El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales, de 78 años, ha reconocido este jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar, según su declaración en el juicio que se desarrolla desde octubre en San Fernando de Henares (Madrid).

En su declaración, Bárcenas negó que con el envío de tres millones de euros a la firma uruguaya Brixco, de la familia de Sanchís, tratara en realidad, como asegura Anticorrupción, de sacar el dinero de Suiza, ante la posibilidad de que ya estuviera siendo rastreado por el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa en la Audiencia Nacional.

Los dos extesoreros han asegurado que ese dinero era en realidad un préstamo realizado por Bárcenas a una de las sociedades de Sanchís, en concreto la uruguaya Brixco, que estaba pasando en ese momento "un problema de liquidez".

Preguntado por qué se desplazó a Suiza, Sanchís aludió a su condición de jubilado para justificar el viaje: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante y volverme para casa".

La fiscal también se interesó por el motivo por el que Sanchís acudió a uno de los bancos suizos el 10 de marzo de 2009 en compañía de Yáñez. Y el extesorero de AP aseguró que su encuentro en el banco fue casual, ya que él acudió a Suiza desde Francia y no desde España: "Me lo diría el día antes el propio Bárcenas o me lo dijo él, no me acuerdo", contestó Sanchís a la responsable del Ministerio Público.

"¿Dónde conoció a Iván Yáñez?", le interpeló después la fiscal Sabadell a Sanchís, que recordó que era hijo de Francisco Yáñez: "Que fue una de las cinco personas que llevé al Partido Popular [en 1982]. Fue empleado mío en Costa Rica, en dónde yo tengo una explotación maderera y durante unos años estuvo al frente de la explotación maderera y alguna vez que yo iba a Costa Rica estaba él con su padre. Y allí lo conocí, y era un chaval, claro".

"Le dimos una parte"

Pero después Sanchís reconoció su vinculación societaria con Iván Yáñez, otro de los procesados en el caso Gürtel: "Pasó mucho tiempo, pero luego, en algún momento, quizá por indicación del señor Fraga [...] yo tengo una cartera en lo que se llaman las tan denostadas sicav, pues tengo una Sicav familiar, la tienen mis hijos, vamos, y entonces, de esa sicav le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP.

La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell trataba de conocer la fecha en la que Yáñez trabajó para la familia Sanchís, aunque el extesorero de Alianza Popular, la formación política creada por Manuel Fraga y que está en el origen del actual Partido Popular, no fue nada preciso: "Hará siete u ocho años, o diez o doce, no sé".

"¿Fue antes del préstamo del que estamos hablando?", preguntó la fiscal, en referencia a los tres millones de euros que según Bárcenas prestó a la familia Sanchís, en concreto a su empresa Brixco, que se llevó a cabo en 2009. "Antes", contestó de forma escueta Sanchís.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal para evadir impuestos, permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero en Luxemburgo se tributa un 0,01%.

Una sicav de Madrid

Pero el abogado del hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Herrero quiso que el procesado especificara dónde estaba situada la sicav: "¿Puede especificar si esa actividad normal, estaba en un banco en España, en Suiza o en Estados Unidos?", preguntó el letrado, a lo que Sanchís respondió: "En el Barclays Bank en Madrid. "¿La actividad de Yáñez asesorándole en esta actividad de bolsa que ustedes tienen en el Barclays Bank Madrid dónde se realizaba?", volvió a preguntar el abogado, ante lo que de forma escueta contestó Sanchís: "En Madrid".

Asimismo, negó saber que Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro Iván Yáñez, fuera propietario de la cuenta de Suiza denominada Obispado. Tampoco sabía, según declaró, que Bárcenas hubiera abierto su primera cuenta con el nombre de Iglesia, al mismo tiempo que se desvinculó por completo de la creación de la sociedad uruguaya Tesedul, creada por Iván Yáñez para Bárcenas y con la que éste último regularizó 10 de los 21,3 millones que tiene bloqueados en Suiza. Según el sumario, Bárcenas utilizó la cuenta suiza Obispado, del padre de su testaferro, para sacar el dinero de la cuenta de su mujer, Rosalía Iglesias Villar.

En su declaración Sanchís recordó que al igual que a Iván Yáñez, también conoció a Bárcenas "con seis o siete años". "Fui íntimo amigo de su padre hace 50 años. Su padre era director de banco en Badajoz cuando empezaba, ya que tenía una fábrica de insecticidas, que es con la que me hice los primeros millones, y él me ayudó. Y ahí hicimos la amistad. Y la amistad con Bárcenas es la correspondiente a una segunda generación".

Y por eso, cuando Sanchís entró en Alianza Popular en 1982, se llevó a Luis Bárcenas: "Tenía una sociedad que se llamaba Corporación Industrial 25, que era un holding de las empresas que nosotros teníamos entonces, y ahí tenía a varias personas, y entonces me llevé a cinco personas [Luis Bárcenas y Francisco Yáñez padre, entre ellas] porque cuando llegué allí, la tesorería del partido, estamos hablando de los años 80, y no había contabilidad ni había nada. Y entonces yo me llevé a estas cinco personas, que por cierto nunca a mi Alianza Popular me pagó un sueldo y ni estuve en nómina".

Pagó nóminas de Alianza Popular

Preguntado por el abogado de la defensa de Luis Bárcenas Francisco Maroto, Sanchís reconoció que "durante un tiempo, y aunque sea una ilegalidad, estuvieron cobrando de mis empresas y no de Alianza Popular, porque no tenían dinero para pagar. Pagué los fondos de todas estas personas", explicó Sanchís en referencia a Bárcenas, Francisco Yáñez y las otras tres que llevó a Alianza Popular.

El extesorero de AP entre 1982 y 1987 Ángel Sanchís Perales fue procesado en 1991 por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, el juez que instruyó el denominado caso Naseiro. En el caso, que resultó finalmente archivado, también estuvieron presuntamente implicados el extesorero de esa formación Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el constructor José Balaguer.

Sin embargo, este mismo jueves Sanchís aseguró al tribunal del caso Gürtel que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como una "época mala" y le ha "costado muchos disgustos". "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le contestó a la Fiscalía.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

El Partido Popular guardaba de forma secreta en su sede de la Calle Génova de Madrid documentación que demuestra que el partido se ahorró un 8% al pagar una parte de la remodelación del edificio en negro, según ha podido saber infoLibre de fuentes de la Audiencia Nacional. Bárcenas confirmó en su reciente declaración esta negociación, asegurando que él, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez llegaron a ese acuerdo con el arquitecto Gonzalo Urquijo.

Por eso cobra especial importancia la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas del pasado jueves 10 de abril en la que, según fuentes jurídicas, aseguró que el arquitecto responsable de la obra, Gonzalo Urquijo, les permitió ahorrarse el IVA pagando en negro. Con lo que también lograron una rebaja del 8% del coste total. De esta forma, el exsenador por Cantabria confirma un nuevo indicio que fue descubierto por la Policía Judicial gracias a la decisión del juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, Pablo Ruz, de registrar la sede nacional del PP el pasado 20 de diciembre en busca de la documentación que el partido de Mariano Rajoy le había ocultado.

"Sin factura"

Según fuentes jurídicas, que dan gran importancia a la coincidencia de la declaración de Bárcenas con las pruebas descubiertas, el extesorero también explicó que él fue el que llevó el peso de la negociación con el arquitecto Gonzalo Urquijo, en la que también participaron el que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta y el hoy exgerente, Cristóbal Páez. Según la declaración de Bárcenas de julio pasado, el 30% del precio total se realizaba "sin factura", aunque recientemente fuentes jurídicas elevan este porcentaje al 50%.

Además, en su testimonio el extesorero ratificó las entregas de dinero negro al arquitecto encargado de la remodelación de las oficinas principales de la formación por las que se pagó un importe global de 888.000 euros, según recogió el extesorero en su contabilidad B. No obstante dijo que "quemó", junto al también extesorero Álvaro Lapuerta, papeles relacionados con la obra.

