La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Una semana después de que Interpol llamara a la colaboración ciudadana para identificar a 46 mujeres fallecidas en extrañas circunstancias, la campaña Identify me ha recibido un aluvión de mensajes que podrían dar un empujón a las investigaciones, como ha ocurrido con dos pistas desde Bulgaria y Australia relacionadas con casos de España, según informa EFE.

De los 200 mensajes que han llegado al buzón de Interpol, 26 se corresponden con casos españoles y dos de ellos aportan información sustancial, según explica a EFE Javier Álvarez, inspector jefe del grupo V de Interpol en Madrid.

Revisando el buzón, la policía se topó con un texto enviado desde Bulgaria que describía la desaparición de una mujer. Rápidamente, observaron ciertas similitudes con el caso de “la mujer de rosa”, una joven que fue hallada muerta en 2005 en el kilómetro 84 de la carretera de Vila, en el municipio barcelonés de Viladecans, y que en el momento de ser encontrada vestía de ese color. Tirando de este hilo, Interpol ha trasladado las huellas y el perfil genético a las autoridades búlgaras, ya que en ese país se registró hace años una notificación amarilla, es decir, una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, una mujer de ese país que todavía no se ha aclarado.

La otra información viene de Australia y se refiere a una joven que fue hallada muerta en una habitación de hotel de Premià del Mar (Barcelona) en 1999, con las manos atadas y con signos de violencia. En este caso, las conexiones son más frágiles, ya que las fotografías no concuerdan y ha pasado mucho tiempo, pero “hay que valorarlo todo”, dice Álvarez. “Toda la información de la que disponemos sobre la mujer ha sido remitida, y serán ellos los que hagan los cotejos convenientes”, añade.

No sería la primera vez que por un indicio que parte de la colaboración ciudadana a través de ‘Identify me’ se reconoce a una víctima. En la primera edición de la campaña, la policía holandesa logró identificar a una ciudadana de origen galés de 31 años, Rita Roberts, que fue asesinada en 1992 en un río de la ciudad de Amberes (Bélgica). Sus familiares advirtieron entonces de que el tatuaje de flores que se mostró en las fotografías del caso era idéntico al que llevaba. A partir de esa señal, las autoridades hicieron las pruebas genéticas pertinentes que dieron con su identidad treinta años después.

En los casos de desaparición, la Policía se encuentra con un obstáculo: la falta de denuncias. “Para que haya una coincidencia debería haber una denuncia previa de desaparición”, argumenta el inspector.

En ese sentido, llama a que las familias que tengan casos de personas desaparecidas utilicen I-Familia, la base de datos de Interpol que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles genéticos con muestras de ADN.

En ella, los familiares pueden aportar muestras genéticas para que la Policía Científica pueda elaborar un perfil que, posteriormente, se sube a la base de datos.

Todo ello permite que, en el momento que salte una notificación, los agentes puedan cotejar las posibles coincidencias. “Es un proceso lento, no es un trabajo que venga de inmediato, pero confiamos en que alguna vía ayude a resolver los casos”, indica el inspector.

La elección de los países participantes en ‘Identify me’ no es casual. La primera campaña integró a Alemania, Países Bajos y Bélgica, que tienen fronteras entre sí, lo que favorece los viajes de los ciudadanos. En la segunda se han incorporado Francia, Italia y España que, aunque no están completamente conectados, sí se encuentran cerca.

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.

Madrid, 19 de julio de 2021. El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Bartolomé Moriano, decreta el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por una supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas a la consultora Sinclair & Wilde. Por aquel entonces, esta era la única causa que estaba judicializada en relación con las adquisiciones de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, se cierra "visto el resultado infructuoso de las gestiones policiales" a la hora de localizar al empresario Philippe Haim Solomon. El archivo llega solo cuatro meses después del comienzo de las pesquisas. Diecisiete semanas de búsqueda en las que la Policía Judicial llega a pedir ayuda a la Interpol, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre tras la decisión del juez de reabrir ahora la causa con nuevas pistas bajo el brazo.

El caso llegó a los juzgados a través de la Policía Local, ante quien interpuso una denuncia previa el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid en plena primera ola de la pandemia. Bajo la lupa, la compra de 500.000 mascarillas a Sinclair & Wilde por 2,5 millones de euros, unos cubrebocas que al no ajustarse "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea" resultaba "imposible" poder distribuirlas entre el personal de los servicios de emergencias. En aquel atestado, la Policía Local señalaba que la "documentación facilitada" por la consultora no se correspondía "con las certificaciones preceptivas" que se exigen tanto en suelo español como comunitario. Y ponía sobre la mesa un delito de estafa, otro contra la propiedad industrial y un tercero contra los consumidores y usuarios.

El asunto fue a parar al Juzgado de Instrucción número 30 de la capital. Su titular incoó diligencias previas por un presunto delito de estafa contra Philippe Haim Solom y Sinclair & Wilde. Y dio orden de que se buscase al empresario. "Ofíciese a la Unidad de Policial Judicial Adscrita a los Juzgados para que se practiquen gestiones encaminadas a fin de comprobar si la identidad del investigado es real y se realicen indagaciones a fin de conocer su paradero", rezaba aquel auto, al que ha tenido acceso este diario. Era 26 de marzo de 2021. Por aquel entonces, la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera había tomado declaración aún a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en el marco de otra serie de contratos bajo sospecha, aunque ya tenía en sus manos numerosa documentación relacionada con el aristócrata y el empresario.

No era la primera vez que se trataba de localizar al empresario. El Ayuntamiento de Madrid intentó ponerse en contacto con él durante el verano de 2020 en el domicilio aportado en las facturas. Tras el fracaso, probó suerte la Municipal. Lo hizo a través de sus colegas en Nueva York. Así, a mediados de noviembre, dos investigadores de la Policía de aquella ciudad se personaron en la dirección de la empresa que constaba en la factura. Sin embargo, se encontraron con que la suite en cuestión estaba ocupada por otra compañía. Su dueño explicó a los agentes que dejaba, como un favor a un cliente, que Sinclair & Wilde utilizase esas señas como la dirección postal de la consultora, que había hablado ocasionalmente con Philippe Solomon "por videollamada o correo electrónico" y que creía que el empresario vivía en "algún lugar de Europa".

Pero la Policía Judicial volvió a intentarlo a petición del juez. Lo primero que se hizo fue, según se recoge en un oficio incorporado a la causa al que ha tenido acceso infoLibre, consultar en los archivos cualquier información en la que figurase el nombre de "Philippe Haim Solomon". Pero no se obtuvieron datos "coincidentes plenamente con los aportados". Lo único que se encontraron fueron varios atestados de 2007 en los que se daba cuenta de varias detenciones de un ciudadano de nacionalidad nigeriana con domicilio en Zaragoza y un nombre similar. "No localizando más datos al respecto desde 2007, por lo que al no coincidir el resto de los mismos, no se puede determinar que se trate de la misma persona", se explica en el oficio.

Una vez cerrada esa vía, se procedió a realizar una consulta a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol en Madrid. El miércoles 28 de abril de 2021, a mediodía, la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados recibe una respuesta de la OCN reclamando más detalles. "Con relación al asunto de referencia, se ruega faciliten ampliación de información sobre los datos de filiación del llamado Philippe Haim Solomon. Cuentas bancarias de origen y destino, justificantes de las transferencias e importe de las mismas, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier otro dato que pueda ser de interés para la localización del citado", rezaba aquel correo.

Nueve semanas más tarde se recibe otra comunicación de la Oficina Central Nacional en Madrid del organismo internacional. Son las 9.30 horas del 1 de julio. El nuevo mail trae noticias desde la sede de Interpol en Manchester. Pero no son buenas. "Las comprobaciones realizadas en las bases de datos comerciales del Reino Unido no han devuelto ningún rastro del sujeto", recoge el correo, en el que se pregunta si se tiene una fecha de nacimiento del sujeto y qué inteligencia ha llevado a creer que el mismo se puede encontrar en el Reino Unido. Cuatro días después, la Judicial traslada todos estos detalles de la investigación al magistrado Bartolomé Moriano, que decide un par de semanas más tarde decretar el sobreseimiento provisional del caso "visto el resultado infructuoso de las gestiones policiales para identificar al presunto autor de los hechos".

Con este movimiento, el caso Sinclair quedó dormido durante meses. Sin embargo, se reactivó a comienzos de abril. Pocas horas antes de que el sumario de la causa que afecta a Medina y Luceño diese a conocer la existencia de esta segunda estafa al consistorio, la Policía Municipal de Madrid envió un escrito al juzgado ampliando el atestado que dio origen a la apertura de las diligencias. Un nuevo documento en el que se comunicaba al juez instructor de que se había recibido una comunicación de la oficial de enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU aportando nuevos datos sobre el empresario con el que nadie había conseguido dar hasta la fecha.

La nueva información ofrece detalles que podrían explicar el porqué de los continuos fracasos a la hora de encontrar a quien se presentaba como director ejecutivo de Sinclair & Wilde. "Philippe Haim Solomon, con fecha de nacimiento 16 de mayo de 1955, utiliza habitualmente otra identidad, siendo esta Philippe Victor Chain Hababou", recogía el escrito. El documento, además, confirmaba que las sospechas de los agentes españoles hace un año no iban desencaminadas: "Según la información facilitada el Sr. Solomon tiene su residencia en Inglaterra, así como el registro de su empresa". Y aportaba las últimas noticias que se tenían de este empresario: viajó en octubre de 2018 en vuelo privado de Londres a Marrakech con dos acompañantes, uno francés y otro estadounidense.

