El Juzgado Mixto número 2 de San Roque (Cádiz) puso en libertad hace dos semanas a Fikri Amellah, considerado el mayor capo del hachís y la cocaína del sur de Europa. Y el pasado viernes también lo hizo la Audiencia Nacional, donde compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. Sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda y captura hasta que fue detenido en Barcelona en diciembre de 2021, en la Operación MVRand.

A diferencia del caso de Karim Bouyakhrichan, el holandés que lideraba uno de los clanes más importantes de la Mocro Maffia –la organización criminal que atemoriza a Bélgica y Países Bajos–, Amellah no ha salido de la cárcel por un error o descoordinación judicial. Su puesta en libertad ha sido incluso más fácil: no ha tenido mayor problema para pagar los 400.000 euros de fianza que le impuso el juzgado gaditano. Más elevada que los 50.000 euros solicitados a Bouyakhrichan por la Audiencia Provincial de Málaga, pero aun así calderilla para Amellah, al que la UCO de la Guardia Civil le había incautado un millón de euros en efectivo cuando fue detenido en su piso del Poble Sec.

La Audiencia Nacional, además, no le ha exigido fianza alguna. Acusado de un delito contra la salub pública, García Castellón ya lo puso en libertad provisional sin fianza el 27 de diciembre de 2023. Una medida que repitió el pasado día 10, tras comparecer ante él Amellah para resolver un recurso de la Fiscalía, que pedía su vuelta a prisión. Amellah ya había pagado la fianza impuesta por el juzgado de San Roque y estaba libre. Según explican fuentes judiciales, García Castellón apoya su decisión en el tiempo transcurrido en prisión –dos años y medio–, así como en “el arraigo que tiene en España, con domicilio fijo en Barcelona, donde vive con su mujer y sus tres niños dependientes de él”.

Al narco, de origen marroquí pero nacionalidad española y 46 años de edad, lo buscaban las policías de Francia, Bélgica, EEUU y Marruecos. Europol lo había clasificado como “objetivo de alto nivel”. Pero eso no fue óbice para que la fiscalía gaditana, la única parte acusadora en el procedimiento, informara a favor de su puesta en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, después de que la defensa del capo pidiera su salida de prisión debido al tiempo que llevaba entre rejas. La jueza decidió en el mismo sentido. A Amellah se le acusa de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Como medidas aseguratorias, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada semana en el juzgado de San Roque. En la Audiencia Nacional, por el contrario, sólo cuando sea llamado, no se ha fijado una periodicidad.

La primera vez que García Castellón lo dejó en libertad, sin fianza y a la espera de juicio, fue por organizar un alijo de 3,2 toneladas de cocaína en un velero que viajó de Venezuela a España y que fue localizado en la costa de Huelva en enero de 2021. Precisamente, la bautizada como Operación Medellín, en julio de 2022, cuando Amellah ya llevaba casi ocho meses en la cárcel, sirvió para acreditar el nexo entre los narcotransportistas gallegos y la Mocro Maffia, pero también con Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, considerado el mayor traficante del norte de Europa para las autoridades. Entonces, uno de los motivos que llevaron a García Castellón a acceder a la solicitud de la defensa de Amellah fue que Francia aún no le había enviado las conversaciones de móvil desencriptadas que habían servido para descubrir su participación en el alijo.

La Justicia española, que tenía la opción de mantener a Amellah en la cárcel hasta diciembre de 2025, agotando los plazos legales, tendrá ahora que responder al previsible descontento de las autoridades holandesas, la segunda vez en unas semanas tras el error cometido con Bouyakhrichan.

Fikri Amellah se convirtió en uno de los capos más buscados de Europa tras organizar con notable éxito la logística del tráfico de hachís desde África hasta aguas próximas a España. Allí les suministraba la droga a otras organizaciones, como la de Los Castaña y la encabezada por Abdellah El Haj Sadek, el Messi del Hachís, los clanes más importantes del Campo de Gibraltar. Después aprovechó una operativa tan bien engrasada para dar el salto a la cocaína.

Suyas fueron las 4,3 toneladas de hachís confiscadas en San Pedro del Pinatar (Murcia) en octubre de 2021 y, ocho meses antes, el alijo de 1,8 toneladas de cocaína transportadas por el barco Nehir, que fue hundido por sus propios tripulantes en el puerto de Gijón para evitar la incautación de la carga.