Entrada y registro

El magistrado ordenó la entrada y registro de la sede del PP el pasado 19 de diciembre al constatar que el partido del Gobierno aportó, de motu proprio, una docena de documentos inéditos hasta el momento. Pero en realidad era fotocopias relacionadas con la remodelación de la sede. Esos documentos habían sido solicitados con anterioridad por el propio Pablo Ruz, pero los conservadores no los aportaron.

En total, según el auto del magistrado del pasado 19 de diciembre, el PP entregó a la Fiscalía Anticorrupción 17 fotocopias numeradas, "de los cuales únicamente cinco de ellos aparecen entre la documentación previamente aportada por la formación política a requerimiento judicial, habiéndose omitido en su momento la presentación" de una docena de documentos vitales para la investigación. Como por ejemplo órdenes de pago, recibís, talones y facturas.

Esta forma de actuar de los dirigentes del PP, que el juez llegó a calificar de "grave", convenció a Ruz de que el partido mantenía en su poder documentación importante: "Documentos de relevancia para la presente instrucción, que sin embargo son aportados mediante fotocopia, incluyendo entre otros órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos, cuyo contenido, sin perjuicio del pertinente análisis, pudiere aportar elementos de interés por cuanto no eran conocidos hasta el momento, no habiendo sido aportados antes por la formación política pese al requerimiento cursado", especifica el auto del 19 de diciembre, en el que el juez ordenaba el registro de la sede del PP que se llevó a cabo el día siguiente.

Documentos importantes

La falta de colaboración del PP y la evidencia de que el partido de Mariano Rajoy mantenía en su poder documentos importantes para la investigación hicieron que Ruz considerara que si ordenaba el registro de la sede podría hallar "efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada", apunta el magistrado en el auto que justificaba el registro de la sede. A la postre esta decisión ha servido para descubrir nuevas evidencias de que el PP pagó en negro una parte de la remodelación de la sede del PP con el dinero de la caja B que se refleja en los papeles de Bárcenas.

Según un informe de la Policía Judicial adelantado por la Cadena Ser, el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia, Belén García, expatriaron dinero negro a "posiciones económicas en Canadá, Suiza y Luxemburgo". Los agentes afirman que el 18 de diciembre de 2012, Gonzalo Urquijo abrió a nombre de su empresa Unifica una cuenta en el banco Pictet de Luxemburgo, a la que destinó cinco millones de euros. Diez días después la clausuró, transfiriendo los 700.000 euros que quedaban al Banco Santander en España.

Cuentas en el extranjero

Los investigadores también han hallado cuentas particulares en Suiza a nombre de Urquijo y de su socia Belén García, a las que realizaron transferencias desde Canadá por 763.000 y 402.347 euros respectivamente. Tal y como explicó en un auto el propio Ruz, tanto Urquijo como su socia regularizaron 109.000 euros cada uno109.000 euros gracias a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.

Los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas destruyeron numerosos recibos que tenían en su poder vinculados con los llamados papeles de Bárcenas, según explicó este último, quien especificó que entre esta documentación se encontraban los recibos del sastre que confeccionó los trajes al presidente del Gobiernolos trajes, Mariano Rajoy, pero también la documentación relacionada con el pago en negro de la remodelación de la sede central del PP.

La contabilidad manuscrita de Bárcenas indica hasta en tres ocasiones el pago de trajes con fondos en negro. El primero de ellos tiene fecha del 14 de julio de 2006. Pero en este caso el apunte no especifica para qué persona se asigna el gasto.

Todo lo contrario que los otros dos apuntes, del 21 de diciembre de 2006 y del 18 de abril de 2008. En ambos casos se alude a Mariano y a M. R.Mariano y a M. R, en referencia, según el propio Bárcenas, a pagos de 9.100 y 11.020 euros en ropa para el ahora presidente del Gobierno.

Recibos del sastre

Pero en su declaración de este jueves, el extesorero especificó que ya no disponía de los recibos del sastre, pues habían sido destruidos.

También fueron destruidos por Lapuerta y el propio Bárcenas todos los documentos relacionados con el pago en B de la remodelación de la sede de la madrileña calle Génova.

Esta aseveración, apuntan hasta dos abogados de la acusación, podría deberse a un intento de acercamiento de Bárcenas al PP. Según esta versión, el extesorero estaría enviando un mensaje a los populares de que "no tirará de la manta". 

Las mismas fuentes llaman la atención sobre el hecho de que Bárcenas no haya querido en esta ocasión responder a las acusaciones. Al igual que en la última declaración, el extesorero hizo especial hincapié en el papel de Lapuerta, que era su superior jerárquico. Lapuerta no ha declarado ante Ruz por problemas de salud.

Intereses de defensa

No obstante, desde otra de las acusaciones han negado la posibilidad de que Bárcenas haya cambiado su estrategia. Este letrado considera que el extesorero aporta los documentos en función de sus intereses de defensa.

En este sentido, uno de los abogados de uno de los imputados explicó a este diario que el extesorero aludió en su testimonio a que todavía mantenía en su poder nuevos documentos relacionados con la financiación B del PP.

"Bárcenas me llamó a mi, me dijo que le faltaba uno de los recibís y me lo dictó. [...] Está escrito en un cuaderno mío, cuaderno de obra. Yo voy de taxi en taxi. [...] Me dicen la factura de 560.000 euros [...] y yo copio y me dicen que tengo que hacerles este... y me dicta este texto. No le di la más mínima importancia, incluso yo estoy convencido de que ahí se quedó, y que la volví a imprimir". De esta forma contestó, el pasado 16 de diciembre, el arquitecto Gonzalo Urquijo al juez Pablo Ruz. Este empresario, a quién el PP encargó la reforma de su sede principal en la madrileña calle de Génova, permanece imputado como presunto receptor de dinero negro por parte del partido que preside Mariano Rajoy.

Gonzalo Urquijo es uno de los propietarios de la sociedad Unifica, que fue la encargada de la remodelación de la sede del PP en Madrid, pero también la de Logroño (La Rioja). Está imputado porque su nombre aparece como una de las personas que presuntamente percibieron el dinero negro que aparece en la contabilidad B del PP, conocida como los papeles de Bárcenas.

Tres horas de interrogatorio

Durante más de tres horas, Urquijo respondió en el interrogatorio como imputado a las preguntas de Ruz, quien realizó un repaso, planta a planta, de las facturas que requisó la Policía Judicial durante el registro de la sociedad Unifica. Y en sus respuestas destacó que el PP realizaba prácticas poco comunes: "Lo que más me ha chocado, en ese momento me chocó, pero después parecía que era una cosa normal, es que cuando me pagaban con cheque, había que entregar un recibí. Y me chocaba porque tengo clientes que me pagaban con cheques y en la vida me habían hecho firmar un recibí", especificó este empresario en su declaración.

Pero esta explicación no convenció a Ruz, que trató de que Urquijo concretara los motivos por los que escribió a mano un recibí que le había dictado Bárcenas, pero que según su versión no servía para nada. Y lo hizo porque el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que estas cantidades coinciden con otras incluidas en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, por lo que podría tratarse de pagos en negro al margen de la Agencia Tributaria. "Esto de los recibís me lo va a tener que explicar un poco mejor [...] porque recibís he visto hasta cuatro distintos expedidos por ustedes", llegó a asegurar Ruz en su interrogatorio, tal y como se puede leer en la declaración a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Mientras el número me cuadre"

Y después Ruz lee el texto escrito a mano: "He recibido de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.000 euros en concepto de pago complementario de la factura de la planta cuarta, con la que queda cancelada dicha factura". Para a continuación interesarse sobre qué significado tenían las palabras "pago complementario". Y Urquijo contestó: "Yo no lo he redactado señoría. Yo lo he escrito dictado. Me dicen que redacte eso. A mi, mientras el número me cuadre, la planta me cuadre... Al pago complementario no le di mucha importancia porque yo no le daba importancia a los recibís. Y segundo, era un pago parcial de la factura", dijo el empresario.

