La brutal ofensiva del Ejercito israelí sobre Gaza han provocado que las protestas sociales ya no solo pongan el foco en un alto el fuego, sino también en las relaciones comerciales que mantiene Tel Aviv con el resto del mundo. Las protestas universitarias en Estados Unidos y Europa exigen el cese de los convenios con empresas y universidades que operen en Israel. A pesar de la presión social y las acciones de boicot, las multinacionales, sobre todo las tecnológicas de Silicon Valley, siguen invirtiendo, experimentando y ofreciendo sus servicios al Gobierno y el Ejército israelí.

Estos acuerdos comerciales con el país hebreo han provocado un gran malestar entre sus empleados. Cientos de trabajadores de Google y Amazon se han unido bajo la plataforma No Tech for Apartheid para exigir a sus directivos que cesen cualquier tipo de colaboración en proyectos con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Los empleados de ambas compañías exigen que se acabe con el Proyecto Nimbus, un contrato multimillonario entre Google y el Gobierno israelí para proporcionar servicios en la nube e inteligencia artificial al Gobierno y al Ejército israelí, y que se acaten los principios de "respetar los derechos humanos".

Manifestaciones pacíficas contra Israel en EEUU que, sobre todo, se han centrado en California, han puesto en alerta a las compañías. Google ha despedido a más de 50 trabajadores por participar en estas protestas. Además, el director ejecutivo del buscador estadounidense, Sundar Pichai, envió un comunicado a todos los empleados recomendando que mantuvieran la “política” fuera del lugar de trabajo. Pichai instó a los trabajadores de Google a no “pelear por cuestiones disruptivas ni debatir sobre política” en las oficinas.

Israel, pese a todo, sigue atrayendo a inversores y empresas de todo el mundo con su modelo de Start-Up Nation. Es considerado uno de los primeros países en inversión y desarrollo tecnológico y Tel Aviv cuenta con más de 5.000 startups o empresas emergentes vinculadas a la digitalización. Estos datos registrados por el Instituto Israelí de Exportaciones aventajan de forma clara a los de capitales europeas como Londres, Berlín o París.

Detrás de la creación de este ecosistema tecnológico, se encuentra el Gobierno. El Estado ha invertido 100 millones de dólares en 10 fondos capital de riesgo que han servido para financiar el 40% del pionero sistema de startups. Felipe Daza, en el informe Los muros invisibles de la ocupación, insiste en que Israel busca transmitir "la imagen de una nación hecha a sí misma y desviar el foco de las vulneraciones de los derechos humanos". La innovación tecnológica israelí en el ámbito civil (agricultura, salud o energía) no puede entenderse sin la innovación militar, ya que los ámbitos más desarrollados son la defensa y la ciberseguridad.

Junto al ecosistema tecnológico, muchas compañías se ven atraídas por el campo de pruebas que tienen en Palestina. Antony Loewenstein, periodista y autor del libro El laboratorio palestino, explica a infoLibre que "muchas de las armas y herramientas de vigilancia de empresas de defensas israelíes se están probando en Gaza en los últimos seis meses". El reportero australiano-alemán también pone el foco sobre la responsabilidad de las multinacionales y señala que "en muchos sentidos Silicon Valley ve a Palestina como un campo de pruebas". Loewenstein ofrece como ejemplo los perros robots, creados por la empresa estadounidense Ghost Robotics, con los que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha experimentado en Gaza.

El Movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) lleva señalando durante años la estrecha relación de Microsoft, Google, Amazon y otras grandes tecnológicas estadounidenses con el Gobierno de Israel. Unos acuerdos que tratan de ocultar para que no se conozcan los presuntos usos militares de sus productos y no puedan ser acusados de colaboración por el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los proyectos más criticados es Nimbus. Un acuerdo comercial, valorado en 1.200 millones, en el que Google y Amazon ofrecen sus servicios de almacenamiento en la nube y de inteligencia artificial al Gobierno de Israel. En un principio, Google afirmó que el acuerdo no estaba relacionado con el armamento militar y trató de restarle importancia a su posible alcance militar. Pese a sus explicaciones, una investigación de la revista Time descubrió en abril que el contrato contenía un acuerdo con el Ministerio de Defensa israelí.

Además, el medio estadounidense sospecha que el Ejercito Israelí puede estar utilizando los servicios ofrecidos por Nimbus para seleccionar objetivos en sus ataques aéreos a través de la inteligencia artificial. No obstante, Time aclara que no se ha encontrado ninguna prueba oficial de dicha relación en los documentos a los que ha tenido acceso.

En este sentido, el Equipo de Investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE) ha explicado a infoLibre que "el rastreo del uso de los servicios de Google por otras compañías es difícil de llevar a cabo, por lo que puede ser probable que esté vinculada a la tecnología de inteligencia artificial que se utiliza en los ataques aéreos contra la población civil de Gaza". Varios empleados también señalaron que Google tiene poca capacidad para monitorizar lo que hacen los clientes, especialmente, naciones con tanto poder como Israel.

El Proyecto Nimbus no es la primera iniciativa que vincula a Silicon Valley con las Fuerzas de Defensa de Israel. Microsoft tiene un largo historial de acuerdos con la industria israelí de alta tecnología y estrechos vínculos con su Ejército. Microsoft Israel, que lleva operando desde 1989, ha brindando servicios al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a los cuerpos militares y de seguridad. En 2016, se filtró que el Ejército israelí había utilizado las gafas inteligentes de realidad aumentada de Microsoft, Microsoft Hololens, para el entrenamiento en el campo de batalla.

Además de brindar servicios a las instancias gubernamentales y militares, también ha contribuido al control de los palestinos. Los investigadores de ODHE señalan que han desarrollado aplicaciones como Al Munaseq, utilizada por la Administración Civil Israelí (ICA) en la Cisjordania ocupada, para gestionar la emisión de los permisos de trabajo, médicos, legales y de comercios necesarios para los palestinos. Esta aplicación se ejecuta en Microsoft Azure, una plataforma de Microsoft que permite operar en la nube.

Días después del ataque de Hamás, la multinacional norteamericana decidió abrir un centro de almacenamiento de datos con una inversión estimada de cientos de millones de dólares. Una infraestructura que, según el Observatorio, se convierte en "el primer centro de datos en Israel establecido por un gigante global digital y marca una inversión significativa por parte de Microsoft en el mercado israelí".

Junto a la compañía de Bill Gates, IBM es otra de las grandes multinacionales digitales que ofrece sus servicios a la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras de Israel. Esta multinacional opera la base de datos central y el sistema informático donde se almacenan todos los datos de los palestinos de Cisjordania y Gaza para las autoridades israelíes. Desde ODHE también apuntan que IBM fue contratada en 2021 para llevar a cabo el sistema de identificación biométrico remoto, que permite identificar a los palestinos a través de cualquier audio, imagen o vídeo.

Los conocidos check points o puntos de control, que son los únicos accesos a través de los muros construidos por Israel en Cisjordania, restringen los movimientos de los palestinos. En este caso, otra empresa tecnológica también ha colaborado con las autoridades israelíes. Hewlett-Packard ha instalado sistemas de identificación para controlar a los ciudadanos palestinos en diez puntos de control, entre ellos, el de Herez, que delimita el acceso entre Gaza e Israel.

Antony Loewenstein señala que "la implicación de Silicon Valley se explica por las relaciones privilegiadas entre Estados Unidos e Israel". Además, el periodista australiano también asegura que estas tecnológicas "están ayudando a la máquina de guerra de Israel proporcionando financiación a empresas de defensa israelíes o startups".

Ya no son sólo las grandes tecnológicas las que se disponen a desprenderse de cientos de sus trabajadores y ni siquiera la ola de despidos se ciñe a Estados Unidos. El estrés de un año de inflación desbocada y precios energéticos que no se recordaban desde los años 80 está alcanzando a compañías industriales, bancos, medios de comunicación o inmobiliarias, también en Europa. De forma que el año 2023 se estrena con anuncios de despidos que sólo para las tecnológicas suman, a fecha de 27 de enero, 67.268 trabajadores, según el recuento que lleva a cabo el portal Layoffs.fyi, para un total de 210 empresas. No son pocos si se tiene en cuenta que, en todo 2021, el total de despidos en el sector alcanzó los 159.684, en 1.040 empresas. Es decir, en menos de un mes ya se ha anunciado el 42% de los que se ejecutaron en todo el año precedente.

Pero si a los despidos tecnológicos se añaden los anunciados en grandes compañías de otros sectores, los trabajadores afectados superan ya los 82.400 en un recuento que no es exhaustivo. En ese número se incluyen los despidos en algunas empresas de criptomonedas –Coibanse, Crypto.com, Genesis, Blockchain– que gotean desde que estalló el escándalo de FTX

Buena parte de estas empresas culpa a la “incertidumbre” de la economía, golpeada por la inflación y el coste de la energía y las materias primas, otras afrontan problemas comunes a su sector –como la caída de los suscriptores digitales de los medios de comunicación– y algunas más sufren crisis particulares por decisiones de gestión equivocadas. Pero tampoco es ajena al fenómeno la subida de los tipos de interés, en la que fue pionera la Reserva Federal y cuyo efecto, aunque retardado, es siempre el enfriamiento económico.

Los despidos de Facebook y Twitter con los que terminó 2022 se han quedado pequeños comparados con los que se avecinan este año. Pese a que los países occidentales parecen haber esquivado, de momento, el fantasma de la recesión y los precios se han contenido de forma más rápida de la esperada, la subida de los tipos de interés sigue amenazando el crecimiento y la guerra de Ucrania va a perturbar la geopolítica y la economía durante todo el año. Así que las empresas no lo han dudado y han optado por el método más expeditivo.

IBM acaba de hacer público que va a despedir a 3.900 trabajadores, mientras en Google la cifra se eleva hasta los 12.000. Microsoft se deshará de 10.000 empleados, aunque al mismo tiempo va a gastarse 10.000 millones de dólares en OpenaAI, la empresa que ha creado el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT. Fuera de EEUU, la empresa alemana de software SAP despedirá a 3.000 personas. En su caso, atribuye la caída de los beneficios en 2022, nada menos que un 56%, al cierre de su negocio en Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, lo que se ha traducido en un impacto de 410 millones de euros. En Suecia, Spotify, el servicio de música digital, ha puesto en el punto de mira a 600 de sus empleados para reestructurar la empresa en un entorno económico que tacha de “difícil”. Y la holandesa Philips ha añadido 6.000 trabajadores al recorte de 4.000 anunciado en octubre y que se prolongará hasta 2025. Perdió 1.608 millones de euros en 2022.