El capo llevaba ya dos años en el radar de las fuerzas de seguridad, por lo que había dejado la grandiosidad de Sotogrande (Cádiz), donde residía, por un piso anónimo de Barcelona. Allí se escondía discretamente, alejado de la vida de lujo indiscreto que había llevado hasta entonces. Había comprado una heladería, dos bares y un kebab, según contó El País. Y allí lo sorprendieron los agentes de la UCO de la Guardia Civil, mientras organizaba varias operaciones con media decena de móviles a su alrededor.

En la misma operación fue detenido, en Vigo, Roberto Martín González, hermano del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP, en su día el diputado que más patrimonio declaró hace tres legislaturas. A Roberto Martín, que ya había sido condenado en 2014 a tres años y seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, se le acusó entonces de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Según los investigadores, se había reunido “en varias ocasiones” con Fikri Amellah.

El futbolista Dani Alves ha depositado la fianza de un millón de euros y podrá salir de prisión este lunes, informan fuentes judiciales.

La Audiencia de Barcelona, que en febrero lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, acordó el miércoles de la semana pasada dejar al jugador en libertad provisional bajo fianza con retirada de sus dos pasaportes mientras se tramitan los recursos a la sentencia.

El plazo para depositar la fianza termina cada día laborable a las 14 horas, cuando cierra la secretaría del tribunal, y el viernes se extendió hasta las 15 horas a petición de la defensa de Alves, que no llegó a consignar el dinero antes del fin de semana.

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, después de que haya abonado la fianza de 100.000 euros que el tribunal de la trama Gürtel le impuso tras su condena de 14 años y 4 meses, informan fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes explican que dos personas han participado en este pago, que se produce poco antes de que se cumplan 48 horas de su entrada en la cárcel de Soto del Real. Ahora se le imponen las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio español.

Los magistrados acordaron su ingreso en prisión provisional sujeta al pago de fianza de 100.000 euros por el "importe elenco de delitos relativos a la corrupción". Sin embargo, estimó que su situación es diferente a la de los también condenados por esta primera época de la trama Gürtel, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega (para los que se decretó prisión sin fianza) precisamente por la menor cantidad de pena, dado que estos tres suman penas superiores a los 30 años.

Jordi Pujol Ferrusola abandonó antes de la 19.00 horas de este miércoles la prisión madrileña de Soto del Real, en la que ha permanecido ocho meses, tras abonar la fianza de 500.000 euros. Juntos después, se dirigió directamente hacia la Audiencia Nacional, donde el juez José de la Mata había requerido su presencia.

El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol salió a pie la cárcel, ataviado con una cazadora, un gorro de lana y portando unas bolsas, por lo que pasó desapercibido para muchos de los medios de comunicación que esperaban en la puerta. Después se subió a un todoterreno que le llevó hasta la sede judicial, situada en Madrid capital.

Una media hora después, Pujol Ferrusola se bajó del coche, ya sin el gorro de lana, y entró rápidamente en el edificio principal de la Audiencia Nacional, donde se encuentra la sede de los juzgados centrales de instrucción. Allí permaneció unos 10 minutos en los que el juez José de la Mata le trasladó el requerimiento de que tiene prohibido realizar cualquier gestión con respecto a su patrimonio.

Además, le comunicó las medidas cautelares que ahora pesan contra él: comparecencias semanales en un juzgado, la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte.

A las 19.40 horas, el hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola abandonó la Audiencia Nacional y, al percatarse de ello, los medios gráficos le siguieron para tratar de captar la imagen. Sin embargo, Pujol Ferrusola echó a correr por la calle Génova de Madrid, dirección a la Plaza de Colón para tratar de darles esquinazo, ya que el coche que le trajo desde la cárcel no estaba esperándole en la salida del tribunal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia del expresidente catalán, rebajó la semana pasada la fianza de Pujol Ferrusola de tres millones a 500.000 euros debido a los avances en la investigación.

El hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que tiene embargados la mayoría de sus bienes y cuentas bancarias, tardó casi una semana en reunir la nueva cantidad.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol, ha acordado rebajar de tres millones a medio millón de euros la fianza impuesta al primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para que pueda salir de prisión, en la que lleva desde el pasado 25 de abril, informa Europa Press.

En caso de que deposite la fianza, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le impone la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. De la Mata ha atendido así la petición que había hecho la defensa del investigado, pese al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había vuelto a oponerse a su excarcelación al entender que esto podría poner en riesgo la investigación.