Dos semanas después de que el instructor recibiese este nuevo informe, cuyo contenido se ha conocido esta misma semana, infoLibre localizaba y hablaba en exclusiva con este empresario franco-israelí. Solomon defendió en todo momento la legalidad de la transacción, aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados" y dijo que, incluso, llegó a "perder dinero" al haber sido víctima de otra estafa en China. "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el consultor, quien afirmó que no se encuentra "escondido" y quien sostuvo que nadie le ha enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta.

En su auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones, el magistrado decretó el archivo "mientras que no aparezcan nuevos elementos de incriminación". Ahora, con la nueva información sobre la mesa, ha decidido reabrir de nuevo la causa. Lo hizo a través de un auto, fechado el pasado viernes, en el que da quince días al Ayuntamiento de Madrid para que aporte toda la documentación vinculada a la compraventa de los cubrebocas y las "reclamaciones ulteriores" de esta operación, así como la información de la que disponga de las "actuaciones de control" por parte de la intervención municipal u otros organismos internos o externos. Además, ha ordenado de nuevo a la Policía Judicial que, a raíz de los nuevos datos, informe del "paradero" y "completa identidad" del empresario implicado.

Interpol ha reactivado la orden de búsqueda y detención del mercader de armas hispanolibanés Abdul Rahman El Assir, al que se sitúa en Abu Dabi, lugar en el que se ha visto en últimas fechas con el rey emérito, según ha informado El País. Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirman que se han reactivado los mecanismos de cooperación internacional en relación con esta búsqueda, atendiendo a una causa judicial abierta en la Audiencia Provincial de Madrid.

De acuerdo a estas fuentes, en la Comisaría General de Policía Judicial —en donde se encuadran los especialistas del Grupo de Fugitivos— consta la orden de detención de El Assir desde el 24 de diciembre de 2019, fecha en la que está en vigor la notificación de Interpol.

Fuentes judiciales han añadido que contra El Assir, de 71 años, hay una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid desde el 6 de marzo de 2019, debido a una causa a raíz de un supuesto fraude con la Agencia Tributaria. Se enfrenta a ocho años de prisión por delitos contra Hacienda, así como al pago de una multa de 73,9 millones y la indemnización de 14,7 millones. La Justicia francesa también lo reclama por otro procedimiento.

En este contexto, y coincidiendo con la información periodística que sitúa a El Assir en Abu Dabi, la Comisaría General de Policía Judicial ha reactivado desde España los mecanismos de cooperación policial internacional en relación con esta búsqueda.

Según El País, que cita testimonios de testigos presenciales, El Assir frecuenta a Juan Carlos I en su residencia privada debido a la amistad que une a ambos desde hace décadas. Tras la activación del aviso policial mediante la oficina de Interpol en Madrid, también se ha contactado con el agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Abu Dabi.

La Fiscalía pide para El Assir una pena de ocho años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública y el pago de una multa de 73,9 millones, así como una indemnización de 14,7 millones de euros a la Agencia Tributaria en concepto de responsabilidad civil, según consta en el escrito de acusación —al que ha tenido acceso Europa Press— que la Fiscalía remitió al Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid.

El Ministerio Público sostiene que el acusado "pese a tener nacionalidad española omitió conscientemente la presentación de las declaraciones tributarias" del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2003 al tener "residencia habitual" en España desde 1999 y "mantener intereses en territorio español".

Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el escrito de Fiscalía, El Assir dejó de ingresar en la Hacienda Pública "consciente y voluntariamente" la suma de 12 millones de euros en 2002 y 2,7 millones en 2003.

El fiscal considera que el acusado —"a través de sociedades instrumentales"— es propietario en España de "varios inmuebles de lujo", "de un punto de atraque de un barco" y de "varios coches de alta gama utilizados para su uso y disfrute".

El Ministerio Público precisa que para la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de dichos bienes El Assir recibió "fondos del extranjero procedentes del BBVA Privanza Bank Jersey y Banco Portugués de Negocios". Apunta, además, que dicho inmuebles han constituido "garantía hipotecaria de préstamos obtenidos del Banco Árabe Español SA y del Banco Zaragozano SA, de gran cuantía económica destinados a cubrir las necesidades financieras del acusado".

Según la Fiscalía, los fondos y rentas canalizados a través de las sociedades "son de titularidad efectiva" de El Assir, quien "posee una gran capacidad económica situada en España y en el exterior" que le permite "hacer frente a los pagos derivados de los préstamos solicitados y cancelar los mismos".

En el marco del escrito, el fiscal explica que la capacidad económica del acusado está constituida por el patrimonio inmobiliario de la que es propietario a través de dos sociedades no residentes —La Granjilla Corporation SA y Miraflores Dieciocho SA— y una sociedad residente —Gransoto SL—, así como por los fondos y rentas canalizados a través de las cuentas bancarias de su titularidad y de dichas sociedades.

Estaba previsto que la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgara a El Assir, pero la vista se suspendió hasta en tres ocasiones, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han confirmado que se dictó la orden de busca y captura internacional en contra del acusado por un delito de rebeldía a no presentarse a juicio. Según han precisado, desde entonces permanece vigente.

El nombre de El Assir también se ha relacionado con el procedimiento en la Audiencia Nacional contra José Manuel Villarejo, comisario de la Policía jubilado y epicentro de una macrocausa con varias piezas separadas. Este policía presentó hace unos días un escrito de recusación contra el juez de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri por sus presuntas maniobras en la causa del magnate millonario libanés años atrás, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.

Según explica en su escrito, Villarejo habría actuado entre 2013 y 2014 "en aquellos asuntos donde otros enviados del CNI habían fracasado y uno de ellos era buscar una salida discreta al problema judicial que tenía el comerciante de armas", al que se acusaba de haber defraudado a Hacienda más de 14 millones de euros.

Esos trabajos, alude el comisario jubilado, le habrían llevado a mantener una reunión con el propio Echarri por la amistad de El Assir con el rey emérito Juan Carlos I. "El ahora recusado, a cambio de volver a la Audiencia Nacional, lo que ocurrió, se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, lo que finalmente no sucedió", relató.

Echarri es uno de los integrantes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada del juicio que comenzó el pasado mes de octubre relativo a los asuntos privados del propio Villarejo. En este procedimiento en específico se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa Tándem: Iron, Land y Pintor.

La Interpol ha remitido un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que ofrece detalles relativos al asesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. En concreto, indica que se han detectado mensajes de bots cercanos a grupos yihadistas en los que se señala que los periodistas habían sido asesinados "por ser cristianos" y que añadían: "Ojalá hayan sido los nuestros", informa Europa Press.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, matizan que, según ese informe de expertos policiales en yihadismo, no se está ante una reivindicación directa de ningún grupo concreto, sino que se trata de mensajes de grupos cercanos a los posibles autores deseando que sus compañeros hayan cometido los asesinatos.

Además, según estas mismas fuentes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a presentar una querella por estos hechos, acaecidos en el mes de abril, y ha solicitado ya periciales de las armas basándose en los proyectiles encontrados en los cuerpos de los fallecidos.

Fue en ese mismo mes de abril cuando el Ministerio Público incoó diligencias para investigar el asesinato de los periodistas españoles después de recibir una comunicación policial sobre lo sucedido, si bien apuntaban entonces las fuentes consultadas que de momento "poco se puede hacer". Por el momento, el caso no está judicializado, según otras fuentes consultadas.

Un documental sobre la caza furtiva

Los dos periodistas fueron asesinados en el este de Burkina Faso en un ataque perpetrado por hombres armados al grupo en el que iban para documentar los esfuerzos de lucha contra la caza furtiva. Al tratarse de un presunto delito de terrorismo cometido contra españoles en territorio extranjero, el órgano competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional, recuerdan las fuentes jurídicas consultadas. Así, dado que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, estaba de guardia en el momento del asesinato, será el encargado de decidir si abre causa para investigar los hechos.

Según explicó en abril la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, su homólogo burkinés le transmitió "algunas indicaciones iniciales sobre lo que había ocurrido" y acordaron continuar con la investigación sobre el terreno para conocer qué pasó, cómo y quién está detrás de los hechos.

Sobre el comunicado del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, que habría publicado un mensaje de audio atribuyéndose lo ocurrido, González Laya apuntó que no era suficiente como para atribuirles el asesinato, y por eso pidió a las autoridades de Burkina Faso que investigaran los hechos, "los esclarezcan y que identifiquen a los responsables para que estos puedan comparecer ante la justicia".

“Un presidente emiratí de Interpol no sólo serviría para validar y aprobar los derechos humanos y el sistema de justicia penal de los Emiratos Árabes Unidos, sino que además el general Al-Raisi es inadecuado para el cargo”. La conclusión del informe de Sir David Calvert-Smith, titulado Influencia indebida: los Emiratos Árabes e Interpol, publicado este miércoles 7 de abril y al que Mediacités ha tenido acceso en exclusiva, es meridiana. Según nuestras informaciones, este juez británico retirado, antiguo director de la fiscalía de Inglaterra y Gales, realizó el informe a petición de abogados ingleses, tras la candidatura del general de división Al-Raisi a la Presidencia de InterpolPresidencia de Interpol, la agencia policial mundial con sede en Lyon.