Amazon, que ya comenzó a recortar plantilla en noviembre de 2022, cabalga la ola con el mayor volumen de despidos: 18.000 trabajadores. Pese a que su cifra de negocio creció un 15% el año pasado, desde julio ha perdido casi la mitad de su valor en bolsa.

También la química 3M, que emplea a 100.000 personas, se ha apuntado al recorte de plantillas con el anuncio de 2.500 despidos. El descenso de las ventas, argumenta la compañía estadounidense, hace necesario un ajuste de producción y, por tanto, de trabajadores. Otra química estadounidense, Dow, echará a la calle a 2.000 empleados para hacer frente, dice, “a la ralentización del crecimiento económico mundial, los desafíos del mercado energético y la reducción de existencias”. La automovilística Ford planea despedir a 3.000 trabajadores en Europa, según ha publicado la revista Fortune. Equivalen al 65% de su plantilla en el continente y se sumarán a los 3.000 de los que prescindió el año pasado en EEUU.

Y un gigante más: la juguetera Hasbro despedirá al 15% de su plantilla en todo el mundo, unos 1.000 trabajadores. Se encuentra embarcada en plena transición digital: menos Monopoly y más gaming es el objetivo.

En el caso de la textil sueca H&M, los despidos ya se anunciaron en noviembre del año pasado, unos 1.500 en todo el mundo. Este mismo viernes ha publicado una caída de sus beneficios del 67% en 2022, debido a la subida de precios de las materias primas y los fletes, la fortaleza del dólar y los costes energéticos. El aumento de las ventas en un 12% no le ha servido para engordar el resultado.

También empezaron el año pasado los mayores bancos del mundo a reducir personal: Credit Suisse anunció en octubre el despido de 9.000 empleados, tras admitir unas pérdidas de 4.000 millones de euros en el tercer trimestre. Este año, en el que también prevé pérdidas, el recorte lo sufrirá el negocio de banca de inversión europea, cuya plantilla mermará en un 10% según adelanta Financial Times. La semana pasada fue Goldman Sachs la que se deshizo de 3.200 empleados, el 6,5% de su personal. En los primeros nueve meses de 2022, sus ingresos cayeron un 20%, por lo que ha decidido también revisar los bonus que paga a sus empleados e incluso la compra de dos jets privados. La entidad financiera también pretende ajustar una plantilla que ha engordado en 10.000 personas desde diciembre de 2019.

Citigroup aún no ha precisado a cuántos trabajadores les afectará la tijera, aunque en noviembre ya se deshizo de 50 personas. El año pasado sus beneficios cayeron casi un 33% respecto al ejercicio anterior. Barclays echó también ese mismo mes a otros 200 trabajadores. Bank of New York Mellon prevé poner en la calle a otros 1.500.

Incluso el mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, propietario del 4% del Íbex 35, ha recortado plantilla este enero: 500 empleos, el 3% de su plantilla.

Mención aparte merecen los despidos en los grandes medios de comunicación estadounidenses. En diciembre abrió la veda la cadena de televisión CNN, con cientos de trabajadores, pero este año ha sido The Washington Post el que se ha sumado con 20 extinciones de contrato y no 30 vacantes que ha dejado sin cubrir, después de haber suprimido su suplemento dominical en noviembre –otros 10 despidos–. Los motivos aducidos son dobles, según informó el propio periódico: la caída de las suscripciones digitales y el sobredimensionamiento de la plantilla, que desde que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró la cabecera, en 2013, casi se ha duplicado, hasta el millar de trabajadores.

La cadena de televisión NBC –75 empleados– y la mayor compañía de periódicos de EEUU, Gannet –propietaria de USA Today–, con otros 200 despidos y después de desprenderse de 400 trabajadores en 2022, se añaden a la lista. Que completan Buzzfeed –el 12% del personal– y Vox Media, dueña de New York Magazine, con un plan para despedir a 133 personas después de deshacerse de 39 el pasado julio.

La oleada de despidos se produce cuando parecía que el ánimo de empresas y analistas se entonaba en un año que terminó con la inflación y los precios de la energía contenidos, además de con el PIB aún en cifras positivas. A ambos lados del Atlántico. No obstante, ¿se contagiará el recurso al recorte de plantillas a Europa, y a España?

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, cree que su traslado al continente europeo sería, en todo caso, sólo “parcial”. “Aquí no hay burbujas como la que afecta a las tecnológicas estadounidenses, con plantillas sobredimensionadas, o como la que sufrió España con la burbuja financiera e inmobiliaria”, razona. Algo parecido les ocurre a los fondos de inversión, que “prosperaron al calor de los tipos de interés negativos” y ahora se encuentran con un contexto que ya no existe.

Y es precisamente en la política monetaria donde Torres ve el riesgo. “Hemos sido impactados por un triple shock”, explica, “el energético y el geopolítico se han ido moderando, pero es el monetario el que ahora está afectando a la economía”. La subida de los tipos de interés tiene un efecto retardado que, además, no es lineal, aclara el analista. Al principio, parece que no tiene impacto, pero puede ocurrir como en 2008, cuando una vuelta más de tuerca llevó a la economía europea a la recesión. Encarecer el precio del dinero tiene como fin enfriar la economía y, en consecuencia, frenar la inflación. Como en EEUU los tipos de interés empezaron a subir antes, el comportamiento de la economía allí puede considerarse un indicador adelantado de lo que puede suceder en Europa. Así que también en España se notará la contracción de la subida de tipos, aun cuando el PIB haya aguantado y el IPC sea de los más bajos del continente, advierte Raymond Torres.

“De hecho, se está notando ya en el crédito”, añade, “incluso ya han caído los nuevos créditos”. La oferta se ha endurecido, tanto para los préstamos inmobiliarios como para los que piden las empresas. Y ese acceso más difícil al dinero reducirá la inversión, lo que puede terminar afectando al empleo. “Quizá pecamos de un pesimismo excesivo en otoño, cuando parecía que estábamos en la antesala de la recesión, y ahora que la hemos esquivado nuestro optimismo es también excesivo y no hemos tenido suficientemente en cuenta la política monetaria”, concluye el analista de Funcas. El peligro, continúa, es que persista la inflación mientras se desacelera la actividad en un contexto de tipos de interés altos.

Según una encuesta de la empresa de recursos humanos Adecco, casi el 54% de los directivos españoles prevé aumentar la contratación en sus empresas este año. Sólo el 25% de los ejecutivos preguntados descartaba aumentar plantilla este ejercicio y el próximo. El ánimo es por tanto mucho más optimista que el captado en la encuesta realizada en 2021, cuando el 47% de los directivos decía que no iba a hacer nuevos contratos en sus empresas.

Es más, el 72% de las tecnológicas españolas piensan en aumentar su plantilla en este primer trimestre, pese a que sus perspectivas para mejorar la facturación han caído 15 puntos, de acuerdo con el barómetro que elaboran la empresa Vass y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), informa Europa Press.

A la espera de saber cuántos trabajadores españoles de H&M, Microsoft y Ford pueden resultar afectados por los despidos de ambas multinacionales, ya hay algunos ERE en marcha. Los sindicatos empezaron el pasado día 10 a negociar con Siemens Gamesa el despido de 352 trabajadores. También se negocia en el grupo cerámico de Castellón Victoria, que ha planteado 198 despidos en Keraben y Saloni. Wallbox, que fabrica cargadores para vehículos eléctricos en Barcelona y cotiza en la Bolsa de Nueva York, va a desprenderse del 15% de su plantilla, que integran 1.400 trabajadores.

Además, Indra ha recortado 56 empleos en su centro de Sant Joan Despí (Barcelona). Y en la factoría de Stellantis –Citroën– en Vigo los sindicatos han pactado con la empresa un ERE para 100 empleados, además de la prórroga del ERTE que ya se aplicó a la plantilla el año pasado. El último despido colectivo en la factoría viguesa se remontaba a 2016.

El fraude fiscal se asocia a los grandes impuestos, el IRPF o sobre sociedades, a esos muchos miles de millones que se les escapan a los inspectores de Hacienda. Pero también hay fraude y evasión en otros niveles que pueden pasar más desapercibidos o son considerados de menor cuantía y gravedad. En los ayuntamientos, por ejemplo, que también son poderosas máquinas de recaudar. La investigación del fraude fiscal requiere unos medios humanos e informáticos de los que suelen carecer las administraciones locales. Lo que no quiere decir que el agujero municipal por el que se pierden otros tantos millones de euros cada año sea pequeño. Un informe elaborado por el Ayuntamiento de Madrid calcula que el 71% de las 27.685 actas de inspección abiertas entre 2015 y 2018 implicaron una sanción tributaria. El resto se regularizaron sin sanción. Por lo que los autores del documento concluyen que en esas 19.577 actas concurría algún tipo de culpabilidad por intencionalidad o negligencia. Según sus cifras, en el 20% de las sanciones había una “ocultación intencional”. En el 13% de ellas, el fraude tenía la consideración de grave. Y en un 19% los responsables eran sociedades anónimas, lo que puede indicar que se trataba de empresas de un cierto tamaño, no de particulares o pymes.

Sin embargo, no hay ni una sola denuncia por delito fiscal que un ayuntamiento español haya llevado jamás a la Fiscalía. La dificultad para acreditar el ánimo de defraudar es la razón. Para probar que ha existido dolo hay que motivar bien la causa, y para ello, a su vez, hay que investigar.

Además, los ayuntamientos deben cobrar: los tributos y las sanciones por no pagarlos. Y eso también resulta complicado si los medios son escasos. O no se pone mucho empeño. Somos Sindicalistas, una pequeña organización surgida hace años al tiempo que Podemos, ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) y ante la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) por los casi 300 millones de euros que el consistorio municipal deja de recaudar cada año por problemas de ineficacia recaudatoria y fraude.

