José Luis Ayllón, exdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, se ha incorporado a LLYC (antiguamente conocida como Llorente y Cuenca), firma global de consultoría de comunicación y asuntos públicos en América Latina, España y Portugal, como nuevo director del área Contexto Político.

Con más de 20 años de trayectoria profesional, desarrollará y complementará la labor que viene desarrollando Román Escolano desde el área Contexto Económico para el análisis y la información orientados a la toma de decisiones, según ha informado la firma en una nota.

Nacido en 1970 en Barcelona, Ayllón es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional incluye diversos cargos de responsabilidad en la Administración, como director del gabinete de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy hasta el pasado año; secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, secretario General del Grupo Parlamentario Populary secretario de Comunicación del Partido Popular.

La imagen de Soraya Sáenz de Santamaría sentada en un extremo de la bancada conservadora del Congreso en el primer Pleno tras el parón estival es un resumen perfecto de cómo ha cambiado el PP en apenas dos meses. La vicetodo, como la bautizaron sus críticos por la forma inédita de acumular poder en el Gobierno, es ahora una diputada rasa. Perdió su papel en la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y se quedó también sin despacho en Génova tras perder en el congreso frente a Pablo Casado.

Transcurridos casi dos meses del congreso que le aupó a la presidencia del PP, Casado hace los últimos encajes de piezas previos a la selección de candidatos electorales para las citas electorales de 2019. Los suyos hablan de integración; sus rivales no lo tienen tan claro.

Santamaría, que en estos días reflexiona sobre su futuro antes de comunicarle a su nuevo jefe si sigue en política o no, fue la principal perdedora al haber sido la candidata y, por tanto, la cara más visible. Pero muchos otros dirigentes la acompañaron en su carrera hacia la presidencia del PP. ¿Quiénes son y dónde están?Fátima Báñez

Fátima Báñez

Amiga personal de Soraya Sáenz de Santamaría, la exministra de Empleo fue uno de los principales apoyos de la campaña de la exvicepresidenta. Con ella estuvo desde el primer día, acompañándola a presentar las firmas para la candidatura en la sede nacional del PP.

Cuentan fuentes conocedoras del proceso, que Báñez, diputada por Huelva, fue clave, junto a otros dirigentes como Javier Arenas o Juan Manuel Moreno, en la victoria de Santamaría en la primera ronda. Fueron los militantes andaluces los que decidieron su triunfo al darle 4.000 votos más que a Casado.

El exministra, vista puertas adentro del PP como uno de los rostros de la recuperación económica y la reducción del paro, es diputada en el Congreso, institución en la que también ocupa el puesto de vocal en la Diputación Permanente, órgano que suple las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. En las negociaciones posteriores al congreso, el equipo de Santamaría rechazó una oferta para que se incorporara a una secretaría de área de la nueva estructura.

Hasta la fecha, Casado ha optado por mantener a Báñez en este órgano parlamentario en el que ingresó en agosto de 2018. Ser vocal en una comisión no implica remuneración extra en el régimen de retribuciones de los parlamentarios. 

Casado sí ha ofrecido a Santamaría la presidencia de una Comisión. Si la exvicepresidenta lo acepta, sus ingresos mensuales se verían incrementados en más de 1.400 euros.

Javier ArenasJunto a otros compañeros de partido –Villalobos o Montoro, por ejemplo– Javier Arenas fue protagonista de un polémico vídeo de campaña. Javier Arenas

Se titulaba "Cuéntame cómo vais a renovarnos" y se atribuyó al entorno de Casado, pero el entonces candidato siempre lo negó.

Tras años siendo la sombra de Mariano Rajoy, al que le une una muy estrecha amistad, la llegada de Pablo Casado a Génova le sacó de la dirección nacional del partido. Su puesto de los últimos años, la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local, pasó a manos de Vicente Tirado, el hombre fuerte de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. 

Tirado, que sonaba como sustituto de Cospedal al frente de la dirección regional del partido, se bajó este mismo viernes de la carrera sucesoria. Opta, pues, por volcarse en la dirección nacional del PP.

Arenas también deja de ser secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Le ha sustituido José Ortiz Vejer.

Cristóbal Montoro 

El exministro de Hacienda de Rajoy ha decidido continuar en su escaño de la Cámara Baja. En la nueva estructura ha sido propuesto como presidente de la Comisión de la Economía y Empresa del Congreso.

Mantiene su puesto en la Diputación Permanente. Fue nombrado vocal en agosto de 2018.

Es el mismo caso del exministro de Educación y exportavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. También alineado con la exvicepresidenta, ha sido propuesto presidente de la Comisión de Educación del Congreso. También es vocal en la diputación permanente. 

Iñigo de la Serna

Una semana después del congreso extraordinario del PP, el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, anunció su decisión de dejar la política activa para dar el salto al sector privado. Ponía fin a casi dos décadas en las instituciones.

Al igual que ocurrió en el caso de Báñez, De la Serna rechazó asumir una secretaría de área en el PP.

Juan Manuel Moreno

Pieza fundamental de equipo de Santamaría, el presidente del PP andaluz es también ahora una pieza clave de la estructura del PP de Casado. A la fuerza. No es ningún secreto que Juan Manuel Moreno no es el favorito del nuevo equipo. Pero ganó el último congreso del PP y eso implica que va a ser el candidato a las próximas elecciones andaluzas.

De hecho, para cerrar especulaciones Casado le ratificó como candidato en las primeras entrevistas que concedió tras ganar el congreso. Y ha realizado varias visitas a esta comunidad autónoma en las últimas semanas. Un gesto hacia una formación regional eminentemente sorayista sorayista.

Si Susana Díaz adelanta elecciones para antes de fin de año, las andaluzas serán la primera prueba de fuego de Casado. En ellas podrá testar si su llegada a la presidencia del PP moviliza e ilusiona a los electores. La prueba no es sencilla porque nunca han gobernado en Andalucía. 

Moreno se la juega no sólo en las urnas, sino también puertas adentro del PP. Las heridas del congreso no están cerradas y un mal resultado reabrirá el debate sobre su continuidad en el cargo.

Alfonso Alonso

Como Báñez, fue otro de los dirigentes conservadores que acompañó a Santamaría en la entrega de avales y estuvo presente en muchos actos de campaña.

Las fuentes consultadas aseguran que el líder del PP vasco y Casado ya han limado las asperezas de la batalla por el liderazgo del PP y que miran "a futuro". "Casado quiere que el PP vasco tenga más presencia en las instituciones de Euskadi y para ello tiene que contar con Alonso y su equipo, que llevan años trabajando sobre el terreno", resume un dirigente conservador.

Como Alonso, Javier Maroto fue alcalde de Vitoria. Muchos en el PP se sorprendieron cuando el exresponsable de Sectorial se puso del lado de Casado mientras el llamado nuevo PP vasco se decantaba por Santamaría. Sobre todo, por la identificación del ahora líder conservador con la etapa de María San Gil al frente del PP vasco.  

Las fuentes consultadas atribuyen a Maroto, ahora número tres del partido, gran parte del trabajo de acercamiento entre Casado y la dirección del PP vasco. El líder de los conservadores acudió a Vitoria a las fiestas de la Virgen Blanca, donde compartió jornada con Alonso y su equipo.

José Luis Ayllón

El exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes y exjefe de Gabinete de Mariano Rajoy tuvo claro que su sitio en esta batalla estaba en el lado de Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta misma semana se ha conocido que ha aceptado la vicepresidencia primera de la Comisión Mixta para la UE. Un puesto que ocupaba Pablo Casado. 

Fernando Martínez-Maillo

"Siempre he creído que era la persona adecuada, he mantenido la neutralidad pero la voté en primera vuelta". Así se pronunciaba el por entonces vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, el día de la votación entre Casado y Santamaría. Para muchos de sus compañeros de partido, sus palabras desvelaban un secreto a voces.

Fuera de la estructura de la dirección del partido, el excoordinador general del PP, ocupa una de las siete portavocías adjuntas del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Celia Villalobos

La exvicepresidenta del Congreso dijo en campaña que se iría a "cargar cebollinos" si Casado ganaba las elecciones internas en el PP. Casado ganó. Y Villalobos no se ha ido a ningún sitio. Sigue en su escaño en el Congreso de los Diputados. Eso sí, ha sido apartada como vocal en la Diputación Permanente.