Como informó Mediacités en noviembre, Ahmed Nasser Al-Raisi, inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, se presenta como candidato a la presidencia de Interpol, de cuyo comité ejecutivo forma parte en estos momentos. Sin embargo, dos ciudadanos británicos acusan a este alto dignatario de hacer la vista gorda ante los actos de tortura de los que dicen ser víctimas (aquí se puede ver el testimonio en vídeo de uno de ellos). Contactados para la realización de esta información, ni el general Al-Raisi ni el Ministerio del Interior de los EAU han respondido a nuestras preguntas.

Desde la Cité Internationale, sede de la agencia policial, echan balones fuera. “Sería inapropiado que la Secretaría General de Interpol comentara un informe en el que no ha colaborado, que no ha visto”, responde a Mediacités un portavoz de la institución.

“Este país está lejos de ser un buen ejemplo”

Las 48 páginas que firma David Calvert-Smith destacan el papel preponderante desempeñado en los últimos años por el pequeño Estado del Golfo en el seno de la organización mundial. Si bien se echan en falta las versiones de la Interpol y de las autoridades emiratíes, la investigación resulta estar documentada y con fuentes. “Mi principal conclusión es que, aunque los EAU han avanzado en el ámbito de los derechos humanos, aún queda mucho camino por recorrer. El país está lejos de ser un buen ejemplo, tanto internamente como en el uso de las notificaciones rojas de Interpol [alertas sobre personas buscadas]”, explica David Calvert-Smith a Mediacités.

La donación de 50 millones de euros de los Emiratos Árabes Unidos a la Fundación Interpol, una entidad privada con sede en Ginebra, está siendo examinada con lupa por el ex juez británico. “Resulta difícil no pensar que el único propósito de la 'Fundación Interpol para un mundo más seguro' es ser una vía para el dinero del gobierno de los EAU a Interpol”, se puede leer en el informe. El pasado mes de noviembre, un portavoz de Interpol defendió que “más de 180 países se han beneficiado o han participado en una serie de actividades financiadas con esa contribución”, y aseguró que “la independencia y la neutralidad de Interpol están expresamente garantizadas en todos los acuerdos firmados por la organización”. Sin embargo, el régimen de Abu Dabi se ha convertido, con esta generosa donación, en uno de los mayores financiadores de Interpol.

El informe también incluye varios ejemplos de "notificaciones rojas" polémicas emitidas por las autoridades emiratíes. En concreto, el pequeño Estado del Golfo se está sirviendo de los famosos avisos de búsqueda de Interpol, normalmente reservados para delitos graves, con fines civiles. Sucede así con el caso de Robert Urwin, un ciudadano británico encarcelado durante 40 días en Ucrania en 2018, junto a asesinos y violadores, por un asunto de un cheque rechazado 13 años antes en los Emiratos Árabes Unidos. Interpol finalmente retiró la alerta.

Violaciones de los derechos humanos

A continuación, David Calvert-Smith hace un duro análisis del sistema judicial emiratí; recuerda que es “muy criticado internacionalmente”. En el informe se documentan numerosas violaciones del derecho de defensa y de los derechos humanos, como el caso del académico inglés Matthew Hedges, entrevistado por Mediacités el pasado noviembre, que fue retenido y torturado durante meses en cárceles emiratíes en 2018.

O el caso de Ahmed Mansour, un activista emiratí por los derechos humanos, condenado en 2018 a diez años de prisión por “atentar contra la reputación del Estado”, al pedir públicamente una reforma política en el país. Un caso denunciado por Naciones Unidas, que considera que sus condiciones de detención “violan normas internacionales fundamentales de derechos humanos”. En vano. El activista sigue detenido en día en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de la presión de la comunidad internacional. En Francia, 57 diputados, entre ellos Hubert Julien-Laferrière, de Lyon, instaron a Emmanuel Macron, el pasado mes de febrero, a reclamar la liberación del opositor emiratí.

Por último, Sir David Calvert-Smith aborda la trayectoria del candidato emiratí a la presidencia de Interpol. “Desde el nombramiento de Al-Raisi como inspector general del Ministerio del Interior en 2015, se han registrado numerosas denuncias de torturas y abusos en las cárceles emiratíes, tanto en Abu Dabi como en Dubái”, le reprocha. Según su investigación, el general tiene, en su país, “un poder y una influencia incuestionables” sobre el estado de las prisiones, la Policía y la Justicia penal.

Por ello, “dista mucho de ser el candidato ideal para dirigir una de las organizaciones policiales más importantes del mundo”, concluye el exjuez, que también es duro con Interpol por su falta de transparencia en la elección de su presidente. “La Interpol es muy opaca”, responde a Mediacités.

Antes de su cancelación a causa del covid-19, la elección del presidente del comité ejecutivo iba a tener lugar durante la asamblea general del organismo mundial, prevista inicialmente para diciembre de 2020 en... Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Según nuestras informaciones, finalmente se celebrará en Estambul (Turquía), del 23 al 25 de noviembre de 2021.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Peñíscola (Castellón) y entregado a las autoridades de Uruguay a un excoronel buscado por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos entre los años 70 y 80. Además, el detenido es responsable del conocido como Plan Cóndor en ese país, según informa Europa Press.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la detención se realizó conjuntamente a finales del mes de enero por la Brigada Provincial de Información de Castellón y por la Interpol, en virtud de una orden de detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional.

El detenido fue, presuntamente, uno de los responsables en Uruguay del Plan Cóndor, un intento sistemático de acabar con la disidencia política en América Latina durante el periodo de dictaduras militares que se sucedieron en la década de los 70 y principios de los 80.

Las autoridades judiciales uruguayas le acusan de haber detenido ilegalmente, torturado y hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno Militar de Uruguay vigente entre los años 1973 y 1985, cuya actividad era esencialmente el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y reuniones políticas. Por estos hechos, el excoronel está acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad.

El militar fue detenido el pasado 28 de enero en la localidad castellonense de Peñíscola aunque su entrega a la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol uruguaya tuvo lugar el pasado sábado. La Audiencia Nacional había emitido una orden de detenció en 2018, solicitada por las autoridades de ese país con el objetivo de proceder a su enjuiciamiento.

La Policía ha destacado que la detención, junto a su posterior entrega a las autoridades uruguayas, "demuestra el férreo compromiso de la Policía Nacional por impulsar la cooperación internacional en el ámbito bilateral y multilateral".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves a España a pagar una multa de 15 millones de euros por no haber adoptado a tiempo la directiva de protección de datos personales para facilitar su intercambio entre las autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar delitos, según recoge Europa Press.

Además de la multa a tanto alzado, el tribunal con sede en Luxemburgo ha condenado a España al pago de una sanción diaria de 89.000 euros si el incumplimiento todavía existe a día de hoy y hasta que sea transpuesta a la legislación nacional la directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales.

El caso se remonta a julio de 2018, cuando la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber comunicado la aprobación de estas normas, que debían haber sido adoptadas por los Estados miembros antes del 6 de mayo de 2018. Tras un año de intercambios con las autoridades españolas, Bruselas elevó el asunto a la Justicia europea en julio de 2019.

España no negó haber incumplido sus obligaciones, pero argumentó que las "circunstancias institucionales muy excepcionales" que existían habían "retrasado" las actividades del Gobierno y del Congreso. En concreto, adujo que el Gobierno se encontraba entonces "en funciones" y este hecho era de "singular relevancia a la hora de valorar la proporcionalidad de las sanciones" que había propuesto el Ejecutivo comunitario.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia declara el incumplimiento de España y subraya, en concreto, que el 25 de marzo de 2019, día que la Comisión Europea había fijado como fecha límite antes de llevar el caso a la Justicia, el país seguía sin adoptar las medidas requeridas.

A esto, el tribunal de Luxemburgo añade que España ha "persistido" en el incumplimiento, puesto que "en la fecha de terminación de la fase escrita ante el TUE, el 6 de mayo de 2020, no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de la directiva al Derecho español".

Por ello, los jueces europeos consideran que la condena al pago de una multa coercitiva "constituye un medio apropiado para garantizar que el Estado ponga fin, lo antes posible, al incumplimiento declarado".

Por otro lado, el TUE concluye la imposición de una suma a tanto alzado se justifica por ser una "medida disuasoria" para evitar "la repetición futura de infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la UE".

Desde finales del año pasado la tirantez latente entre Serbia y la provincia de Kosovo se ha reanimado por la decisión de esta última de aumentar el gravamen de productos serbios, que pasará del 10 al 100%. Una medida puramente ideológica destinada a castigar a Belgrado por no reconocer a la provincia como un país soberano —Kosovo autoproclamó su independencia en 2008—, y para demostrarle que controla plenamente y sin injerencias todo su territorio. Inmediatamente después, la Unión Europea instó a la región a que revocase la decisión que, entre otras cosas, infringe el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA, por sus siglas en inglés), pero el Gobierno kosovar se mantuvo en su posición justificándolo como un gesto de presión.

En Kosovo, la inmensa mayoría de la población es de ascendencia albanesa y musulmana —casi dos millones—, frente a una pequeña minoría, al norte, de serbokosovares que profesan el cristianismo ortodoxo —unos 100.000—. Serbia, que se opuso con vehemencia a los aranceles, argumentó que la subida de impuestos afectaría negativamente a dicha minoría, consumidora en gran medida de las manufacturas que produce Belgrado. El dictamen del aumento arancelario fue anunciado justo un día después de que la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazara la candidatura para su ingreso, una resolución festejada por Serbia, que no consiente que su provincia irredenta forme parte de ningún organismo internacional. Rusia, que también posee conflictos soberanistas en su territorio con Chechenia y Dagestán, se apresuró a cargar contra Pristina hablando de un plan donde, según dice, subyace la "limpieza étnica" de los serbokosovares.