La eficacia recaudatoria de una administración se mide relacionando los derechos reconocidos –lo que debería ingresarse– por cada impuesto con la recaudación efectivamente realizada. El Ministerio de Hacienda calculó la eficacia municipal para el ejercicio de 2015 en un 90,65% por lo que, de cada 10 euros, las entidades locales pierden uno. La del Ayuntamiento de Madrid está ligeramente por debajo de esa media, con un 89,27%. Sólo contando los cuatro principales impuestos –IBI, IAE, Plusvalía y Vehículos–, Madrid dejó de recaudar 296,66 millones de euros en 2017, por 46,07 millones Barcelona.

Según la demanda, a la que ha tenido acceso infoLibre, esa “pérdida no justificada de recaudación” se debe a que el Ayuntamiento “no utiliza consciente y voluntariamente medidas legales y técnicas disuasorias de fraude”, ni activa “aplicaciones informáticas de gestión tributaria eficaces para hacer efectivo el cobro de las sanciones penales impuestas a las empresas que cometen fraude”. A juicio de los demandantes, se combina una “obsolescencia informática mantenida adrede” en las aplicaciones destinadas a la gestión y cobro de deudas, con una “interesada mala gestión”.

Grabar datos manualmente

El atraso informático de la Agencia Tributaria municipal lo reconoce el propio ayuntamiento en el informe antes citado, que fue elaborado en 2018, por la anterior corporación encabezada por Manuela Carmena. No importa si se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), o la conocida como plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) o las múltiples tasas municipales, las aplicaciones informáticas con las que trabaja el Ayuntamiento de Madrid “presentan carencias importantes y falta de interconexión entre ellas para explotar mejor los datos”, resume el informe. Por ejemplo, los funcionarios no tienen acceso a los datos del impuesto de sucesiones –en poder de la Comunidad de Madrid–, ni a las de los notarios y registradores, o deben “grabar manualmente” determinados pagos.

El desfase es similar en la recaudación ejecutiva, cuando el ayuntamiento tiene que cobrar en vía de apremio y embargar al deudor. El informe revela que “no existe desarrollo informático” para tramitar los procedimientos de derivación de responsabilidad –exigir el pago de una deuda a quien se declare responsable solidario o subsidiario–, que por tanto también se hacen “manualmente”. Así, “este tipo de expedientes sólo pueden ser abordados de forma esporádica”. Es decir, no es posible perseguir aquellos casos en que una empresa infractora “desaparece” o si en una multa de tráfico el infractor resulta ser un ciudadano insolvente. O cuando se utilizan sociedades interpuestas para no pagar. Las sanciones terminan prescribiendo.

Según el informe, tampoco existe una aplicación informática única que incluya desde la tramitación de las liquidaciones y recibos hasta su extinción. “Hay que cargar las deudas en la aplicación de recaudación ejecutiva desde cuatro aplicaciones distintas”, detalla. Cuando el entonces director de la Agencia Tributaria municipal, José Antonio Díaz de Cerio Villamayor, presentó el documento a los sindicatos, aseguró que el trabajo que hacían los funcionarios era “meritorio y casi artesanal”.

infoLibre ha preguntado a la actual corporación municipal sobre estos problemas con la recaudación. Fuentes del área de Hacienda sólo mencionan las “dificultades propias de estos procesos, fundamentalmente en la vía ejecutiva”: la desaparición del deudor por fallecimiento o disolución de la empresa, errores en las matrículas de los vehículos por parte de la Dirección General de Tráfico, la identificación de cuentas corrientes o de bienes en embargos. Pero dicen que no existe ninguna cifra que mida el impacto de las deficiencias informáticas en los ingresos municipales. Por el contrario, subrayan que la recaudación se redujo en 2020 y lo hará también este año por la política municipal de bajada de los tributos. La reducción del tipo del IBI, las bonificaciones para familias numerosas en este impuesto y en la tasa de residuos sólidos urbanos a locales cerrados y por inicio de actividad, así como las medidas fiscales por el covid-19 recortarán la recaudación municipal en 250 millones de euros, precisan.

18,7 millones en el proyecto Mástil

Estas carencias aparecen destacadas en la demanda presentada en el Tribunal de Cuentas Europeo y relacionadas con la historia del proyecto Mástil, una plataforma para gestionar los ingresos municipales que intentó ponerse en marcha en 2006, mediante un contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por T-Systems, ITC/TAO y Gestión Tributaria Territorial, a cambio de 7,2 millones de euros. El proyecto debería haber quedado completado en 2009, pero no fue así. Tuvo que ser licitado de nuevo, se hizo cargo de él Indra, que cobró 2,5 millones de euros hasta 2013 por un trabajo que tampoco quedó concluido. Ana Botella volvió a sacarlo a concurso justo antes de salir del consistorio, por nueve millones de euros, pero Manuela Carmena paralizó la convocatoria nada más llegar a la alcaldía, en julio de 2015.

La gestión de este contrato es, destaca la demanda, “un claro ejemplo de mala gestión y de opacidad”. “Nunca se concluyó”, subraya, pero “se pagó en su totalidad”, pese a que las empresas adjudicatarias lo incumplieron “de manera reiterada”. Por su parte, el ayuntamiento indica que el proyecto Mástil se paralizó en 2019, porque en los años en que se prolongó su desarrollo su “diseño conceptual” se quedó “obsoleto”. Ni integraba los nuevos estándares de la administración electrónica ni permitía la “interacción” con otros sistemas del consistorio, como los de “gestión y control de la actividad económico-financiera y los recursos humanos”, detallan.

Para los denunciantes, el proyecto Mástil es, además, un ejemplo de uso indebido de los fondos Feder de la UE, de los que la Comunidad de Madrid ha recibido 33,56 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos a fin de mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información (TIC) entre 2014 y 2020. De ahí que Somos Sindicalistas solicite al Tribunal de Cuentas Europeo que audite si el ayuntamiento hizo un uso correcto de esos fondos e informe a la OLAF, en caso de que sospeche un fraude. Por su parte, el consistorio asegura que en esos fondos no existe una aportación destinada a desarrollar herramientas tecnológicas para la gestión de tributos municipales.

El ayuntamiento explica también que está trabajando en la implantación de un nuevo proyecto para la gestión interna de los tributos municipales basado en la solución SAP-TRM, que debería sustituir al actual sistema, AS400. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un nuevo concurso, por un importe de 6,6 millones de euros, para la creación de una plataforma que dé soporte a la gestión integrada de ingresos municipales, multas, tesorería y seguimiento administrativo. El pasado mes de marzo fue adjudicado a IBM, la única empresa que se presentó. Deberá haber completado sus trabajos en 2024.

Los ciudadanos ya se han acostumbrado a las intermitentes alertas lanzadas desde organismos internacionales, grupos de presión y gabinetes de expertos sobre los peligros que acechan a las pensiones públicas. En el punto de mira sitúan sobre todo a los sistemas llamados de reparto, como el español, el francés o el alemán. El envejecimiento de la población, la crisis del empleo y los salarios, y los déficits públicos amenazan tanto su sostenibilidad como la suficiencia de las prestaciones que conceden.

Pero no son los únicos en riesgo. El BCE lleva tiempo advirtiendo de que los tipos de interés en mínimos históricos están llevando a los fondos de pensiones a aumentar las inversiones de riesgo para sostener unos retornos que cada vez son menores. Según la patronal Inverco, los planes de pensiones de renta variable han ofrecido una rentabilidad media anual ponderada de sólo el 1,1% en los últimos 20 años, tras descontar los gastos y comisiones. La de todos los planes apenas sube un poco más, al 2,07%.

El BCE calcula en un 36% el peso que alcanza ya la deuda en negativo en los fondos de pensiones. Si se produce una corrección de precios en el mercado, advierte, las pérdidas las asumirán los ahorradores. Y ese riesgo vale lo mismo para los planes privados que para los de empresa, mucho más extendidos en la Unión Europea que en España, o para cualquier sistema que capitalice las cotizaciones de los trabajadores para su jubilación. Es uno de los “efectos secundarios” de la política monetaria seguida por el BCE en los últimos años por los que tanto Christine Lagarde como Luis de Guindos han expresado recientemente su “preocupación”.

Más lejos ha ido el Grupo de los 30, un think tank con sede en Washington que reúne, entre otros, a los ex secretarios del Tesoro de EEUU Timothy Geithner y Larry Summers, así como a responsables de bancos centrales aún en activo, financieros y economistas. El G30 cifra en 1,1 billones de dólares –0,98 billones de euros– el déficit de financiación que sufre en estos momentos el conjunto de los sistemas de pensiones, públicos y privados, de 21 de los principales países del mundo, desde Estados Unidos hasta España pasando por Japón, Suecia o Reino Unido y Alemania. Según sus cálculos, si no se pone ningún remedio, ese agujero se multiplicará hasta los 15,8 billones en 2050.

De forma que el G30 sugiere todo un abanico de medidas para solventar el problema, desde aumentar la edad de jubilación y reducir los costes de gestión de los planes de pensiones hasta crear programas que garanticen un retorno mínimo por las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Estos expertos reconocen que en la actualidad los ahorros para la jubilación de los ciudadanos son “rehenes de la coyuntura de los mercados”.

Modélicos, pero no tanto

Países Bajos presumía hasta ahora de disfrutar de un sistema de pensiones modélico. Está basado en tres pilares: una pensión básica estatal igual al salario mínimo, un plan privado obligatorio establecido en cada convenio colectivo y un plan privado individual y voluntario. Permite a los holandeses jubilarse con pensiones equivalentes al 80% de su salario y constituye un potente sector con 1,6 billones de euros en activos. Pero los bajos tipos de interés impiden ahora a los fondos de pensiones y aseguradoras generar rendimientos suficientes para pagar las prestaciones prometidas, por lo que algunos de ellos ya han anunciado que tendrán que recortarlas a partir del próximo año. El Banco Central de los Países Bajos calcula que una caída del 1% en los tipos se traduce en un descenso del 12% en la ratio de coberturaratio entre activos y pasivos de los fondos de pensiones holandeses. Por debajo de una ratio del 90%, los recortes en las pensiones, asegura, serán inevitables. Y el pasado septiembre estaba en el 91%. Según publica Financial Times, la Federación de Pensiones de los Países Bajos, que integra a 197 fondos, calcula que las aportaciones de los trabajadores tendrían que aumentarse hasta en un 30% los próximos años para evitar el colapso.