De forma paralela, su marido, Pedro Arriola, sociólogo de cabecera de Rajoy, ya no prestará servicios en el PP de Casado, tal y como adelantó lainformacion.com.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha admitido este martes que no ve recurrible la firma de la propuesta de investidura de Carles Puigdemont que ha realizado el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero ha señalado que la estudiará porque está "pendiente" de los pasos que da la Mesa de la Cámara autonómica.

Un día después de que Torrent anunciase que Puigdemont era el candidato, ha firmado esa propuesta de investidura y la ha publicado en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc), ha informado la Cámara en un comunicado recogido por Europa Press. La incógnita es si la investidura será presencial o telemática, ya que Puigdemont será detenido si regresa a España.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha indicado que se trata del "acto comunicado" este mismo lunes por Torrent que "hoy se ha publicado". "A partir de ahí, lo que vamos a estudiar es la posibilidad de que una persona que hasta ahora ha manifestado toda su voluntad de no estar presente en la jornada de investidura, eso es posible con el Reglamento del Parlament en la Cámara y el informe de los letrados", ha manifestado en los pasillos del Congreso.

Tras señalar que no es posible la investidura de Puigdemont, Ayllón ha subrayado que está "absolutamente pendiente" de los pasos que se van dando en el Parlamento de Cataluña para actuar cuando haya actos que no estén de acuerdo con la Constitución y el reglamento. "Si hay que presentar algún recurso a cualquier decisión de este tipo, se hará", ha apostillado.

Aún no se sabe cuándo será el pleno

Preguntado entonces acerca de si no es recurrible esa firma de la propuesta de Puigdemont como candidato, Ayllón ha asegurado que aún ni siquiera saben cuándo será el Pleno de investidura —tiene de plazo máximo hasta el día 31 de enero— ni en qué "circunstancias" se celebrará.

"Cada cosa a su tiempo. Hoy sabemos una cosa y esa cosa hay que ver qué consecuencias tiene. En el momento en que haya un acto jurídico que podamos recurrir, evidentemente lo haremos", ha manifestado Ayllón, poco después de conocerse que será el nuevo jefe de gabinete de Mariano Rajoy en sustitución de Jorge Moragas.

Reuniones con presidentes de gobierno, no de parlamentos

Ante la carta que Torrent ha enviado a Rajoy para hablar de la situación en Cataluña, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha señalado que "se ha recibido hoy" y "por supuesto se contestará". Sin embargo, no ha querido precisar en qué términos, ya que, según ha dicho, lo "lógico y razonable" es que primero lo sepa la persona a la que va dirigida esa misiva.

En cuanto a si vería razonable esa reunión entre Rajoy y Torrent, Ayllón ha afirmado que "generalmente" esas reuniones son con "otros presidentes de gobiernos". "No recuerdo reuniones del presidente de Gobierno de España ni en esta fase ni en otra con presidentes de Asambleas legislativas de comunidades autónomas", ha agregado.

A su entender, lo que debería hacer Torrent es "hacer todo lo posible" para que en el "menor plazo posible" haya un presidente de la Generalitat que respete la Constitución y las leyes, permitiendo así "una relación normal entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat".

Renuncia de Forn al acta de diputado

Después de que el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Form haya anunciado que renuncia al acta de diputado en el Parlament para preparar mejor su defensa y poder salir de prisión, Ayllón ha dicho que son "decisiones personales" y, por tanto, "nada que decir al respecto".

"Es una posibilidad que tienen los miembros del Parlament, en este caso de cualquier parlamento, de renunciar a su acta si consideran que eso es lo mejor para su organización política, para su situación personal o para lo que consideren oportuno", ha concluido.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, propondrá en el Consejo de Ministros de este viernes el nombramiento de José Luis Ayllón Manso como nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que reemplaza a Jorge Moragas, que ha sido nombrado embajador de España ante las Naciones Unidas, según informó en un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación.

José Luis Ayllón Manso, de 47 años de edad, es en estos momentos el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, puesto que lleva desempeñando desde el año 2011.

Según informa la Moncloa, el nuevo jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha trabajado en La Caixa y Arthur Andersen, Asesores Legales y Tributarios. También fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña y secretario nacional de Comunicación del Partido Popular.

Ayllón formó parte del Gabinete del Presidente del Gobierno en el año 2001 y ha sido diputado del Partido Popular en varias legislaturas. Es un hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Es un político joven, pero curtido en el trabajo parlamentario, en la búsqueda de consensos y en las relaciones con los partidos de la oposición. Y con una enorme capacidad de trabajo", valora un compañero de filas que le conoce bien.

En un momento en el que Santamaría está en el punto de mira de algunos sectores conservadores por su gestión de la crisis catalana, el hecho de que Rajoy haya optado por Ayllón supone un gesto de respaldo a la vicepresidencia, según interpretan las fuentes consultadas.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha avalado la compatibilidad de la reforma del Tribunal Constitucional español con "los estándares europeos" pero ha recomendado a España que realice algunas "mejoras" para garantizar la neutralidad del órgano de garantías y la separación de poderes. Dicha reforma, llevada a cabo al final de la pasada legislatura con el objetivo de fortalecer este órgano frente al incumplimiento de sus sentencias por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya, permite que el TC aplique medidas ejecutivas para obligar al resto de poderes del Estado a asumir y cumplir con sus veredictos.

En este sentido, en un comunicado hecho público este fin de semana, reconoce que, en los casos en que un representante público "se niega a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, está violando los principios del impero de la ley, la separación de poderes y la coopeación leal entre los órganos estatales". Además, dado el carácter "vinculante y definitivo de sus sentencias", el incumplimiento de las mismas supone, según recuerda, una falta equivalente a "hacer caso omiso de la Constitución y del poder constituyente". Sin embargo, subraya que el refuerzo de la capacidad del órgano judicial para garantizar la ejecución de sus propias sentencias "son legítimas" el ejercicio de dicha facultad "es la excepción y esta tarea está usualmente atribuida a otros poderes estatales".

"Debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como un árbitro neutro, como un juez de leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de los partidos políticos", sugiere la comisión.

Por otra parte, expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en caso de ejercer esta facultad y pone el acento sobre la posibilidad de suspender cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades.

"La Comisión de Venecia es consciente de que el Tribunal Constitucional tendría que tomar medidas ejecutivas en una situación en la que ya enfrenta la negativa a ejecutar sus mandatos. La negativa a cumplir también las medidas ejecutivas podría suponer un cuestionamiento de la autoridad del propio tribunal y de la misma Constitución", advierte.

Por eso, propone que en casos como esos, "intervengan otros cuerpos del estado para defender la Constitución y el Tribunal Constitucional" y subraya que, aunque ampliar las capacidades ejecutivas del tribunal "pueda parecer en un principio un incremento de poder", la división de competencias contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de "pesos y contrapesos" y a la independencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello, incide en que la introducción de dichos poderes" entre las facultades del órgano de garantías "no contradice" los estándares europeos.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha valorado el dictamen de la Comisión Venecia como un aval a las sentencias del Tribunal Constitucional, que tienen carácter vinculante y deben ser respetadas, por lo que las medidas para hacer efectivas esas sentencias son "legítimas". A su entender, lo que "de verdad" ha dicho este órgano es que avala las medidas para evitar que "algunos caraduras" se salten la Constitución.

Así lo ha asegurado a Europa Press el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, después de que Puigdemont haya afirmado en su cuenta de Twiter que es una "gran noticia" que Europa por primera vez plante "cara" a España, ante la postura expresada por la Comisión Venecia del Consejo de Europa avalando la reforma del TC pero pidiendo "mejorarla" para garantizar su neutralidad.

Y es que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado este sábado el informe de la Comisión de Venecia como un toque de atención a España. "Les dice que por este camino modernofóbico, de confundir la separación de poderes y de querer otorgar al TC unas capacidades que la mayoría de países europeos no le otorgan, no van bien", ha valorado Puigdemont desde el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde ha participado en el XIX Congreso de la JNC –las juventudes del PDeCAT.

Puigdemont ha reivindicado la construcción de un Estado catalán adaptado a los retos de la sociedad moderna frente "a quienes, cuando ven desafíos de la modernidad, se encierran en su caparazón", ha continuado.

Ha criticado que el Estado, "cuando las cosas se ponen difíciles, comienza a verbalizar conceptos como el 155, el 116, el estado de excepción, de alarma o de sitio", aspectos que cree que no deberían formar parte del debate político.