Vuelve el fantasma de las guerras balcánicas

A la decisión económica se le agregó, apenas un mes después, el interés de Kosovo por vertebrar un ejército propio, algo que resucitó los temores pretéritos de un nuevo enfrentamiento violento. El plan de la provincia, aprobado por el Parlamento con la ausencia de los 13 diputados de la minoría serbia, consiste en invertir en torno a 300 millones de euros a lo largo de varios años para convertir a las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (FSK) en un ejército nacional inspirado en el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK, por sus siglas en albanés), que operó en la región en la década de los 90 y cuyo líder, Hashim Thaçi, es hoy el jefe del Ejecutivo kosovar.

Varios soldados del grupo terrorista Ejército de Liberación kosovar (UÇK) durante la guerra de Kosovo. E. P.

El presupuesto se está destinando, principalmente, a reclutar futuros soldados —se quiere pasar de 2.000 activos a 5.000 y 3.000 reservistas, según medios serbios—, adiestrarlos, constituir un Ministerio de Defensa y rearmar a las FSK, que ahora disponen de armas ligeras, con elementos de artillería e, incluso, un sistema de misiles antiaéreos. De nuevo, a la Unión Europea no le gustó nada la idea y llamó a la distensión. Por su parte la OTAN, que desde 1999 mantiene en Kosovo una fuerza militar internacional (KFOR, por sus siglas en inglés), la tildó de “inoportuna”. En el Kremlin tampoco se aplaudió la noticia y Belgrado confesó directamente que la intervención armada es una de las posibilidades que el Gobierno serbio considera —Serbia cuenta con un ejército que ronda los 30.000 efectivos—.

Sin embargo, en la escena internacional Kosovo cuenta con un poderoso defensor de su táctica: Estados Unidos. En Washington no tardaron en felicitar a Thaçi por lo que consideraron una “contribución a la paz y la seguridad en la región”, una reacción poco sorprendente teniendo en cuenta que Estados Unidos entrenó a las FSK cuando fueron creadas. Aun así, la propia Constitución kosovar no contempla la creación de un ejército, por lo que habría que modificarla; un trámite para el que son imprescindibles los votos de los 13 legisladores de la minoría serbia.

Difícil ingreso en la UE

El declive económico, en una zona históricamente deprimida, se agudizó tras las guerras yugoslavas, por lo que tanto Serbia como Kosovo llevan años intentando ganarse el ingreso en la Unión Europea. No obstante, el club europeo tiene reticencias sobre aceptar a las dos naciones y subordina su entrada a la consecución de varias reformas en los ámbitos económico y de derechos civiles y calidad democrática; pero sobre todo, lo que Europa persigue es que ambos erradiquen su hostilidad mutua —un antagonismo que se remonta cientos de años y que se recrudeció a finales de los años 80, debido a la política recentralizadora de Slobodan Milošević—.

Hace algunos meses, la UE fijó 2025 como el año en que Serbia podría entrar en el grupo. Estrasburgo ya lleva más de un lustro intentando que los dos aspirantes a formar parte del grupo comunitario trabajen conjuntamente para llegar a consensos que logren la superación de una enemistad prácticamente inveterada. No obstante, Serbia abandonó sus promesas de normalización diplomática cuando el pasado julio su presidente, el conservador Aleksandar Vučić, rehusó viajar a Bruselas para mantener una reunión con Thaçi.

Ese mismo verano, sin embargo, se produjo un acercamiento que arrojó como resultado una propuesta vista por muchos como un disparate, ya que la solución que ofrecieron Belgrado y Pristina para poder convivir sin una animadversión tan manifiesta fue una redefinición de la frontera entre ambos. Con este remedio ambos gobiernos pretendían hacer ingeniería social para que la minoría de serbios que viven al norte de Kosovo quedasen integrados en Serbia y la minoría de kosovares que viven al sur de Serbia volviesen a pertenecer a territorio de Kosovo. Vučić, incluso, adelantó que si se llevaba a cabo el nuevo dibujo fronterizo reconocería a Kosovo como un país independiente, quedando definitivamente zanjadas todas las disputas, ya que una de las condiciones sine qua non que establece Bruselas para esa hipotética incorporación pasa precisamente por dicho reconocimiento.

Protestas masivas en Serbia

Otro de los elementos desestabilizadores de la región lleva teniendo lugar en el corazón de Serbia desde el pasado 8 de diciembre. Cada sábado, desde hace ya 14 semanas, miles de serbios marchan por las calles de Belgrado para protestar contra el Gobierno, al que acusan de ser autoritario y de socavar libertades fundamentales como la de prensa. Paradójicamente, el mayor impulso que recibieron las manifestaciones vino del propio presidente, que al principio aseguró que no cedería a las peticiones de los manifestantes “incluso si hubiera cinco millones de personas en la calle”. Entendidas esas palabras como una provocación, el sábado siguiente a la comparecencia de Vučić, cientos de miles de serbios volvieron a la calle con una pancarta en la que se podía leer "Uno entre cinco millones" y que se ha convertido en el lema del malestar.

Una de las marchas que cada sábado, desde principios de diciembre, tiene lugar en Belgrado para protestar contra el Gobierno serbio. EFE

Aunque los carteles donde se llama "ladrón" o "dictador" al presidente son numerosos y habituales en las concentraciones, según medios de comunicación locales la popularidad de Vučić no se ha visto damnificada y su formación, el Partido Progresista Serbio —de ideología conservadora—, continúa conservando más del 50% de la intención de voto, tal y como reflejan múltiples encuestas.

Las tensiones étnicas y los nacionalismos que provocaron las guerras yugoslavas en los años 90 continúan vivas en Serbia 20 años después. Aunque organizaciones transnacionales como la Unión Europea, la ONU o la OTAN —que participó en el el conflicto del lado de Kosovo— no pierden de vista la región e intentan mediar para desinflamar los roces, decisiones políticas como la imposición de aranceles o el deseo de rearme generan incertidumbre en un esceneario internacional que recuerda la violenta descomposición de los Balcanes.

El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, ha solicitado este martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por incumplir la medida cautelar de presentarse de forma periódica ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal ecuatoriana de noticias Andes, Pérez ha solicitado además que se notifique a Interpol a través de una 'alerta roja' para que el exmandatario sea detenido y extraditado al país.

Correa ha calificado este miércoles su orden de detención de "complot" y ha agradecido las muestras de solidaridad "ante este nuevo y grave atropello a la justicia de mis derechos".

"Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así JAMÁS prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica", ha aseverado a través de su cuenta en la red social Twitter dos días después de acudir al Consulado de Ecuador en Bruselas para cumplir las medidas cautelares impuestas por la Sala Penal de la CNJ en el caso del presunto secuestro del líder opositor Fernando Balda.

Correa defendió que está amparado por "la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Constitución y leyes de la República".

El pasado mes de junio, la Fiscalía ecuatoriana le acusó de los delitos de asociación ilícita y secuestro por el supuesto intento de rapto que sufrió Balda en 2012 cuando estaba en Bogotá, una causa que se ha reactivado tras seis años de letargo porque, de acuerdo con la presunta víctima, la anterior administración la bloqueó.

La jueza del caso, Daniela Camacho, dictó una medida cautelar por la cual a partir del 2 de julio Correa debe presentarse cada quince días en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, a pesar de que el líder izquierdista vive en Bélgica, país natal de su mujer, desde que el 24 de mayo de 2017 abandonó el Palacio de Carondelet.

"La estrategia", denunció en una reciente entrevista concedida a Europa Press, "es acusarme de que incumplí la medida cautelar para imponerme prisión preventiva". Entonces, advirtió de que, llegado este momento, permanecería en Bélgica hasta que se den "garantías" para su defensa legal. Entre las opciones, reveló, sopesa pedir asilo.

Correa ha insistido este lunes en que el supuesto secuestro de Balda y el proceso judicial que ha desencadenado forman parte de "una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de Derecho". "Por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional", ha confiado. "¡A resistir!", ha remachado.

El actual presidente, Lenín Moreno, llegó al cargo aupado por Correa, que le eligió como vicepresidente durante gran parte de sus diez años de Gobierno. Sin embargo, ahora se declaran rivales por la ofensiva contra la corrupción que ha lanzado el nuevo mandatario, que afecta principalmente al ex dirigente y sus fieles. "Ahora habla de corrupción generalizada. Entonces ¿qué es: idiota o cómplice?", planteaba Correa en la entrevista con Europa Press.

Se trata de una donación tan histórica como poco conocida. En la primavera de 2016, Emiratos Árabes Unidos le firmó un cheque por importe de 50 millones de euros, fraccionado en cinco años, a la organización mundial de Policía Interpol. Un pago anunciado oficialmente en marzo de 2017 y destinado a financiar siete proyectos de lucha contra la criminalidad, incluida la lucha contra el terrorismo. Con esta importante donación de 10 millones de euros anuales, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en 2016 en el primer Estado stricto sensu contribuidor de Interpol, al margen de las aportaciones de agencias gubernamentales. Sólo Estados Unidos, con una contribución reglamentaria anual de 10,5 millones de euros en 2017, y financiaciones adicionales de diferentes ministerios y del FBI, se sitúan hoy por delante del riquísimo Estado de la Península Arábiga.