El magistrado investiga al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos por el presunto origen ilícito de su fortuna y, en el marco de esta instrucción, ordenó en abril el ingreso en prisión del hijo mayor por los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.

En concreto, el juez le acusa de ocultar al fisco más de 30 millones de euros como resultado de una estrategia con la que se puso en marcha una estructura societaria para evadir el capital al extranjero y de controlar las cuentas de los demás miembros de la familia.

El hijo mayor del expresidente catalán trabajó con distintos testaferros y/o fiduciarios que le permitieron disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones como México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, así como realizar inversiones utilizando diversas compañías instrumentales.

Nueva documentación sobre operaciones en América

En su auto, De la Mata explica que desde que Pujol Ferrusola ingresó en la cárcel de Soto del Real "se ha podido recabar nueva documentación sobre las operaciones realizadas en otras jurisdicciones, ampliar la información disponible sobre las mismas y profundizar el conocimiento y naturaleza de algunas de estas operaciones mediante la emisión de nuevos informes".

Así, indica que "se ha podido recibir declaración a distintas personas que actuaron en operaciones con Jordi Pujol Ferrusola en México, a las que ya se hacía referencia en la resolución judicial que ahora se modifica, así como a personas que participaron en Andorra, Estados Unidos y Panamá en algunas de las actividades de blanqueo de capitales" desarrolladas por el investigado en Estados Unidos y, fundamentalmente, en México.

Estas comparecencias se han ido sucediendo hasta hace pocos días, según el juez, y "todo ello incide, naturalmente, en la evaluación que de modo permanente se lleva a cabo sobre la necesidad de la situación de prisión provisional" del hijo del expresidente catalán.

Según el magistrado, "continúan siendo aplicables" los argumentos que se esgrimieron para ordenar la prisión provisional de Pujol Ferrusola, pero considera que ahora "resultan compatibles, de acuerdo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, con la rebaja de la fianza establecida a la de 500.000 euros".

Medida proporcionada por la gravedad de los hechos

Para De la Mata, esta medida "resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concurrentes", al tiempo que la ve "estrictamente necesaria sin que tenga, desde luego, finalidad punitiva alguna o se imponga para causar perjuicio personal o profesional al investigado".

Y es que, según recuerda, la investigación contra el clan Pujol "continúa teniendo por objeto la comprobación de la posible participación de los implicados en hechos supuestamente constitutivos de delitos graves (falsedad documental, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y organización criminal, sin perjuicio de ulterior calificación)".

Además, remarca que "la gravedad de estas conductas investigadas exige garantizar que el Juzgado Central de Instrucción realice un control más efectivo" de Pujol Ferrusola, y que resulta "imprescindible" continuar asegurando que el investigado "no interferirá en la práctica de las actividades de auxilio judicial internacional en las jurisdicciones en que ha desarrollado actividades y mantiene contactos y relaciones".

En un segundo auto, De la Mata ha acordado el bloqueo de una transferencia por valor de 2,6 millones de dólares a una cuenta de CaixaBank procedente de una mercantil, Inter Rosario Port Services, vinculada a Pujol Ferrusola desde 2007 con cuya cantidad pretendía afianzar su libertad provisional.

El juez rechaza esta pretensión y acuerda el bloqueo del dinero porque, según recuerda, en un auto de octubre de 2015 ya ordenó el "inmediato bloqueo y embargo preventivo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, seguros u otros activos financieros existentes a favor, entre otras personas y sociedades, de Inter Rosario Port Services", la cual está titularizada por Active Traslation, propiedad al cien por cien de Pujol Ferrusola.

Otros bloqueos desde hace casi dos años

De la Mata hizo entonces la indicación expresa de que las entidades bancarias que recibieran abonos o transferencias desde dicha mercantil a partir de la fecha del bloqueo las debían aceptar "a fin de garantizar el cumplimiento del conjunto de responsabilidades pecuniarias inherentes a los delitos objeto de investigación en la causa".

De hecho, el magistrado explica que esto mismo es lo que ha venido ocurriendo en otras ocasiones en los últimos meses, con sucesivas transferencias recibidas en la cuenta de CaixaBank de Pujol Ferrusola: un millón de euros en marzo de 2016, 599.987 euros en enero de 2017, 84.987 euros en febrero de 2017 y 2,6 millones el pasado 18 de diciembre.