Pero Ruz, que según la transcripción del interrogatorio se mostró muy incisivo, llama la atención del arquitecto sobre si se había dado cuenta de que el documento manuscrito se había hecho a nombre de Luis Bárcenas y no del Partido Popular, que era quien contrataba la obra: "Era el tesorero. A mi ahora sí me extraña, ahora sí. Ahora empiezo a verlo todo... claro, es que ahora es muy fácil decir... Eso me lo dictan hace siete años y me dicen que has recibido y me dice, hablando por teléfono: pon que he recibido de D. Luis Bárcenas, bueno, pues yo puse eso, ¿me explico? Porque lo estaba dictando él", completó el arquitecto.

"Una explicación racional"

Ante esta explicación, Ruz seguía sin comprender la versión del imputado: "Yo estoy tratando de buscar una explicación racional, créame, a lo que usted me intenta alegar. En ocasiones se la encuentro y en otras le confieso que no. Aquí no se las encuentro. Aquí está usted redactando algo que pone 'complementario' y que pone que con 200.000 queda cancelada una factura y lo que nos documentan estos papeles es que hay un pago de 200.000, ya no sé si el mismo o es... lo trataremos de determinar. Pero aquí este pago de 200.000 lo ha cobrado usted en primer lugar el 27 de octubre", especificó el juez.

"Sí correcto", admitió el arquitecto, ante lo que Ruz dijo de nuevo: "Y lo que liquida finalmente la factura no son los 200.000, son los 361.000 que se pagan el 14 de noviembre de 2008". "Correcto", reiteró Gonzalo Urquijo al juez, que parecía renunciar a entender la versión del imputado: "Entonces no le encuentro mucha lógica al texto que le dictan a usted y que escribe usted", dijo el magistrado, que solo pudo escuchar de su interlocutor: "Yo tampoco".

"Follón de facturas"

El declarante sí que tuvo una explicación para justificar sus reuniones con Bárcenas: "Las tres o cuatro veces que me reuní con Bárcenas han sido porque primero siempre ha habido un follón en cuanto a facturas y a recibís de los cheques recibidos cobrados y facturados. Las tres veces que me ha llamado fue porque quería algo de la obra y para requerirme alguna copia de alguna factura o alguna copia o de que se había extraviado algún recibí", completó Urquijo en su testimonio, tras el que permanece imputado.

Los correos electrónicos del extesorero del Partido Popular PP Álvaro Lapuerta y del exgerente Cristóbal Páez estaban "borrados" cuando fueron requeridos por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que el pasado jueves permanecieron 14 horas en Génova recabando documentación sobre las obras de reforma de la sede y la supuesta contabilidad B de la formación.

Así se recoge en el acta de requerimiento levantada por el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, Javier Ángel Fernández-Gallardo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que señala que Lapuerta y Páez no pudieron borrar "físicamente" el buzón de sus correos, por lo que debieron pedirlo "explícitamente".

Cuestionados por los agentes de Policía, los representantes del PP manifestaron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería" ordenó el borrado de los correos de Lapuerta y Páez, por lo que "lo lógico" es pensar que debieron ser ellos mismos quienes antes de marcharse dieran "la orden", ya que tenían "funciones para ello". En el caso del extesorero, además, señalaron que "técnicamente en ningún sitio aparece como borrado", por lo que "realmente el buzón no existe".

Los agentes, que acudieron a la sede del PP por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B de la formación, también hallaron en el servidor informático de Génova dos cuentas de correo a nombre del extesorero Luis Bárcenas (una denominada 'lbarcenas' y otra 'lbg'). No obstante, en ninguna de ellas hallaron "ningún correo electrónico relevante a los fines de la investigación".

También volcaron un total 18 correos electrónicos (dos del servidor y otros 16 del propio ordenador) del exjefe de Seguridad y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, quien se encargó del seguimiento de las obras de Génova, acometidas por la empresa Unifica entre los años 2005 y 2011.

Además, fueron escrutados aunque sin éxito para el objetivo de la instrucción judicial los correos del cajero, Luis Molero; la responsable de Contabiidad, Milagros Puente; las secretarias María Ángeles Arias y Rosa López Merinero; los auditores Antonio López de Pablos, Carlo Luca y Javier Torre; y la antigua secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez.

Según precisa el acta, los representantes del PP presentaron a los agentes de la UDEF un total de 5.067 folios de documentación relacionada con las obras de renovación de su sede que fueron escaneados y distribuidos en 30 legajos. El PP envió el pasado 10 de agosto 520 folios fotocopiados a requerimiento del juez Ruz, en los que sólo constaban "cinco de los 17 documentos" que la formación presidida por Mariano Rajoy aportó el pasado 2 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción y que llegaron al juzgado el día 5.

Los documentos engloban las certificaciones de los trabajos de obra, los presupuestos, facturas y proyectos de ejecución de la reforma de las siete plantas del edificio situado en la calle Génova de Madrid y sus sótanos y garaje.

El acta especifica que durante el requerimiento de documentación estuvieron presentes la tesorera del PP, Carmen Navarro; y el jefe de los servicios jurídicos, Alberto Durán, que manifestó su intención de "colaborar con la administración de Justicia, como se ha venido haciendo hasta el día de la fecha" y de aportar "toda la documentación que obra en los archivos". También atendió a los agentes la responsable de Contabilidad, Milagros Puente y dos secretarias.

También señala que poco antes de las diez de la noche compareció en el edificio el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, que colaboró con Durán como representante legal del PP.

Antonio de la Fuente, exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, pidió al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de remodelación de la sede de Génova entre los años 2005 y 2011, que le hiciera un "presupuesto ficticio" para presentarlo en el banco y pedir una ampliación de su hipoteca.

Así consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incorporan una serie de correos electrónicos obtenidos en el registro de Unifica, la empresa de Urquijo, que detallan las relaciones que su responsable mantenía con Bárcenas, su cuñado y el exgerente del PP Cristóbal Páez.

En un correo del 29 de diciembre de 2008, una trabajadora de Unifica se dirige a Urquijo para hacerle saber que De la Fuente le había pedido que le hiciera "un presupuesto ficticio de reforma de su casa, por valor de 100.000 euros, para que el banco le apruebe una ampliación de su hipoteca". "Si te parece me pongo con ello porque, al parecer, lo tiene que presentar antes de finalizar el año", añade.

En otro mensaje, fechado al día siguiente, la misma trabajadora envía el presupuesto a su jefe y le pregunta si se lo remite en los términos en los que lo ha redactado. "Buenos días, envío el presupuesto para la reforma ficticia de A. de la Fuente. ¿Lo envío así?", apunta.

Los expertos de la UDEF, que han remitido este informe al juez Ruz antes de que este lunes tome declaración a Urquijo, Páez y De la Fuente, concluyen que estos correos electrónicos ponen de manifiesto "el grado de confianza" que el cuñado de Bárcenas tenía con el arquitecto investigado.

La amistad entre Urquijo y Páez también se pone de manifiesto en dos correos en los que el responsable de Unifica convoca a varias personas, entre ellas el exgerente del PP, a "comer y jugar una partidita de mus", ya que, según dice, han "descuidado durante unos meses" esta costumbre.

Uno de esos encuentros se celebró el 20 de noviembre de 2008, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, lo que llevó a Urquijo a añadir en el mensaje de convocatoria: "Se admiten banderas no constitucionales". El arquitecto también indicaba que la comida corría a cuenta suya y "las copas y los puros de los que pierdan el campeonato".