Dicha donación por parte de Emiratos Árabes, muy cuantiosa para una organización internacional que cuenta con un presupuesto modesto (113,7 millones de euros en 2016), hace plantearse la independencia financiera de la agencia policial.

Sin abordar cuestiones éticas ni morales, el informe anual 2018 de la ONG Human Rights Watch también apunta a “violaciones graves de los derechos humanos dentro y fuera” de Emiratos Árabes, como en Yemen, donde los Emiratos, principal integrante de la coalición dirigida por Arabia Saudí, supuestamente está implicado en los ataques mortales perpetrados contra civiles –el conflicto ha causado cerca de 10.000 muertes según la ONU–. En noviembre pasado, la ONG Arab Organization for Human Rights, con base en Londres, incluso llevó a Emiratos ante la Corte Penal Internacional “por crímenes de guerra” en Yemen, denunciando “la utilización de armas prohibidas”, los “ataques indiscriminados contra la población civil” y los “actos de tortura perpetrados en prisiones yemeníes”.

Curiosamente, el pago de los Emiratos, nunca cuestionado, pasó por otros canales de la organización policial, más oficiosos. En concreto, los de una misteriosa y sorprendente “Fundación Interpol para un Mundo más Seguro” con base en Ginebra. Se trata de una de las numerosas informaciones desveladas en el documental Interpol, une police sous influence ? [Interpol ¿una Policía bajo influencia?]”, que emitirá el próximo 20 de marzo el canal Arte (véase al final de este reportaje La caja negra).

Los financiadores de Interpol

Retrocedamos a 2013. Entonces, la agencia mundial de Policía, con sede en Lyon, estaba dirigida por un secretario general ambicioso, el americano Ronald K. Noble, que estaba a punto de concluir su tercer mandato. En varias entrevistas, afirmaba que su sueño era que la Interpol tuviese un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Tal y como revelaron entonces Mediapart ―socio editorial de infoLibre―, el magazine Lyon Capitale y el semanario alemán Die Zeit, Noble ya no dudaba a la hora de alcanzar acuerdos de colaboración con multinacionales tabaqueras o farmacéuticas, instituciones acusadas de corrupción (FIFA) o controvertidos Estados (Qatar, sobre todo) para financiar unidades y misiones de la agencia de Policía.

Para atraer a los inversores, Noble decide entonces crear una estructura externa a la organización, fundada en Suiza. La Fundación Interpol para un Mundo más Seguro ve la luz oficialmente el 29 de octubre de 2013. Fue la última gran idea de Ronald Noble antes de su salida. Mientras los Estados miembros se resisten a meter la mano en el bolsillo, esta fundación nace para servir de punto de confluencia para todos los donantes, en concreto privados, a la hora de financiar las misiones de la agencia mundial de Policía.

“La visión de Interpol es ‘unir a las policías para un mundo más seguro’. Sin embargo, la Policía no puede hacer el mundo más segura por sí sola”, puede leerse en el folleto de la fundación de Interpol. “Se trata de una responsabilidad colectiva, que requiere de una alianza a escala mundial entre los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil”. Una estructura que no se conforma con recaudar dinero. Según un comunicado del fondo de inversión Abraaj, con sede en Dubái, cuyo fundador y director pakistaní Arif Naqvi forma parte del consejo de la fundación de Interpol, ésta sería “mandatada para desarrollar los partenariados público-privados” en el seno de los grupos de trabajo.

Sobre el papel, la fundación es jurídicamente independiente. “Una entidad privada que no tiene nada que ver con Interpol”, nos explica en una entrevista para Arte el due diligence officer de Interpol, Kris D’hoore, encargado de juzgar la ética de los proyectos de colaboración de la agencia de policía. “Está hecho para que entre dinero en Interpol pero es una entidad completamente independiente”. Sin embargo, hay vínculos reales existen entre Interpol y su fundación. En efecto, en el seno de Interpol se establece una oficina de enlace para coordinar las actividades de la fundación ginebrina. Al frente se encuentra el alemán Ralph Markert.

La fundación debe permitir separarse de las nuevas reglas financieras más rigurosas de la organización. Así, en noviembre de 2014, la Asamblea General de Interpol, reunida en Mónaco, vota la resolución 15, que exime a la función de techos: “El montante total anual de los recursos extrapresupuestarios no debe superar el 50% del total de los ingresos de Interpol (presupuesto ordinario, Fondos Interpol para la Cooperación policial internacional y cuentas especiales) y [...] el montante total anual de las donaciones provenientes de un único donantes, al margen de la ‘Fundación Interpol para un Mundo más Seguro’, no debe exceder el 15% del total de los ingresos de Interpol”.

Un bricolaje astuto que permite que la donación de Emiratos cumpla con las normas de la organización mundial de Policía. “Una parte de las reglas que nos hemos dado en la organización de Interpol dice que no queremos tener Estados demasiado dominantes con relación a estas donaciones adicionales. Eso quiere decir que hay un límite definido en nuestro conjunto de reglas. Sin embargo, esta donación recibida de la fundación Interpol, que procede de Emiratos Árabes Unidos, está por debajo de este límite”, explica el actual secretario general alemán de Interpol, Jürgen Stock.

La importante contribución de Emiratos Árabes Unidos a la fundación de Interpol está destinada a siete misiones de la agencia mundial de policía: el antiterrorismo, la cibercriminalidad, el patrimonio cultural, los grupos vulnerables, los estupefacientes, las mercancías ilícitas y la criminalidad vinculada a los vehículos. Pero tras esta donación el país ha sabido aumentar su influencia. En mayo de 2016, la agencia de prensa del país, Emirates News Agency, anunciaba a través del diario Gulf News la inminente apertura de una oficina central interna de Interpol vinculada a la fundación, situada en los Emiratos, en Abu Dabi.

En noviembre de 2018, los Emiratos tendrán igualmente el prestigio de acoger la 87ª Asamblea General de Interpol en Dubái. Y para supervisar el uso de los 50 millones, incluso se le otorga un poder de firma, en el seno del consejo de la fundación, al jeque Mansur, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, también propietario del club de fútbol del Manchester City.

SwissLeaks, Golden chain, Kazajistán

Partiendo de los datos del registro de comercio del cantón de Ginebra, analizamos las lista de los miembros del consejo de la función de Interpol, cuando menos sorprendente. En él coinciden personalidades políticas como el príncipe Alberto II de Mónaco o Wong Kan Seng, el exviceprimer ministro de Singapur, miembro destacado del Partido de Acción del Pueblo (PAP), que gobierna con mano de hierro desde hace más de medio siglo. También incluye a directivos como Carlos Ghosn, del grupo Renault; Jean-Marie Sander, el expresidente del Crédit Agricole de Ratan Tata, dirigente del gigante automóvil indio del mismo nombre.

Tres miembros en torno a esta fundación despiertan algunas dudas de otra naturaleza a la agencia policial.

El primero es el inglés Stuart Gulliver, director del banco HSBC hasta febrero de 2018. A raíz del escándalo de evasión fiscal SwissLeaks en 2015, el Consortium international des journalistes (ICIJ)  demostró que HSBC Private Bank en Ginebra contaba con cuentas de comerciantes de armas, porteadores de maletas de dictadores, de traficantes de diamantes de sangre buscados por Interpol y que sufragaron numerosos guerras civiles en África, e, incluso, mecenas del terrorismo mundial. Varios saudíes también pertenecieron supuestamente a la famosa Golden Chain, la lista de los 20 principales empresas que financiaron a Osama bin Laden, Al Qaeda y el 11-S.

Ironías del destino, el diario británico The Guardian revelaba en febrero de 2015 que el propio Stuart Gulliver tuvo durante muchos años una cuenta oculta en su filial ginebrina a través de una sociedad panameña. En ella disponía de 7,6 millones de dólares. Los abogados del banquero respondieron a las acusaciones que la cuenta de Stuart Gulliver había sido declarado al fisco inglés “un cierto número de años”. Sin precisar nunca cuándo.

De hecho, la prensa suiza ha desvelado que el jefe del HSBC también era miembro de la fundación de Interpol. En Lyon, la agencia mundial de Policía enseguida reaccionó pidiendo su suspensión. “Teniendo en cuenta la presunción de inocencia y conforme al código de buena gobernanza y a las reglas internas de la fundación, Interpol ha suspendido temporalmente al presidente Gulliver [...] hasta que se esclarezcan las acusaciones sobre estas alegaciones”, anunció a la Radiotelevisión Suiza (RTS) un portavoz de Interpol.

Pese a este anuncio, Stuart Gulliver siguió siendo miembro del consejo de la fundación de Interpol durante más de un año, hasta septiembre de 2016, según el registro mercantil del cantón de Ginebra. Incluso tuvo poder de firma. Claro que Interpol se supone que debe luchar contra toda forma de criminalidad financiera, la que se llama comúnmente como criminalidad de cuello blanco. La agencia policial finalmente se decidió a actuar mientras entrevistábamos al secraterio general, Jürgen Stock.

