Alvise Pérez ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha reconocido él mismo al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo este mes de noviembre. Según el parlamentario ultra, ha recibido ese dinero debido a sus labores como "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

De hecho, Alvise ha especificado que el dinero proviene de "empresas españolas del sector de la comunicación". Toda esa información ha quedado reflejada en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben rendir cuentas y detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con la intención de evitar posibles conflictos de intereses.

El líder de Se acabó la fiesta (SALF) ha indicado estos nuevos ingresos en el apartado donde deben especificar "cualquier actividad remunerada" realizada durante "el ejercicio del cargo" y ha asegurado a infoLibre que corresponden al último trimestre de 2025.

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y dirigidas a la Unión Europea ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. 

Estos 106.000 euros se suman a los 783.200 que Alvise Pérez había declarado haber ganado desde 2021, principalmente como agitador en redes sociales. En total, ha ingresado 889.200 euros de trabajos externos al Parlamento Europeo en los últimos cinco años.

A esa cantidad hay que añadir su sueldo como eurodiputado, que, a pesar de sus promesas electorales, lleva más de un año sin sortear. El salario de los europarlamentarios es de 10.927,44 euros brutos al mes. Con este noviembre, Alvise lleva ya 14 meses sin repartirlo a alguno de sus seguidores. Lo que suma 152.984,16 euros. Por ello, entre unos ingresos y otros, ha recibido al menos 1,04 millones de euros desde 2021.

La cifra es incluso mayor, ya que desde que es eurodiputado ha seguido cobrando a través de redes sociales, según mantiene en su declaración de intereses. Según ese documento, Alvise estaría ingresando 500 euros al mes de Instagram y otros 2.500 gracias a Patreon, YouTube y Twitter.

El líder de SALF ha indicado esos 106.000 euros en su declaración de intereses detallando únicamente que han sido "empresas españolas del sector de la comunicación" las que le han pagado por sus supuestas labores como "consultor freelance" y que actualizará esa información "de forma trimestral".

Además, según ha aclarado ante las preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, el dinero lo ha facturado en el último trimestre de 2025. Es decir, entre octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre no había empezado cuando Alvise presentó la modificación de su declaración ante el Parlamento Europeo.

El eurodiputado ha asegurado a infoLibre que ejerce como autónomo en el campo de la "asesoría" y la "comunicación" y que factura "por obra y servicio". Pérez también afirma que nunca antes había indicado ingresos de este tipo en su declaración porque en los anteriores trimestres desde que es eurodiputado no había facturado nada como autónomo. 

El código de conducta del Parlamento Europeo especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses. Además, establece sanciones para los que mientan u oculten información en sus declaraciones. De hecho, Alvise ya fue sancionado por este motivo. El líder de SALF, cuando llegó a Bruselas, rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que en los últimos años había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

Tras la penalización, que le dejó sin dos días de dietas como eurodiputado, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses. Algo que ahora ha vuelto a hacer para declarar los ingresos que está recibiendo de empresas españolas. 

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha modificado la declaración de bienes y rentas que presentó ante el Congreso al inicio de la legislatura para incluir entre sus ingresos del último año otros 18.000 euros que cobra de Vox, en concreto lo que percibe como presidente del grupo parlamentario en la Cámara Baja, según recoge Europa Press.

Esta nueva declaración sustituye a la presentada a mediados de agosto, antes de la constitución de las Cortes para esta XV Legislatura. En aquella declaración, recogida por Europa Press, indicó que, además de su sueldo de diputado, en el último año había cobrado del partido un total de 37.357,8 euros, una cifra menor que la primera que declaró a llegar al Congreso en 2019, cuando consignó 55.148 euros.

Según publicó esta semana el diario El País, en esa declaración de agosto faltaba el montante que el partido abona al presidente del grupo parlamentario gracias a las subvenciones que otorga la Cámara. Y ahora Abascal ha procedido a actualizar la cifra de sus ingresos para incluir esos 18.000 euros.

Aparte de este cambio, lo declarado por Abascal permanece igual que en agosto, según ha comprobado Europa Press. Informa de que tiene un préstamo hipotecario por valor de 368.000 euros para la compra de una casa que adquirió en julio de 2020 y de la que aún le resta por amortizar un total de 341.300 euros.

Asimismo, el líder de Vox ha señalado a la Cámara que tiene una cuenta corriente con poco más de 29.000 euros (en 2019 dijo tener 13.558 euros), así como un todoterreno Jeep Commander y una motocicleta BMW, los mismos vehículos de entonces.

Además de la declaración de bienes, antes de adquirir su escaño los diputados también deben rellenar una declaración de actividades y otra declaración de intereses económicos. En esta última los electos deben consignar las actividades que desarrollaron en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos", las donaciones u obsequios recibidos en ese tiempo así como las fundaciones o asociaciones con las que haya contribuido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y siete miembros de la cúpula del Partido Popular con escaño en el Parlamento percibieron casi 200.000 euros en gastos de representación del partido en el último ejercicio, según figura en la declaración de bienes y rentas que han presentado en las Cortes coincidiendo con el inicio de la presente legislatura, según Europa Press.

En junio, el PP desveló públicamente que Feijóo cobró 39.260 euros en "gastos de representación" de su formación al margen de su sueldo como senador, coincidiendo con las exigencias del PSOE y del presidente del Senado, Ander Gil, para que actualizara su declaración de rentas en el Senado.

Feijóo --que llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 tras la profunda crisis interna que acabó con el liderazgo de Pablo Casado-- consigna ahora esa cantidad de 39.000 euros en la declaración de bienes y rentas que ha registrado en el Congreso. Ahí también figura que compró una casa ubicada en A Coruña el pasado mes de agosto y tiene 4.000 acciones de Inditex valoradas en 130.000 euros, así como 600.000 euros en ahorros repartidos en un fondo de inversión y un plan de pensiones.

Por su parte, la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso declara haber recibido 26.860 euros en gastos de representación y 28.759 euros del grupo parlamentario. En el apartado de cuentas y plan de pensiones señala tener 170.000 euros, entre otros bienes y propiedades, al tiempo que cuenta con una hipoteca de la que debe más de 190.000 euros.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, asegura que recibió 14.500 euros (neto) en gastos de representación y dice contar con cuatro viviendas (dos en régimen de gananciales), una parcela y dos plazas de garaje, si bien tiene cuatro préstamos hipotecarios que ascienden a más de 408.000 euros. En su cuenta corriente figuran 24.277 euros, según su declaración.

El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, el responsable de Organización del PP, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, percibieron cada uno 22.720 euros en gastos de representación del partido, según figura en sus respectivas declaraciones de bienes y rentas, que ha consultado Europa Press.

En el caso de Pons, que percibió 89.858 euros del Parlamento Europeo en el último ejercicio, declara 282.868 euros en planes de pensiones y jubilación y tiene un préstamo pendiente por poco más de 16.000 euros.

Juan Bravo declara 46.875 euros por rendimiento del trabajo y por el mismo concepto otros 2.260. Además, tiene 8.500 euros en acciones, 15.000 euros en depósitos, un plan de pensiones por valor de 3.559 euros y una hipoteca de 144.000 euros, de la que aún adeuda poco más de 39.000 euros.

Por su parte, el gallego Miguel Tellado tiene dos pisos en Ferrol y 23.000 euros en depósitos en cuentas corrientes y plan de pensiones, al tiempo que tiene tres préstamos pendientes por importe de 75.000, 12.000 euros y 14.000 euros por compra de vivienda y dos vehículos.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Carmen Navarro, declara 19.800 euros en gastos de representación del partido. También dispone de tres viviendas en Albacete, una en Murcia y un apartamento en Madrid; tienen 45.000 euros en cuentas corrientes; y dos préstamos hipotecarios de los que debe 360.000 euros.