Para De la Mata, "la operación propuesta por la representación de Pujol Ferrusola únicamente pone de manifiesto una vez más la confusión de intereses existente entre él mismo y todas sus sociedades, así como la dudosa procedencia de los recursos utilizados para su adquisición".

Esas sociedades, dice el juez, no realizaban "actividad mercantil real, razón por la que no resulta admisible la operación propuesta por la representación de Pujol Ferrusola de proseguir sus prácticas habituales, ahora mediante esta actuación que pretende de auto concesión de préstamo societario, validando así una estrategia societaria que está sometida precisamente a investigación en este procedimiento".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto el pago de una fianza de 80 millones de euros al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros siete acusados en el caso Alfageme por el perjuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos a una promotora para la compra de la conservera, por su cercanía con los gestores de la misma.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que esta es la cantidad que se corresponde con los perjuicios sufridos por Caixanova en relación con las operaciones financieras que llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 y advierte de que si en el plazo de cinco días no abonan dicha caución se procederá a embargar los bienes de los acusados hasta cubrir la cantidad estipulada, según informa Europa Press.

El juez acuerda esta medida tras tomar declaración entre lunes y martes a los ocho investigados. Se trata del expresidente de la caja gallega Julio Fernández Gayoso; el exdirector José Luis Pego Alonso; el exdirectivo Gregorio Gorriarán; el que fuera subdirector general de Caixanova Domingo González; el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente; el administrador de la promotora Promalar Juan Lago Pérez y los tasadores Manuel Ardid y Manuel Asende. A todos ellos se les investiga por el delito de administración desleal y blanqueo de capitales.

Los hechos se remontan a otoño de 2005 cuando Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al administrador de Promalar y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente. El objetivo era beneficiar a estos accionistas en su salida de la conservera y para ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de la financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra.

El magistrado expone que se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.

No es una medida prematura

Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.

En su auto, el juez tiene en cuenta la gravedad y complejidad de los hechos, la duración temporal de la causa y la cuantía de las responsabilidades. Además expone que no se trata de una medida "precipitada o prematura".

Para tres de los investigados en esta causa —Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso— se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado este lunes el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la defensa de los exmandatarios, los bienes embargados se designaron y pusieron voluntariamente a disposición del tribunal como garantía por Mas, Ortega, Rigau, el exconsejero Francesc Homs y el exsenador Vilajoana.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado concretamente el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto, los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha depositado este lunes 2,2 millones de euros del total de 5,25 millones que le ha reclamado el Tribunal de Cuentas como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014, según el escrito que ha presentado su abogado y al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el letrado ha pedido al Tribunal de Cuentas que se amplíe en 15 días el plazo fijado para abonar el resto de la fianza, en este mismo escrito que ha enviado en nombre también del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern.

El abogado ha solicitado que se le acepte esta ampliación del plano para abonar el resto atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y ha añadido que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

En su escrito, ha anunciado además que, como los 2,2 millones sólo cubren parcialmente el importe reclamado, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación".

El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada —5.251.948,17 euros— responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Reintegro a las arcas públicas

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.

El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9N.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestima de momento fijar fianzas para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Govern, y ordena adoptar las medidas técnicas para deshabilitar las webs del referéndum y la de voluntarios, según informó Europa Press.

Así lo acordó en un auto la magistrada instructora de la querella, a raíz de las peticiones de medidas cautelares que formuló en ella la Fiscalía Superior de Cataluña.

La magistrada considera que "no ha lugar, por el momento", fijar fianza a los querellados para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, y oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil el informe de qué medios de comunicación con sede en Cataluña —a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio— hayan insertado cualquier tipo de publicidad institucional.

Sin perjuicio de hacerlo más adelante

Justifica no adoptar la medida por "el incipiente estado de estos autos y de las previsibles diligencias que deberán ir sustanciándose", pero puntualiza que lo hace sin perjuicio de lo que posteriormente, en función del desarrollo de la instrucción, pudiera decidirse.

Argumenta la decisión de ordenar el cierre de la web garanties.cat, pese a que no se constata que esté administrada directamente por el Govern, porque su contenido "es claramente atentatorio de las advertencias de que tal Gobierno ha venido siendo objeto y cuya desatención ha provocado estas diligencias", al constatar la estrecha relación de dicha web con la celebración del referéndum.