"Ante esos que miran a los desafíos del futuro con la mentalidad del estado de sitio o de excepción, nosotros nos disponemos a construir un estado excepcional", ha afirmado, y ha animado a los miembros de la JNC a trabajar pensando en el futuro y a transmitir este espíritu a su generación.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, asegura que el diputado independentista Francesc Homs tiene "una obsesión por Franco", según ha informado Europa Press. El portavoz del PDC en el Congreso ha equiparado a la vicepresidenta del Gobierno con los ministros franquistas, y Ayllón le ha recordado que Soraya Sáenz de Santamaría casi ni había nacido durante el franquismo, 

El aviso del Gobierno de que la Abogacía del Estado estudiará acciones legales por la resolución del Parlament por un referéndum independentista también fue definido por Homs como amenazas propias de los ministros franquistas.

La mención al franquismo también fue utilizada por Homs para descalificar la actuación del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, un proceso que ha derivado en que el tribunal pida el suplicatorio al Congreso para poder investigar al exconseller y ahora portavoz parlamentario de la antigua Convergència.

"Alguna similitud entre el franquismo y el independentismo"

"Sorprende la obsesión con Franco del independentismo catalán y concretamente del señor Homs, y sobre todo que lo haga para meterse con personas que casi ni habían nacido en aquella época", ha comentado Ayllón a Europa Press en alusión a la vicepresidenta del Gobierno, que nació en 1971.

Según él, "la obsesión puede que les venga de alguna similitud entre el franquismo y el independentismo catalán, porque Franco puso las urnas un par de veces y eso no le convirtió ni en un demócrata ni en un defensor del Estado de Derecho".

Ayllón ha recomendado a Homs "ocuparse de los problemas reales de los catalanes" y "dejar de hacer apología del independentismo" porque "las acusaciones de desobediencia y prevaricación son muy graves en política, como lo son las de no respetar la soberanía nacional o los principios básicos de un Estado de Derecho, que son la igualdad de los ciudadanos y la primacía de la ley sobre la arbitrariedad".

El Tribunal de Cuentas ha sometido al consorcio que se encargó de impulsar y coordinar las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 a una auditoría que ha arrojado unas conclusiones devastadoras sobre la gestión pública de estos actos. En un extenso informe, el organismo fiscalizador del Estado acredita el despilfarro y descontrol con el que los responsables públicos manejaron un presupuesto de alrededor de veinte millones de euros, el 47% de ellos procedentes de Administraciones públicas. 

El principal órgano de dirección y gestión del evento estaba capitaneado por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando y de la Diputación gaditana. A lo largo su seis años de vida la entidad estuvo presidida por los socialistas Gaspar Zarrías (2007-2009) y Luis Pizarro (2009-2012) y por el conservador José Luis Ayllón (2012-2013).

En su informe, el Tribunal de Cuentas denuncia numerosas irregularidades, deficiencias e incumplimientos en materia de contratación, subvenciones y gastos, así como falta de control interno y descoordinación. También subraya que no se facilitaron las memorias anuales de las actividades realizadas que, según los estatutos, debía elaborar la Comisión Ejecutiva. Y que al margen del consorcio varias Administraciones públicas realizaron actuaciones propias de conmemoración. Esta circunstancia provocó que no hubiera una "adecuada coordinación" y ha "dificultado" verificar si los gastos realizados se adecuaban a la finalidad para la que se constituyó.

El informe cita, por ejemplo, el caso de uno de los actos centrales de la conmemoración del bicentenario de La Pepa, un concierto organizado por la cadena de televisión MTV que se celebró el 16 de octubre de 2010 –es decir, dos años antes del bicentenario– y que contó con la participación de Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, el grupo malagueño Efecto Mariposa y los puertorriqueños Calle 13.

El evento tuvo un coste de 1.198.600 euros y fue adjudicado a la empresa publicitaria Carat España –que no fue la organizadora– a través de un procedimiento negociado sin publicidad que el consorcio justificó por "razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva". El tribunal señala que el consorcio no contrató directamente con la empresa organizadora la celebración del concierto porque esa contratación requería condiciones incompatibles con la legislación de contratos públicos, como la exigencia de cuantiosos adelantos sin garantía y de avales para asegurar el pago total. La opción que siguió, entonces, fue la de celebrar un contrato privado con otra empresa (Carat España). 

El organismo fiscalizador denuncia que "no hay información sobre los costes reales del concierto, ni sobre las cantidades que la empresa organizadora exigió a la adjudicataria y esta le abonó". También se desconoce si la organizadora recibió además los ingresos resultantes de otros patrocinios contratados para ella por la adjudicataria, que era una posibilidad expresamente prevista en el pliego del contrato. 

El Tribunal de Cuentas subraya, además, que los 1,2 millones de euros que abonó el consorcio para la celebración del concierto representaron el 6% del total de las obligaciones reconocidas entre 2007 y 2012 por todos los conceptos por lo que, a su juicio, "no está acreditada la justificación de un gasto tan elevado" a pesar de que la entidad lo justificara en la supuesta promoción publicitaria que lleva aparejada la posibilidad de ofrecer un espectáculo "de primer nivel". En este sentido, el organismo fiscalizador cuestiona la capacidad de promoción del Bicentenario que pudo tener este concierto teniendo en cuenta que se celebró dos años antes del evento que se pretendía conmemorar. 

Comisiones por captar patrocinadores 

El informe detalla, además, que Carat España –la adjudicataria del concierto de MTV– también fue contratada por el consorcio para que captara patrocinadores privados a cambio de quedarse con una comisión de hasta el 10% del importe de cada contrato de patrocinio de hasta tres millones de euros que lograra firmar. Por este concepto el consorcio abonó a esta empresa un total de 663.500 euros tras firmar un contrato que también fue adjudicado por un proceso negociado sin publicidad. 

El tribunal denuncia que no hay memoria justificativa de la necesidad de esa contratación y que tampoco hay "certificados de recepción que acrediten la correcta prestación de los servicios contratados". En sus alegaciones, José Luis Ayllón –que fue nombrado presidente del consorcio en enero de 2012– señala que, en relación a este contrato, la gestión a partir de 2012 "se limitó a negociar una quita para liquidarlo, lo que supuso un ahorro para el Consorcio superior a 300.000 euros". 

Hay que tener en cuenta que, en 2008, la celebración de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 fue catalogada como un "acontecimiento de excepcional interés público", lo que favoreció que en el periodo 2009-2012 el consorcio contara con aportaciones realizadas por patrocinadores privados, que podían acogerse al sistema de beneficios fiscales establecido en la ley de mecenazgo.

Otro de los contratos que han llamado la atención al Tribunal de Cuentas es el que suscribió el consorcio –ya con José Luis Ayllón (PP) como presidente– con el cantante brasileño Carlinhos Brown, que recibió 295.024 euros por organizar un desfile carnavalesco por la avenida principal de Cádiz. El organismo detalla que "no consta" ninguna documentación que acredite la ejecución del contrato conforme a lo previsto y tampoco fiscalización alguna sobre este gasto. 

Señala, además, que en el expediente no se hizo constar formalmente la relación de este acto con los fines institucionales del consorcio, mientras sí se remarcó "la repercusión nacional del evento", así como su cobertura por numerosos medios de comunicación y la gran participación ciudadana, lo que, según los organizadores de los actos del bicentenario, "convertirían a la ciudad de Cádiz en referente nacional". 

El consorció también firmó un contrato de patrocinio publicitario por valor de 290.000 euros con el Cádiz Club de Fútbol del que, según argumenta el tribunal, no consta el acto de conformidad con los trabajos realizados que debía realizarse al término del contrato.

Además, el ente público también suscribió otro contrato publicitario de 106.200 euros con la empresa Centenario de Cádiz, cuyo cuyo objeto social estaba limitado a la organización, fomento y realización de actos relacionados con la celebración del centenario del equipo de fútbol de la ciudad. Esta sociedad pidió al consorcio el patrocinio para la organización de un museo-exposición de la historia del club cuyo presupuesto coincidía con el del contrato. La empresa se limitó a colocar el logotipo de los actos de La Pepa y reservar un sitio para el consorcio en la exposición, por lo que el tribunal entiende que su participación en la colaboración en la publicidad del bicentenario "no tuvo entidad suficiente para constituir una contraprestación".