Urquijo también pidió ayuda a Páez en junio de 2007 para que intermediara con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, para llevar a cabo las obras de su nueva oficina. "Me he enterado que FAES está buscando una oficina de 1200 m2 (...). Yo ya oferté esa implantación hace unos años y no me la llevé yo, creo que por falta de confianza", señala.

Sobre las relaciones que Urquijo tenía con Bárcenas, en la documentación intervenida constan varios mensajes de julio de 2008 que ponen de relieve que el arquitecto preparó unas reformas en la casa que el extesorero tenía en las proximidades de la estación de esquí de Baqueira Beret.

Los agentes de policía también se hicieron con otro correo electrónico en el que una empleada de Unifica traslada a Páez y De la Fuente que habían recibido "las cortinas a instalar en la reforma que se hizo en la planta segunda (antigua sala de prensa)" y les preguntaba "cuál era el mejor momento para ir a instalarlas".

Sin embargo, la UDEF destaca que los elementos de la sala de prensa "no figuran desglosados en el documento mercantil que sí recoge otros trabajos ejecutados en dicho lugar", en referencia al "suministro e instalación de cristales". Además, en las obras de la planta tercera la empresa preguntó "si era viable facturar y cobrar una parte a cuenta".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 interroga este lunes a Páez y Urquijo para preguntarles si conocían la existencia en la formación de una "contabilidad paralela o en B" que se habría desarrollado de forma "continua en el tiempo".

Ruz llegó a esta conclusión en un auto dictado el pasado 22 de noviembre en el que ponía de relieve, a partir de un informe policial, la coincidencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas, que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.

El instructor apuntaba que de esta forma se confirmaba "a nivel indiciario" la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.

La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial han sido los encargados de suministrar al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz las pruebas iniciales para imputar por un delito contra la Hacienda Pública al responsable de la remodelación de la sede central del PP en la madrileña Calle Génova, 13, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, según confirman dos autos y una providencia firmados por el juez.

Todas estas pruebas contrastan con la declaración efectuada este lunes por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en las que volvía a defender la legalidad de las cuentas de su partido, en entredicho por tres instituciones del Estado, como son la Fiscalía, Hacienda y la Policía.

Además de los documentos obtenidos en el registro de la empresa llevado a cabo el pasado 27 de septiembre, el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde el pasado 27 de junio, aseguró que al menos el 30% del total de la obra había sido abonado en negroel 30% del total de la obra por parte de los responsables de la tesorería del PP, en la que Cristónal Páez fue gerente. Precisamente, dijo que Páez había sido quién había negociado las condiciones del pago en negro, pero también el encargado de realizar el seguimiento de las obras y de visar las facturas de la empresa Unifica. Por eso, el magistrado, en el auto del pasado viernes, anuncia que Bárcenas y Páez serían imputados en calidad de cooperadores necesarios. Pues habrían sido ellos los que pagaron en negro a Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba las obras de la sede del PP.

Diferencias en la contabilidad

En el primero de los autos en los que se habla de las pruebas, firmado el 30 de septiembre, Ruz explica que un informe realizado por dos funcionarios de la Agencia Tributaria destaca la existencia de diferencias entre la contabilidad enviada al Tribunal de Cuentas y la que se hizo llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5. En concreto, se trata del pago de la remodelación de la sede central del PP correspondiente a los años que van de 2007 a 2010. Así, la Agencia Tributaria informaba de la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública en el impuesto de sociedades de 2008 por un importe global de 888.000 euros, por lo que la cantidad a ingresar superaría los 120.000 euros, "alcanzando en consecuencia el umbral del delito fiscal [...] y la prescripción no lllegaría hasta el 27 de julio de 2014".

La detectar los funcionarios de Hacienda este posible delito, fue la Fiscalía Anticorrupción quién solicitó la declaración como imputado del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Pero también fue el responsable del Ministerio Público quién solicitó al juez que decretara la entrada y registro de la sede de Urquijo: Unifica Servicios Integrales para obtener toda la documentación contable "relacionada con las operaciones de las que resultan los indicios delictivos".

Fue entonces, tras la solicitud de la Fiscalía tras recibir el informe de la Agencia Tributaria, cuando el magistrado Pablo Ruz accedió a registrar la sede de la empresa que remodeló la sede del PP. La Policía Judicial tuvo 24 horas para elaborar el registro de la firma y acceder así a la documentación. Los agentes tardaron casi dos meses en elaborar un informe, que fue aportado el 21 de noviembre al Juzgado Central de Instrucción número 5 identificado con el número 104.720/13, en el que se describen y analizan las pruebas que fueron requisadas a Urquijo Fernández de Córdoba.

Correlación con los papeles de Bárcenaslos papeles de Bárcenas

En el antecedende de hecho del auto del pasado 22 de noviembre, Ruz destaca que el informe policial realiza a petición suya un análisis compativo entre los documentos obtenidos en el registro de la empresa, las facturas aportadas por el PP el 12 de agosto tras el requerimiento judicial y los apuntes de los papeles de Bárcenas en los que figura el nombre de Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. Y es entonces cuando los agentes descubren que los pagos de las obras de la sede del PP se dividieron en plantas: "Se puede concluir la existencia de una correlación directa entre los hechos económicos subyacentes en términos cuantitativos, temporales y subjetivos por lo que respecta a la ejecución y certificación de las obras en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta de la reforma de la sede central del PP. Además, existen elementos indiciarios respecto a la planta baja que permiten inferir una relación del mismo sentido, que se une a la dinámica de facturación expuesta", reseña la Policía.

"Por lo que respecta a las plantas segunda, cuarta y quinta también se ha detallado la dinámica seguida en el proceso de facturación que abunda en lo ya expuesto.", resaltan los agentes en el informe remitido al magistrado. Es decir, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía constatan una correlación entre las facturas requisadas en la empresa constructora y los papeles de Bárcenas, porque coinciden las cantidades, el día y las personas implicadas: "En el periodo 2006 a 2008 resulta una aplicación de fondos por un montante de 1.072.000 euros (184.000 euros en 2006 y 888.000 en 2008".

Despacho de Mariano Rajoy

Y es la propia Policía Judicial la que le pide al magistrado que reclame a la empresa Unifica Servicios Integrales las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean de los trabajos realizados y cobro de los mismos en 2006 en la anterior sala de prensa, unciad en la segunda planta, y el despacho de la dirección de la séptima planta, que es el que ocupa el presidente Mariano Rajoy.

La Policía Judicial sostiene, además, que los adelantos en el pago de la obra no fueron descontados en el abono final de la misma. También indican que en las facturas figuran las frases "anulado" o "devuelto". Los agentes aportan en su trabajo las pruebas de los pagos en negro por plantas, que infoLibre transcribe:

Tras constatar el juez Ruz la existencia de estas pruebas, el magistrado incluyó en su auto un párrafo en el que confirmaba, "a nivel indiciario" la veracidad de las salidas reflejadas en los estados contables de los papeles de Bárcenas con las referencias "Gonz. Urquijo", "Gonzalo (arquitecto) y "G.U." por un importe global de 888.000 euros, por lo que existen indicios, en opinión del magistrado "indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública".

Falsedad documental

Además de la responsabilidad del arquitecto, Pablo Ruz indica que Bárcenas y Páez podrían ser cooperadores necesarios en los delitos. "Sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de los indicios reflejados en el informe Hacienda respecto de la falta de concordancia o descuadre advertidos entre la facturación de los servicios ejecutados por la mercantil para el PP [...] en lo referente a determinados pagos anotados como anticipos a cuenta, y que posteriormente no aparecen descontados en las facturas finales que, en principio, deberían reflejar dicha minoración, lo que pudiere, amén de la eventual responsabilidad tributaria, conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental", especifica el juez en su auto, que apunta a la posible responsabilidad del PP o sus dirigentes por pagar en negro las obras de la sede del PP de la Calle Génova, 13.