Y sobre la web de los voluntarios connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, considera que sigue "el camino trazado por el Govern en clara confrontación objetiva con las resoluciones del Tribunal Constitucional, de claros indicios de criminalidad".

"Los plazos y modos del proceso no pueden demorar la tutela judicial que tal situación evidencia, y la medida se ofrece ponderada y proporcionada, pues la información y opciones de participación directa en el referéndum por parte de los ciudadanos que se contienen en dichas páginas ponen en riesgo evidente el efectivo acatamiento de las resoluciones judiciales", afirma.

Publicidad del 1-O

Sobre la petición de la Fiscalía de que se dirija oficio a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no difundan la publicidad institucional sobre el referéndum, la jueza cree que "la generalidad de este requerimiento choca con la normal actuación jurisdiccional".

Considera que no es trabajo de los órganos judiciales penales advertir dentro de un procedimiento "a cualquier persona física o jurídica, grupo o colectividad de que no cometan actos que pudieran revestir carácter delictivo".

Por eso, pide oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil que le informe de qué medios de comunicación con sede en Cataluña —a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio, ya apercibidos por el TC— han insertado cualquier tipo de publicidad institucional para requerirles que cesen de publicitarla.

El fundador y máximo accionista del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha abonado la fianza de 60.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para salir de la prisión en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional inicialmente decretó su ingreso en prisión tras tomarle declaración, pero posteriormente, según han precisado las mismas fuentes, modificó lo acordado para imponer una fianza de 60.000 euros con la que podría evitar seguir en la cárcel. Pérez Dolset, ha pagado ya dicha cantidad, por lo que en las próximas horas el juez García Castellón autorizará su libertad.

El responsable de Zed, al que se le atribuyen los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos, presentó un recurso contra su situación de prisión incondicional dictada por el juez.

El pasado 13 de julio, Pérez Dolset negó ante el juez instructor tener conocimiento de que se cometieran irregularidades por parte de la empresa tecnológica para conseguir subvenciones públicas millonarias de forma fraudulenta, así como que es falso que se aprovechara de un círculo de influencias o que se valiera de proyectos ficticios para conseguir ayudas públicas por valor de cerca de 70 millones de euros entre 2011 y 2016.

El presunto cabecilla de la trama ha reconocido que sufrió presiones por parte del presidente de la Razón, Mauricio Casals, pero ha negado igualmente que éste, imputado en la causa, intercediera para la comisión de las presuntas irregularidades que investiga Castellón y que llevaron a la empresa a la quiebra.

Además, Pérez Dolset añadió que está arruinado y que todo el capital del que disponía lo había invertido en el grupo familiar. Asimismo, aseguró que no tiene dinero en ninguna sociedad panameña pese a que Anticorrupción apunta que el empresario dispone de fondos por valor de 101 millones de dólares, según las mismas fuentes.

La investigación sobre la quiebra del Grupo Zed, se inició el pasado 29 de junio con la operación conocida como Hanta, que fue dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal de la Policía Nacional.

El juez considera que Pérez Dolset tuvo una "intervención fundamental" en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica porque creó un sistema con el que obtuvo subvenciones de forma masiva falseando los requisitos para acceder a éstas.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha pedido este lunes al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que rebaje la fianza de 400.000 euros impuesta para salir de prisión hasta los 120.000 euros, cantidad que, según indica, "podría reunir".

En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, el exmandatario conservador, en prisión desde el 31 de octubre de 2014 por el caso Púnica, propone tres formas para poder hacer efectivo el pago de la fianza.

La primera de estas "posibilidades" que ofrece Granados es rebajar la fianza señalada por Velasco hasta 120.000 euros, ya que esta suma de dinero la puede conseguir, según dice el escrito, "contando con todo el numerario familiar". El exconsejero destaca que esta opción es la que con más "rapidez" le permitiría recuperar su libertad.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este viernes la apertura de juicio oral por la estafa de Nueva Rumasa contra 15 personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos, para los que impone una fianza de algo más de 496 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del Grupo Nueva Rumasa. Además, señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015,

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz-Mateos imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del Grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011 consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por

sociedades del Grupo.