Irregularidades en las subvenciones 

El capítulo de subvenciones también es llamativo. En este punto, el Tribunal de Cuentas alude directamente al que fuera presidente del consorcio entre 2007 y 2009, Gaspar Zarrías (PSOE), por haber convocado subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en los ejercicios 2008 y 2009 pese a que "no está acreditado" que tuviera competencia para ello. Los estatutos del consorcio señalan que esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno y que "no hay constancia de la delegación a favor del presidente".

En 2008 se concedieron 14 subvenciones de concurrencia competitiva a 13 beneficiarios por importe total de 186.000 euros. El Tribunal de Cuentas determina que no consta por qué se desestimó al resto ni el detalle de las actividades subvencionadas. Tampoco hay documentación sobre la constitución de la comisión que debía valorar las solicitudes presentadas –cuyo número también se desconoce– al igual que los criterios aplicados para la valoración de las beneficiarias.

El organismo analizó cuatro de esas 14 subvenciones y detectó irregularidades en todas. A una de las beneficiarias, el centro de día de mayores de San Fernando, se le adjudicaron 6.000 euros para realizar un taller de ropa de época a pesar de que no reunía "los requisitos exigidos". A otra, la Asociación Qultura, se le otorgaron 32.000 euros, cantidad que el organismo considera que "no está justificada" y de la que "debió exigirse su reintegro". Por otro lado, ante el "desorden del expediente, duplicidades de documentos, mezcla de originales y fotocopias y ausencia de relaciones completas y clasificadas de los gastos", al tribunal le fue imposible "verificar" la justificación de otra subvención de 80.000 euros que recibió la Asociación de Empresas de Publicidad y Diseño para promover un mercadillo de artesanía. 

En 2009 el consorcio modificó las bases reguladoras de las subvenciones con el objetivo de que las actividades subvencionadas guardaran relación con la la época y valores de los actos que se estaban conmemorando. Pero las irregularidades no cesaron. El Tribunal de Cuentas también señala que "no está justificado" utilizar el procedimiento de subvención directa como el que utilizó para, por ejemplo, otorgar 108.230 euros para la formación de una orquesta de músicos jóvenes y concluye que "los gastos no debieron ser subvencionables" al tiempo que no descarta "exceso de financiación".

2,1 millones en convenios con "deficiencias"

El Tribunal de Cuentas también examinó una muestra de cinco convenios, que supusieron en conjunto un gasto de 2.122.412 euros. En todos se encontraron "deficiencias". Entre ellas, que no constara justificación acerca de la contribución de las actividades previstas a la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, requisito que los estatutos exigen en relación con los proyectos realizados por el consorcio; la falta de aprobación previa del gasto por el órgano competente; la omisión de los informes de la Intervención o de la Abogacía del Estado; y la falta de indicación del presupuesto o del coste de las actividades programadas. 

Entre los convenios está el firmado con el Ayuntamiento de Cádiz y por el que el consorcio se comprometía a financiar con 1.010.000 euros diversas acciones relacionadas con el bicentenario de La Pepa. Pues bien, el Tribunal de Cuentas denuncia que ese gasto no se aprobó por la Junta de Gobierno; que no hay constancia documental de la realización de las actividades; y que hubo pagos a empresas con las que no consta vinculación jurídica con el consorcio.

Además, el organismo fiscalizador señala que el hecho de que el convenio no especificara el presupuesto asignado a cada una de las actividades previstas ha impedido verificar la corrección de los gastos finalmente abonados. Por otro lado, señala que se encontró el abono duplicado de un justificante por importe de 7.623 euros.

"Jamás ha comparecido en funciones un Gobierno". Quien habla de forma tan tajante es la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Lo hacía este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los periodistas querían saber por qué el presidente del Ejecutivo no comparece en la Cámara para exponer el preacuerdo de la Unión Europea con Turquía que podría permitir la devolución masiva de refugiados a ese país. Para sustentar ese "jamás", enseñó un papel que contenía un informe del Parlamento de Andalucía de mayo de 2015 que, según dijo, recogía que "carece de sentido" este tipo de controles. También recordó que en Cataluña, hasta la investidura de Carles Puigdemont, no se había ejercido esa función sobre el Gobierno saliente.

Sí es posible, no obstante, según recuerdan estos días desde el Gobierno y el Partido Popular, el control jurisdiccional. Es decir, que las decisiones del Ejecutivo (muy limitadas por la Constitución) no pueden ser sometidas al control de la Cámara, pero sí al de los tribunales.

Estas palabras llegaban un día después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, compareciera en el Congreso para trasladar el mensaje de que ni Rajoy ni su equipo se someterán al control de la Cámara. "Ni puede ni debe", insistió. ¿Por qué? Según argumentó, sería contradictorio que el Ejecutivo compareciese para someterse al control de un Congreso que no le ha otorgado su confianza.

Las palabras de Ayllón aludían a un caso concreto:

la petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para rendir cuentas de la reunión de la OTAN del pasado febrero. Pero ya avisaba de que el escrito que iban a presentar en el Congreso negando esta posibilidad iba a ser igual para todos los asuntos similares. En el texto se subrayaba que en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno existen "las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo".

Cogiendo el guante a los conservadores, este mismo viernes, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, vio "insólito" que Rajoy quiera acabar su vida política en los tribunales por esquivar al Congreso. 

En el Ejecutivo mantienen que su postura está reforzada por un informe de sus servicios jurídicos. Y recuerdan que "algo similar" figuraba en un estudio de los letrados del Congreso de los Diputados encargado por su presidente, Patxi López, poco después de asumir el cargo.

¿Estamos ante asuntos ordinarios?

La Ley del Gobierno limita las acciones de éste "al despacho ordinario de los asuntos públicos" salvo excepciones. Ateniéndonos a la literalidad de la ley, si el Ejecutivo no toma ninguna decisión importante es entendible que no haya que tirar del control parlamentario. ¿Pero estamos, con el tema de los refugiados, ante un asunto ordinario? Los constitucionalistas consultados por infoLibre lo niegan tajantemente.

"En una situación de normalidad manda la prudencia. Pero nuestra pertenencia a la Unión Europea nos sitúa en un escenario que no podemos ignorar", mantiene uno de estos expertos, que recuerda que la UE "no está en funciones" y su funcionamiento no puede estar pendiente de que un país solucione su gobernabilidad. 

"Apoyar o no el nuevo estatus de Gran Bretaña en el seno de la UE o cuestiones como esta de los refugiados merecen, como mínimo, haber sido objeto de discusión en el Congreso de los Diputados", añade otro jurista consultado.

Para respaldar estas tesis, los expertos coinciden en que estamos ante decisiones, estas en concreto, que van a tener consecuencias para el futuro. Y que, por tanto, no puede hurtarse al Parlamento su debate.

En un sentido muy similar, Rosario García Mahamut, catedrática de Constitucional de la Universitat Jaume I, sostuvo en declaraciones a la cadena Ser que, a su juicio, el control parlamentario de un Gobierno en funciones sí debe existir cuando "compromete acciones muy concretas". Esto no obstaculiza, de todos modos, la vía jurisdiccional.

Para algunas fuentes, la forma en la que el Gobierno esgrime la vía jurisdiccional como solución es una especie de trampa, una forma de escurrir el bulto. Sostienen que el control jurisdiccional no es político, sino de sometimiento a la ley de lo que el Ejecutivo hace o no hace. En definitiva, que el control jurisdiccional suele ser excepcional porque se presume que cuando un Gobierno actúa lo hace en base a la ley.

A última hora de la tarde, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, redoblaba la presión sobre los conservadores remitiendo una carta [consúltala aquí, en PDF] a Rajoy en la que le insta a comparecer en el Congreso para fijar la posición de España sobre los refugiados. En la misiva considera "insoslayable" que el presidente acuda a la Cámara y que "no cabe argumentar" que el Ejecutivo está en funciones puesto que esta situación "alcanza casi los tres meses".

El PP no quiere más desgaste

Tras la reacción del PP hay mucho de estrategia. Cargos conservadores, que comparten que no cabe control al Gobierno, admiten, no obstante, que esto puede ejercer como elemento de presión para que se desbloqueen las negociaciones para una nueva investidura. Además, sostienen que si Rajoy comparece sentaría "precedente" y se abriría la posibilidad de que tras él fuesen convocados otros ministros. Y bajo ningún concepto quiere el Gobierno someterse a ese desgaste.