De momento, casi dos millones de jubilados –el 90% de los holandeses cuenta con un plan de pensiones que le ofrece su empresa– pueden sufrir recortes en su pensión a partir de 2020. Así que en los Países Bajos también llevan meses manifestándose los pensionistas en defensa de sus retribuciones.

En Suecia, que cuenta con un sistema muy elogiado por los expertos partidarios de los mecanismos de capitalización, la Finansinspektionen (FI), la autoridad financiera del país advirtió recientemente de la pérdida de “resiliencia a largo plazo” de sus pensiones como consecuencia de la caída de los tipos de interés. “Un periodo prolongado de tipos bajos puede producir problemas de solvencia y, en el peor escenario, las entidades tendrán dificultades para cumplir sus compromisos futuros de pensiones”, alerta. El sistema sueco suma 485.000 millones de euros en activos.

En Japón la alarma ha sido mucho mayor. El pasado junio un informe de la Agencia de Servicios Financieros cifró en 185.000 dólares –166.000 euros– la cantidad que una pareja media de jubilados necesita para vivir durante 30 años, sin contar con la pensión. Con un salario medio de 35.200 euros al año, los japoneses se ven abocados a no poder vivir dignamente tras retirarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que las pensiones de quienes contaban con una educación superior han sufrido ya un descenso del 38% en su cuantía respecto a 20 años atrás. En Japón, todos los trabajadores están obligados a inscribirse en el Plan Nacional de Pensiones y a abonar sus correspondientes cuotas. Además, un 15% de las empresas disponen de sus propios planes de pensiones.

Con una población de casi 127 millones de personas, y una de las esperanzas de vida más altas del planeta, el sistema público de pensiones japonés es el mayor del mundo, con unos activos valorados en 1,5 billones de dólares –1,35 billones de euros–. Los bajos tipos de interés, sin embargo, le han hecho perder un 18% de su valor. Así que el Gobierno ha subido el IVA dos puntos, hasta el 10%, para sostener el sistema, además de permitirle aumentar el porcentaje de deuda extranjera –más rentable que los bonos nipones– en su cartera, que tiene limitado por ley.

Profesores en California y Reino Unido

En Estados Unidos, los fondos amenazados por los bajos tipos son los sostenidos por los Estados y los ayuntamientos, pero también algunos corporativos, como el del gigante General Electric. Es lo que le ha ocurrido al fondo de los profesores estatales de California, CalSTRS, el segundo mayor de los fondos públicos de Estados Unidos tras el de los funcionarios de este mismo estado (CalPERS). El fondo de los profesores tiene un agujero de 100.000 millones de dólares. Para cubrir ese déficit de financiación, las aportaciones de los trabajadores casi se han duplicado desde 2014: del 18% del salario al 35% previsto para 2021. De acuerdo con las cifras publicadas por el Santa Cruz Sentinel, la pensión media que cobra un profesor jubilado en California asciende a 73.920 dólares anuales, aunque unos 15.600 superaban los 100.000 dólares en 2018.

En General Electric las pensiones de su plan de empresa ya han sido congeladas. Es el segundo mayor de Estados Unidos tras el de IBM –que las congeló ya en 2008–: 92.000 millones de dólares. El plan ya no admite nuevos empleados y los actuales no devengarán pensiones futuras. Un total de 20.000 empleados se han visto afectados. Además, la multinacional ha ofrecido a 100.000 de sus trabajadores que hagan efectiva ya su pensión en un solo pago. Con estas medidas pretende reducir el actual déficit de su plan entre 5.000 y 8.000 millones de dólares hasta 2022. Su agujero, no obstante, es muy superior, 22.400 millones de dólares, según Financial Times.

Estados Unidos también comparte con la Unión Europea unos tipos de interés bajo mínimos y la respuesta a los problemas de solvencia de sus enormes planes de pensiones es la misma: subir las aportaciones de los empleados, recortar las prestaciones e invertir en activos con mayor riesgo, como acciones, hedge funds, o activos inmobiliarios.

Otro país con movilizaciones por culpa de unas pensiones amenazadas es el Reino Unido. Los profesores universitarios se han declarado en huelga y echado a la calle. Ya lo hicieron en febrero de 2018. Entonces, en protesta por que les querían cambiar el sistema, de uno de prestación definida a otro de aportación definida. En noviembre de 2019, el detonante fue el anuncio de una subida de las aportaciones hasta el 9,6% del salario, mientras que los sueldos reales han caído un 17% desde 2009. De forma que, según los cálculos de UCU, el sindicato de los profesores universitarios, éstos pagan ahora 40.000 libras –47.000 euros– más en aportaciones, pero el plan, conocido como Universities Superannuation Scheme (USS), abona en prestaciones 240.000 libras menos por culpa de los sucesivos cambios aplicados desde 2011 para mantener la sostenibilidad del sistema. El agujero del USS, que es el mayor de este tipo en el Reino Unido con unos activos de 72.000 millones de libras, alcanza los 6.600 millones. Los gestores del plan culpan de la abultada cifra –el doble de la anunciada en marzo de 2018– a la “reciente volatilidad de los mercados financieros”.

Las protestas en Chile, donde el sistema de capitalización sólo permite pensiones raquíticas por debajo del salario mínimo –358 euros al mes–, han forzado al Gobierno a aprobar una subida del 50% en las prestaciones más bajas –116 euros– para los mayores de 80 años, del 30% para los mayores de 75 y de un 25% para quienes no lleguen a esa edad.

Tensiones en las pensiones públicas

En Alemania, con un sistema en las antípodas del chileno, no ha hecho falta protestar en la calle. Los dos partidos en el Gobierno, CDU y SPD, han pactado un aumento de las pensiones mínimas del 10%. Claro que la pensión media de los jubilados alemanes es de 1.124 euros al mes. Aunque el 48% no llega a 800 euros. De hecho, hasta un 17% de los pensionistas están en riesgo de pobreza, según el Instituto Alemán para la Investigación Económica. Y el 8%, además, tiene que trabajar, normalmente con un minijob –450 euros al mes–, para llegar a fin de mes. En 2000, eran sólo el 3%.

Mientras, en Francia han perdido fuerza las protestas contra la reforma de las pensiones planeada por Emmanuel Macron, que se prolongaron durante meses. Ampliar a los 64 años la edad para conseguir la pensión completa de jubilación y la desaparición de los 42 regímenes especiales, la propuesta inicial del Gobierno, puso a los sindicatos en pie de guerra. Pese a que el Ejecutivo pretende garantizar una pensión mínima de 1.000 euros y ha anunciado que no aplicará la reforma a los nacidos antes de 1975, el “sistema universal” que busca Macron no ha convencido a casi nadie. En Francia, el gasto público en pensiones equivale a un 14,9% del PIB, casi 2,5 puntos más que en España.

La creación de un registro de musulmanes en Estados Unidos fue una de las propuestas más polémicas de Trump durante su campaña electoral. Ahora que el magnate tomará posesión de su cargo en enero, algunos medios se preguntan qué es lo que hará en este aspecto y cómo lo pretende llevar a cabo.

En este contexto, el diario The Intercept se puso en contacto con las principales empresas tecnológicas del país para preguntarles si estaban dispuestas a ofrecer sus servicios al presidente electo para llevar a cabo la medida anunciada. Hasta este jueves, solo la red social Twitter había confirmado su rechazo ante una posible propuesta de Trump.

Sin embargo, 22 asociaciones de abogados presionaron a las empresas para que dieran su respuesta, por lo que Facebook finalmente contestó. "Nadie nos ha preguntado sobre la creación de un registro de musulmanes, y de ser así, por supuesto que no lo haríamos", le aseguraron a The Intercept desde la red social. 

Según publica este mismo diario, después de las elecciones, el presidente ejecutivo de IBM, Ginni Rometty, escribió una carta personal al presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y para ofrecerle los servicios de su empresa.

Las seis áreas que identificó como oportunidades de negocio potenciales entre una Casa Blanca de Trump e IBM eran inofensivas y más o menos mundanas, pero demostraron la disposición de la firma de venderle tecnología a un hombre que proponía medidas como el refuerzo de las fronteras y el citado registro de musulmanes, por lo que The Intercept decidió hacer la pregunta.

Esta semana, el magnate se reunió con las principales empresas tecnológicas del país, entre las que se encontraban Apple y Amazon, entre otras, con el fin de aclarar los desencuentros que tuvieron durante la campaña, cuando Trump criticaba la actividad comercial con China o la regulación de la privacidad. 

La Agencia Tributaria ha repartido 75,77 millones de euros entre empresas de servicios informáticos desde 2010. Desde mantenimiento de licencias hasta asistencias técnicas y desarrollo de los múltiples sistemas de información y bases de datos –un centenar de contratos–, la maquinaria fiscal resulta ser un sabrosísimo cliente para las grandes consultoras del sector.

De esa cantidad, 43,31 millones de euros corresponden a la parte del león de la asistencia informática que precisa el fisco español. Se trata del contrato de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones de administración electrónica de la Agencia Tributaria. El último se adjudicó en marzo del año pasado, en dos lotes, por un total de 28,18 millones de euros. Desde 2010 se han firmado cuatro, según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, consultada por infoLibre. 

Los adjudicatarios siempre han sido los mismos, juntos en una UTE (Unión Temporal de Empresas) o por separado: Indra, IBM, Software AG, Cibernos IBMSoftware AGCibernosy GeseinGesein, cinco de las 11 consultoras informáticas contra las que acaba de abrir un expediente sancionador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sumados los contratos concedidos desde 2010 a nueve de esas 11 empresas, la cifra asciende a 60 millones de euros. Además de las ya mencionadas, también están siendo investigadas Informática El Corte Inglés, Atos Spain, Connectis, Next, Axpe Atos SpainConnectisNextAxpey EverisEveris.

Ha sido, pues, a sus principales contratistas a quienes ha denunciado la propia Agencia Tributaria ante el organismo que se encarga de velar por que no se vulnere la competencia. Y ha sido la Agencia la que ha suministrado a la CNMC información sobre las licitaciones de esos servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas que ella misma convocó.