Deudas de 577 millones de euros

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata describe todas las prácticas irregulares presuntamente ideadas por los acusados: la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo; cómo realizaban " operaciones fuelle" con sociedades pantalla para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo; cómo usaban testaferros en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

El escrito del magistrado no concreta el número de sociedades del Grupo porque éste no puede "fijarse con seguridad", ya que, aunque su publicidad alude a 107 empresas, algunos documentos internos recogen listados de hasta 164 españolas y 48 extranjeras e informes de administradores concursales relacionan 171 empresas. Además, el análisis conjunto de la documentación mercantil, societaria y bancaria disponible permite al juez conectar directa o indirectamente los hechos investigados con 445 sociedades, 56 de ellas extranjeras.

Según el juez, ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. Así, entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, "no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada", explica el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata también en el auto –contra el que cabe recurso en un plazo de 30 días– la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011 ante las obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo, según ha informado Europa Press.

Denunciaron 1.409 perjudicados

Un total de 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa presentaron denuncia por esta estafa y reclaman 171 millones de euros, de modo que, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en algo más de 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, seis hijos de José María Ruiz Mateos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

En lo que respecta al delito de estafa, De la Mata indica en su auto que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria "manifiestamente engañosa" y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

"Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero", detalla.

Salvaguardar su patrimonio

Sobre el delito de alzamiento de bienes, el juez afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas irregulares ya mencionadas.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, De la Mata destaca que "toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos" mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja

tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras "por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad".

El delito contra la Hacienda pública, el magistrado sólo lo atribuye a José Ramón Romero López, sobre el que explica que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera obtuvo ingresos que no declaró.

El empresario y consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel y el exconsejero-delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás han abonado este miñercoles la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Lezo, que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, según ha informado Europa Press.

Tanto López Madrid como Martínez Nicolás quedaron en libertad tras declarar ante el magistrado instructor, que les dio de plazo hasta el próximo 28 de abril para pagar esta fianza con el fin de eludir la prisión, según informan fuentes jurídicas.

De Miguel se encontraba en prisión desde que este martes el juez Velasco decretara su ingreso eludible bajo fianza de 100.000 euros por el presunto cobro de algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal.

El cuñado de Ignacio González ha abandonado la prisión de Soto del Real a última hora de la tarde de este lunes tras hacer efectiva la fianza impuesta, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Caballero es uno de los seis arrestados en el marco de este operativo para los que el magistrado de la Audiencia Nacional decretó penas de cárcel la noche del pasado viernes tras tomarles declaración, entre ellos el expresidente madrileño, para el que ordenó prisión incondicional.

Además del hermano de González, Pablo González, al que impuso prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, el juez Velasco ordenó igualmente prisión incondicional comunicada para el presidente de Inassa, filial del Canal en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

También para el exgerente del Canal de Isabel II, Adrián Martín (fianza de 100.000 euros), y la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond (fianza de 4 millones de euros).

Además, Velasco dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros al consejero de OHL Javier López Madrid, que abonó de manera inmediata y eludió su entrada en prisión.

Según el auto del juez Velasco, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en el distrito madrileño de Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.

Así, González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del Ejecutivo regional en ese momento.

El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.

El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.

Intereses particulares

El magistrado concluye en su auto que estos hechos ponen de manifiesto que existió un "riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares".

Además precisa que a pesar de desvincularse "formalmente" del consorcio, Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González.

De manera paralela a los ingresos, se detectaron "importantes movimientos de dinero en efectivo" en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes.

Una jueza ha decretado la libertad bajo fianza de 2.000 euros para el joven que humilló a un indigente en la calle ofreciéndole galletas rellenas con pasta de dientes, que el hombre comió, y luego colgó el vídeo en su canal de Youtube, con miles de seguidores.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona también ha ordenado retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y comparecencias periódicas en sede judicial.

El joven ha comparecido este lunes acompañado de su abogado ante la jueza y el fiscal especializado en delitos de odio y discriminación, y se ha acogido a su derecho a no declarar, igual que había hecho en su comparecencia policial, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La resolución de la jueza ha rebajado la petición del fiscal, que había solicitado para el joven la prisión eludible con una fianza de 6.000 euros y que, en el caso de no entrar en la cárcel, se le prohibiese salir del territorio y se le retirase en pasaporte, además de que no pudiese aproximarse a la víctima mientras dura el proceso judicial.

La Fiscalía no ha pedido, sin embargo, ninguna medida cautelar relacionada con el canal de Youtube, ya que el propio acusado retiró el vídeo, aunque en caso de que lo volviera a subir reclamaría nuevas medidas cautelares, han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Trato degradante

En el vídeo se podía ver al joven –apodado Reset y con un millón de seguidores en su cuenta– tratando de manera degradante al hombre al ofrecerle las galletas queriendo usar un tono humorístico, y posteriormente afirmó: "Eso le ayudará a limpiarse los dientes".