“Me enteré por la prensa, como muchos otros. Contacté con el presidente, manifestamos nuestra preocupación con relación a las acusaciones públicas. Se discutió. Por lo que sabemos, las decisiones se tomaron”, explica Jürgen Stock en una última entrevista ante las cámaras de Arte, en septiembre 2016. Stuart Gulliver se vio entonces obligado a dejar la fundación de Interpol pero le sustituyó Douglas Flint, actual presidente ejecutivo del HSBC.

El segundo integrante que hace despertar sospechas no es otro que el presidente del consejo de la fundación de Interpol, el libanés Elias Murr. El hombre es una personalidad política de primer orden en Líbano. Entre 2000 y 2005, fue viceprimer ministro y ministro del Interior en el Gobierno de Rafiq Hariri. También es un rico hombre de negocios, al frente del Grupo Murr, empresa de construcción y de medios de comunicación fundada por su padre y que factura varios miles de millones.

En 2015, los  SwissLeaks revelan que Elias Murr también tuvo una cuenta en el HSBC de Ginebra a través de una compañía llamada Callorford Investments Limited. Una cuenta con 42 millones de dólares en 2006-2007. Un portavoz del presidente de la fundación Interpol responde que estos fondos son conocidos y no tenían ninguna vinculación con sus funciones políticas. “No es ilegal y no es sospechoso que un ciudadano libanés abra y tenga cuentas en todas partes”, explica el portavoz de Elias Murr al Consorcio Internacional de Periodistas.

El último nombre relacionado con esta fundación es problemático en otro sentido. En 2016, el británico Keith Bristow, exdirector de la National Crime Agency (NCA), el “FBI inglés”, recibe el encargo de realizar una auditoría sobre la fundación de Interpol, pero al mismo tiempo, asesora a un importante gabinete privado de inteligencia económica, Arcanum Global, del que actualmente es el vicepresidente. Esta compañía internacional cuenta también entre sus miembros con el americano Dennis Blair, excoordinador de las agencias de inteligencia con Barack Obama, o el exresponsable de inteligencia interior francés, un tal Bernard Squarcini, que dirige hoy la delegación francesa de Arcanum.

Entre los clientes de Arcanum, donde figuran Estados y multinacionales, se encuentra en una posición destacada Kazajastán, dictadura gestionada con mano de hierro por el presidente Nursultán Nazarbáyev, reelegido por quinta vez en 2015 con más del 97% de los votos. Claro que, como Mediapart reveló, Arcanum Global investigó por cuenta del dictador kazajo al oligarca y opositor político Mukhtar Ablyazov. Un hombre que valió una notificación roja de Interpol por petición de la Rusia de Vladimir Putin, denunciada por varias ONG por considerarla “política”, hasta que Interpol de decide a retirarla en julio de 2017. Con sus dos aspectos, por un lado Interpol y por el otro Kazajistán y Arcanum Global, Keith Bristow se reveló como supervisor barroco de múltiples intereses.

Un cúmulo de hechos que lleva a preguntarse sobre la visión de la Fundación Interpol en lo que respecta a su definición de “un mundo más seguro”.

  Mathieu Martiniere, periodista francés establecido en Lyon, y Robert Schmidt, periodista alemán residente en Estrasburgo, son miembros del colectivo de periodistas independientes We Report, que realiza investigaciones y reportajes amplios.

Durante cinco años, investigaron a la Interpol, muchos de cuyos artículos publicó Mediapart. Esta investigación se cierra con un documental de 90 minutos, titulado Interpol, une police sous influence? (Cocottes Minute Productions) [Interpol, una policía bajo influencia], de Samuel Lajus, Mathieu Martiniere y Robert Schmidt, y que emitirá el martes 20 de marzo, a las 20:50, la cadena Arte.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

En Italia los medios de comunicación dedicaron muchos espacios informativos para seguir la pista a Norbert Feher, que se encuentra detenido en la Comandancia de Teruel donde ha sido identificado a través de sus huellas dactilares. Diez días antes, el 5 de diciembre, hirió por disparos en Teruel a otros dos vecinos de la zona.

Una patrulla de la Guardia Civil lo arrestó a las 2.50 horas de este viernes tras encontrarlo dormido a unos 200 metros de la furgoneta pickup con la que se accidentó tras fugarse al presuntamente asesinar a los guardias civiles Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa y al vecino de Andorra (Teruel) José Luis Iranzo.

Norbert Feher, conocido en Italia como Ígor el ruso, llevaba en paradero desconocido desde abril de 2017, cuando mató al dueño de un estanco en la localidad italiana de Budrio (de ahí su otro apodo, el Rambo de BudrioRambo de Budrio), donde también asesinó a Davide Fabri, un camarero. Se le atribuye además el asesinato de Valerio Verri, un guardia forestal, el 8 de abril en la localidad de Portomaggiore, según informa el diario 'Il Corriere della Sera'.

Desde Italia, el ministro del Interior, Marco Minnitu, ha trasladado su "agradecimiento a las autoridades españolas" y al cuerpo de Carabinieri y ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas de los crímenes de Feher en Italia y en España. "Ha sido arrestado en una zona que hemos indicado nosotros", ha dicho, por su parte, el comandante de los Carabinieri, el general Tullio del Sette.

"Nunca hemos dado por perdida, ni por un solo día, la búsqueda de este individuo peligrosísimo. Los últimos acontecimientos demuestran lo peligroso que era y qué gran pecado fue ponerlo en libertad en 2015, cuando todavía debía cumplir varios años en la cárcel", ha asegurado el jefe de los Carabinieri.

Il Corriere ha señalado que hace varias semanas los carabinieri enviaron una rogatoria a España porque algunas pistas señalaban que Feher podría estar en territorio español. Las investigaciones habían apuntado hacia Austria y Hungría donde se habían situado algunos contactos de Ígor el Ruso.

Según fuentes policiales, el detenido tiene al menos tres identidades: serbia, italiana y croata. La prensa de estos países ha ido informando de que se trata de un experto en el manejo de armas de fuego y en artes marciales.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, Norbert Feher fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil de Castellón a unos 200 metros de la furgoneta pickup accidentada con la que se fugó tras presuntamente asesinar a disparos a dos agentes del instituto armado y un vecino que les acompañaba.

Los investigadores aún recaban datos para determinar si cayó rendido por el cansancio tras ocho horas de fuga desde Albalate del Arzobispo (Teruel) o a consecuencia del accidente con la furgoneta, ya que la pickup verde con la que huyó y recorrió cien kilómetros hacia el sur apareció siniestrada en el punto kilométrico 95,500 de la A-226, en el término municipal de Cantavieja.

En el momento de la detención portaba tres armas cortas, entre ellas las dos pistolas Beretta que arrebató a los guardias civiles de los equipo ROCA, encargados de robos en el medio rural, a los que presuntamente disparó tras personarse éstos en una casa de campo en la que habían detectado movimientos sospechosos.

Tras disponer de un retrato robot y transcurridas varias horas de pánico entre los vecinos de la zona, con informaciones confusas que apuntaban a que estaba atrincherado y luego abatido, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo para desarrollar una operación jaula, para lo que realizó controles en varias carreteras. El asesinato de las tres personas se produjo entre las 19.00 y las 20.00 horas del jueves.

Cruz Roja a título póstumo

La Guardia Civil ha informado en un comunicado que los agentes fallecidos participaban en el dispositivo activado a partir de la tarde del pasado día 5 para la localización del autor de los disparos que hirieron gravemente a dos personas en el municipio turolense de Albalate del Arzobispo.

Una vez concluidas las autopsias, se instalará la Capilla Ardiente en el Ayuntamiento de Alcañiz, a donde se han desplazado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado. A los agentes se les impondrán a título póstumo la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado libertad provisional con medidas cautelares para el periodista turco-sueco Hamza Yalçin en tanto se resuelve la petición de extradición emitida por el Gobierno de Turquía a través de la Interpol, según han informado fuentes jurídicas y ha recogido Europa Press.

El periodista llevaba en prisión desde el pasado 3 de agosto, cuando fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en virtud de una orden internacional de detención emitida por Ankara. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le ha puesto en libertad pero ha decretado comparecencias semanales y le ha retirado el pasaporte para evitar que pueda salir de España mientras se resuelve la petición de extradición.

Según explica la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que representa a Yalçin de forma gratuita a través del despacho de abogados ILOCAD, en el escrito de solicitud de libertad provisional sus abogados destacaban "la patente ausencia del requisito de doble incriminación, su condición de refugiado o asilado y la existencia de un riesgo cierto de que, de ser extraditado, sea sometido a torturas, a un proceso carente de las mínimas garantías del derecho de defensa y a un trato inhumano o degradante".

"Los hechos a partir de los cuales las autoridades turcas afirman la pertenencia a grupo terrorista o criminal del señor Yalçin son de todo imprecisos y carecen de sustento fáctico, cuando no incurren en contradicciones, siendo lo único cierto que el señor Yalçin, en tanto que su profesión es la de periodista, escribe artículos con el fin de desarrollar su deber de informar verazmente y con libertad de opinión", señalaba la defensa.

Para la fundación que dirige el exjuez de la Audiencia Nacional, "la orden de detención internacional emitida por las autoridades turcas no es sino manifestación de una situación de persecución política de los periodistas opositores del actual régimen turco", por lo que insistía en su escrito en que los hechos por los que las autoridades turcas requieren la extradición son "de naturaleza estrictamente política" y "atentan contra su libertad de expresión".