En este escenario, salvo cambios de última hora, el Ejecutivo pretende que sea el secretario de Estado de Relaciones con la UE el que comparezca la semana que viene en el Congreso antes de que Rajoy acuda al Consejo Europeo. Esto será el miércoles 16. La idea, subrayó Santamaría, es buscar el "consenso". Pero la situación está muy complicada. En Moncloa aseguran que si no se obtiene el respaldo, el jefe del Ejecutivo señalará en la reunión de Bruselas que no cuenta con el apoyo de la Cámara al estar en funciones.

El PP confía en que el PSOE reconsidere su posición si existe algún tipo de mandato del PSOE europeo al respecto.

¿Qué puede hacer un Gobierno en funciones?

Es la Ley del Gobierno la que en su artículo 21 fija "las limitaciones" del Gobierno en funciones. Establece como obligación el que facilite "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo". Además, debe limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Se trata, pues, de no dar ningún paso que pueda comprometer la acción o las políticas del Gobierno entrante.

La ley también tiene un apartado específico que afecta al presidente del Gobierno en funciones. Concreta las "facultades" que no podrá ejercer. Son las siguientes: "Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza y proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo".

Recurso al decreto-ley

Otra de las herramientas que también tendría en su poder un Ejecutivo en funciones sería la del decreto-ley, regulado por el artículo 86 de la Constitución. Su aprobación sería posible gracias a que este tipo de iniciativas están concebidas para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Eso sí, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Constitución], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general".

Pero el decreto-ley requiere de un paso que compromete a la Cámara baja. Deberá ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.

Las decisiones más polémicas del Gobierno en funciones

A finales de enero, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó a Ence-Energía y Celulosa la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra. Según los datos del departamento de Isabel García Tejerina, la prórroga se concedió por 60 años, "con un plazo adicional por encima de los 50 años, dado el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros". El anuncio provocó cierto revuelo teniendo en cuenta que el Gobierno estaba en funciones desde que se celebraron elecciones generales. 

Fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por infoLibre subrayaron por aquellas fechas que la citada concesión caducaba en 2018 y que esta prórroga había sido tramitada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. "Ha emitido informe preceptivo la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo regulado en el Reglamento General de Costas. Además, se reconoció la condición de interesado al Ayuntamiento de Pontevedra y ha sido informada por el servicio jurídico del ministerio". Además, aseguraron que este tipo de prórrogas no se elevan al Consejo de Ministros y al ser consideradas una gestión "ordinaria de las competencias de la dirección general". "Por lo que cabe dentro de un gobierno en funciones", subrayan.

No obstante, lo que quedaba claro dado que la fecha de caducidad de la concesión era 2018, es que el Gobierno quería dejar este asunto cerrado. Los constitucionalistas consultados por este diario coinciden en que no esta el tipo de decisiones que encajan en lo que se entienden como competencias de un Gobierno en funciones.

Otra de las medidas controvertidas afecta a Defensa. Según denunció la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el departamento que dirige Pedro Morenés ha aprobado normas de calado mientras está en funciones.

Se trata, según la misma fuente, de normas que afectan a la organización del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada.

Esta asociación considera incluso que estas decisiones podrían incluso implicar que el Gobierno en funciones rindiese cuentas en el Parlamento. Algo que, por ahora, parece difícil si nos atenemos a las palabras del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y la vicepresidenta.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, informó este jueves de que el Gobierno de Mariano Rajoy no acudirá al Congreso para someterse al control parlamentario porque, según ha asegurado, "ni puede ni debe" hacerlo al estar en funciones.

En rueda de prensa en la Cámara baja, Ayllón explicó que el Ejecutivo del PP cesó tras las elecciones generales del 20 de diciembre y, por tanto, el nuevo Parlamento no le ha otorgado la confianza, razón que ha esgrimido para no someterse al control de las Cortes Generales.

El secretario de Estado reconoció que la situación actual es "poco común" e incluso "desconocida" en la historia de la democracia, al no existir un nuevo gobierno casi tres meses después de las elecciones, pero insistió en que el Ejecutivo en funciones no puede someterse al control parlamentario y que así lo comunicarán al Congreso cada vez que se le pida comparecer.

El Gobierno celebrará el próximo lunes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el real decreto de convocatoria de las elecciones generales del 20 de diciembre, un documento que tendrá que firmar el rey Felipe VI y que al día siguiente se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Así lo explicó este lunes en un encuentro informativo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien dijo desconocer si el presidente Mariano Rajoy tiene previsto informar personalmente al Jefe del Estado de la fecha elegida para la votación una vez el Ejecutivo apruebe el real decreto o si comparecerá en rueda de prensa para hacer balance el mismo lunes.

La convocatoria de elecciones incluirá también el mandato para la disolución de las Cortes, que tendrá lugar el martes 27 de octubre, una vez se haya publicado en el BOE, según detalló Ayllón. Rajoy tenía opción de convocar los comicios manteniendo las Cortes activas hasta el 20 de noviembre, fecha de las últimas elecciones generales que tuvieron lugar en 2011, pero no se ha contemplado.

Una vez se publique el decreto de convocatoria arrancará lo que oficialmente se denomina periodo electoral, durante el que, por ejemplo, no se podrán celebrar inauguraciones de obras públicas. La campaña electoral empezará en la medianoche del 4 de diciembre, el 20 serán las votaciones y el 23 tendrá lugar el escrutinio general, en el que se contarán los votos procedentes del extranjero.

La fecha tope para la constitución de las nuevas Cortes es el 14 de enero –el Congreso y el Senado deben constituirse a más tardar 25 días después de las votaciones– y, entre la fecha de la disolución y la celebración de las elecciones, solo estarán activas las diputaciones permanentes de ambas Cámaras. Eso sí, el Gobierno permanecerá plenamente activo hasta el 20 de diciembre y, a partir del 21 desarrollará su labor "en funciones" hasta que se nombre al nuevo Ejecutivo.

¿Se barajó no disolver las Cortes por el independentismo?

Preguntado si en algún momento el Gobierno se planteó no disolver las Cortes para mantener activo el Senado hasta el 20 de noviembre en previsión de que hubiera que aplicar el artículo 155 de la Constitución para hacer frente al proceso independentista catalán, Ayllón, respondió que esa posibilidad no ha estado sobre la mesa.

La Constitución establece que la utilización del artículo 155 para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley debe ser acordada por la mayoría absoluta del Senado y el reglamento de la Cámara habla específicamente de un acuerdo del Pleno.

Aunque Ayllón sí reconoció que hay distintas interpretaciones entre los juristas, aseguró que, desde su punto de vista, la Diputación Permanente del Senado asume todas las funciones del Pleno una vez se disuelva la Cámara Baja, por lo que, llegado el caso, este órgano podría activar la utilización del artículo 155.

"La Diputación Permanente tiene plena capacidad para poder preservar los derechos y obligaciones del Pleno", comentó Ayllón, incidiendo en que, por tanto, hay mecanismos institucionales suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que pueda venir de Cataluña.

Además, señaló que el periodo en que funcionará la Diputación Permanente es "lo suficientemente corto" como para que no haya ningún "efecto negativo" si hay que esperar a la constitución del nuevo Senado.

La directora general compareció ante la prensa junto al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Esta cita fue posterior a la primera reunión del grupo interministerial sobre la crisis de inmigración y asilo creada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. 

"No tenemos ninguna información oficiosa ni oficial", volvía a insistir Del Corral cuando se le recordaba que otros países como Francia y Alemania sí habían dado por buenas las cifras que se les asignaba: 24.031 y 31.443, respectivamente. No obstante, dejó claro que en España "no tenemos un límite" y que "hay capacidad de ampliar" la respuesta a esta crisis humanitaria. "Vamos a esperar a cuál es la propuesta concreta de la Comisión Europea [...] Estamos a la espera de conocer esa situación y cuál es el porcentaje que vamos a asumir". "¿Y si son 16.000?", terció Ayllón en el debate. Para el Ejecutivo, las cifras de las que se habla son "especulaciones".

"España está preparada para asumir su cuota de responsabilidad. Estamos dispuestos a asumir hasta donde haya que asumir", insistió el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. "Si estamos ante una situación extraordinaria, el Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo extraordinario".

No pasa inadvertido que la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había asegurado que la capacidad de acogida en estos momentos era "muy saturada".Descoordinación en el Ejecutivo

Descoordinación en el Ejecutivo

La descoordinación del Gobierno a la hora de gestionar esta crisis ha vuelto a ponerse de manifiesto este lunes. De un lado, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguraba que España acogerá el número de refugiados que Hacienda permita. De otro, el ministro de este ramo, Cristóbal Montoro, respondía que España "tiene los medios necesarios".