La Guardia Urbana lo denunció a finales de enero por un presunto delito por infringir un trato degradante, menospreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, un delito que se agravaría al difundirlo a terceras personas a través de Internet.

Al tener conocimiento del vídeo, los agentes localizaron al indigente en el barrio de la Marina del Port y le ofrecieron la posibilidad de denunciar los hechos, además de activar los servicios del Centro de urgencias y emergencias sociales de Barcelona y el Servicio de Inserción Social.

Pidió perdón

El hombre explicó que el martes 17 de enero se le había acercado un joven que le entregó un billete de 20 euros y le dio unas galletas, sin decirle que llevaban pasta, y a continuación grabó el momento en que se las comía.

El 22 de enero, el youtuber publicó otro vídeo en el que pedía perdón por su acción tras recibir numerosas críticas, en el que afirma haberlo hecho por ser inmaduro: "Fue mi culpa, lo siento mucho".

El Partido Popular (PP) ha reclamado a la Audiencia Nacional recuperar la fianza de 1,2 millones que le solicitó el juez José de la Mata por la presunta financiación irregular a través de la caja B del partido.

Según defiende en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la aportación de esta cantidad ha provocado una "multiplicación indebida de las cuantías" que debían depositar de forma conjunta los acusados directos y los responsables civiles subsidiarios, entre ellos la propia formación, y que ya han sido cubiertas con creces.

El PP recuerda que en mayo del pasado año se les requirió esta cantidad debido a la falta de solvencia de los imputados en la causa bautizada como los papeles de Bárcenas. La empresa Unifica, responsable de las obras de reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, y los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, acusados en el procedimiento, no habían cubierto entonces la cantidad fijada como responsabilidad civil.

Se adhiere ahora a una solicitud formulada por la mercantil encargada de las obras para se reduzca el importe de la cantidad depositada que –recuerda– debe aportarse de forma solidaria y conjunta. "Así, bastaría que uno de los acusados prestase fianza en cuantía suficiente para cubrir dichas responsabilidades para entender cumplida esta obligación", fundamenta el escrito.

La formación recuerda también que su obligación de prestar fianza en la causa es "subsidiaria" y sólo debe hacerse efectiva en el caso de que la caución no hubiera sido ya cubierta por los acusados. "Pero no por el total de la responsabilidad civil establecida, que asciende a 1.245.154,18 euros", destaca.

Según defiende el partido, acusado en esta pieza como responsable civil subsidiario, el total de fianzas para garantizar las previsibles responsabilidades pecuniarias por parte de los responsables civiles directos y Unifica ascendería a un total de 9.156.241,84 y "consta acreditada" en la causa que se han garantizado bienes por importe de casi 14 millones.

Un exceso de más de cuatro millones

"Es decir, se ha garantizado un exceso de más de cuatro millones y medio de euros, por lo que procede dejar sin efecto la fianza trabada respecto del responsable civil subsidiario, el PP, al estar debidamente aseguradas las fianzas impuestas", destaca.

El instructor del procedimiento consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.

El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, "no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos".

La exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, ha pagado este lunes los 15.000 euros de fianza impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para evitar su ingreso en prisión tras la condena por la pieza de Fitur dentro del caso Gürtel, según ha informado Europa Press. A la vista del pago, el TSJCV ha acordado su libertad provisional.

Milagrosa Martínez tenía cinco días para pagar la fianza de 15.000 euros y eludir su entrada a prisión hasta que el Supremo se pronuncie sobre su condena a nueve años de cárcel por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los amaños en contratos de la feria de turismo Fitur.

Su abogado ya anunció la pasada semana que la exconsellera de Turismo intentaría durante estos días reunir los 15.000 euros impuestos –el plazo para abonarlos terminaba este lunes– ya que, en la actualidad, la expresidenta de las Cortes no tiene "nada".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la fianza aportada mediante una garantía hipotecaria por dos cargos de la Fundación Franisco Franco, Jaime y José Ángel Alonso García, por ser insuficiente para cubrir la caución de 300.000 euros impuesta para que el ex banquero Mario Conde salga de prisión.

El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda que la fianza debe prestarse en metálico o aval bancario y explica que las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores no dejan de ser informes de parte.