El exgerente del Partido Popular, Cristóbal Páez, admitió ante el juez Pablo Ruz –que instruye el caso Gürtel– haber recibido honorarios sin factura caso Gürtel procedentes de las percepciones que recibía la formación de empresas privadas. "Yo veo que me pagan un dinero que no se declara. Entiendo que es dinero de los donativos que no declaran", dijo.

En la declaración judicial que prestó el pasado 13 de agosto en la causa en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, Páez asegura que dependía laboralmente del extesorero de la formación consevadora, Luis Bárcenas, quien le contrató en 2004 como adjunto a la gerencia. "Yo estoy en una relación de dependencia, en una relación jerárquica, y yo voy allí a trabajar, yo no soy un policía. Si ahí aparece un dinero que me dan, pues lo recibo", señaló Páez ante el juez.

El Código Penal dedica el Título XX de su Libro II a los delitos contra la Administración de Justicia. 27 artículos en total. Dado que en la sede nacional del PP quien no es registrador, es abogado del Estado o fiscal, cabe suponer que las oposiciones que aprobaron incluían el estudio del Código Penal. Así que no pueden alegar ignorancia. Por tanto, los Rajoys, las Cospedales y los Gallardones seguro que saben lo siguiente:

1) Es un delito la destrucción de pruebas que puedan servir en un proceso judicial. En concreto, el artículo 465.2 del Código Penal castiga al particular que "destruyere, inutilizare u ocultare documentos". Pues bien, está comprobado que la dirección del PP destruyó o inutilizó los discos duros de los dos ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Además, cuando saltó el caso Gürtel en febrero de 2009 y el PP temía que el entonces juez instructor Baltasar Garzón ordenase un registro de la sede del partido, Bárcenas entregó a su segundo (Cristóbal Páez) los documentos de la contabilidad B para que los ocultase. Así lo han admitido ambos, ahora enemigos confesos, en su declaración judicial. Por último, y esto es lo único que aún no está demostrado, Bárcenas acusó a Mariano Rajoy de destruir personalmente una copia con apuntes de la contabilidad B cuando se la entregó al abandonar el puesto de tesorero. 

2) Es un delito el encubrimiento. En concreto, el artículo 451 señala que incurren en dicha infracción quienes no son autores ni cómplices, pero intervienen mediante alguna de las siguientes actuaciones: auxiliando al delincuente para que "se beneficie del provecho, producto o precio del delito", ocultando o alterando "el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento" o ayudando al delincuente a "eludir la investigación de la autoridad siempre que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas".

Hace algunas semanas parecía legítimo preguntarse si Mariano Rajoy había cometido un delito de encubrimiento. Ahora, los indicios empiezan a acumularse. No sólo están los SMS cariñosos a Bárcenas animándole a resistir o que uno de los mensajes del presidente a su tesorero confesase: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo". Es que la propia secretaria general del PP admitió en sede judicial que Rajoy y Arenas habían llegado a un pacto con Bárcenas para mantenerle un sueldazo de 20.000 euros al mes, secretaria, chófer y garaje, después de su teórica "salida" del partido. Así que cabe preguntarse lo siguiente: si fue Rajoy quien pactó las condiciones laborales de Bárcenas, ¿quién aprobó la estrategia legal del partido, que se personó como acusación popular, pero cuyas actuaciones tenían como objetivo lograr el archivo de la causa o el entorpecimiento de la investigación? ¿Y quién autorizó que Bárcenas se llevase nueve o diez cajas con documentos de la sede del partido, en las que es más que posible que hubiese pruebas de los delitos cometidos? ¿Y quién permitió que el PP retuviese primero los ordenadores del tesorero, en vez de ponerlos a disposición de la Justicia, y luego destruyese los discos duros? Lógicamente, todo apunta a Mariano Rajoy, ya que era el único con poder para tomar decisiones tan importantes.

En todo caso, es necesario abrir una investigación inmediata sobre la posible comisión de estos delitos contra la Administración de Justicia. La Fiscalía debería actuar de oficio, pero si no lo hace debe ser el juez Pablo Ruz quien tome la iniciativa cuanto antes. Además, alguien debería explicar por qué durante cuatro años no se ha ordenado registrar la sede del PP y la casa de Bárcenas o por qué no se han requisado hasta ahora los ordenadores del tesorero.

La segunda cuestión que debería despertar una indignación generalizada es la política de comunicación del PP. No hace falta extenderse mucho en este asunto, porque cualquier persona con sus facultades mentales intactas llega a la misma conclusión: hablar de "indemnización en diferido en forma de simulación" o afirmar que los discos duros de un ordenador que pueden contener pruebas de graves delitos se destruyen para respetar la Ley de Protección de Datos es tomar a los ciudadanos por imbéciles. Es reírse de ellos a la cara.

Está mal que los políticos cobren en negro y engañen a Hacienda. Es reprochable que los partidos se financien ilegalmente. Es grave que los dirigentes obstruyan a la Justicia. ¿Pero es también necesario insultar la inteligencia de los ciudadanos?

María Dolores de Cospedal no solo se sacudió ayer miércoles cualquier responsabilidad por que Luis Bárcenas siguiera en nómina del PP hasta enero de 2013 –fue un despido en diferido, reiteró- sino que dio a entender que la decisión fue de Rajoy. Durante su declaración en calidad de testigo ante el juez Pablo Ruz, y esta vez sin rodeos ni sobrentendidos, la número dos del PP relató cómo tras el encuentro que Bárcenas y su mujer celebraron en abril de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, el presidente le trasladó personalmente dos directrices: el partido pagaría la defensa jurídica del extesorero, entonces ejercida por el bufete de Miguel Bajo, y le mantendría una sala como despacho en la sede central de la madrileña calle Génova. En abril de 2010, Bárcenas llevaba 10 meses imputado. Y los informes policiales y tributarios del caso Gürtel ya apuntaban a que el PP se había financiado ilegalmente.

Cospedal aseguró ante el juez que tras aquella reunión nadie le comunicó que Bárcenas seguiría cobrando del partido. Conoció –así lo dijo- el acuerdo económico ocho meses más tarde. En otras palabras, también eso se lo dieron hecho, expresióncon que la secretaria general del PP se refirió a su papel en el pacto con Bárcenas, con quien Cospedal admite mantener una enemistad inquebrantable.

En abril de 2010, justo el mes en que el exsenador se dio de baja como militante sin que el PP hubiera nombrado nuevo tesorero, Cospedal tenía bajo su reponsabilidad las finanzas del partido. 

Al declarar que fue Rajoy quien le notificó que la organización asumiría el coste de la defensa legal de Bárcenas, la secretaria general se presenta así como mera cumplidora de una orden que ese año reportaron 174.000 euros a una empresa del letrado Miguel Bajo. El prestigioso penalista representó a Bárcenas hasta que, hace un mes escaso, el extesorero rompió la baraja, comenzó a aportar datos muy comprometedores y designó como abogado al exjuez Javier Gómez de Liaño.

El testimonio de Cospedal deja en el aire una incógnita: la de por qué su jefe le comunicó su decisión sobre los abogados de Bárcenas, que implicaba librar pagos, y no hizo otro tanto con el pretendido despido a plazos que durante casi tres años más mantuvo al hoy recluso en nómina con 14 pagas de 18.00 euros.

La número dos del PP y presidenta de Castilla La Mancha negó tajante que el partido llevara una doble contabilidad, la oficial y la B, y adujo que se está produciendo un debate ambiguo sobre los llamados sobresueldos. Una cosa, vino a decir, son los pagos opacos, que según su versión jamás existieron, y otra son las remuneraciones que en concepto de gastos de representación abona la formación política a sus dirigentes. Entre 2006 y 2011, el PP destinó 28 millones de euros a retribuir a un centenar de cargos orgánicos, buena parte de los cuales ya perciben un salario por su puesto de elección pública.