"Catálogo de recursos"

La directora general de Inmigración y Emigración aseguró, además, que en la reunión interministerial tampoco se habían puesto cifras sobre la mesa y que todo se irá acotando a lo largo de esta semana a medida que se acerque la fecha.

Este martes se celebra la Conferencia Sectorial de Inmigración, presidida por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y a la que acudirán representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según el Gobierno, el objetivo de esta primera toma de contacto es el de elaborar "un catálogo de recursos, de capacidades, de las diferentes administraciones públicas".

En principio, España acogerá a 2.739 refugiados en respuesta a la crisis humanitaria en las fronteras y dentro del territorio de la Unión Europea (UE). Pero la cifra no es inamovible. Así lo puso de manifiesto este martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa en Alemania junto a la canciller Angela Merkel. "La posición de España será absolutamente constructiva. Europa requiere acuerdos, requiere solidaridad", mantuvo el jefe del Ejecutivo antes de avanzar que está dispuesto a "volver a hablar" sobre el tema.

La petición de la Comisión Europea para España fue que acogiera a 4.288 personas. Hasta la fecha, el Gobierno había mantenido que la cifra de acogidos estaría en torno a los 2.000 por que la capacidad de España en este sentido era limitada. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había llegado a hablar de saturación. Rajoy, que no se cierra ahora a abrir una nueva negociación, reclamó a la Comisión Europea que para fijar el reparto de refugiados tenga en cuenta "la situación de cada país", como "el PIB y la tasa de paro".

El presidente del Gobierno puso tres condiciones a la Comisión Europea para "volver a hablar". Una: que se exija a Grecia e Italia que pongan ya en marcha los centros de acogida, porque, de lo contrario, los acuerdos no se pueden implementar. Dos: una politica global de inmigración. Y tres: una política europea de asilo.

Situación en Cataluña

La situación en Cataluña a menos de un mes para las elecciones, también formó parte del menú de la reunión que mantuvieron ambos mandatarios, tal y como reconoció Merkel.

La canciller señaló que en esta cuestión su postura es similar a la del presidente del Gobierno español. "Está en los tratados de la Unión Europea y todos tenemos que respetarlos [...] Hay que respetar los tratados y la situación nacional e internacional", dijo.

En el Gobierno no ha sentado nada bien que los socialistas hayan entrado en el debate sobre la inmigración con una serie de reclamos entre los que figura que se duplique la cifra de refugiados que España está dispuesta a acoger, desde los 2.000 a 4.000. "Hay que ser muy responsable a la hora de buscar soluciones", señaló el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en un informe informativo con la prensa en la sede de la Presidencia del Gobierno. 

Ayllón fue muy insistente en la idea de la "responsabilidad" y en la necesidad de que los dos grandes partidos mantengan una posición común en esta materia como reacción a unas declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE, Rafael Hernando, en las que pedía a Mariano Rajoy "que no sea cicatero" con este asunto. "Se les tendría que caer la cara de vergüenza ante el drama humanitario que se está viviendo y el juego de regateo de cifras y refugiados que va a acoger España", había señalado horas antes el dirigente socialista en rueda de prensa.

La petición de la Comisión Europea para España fue que acogiera a 4.288 personas, una cifra que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había rebajado a unos 2.000 esa misma mañana. Lo hizo cuando, en una entrevista concedida a la cadena Ser, mantuvo que España hará un "esfuerzo similar" al que hacen países como Polonia con el argumento de que la capacidad de acogida de refugiados en España está "muy saturada".

Para el Gobierno, sorprende que el principal partido de la oposición entre de esta forma en el debate cuando ha estado durante muchos años al frente del Ejecutivo.

En manos de los ministerios

Preguntado sobre si la cifra avanzada por la vicepresidenta era inamovible, Ayllón no quiso dar el asunto por cerrado. "Supongo que si hay margen, se estudiará por parte de los diferentes ministerios", avanzó. No obstante, recordó que hay que tener en cuenta que hay países que, a diferencia de España, no son frontera exterior de la UE y "no están recibiendo permanentemente" inmigrantes que vienen de otros países.

También se pronunció Ayllón sobre las palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, en las que aseguraba que si no había reparto equitativo de refugiados "nos veremos obligados a revisar Schengen". A su juicio, "Schengen es un proyecto de consolidación del proyecto europeo" y desde el punto de vista español hay que "preservar esas garantías".Propuestas del PSOE

Entre las propuestas de los socialistas está la de que convoque una reunión "urgente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados". "La magnitud del problema hace necesaria la convocatoria de una reunión", señalan, "ya que este Ministerio es el encargado de los refugiados, con la comparecencia del Ministro de Interior, y en la que se aborden las propuestas del Gobierno y del resto de Grupos parlamentarios", refleja el documento de análisis y propuestas.

Cataluña

Sobre la situación en Cataluña, Ayllón cargó contra la idea "pelmazo" de una "mano negra" de Madrid tras la investigación a CDC. Lo que había, dijo, es "una mano muy larga".

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, negó este lunes que el Gobierno esté guardando "silencio" ante las revelaciones sobre el caso Púnica que se han producido tras levantarse el secreto sobre el sumario de esta causa y se ha preguntado "por qué alguien se empeñó en que no se investigasen casos de corrupción en España" y "quién se ocupó de que éstos se taparan" en anteriores legislaturas.

Ayllón hizo estas preguntas durante un encuentro con periodistas en el Palacio de La Moncloa, cuando se le preguntó por las críticas que ha provocado que desde el Gobierno nadie se haya pronunciado sobre la trama por la que hay casi un centenar de imputados, que afecta a las comunidades de Madrid, Valencia y Murcia y a la Diputación de León y que, según el juez, podría estar vinculada con la financiación del PP para las pasadas elecciones locales y autonómicas.

Ayllón recordó que este caso se sigue instruyendo y que habrá que ver cuántas de las cosas que se apuntan en el sumario acaban siendo motivo de juicio, y subrayó que lo que tiene que hacer el Gobierno ante los procedimientos judiciales es "respetarlos". "Silencio ninguno, respeto a las investigaciones. El Gobierno no está ni mucho menos callado", dijo para defender la posición mantenida por el Ejecutivo.

¿Quién evitó que hubiera medios para que se investigara?

Ayllón señaló que en los últimos años están saliendo a la luz muchas investigaciones sobre asuntos de corrupción que afectan tanto al PP como a otros partidos, y se preguntó por qué estas tramas no se han conocido antes. "¿Por qué alguien se empeñó en no investigar casos de corrupción en España? ¿Quién se ocupó de que se taparan? ¿Quién evitó que hubiera medios para que se investigaran?"cuestionó.

Ayllón añadió que no cree que los jueces de entonces sean distintos a los que ejercen ahora y, en cualquier caso, incidió en que es "una buena noticia" que se investigue a quienes se aprovechan de sus cargos públicos para delinquir y que "se juzgue a los culpables y que paguen por ello". 

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, desmintió este miércoles de manera categórica que el Gobierno vaya a devolver a los funcionarios la paga extra que se les suprimió en 2012. "No está en los planes en este momento", mantuvo en los pasillos del Congreso de los Diputados mientras la cámara acogía la sesión de control al Gobierno.

Ayllón mostró su "sorpresa" por el hecho de que varios periódicos de tirada nacional hubiesen llevado esta información a su portada.

En efecto, la noticia llevaba circulando desde la tarde del martes.

Preguntado sobre la posibilidad de que la filtración hubiese podido tener origen en algún ministerio, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes negó la mayor. Y sostuvo que sólo hay "un Consejo de Ministros" y una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, el órgano en el que semanalamente se perfila la agenda del Consejo de Ministros.

"Yo desconozco de dónde surgen esas informaciones, que no están en este caso en los planes del Gobierno", insistió.

Algunas de las fuentes consultadas por infoLibre achacan la reacción de Ayllón a la posibilidad de que el Gobierno estuviese trabajando sobre esta idea de devolver la extra a los funcionarios, pero todavía con algunos flecos pendientes. De hecho, desde Hacienda admiten que hay conversaciones con los sindicatos pero todavía sin conclusiones. "No hay un listado concreto de temas sobre la mesa y, menos, decisiones tomadas", añaden desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El Gobierno, en plena recta final hacia las generales del próximo otoño, estudia medidas para el último tramo de legislatura, pero asegura no tener cerradas todavía las decisiones de forma definitiva.