La responsable de Acción Social del PP, Carmen Fúñez, que llegó al cargo en marzo de este año, no hace constar ninguna asignación por gastos de representación. Asegura en su declaración que recibió un salario del Grupo Popular del Senado de 51.379 euros y una renta por arrendamiento de dos viviendas de 14.820 euros; al tiempo que tiene un piso en Ciudad Real, otro en Madrid y debe en préstamos hipotecarios más de 132.000 euros.

En el caso del vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, que concurrió en las generales del 23 de julio en la lista por Madrid, no figura aún en la web del Congreso su declaración de bienes y rentas.

El actual presidente del Senado, Pedro Rollán, que fue designado vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP cuando Feijóo llegó a Génova en 2022, percibió 25.560 euros en gastos de representación, según la declaración que ha presentado en la Cámara Alta.

En el caso de Javier Maroto, que fue portavoz del Grupo Popular en el Senado en la pasada legislatura, no declara ninguna cantidad por gastos de representación del partido y sí detalla 23.000 euros que recibió del Grupo Popular.

El presidente del Senado, Ander Gil, ha remitido una carta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le otorga un plazo de siete días para actualizar su declaración de rentas después de que el PSOE exigiera conocer si cobra algún "sobresueldo" como presidente de su partido.

Según la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente del Senado hace referencia a artículos de la Ley del Régimen Electoral y al reglamento del Senado para instar a Feijóo a actualizar su declaración de rentas y le da de plazo hasta el martes 4 de julio.

Así ha reaccionado el presidente del Senado después de que el Grupo Socialista en la Cámara Alta registrara una petición para que Feijóo declarara si cobra un sobresueldo del PP. Esta reivindicación de los socialistas surge después de que el líder de la oposición asegurara hace unos días que recibe un plus por parte de su formación.

Por ello, Ander Gil desgrana en su carta que, de producirse en los últimos treinta días naturales una modificación no declarada del escrito que presentó Feijóo cuando se incorporó como senador, tiene que actualizar su declaración antes de este 4 de julio.

De esta manera, el presidente del Senado ha atendido el escrito presentado por el Grupo Socialista en el que se recoge parte de la transcripción de la entrevista que Feijóo dio a la Cadena Ser en la que habla sobre este asunto.

En concreto, al ser preguntado directamente por su salario como senador y como cabeza del partido, Feijóo no dijo la cifra exacta y señaló que declara en el Senado y que recibe un plus por parte del Partido Popular, como "todas las personas" que están en el Comité de Dirección del partido.

Así, y sin citar una cifra concreta, el líder conservador se mostró a favor de que la financiación de los partidos se haga pública y aseguró entre risas que cuando presente en el Senado su nómina, que es una obligación al final de la legislatura, podrá hacer pública esa cantidad.

Sin embargo, en esta comunicación que realiza el presidente del Senado a Feijóo se le da de margen hasta el 4 de julio para presentar una actualización de declaración de rentas, recordándole las normas que hacen referencia a este asunto.

El PP ha rechazado una petición de infoLibre para dar a conocer si está pagando un sueldo y de qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las riendas del Partido Popular. Génova tampoco ha querido aclarar si el partido se ha hecho cargo, en todo o en parte, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con alquileres más caros de España.

Feijóo estará obligado a revelar si cobra de su partido cuando renueve su declaración de rentas el año que viene en el Senado y haga constar allí lo que cobró como presidente de la Xunta hasta que fue relevado en el cargo y lo que ingresa como máximo responsable del PP desde el mes de abril. 

También tiene obligación de reflejar en esa declaración los 1.500 euros que reclamó el pasado 14 de mayo al Parlamento de Galicia por los diez días que pasó como diputado en la Cámara gallega mientras esperaba ser nombrado senador por representación autonómica. Diez días durante los cuales no pisó la institución. 

Su declaración actual hace referencia, tal y como está previsto, al dinero que Feijóo ganó el año pasado como presidente de la Xunta (85.601,86 euros), a lo que hay que sumar rendimientos de capital mobiliario (705,29 euros), rendimientos de bienes inmuebles (5.119,24 euros) y sus ganancias patrimoniales (183.861,65 euros). Estos conceptos suelen estar relacionados con dividendos de acciones, alquileres percibidos y venta de propiedades. En total, el líder del PP ingresó en 2021 algo más de un cuarto de millón, exactamente 275.288,04 euros, la mayor parte procedente de la venta de un chalé en la localidad pontevedresa de Moaña, su localidad habitual de vacaciones.

Como senador gana oficialmente en la actualidad 3.050,66 euros al mes (42.709,24 euros al año), una suma que no está obligado a hacer constar en la declaración presentada ante la Cámara Alta. Lo que no se sabe, y el PP no quiere hacer público, es cuánto cobra Feijóo del partido y si recibe alguna otra retribución en especie, como la vivienda a la que se ha mudado en la Comunidad de Madrid. 

Fuentes oficiales del PP consultadas por infoLibre declinaron revelar si Feijóo cobra del partido y si la organización le paga su vivienda en la capital. El líder de la oposición “seguirá publicando su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y parlamentario”, precisaron. 

Con su paso de presidente de la Xunta a Senado, Feijóo verá reducido su salario público aproximadamente a la mitad por primera vez en más de una década. 

El Confidencial, que cita fuentes financieras, asegura que Feijóo no quiso ocupar el ático que el PP tiene en propiedad cerca de Nuevos Ministerios y se ha mudado a una vivienda en alquiler en El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín. 

Se trata de una zona de casas unifamiliares en la que viven grandes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Ana Patricia Botín (Banco Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Borja Prado (Endesa y Mediaset). Es, con diferencia, la zona con mayor renta per cápita de la capital y una de las más pudientes de toda España, según los Indicadores Urbanos que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Feijóo lleva cobrando sueldos públicos incompatibles con ingresos privados desde que ganó por primera vez las elecciones autonómicas en Galicia en 2009. No estaba en esta situación, la que asumió al convertirse en presidente del PP y que le permite recibir dinero del partido, desde hace trece años. 

Pablo Casado, presidente del PP hasta que la revuelta de los barones forzó su destitución en un congreso extraordinario precisamente para situar en su lugar a Feijóo, cobraba oficialmente del partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al comienzo de la legislatura. En ella consta que en 2020, el ejercicio objeto de la declaración, también ganó 476 euros por rendimientos de acciones cotizadas y 1.700 más por “cursos, ponencias y seminarios”. A esa suma hay que añadir su sueldo como diputado (3.050,62 euros al mes; 42.708,68 al año).

Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición. Su nombre aparece en reiteradas ocasiones en los llamados papeles de Bárcenas, según los cuales en 12 años habría recibido 357.827,88 euros adicionales.

A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011.

José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de representación a ingresos extraordinarios, pasando por salario en especie para pagar su vivienda en Madrid. Aznar llegó a demandar al diario El País porque el diario le señaló como el inspirador del los sobresueldos en la cúpula del PP. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la demanda y condenó en costas al expresidente.

El extesorero del PP Luis Bárcenas pactó con la empresa Unifica el pago en negro de parte de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. En total, fueron 1.072.000 euros los que se abonaron eludiendo el control de Hacienda, según ha podido probar el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado los hechos y que ha condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que se dejó de pagar en 2007. Una sentencia que, al final, le sale a devolver a los de Pablo Casado, pues hace cinco años abonaron una fianza de 1,2 millones de euros, por lo que ahora le queda un saldo positivo por valor de 1.076.000 euros, un poco más incluso de lo que se pagó en b por las obras.

A mediados de 2016, el juez que entonces instruía la causa de los llamados papeles de Bárcenas, José de la Mata, dio diez días al PP para depositar 1,2 millones  en concepto de fianza por las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivar de la investigación. La formación conservadora abonó dicha cantidad el 4 de junio de ese año a través de dos avales del Banco Popular no sin antes recurrir la petición al entender que los responsables directos de los delitos, que son los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta –fallecido en 2018–, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa Unifica, eran solventes como para asumir el pago. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lo desestimó y exigió el abono de la fianza bajo la amenaza de embargo.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre confirman que al ser la fianza superior a la condena a la que tendrá que hacer frente el PP, éste podrá recuperar la diferencia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la infanta Cristina, quien tuvo que abonar 587.413 euros en concepto de fianza cuando fue imputada en el caso Nóos, pero tras la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que le rebajó a 136.000 euros la condena como responsable a título lucrativo por los delitos de su marido Iñaki Urdangarin, pudo solicitar al Ministerio de Justicia la devolución del excedente.