Después de registrar las sedes de algunas de estas empresas, la CNMC ha llegado a la conclusión de que existen “indicios racionales” de que las consultoras pactan para fijar precios y repartirse el mercado. Y lo hacen después de intercambiar entre ellas “información comercial sensible” sobre los sistemas por los que supuestamente compiten. Todas estas prácticas están prohibidas por La Ley de Defensa de la Competencia y la legislación de la UE. Ahora se abre una investigación que durará 18 meses y que puede terminar con multas de hasta el 10% de los ingresos anuales obtenidos por cada empresa.

Las principales adjudicatarias

Sólo Indra se ha llevado contratos de la Agencia Tributaria por un total de 46,7 millones de euros en los últimos seis años. Además de los cuatro de mantenimiento de aplicaciones informáticas antes citados, la empresa semipública ha firmado por otros 3,4 millones, desde reparación de equipos para patrulleras hasta el suministro de sistemas para los helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Software AG percibió 5,87 millones de euros por otros cinco contratos, incluidos los de mantenimiento de sus propios productos informáticos. IBM suma 1,63 millones, por mantener servidores y por suministrar software de gestión. El Corte Inglés también se encarga del mantenimiento de los equipos microinformáticos de la Agencia Tributaria, uno de los cinco grandes contratos que le han sido adjudicados desde 2010 por un importe total de 1,86 millones de euros. Sin contar otros de menor cuantía: El Corte Inglés también es el responsable, por ejemplo, de mantener las licencias de Adobe Acrobat de la Agencia Tributaria.

Connectis, otra de las investigadas, recibió en 2014 el encargo de atender los sistemas de análisis de información del fisco a cambio de 1,22 millones, junto con otras tres empresas, Open, Alalza y Babel.

Axpe fue la adjudicataria del mantenimiento de los sistemas Argos (304.000 euros) y Atos Spain, de las declaraciones fiscales y las notificaciones de la Agencia Tributaria en Madrid (179.000 euros).

Aunque no son éstas las únicas grandes consultoras que trabajan para el fisco español. La multinacional francesa Cap Gemini acaba de conseguir el control de calidad de las aplicaciones para presentar las declaraciones de impuestos durante los dos próximos años por 874.226 euros. En 2012 consiguió otro, de asistencia técnica, por 857.084 euros. Y Oesía Network suma 6,74 millones de euros por un total de cinco contratos desde 2010, entre ellos los que le permiten encargarse del servicio informático de atención al contribuyente.

Indra y Software AG, también en la Seguridad Social

El roce entre las consultoras informáticas y la Administración pública no sólo ha resultado problemático en la Agencia Tributaria. Es paradigmático el caso de la Seguridad Social. En 2013 el Tribunal de Cuentas redactó un informe donde sacaba los colores a la Gerencia de Informática. Según su investigación, las adjudicaciones de la Gerencia se concentran en un número reducido de empresas: sólo ocho de ellas consiguieron el 50% del gasto entre 2007 y 2011. En este caso, además, es la propia administración la que soslayaba la competencia: un alto porcentaje de las licitaciones se celebraron por procedimiento negociado, “sin las máximas garantías de publicidad y concurrencia”.

El tribunal también reprocha a la GISS su “auténtica dependencia tecnológica” respecto de algún proveedor, lo que “condiciona contrataciones futuras” para ampliaciones, actualizaciones o mantenimiento de un suministro inicial.

A fin de hacerse una idea del apetitoso bocado que representan estos contratos para las empresas informáticas, basta con recordar que el último concurso convocado por la Seguridad Social para adjudicar los servicios de mantenimiento de sus aplicaciones informáticas, en 2014, tenía un importe de 150,58 millones de euros en dos años. Los ganadores: Indra, Software AG, Connectis y Axpe, asociados en una UTE con otras dos empresas –Métodos y Tecnologías de Sistemas y Procesos e Ingeniería de Software Avanzado–. Indra y Software AG fueron también las adjudicatarias del anterior contrato para este mismo fin, licitado en 2013 por importe de 70,22 millones de euros.Informáticos a 800 euros

Finalmente, estas consultoras informáticas son igualmente problemáticas por su política de personal. La Inspección de Trabajo está acostumbrada a recibir denuncias de los sindicatos por cesión ilegal de trabajadores, uno de los efectos perversos de la subcontratación o outsourcing. Se trata de una forma de gestión cada vez con mayor auge, tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas. Según la Asociación Española de Consultoría (AEC), el outsourcing es la principal fuente de ingresos de las consultorías y explicaba hasta el 85,7% del aumento de la facturación registrado por el sector.

La cesión ilegal se produce cuando una empresa –o la Administración– firma un contrato de servicios con otra, pero ésta, en realidad, se limita a proporcionarle personal y pagar sus nóminas. Quienes organizan el trabajo, establecen horarios y hasta las vacaciones son los mandos de la primera empresa –o de la Administración–. La subcontratada funciona como una ETT encubierta, carece de actividad y de organización propias. A veces, la empresa principal sólo posee trabajadores hasta el nivel de mandos intermedios; la parte inferior de la estructura se la cede la subcontratada.

Según los sindicatos, la mitad de los 200.000 empleados del sector están empleados en subcontratas. Es su forma habitual de trabajar. Tanto que a este tipo de empresas las han bautizado sus propios empleados como cárnicas o carniceras. En inglés, bodyshopping, la venta de capital humano a bajo precio. Muy bajo precio: los informáticos “pican código” a cambio de 800 euros brutos al mes. Con estos sueldos, las consultoras se permiten después competir con precios de licitación mínimos para ganar los muy jugosos concursos públicos.

Este miércoles 35 empleados de Bankia han recibido una orden de traslado, 29 de ellos a Valencia. Quince trabajan ahora en Canarias, cinco en Galicia, ocho en Andalucía. Los sindicatos le han pedido que paralice los traslados, sin éxito. Se quejan de una iniciativa “incomprensible” y “cruel” que tachan de “castigo”. Es la penúltima medida de la mayor restructuración laboral que ha sufrido una empresa española en lo que va de siglo. La penúltima porque el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que firmó la entidad financiera con los sindicatos en febrero de 2013 llega a su fin el próximo 31 de diciembre. En tres años, Bankia ha recortado su plantilla en 6.000 trabajadores y cerrado 1.138 oficinas. Además, ha sometido a quienes conservaron su empleo a una fuerte rebaja salarial, traslados, aumentos de jornada y cambios de horario mientras reorganizaba sus sucursales y unidades de negocio. Un conjunto de “dificultades y sufrimientos”, en palabras del presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que deberían revelarse en una encuesta de clima laboral que Bankia empezará a distribuir entre sus trabajadores la próxima semana.

A cambio de los 22.424 millones de dinero público recibidos para su rescate, Bankia se comprometió a una dura dieta de adelgazamiento que, en teoría, termina en poco más de un mes. Entre 2016 y 2017, según ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Estado pondrá a la venta la entidad, fruto de la fusión de Caja Madrid, la valenciana Bancaja y otras cinco cajas de ahorro más pequeñas. Para entonces, Bankia, que prevé terminar el ejercicio con un beneficio de 1.000 millones de euros, podrá presumir de haber multiplicado la productividad de sus empleados –un 72%, asegura– gracias a un “cambio anímico radical” –otra vez en palabras de Goirigolzarri– y a los duros ajustes laborales.

Entre 2011 y 2013 Telefónica también puso en marcha un ERE de volumen similar, 6.830 trabajadores. A diferencia de Bankia, la multinacional de César Alierta registraba beneficios récord y ofrecía unas indemnizaciones tan jugosas que los empleados adheridos de forma voluntaria superaron el número previsto de despedidos. El de Bankia, por el contrario, ha sido de todo menos un ERE pacífico. También tuvo una fuerte adhesión de voluntarios, pero de las 3.447 solicitudes presentadas, la entidad financiera sólo aceptó 1.941. Hubo 3.642 despidos.

Además, pese a que el ERE contó con el acuerdo de todos los sindicatos menos CGT, Bankia comenzó enseguida a acumular demandas judiciales, unas 250 unas 250sólo en los primeros meses, que en buen número fueron favorables a los trabajadores. El banco ha recurrido casi todas. No obstante, tres años después, un centenar siguen vivas y han llegado al Tribunal Supremo, que aún debe pronunciarse. Los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Extremadura, Castilla y León y País Vasco ya dieron la razón a los trabajadores de la entidad financiera, explican fuentes de los despedidos, que se han organizado y son muy activos en las redes sociales. 

Externalizaciones impugnadas

Además, decenas de los 616 empleados que fueron externalizados, junto con sus unidades de negocio, a otras empresas –Accenture, IBM, Manpower, Grant Thornton y Haya Real Estate– acudieron a los tribunales para impugnar los acuerdos de venta y recuperar sus condiciones laborales en Bankia. Los empleados de Grant Thornton ganaron casi todas sus demandas, lo que obligó a la consultora a negociar. Los denunciantes consiguieron la rescisión improcedente de sus contratos con la máxima indemnización y que se les abonara la cuantía salarial perdida desde que llegaron a Grant Thornton. De los 37 empleados, procedentes de la división de auditoría y asesoría jurídica de Bankia, que fueron externalizados a esta consultora, hoy sólo quedan 22. Algunos de ellos accedieron a retirar su demanda después de que Grant Thornton negociara con ellos una garantía de empleo más sólida que la que figuraba en el acuerdo de externalización, limitada a sólo dos años.

De los 44 del Departamento de Recuperaciones que se quedó Accenture, hoy sólo quedan 17, entre despidos y bajas voluntarias. Una decena de demandas están aún pendientes de resolución en los juzgados de lo Social. A Haya Real Estate, de la que es consejero no ejecutivo uno de los hijos del expresidente del Gobierno José María Aznar, Bankia le vendió su división inmobiliaria, incluidos 457 trabajadores. También allí se presentaron una decena de demandas judiciales para impugnar el acuerdo de externalización. Y también entre el personal transferido se ha producido un goteo constante de abandonos. Pactando su salida voluntaria se han marchado de la empresa una cuarentena de trabajadores, aseguran las fuentes consultadas.