La dirigente conservadora dijo estar sorprendida por la declaración testifical que el martes prestó Cristóbal Páez, gerente del PP entre 2008 y mayo de 2010 y quien narró con detalles el enfrentamiento abierto entre Cospedal y Bárcenas, que seguía manejando los entresijos financieros del partido tras su cese provisional como tesorero, en junio de 209.

Según la secretaria general, resulta imposible que Bárcenas siguiese impartiendo órdenes a Páez dado que ambos mantenían una relación pésima. Y es materialmente imposible que Bárcenas controlase cualquier parcela de la tesorería a partir de octubre de 2009 dado que fue entonces cuando el partido revocó el poder notarial que la propia Cospedal le había otorgado en 2008. 

Situación "gravísima". De "extrema gravedad". El PSOE considera que se ha producido un nuevo salto cualitativo en el caso Bárcenas tras la declaración, esta mañana ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, de la secretaria general del PP. El hecho de que María Dolores de Cospedal haya escurrido el bulto hacia su superior, y haya cargado sobre los hombros del presidente del Gobierno y del PP la responsabilidad del acuerdo para indemnizar al extesorero, sitúa a Mariano Rajoy, como remarcó en varias ocasiones el secretario federal de Organización, en el "epicentro" del escándalo. De modo que el PSOE se marca un "doble objetivo": "Exigir si cabe aún con más fuerza la dimisión de Rajoy" y "conocer toda la verdad". A la demanda de la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP se sumarán, adelantó Óscar López, "nuevas acciones judiciales y parlamentarias, sin descartar ninguna de ellas", que se anunciarán la próxima semana. 

Sobrevuela de nuevo, lógicamente, la amenaza de moción de censura, a la que el PSOE, antes y después de la comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el pleno del Congreso del pasado 1 de agosto, dijo no renunciar en ningún caso. El número tres reconoció que esa posibilidad sigue estando presente, aunque no dio más detalles. "Vamos a estudiarlo ahora, para anunciar la semana que viene cualquiera de ellas. No me refiero a ninguna de ellas en concreto".

López recordó que a su partido le hicieron falta siete peticiones seguidas en la Cámara y amagar con la moción para que Rajoy acudiera a la Cámara. Y en su intervención, uno de los mensajes que dejó fue que Luis Bárcenas ya no "estaba en el partido" cuando él llegó a la Moncloa. "¡Vaya si estaba! Estaba, y en unas condiciones envidiables. La situación es insostenible para el presidente. Es inevitable, exigible a partir de ya, que el señor Rajoy dé explicaciones de por qué mintió". ¿Está más o menos más cerca la moción que hace una semana, o dos?, se le preguntó. "Está y estará encima de la mesa. Si tomamos alguna decisión al respecto, les informaremos", resolvió. 

El PSOE tiene ahora mismo abierta toda la baraja. Según apuntaron fuentes del partido, entre las medidas judiciales, se sumaría tal vez, además de la solicitud de un careo con Bárcenas –ya anunciado–, la petición de comparecencia de los dos secretarios generales que sucedieron a Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas y antecedieron a Cospedal: el propio Rajoy (2003-2004) y Ángel Acebes (2004-2008). Entre las iniciativas parlamentarias, una nueva demanda de que el presidente acuda al Congreso, la confección de una proposición no de ley a modo de impeachment (reprobación)o la misma moción de censura... 

"El pacto secreto de un presidente con un delincuente"

El secretario de Organización comenzó su comparecencia, en la sede federal de Ferraz, recalcando el porqué de la "gravedad" de las palabras de Cospedal ante el juez. La secretaria general, al desembarazarse de la responsabilidad del finiquito y endosársela a Rajoy y Arenas, puso "el foco directamente" en el presidente. "Hoy Cospedal ha revelado algo muy importante: que el nexo principal entre el PP y Bárcenas es Rajoy. Eso es lo que hemos conocido hoy. No es que este asunto le toque de refilón, es que el señor Rajoy está en el epicentro del caso Bárcenas, esa es la realidad".

Para el PSOE, la número dos de los conservadores ha revelado que el jefe del Ejecutivo tenía un "pacto secreto" con su extesorero, que incluía que el PP se hacía cargo de su defensa y se la pagaba, que le mantenía el despacho y le abonaba "un sueldazo". "Ojo, no una indemnización en diferido, como decía Cospedal", ironizó López, refiriéndose a aquella liosa declaración de la secretaria general del pasado febrero. Con todo ello, el caso Gürtel, que mutó a caso Bárcenas y caso PP, ha devenido ahora "en el caso Rajoy"caso Rajoy, porque "ya no es el testimonio de Bárcenas contra Rajoy, ahora es el testimonio de Cospedal contra Rajoy". 

Vista la comparecencia ante Ruz, "se entienden mejor algunas cosas": el flujo de mensajes SMS entre el presidente y el hombre de las finanzas del PP, que se han caído "muchas mentiras" por el camino, que se trata no de los papeles de Bárcenas, sino de la "contabilidad B del PP", que se han confirmado varios apuntes contables –y recordó que ayer el sucesor de Bárcenas en la gerencia, Cristóbal Páez, reconoció entregas en efectivo–, que el extesorero siguió en nómina hasta enero de 2013... "Mucho tenía que temer Rajoy para hacer ese pacto secreto". Total, que no era el "chantaje de un delincuente, sino el pacto del presidente con un delincuente", una "situación de extrema gravedad". 

"No exime al PP de responsabilidad"

Para Izquierda Unida, las declaraciones de Cascos, Arenas y Cospedal "evidencian la necesidad de llevar a cabo una comisión de investigación parlamentaria". José Luis Centella, en rueda de prensa en Málaga, adelantó que su formación está preparando una serie de preguntas para que los dirigentes del PP "contesten a ellas en sede parlamentaria, donde no podrán decir, como ante el juez, que no les consta o que no recuerdan cómo se financió el partido y cómo recibió ayudas". "Si los señores Arenas y Álvarez-Cascos no controlaban al señor Bárcenas, se supone que los controlaba alguien más arriba, los señores Aznar y Rajoy", coligió el portavoz parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

"Esto es un sálvese quien pueda en el que todo el mundo quiere huir", dijo Centella. Pero "hay algo evidente, que es la posible financiación irregular del PP, y esa financiación, sea responsabilidad de Rajoy, José María Aznar, Arenas, Cascos o Bárcenas da lo mismo. El hecho de que sólo el extesorero fuera el gerente de las cuentas no exime al PP de responsabilidad". El hombre fuerte de Cayo Lara volvió a exigir la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Por su parte, Rosa Díez, portavoz de UPyD, se burló del "No me consta" que resumía la declaración de Cospedal. "Es lo que al parecer recomiendan todos los abogados a quienes comparecen como testigos para no incurrir en delito de perjurio. No dicen que no había contabilidad B, sino que no le consta", escribió en su perfil de Facebook. A Díez le resulta "llamativo" que los que sostienen "con razón" que José Antonio Griñán, Manuel Chaves y los dirigentes de CCOO y UGT debían "conocer" el caso de los ERE señalen ahora, "para ellos mismos y su partido", que no tienen responsabilidad "en la financiación ilegal".

"Hagan el favor de no faltar el respeto a los ciudadanos: por acción u omisión, son ustedes responsables. Como le dije al presidente Rajoy, deben asumir su responsabilidad política al margen de que tengan que asumir ( o no, eso no me compete) su responsabilidad penal. La política no la pueden eludir: o cómplices o inútiles. En todo caso, responsables", zanjó.

Es una gracieta, de esas que a veces triunfan en las redes. Pero contiene en el fondo una gran verdad: las bermudas de Rajoy (las de la foto deportiva de su veraneo gallego) distraen la atención hacia un escenario de absurda "normalidad": la de un jefe de Gobierno caminando deprisa en su descanso estival, por aquello de reducir el colesterol o controlar los niveles de azúcar. En realidad, a lo que se entrenta Mariano Rajoy es a un 'Triángulo de las Bermudas' de la corrupción, delimitado por Bárcenas, Arenas y Cospedal y en cuyo fondo no sólo no hay forma de enterrar los secretos más oscuros del PP, sino que estos emergen poco a poco a la superficie dejando una estela políticamente pestilente, adornada con billetes de 500 euros y sobres de color marrón.