Eso sí, no hay que olvidar que el PP ya tuvo que abonar hace ahora un año los 245.000 euros a los que también fue condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama de corrupción GürtelGürtel, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, fueron 133.628,48 eurospor lucrarse de la adjudicación de contratos en el municipio de Majadahonda y otros 111.864,32 eurospor los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón. 

"Discordancias y errores" en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Aunque la Audiencia Nacional ha condenado ahora al PP como responsable civil subsidiario por el delito cometido por su empleado Bárcenas y ratifica lo que ya han confirmado otros tribunales, que el partido se nutrió de una caja b que estuvo activa desde 1990 hasta 2008, la sentencia salva en ciertos aspectos a la formación que ahora lidera Pablo Casado. Para empezar, descarta una condena por el ejercicio fiscal de 2008 y sólo pide responsabilidades por el de 2007. En segundo lugar, da credibilidad a los papeles del extesorero, los apuntes publicados por el diario El País a principios de 2013 y que destaparon la existencia de la financiación ilegal, pero al mismo tiempo apunta a "discordancias y errores" de los documentos y expone que la "falta de explicación o poca lógica" del propio Bárcenas sobre alguno de los apuntes y saldos "impide dar una validez total al conjunto" de esos archivos "y al testimonio" del acusado a pesar de que este reconociera los hechos.

No es, por tanto, una sentencia tan contundente como pedían las acusaciones populares y como quizá temía el PP, que a principios de este año, recién comenzado el juicio del que ahora se acaba de conocer la resolución, anunció la venta de su histórica sede de la calle Génova. Venta que, dicho sea de paso, aún no se ha producido casi un año después de que empezara la vista oral y tras casi una década de sospechas de corrupción sobre su reforma que ya han sido confirmadas por la Audiencia Nacional.

Reproches a las acusaciones populares

Pero es que además, el tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez otorga al partido conservador una victoria moral sobre las acusaciones populares al imponer a éstas el pago "de forma proporcional" de las "costas causadas a la defensa" del PP por pedir en sus conclusiones definitivas del juicio la condena como responsable civil subsidiario por cuantías que, en opinión de los jueces, excedían este procedimiento o sobre las que no se podía ejercer acusación.

La intención de las acusaciones populares –IU, PSOE, Adade y Observatori Desc– ya se puso de manifiesto en el primer día del juicio: ahondar en cómo funcionaba la caja b, qué fondos manejaron Bárcenas y Lapuerta, para qué servían, si se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido o si se financiaron campañas electorales con ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, trató de poner freno a esta estrategia y se centró siempre en las cuotas defraudadas en las obras de la sede del partido conservador. Es la tesis que, ahora se ha visto con la sentencia, comparte el tribunal, el cual sin embargo no puso reserva a las acusaciones para que defendieran su postura durante toda la vista oral a pesar de que ahora les recrimine por ello.

Por un lado, los magistrados reprochan a las acusaciones que pidan condena por la cuantía defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2008. Consideran que las acusaciones populares "no estaban legitimadas ni para mantener esa acción penal en solitario", dado que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo solicitaron –aplicando así la doctrina Botín–, "ni para ejercitar la acción civil". Además, explican que "la prueba practicada en juicio oral puso de manifiesto la inexistencia de obligación de declarar las donaciones recibidas y, en todo caso, aun integrándolas en la base imponible del impuesto, la cuota resultante estaba muy por debajo del límite penal, por lo que no hay delito fiscal". También les afean que mantuvieran la acusación por delitos fiscales prescritos.

Los magistrados reprueban igualmente que las acusaciones pidieran responsabilidad por el montante de dinero supuestamente entregado por empresarios a la caja b del PP cuando estos hechos en concreto, dentro de lo que se conoce como pieza del cohecho en la causa de los papeles de Bárcenas, están aún en fase de investigación y, por lo tanto, no eran objeto del procedimiento que se acaba de juzgar, que se refería únicamente al pago en negro de las obras de la sede de Génova. Esta situación, dice la sentencia, llevó a los acusados, incluida la defensa del partido, a "realizar una defensa amplia en alegaciones y prueba innecesaria respecto a hechos que o no eran delito o estaban prescritos o no podían ser objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".

Por todo ello, considera el tribunal que esta actuación de las acusaciones populares "entra dentro de los parámetros jurisprudenciales de temeridad y mala fe procesal", lo cual justifica la "imposición de las costas causadas a la defensa del Partido Popular".

Sobresueldos acreditados

A pesar de estos reproches y de lo preciso que ha sido el tribunal a la hora de valorar los hechos objeto de enjuiciamiento, no deja de ser esta sentencia la tercera que confirma la existencia de una caja b en el PP con donativos en metálico y que fue gestionada por Luis Bárcenas durante al menos veinte años. A pesar de los testimonios que prestaron numerosos exdirigentes del partido como José María Aznar, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, que se empeñaron una y otra vez en negar la existencia de esta financiación en negro a pesar de que ya había un pronunciamiento nada menos que del Tribunal Supremo, los magistrados consideran que está demostrado que los papeles del extesorero "reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada".

Esos acontecimientos son, según la sentencia, "traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP –los sobresueldos a dirigentes del partido– o los pagos por las obras de reforma de la sede central".

La causa que investiga la caja b del PP aún ha terminado. Queda una pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero Bárcenas por las donaciones en metálico al partido durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. Son los hechos sobre los que las acusaciones populares intentaron que el tribunal se pronunciara en el juicio de las obras de Génova. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

A la espera de saber qué ocurre, la posición de Bárcenas ha cambiado en los últimos meses y así lo reconoce la sentencia de este jueves: ha prestado "una colaboración activa y eficaz en la investigación y enjuiciamiento de los hechos". De ahí que le haya impuesto una condena mínima de dos años de cárcel a pesar de que Anticorrupción mantuvo su petición de cinco años. Habrá que ver si esa cooperación se mantiene en la investigación del posible cohecho, con la que se juega los permisos de salida recién conseguidos.

El juez Juan José Escalonilla, a cargo del caso Neurona, ha acordado nuevamente el archivo de la investigación contra la ex gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal.

Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia –de la que partió el caso Neurona– como posibles sobresueldosNeurona, según informa Europa Press.

Según consta en un auto de 18 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha tenido en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera; también ha analizado la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación.

"Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa", ha precisado.

El juez ha explicado además en su resolución que la ex gerente de Podemos "no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo, en concreto el de Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, toda vez que el complemento salarial por responsabilidad había sido ya creado durante el proceso de categorización de los empleados de dicho partido político".

Segundo archivo

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había acordado en marzo archivar provisionalmente está línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación morada, pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.

En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha insistido en que no aprecia delito en los complementos salariales que aprobó la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, para ella y otros cargos de la formación morada porque se cobraron de forma "transparente" y "con control interno", oponiéndose así al auto en el que el juez ordenó la reapertura de esta línea de investigación del caso Neurona.

El Ministerio Público se ha adherido así al recurso presentado por Podemos contra el auto en el que el juez Juan José Escalonilla acordó reactivar las pesquisas sobre los presuntos sobresueldos al considerar "indiciariamente" que la gerente de Podemos no tenía competencia para crear por sí sola complementos salariales, sino que debía recibir el visto bueno de un órgano superior, por lo que podría haber incurrido en un presunto delito de administración desleal, según informa Europa Press.

La Fiscalía madrileña, en cambio, entiende que los pluses salariales se cobraron de manera "transparente" y "con control interno", por lo que, si bien "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos", no es delito.

En este sentido, subraya que no se está hablando de cantidades cobradas en "b" o en sobres, "sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido", según ha informado en un comunicado.