Porque Bankia colocó estas plantillas a las empresas citadas con unos “descuentos” salariales de hasta el 25% respecto a los sueldos que percibían en Bankia. Perdieron un buen número de sus complementos salariales, también ayudas para la formación o guardería o la previsión social complementaria –planes de pensiones, cobertura de riesgos por invalidez o viudedad–. Además, pasaron de depender de un convenio de empresa muy bien armado, el de Bankia, a otro sectorial mucho menos perfeccionado, como el de consultoría, en los casos de IBM y Grant Thornton, o como el de oficinas y despachos, en el de Manpower, o el de gestión y mediación inmobiliaria en el de Promontoria. En su momento, los trabajadores afectados protestaban por lo que consideraban un “despido en diferido”. Viendo las cifras de abandono, el pronóstico no fue muy desacertado.

Por el contrario, Bankia defiende estas operaciones como una medida que sirvió para reducir el número de despidos, y como tal fueron firmadas por los sindicatos. Tanto UGT como CCOO defienden la firma del ERE, pero critican la “nefasta gestión” que la empresa ha hecho del acuerdo. “Desde el minuto”, subraya Manuel García, representante de CCOO en la entidad, “cuando denegaron las solicitudes de salida voluntaria y se pusieron a despedir a mansalva”. También critican los sindicatos que Bankia debiera abrir un plan de bajas voluntarias en junio de 2014 para deshacerse de los 310 trabajadores que decía que le sobraban. El anuncio lo hizo la empresa sólo seis meses después de cerrar los despidos en las sucursales y tras haber medido las “cargas de trabajo” de éstas. Al final se fueron de Bankia 216 personas, pero se habían apuntado al plan casi el triple. El pasado marzo volvió a abrir un plan de bajas voluntarias para 300 trabajadores menores de 55 años y prejubilaciones para quienes superen esa edad.

Traslados y movilidad funcional

El éxito de la convocatoria lo atribuyen los sindicatos al pésimo ambiente laboral que se vive en la entidad. Una encuesta de CCOO reveló entonces que el 57% de la plantilla considera “malo” o “muy malo” el ambiente de trabajo. La mitad de los trabajadores declara sufrir “amenazas y presiones”, y hasta el 67% de los directores, subdirectores de sucursal y coordinadores de departamento se queja de los “malos modos” de sus superiores. El 74% prolonga su jornada de trabajo de forma habitual y el 70% cree que la mala situación laboral perjudica a su salud. El 35,2% confiesa que está tomando medicación por motivos relacionados con el trabajo. Por el contrario, un portavoz de Bankia asegura que el clima laboral en la entidad es “bueno” y responde a las críticas sobre la gestión del ERE destacando que éste “se ha ejecutado según como se firmó”.

En cambio, para Pilar Valdecabres, portavoz de UGT en Bankia, el aumento de las bajas laborales –el absentismo ha crecido un punto desde 2013, según datos de la propia empresa– y el mal clima de trabajo son buena muestra del “látigo” que la entidad financiera utiliza en política de recursos humanos. Valdecabres presagia que Bankia continuará recortando el número de oficinas y los salarios de la plantilla, aunque el ERE concluya en diciembre.

Al malestar de los trabajadores no es ajena la reorganización a que se ha sometido Bankia en estos tres años. Sólo el pasado mes de julio la entidad reubicó a entre 700 y 800 jefes de zona, directores y subdirectores de oficina y gestores de banca personal, explica Manuel García. Un poco antes, en mayo, fueron trasladados a oficinas de otras ciudades un total de 116 empleados de los centros de recuperación de créditos morosos que fueron reestructurados, añade el representante de CCOO. En total, Bankia ha trasladado a 3.700 trabajadores, según reconoce la propia entidad en su informe anual correspondiente a 2014.

La batalla de la jornada partida

También la creación de las llamadas “oficinas ágiles”, que abren por las tardes, ha traído consigo un cambio fundamental en la organización del trabajo: la jornada partida. Es precisamente en los horarios donde se libra en estos momentos una auténtica batalla. Los sindicatos acudieron a la Audiencia Nacional para resolver el conflicto. Pero el acuerdo alcanzado en esa sede ha sido interpretado de forma distinta por las partes, por lo que los sindicatos están a la espera de que la Audiencia vuelva a citarles para obtener una interpretación definitiva. “Todos los días con jornada partida no es flexibilidad”, protesta Manuel García.

Además, el pasado mes de septiembre Bankia comunicó a sus 2.500 gestores de banca personal, pymes y empresas, así como a los asesores de las oficinas Plus+, que debían trabajar por las tardes. Tienen también jornada partida los empleados de los centros de recuperación, los de multicanalidad –banca on line– y los servicios centrales. En total, cerca de 4.000 trabajadores, de una plantilla de 14.042, casi un tercio, trabajan por las tardes.

El acuerdo del ERE incluyó igualmente recortes salariales. A los trabajadores de Bankia se les suprimieron las retribuciones variables en 2013. Los dos años siguientes quedaron sujetas a los resultados antes de impuestos del banco. Las recuperarán en sus condiciones iniciales en 2016. También se les suprimieron hasta el año próximo los puntos de promoción profesional. Y no cobrarán la antigüedad hasta diciembre de 2016, tampoco el plus de convenio ni la empresa hará aportaciones a los planes de pensiones hasta el próximo diciembre.

En resumen, Bankia ha aplicado durante los tres últimos años el catálogo completo de medidas de flexibilidad y reorganización laboral posibles. Muchas de ellas –recortes salariales y aumento de jornada, por ejemplo– quiere ahora la entidad, al frente de la patronal del sector, consagrarlas en el convenio colectivoconvenio colectivo que se encuentra en fase de negociación. Los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la “inusual beligerancia” que Bankia está exhibiendo en la mesa. El presidente de la patronal, ACARL, es Juan Chozas, director de Recursos Humanos del banco y ex secretario general de Empleo en los gobiernos de José María Aznar.

Los fallos del ERE

Mención aparte merece la gestión que ha hecho Bankia de los despidos. Por ejemplo, bloqueó el segundo plazo de la indemnización a los trabajadores que habían denunciado su despido en los tribunales. O ha despedido a una veintena de mujeres embarazadas, madres con reducción de jornada por cuidado de menores o recién incorporadas tras una baja de maternidad. Las que lo han denunciado ante el juez ganan los casos. Los despidos son nulos y Bankia debe readmitirlas. A continuación, vuelve a despedirlasvuelve a despedirlas.

Finalmente, el banco tuvo que cambiar la redacción de las cartas de despido de sus trabajadores porque los jueces declaraban la nulidad de las extinciones por defectos formales: las sentencias reconocían la “indefensión” de los empleados porque la misiva no explicaba el motivo por el que fueron seleccionados y omitía la nota de la evaluación profesional que supuestamente habían suspendido.

Falta personal

Si Goirigolzarri resalta el aumento de la productividad como el mayor éxito de la restructuración, los sindicatos se quejan de que ha dejado la plantilla esquilmada. No se cubren las bajas ni cualquier otra contingencia laboral, porque las plantillas están “superajustadas”, advierte el portavoz de CCOO. Por eso en Valencia, donde el recorte fue duro, ahora faltan trabajadores, unos 60, según Juan Vicente Calderón, representante de CGT. Ni siquiera con los 35 traslados previstos, por tanto, se cubrirá el déficit de personal, según apunta.

Estos últimos días, muchos de los despedidos de Bankia han empezado a recibir cartas en las que se les ofrece un puesto de trabajo en una filial del banco con un sueldo de 18.000 euros al año. Es decir, aproximadamente un tercio de lo que cobraban antes de que los echaran. Seis mil despidos después, Bankia necesita personal. Y lo busca a precios muy bajos.

Sólo en Grant Thornton, que adquirió la división de auditoría y asesoría jurídica de Bankia con sus 37 empleados, ya suman siete sentencias de juzgados de lo Social que declaran nulo el acuerdo de externalización por constituir un fraude de ley o los recortes salariales incluidos en él. Se han presentado unas 20 demandas, según explican a infoLibre fuentes de la plantilla. En Promontoria, rebautizada como Haya Real Estate y a la que Bankia vendió su división inmobiliaria –incluidos 457 trabajadores– las demandas interpuestas alcanzan la decena. Y otras tantas han presentado los empleados de Energuia Web, la filial de Accenture que se quedó con el departamento de Recuperaciones.

Pero los pronunciamientos contra esta práctica empresarial han llegado también de instancias superiores. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional tumbó el acuerdo por el que Banco Mare Nostrum (BMN) externalizó su área de Operacionestumbó el acuerdo. Fruto de la integración de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, BMN traspasó a la citada filial de Accenture, Energuia Web, 150 trabajadores. El pacto establecía recortes salariales de hasta el 35%, el aumento de la jornada anual, la reducción de los días de vacaciones y la supresión del plan de pensiones, entre otras rebajas.

Eso sí, al mismo tiempo incluía una tabla de indemnizaciones muy generosa para quienes prefirieran extinguir su contrato –la ley fija 20 días por año trabajado y el acuerdo ofrecía 30 días más una prima de 10.000 euros y compensaciones adicionales por el recorte salarial o el traslado, si era el caso–, por lo que de los 150 empleados inicialmente previstos, sólo 13 prefirieron quedarse en Energuia Web.

Pues bien, la Audiencia Nacional dictaminó que tal acuerdo es “un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria” que “persigue un fin prohibido por el ordenamiento”: alterar el derecho al “mantenimiento de las condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores cedidos [a Energuia Web]”. El tribunal anuló el pacto porque constituye un fraude de ley, dando la razón a la Unió Obrera Balear (UOB), que presentó la demanda contra las dos empresas y los sindicatos firmantes.

Un acuerdo paralizado

Los argumentos de la Audiencia Nacional, apoyados en la normativa de la Unión Europea y en jurisprudencia del Tribunal Supremo, coinciden con los esgrimidos por los juzgados de lo Social, de Barcelona y Valencia, que están anulando las externalizaciones de Bankia: la ley prohíbe modificar las condiciones laborales de los trabajadores antes de que sean cedidos a la nueva empresa. Tiene que ser ésta la que negocie después con sus empleados recién adquiridos el cambio de convenio colectivo y los recortes salariales. Justo lo contrario de lo que ha hecho Bankia en todas sus externalizaciones.