El juez Pablo Ruz, encargado de la investigación de la cara B del disco duro del PP, había dejado claro en el auto por el que citaba como testigos a Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos que lo eran en calidad de ex secretarios generales del partido y como una especie de master chefs de su cocina contable, seguramente sin responsabilidad legal alguna sobre los condimentos utilizados, puesto que su carácter ilegal además habría prescrito. Tenían todo a su favor para cantar las verdades del barquero. Tanto Cascos como Arenas han abusado en la Audiencia Nacional del giro "no lo recuerdo" cuando el magistrado o las acusaciones preguntaban este martes por cuestiones de las que podrían ser responsables, al tiempo que alegaban el "descontrol" en las donaciones recibidas por el partido durante sus respectivos mandatos. Si Cascos y Arenas hubieran hilvanado una estrategia legal común, consistiría en reconocer que eran unos ineptos en la vigilancia de las tareas de sus subordinados, con tal de achacar a estos (Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas) cualquier tipo de ilegalidad. Lo que ni ellos ni sus asesores al parecer olvidan es que el delito más grave de los contemplados es el de cohecho, derivado de los pagos de unos empresarios que habrían recibido a cambio contratos públicos en las administraciones gobernadas por el PP.

Miedo al registro

Que la estrategia de la amnesia selectiva funcione depende de las tragaderas del magistrado, la fiscalía y las acusaciones, porque tanto Cascos como Arenas vienen a decir que ellos no percibieron ningún dinero negro, aunque no podrían asegurar que otros lo hicieran puesto que eso dependía del entonces tesorero o de su gerente. Ya se acumulan al menos seis testimonios con nombres y apellidos de cargos del PP que admiten haber cobrado de la caja B del partido, pero quienes daban las órdenes o el 'visto bueno' a los contables han perdido la memoria. Mucho más si se tratara de aclarar el cobro de sobresueldos en su etapa de ministros, actividad incompatible legalmente con cualquier otro tipo de retribución.

Ha declarado también Cristóbal Páez, número dos de Bárcenas, tan obligado como los demás a decir la verdad en su calidad de testigo. Y lo que ha hecho es confirmar la existencia de la contabilidad B, cuyos papeles admite que llegó a llevarse a casa en 2009 por miedo a que el juez Baltasar Garzón ordenara un registro a la sede del PP. Y ha dicho más: en un momento dado informó a Rajoy del carajal que enfrentaba a Cospedal con Bárcenas a cuenta de las cuentas del PP. Y que Rajoy le respondió como es su costumbre: habrá que echarle "una pensada" al asunto.  

En este triángulo de las bermudas de Rajoy se supone que ha habido un vértice, representado por María Dolores de Cospedal, decidido a romper con Bárcenas, a marcar distancias con la 'vieja guardia' del PP y con cualquier acto irregular que ésta hubiera consentido o protagonizado; otro vértice, capitaneado por Javier Arenas, habría practicado el pactismo, la compra del silencio o la reivindicación de las 'lealtades' de una familia política, confiando en que Luis Bárcenas no traicionaría a las siglas que le dieron de comer o le enriquecieron durante más de dos décadas; por último, el propio Bárcenas, confiado en una protección por parte de Rajoy y en una impunidad que se ha visto truncada por las comisiones rogatorias a Suiza y por la orden de prisión dictada por Pablo Ruz tras la solicitud de la fiscalía. Este dibujo simplificado contiene aristas más retorcidas, como la posibilidad de que la propia Cospedal se hubiera beneficiado de las prácticas irregulares de Bárcenas, vía sobresueldos y también para financiar su ascenso electoral en Castilla-La Mancha.

Cospedal señala a Rajoy

Este miércoles le tocaba a ella pasar por el despacho del juez Ruz, y, hasta donde hemos podido saber, Cospedal ha seguido la estela de sus predecesores en lo que se refiere a conocimientos sobre la financiación del PP. Está claro que la obligación de no mentir ante el juez provoca en los testigos ataques agudos de amnesia selectiva: "no me consta", "no me acuerdo". La actual secretaria general también sostiene que el control de las donaciones dependía "exclusivamente" de los tesoreros. Al fin y al cabo, se trata de cargar al preso Bárcenas y a su anciano mentor Álvaro Lapuerta con el mochuelo judicial, convencidos de que la responsabilidad política habrá que dirimirla más adelante en los órganos del partido. En los últimos días, cada vértice ha filtrado la presunta debilididad y futura derrota del contrario a través de los órganos mediáticos habituales, incluso de otros no tan habituales que pretenden instalar la especie de que Rajoy ha podido ser engañado por todos sin enterarse de nada.

La sorpresa de la declaración de Cospedal consiste en la rotundidad con la que, según algunos de los presentes, ha cargado sobre la espaldas de Mariano Rajoy y de Arenas la responsabilidad de haber pactado con Bárcenas las condiciones de su finiquito. "A mí sólo me trasladaron lo que habían acordado", vino a decir Cospedal, justificando así aquel trabalenguas de la "indemnización en diferido en forma de simulación" y dejando a Rajoy más desvestido de lo que ya estaba. Habrá que ver el aprovechamiento que puede hacer Bárcenas de esta declaración incluso en lo que respecta a su demanda laboral contra el PP, al que reclama otra indemnización de más de 900.000 euros.

Más propio de 'The Wire'

Francisco Álvarez Cascos podría haberse salido de ese triángulo de la amnesia, pero está señalado precisamente como 'autor intelectual' de la fórmula de la contabilidad B, de la recaudación a los empresarios y de los sobresueldos simulados como gastos de representación, y denominados por Cospedal ante el juez como "complementos". Demasiadas cuestiones a las que responder después de haber dirigido el ministerio mejor dotado del Gobierno, una cartera de Fomento en la que nombró como mano derecha a un amigo apodado Maligno Negro por su capacidad para negociar con las grandes constructoras (por ejemplo) las concesiones de las radiales de Madrid que su sucesora Ana Pastor pretende ahora rescatar con el dinero de todos los contribuyentes. 

La estrategia judicial y las disputas internas no pueden ocultar que el protagonista político del escándalo es quien calza las bermudas. Mariano Rajoy, que también fue (aunque por poco tiempo) secretario general del PP, no ha sido llamado a declarar como testigo, ni tampoco su sucesor inmediato en el cargo, Ángel Acebes. Lo cual no quiere decir que no tengan que pasar más pronto o más tarde por los tribunales. En todo caso, siguen acumulándose pruebas y testimonios de que el presidente del Gobierno sabía más de lo que ha admitido, y de que los contables del partido que preside manejaban dinero negro con un desparpajo más propio de algunos personajes de The Wire.

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(Este análisis ha sido actualizado el miércoles 14 de agosto a las 19 horas)

Mariano Rajoy, nada más divulgarse los papeles de Bárcenas en El País, en la primera rueda de prensa con la que tuvo que bregar, dejó una frase célebre: "Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa que es lo que han publicado algunos medios de comunicación". El PSOE dio ayer martes, 13 de agosto, la vuelta a esa declaración después de las comparecencias en la Audiencia Nacional de Cristóbal Páez, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas. Los datos que trascendieron, especialmente los que conciernen al exgerente del PP, demuestran, para Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales de los socialistas, que en el caso Bárcenas "todo empieza a ser verdad, salvo alguna cosa, pero está claro que las investigaciones van probando lo contrario y están derribando todas las mentiras levantadas por el PP, como un castillo de naipes". 