El Defensor del Pueblo celebra la puesta en libertad 

El Defensor del Puebo en funciones, Francisco Fernández Marugán, celebra la puesta en libertad provisional del periodista turco-sueco. Según informa la institución en un comunicado, recogido por Europa Press, este miércoles envió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que recordaba que la situación de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016 y que esta nueva situación debería tenerse en cuenta en todas las fases del procedimiento de extradición de este periodista.

También este miércoles, el Ministerio Fiscal emitió un informe dirigido al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, en el que afirmaba que no se oponía a que se acordara dicha libertad provisional. La Fiscalía había remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que destacaba un pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, el 11 de marzo de 2016, cuatro meses antes del golpe de estado frustrado, desestimó las alegaciones generales contra la aceptación de entregas extradicionales a Turquía.

Para el Defensor del Pueblo, que también se ha dirigido sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Justicia, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos ha cambiado "sustancialmente" desde entonces. Así, ha insistido en que "estas circunstancias deben ponderarse tanto en la fase gubernativa previa a la decisión sobre la continuidad del procedimiento de extradición como, eventualmente, en la fase gubernativa posterior a una decisión de la Audiencia Nacional".

Tras el doble atentado yihadista sucedido en Cataluña el pasado mes de agosto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó la posibilidad de reformar el Código Penal "en el futuro" para "combatir las nuevas formas de terrorismo". Sin embargo, las asociaciones mayoritarias de jueces coinciden en que el régimen penal en materia de terrorismo es suficiente y que su renovación no es la solución para incrementar la eficacia de la lucha antiterrorista. Para ello, sostienen, debe reforzarse la cooperación internacional y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

"Endurecer el Código Penal no serviría para erradicar el terrorismo. Lo que menos le importa a un terrorista, que es capaz de inmolarse, es que se endurezca o no se endurezca", sostiene el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado. "El terrorismo excede fronteras, por lo que la prevención en materia de cooperación policial y de países es fundamental", mantiene.

Además, el portavoz arguye que "jurídicamente, el terrorismo tiene una cobertura y un régimen penal suficiente". "En materia penal no hay mucho que inventar, lo que sí se debería hacer es potenciar ideas novedosas para evitar este tipo de captación", defiende. Precísamente, la reforma del Código Penal emprendida en 2015 tipificó el acceso de forma habitual a servicios de comunicación vía internet o electrónica cuyos contenidos sean "idóneos para incitar a la incorporación a organizaciones o grupos terroristas o a colaborar con cualquiera de ellos o sus fines".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, reconoce que, aunque "es posible endurecer el Código Penal en algunas figuras relacionadas con los delitos de terrorismo" elevando las penas —las más graves, recuerda, están ya penadas con prisión permanente revisable, la sanción "máxima" que se podría imponer en España de acuerdo con la función resociabilizadora establecida por la Constitución—, esa no sería "la opción prioritaria". "La dimensión de las penas es suficiente y lo que debe es reforzarse todo lo relativo a la investigación del terrorismo", arguye.

Para ello, dado que el terrorismo yihadista es "una cuestión global" que tiene "implicaciones internacionales", expone, es necesario "incrementar los mecanismos de información, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)". Además, también considera imprescindible la "coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas", que las informaciones sean "compartidas y analizadas conjuntamente", con la "participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y con la colaboración también de las policías autonómicas y locales".

Siguiendo la línea de la propuesta del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de crear "un FBI europeo", Rodríguez advierte de que "la única forma de que se incremente la eficacia de la lucha contra el terrorismo y puedan hacerse seguimientos más detallados de esa información es bajo una coordinación única", para la que se requiere "un incremento de los medios de los que actualmente disponen las fuerzas policiales", argumenta el portavoz . "La reforma del Código Penal no es la solución", concluye.

Hacia la misma dirección apunta también la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que conviene en que el terrorismo yihadista es "más un problema de prevención que de mayor castigo". "La policía debe estar especializada y debe haber una mayor coordinación entre las policías nacionales y autonómicas", asegura.

Cooperación y coordinación cuestionadas

Una vez desarticulada la célula terrorista detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils, estalló un debate público acerca de la supuesta falta de coordinación existente entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre la necesidad de mejorar la cooperación entre países, las dos medidas que los jueces consideran clave para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista.

Por un lado, se cuestionó el papel del Estado en la gestión del 17-A, después de que las autoridades catalanas llevaran el peso de la gestión de los atentados. Situación que se hizo patente en hechos como la intervención de los Mossos para contradecir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que había anunciado el fin de la célula cuando el responsable del atropello de La Rambla seguía huido o que los rostros más visibles en todo momento fueran los del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el propio president, Carles Puigdemont. Fueron precisamente ellos los que anunciaron que Younes Abouyaaqoub había sido abatido.

En este sentido, la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) llegaron a denunciar a través de un comunicado la "exclusión dolosa" y el "aislamiento" sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado, si bien mostraron su apoyo a los Mossos. Los sindicatos señalaron que "la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos" permitió a los responsables catalanes "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán autosuficienteautosuficiente, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública". No obstante, el portavoz del sindicato de la policía catalana calificó de "extraño" e incluso "miserable" el comunicado de la AUGC y del SUP y manifestó que generar una "polémica artificial" que "no ha existido" era de una "gran irresponsabilidad".

Otra cuestión que retornó al foco del debate fue el reclamo de la Generalitat de que los Mossos tengan acceso directo —sin mediación del Estado español— a Europol. La cuestión se había visto agravada el pasado mes de junio cuando el Gobierno y el Ejecutivo vasco alcanzaron un acuerdo para integrar la Ertzaintza en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) —del que forman parte la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI— y en las bases de información europeas, justo después de que el PNV apoyara al PP en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. 

El pasado 10 de julio, la Junta de Seguridad de Cataluña dio luz verde a que la policía autonómica catalana pasara a formar parte del CITCO, así como a la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista que evalúa los grados de alerta. Sin embargo, quedó pendiente la integración de los Mossos en el sistema Siena de Europol. El pasado mes de agosto, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó el acuerdo con la Generalitat para que la policía catalana acceda directamente a Europol este mes: "Los Mossos d'Esquadra tendrán información de la Europol de forma directa a partir de septiembre. A estas alturas ya lo hacen, pero a través del Estado", afirmó.

Esta semana, Millo explicó que "en estos momentos la Ertzaintza tiene ya una pasarela establecida de acceso directo a la información", y que este mismo mes de septiembre se pondrá en marcha un grupo de trabajo para "acabar de acordar" el mecanismo de acceso para los Mossos, ya que la policía catalana habría rechazado la conexión directa con Europol por no estar de acuerdo con el mecanismo propuesto por el Gobierno. Sobre la misma cuestión, el delegado ya había expresado con anterioridad que era "imposible, porque el reglamento de Europol no lo permite, que la Generalitat pretenda tener un estatus en Europol como si fuera un Estado miembro".

Pero además, la cooperación internacional quedó en duda tras descubrirse los lazos de los terroristas con el extranjero, fundamentalmente con Francia, Bélgica y Marruecos, y tras la información publicada por El Periódico de que la CIA había avisado en mayo a los Mossos del riesgo de atentado en Barcelona. La policía catalana negó haber sido informado por la CIA, pero reconoció haber recibido alertas de otras fuentes a las que no se dio credibilidad. De hecho, el acta de la Junta Local de Seguridad de Barcelona que se celebró el pasado 28 de junio expone que no existían "amenazas concretas" contra Cataluña ni, concretamente, contra la Ciudad Condal.

Europol ha gestionado un total de 263 consultas de información por petición directa de los Mossos d'Esquadra desde 2016, según consta en los datos del fichero SIENA de la Agencia europea, consultados por Europa Press. Estas peticiones de información han generado 1.102 gestiones en el ámbito europeo.

La plataforma SIENA es el sistema de intercambio de información seguro que sirve de soporte de inteligencia entre Europol y los Estados miembros, terceros países y otras instituciones, entre ellas las policías autonómicas. En paralelo existe otro registro de máximo nivel, el SIE (Sistema de Información de Europol), de alto valor desde el punto de vista de la inteligencia europea y al que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Policía y la Guardia Civil.

Fuentes de Europol precisaron que los Mossos registraron directamente 103 peticiones de información de inteligencia en 2016 y otras 160 en lo que va de 2017, generando un volumen de interacción que alcanzó las 1.102 gestiones en el ámbito europeo.

Los Mossos son los que mayores consultas canalizan de las policías autonómicas en España. En este mismo periodo de tiempo, la Ertzaintza registró en SIENA cinco intercambios de información, la Policía Foral de Navarra dos y Vigilancia Aduanera cincuenta.

Bajo el paraguas de Europol, también se creó la Plataforma de Expertos de Europol (EPE). Una web colaborativa y segura para especialistas en distintas áreas de experiencia en el ámbito de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y con la que se facilita el intercambio de mejores prácticas, documentación, innovación, conocimiento y datos no personales sobre delitos.

Del total de 440 expertos españoles que constan en esta Unidad Nacional de Europol como dados de alta en EPE, 225 son agentes de la Policía Nacional, 114 de la Guardia Civil, 51 de los Mossos y siete de la Ertzaintza.

15 peticiones de los Mossos para ser miembros de pleno derecho

Los Mossos son el único cuerpo autonómico que ha solicitado que sus agentes se integren en Europol como expertos de pleno derecho. Concretamente tramitaron ocho propuestas en 2016 y siete en este año. No obstante, fuentes de Europol recordaron que "hasta el momento no ha sido seleccionado para la plantilla ningún miembro de las autoridades nacionales competentes que no sean Policía Nacional o Guardia Civil".