"Por supuesto que el objetivo del Gobierno es superar la situación económica que nos dejaron al principio de la legislatura. Hemos ido tomando medidas que nos están permitiendo volver a crecer y a crear empleo, y ya hay menos desempleados, más crecimiento económico, se crea empleo en lugar de destruirse, y muchas otras cosas que hay que ir recuperando. Pero vuelvo a insistir: Esa información en este momento no está en los planes del Gobierno", zanjó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Montoro: es "incorrecto"

El titular de Hacienda, también en los pasillos del Congreso, precisó que las informaciones que han circulado al respecto son "incorrectas". Y además, generan "expectativas" que entorpecen el diálogo con los sindicatos.

No obstante, sí admitió que la intención de la Moncloa es empezar a devolver a los españoles "los esfuerzos" realizados en los peores años de la crisis. 

Retraso en la aprobación del techo de gasto

Si el pasado viernes, la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció que esta semana llegaría al Consejo de Ministros el techo de gasto, este miércoles Montoro ha modificado la agenda.

Según informó, este trámite se retrasa una semana y el día antes, el jueves que viene, se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los planes de Mariano Rajoy de remodelar el Gobierno y el Partido Popular para afrontar en mejores condiciones las elecciones generales del próximo otoño no sólo tienen revolucionado al partido y al Ejecutivo. También están teniendo otros efectos colaterales. El presidente no ha dado todavía una sola pista de la ideas que maneja –se espera que lo haga en las próximas horas–, por lo que no ha conseguido todavía enfadar a ninguno de los suyos. El malestar, no obstante, lleva unos días instalado en la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). ¿Qué ha pasado?

Para responder a esta pregunta hay que retroceder más de una semana, al lunes pasado. Al habitual encuentro informativo que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes mantiene con la prensa en el Palacio de la Moncloa. En esta cita, los periodistas reclamaron a José Luis Ayllón información sobre los posibles cambios que preparaba Mariano Rajoy. Y el secretario de Estado, que advirtió de que estaba vertiendo su opinión personal, sostuvo  que "una remodelación cosmética no es una remodelación". Sus declaraciones inundaron las redes sociales y las páginas de los periódicos. Y el lío ya estaba montado. Puertas adentro del PP se instaló la idea de que Ayllón sabía de los cambios y que estos iban a ser de gran calado. Y puertas afuera, en el sector de la cosmética... pues tampoco gustó.

Esa es la idea que se desprende de una carta remitida por la citada asociación al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando para que, a su vez, se la traslade a José Luis Ayllón.

En la misiva, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética lamenta que de las declaraciones del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes pueda interpretarse un uso peyorativo del término.

Ni en el PP ni en el Gobierno perdonan que el mismo día que Sánchez iba a reunirse con Rajoy por la mañana y con Iglesias por la noche, el líder del PSOE convocara a primera hora de la mañana una rueda de prensa en la que reclamó  al Ejecutivo un giro en sus políticas económicas. Esas políticas económicas que, a juicio de los conservadores, han salvado a España de la delicada situación que heredaron de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayllón reconoció este malestar y calificó el gesto de Sánchez de "acto de marionetismo político". "Me da hasta pena", dijo de la situación que atraviesa el Partido Socialista.

En conversación con los periodistas este lunes en el Palacio de la Moncloa, Ayllón se mostró convencido de que en un escenario de elecciones generales, los ciudadanos siempre apuestan "por el original antes que por la copia", por lo que en esta batalla, el líder de Podemos ganaría a Pedro Sánchez. "Las grandes opciones para ganar esas elecciones serían PP y Podemos", recalcó.

"Hacer al PP más atractivo"

Sobre los posibles cambios que Rajoy prepara para el PP o para el Gobierno de cara a relanzar el partido y el Ejecutivo ante las generales de otoño, abogó por que estos vayan más allá de lo "cosmético", más allá de la "chapa y pintura".

En este sentido, sostuvo que ni a él ni a la gente que tiene a su alrededor este escenario les genera ningún tipo de incertidumbre. Y sostuvo que cualquier cambio irá encaminado en hacer al PP un partido "más atractivo".

¿Guarda el presidente del Gobierno un conejo en la chistera, un golpe de efecto que vaya a permitirle recuperar para las generales gran parte de los votos perdidos en las autonómicas y municipales del 24-M24-M? ¿Estudia medidas estrella de las que pueda desprenderse que el Ejecutivo estás más cerca de los ciudadanos? La respuesta, según las fuentes de su entorno consultadas, es sencilla: "No". El calendario legislativo del Gobierno tiene ya todas las fechas tachadas y no hay hueco para nuevos proyectos de ley trabajando en un escenario de elecciones generales a finales de noviembre.

En este contexto, además de procederse al trámite parlamentario de las iniciativas legislativas que ya han salido del Consejo de Ministros, el Gobierno trabajará, según las mismas fuentes, en proyectos de cara a la próxima legislatura, una tarea con la que tendrá que coordinarse con el Partido Popular, que es a quien le corresponde la redacción del programa electoral de cara a las generales del próximo otoño.

Lo escaso del margen en este sentido se complementa con el rechazo del presidente del Gobierno a variar su programa económico. Una cuestión que Rajoy ya dejó claro el pasado fin de semana en la clausura de la reunión del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona). Según precisó, los cambios en lo económico no se producirán porque, esgrimió, sus políticas han permitido revertir la situación respecto a 2012 cuando el rescate planeaba sobre la economía española.

"El núcleo duro de las políticas del Gobierno no se puede cambiar porque hay un compromiso. No hemos hecho política pensando en las elecciones", justificó este lunes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en un encuentro informativo con la prensa este lunes en el que quiso subrayar que en materia de corrupción se han tomado todas las medidas que se podían tomar.

La imposibilidad del Gobierno de tomar nuevas medidas –para aprobar las que ya han salido del Consejo de Ministros el Congreso tendrá que reunirse los meses de julio y agosto– conlleva que el último anuncio del PP, de este mismo lunes, vaya a tener que quedar reducido a unas líneas en el programa electoral. Se trata de articular una iniciativa legal para evitar que en los estadios de fútbol se pueda pitar el himno nacional, algo que ocurrió este fin de semana en el Camp Nou.

Pitada del himno

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, señaló este mismo lunes en rueda de prensa que la intención del PP es liderar una iniciativa al respecto. Pero no quiso precisar cómo se articulará.

Si se cruza el hecho de que el propio Gobierno asume que no hay margen para nuevas leyes que dulcifiquen la percepción que los ciudadanos tienen de las medidas de Rajoy con la declaración del propio presidente de que tienen cosas que cambiar, todo apunta a que lo que podría estar por venir se limitará a un cambio de caras.

En la última semana, la opinión más extendida en el Gobierno y en el PP es la de que Rajoy podría aprovechar el deseo de José Ignacio Wert de dejar el Gobierno para irse de embajador de España ante la OCDE para impulsar una crisis de Gobierno. A día de hoy, el entorno del jefe del Ejecutivo sólo confirma los deseos del ministro de Economía de trasladarse a París, donde su pareja, la exsecretaria de Estado de Educación Montserrat Gomendio, ocupará un puesto, también en la OCDE.

A su vez, este cambio permitiría a Rajoy hacer algún ajuste en el partido. Uno de los más demandados desde hace años es un cambio en la secretaría general del PP, en manos de María Dolores de Cospedal. El traslado de la número dos del partido al Gobierno es uno de los comentarios más extendidos en círculos de la formación en los últimos días. Pero como todo lo que pasa en el PP, la última palabra la tiene Rajoy.

En el citado encuentro con los periodistas, Ayllón señaló que han "tomado nota" de los resultados electorales pero subrayó que en este momento lo que no pueden hacer es abrir un debate interno "con balcones a la calle". A su entender, los cambios "se anuncian cuando se producen". 

Según sostuvo, "se está haciendo un análisis interno" sobre el retroceso electoral del PP y añadió que el Gobierno de Rajoy "es muy autocrítico porque la autocrítica es una parte esencial de cualquier partido que se llama reformista".

¿Discrepancias con el partido?

El discurso del Gobierno de las últimas horas choca en algunas cuestiones con el del partido. Este mismo lunes, en lo que pareció un avisa de que el PP se había dado por enterado de los resultados del 24-M, Floriano fijó en rueda de prensa Además, la acción política del PP antes de las generales. En primer lugar, el partido “mantendrá su presencia en la calle, con mayor vigor y fortaleza”, dijo.