Según indica, las notas del registro de la propiedad que incluyeron son notas simples sin certificación literal "observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales".

El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial al entender que "no se estima adecuada" la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval bancario. "Todo ello con el fin de asegurar –indica el auto– que el investigado señor Conde Conde no se va a sustraer a la acción de la justicia".

Los hermanos Alonso García, los dos avalistas de Mario Conde que han presentado en la Audiencia Nacional una garantía hipotecaria de cuatro de sus fincas para respaldar la fianza de 300.000 euros que necesita el exbanquero para salir de prisión, ocupan altos cargos en la Fundación Francisco Franco, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, Jaime Alonso García ocupa la vicepresidencia ejecutiva mientras que José Ángel forma parte del patronato. Ambos han depositado a modo de aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura, consintiendo que puedan ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad del expresidente de Banesto. Los fiadores aportaron este martes en el Juzgado Central de Instrucción número 1 las escrituras de los inmuebles.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si la garantía hipotecaria de estas cuatro fincas cubre la fianza de 300.000 euros impuesta al ex banquero Mario Condela fianza de 300.000 euros para salir de prisión. Los inmuebles se encuentran en la isla de Fuerteventura, en el término de Corralejo, y según la tasación aportada por los fiadores, su valor alcanza los 610.818 euros.

El Ministerio Público valorará si son o no suficientes, tal y como consta en la tasación aportada por los fiadores, y puede además solicitar una tasación oficial de los inmuebles para responder con un informe oficial al magistrado.

Pedraz acordó este martes la fianza, contra el criterio de Anticorrupción, al considerar que no existe riesgo de que obstaculice la investigación ni se fugue del país. En el caso de que cubra la caución, Conde deberá comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, le será retirado el pasaporte y tendrá prohibido salir de España.

El ex presidente de la entidad bancaria ingresó el pasado abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para traer de vuelta a España fondos procedentes del caso Banesto.

El antiguo presidente de Banesto habría blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13 millones de euros –2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero– cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el caso Banesto.

Pedraz señala en su auto que, a pesar de acceder a la posibilidad de que Conde abandone la prisión, "siguen existiendo motivos para estimar responsable criminalmente" a Mario Conde de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, ocho delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Dos meses en prisión

Con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Mario Conde podrá salir de Soto del Real dos meses después de su ingreso en la cárcel, a donde volvió transcurridos casi ocho años de su salida de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto.

Además de Conde, el juez envió a prisión a su abogado Francisco Javier de la Vega –que también quedó en libertad la semana pasada tras abonar una fianza de 100.000 euros– y decretó el arresto domiciliario de su hija Alejandra Conde, en ambos casos por su relación con el entramado empresarial en España y el extranjero utilizado para repatriar fondos procedentes del caso Banesto.

Alejandra Conde coordinaba presuntamente junto a su padre la trama defrautoria, de la que también se habría beneficiado el otro hijo del exbanquero, Mario, y en la que aparecía como una "pieza fundamental" de todo el entramado el abogado Francisco Javier de la Vega, encargado de la coordinación de las sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Emiratos Árabes.

La primera vez que Mario Conde entró en la cárcel fue en diciembre de 1994, cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el caso Banesto. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el caso Argentia Trustcaso Argentia Trust, hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado embargar 10 fincas y cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes y BMW que constan a nombre del expresidente del Consejo de Administración de Abengoa, Felipe Benjumea, así como prohibir al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar.

En sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha acordado esta medida cautelar tras haber rechazado admitir las pólizas de AIG Europe Limited y XL Insurance, aportadas por Benjumea y Sánchez Ortega, para hacer frente a las fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros impuestas, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 impone la "prohibición absoluta de disponer, vender, gravar, obligar o enajenar" varios bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de las cuentas bancarias en el marco de la investigación abierta contra los exdirectivos de la multinacional de energías renovables por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.

Respecto al dinero que Benjumea tiene en el banco, la magistrada ordena que saldo que consta en doce cuentas, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.

Por otra parte, Lamela decreta el embargo de una finca en Las Rozas, un turismo de marca Jaguar y el bloqueo de una cuenta de Sánchez Ortega para hacer frente a su fianza por valor de 4,5 millones de euros.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.

La magistrada requirió además a la compañía andaluza la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega.

Querella de los bonistas

Dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por su "horrible" gestión y buscar su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".

Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.

Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida". Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.