Hernando se fijó sobre todo en las palabras de Cristóbal Páez ante el juez, que confirmó que cobró, en billetes de 500 euros, 12.000 euros que quedaron anotados en los papeles de Bárcenas. Las revelaciones del sucesor de Luis Bárcenas en la gerencia del PP "desmontan, otra vez, las mentiras del PP y dejan bien a las claras que la contabilidad B" del extesorero "es en realidad la del PP, en la que se abonaba dinero negro, por lo que este partido, con su presidente al frente, tiene que dar muchísimas explicaciones por la manera en que se han financiado durante los últimos 20 años y las muchísimas mentiras que han contado para engañar a los españoles", sostuvo en un comunicado.

El dirigente se refirió también al "no recuerdo" invocado en varias ocasiones por Arenas (y también por Cascos), a "los sospechosos ataques de amnesia colectiva que ha sufrido Arenas en su declaración cada vez que se le ha hecho una pregunta comprometida". Esta "desmemoria sospechosa hace cada vez más consistentes y más creíbles las acusaciones sobre la financiación irregular del PP". Hernando lo expresó casi de forma más directa en Twitter: si no habló fue porque, al comparecer como testigo, le conviene más achacar "amnesia" que "negar hechos y mentir", porque luego se le podría acusar de falso testimonio. 

Por la mañana, desde Villar de Vildas, una pequeña localidad de la montaña asturiana, había intervenido el jefe de filas del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general hizo una reflexión más general: la Justicia "tiene que cumplir su trabajo, y es lo que está haciendo", pero lo que deben ventilarse son las responsabilidades políticas, y estas apuntan al presidente. Recordó que Rajoy compareció "a rastras" en el Parlamento el pasado 1 de agosto "para decir muchísimas mentiras", "más" de las que él denunció en ese momento. "Y esas mentiras no pueden quedar impunes. Que el presidente vaya al Parlamento y mienta es algo que los socialistas no vamos a permitir". Rubalcaba aludió a la publicación de la nómina de mayo de 2012 de Bárcenas el domingo pasado por El Mundo, que probaría que el extesorero sí era un trabajador más cuando ya Rajoy estaba en la Moncloa. Tras insistir en que su partido ha reclamado la creación de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas, proclamó: "Dejemos trabajar a la Justicia y que se sepa en el Parlamento la verdad sobre lo que han sido 20 años de financiación irregular". 

Cospedal está tranquila "porque no tiene nada que esconder"

Antes de que Ruz abriera la ronda de comparecencias de ayer martes con Páez, habló a los periodistas ante la audiencia el secretario de Convergencia Político-Social de IU, que actúa de abogado de la acusación popular en la causa de los papeles. Enrique Santiago confió en que el testimonio de Arenas y Cascos demostraría que el PP "viene incumpliendo sistemáticamente la Ley de Financiación de Partidos" y recordó que las declaraciones de los dos ex secretarios generales y de la actual número dos, María Dolores de Cospedal (hoy miércoles), se producen tras las diligencias de averiguación requeridas al juez por la federación y las cuatro asociaciones querellantes en esta pieza. 

Desde el PP, terció Carolina Agudo, diputada regional en las Cortes castellano-manchegas. La parlamentaria afirmó que Cospedal "ha dado la cara desde el primer momento" en este asunto y está tranquila "porque no tiene nada que esconder", informa Efe. 

Cristóbal Páez, exgerente del PP, propinó ayer una auténtica bofetada al partido al admitir que, tras el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, se llevó a casa documentos contables a instancias de su jefe, Luis Bárcenas, temeroso de que Garzón ordenase un registro policial en la sede central de Génova.

Páez, que declaró ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, reconoció asimismo haber percibido, en 2007 y 2008 y en billetes de 500 euros, dos cobros de 6.000 euros que quedaron anotados en los papeles de Bárcenas, cuya letra identificó. Bárcenas, relató el antiguo número dos del extesorero, siguió ejerciendo tras su apartamiento formal del cargo. Y Mariano Rajoy, asegura el exgerente, lo sabía porque él mismo le informó de la "batalla campal" en que vivían inmersos el hoy exsenador y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, a lo que el líder del PP respondió, siempre según el exgerente, que hablaría con las dos partes. Poco después, Páez acabó despedido.

La declaración de Páez afianza la tesis de que el PP mantenía una doble contabilidad y corrobora , aunque con matices, la versión del extesorero del PP, quien hace un mes ya desveló cómo hizo a su subordinado trasladar los papeles comprometedores en prevención de que la Policía entrara en Génova. Pero, mientras que Bárcenas sostiene que Páez devolvió los documentos a la sede del partido en junio de 2009, cuando ya había pasado el peligro –Garzón había dejado de instruir el caso-, su antiguo número dos aseguró ayer que solo los tuvo en su poder varias semanas. Aunque Páez afirma que no se ocupó de averiguar el contenido exacto de la carpeta que trasladó a su domicilio, ayer no dudó en subrayar que le quemaban en las manos. Según fuentes jurídicas, el testigo añadió lo siguiente: “Sabía que aquello no era bueno”.

Páez, que llevaba años como adjunto a Bárcenas y que entre 2008 y la primavera de 2010 ocupó el cargo de gerente, puso en evidencia a Mariano Rajoy. Porque, según su testimonio, él mismo comunicó al presidente del PP que, tras el cese provisional de Bárcenas como tesorero tras su imputación en julio de 2009, el entonces senador seguía ejerciendo el cargo en abierta confrontación –“batalla campal”- con María Dolores de Cospedal, quien había asumido formalmente la gestión de las finanzas del partido. El testigo abundó en cómo Cospedal le consideraba un hombre de Bárcenas mientras que este le tenía a su vez por un traidor.

Fuentes conocedoras de la declaración de Páez aseguran que, poco después de que Páez transmitiera sus quejas a Rajoy por las consecuencias que para su trabajo entrañaba el fuego cruzado entre los dos dirigentes, Cospedal le comunicó que debían pactar su salida. El entonces gerente del PP, que había ocupado altos cargos durante los Gobiernos de Aznar –director de Recursos Humanos en Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y agregado en la Embajada española en Buenos Aires-, fue despedido en mayo de 2010. Se marchó con más de medio millón de euros en su cuenta, dado que a la cantidad legalmente establecida para la indemnización el PP sumó dos años de salario.

El número dos de Bárcenas, que en mayo de 2010 pactó su despido con el PP asegura que no miró con detalle los papeles que su jefe le pidió custodiar. Pero “le quemaban en las manos” y un mes más tarde los devolvió a la sede del PP.

Durante el interrogatorio, a Páez se le exhibió una de las tablas de Excel –hojas de cálculo- aportadas por Bárcenas con apuntes de la supuesta contabilidad B del PP. El testigo dijo no poder confirmar si era el mismo que aquel que, con apuntes contables datados hasta 1996, y en compañía de facturas y papeles sobre empresas desconocidas para él –eso dijo-, figuraban en la carpeta que guardó en su vivienda.

Igualmente y según otras fuentes consultadas, Páez ha admitido haber cobrado, siempre en negro y durante cuatro años, entre 1986 y 1989, diversos trabajos que prestaba para el PP como asesor en temas de derecho laboral, y que quien le pagaba era el entonces gerente Luis Bárcenas.

Sobre por qué cobró 6.000 euros en 2007 y otros tantos en 2008 de la caja B del partido, Páez aportó una explicación laboral: en 2004, cuando ya era adjunto al gerente, es decir, a Bárcenas, este le dijo que sería ascendido a tesorero y que Páez prosperaría para convertirse en gerente. El pronóstico no se cumplió pero, según Páez, tanto el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, como Bárcenas le consideraban merecedor de un aumento salarial que se plasmó en esos dos pagos. Páez entiende que está exento de responsabilidad fiscal por no haber declarado ninguno de esos dos ingresos: como asalariado, se limitó a cobrar y correspondía a la empresa, es decir, al PP, asumir las obligaciones derivadas.Según fuentes jurídicas,.eso es lo que vino a argumentar.