También avanzó la celebración de actos sectoriales que enriquecerán las propuestas con las que el PP elaborará el nuevo programa electoral y que se “rendirá cuentas” del cumplimiento del programa electoral de 2011. “Vamos a explicar con todo detalle el cumplimiento del programa electoral y activaremos las comisiones de estudio del partido para escuchar demandas y propuestas de futuro”, dijo.

Fue el pasado 18 de febrero cuando se conoció que el sumario del procedimiento que investigaba el borrado de los discos duros de los ordenadores del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP se había extraviado. Casi un mes después, el 10 de marzo, el Ejecutivo admitía en la citada respuesta parlamentaria no tener datos al respecto. No obstante, avanzaba que el departamento que dirige Rafael Catalá se había interesado por lo ocurrido aunque, de momento, sin éxito.

"Unicamente cabe señalar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, que una vez se tuvo conocimiento de la posible pérdida de las diligencias a las que se alude en la pregunta [de Llamazares], se solicitó informe al secretario de juzgado y al secretario de Gobierno en relación con lo sucedido, sin que a la vista de la información provisional recibida pueda extraerse hasta el momento conclusión definitiva alguna", reza la respuesta. 

Según figuraba en esta respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis AyllónJosé Luis Ayllón, en la fecha de respuesta no habían finalizado "todas las actuaciones en curso tendentes a la completa averiguación de los hechos" que se estaban llevando a cabo "por los diferentes órganos judiciales y gubernativos con competencia en la materia".

En la información sobre la desaparición del sumario del borrado de los ordenadores de Bárcenas, adelantada por La Sexta y eldiario.es, se informaba que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid había comunicado a Izquierda Unida la pérdida de la causa y la necesidad de que acudiese de nuevo a entregar la documentación. Previamente, IU había recurrido el archivo de la investigación por parte del citado juzgado que en octubre de 2013 dio carpetazo al proceso al no apreciar delito. 

La misma petición de que aportase los escritos que adjuntaron en su día fue elevada al resto de las acusaciones, entre las que figura UPyD.

El archivo de la investigación llegó tras no apreciarse daños debido a que los ordenadores cuyos discos duros habían sido borrados eran propiedad del PP aunque los usara Bárcenas para el desempeño de sus funciones.

En su pregunta, Llamazares pedía además al Gobierno una valoración sobre el destino que había corrido de este sumario. "¿Cómo valora el Gobierno la desaparición del sumario sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular?". "¿Se echará la culpa a algún empleado o al servicio de correos, o se explicará lo sucedido como un inexplicable extravío, como sucedió en su día con el expediente relativo al Juez Baltasar Garzón?". Pero el Gobierno entra poco en materia. Se limita a señalar que no puede valorar situaciones que afectan a asuntos que están en manos de la Justicia.

"En relación con la información solicitada por su señoría, cabe informar en primer lugar que el Gobierno no puede valorar las circunstancias concurrentes en los procedimientos en trámite ante los Tribunales de Justicia, ni mucho menos pronunciarse sobre las diligencias que hayan practicado en la causa los órganos judiciales intervinientes. Tampoco resulta factible valorar las contingencias extraprocesales de un procedimiento hasta el completo esclarecimiento de las mismas", figura en la respuesta del Ejecutivo.

Descripción de los hechos

En su pregunta parlamentaria, registrada justo un día después de que se conociese que la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas se había esfumado, Llamazares hace una descripción muy detallada de todo el proceso.

Señala Llamazares que el juzgado 32 de Madrid había emplazado a las partes para un día después de su escrito, el 20 de febrero, a que llevasen la documentación que en su día habían aportado al sumario pues la jueza, tras detectar el extravío, pretendía entonces reconstruir el sumario con la documentación de las partes  "y poder seguir así con el recurso de apelación".

Además, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural se quejaba de que ya hacía un año desde que las acusaciones recurrieron el archivo del sumario ante la Audiencia y que durante ese tiempo no había habido "ninguna" actuación por parte del tribunal. Precisamente, sobre esta materia, Llamazares también preguntó al Gobierno. "¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el hecho de que, más de un año después de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo del sumario sobre el borrado de los ordenadores por parte del PP, no se haya practicado ninguna actuación por parte de la Audiencia Provincial?", cuestionó. 

Investigación de un juzgado

Un mes después de esta respuesta parlamentaria del Gobierno, el 10 de abril, se conocía que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid estaba investigando si se cometió un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público por la desaparición de esta causa. 

Tras detectarse la pérdida de esta causa –la secretaria judicial se percató de que la documentación había desaparecido cuando iba a remitir las diligencias a la Audiencia Provincial–, se abrieron dos investigaciones: una a cargo del secretario del juzgado que instruía el caso y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Definitivamente, según informó Europa Press, fue el Decanato el que acumuló las dos investigaciones y decidió que sea el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid el que decida si pudo cometerse alguna ilegalidad.

Antecedentes

Los hechos se remontan al mes de agosto de 2013. El día 16 , cuando acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, la secretaria general del PP mantuvo que los dos ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas mientras siguió acudiendo a la sede del partido estaban custodiados en la calle Génova. El magistrado los reclamó, el partido los entregó y el 29 de agosto, a las 9 de la mañana, comenzó a analizarse el contenido en la Audiencia Nacional. Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los discos duros de ambos habían sido destruidos. Es decir, manipulados.

En concreto, uno de los ordenadores (un PC de la marca Toshiba, modelo Libretto 100 CT) fue enviado sin disco duro mientras que el otro (un Apple) contenía unos 500 gigas de contenido. Según el acta de la diligencia, el Macintosh presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podría haber sido extraído o cambiado con anterioridad".

¿Cómo explicó el PP que el partido decidiese vaciar de contenido parte del material de trabajo del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP? Según un escrito remitido por el partido a la Audiencia Nacional con fecha del 20 de agosto, los discos duros de los equipos que empleaba el exsenador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.

Las reacciones al registro del domicilio madrileño del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, no se hicieron esperar. El Ministerio Público presentó este jueves una denuncia contra Rato y otras personas cuya identidad no ha trascendido. Así, se insta a investigar los supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

El Gobierno –a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón– sacó pecho, asegurando que este registro demuestra que es "implacable" en la lucha contra el fraude, que el sistema de Derecho funciona y que la garantía de la ley es "igual para todos".

Además, entiende que tiene que "tranquilizar" a los ciudadanos el hecho de que se actúa ante cualquier "indicio de incumplimiento" de la ley y con independencia de los "nombres y apellidos" del investigado, informa Europa Press.

Por su parte, el PSOE retomará su propuesta de crear una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal de 2012 una vez que se ha conocido que entre los beneficiarios, además del extesorero del PP Luis Bárcenas, estaba el exvicepresidente Rodrigo Rato. 

La decisión la confirmó el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que lo consideró "un verdadero escándalo". "Vamos a pedir una comisión de investigación para conocer toda la verdad de la amnistía fiscal del PP, a la que se acogieron Rato y Bárcenas", escribió en su cuenta de Twitter.

"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno comprenda que tiene que dar la cara?". Esa pregunta se hizo el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, que volvió a pedir al PP que acceda a que la Cámara Baja constituya una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal y la financiación ilegal del partido que sostiene al Ejecutivo.

"Cada vez es más evidente que la amnistía fiscal escondía más de un secreto y que se hizo para amigos y conocidos de altos dirigentes del PP", señaló, recalcando que "cada cual aguante su vela".

Ahora que los suyos "le han abandonado"

En esa misma dirección apunta la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, que exigió que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien comparezca en sede parlamentaria para informar sobre la investigación abierta contra Rato. 

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, la líder magenta tachó de "absolutamente insuficiente" la comparecencia, anunciada para el próximo martes, del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. "Quien tiene que venir y dar explicaciones es Rajoy", reclamó.

"Sin la labor ciudadana, esto no se habría connseguido", celebraron desde la plataforma 15MpaRato, que también recalcó que "Rodrigo Rato está siendo utilizado como chivo expiatorio". "Si lo elegimos a él fue precisamente porque no hay nadie con poder en este país que no haya sido cómplice suyo. Acabar con Rato no era un asunto personal, sólo un asunto de democracia", sentenció esta organización.

Asimismo, anunciaron que abrirán "una nueva de acción" y pidieron a Rato, "ahora que los suyos le han abandonado, a contactar con nosotros para ayudarnos a acabar el trabajo que hemos empezado" ya que, apuntaron, quieren "que caigan todos".