Auditoría a Podemos

Así las cosas, el Ministerio Fiscal entiende que estas diligencias de investigación son un "nuevo" intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política "respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito".

Además, a su juicio, "no deja de extrañar" que sea la acusación popular la que sostenga la existencia de un presunto delito de administración desleal cuando el propio perjudicado, en este caso Podemos, no se considera como tal.

"Y lo hace –añade en su recurso– sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna", llegando a pedir que se considere a uno de ellos, que certifica la regularidad de los complementos salariales, como investigado por encubrimiento o estafa procesal.

Asimismo, la Fiscalía Provincial ha cargado contra la acusación particular por pretender que se revelen datos sobre los trabajadores de Podemos que han cobrado esos pluses en sus nóminas, así como por requerir al partido el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano.

Pluses y gastos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha puesto la lupa en los complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, denunciante del caso Neurona, describió estos pagos extra como posibles sobresueldos, lo que empujó al juez a indagar. El pasado 11 de marzo, Escalonilla decidió archivar temporalmente esta línea de investigación al concluir que Val sí tenía facultad para implementar dichos complementos.

Pero, un mes después, optó por reactivar esta línea de investigación al considerar que la nueva documentación presentada desde el archivo preliminar "cabe llegar a conclusiones distintas", esto es, que Val "no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala".

Con ello, acogió un recurso de reforma de Vox acordando nuevas diligencias, entre ellas la declaración como testigo del predecesor de Val, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y un nuevo requerimiento a Podemos para que entregue más documentación interna.

El ex gerente morado testificó el pasado viernes ante Escalonilla que, durante su etapa en el cargo, aprobó pluses salariales en casos puntuales donde tenía en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador, validando con ello la actuación de Val. "No conocía norma que me lo impidiera", dijo, según fuentes presentes en la comparecencia judicial.

El universo 'Neurona'

El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas moradas, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

El juez del caso Neurona, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha acordado reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales, según informa Europa Press. 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado un recurso de Vox contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.

Así, Escalonilla ha dejado sin efecto ese sobreseimiento temporal y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al ex gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.

También ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido de 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.

Falta de capacidad

El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto –al que ha tenido acceso Europa Press– que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".

"En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", ha señalado el juez.

Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.

Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente". 

Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.

Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.

El empeño de las acusaciones

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.

Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de  decoración y una planta.

Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.

Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.

Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.

Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".

"No era inspector de cajas fuertes"

Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.

Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.

Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.

La agenda de Pablo Casado de este jueves incluía una visita a una granja de cerdos en la localidad de Castellnou de Seana (Lleida). Allí, en un acto más de la campaña electoral del PP, tuvo tiempo de posar con un lechón en brazos y de insistir en que el Gobierno está ocultando un dictamen del Consejo de Estado que, según él, incluye críticas “absolutamente devastadoras” hacia el modelo de gestión de los fondos europeos de reconstrucción aprobado por el Congreso de los Diputados. Pero no para hacer comentario alguno en torno al escrito dirigido a Anticorrupción por el extesorero de su partido, Luis Bárcenas,escrito dirigido a Anticorrupción en el que acusó al PP de recibir dinero a cambio de adjudicaciones públicas e involucró a su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre dan por hecho que Casado no va a prestar atención alguna a la nueva declaración de Bárcenas porque considera que no le atañe en absoluto. “Da la impresión de que a la cúpula no les importa nada Rajoy ni Aznar”, asegura un dirigente con años de experiencia en el partido. Eso “ha quedado claro desde que Casado llegó a la presidencia” del PP, hade ahora dos años y medio, y por eso cree que no hace falta ninguna escenificación mayor con la que poner distancia con los casos de corrupción del pasado. “La ruptura de etapa es clara” y la mejor muestra de que lo que diga Bárcenas le es ajeno es mostrar “desprecio” por este asunto.

Por no preocupar, asegura la misma fuente, tampoco inquieta en el PP que la declaración del extesorero y el inicio la semana que viene del juicio sobre la caja b del partido en relación con la financiación de las obras de la emblemática sede de la calle Génova puedan tener consecuencias sobre el voto en las elecciones catalanas. El coste electoral por este asunto y por los casos de corrupción en general ya se pagó en las elecciones de 2019. A él atribuyen el retroceso sufrido en las generales, las municipales, las europeas y algunas autonómicas. “Evidentemente bien no viene”, admiten, sobre todo en unas elecciones en las que el PP se mueve entre la supervivencia, el miedo a verse superado por Vox y una expectativa que como mucho aspira a repetir el segundo peor resultado de los últimos 30 años. Pero aun así dan amortizado el desgaste que provocan este tipo de noticias.

“Bien no viene”, admite también otro dirigente territorial con el que ha hablado infoLibre que, sin embargo, cree que ya se ha pasado página. “¿Cuánto tiempo llevamos con esto?” A estas alturas “Casado ya ha marcado la línea de la ejemplaridad” y “si alguien en puestos destacados resulta salpicado ahora, el guion está escrito. Sea quien sea”, advierte señalando la puerta de salida de la organización. Eso sí, tendrá que ser algo más que una mera acusación de Bárcenas. De aquella época quedan en estos relevantes al menos Javier Arenas y Pío García-Escudero, ambos con escaño en el Senado.

La actual dirección del PP considera que lo ocurrido con el extesorero y con sus antecesores al frente del partido no es cosa suya. “Todo lo que ha salido estos días lo llevamos leyendo años en los periódicos”, subrayan, así que “¿por qué nos va a preocupar más ahora?”

Los pocos miembros del PP que hablaron este jueves del caso lo hicieron en la misma línea, tratando de desacreditar la declaración de Bárcenas como “la estrategia de defensa” de un convicto por corrupción. Y enfatizando que no consideran tener ningún vínculo con sus antecesores, aunque Pablo Casado o Javier Maroto, por ejemplo, llegasen a la cúpula del partido precisamente de la mano de Rajoy.

En defensa de Rajoy

Este jueves volvió a ser Javier Maroto el que, en ausencia de Casado y de su mano derecha, Teodoro García Egea, asumió la tarea de dar la cara por la actual dirección. Al ser preguntado sobre si cree que Rajoy debería ofrecer algún tipo de explicación, respondió que él no iba a hablar por otros y destacó, por “ejemplar”, el paso del expresidente a la segunda línea cuando abandonó la presidencia del PP… En su opinión, se trata de una “persona honesta”. “Yo no he conocido nunca una trituradora en el despacho del presidente. Eso puedo decir cuando yo entraba en ese despacho, que es a partir de 2015”, manifestó subrayando la fecha para marcar distancias con la época de Bárcenas.

Algunas voces de la actual dirección citadas por el diario El Mundo emplazaron a Rajoy a responder a Bárcenas porque es a él a quien afecta su declaración, no a la dirección actual. “Que responda él, no es cosa nuestra”, aseguraron, tratando de marcar distancias.

Durante toda la jornada fueron varios los partidos exigieron a Casado que dé explicaciones sobre la trayectoria del partido que preside. Que no se “esconda” y "colabore con la justicia”, le pidió, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. No puede “refugiarse en el pasado” para desvincularse porque no representa “una época” superada sino que es “toda la historia del PP”, subrayó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En la Comisión de Justicia del Senado PSOE el senador socialista José María Oleaga acusó al PP de convertirse en “una organización cuasidelictiva” y le apremió a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, celebró a su vez que el extesorero del PP haya decidido “tirar de la manta” e instó al PP a colaborar con la Justicia contando lo que sepa sobre este asunto, algo que cree que todavía no ha hecho. “Me encantaría que fuera así porque creo que los españoles tienen derecho a conocer qué es lo que pasó con la financiación irregular del PP y si es cierto y puede demostrar de alguna manera que había empresarios que se encontraban conchabados con el PP de forma que a cambio de donaciones recibían la adjudicación de ciertos contratos”, añadió.

El parlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs) por la circunscripción de Almería, Andrés Samper, ha presentado su dimisión y su renuncia al acta por ofrecer las plazas de su coche a través de la plataforma BlaBlaCar para aprovechar sus desplazamientos hasta el Parlamento, a pesar de que cobra dietas de la Cámara autonómica por este concepto, por lo que ha anunciado que devolverá las correspondientes al presente mes.

"He decidido presentar mi dimisión y mi renuncia al acta. Soy consciente del error cometido y asumo mi responsabilidad para no dañar un proyecto limpio como es el de Ciudadanos. Reitero mis disculpas a todos los andaluces", ha señalado Samper en su cuenta de Twitter, en un mensaje recogido por Europa Press.

El parlamentario ofrecía las plazas de su coche para realizar el trayecto Sevilla-Almería, provincia ésta última por la que es parlamentario.

El próximo viaje que ofrecía el diputado estaba programado para este jueves, con salida a las 19,00 horas de la capital hispalense y llegada a las 23,40 horas a la almeriense, y supondría un coste por ocupante de 24,50 euros. El anuncio ya ha sido eliminado de la referida plataforma social.

Samper había indicado que entre los días 16 y 23 de octubre ha realizado un total de cuatro viajes a través de BlaBlaCar y que tras conocerse el uso que ha hecho de esta plataforma había comunicado lo ocurrido a la dirección del grupo parlamentario de Cs y su decisión de presentar este jueves a los servicios de la Cámara una solicitud a fin de devolver las dietas correspondientes al mes de octubre.

"Reconozco públicamente mi error, pido disculpas a quienes haya podido ofender y me arrepiento profundamente de este comportamiento impropio de mi condición de diputado", dejaba escrito Andrés Samper en la referida red social.

Según consta en el régimen económico de los diputados de la Cámara autonómica del 2019, por gastos de viajes y desplazamientos, los parlamentarios que afronten una distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara de más de 300 kilómetros, como sería el caso de Samper, cobran 410 euros al mes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el reparto de un complemento por productividad por importe de 1,1 millones de euros para directivos de Instituciones Penitenciarias, aprobado en la etapa de Ángel Yuste al frente de Prisiones y con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.

En la sentencia, con fecha de 14 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera que la decisión adoptada con Ángel Yuste como secretario general de Instituciones Penitenciarias es contraria a derecho, ya que el reparto fue tomado sin ningún tipo de negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.

La sentencia confirma el fallo de 17 de abril de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, que fue recurrido por la Abogacía del Estado. Fuentes de Interior en la etapa de Zoido justificaron el reparto de productividad remitiéndose a la Instrucción 3/2013, de 25 de octubre, sobre jornada y horario del personal de Servicios Periféricos.

En concreto, desde Interior se explicó que se trataba de la distribución de un excedente y que se aprobó por el órgano competente, mediante resolución administrativa motivada y pública, informándose previamente a los legítimos representantes de los trabajadores en reunión convocada única y exclusivamente a estos efectos.

Sin embargo, la Sala condena a la Administración al pago de costas y repasa en su fallo las diferentes instrucciones de la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para concluir que esto "no puede pretender eludir la negociación so pretexto de un eficaz funcionamiento de la Administración". La sentencia puede ser recurrida en casación en el plazo de 30 días.

En 2017 la Administración Penitenciaria anunció que se distribuiría únicamente entre determinado personal directivo 1,1 millones de euros en concepto de productividad, una decisión denunciada por los sindicatos al entender que era unilateral y tomada sin ningún tipo de negociación.

Tras conocer el fallo, fuentes de CSIF han destacado que la sentencia refuerza su labor en el conflicto por el que, junto con otros sindicatos, reclaman mejoras laborales, lo que les ha llevado a plantear jornadas de huelga contra el actual Gobierno del PSOE.

La demanda se planteó al entender los funcionarios de prisiones que la Administración Penitenciaria no podía "regalar de forma lineal y masiva un sobresueldo" entre directores, gerentes y altos cargos de centros penitenciarios, recurriendo a una "vía clientelar y opaca" mientras las retribuciones de los trabajadores estaban congeladas y muchos habían perdido poder adquisitivo.

En pleno debate sobre la subida del salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros y del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, el PP es la única formación parlamentaria de ámbito estatal que mantiene bajo secreto las retribuciones asignadas a su líder. 

El lunes, infoLibre preguntó a los portavoces del PP si el partido ha decidido mantener para Pablo Casado y de forma adicional a su salario como diputado –más de 60.000 euros en 2017, según el cálculo que arroja la suma de todos los conceptos derivados de sus cargos parlamentarios– los 200.000 euros brutos que asignó a su antecesor, Mariano Rajoy, en 2011. Ese año se cerró con la victoria electoral del PP y el ascenso de Rajoy a la Presidencia del Gobierno. Y, por tanto, con su incorporación a un escenario de incompatibilidad retributiva absoluta, lo que abrió un periodo de siete años de barbecho en cuanto a los pagos destinados por el PP a su máximo dirigente, que habían ido en ascenso progresivo desde 2004.

Fue el propio Rajoy quien en 2013 hizo públicas sus declaraciones de IRPF, lo que dejó al descubierto la enorme cuantía de sus emolumentos como líder del PP, muy superiores a su sueldo como miembro del Congreso de los Diputados: 200.628 euros pagados por el partido frente a los 38.456 euros que ese año le abonó la Cámara Baja.  Ahora, las condiciones económicas establecidas por el PP para su nuevo jefe de filas constituyen un misterio.

El otro partido cuya web no permite conocer qué remuneración reserva para su jefe de filas, Ciudadanos, proporcionó a este periódico la cifra neta –no la bruta, es decir la que desembolsa el pagador antes de que se le apliquen las deducciones correspondientes– con que complementará este año el sueldo parlamentario de Albert Rivera: 24.000 euros. Atendiendo a sus cargos en la Cámara, el líder del partido que ahora disputa al PP la hegemonía en el electorado de centroderecha y derecha cobró en 2017 del Congreso más de 60.000 euros. Rivera ejerce como portavoz de Ciudadanos en la comisión Constitucional de la Cámara, una posición idéntica a la de Pablo Iglesias, que desde julio de 2017 ocupa ese mismo puesto en representación de Podemos.

Pablo Iglesias no cobra de Podemos. Tras adquirir el polémico chalet de Galapagar (Madrid), el secretario general de Podemos modificó este verano su declaración de bienes y rentas del Congreso. En esa nueva declaración, y aunque el Congreso ni siquiera cree necesario que recoja la cifra exacta que cada parlamentario percibe en función de sus funciones, Iglesias anotó su remuneración –"bruta", dicen fuentes de la formación– como diputado en 2017: 48.748 euros. Una cantidad algo superior a la que reflejó como la que le habían reportado ese mismo ejercicio de 2017 sus derechos de autor y su actividad como presentador de televisión: 41.211 euros.

El último líder de la serie, último por cuanto su cargo le excluye de la opción de cobrar un solo céntimo de su partido, Pedro Sánchez, cobraba hasta junio un sueldo del PSOE como secretario general: 102.000 euros brutos. Sánchez es el primer presidente del Gobierno que carece de escaño, con lo que el salario del PSOE fue durante el año previo a la moción de censura su única fuente de ingresos. Ahora, su retribución como presidente asciende a 80.953 euros brutos.

Fondos de origen público

El grueso de los fondos que manejan los partidos tiene un origen netamente público. En 2017, el PP declaró ingresos de 37,3 millones por subvenciones de las administraciones frente a 6,59 millones de origen privado, capítulo en el que se encuadran los 2,4 millones aportados por aquellos militantes del partido que cobran como cargo público. Pese a ello, el PP no ha atendido ninguna de las múltiples solicitudes cursadas por este periódico desde el lunes para conocer qué cuantía ha decidido abonar a Pablo Casado como sucesor de Mariano Rajoy.