Tanto las cuestiones de personal como las solicitudes para la celebración de reuniones operativas (los Mossos solicitaron cuatro en 2017) o de seminarios (participaron en dos) se canalizan desde la Unidad Nacional de Europol, cuyas competencias gestiona en España la Policía Nacional.

Proponen acceso limitado a SIE y SIENA

"En el último semestre se ha incrementado el uso del canal de Europol por parte de policías autonómicas y Vigilancia Aduanera, especialmente en lo que se refiere a peticiones nacionales", aseguraron las fuentes de la agencia, que subrayaron como carencia el que no existan normas claras de procedimiento sobre la participación de policías autonómicas en reuniones operativas, seminarios u otros eventos fuera de España o celebradas en Europol. De hecho, reclamaron que se facilitase el "acceso limitado" a los sistemas SIE y SIENA.

En el contexto actual y bajo el marco normativo en vigor, Policía Nacional, Guardia Civil, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y las policías autonómicas forman parte de las autoridades competentes que pueden usar el canal Europol a través de la Unidad Nacional de Europol (UNE), adscrita a la División de Cooperación Internacional. La UNE tiene la misión de canalizar y supervisar la cooperación técnica y operativa con la Agencia Europol en el marco de las disposiciones de la Unión Europea que regulan su funcionamiento.

La UNE cuenta con una oficina central en Madrid y una oficina de enlace en la sede de Europol en La Haya. En la oficina central, según las citadas fuentes, desempeñan sus funciones personal de Policía Nacional (un número que oscila entre 30 y 50 personas); personal de cuerpos generales (administrativos y traductores) y de Guardia Civil (1 comandante, 1 teniente, 3-4 Guardias), los cuales dependen funcionalmente de la UNE.

En la oficina de enlace de La Haya trabajan 6 Policías Nacionales y 4 Guardias Civiles, bajo la dirección de un miembro de la Escala Ejecutiva de Policía Nacional (total: 11 efectivos).

Del mismo modo, adscritos a la División de Cooperación Internacional desempeñan tareas de enlace: 3 funcionarios de Mossos D'Esquadra, 3 Ertzaintzas y 1 Policía Foral, con los que se mantiene contacto habitual para la gestión de los intercambios y contactos que se llevan a cabo en la UNE y que afecten a estos cuerpos policiales. En breve se espera la incorporación de un enlace de DAVA.

114 aportaciones de Policía Nacional y 2 de Mossos al SIE

El Sistema de Información de Europol (EIS en inglés o SIE en español) es la base de datos central de información criminal e inteligencia que cubre todas las áreas de mandato de la Agencia, incluido terrorismo.

Con carácter general, las plantillas de Europol y las unidades nacionales tienen acceso directo a todos los datos almacenados en el sistema, pero los propietarios de estos datos pueden limitar el acceso caso por caso.

En relación con el tipo de datos introducidos, la Policía Nacional ha introducido un total de 287 registros, de los que 112 lo son con categoría de delito de terrorismo. Se trata de una grabación sobre ETA y 111 sobre foreign fighters (combatientes extranjeros, en español) o personas que han pasado por los dominios de Dáesh.

La Guardia Civil ha realizado 30 registros en seis meses de 2017, pero ninguno relacionado con el terrorismo. Mientras que los registros con información aportada por los Mossos ha sido de 13, de los que 2 son relativos a delitos de terrorismo. En total, entre Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, se han realizado 114 aportaciones sobre delitos de terrorismo a ese registro de máximo nivel de Europol.

"Los Mossos, en sus solicitudes de intercambio de información o peticiones nacionales, suelen incluir solicitudes de consulta y grabación de datos de investigaciones en bases de datos de Europol, incluido SIE", explicaron a Europa Press fuentes de la agencia.

El Gobierno no promoverá la detención de los exministros franquistas reclamados por la Justicia argentina por delitos cometidos durante la dictadura y alega que las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol no son vinculantes ya que prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre las naciones implicadas.

El Ejecutivo responde así en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press donde explica que "la pertenencia de un país a la organización Interpol, según sus estatutos, no vincula en modo alguno a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros". Según defiende, la decisión de estos países "en cuanto a la ejecución de la detención se basará en su propio derecho interno, y muy especialmente, en los tratados internacionales de extradición firmados con el país reclamante".

"No existe vinculación, por tanto, con los documentos de detención emitidos a través o por la Secretaría General de Interpol", zanja la respuesta. El pasado noviembre la jueza argentina María Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Se les acusa de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 

En su respuesta el Gobierno añade que "existía, además, un precedente, ya que en la misma causa, instruida por la justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros cuatro ciudadanos españoles". Se refiere en este punto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. En aquella ocasión, la Secretaria General aceptó las razones esgrimidas por Interpol España.

Resolución de Interpol

Las fuentes policiales consultadas por Europa Press recordaron también que existe una resolución aprobada por Interpol en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En aquella resolución los países integrantes de Interpol se manifestaban "preocupados" por "el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas" así como "por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes".

Se trata de la AG-2010-RES-10 suscrita por la Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 79ª reunión, celebrada en Doha (Qatar) entre el 8 y el 11 de noviembre de 2010. Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo cuando un país miembro proteste contra una orden de detención de uno de sus ciudadanos en el plazo de treinta días.

Catalá respondió de esta forma en el pleno del Congreso al diputado del PNV Emilio Olabarria, que le preguntó sobre los motivos por los que, a su juicio, el Gobierno "obstaculiza" el procedimiento de Servini contra dirigentes franquistas.

El ministro responsabilizó a la Interpol de rechazar la detención de 19 acusados de crímenes franquistas al entender que la solicitud de la jueza argentina María Servini tiene "naturaleza política" y aseguró que el Gobierno "no ha hecho otra cosa" que aplicar los procedimientos establecidos y trabajar de acuerdo al convenio de Interpol en la persecución de crímenes de lesa humanidad para que "no sean desvirtuados por razones de índole política".

Frustrada esta petición de detención, el ministro afirmó que si Servini decide emitir una solicitud de extradición el Gobierno la estudiará y fijará su posición. En cualquier caso, volvió a vaticinar que la Audiencia Nacional la rechazará atendiendo a la decisión que adoptó el pasado abril con el inspector Billy el Niño y el capitán Muñecas.

Para Catalá, el Estado de Derecho funciona y los tribunales enjuician y sentencian, por lo que "parece innecesario" que este caso esté sometido a un "enjuiciamiento exterior" máxime cuando la Audiencia Nacional ya ha valorado un caso "muy equivalente".

Nada más conocerse que Interpol había iniciado diligencias para la identificación de las personas reclamadas por Servini, Catalá vaticinó que la Audiencia Nacional denegará su extradición a Argentina alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.

En paralelo, la Policía Nacional avanzó que no procederá a detener a estas personas. En concreto, Interpol España ha alegado ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a Javier Martín-Artajo, exdirectivo del banco estadounidense JP Morgan, quien tenía una Orden Internacional de Detención emitida por la Justicia de Estados Unidos por fraude y delitos fiscales, ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. Horas después, fue puesto en libertad al negarse a ser extraditado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto en libertad al ex directivo de JP Morgan Javier Martín-Artajo después de que se haya negado a ser extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de falsear las cuentas del banco estadounidense y ocultar un agujero de cerca de 4.600 millones de euros.

El magistrado, que ha impuesto la retirada del pasaporte con la prohibición de salir del territorio español y comparecencias quincenales, se encuentra a la espera de recibir documentación del país reclamante para decidir sobre la procedencia de la entrega.

Los investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial consiguieron ubicar a Martín-Artajo y, tras conversar con él, lograron su presentación en dependencias policiales este mismo miércoles, procediendo a su detención y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Los hechos por los que se le buscaba se remontan a 2012, cuando el ahora detenido era director gerente de la oficina de inversión de JP Morgan en Reino Unido.

Entre marzo y mayo de 2012, Martín-Artajo, junto a otras personas, presuntamente manipuló e infló el valor de posiciones de la cartera de créditos sintéticos de su empresa con el fin de lograr objetivos específicos de pérdidas y ganancias diarios y a fin de mes. A mediados de este mes, las autoridades de EEUU presentaron formalmente cargos contra él y el francés Julien Grout, también exempleado de JP Morgan, a los que acusó de conspiración para falsear las cuentas y registros, comisión de fraude y falsificación de los registros ante la Comisión de Valores de EEUU.

La demanda, presentada por el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, está relacionada con las multimillonarias pérdidas sufridas en 2012 por el banco estadounidense en relación con una fallida operación con derivados realizada por la oficina londinense de la entidad, que tuvo que asumir un impacto negativo en sus cuentas de 6.200 millones de dólares (unos 4.590 millones de euros). En un primer momento el escándalo, que hizo tambalearse al propio consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, se centró en la figura del operador Bruno Iksil, aunque finalmente las autoridades estadounidenses desestimaron presentar cargos contra él y sí lo han hecho contra su compañero Julien Grout y Martín-Artajo.

En su demanda, el tribunal neoyorquino señaló que los dos exempleados de JP Morgan "al menos entre marzo y mayo de 2012" conspiraron y acordaron realizar actos que vulneran las leyes estadounidenses, incluyendo la falsificación de registros y registros ante la Comisión de Valores de EEUU.