Tanto BMN como Energuia Web han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque el banco no ha esperado al fallo, que puede demorarse un año o más. Según la UOB, los 13 trabajadores externalizados han sido “presionados” para firmar un documento donde cada uno de ellos acepta las rebajadas condiciones laborales que incluye el acuerdo anulado.

Mientras, en Grant Thornton y Accenture los trabajadores han denunciado ante los jueces no sólo los pactos de externalización, sino que también exigen recuperar sus antiguas condiciones laborales. Otros han optado por reclamar la rescisión de su contrato por despido improcedente. Fuentes de la plantilla de externalizados en Grant Thornton prevén que el número de demandas siga aumentando. Y recuerdan que el pasado mes de julio los trabajadores llegaron a un acuerdo con la auditora, representada por el despacho de abogados Sagardoy, para rescindir los contratos de todo el personal. “Pero lo paralizaron, no sabemos si Bankia o Grant Thornton”, revelan. También aseguran que los afectados pidieron en su día a los sindicatos que no firmaran el acuerdo de externalización. No les hicieron caso. Los seis pactos fueron suscritos por todos los sindicatos de Bankia, tanto UGT y CCOO como los profesionales –ACCAM, CSICA y SATE–. Sólo CGT lo rechazó.

Cesión ilegal de trabajadores

Otro detalle que, a juicio de los afectados, avala la ilegalidad de las externalizaciones tal y como las diseñó Bankia apunta a un posible delito de cesión ilegal en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. “Mi ordenador, mi teléfono, las aplicaciones informáticas… son las mismas que tenía en Bankia”, repiten los trabajadores de Grant Thornton y Bankia consultados por este periódico. Sólo ha cambiado la oficina, pero el trabajo, recalcan, es idéntico al que hacían en el banco. En el caso de la auditora, además, los jefes ante quienes responden en Bankia siguen siendo las mismas personas que tenían antes de la externalización. Grant Thornton no lleva a cabo ningún tipo de control sobre estos empleados procedentes de Bankia, indican.

Un extremo que confirma el sindicato ACCAM sin proponérselo. En un correo electrónico enviado en mayo a la plantilla de Bankia, denunciaba que los coordinadores de equipo continúan coordinando a los mismos trabajadores de siempre, sólo que éstos ahora están empleados en otras empresas. “Pero mantienen la misma relación de dependencia funcional”, indican. Precisamente una característica que la ley considera constitutiva del delito de cesión ilegal de trabajadores: debería coordinar quien les paga; si no es así, no es su empleador real.

Despidos disciplinarios

Mención aparte merecen los tres despidos que ha ejecutado ya Accenture entre los externalizados de Bankia. Dos en Energuia Web y otro más en Accenture Outsourcing, que adquirió el departamento de Compras y sus ocho trabajadores. Se trata de despidos disciplinarios, los únicos excluidos de la cláusula de salvaguarda que establece el acuerdo de externalización. Según ésta, la nueva empresa no puede despedir a los empleados cedidos en un plazo de dos años –cinco en el caso de Accenture Outsourcing–.

Los despedidos también han demandado a la empresa. Apuntan que la baja productividad que se alega en las cartas de despido no es real; tampoco ha mediado ningún apercibimiento verbal o escrito. Por el contrario, resaltan, el único motivo detrás de la medida es deshacerse paulatinamente de los trabajadores procedentes de Bankia, con sueldos –y antigüedad– que doblan los del resto de sus compañeros en Energuia Web, la mayoría contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT).Los empleos de Promontoria dependen de la Sareb

También se ha producido un goteo constante de abandonos. Tanto en esta filial de Accenture –nueve personas– como en Haya Real Estate –una veintena– muchos han optado por pactar su salida con los 20 días de indemnización que ofrece la ley a quien no acepte cambios en sus condiciones de trabajo. Y no han sido menores: los recortes de sueldo varían según la empresa, pero en algunos casos alcanzan hasta el 30%, fruto de la rebaja del sueldo fijo y la pérdida de complementos salariales. También se les ha aumentado la jornada laboral, han perdido beneficios sociales o han sido trasladados. De Valencia a Madrid, por ejemplo.

Sobre la plantilla de Haya Real Estate, la externalización de mayor volumen, también la que gozó de mejores condiciones, se cierne ahora una amenaza. La empresa, de la que es consejero uno de los hijos de José María Aznar, está pendiente de que la Sareb (el banco malo) le adjudique de nuevo la gestión de los créditos a promotor de Bankia y los activos del Banco de Valencia que supone el núcleo de su negocio. Si pierde ese contrato, la cláusula de protección frente al despido que incluyó su acuerdo de externalización dejará de funcionar. Los responsables de la empresa han comunicado al comité su “confianza” en renovar la adjudicación, que caduca el 31 de diciembre de este año.

Consultada por infoLibre, Bankia se ha limitado a señalar que las externalizaciones se han hecho “ateniéndose a la estricta legalidad”. También destaca que, gracias a estas operaciones, “se han salvado 1.500 puestos de trabajo [añade a los 616 de las externalizaciones los empleos del National City Bank of Florida, que fue vendido al chileno Banco de Crédito e Inversiones] de los 6.000 que la UE obligaba a recortar”.

El Ministerio de Empleo ha convertido en un hecho cierto el viejo refrán español que pone en casa del herrero un cuchillo de palo. Porque una veintena de informáticos que trabajan en las instalaciones del departamento que dirige Fátima Báñez llevan tres meses sin cobrar sus sueldos. Y la empresa que los contrató, Alba Technology, tampoco paga sus cuotas a la Seguridad Social desde el pasado mes de enero. Para mayor abundamiento en lo que se denomina precarización de las relaciones laborales, Alba es en realidad la subcontrata de otra subcontrata, Insa, creada por IBM y Catalana Occidente, además de una de las principales adjudicatarias de servicios informáticos de la Seguridad Social.

Alba Technology, una consultora con una plantilla de más de 300 empleados y filiales en ocho países, ha comunicado a sus trabajadores que está tramitando la solicitud del concurso de acreedores y que no puede hacer frente al pago de sus nóminas. También les aseguró que debe millón y medio de euros a Hacienda, por lo que ha sido embargada. InfoLibre ha intentado repetidamente durante los dos últimos días recabar información de Alba Technology sobre todos estos extremos, sin éxito.

Insa, para la que lleva a cabo todo tipo de servicios –análisis, programación, planificación– en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), ya ha comunicado que rescindirá su contrato con Alba Technology a fecha de 31 de mayo. Ese día será, por tanto, el último de trabajo para los 20 empleados de Alba en la Gerencia de Informática. Pero no son los únicos perjudicados. Aquélla, además, tiene otros 75 trabajadores subcontratados por otra de las grandes del sector, Indra, repartidos en departamentos del Ministerio de Trabajo como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el antiguo Inem. Tampoco cobran desde marzo.

Ofertas con condiciones devaluadas

Ni Insa ni Indra quieren hacerse cargo de los trabajadores de Alba. Así que han buscado otras empresas que los contraten. Insa acudió primero a PSS Tecnologías de la Información y después a General Software, dos consultoras de tecnologías de la información especializadas en la cesión de estos profesionales a otras empresas. Ambas ofrecieron a los 20 empleados de Alba en la GISS un contrato por obra y servicio hasta octubre, que es la fecha en que expira la adjudicación a Insa. También les propusieron un sueldo inferior al que perciben ahora –no querían abonarles los pluses– y la pérdida de la antigüedad. Estos trabajadores cobran entre 1.400 y 2.000 euros brutos al mes, según la categoría. Además, les pidieron que firmaran la baja voluntaria, para evitar el pago de indemnizaciones. Las ofertas hechas por las consultoras contactadas por Indra son similares, según explican fuentes de CGT en esa empresa: ni antigüedad, ni pluses ni indemnización, contrato por obra...

En resumen, una rebaja considerable de sus condiciones laborales. Los 20 informáticos subcontratados por Insa llevan años trabajando en la GISS, algunos una década. Todos tienen contratos indefinidos. Y es que Alba Technology primero fue subcontratada por Accenture cuando ésta consiguió el contrato en 2006. En 2010 perdió su renovación frente a Insa, que subrogó los contratos de los trabajadores de Alba.

Un portavoz de esta filial de IBM confirmó a infoLibre que está negociando con otras empresas para buscar una solución, tras precisar que carece de responsabilidad alguna en los conflictos que “un tercero”, Alba Technology, tiene con su plantilla.  Por su parte, Indra asegura que está “estudiando alternativas” para solucionar el problema, pese a que es “ajena” a los incumplimientos de Alba Tecnolochy con sus trabajadores.

Por su parte, el Ministerio de Empleo sostiene que no tiene ninguna “obligación” con los trabajadores de las subcontratas, una figura permitida por la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Un portavoz asegura que sólo podría actuar “si se viera comprometida la prestación del servicio”, que hasta ahora se realiza “con normalidad”. De modo que la intervención del departamento se limita hasta el momento a ejercer como “autoridad laboral”; es decir, a tramitar las denuncias que los afectados han presentado ante la Inspección de Trabajo.

Los peligros de la cesión ilegal

Como los trabajadores de Alba Technology rechazaron la oferta de PSS, Insa acudió a General Software, que repitió las condiciones de la primera. Cinco informáticos han terminado firmando. El resto sigue oponiéndose. Nueve de ellos han presentado ya una demanda por cesión ilegal de trabajadores, cuya conciliación previa se celebrará el próximo 8 de mayo. La demanda se dirige contra Alba, INSA y el Ministerio de Empleo. Según han explicado algunos de ellos a infoLibre, ya han aparecido por la GISS los nuevos empleados que les sustituirán a partir del 31 de mayo.

El recurso a empresas informáticas es una práctica antigua y generalizada en la Seguridad Social, que ya ha merecido el reproche del Tribunal de Cuentas. Este órgano criticó al Ministerio de Empleo por suplir con trabajadores subcontratados “sus carencias de personal con cualificación informática”. “Los contratos de servicios encubren la contratación de personal al margen de la legislación laboral y de la función pública”, explicaba el informe del Tribunal de Cuentas, publicado en 2012. La Seguridad Social, aseguraba, no cubre con las subcontratas privadas insuficiencias de personal coyunturales, sino “estructurales y permanentes”, algo que el órgano fiscalizador recuerda que viene denunciando nada menos que desde 1994.