La declaración de bienes presentada por Casado en el Congreso el 14 de julio de 2016 señala, como ingresos procedentes del PP durante el ejercicio anterior la cifra de 24.885 euros. El 18 de junio de ese año, 2015, Rajoy le había aupado al cargo de  vicesecretario de comunicación. El carácter farragoso e incompleto del formulario de declaración impide saber si se trata de una cifra neta o bruta: en teoría, se trata de importes netos, pero como se ha verificado a lo largo de los últimos años cada parlamentario aplica el criterio que entiende oportuno, con lo que resulta imposible alcanzar conclusiones fiables a menos que el autor de la declaración confirme cuál es el que ha seguido.

En la misma fecha que Casado fue propulsado a la vicesecretaría de comunicación, Fernando Martínez Maíllo se convirtió en el número 3 del partido, solo por detrás de María Dolores de Cospedal: al igual que Rajoy y también por su pertenencia al Gobierno, Cospedal tenía incompatibilidad absoluta para suplementar su sueldo público, con lo que para entonces ya no cobraba nada del PP. La declaración de bienes y rentas de Maíllo precisa que cobró del PP 35.338 euros "de julio a diciembre de 2015", lo que constituye un dato orientativo sobre la escala salarial aplicada por el PP en aquella fecha.

La Sindicatura de Comptes hizo público este miércoles un informe sobre el ejercicio 2015 de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), cuando la dirigía Daniel de Alfonso, en el que concluye que como director se atribuyó unos 70.000 euros de sobresueldo sin que le correspondiera percibir estos importes, según informó Europa Press.

Según informó la Sindicatura en un comunicado, considera que el director de la OAC no tenía derecho a percibir el trienio generado en la OAC por alto cargo por lo que cobró 49.086 euros en exceso, además de que la base del cálculo fue aumentando "irregularmente".

Asimismo, el informe considera que De Alfonso cobró un complemento de calidad de 20.005 euros pese a no tener derecho a cobrarlo, además de que se aplicó porcentajes superiores al 5% de los establecidos en las bases del cálculo de complemento de calidad sin "ninguna justificación".

La asociación de abogados Adade, la acusación popular que logró sentar a Mariano Rajoy en la silla de los testigos en el juicio de Gürtel, ha vuelto a colocar en una posición diabólica al magistrado que dirige la vista, Ángel Hurtado. El principal letrado de Adade en la causa, José Mariano Benítez de Lugo, acaba de pedir por escrito al tribunal que ordene un careo entre Rajoy y Luis Bárcenas a la vista de las "manifiestas contradicciones" de sus respectivas declaraciones judiciales sobre la supuesta caja B y los sobresueldos supuestamente abonados a dirigentes del partido. Durante su interrogatorio como acusado, Bárcenas se ratificó en el contenido de los papeles a que ha dado nombre: y en ellos figura Rajoy como perceptor de entregas opacas de dinero. En cambio, el líder conservador y jefe del Gobierno negó taxativamente durante su comparecencia testifical del 26 de julio haber cobrado un solo euro fuera del circuito de la contabilidad oficial y declarada del partido.

Articulado como recurso de súplica y fechado este viernes, el escrito de Adade sostiene la "nulidad radical" de la negativa con que, verbalmente, sobre la marcha y sin consulta previa a los otros dos jueces que integran el tribunal zanjó Hurtado la solicitud de careo planteada de viva voz el 26 de julio por Benítez de Lugo mientras Rajoy aguardaba una nueva tanda de preguntas en el sitial habilitado para su testimonio. El presidente de la sala –reprocha ahora el letrado– actuó "manu militari"manu militari porque adoptó su decisión "sin oír" siquiera a los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada y "los relegó forzada e indebidamente a un papel de convidados de piedra". De Diego y De Prada habían dejado en minoría a Hurtado en tres momentos esenciales de la vista: en abril, cuando lo que estaba en juego era si Rajoy debía o no declarar como testigo; en mayo, cuando el tribunal tuvo que dirimir si debía testificar de modo presencial, como en efecto acabó ocurriendo; y en julio, cuando a instancias de uno de los acusados la sala accedió igualmente y de nuevo por dos a uno a citar como testigo a Pío García Escudero, presidente del Senado y que se sometió a interrogatorio el mismo día que su jefe de filas. En los tres casos, Hurtado emitió un voto particular, es decir, contrario al de sus dos compañeros de estrado. 

¿Sufrirá una cuarta derrota el presidente del tribunal que juzga la primera pieza del caso Gürtel de aquellas encomendadas a la Audiencia Nacional? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero Adade pretende que, sea como sea, la sala fije posición en un auto.  Es decir, y por utilizar una expresión coloquial, que se retrate con argumentos jurídicos si finalmente rehúsa por segunda vez y ahora mediante una resolución escrita, el enfrentamiento literal entre Rajoy y Bárcenas. La estrategia de defensa del extesorero del PP ha experimentado un viraje drástico, tanto que su defensa se opuso como gato panza arriba a que el presidente del Gobierno se viese obligado a testificar.

Las contradicciones... del tribunal

El 26 de julio, Hurtado cortó en seco la petición de careo y lo hizo con las siguientes palabras: "No, no, eso no es pertinente porque eso sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas". El vídeo de la declaración [pincha aquí para ver esa secuencia] muestra cómo mientras Benítez de Luego está proponiendo el careo el juez Julio de Diego dirige la vista hacia un punto indeterminado del techo mientras que José Ricardo de Prada, bolígrafo en mano, permanece concentrado en sus papeles. Pero, más allá de si los gestos de Julio de Diego y José Ricardo de Prada significan mucho, algo o nada, lo cierto es que el tribunal sentó desde el arranque del juicio en octubre un precedente con los papeles de Bárcenas  cuya reversión ya presagiaban extremadamente difícil múltiples juristas vinculados a la causa. Y justamente a ese precedente apunta Adade con el lanzamiento de uno de los principales misiles de su recurso de súplica.

Para empezar, Benítez de Lugo escribe lo siguiente: "El acusado Bárcenas en el plenario fue preguntado por el ministerio fiscal muy ampliamente  –con el beneplácito del señor presidente del tribunal– sobre la autenticidad de sus “papeles” y sobre la “Caja B” que llevaba, reconociendo el susodicho sus papeles manuscritos con la única matización, realmente imaginativa, de que los mismos reflejaban una “contabilidad extracontable”. (...) Y poco más adelante en el tiempo (...), el ministerio fiscal le pregunta por su declaración del día 15.07.2013 [la jornada en que el extesorero tiró de la manta ante el juez Pablo Ruz], y el acusado Bárcenas reconoce su letra en los llamados “papeles” y sostiene la veracidad de su contenido, entre el que se hallaban los apuntes de entregas de dinero en efectivo, entre otros, al Sr. Rajoy".

El letrado de Adade le coloca la espoleta a ese primer misil con un relato que se refiere a su propia actuación durante el interrogatorio a Rajoy: "Por otra parte, al letrado que suscribe se le permitió  preguntar al testigo Sr. Rajoy también sobre los tan citados “papeles” y sobre lo que en ellos se reflejaba acerca de la cantidades en dinero “B” entregadas a él, negando el Sr. Rajoy que recibiera cantidad alguna". Rechazar el careo pese a los hechos reseñados, prende Benítez de Lugo la mecha, constituyó "un grave atentado a nuestro derecho a la debida tutela judicial protegida por el artículo 24 de nuestra Constitución".

Un auto del mismo tribunal como base para mover la palanca de la acusación

El segundo misil lanzado por Adade es en realidad una pértiga propulsada nada menos que por uno de los tres autos donde Ángel Hurtado quedó en minoría frente a sus compañeros Julio de Diego y José Ricardo de Prada: el auto por el que, ya cumplidos nueve meses desde el inicio de la vista, el tribunal aceptó que testificara Pío García Escudero, quien antes que presidente del Senado lo fue del PP de Madrid y cuya declaración no estaba originalmente prevista. Fue Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y el 26 de julio único ocupante de un banquillo donde metafóricamente se sientan 37 acusados, quien pidió esa declaración. Y el tribunal, escribe ahora Adade entrecomillando los argumentos de los magistrados que firmaron aquella resolución, autorizó la introducción de lo que cabría definir como una prueba sobrevenida porque uno de los artículos, el 729, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "posibilita nuevas diligencias de prueba de cualquier clase para acreditar cualquier circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de algún testigo".  

