros "no se conoce", asegura la asociación. "Las bases de datos -asegura un experto- son antiguas y la casilla sobre el origen del paciente queda vacía en al menos un 30% de los casos".