La Gerencia saca a concurso cada cuatro años la mayoría de sus servicios informáticos. En tal volumen que, según CCOO, el número de empleados subcontratados dobla al de funcionarios. En muchos casos, estos trabajadores han terminado denunciando a sus empresas y al Ministerio de Empleo por cesión ilegal. Se trata de un delito, según lo describe el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores: un asalariado es contratado por una empresa, que es la que le paga, pero en realidad trabaja para otra, de la que recibe órdenes y que establece todas sus condiciones laborales. La Administración acumula un buen número de condenas por cesión ilegal de trabajadores, que la obligan a incorporar a éstos como personal laboral fijo.

Así que, para evitar esas sentencias y el consiguiente aumento de plantilla que implican, las administraciones han extremado sus cautelas ante cualquier posible confusión de empresas. Según los testimonios recabados por infoLibre, desde abril del año pasado los responsables de la Seguridad Social cambiaron al personal de Insa las normas para utilizar el aparcamiento, la empresa les puso un coordinador al que ahora comunican las horas extraordinarias, o los funcionarios al cargo dejaron de transmitirles por correo electrónico las fechas de las vacaciones o los cambios de horario durante los festivos: se los hace saber sólo verbalmente. “Maquillaje”, aseguran. El trabajo, dicen, sigue siendo el mismo.

La cura de adelgazamiento a la que está sometida Bankia por imperativo comunitario debe quitarle de encima 6.000 trabajadores antes de 2015. De ellos, 3.500 perderán su empleo mediante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que concluyó en las sucursales el pasado día 22 y seguirá en los servicios centrales en enero. Otros 1.500 saldrán de la entidad nacionalizada mediante la venta de filiales –National City Bank of Florida– y la “externalización” de algunos de sus departamentos. Así, 616 trabajadores han dejado de ser empleados de Bankia desde el pasado abril como resultado del traspaso a IBM, Manpower, Accenture, Promontoria y Grant Thornton de sus áreas tecnológica, de formación, compras, activos inmobiliarios y auditoría y asesoría jurídica, respectivamente.

Hace dos semanas Bankia y Accenture rompieron las negociaciones para que la consultora se hiciera con el departamento de Recuperaciones del banco y sus 45 trabajadores. El motivo: “Somos demasiado caros”, responden los portavoces sindicales consultados. Son los elevados salarios el problema que la entidad esgrime ante su comité de empresa cuando se ha sentido a negociar las condiciones de cada externalización.

De hecho, y con excepción de los trabajadores que han sido cedidos a Promontoria, pertenecientes al área de activos inmobiliarios, el resto ha sufrido rebajas salariales con el cambio de empresa. De entre el 7% y el 26%, dependiendo de la compañía y de su sueldo. Grant Thornton, que el pasado día 1 se hizo con 37 empleados del departamento de auditorías y asesoría para particulares tras meses de negociación, reclamaba un recorte de sueldos de hasta el 30%. Finalmente, la reducción será del 7% para los primeros 30.000 euros de retribución fija bruta anual hasta el 26% para quienes cobren más de 50.000 euros.

En el caso de los ocho empleados que pasaron del departamento de Compras a Accenture, la rebaja salarial ronda el 20%. Según fuentes sindicales, la consultora “apretó muchísimo” durante las negociaciones para bajar sueldos. Pese a la inicial ruptura de las conversaciones para hacerse con el área de Recuperaciones, acaba de volver a sentarse con Bankia y el lunes lo harán también con los sindicatos para ultimar la operación.

Adiós a los complementos, beneficios sociales y pensiones

Según puede verse en cada uno de los acuerdos de externalización, los trabajadores de Bankia pierden un buen número de sus complementos salariales, también ayudas para la formación o guardería o la previsión social complementaria ؘ–planes de pensiones, cobertura de riesgos por invalidez o viudedad–, por ejemplo. Pasan de depender de un convenio de empresa muy bien armado, el de Bankia, a otro sectorial mucho menos perfeccionado, como el de consultoría, en los casos de IBM-New Truro y Grant Thornton, o como el de oficinas y despachos, en el de Manpower, o el de gestión y mediación inmobiliaria en el de Promontoria.

Con la presión sobre los costes salariales, los sindicatos se centraron, aseguran las fuentes, en defender la integridad del sueldo base y la antigüedad de los trabajadores afectados, que no obstante han perdido complementos salariales “implantados con la fusión de las siete cajas [que dieron lugar a Bankia] u otros anteriores”.

Blindajes con agujeros

Atención aparte merece la garantía de empleo que incluyen esos acuerdos. Con esas cláusulas se pretende blindar a los trabajadores frente a futuros despidos en sus nuevas empresas. Pero lo cierto es que son, cuanto menos, muy débiles. En los casos de Manpower, IBM y Grant Thornton sólo se les garantiza que, en caso de que estas empresas presenten un ERE este se llevará a cabo “previa negociación con los representantes de los trabajadores”, algo ya obligatorio por ley aunque no exista comité de empresa. Además, esa negociación “no implica la necesidad de un acuerdo”. En Accenture este blindaje light se extiende durante cinco años, pero en Manpower es sólo por tres años y en IBM y Grant Thornton, sólo durante dos.

Aunque la garantía de empleo más peculiar es la establecida para Promontoria. Estos 457 trabajadores conservan seis de sus complementos salariales –en el resto de las externalizaciones sólo mantienen tres– e incluso el sistema de retribución variable de Bankia que todos los demás han perdido, también la previsión social complementaria –aunque la sostendrá una compañía de seguros externa–. Fue el único caso en que la empresa estaba dispuesta a asumir la plantilla sin importarle las nóminas. En cambio, su cláusula de blindaje frente a futuros despidos tiene tantas excepciones que la convierte en una suerte de queso gruyère.

De hecho, no funcionará si Promontoria presenta un despido colectivo para menos del 20% del personal transferido por la entidad financiera por causas económicas, productivas o “de eficiencia”, “ya sea con el consentimiento de Bankia o avalado por los tribunales del orden social”. Además, el mantenimiento de estos trabajadores está directamente vinculado con el contrato que Bankia y Promontoria han firmado para que esta gestione los activos inmobiliarios del banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Si este contrato es resuelto o no es renovado, la empresa podrá despedir a la plantilla recién transferida. Pero también si el volumen de activos que gestione Promontoria se reduce más de un 20% en 2014 y un 40% en 2015 respecto al volumen gestionado en el momento de la firma del contrato. El motivo: Promontoria fue creada ad hoc para hacerse cargo de los inmuebles tóxicos de Bankia. “Es un despido diferido”, se lamentan los trabajadores consultados por infoLibre.

El negocio está en la red, a la vista de cómo han superado los primeros tres meses del año las grandes tecnológicas estadounidenses. La compañía de Bill Gates ganó en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 6.055 millones de dólares (4.626 millones de euros), un 18,5% más. El beneficio del buscador crece un 15,8% hasta los 3.346 millones de dólares (2.556 millones de euros). Pero el resultado de la tecnológica que preside Ginni Rometty cayó un 1,1% en el primer trimestre, y se quedó con una ganancia neta de 3.032 millones de dólares (2.317 millones de euros).

De hecho, la cifra de negocio de IBM alcanzó en los tres primeros meses del año los 17.890 millones de euros, lo que supone un 5,1% menos que los 18.855 millones que ingresó en el primer trimestre del ejercicio anterior. 

Por divisiones geográficas, las ventas descendieron un 4% en América, la misma caída que registró su negocio en Europa, Oriente Próximo y África. En el caso de Asía Pacífico el descenso fue del 7%.

La presidenta y consejera delegado de IBM, Ginni Rometty, destacó que en el primer trimestre del año la compañía logró aumentar su beneficio neto operativo y su beneficio por acción, así como ampliar sus márgenes operativos, aunque reconoció que no logró alcanzar todos los objetivos marcados para este periodo.

"A pesar del sólido inicio de año y de la buena demanda de clientes no cerramos una serie de operaciones de software y servidores, que se han trasladado al segundo trimestre. La división de servicios se comportó como esperábamos, con un fuerte crecimiento del beneficio y significativos nuevos negocios en el trimestre", explicó.

El negocio está en la nube

Por el contrario, Microsoft vuela. Su facturación alcanzó en estos últimos tres meses los 15.655 millones de euros, un 17,7% más en comparación con los 13.230 millones que ganó en el primer trimestre del ejercicio anterior.

En los nueve primeros meses de su ejercicio, la informática obtuvo un beneficio neto de 12.911 millones de euros, un 3,3% menos que los 13.348 millones que ganó hace un año, mientras que los ingresos aumentaron un 4,1%, desde los 42.531 millones de euros hasta los 44.005 millones.

El consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, destacó que las "valientes apuestas" que realizó la compañía en los servicios en la nube "están dando sus frutos", incluidos Office 365, Windows Azure, Xbox LIVE y Skype. "Aunque aún hay trabajo por hacer, somos optimistas en que las apuestas que hemos hecho en los dispositivos Windows nos colocan en una buena posición para el largo plazo", añadió.

Por otro lado, Microsoft informó de que el director financiero, Peter Klein, abandonará la compañía a finales del actual ejercicio fiscal, después de cuatro años en el cargo y once en la empresa. Su sustituto será anunciado en las próximas semanas.

La facturación de Google se dispara un 31,2% 

Finalmente, la cifra de negocio de la empresa con sede en Mountain View alcanzó los 10.670 millones de euros, un 31,2% más que los 8.131 millones de euros de hace un año, de los que el 55% procede de su división internacional, un punto porcentual más que hace 12 meses.

En concreto, la facturación de la compañía procedente de sus sitios de Internet alcanzó los 6.601 millones de euros, un 18% más, mientras que los ingresos procedentes de otros sitios web aumentaron un 12%, hasta los 2.491 millones.

El consejero delegado de Google, Larry Page, destacó que la compañía registró un inicio de año "muy fuerte", con un aumento de la facturación del 31%. "Estamos trabajando duro e invirtiendo en nuestros productos con el objetivo de mejorar la vida de miles de millones de personas en todo el mundo", afirmó.