Y aquí, esgrime Benítez de Lugo tomando ese auto como base para la palanca de sus tesis, ocurre lo mismo que ocurría con García Escudero, cuyo testimonio demandó por segunda vez y esta con éxito el exalcalde de Majadahonda tras escuchar cómo la testigo Esperanza Aguirre se declaraba en el juicio ajena por completo a los temas de financiación del partido. El abogado remata con una máxima latina:  “Ubi eadem ratio, eadem solutio iuris". Más o menos, esto: que allí donde se presenten dos problemas idénticos, idéntica debe ser la solución jurídica. Y a su juicio, existe una total analogía entre el escenario que condujo al tribunal a citar a García Escudero como testigo y el que debería llevarle a fijar fecha para un careo entre Bárcenas y quien en 2012 y 2013 le envió los dos sms más célebres de la historia de la telefonía española: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos" y "Luis, sé fuerte".

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, expresó su intención de "analizar" la enmienda que PSOE y Podemos presentaron a los nuevos presupuestos regionales de este 2017 sobre las retribuciones de altos cargos, asegurando que no se trata de "sobresueldos" y sí de "no perjudicar la carrera profesional de aquellos funcionarios que acceden a un puesto de responsabilidad en la Administración regional", informa Europa Press.

"Voy a analizar la enmienda del PSOE y de Podemos. Se va a tomar la decisión que sea más oportuna. No hay sobresueldos. Estoy hablando de carrera profesional", insistió el consejero, a preguntas de los medios antes de comparecer en la Comisión de presupuestos donde expuso las nuevas cuentas regionales.

Tras las críticas que entre todos los sindicatos generó esta enmienda –CCOO, UGT, CSIF y STAS ya mostraron su oposición a que vea la luz esta medida, que según denunciaron no pasó por la Mesa General de la Función Pública– el titular regional de este área explicó que con esta medida se trata de "no perjudicar en su carrera profesional a aquellos funcionarios que acceden a un puesto de responsabilidad en la Administración".

"En todas las CCAA y en la Administración del Estado hay reconocido un complemento, el famoso complemento de alto cargo, para quien tuviera responsabilidades en diferentes administraciones", explicó el consejero, que añadió que en la región "no se ha hecho eso".

"No es un sobresueldo. Estoy hablando de carrera profesional. Es la diferencia con el sistema anterior y con el sistema que tienen aprobado en otras comunidades autónomas", repitió.

"Lo que hemos hecho es que quien tengan condición de funcionario y tenga responsabilidad política se le reconozca la carrera profesional de los funcionarios y no pierda ese derecho", reiteró Ruiz Molina, que añadió que si esta medida hubiera formado parte de proyecto de ley de presupuestos hubiese tenido que pasar por el Consejo Consultivo.

"En este caso el proceso legislativo es diferente y por lo tanto se puede tramitar como se han tramitado otras proposiciones de ley sin necesidad de que pasara por la Mesa de la Función General", defendió el consejero, que añadió que al haber presentado los grupos esta medida vía enmienda, hay que darle la tramitación parlamentaria oportuna.

Page: "Que los sindicatos hablen con el Consejero"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a plantearle a Ruiz Molina que "hable con los sindicatos" sobre la enmienda presentada por PSOE y Podemos.

"No tengo ningún problema en que los sindicatos hablen con el consejero", señaló García-Page en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, tras comprobar que "hay gente" a la que "le suscita dudas ese debate".

García-Page indicó que en sus conversaciones con los sindicatos hablan "muy habitualmente de lo que supone ser funcionario cuando luego pasan a la administración pública", e incidió en que por ello su pretensión es "que no haya privilegios y prejuicios".

"Los nombramientos de Podemos son de Podemos"

En este contexto y preguntado por cuántas personas entrarán al Ejecutivo acompañando a los dos miembros de la formación morada, el vicepresidente segundo, José García Molina, y la consejera encargada de coordinar el Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, señaló que "los nombramientos de confianza de Podemos son de Podemos".

Según explicó, tanto García Molina como Herranz estarán acompañados de aquellas personas que tenga previsto la ley, porque "cada consejero, cargo y miembro del Gobierno tiene su personal de apoyo", pero destacó que esa nómina en Castilla-La Mancha es "muy restrictiva".

La negativa rotunda de la tesorera del PP, Carmen Navarro, a desvelar ante el Congreso qué cargos del partido cobran sobresueldos o gastos de representación ya tenía un precedente de envergadura y así ha podido comprobarlo infoLibre. En 2013, el PP se negó a facilitar esos mismos datos nada menos que al Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Y lo hizo exactamente con el mismo argumento que Navarro empleó este jueves ante la comisión que en la Cámara Baja investiga la presunta financiación ilegal del PP: la Ley de Protección de Datos.

Difundido el 31 de julio de 2015, el informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos en 2013 dejó constancia de que la formación conservadora no había aportado la "documentación justificativa de los gastos de representación". Y remarcó que para la entrega de datos considerados confidenciales  "no es preciso el consentimiento" de los afectados si el destinatario es, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. La falta de colaboración del PP en ese punto no tuvo consecuencias ni trascendió a la opinión pública. En aquel momento, Carmen Navarro, ahora imputada por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, ya estaba al frente de la tesorería del PP.

Que los sobresueldos –"gastos de representación" legales y declarados a Hacienda, repitió este jueves Navarro– constituyen un secreto inexpugnable para el PP se hizo patente este jueves en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Al menos en apariencia, la rocosa negativa de Navarro a responder a las preguntas planteadas sobre este punto por la diputada de Podemos Carolina Bescansa carece dea sentido: diputados y senadores –y la mayoría de los dirigentes del PP se sientan en un escaño de esas dos Cámaras o en alguna autonómica– están obligados a anotar en sus declaraciones de bienes cuánto cobraron del partido en el ejercicio anterior.  

Pero la declaración de bienes no tiene carácter anual: se presenta al comienzo y al final de la legislatura salvo que las circunstancias económicas del declarante experimenten un cambio de relevancia. Las modificaciones del formulario inicial constituyen la excepción. Y es eso lo que precisamente impide discernir si el PP continúa a día de hoy haciendo lo que una de las decisiones adoptadas en 2013 por el juez de Gürtel y los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, ya puso de manifiesto: a requerimiento del magistrado, el PP se vio obligado a aportar su contabilidad oficial hasta 2011. Esa contabilidad confirmó que el importe abonado a cada dirigente en concepto de "gastos de representación" se repetía casi milimétricamente mes a mes y que había distintas categorías parasalariales en función del rango. Pero hizo algo más: sacó a la luz que cargos públicos con responsabilidades de gobierno habían seguido ingresando dinero del partido. El hoy ministro del Interior y hasta 2015 alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se contaba entre ellos. Los expresidentes de Murcia y Aragón, Ramón Luis Valcárcel y Luisa Fernanda Rudi, también. 

Lo que la contabilidad oficial vino a corroborar es que, en la práctica, los llamados gastos de representación operaban como auténticos sobresueldos. Y su peso en las finanzas de la organización en absoluto poseía carácter residual: como reveló infoLibre, en el sexenio comprendido entre 2006 y 2011, el PP destinó 28 millones a retribuciones de distinto tipo para 100 dirigentes. Buena parte de ellos ya percibía un sueldo público. También Mariano Rajoy, en aquel periodo jefe de la oposición y que en el periodo 2006-2011 sumó ingresos del partido por un millón de euros, solo superado por Luis Bárcenas.

Carlos Floriano, también perceptor de aquellos sobresueldos y que en 2013 ocupaba la  vicesecretaría de organización del PP, dio una vuelta de tuerca a la polémica cuando, en un intento por conjurar la sospecha de pagos ilegales dijo que en el PP no había "sobresueldos sino sueldos". La legislación sobre incompatibilidades prohíbe la percepción de un segundo salario a quienes ya obtienen uno por su condición de cargo público, sea o no electo.

El presidente del PP de Baleares, Miquel Vidal, justificó este jueves su sueldo de 80.000 euros anuales porque, aseguró, no hay "nadie hay que haga un trabajo de tantas horas por tan poco dinero". El dirigente conservador reaccionó así ante una información publicada por El Mundo / El Día de Baleares en relación al sobresueldo de 28.000 euros brutos anuales que cobra de las arcas de su formación. "Una camarera de piso cobra más que yo por dedicar las 24 horas al partido", sostuvo.

"Me siento feliz por la noticia que habéis publicado porque es mucha la gente que se ha quedado sorprendida del sueldo que cobra un presidente del PP", dijo. Un sobresueldo que, en realidad, es una dieta por dedicación a labores de organización y que Vidal es el primero de los presidentes del PP de las islas que la percibe. Y una cantidad que, según destaca el rotativo, no figura en la declaración de bienes y actividades entregada por Vidal en el Parlament.

"No tengo negocios, no tengo alquileres y sólo tengo la dieta del partido como presidente y el sueldo de diputado", señaló. Así, a los 55.000 euros brutos anuales que cobra como diputado se une la polémica dieta. "No es un bien ni un sobresueldo, es una dieta por ser presidente del PP cuando un camarero o una mujer de la limpieza cobra más", reiteró.

El número uno de los conservadores en Baleares incluyó en el listado de profesionales que cobran más que él a los "camioneros de la basura por ocho horas de trabajo mientras yo estoy 24". "Realmente sabía que cobraba muy poco y que lo hacía por gusto pero cuando además se hace público sé que la gente se siente sorprendida por el sueldo que gana un presidente del PP", llega a afirmar.

Pese a las múltiples proclamas del PP sobre las bondades de la transparencia, acaba la legislatura y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue ocultando datos esenciales sobre su carrera como registrador de la propiedad. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años ha estado en excedencia y no ha ejercido su profesión, al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981.

infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador.

Pero hay otras cuestiones que siguen siendo un misterio. Entre ellas, por qué decidió cobrar al mismo tiempo como político y como registrador, qué ingresos obtuvo como registrador o si llegó a cobrar de forma irregular. Rajoy tampoco ha explicado por qué no ha pedido la excedencia en 30 años.

El diputado de IU Gaspar Llamazares, que preguntó en varias ocasiones por este asunto durante esta legislatura en el Congreso, señala a infoLibre que las respuestas que obtuvo "siempre" fueron "elusivas" y, en algunos casos, "ambiguas".

PREGUNTA: ¿Qué valoración hace de las respuestas que obtuvo a las preguntas formuladas durante esta legislatura relacionadas con la actividad como registrador de la propiedad de Mariano Rajoy?

RESPUESTA: Yo he hecho una serie de preguntas casi de persecución porque las respuestas siempre han sido elusivas y en algunos casos ambiguas. En definitiva, lo que ha intentado el presidente del Gobierno es dejar en la más completa oscuridad la situación en la que se encuentra su profesión como registrador. Creo que eso demuestra esa alergia que le tiene el Gobierno a la transparencia pero también, desde el punto de vista personal, deja entrever cuáles son las hipotecas del propio presidente del Gobierno.

Yo tengo una discrepancia conceptual respecto al tema de los registradores. Es difícil aceptar que un país tenga al mismo tiempo en una misma figura un empleado público y un gestor privado. Es un imposible metafísico. Una segunda cuestión es la retribución escandalosa a que lleva este tipo de gestión privada y que puede multiplicar por diez, por veinte o por más el propio salario del presidente del Gobierno. Estas dos cuestiones tienen mucho que ver con una tercera, que está en el trasfondo de la ambigüedad o el ocultamiento de Rajoy, y que tiene que ver con qué papel juega su registro de procedencia. En definitiva, hay un debate con respecto a la interinidad y la persona que está ejerciendo el papel de sustituto en el registro y eso Rajoy nunca lo ha querido aclarar.

P.: ¿Considera que es una anomalía estar durante 32 años en situación de servicios especiales?

R.: En relación al tema del cargo público debería ser compatible mantener en el período de cargo público la excedencia en tu profesión de origen, pero en otras circunstancias sí sería extraño. Rajoy estuvo durante un tiempo cobrando dos sueldos. Parece que hay una compatibilización en el marco de la ley, pero hay otros meses en los que no está muy claro que fuera legal. Desde luego, en mi opinión no es ético desde ningún punto de vista teniendo en cuenta además el peculiar tipo de funcionario del que estamos hablando, un alto funcionario con unas retribuciones escandalosas.

P.: Usted se ha referido a que hay "otros meses" en los que "no está claro" que Rajoy cumpliera la ley al cobrar dos sueldos. De acuerdo con la información que figura en su expediente, cobró de forma irregular durante 464 días del Registro de Berga. ¿Cree que el presidente debería aclarar este punto?

R.: Sí, claro que debería aclararlo. Pero igual que no ha aclarado el tema de los sobres, ni la financiación ilegal de su partido… mantiene una actitud similar respecto a su situación personal. Lo que viene a decir poco más o menos es que este tema sólo le interesa a él y que, por lo tanto, no va a dar más explicaciones. Desde el momento en que dice que ha renunciado y que no cobra dos sueldos… parece que considera que no tiene que dar más explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es reiterarse en esa cerrazón para no informar.

P.: El Gobierno de Aznar ocultó en un “archivo de seguridad” el expediente de registrador de Rajoy. ¿Cree que este documento debería publicarse? ¿Considera que Rajoy debería explicar si tuvo o no conocimiento de la decisión de ocultarlo bajo llave?

R.: Por supuesto que tiene que dar explicaciones. El archivo de ese expediente no me parece casual. Creo que forma parte de la misma estrategia de ocultamiento y de la alergia que tiene el Gobierno y el presidente a la transparencia y al ejercicio cabal de la incompatibilidad. Hay incompatibilidad legal e incompatibilidad ética… y sólo conocemos por parte del Gobierno la resistencia a ser transparentes y a informar con claridad de la situación personal del presidente del Gobierno, del partido o de la sede. No me parece que éste sea un hecho excepcional sino que forma parte de la anormalidad con la que el Gobierno y el PP gestionan los recursos públicos.

P.: ¿Cree que durante esta legislatura el PP ha contribuido a consolidar los privilegios del colectivo de registradores?

Creo que les ha puesto en evidencia y que por eso ha tenido que dar marcha atrás en algunas de sus decisiones. El Gobierno tenía prevista una compensación que sí ha hecho con los notarios porque forma parte de la concepción privatizadora que tiene el PP de la Administración pública. En el momento en que tú privatizas funciones, esas funciones pasan a manos de ámbitos como puede ser el de los registradores de la propiedad, los registradores mercantiles… o también los notarios. En la época de Gallardón el PP tenía mucho más de lo que se ha hecho porque ha habido mucha oposición por parte de la función pública y de las fuerzas políticas.

Es que además esa resistencia y esas denuncias han puesto en la picota a la profesión y una parte de ella se ha echado atrás. Eso ha dividido a los registradores y ha impedido que, por ejemplo, saliera adelante la iniciativa de mercantilizar el registro civil, aunque sí lo ha hecho con el de la nacionalidad. El miedo real de los registradores es la UE.

P.: ¿Por qué dice que temen a Europa? 

R.: La Unión Europea ha hecho varios informes negativos sobre el modelo de registro de la propiedad en España. En Francia, el Gobierno de Hollande, en las medidas de competitividad recortó el modelo de gestión privada para reconducirlo hacia un modelo de función pública… y creo que aquí una parte de los registradores lo que han temido es que este exceso de celo en la etapa de Gallardón pudiera atornillarles.

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Miles de personas han respaldado con su firma una campaña en Change para que Mariano Rajoy haga público su expediente secreto de registrador. Puedes firmar aquí: