Una vez más, el Tribunal Supremo tiene que recordar a los partidos políticos que el ámbito jurisdiccional no es el terreno para dirimir "controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político". Y como viene siendo más habitual últimamente, se lo vuelve a decir a Vox, pero también al PP, los dos partidos que presentaron recurso ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del alto tribunal contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los magistrados inadmitieron los dos recursos el pasado 19 de octubre, es decir, no llegaron a estudiar si la designación fue conforme a derecho porque, como ya han dicho en numerosas ocasiones, los partidos no están legitimados para impugnar cualquier acto político salvo en las contadas excepciones que establece la ley, y esta no es una de ellas.

En la sentencia, que se ha conocido este miércoles, hay varios reproches a los dos partidos de la oposición por la utilización del tribunal para su estrategia politica. "Ni esta jurisdicción ni esta Sala son el lugar adecuado para dirimir controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político, al margen de las reglas sobre la legitimación establecidas por la ley con carácter general"; "no puede sostenerse con éxito el reconocimiento general de la acción procesal a los partidos políticos, por muy relevante que sea su función constitucional, pues, de hacerlo, estaríamos ante una legitimación universal para impugnar cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política, por la mera invocación de su relación con los fines generales de su acción política en la que se incluye el control al Gobierno"; "ello equivaldría a establecer, en definitiva, una acción popular de carácter político, ayuna de cobertura legal".

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emplean seis páginas en exponer por qué no han entrado ni a valorar los recursos de PP y Vox: en total, citan 24 resoluciones (entre sentencias y autos) que nutren su jurisprudencia sobre por qué ser partido no da una posición especial en esta jurisdicción en concreto para impugnar actos políticos. Y constatan que la doctrina ya era conocida, pues "no es nueva ni reciente", pero lo que sí es "una novedad" es el "incremento de la frecuencia con la que, en la actualidad, los partidos acuden a esta Sala Tercera". De las 24 resoluciones citadas en las sentencias, siete son de Vox.

Por todo ello, las dos sentencias imponen a los partidos recurrentes el pago de las costas del procedimiento, "cuyo importe no podrá exceder, por todos los conceptos, de 4.000 euros".

Ni tienen interés legítimo ni son titulares del derecho

Tras explicar esta jurisprudencia, las resoluciones del Supremo, una por cada partido que recurrió el nombramiento, pasan a desarrollar los argumentos. Según sostienen, el proceso contencioso-administrativo no está abierto a cualquier persona, sino solamente "a quienes posean legitimación activa", pues en él "no existe la acción pública salvo en los casos específicos en que la establece la ley y éste no es uno de ellos". Así, descartan que PP y Vox tengan un "interés legítimo" o sean "titulares del derecho" que consideran vulnerado con la designación de Delgado.

No vale, por tanto, que por ser partidos políticos puedan recurrir cualquier decisión política; tampoco que, en el caso de Vox, se alegue una supuesta "animadversión" de la fiscal general hacia la formación porque más que un argumento se trata de meras "conjeturas"; no basta con que se discrepe de un acto para proceder a su impugnación ante los jueces y tribunales, sino que "es necesario que medie una concreta y determinada relación entre el sujeto que formula el recurso y el objeto del proceso".

A excepción de la defensa de su entendimiento de la legalidad, el Supremo entiende que ni Vox ni PP son en este caso titulares de ningún derecho infringido por el decreto que nombró a Delgado fiscal general, ni han sabido explicar qué ventaja real y efectiva lograrían o qué desventaja o perjuicio evitarían en su esfera jurídica con sus recursos que no pueda invocar cualquier persona.

Rechazan los magistrados, igualmente, que verse afectado por procesos penales comporte la necesaria legitimación pues, de aceptar tal tesis, habría que reconocérsela a cualquier persona en esa situación, así como que resulte de la facultad que la Ley Orgánica de Partidos Políticos confiere al Ministerio Fiscal para instar la ilegalización de una determinada formación política, pues su artículo 11 faculta al Gobierno a pedirla por sí mismo.

En conclusión, el nombramiento de Delgado claro que es recurrible, subraya la Sala, pero por un sujeto legitimado como pueden ser las asociaciones de jueces y magistrados y las de fiscales. De haber sido así, como ocurrió en el año 1994 tras la designación de Eligio Hernández también como fiscal general, la Sala habría entrado en el fondo de la controversia.

"La legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno". Esta idea, expresada de una forma u otra, es la que vienen trasladando una y otra vez  magistrados del Tribunal Supremo, ya sean de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo, en los últimos meses ante las numerosas querellas, denuncias o impugnaciones que les van llegando contra decisiones puramente políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya sean nombramientos, ya sean querellas por prevaricación o malversación, las distintas Salas del alto tribunal repiten este mismo argumento como una de las razones para desechar una investigación o anular ciertos pasos dados por el Gobierno.

Esta postura del alto tribunal se viene repitiendo en resoluciones ante los intentos de, entre otros, Vox y PP o particulares o asociaciones que no están de acuerdo con ciertas decisiones de algún ministerio o del Consejo de Ministros en general y que pretenden que los tribunales les den la razón vistiendo su discrepancia política de acusaciones por posibles delitos como la malversación o la prevaricación. Acuden al Supremo porque es el órgano judicial que revisa decisiones del Ejecutivo o ante el que los ministros y el presidente Sánchez están aforados. 

Como ya publicó este periódico, juristas alertan de un "incremento de la utilización política de los tribunales" para hacer oposición política o para tratar de desgastar al Gobierno, algo que se achaca a la percepción de que si un asunto llega a la justicia, se "redimensiona el conflicto político".

Esta estrategia, que tiene su máxima expresión en el partido que lidera Santiago Abascal, se centra sobre todo en el Supremo y en el Tribunal Constitucional. En el primero, con mucho menos éxito que en el segundo para los recurrentes, que sí han encontrado en el TC una respuesta favorable en ciertos temas controvertidos con la que confirmar su oposición al Gobierno. Véase el confinamiento domiciliario durante el primer estado de alarma, declarado inconstitucional, o el borrador de sentencia, aún pendiente de debate en el Pleno, que obligaría al Ejecutivo a reactivar la financiación de los colegios que segregan por sexo, suspendida por la Ley Celaá.

Pero no sólo del Supremo y del Constitucional viven los que quieren criminalizar las decisiones políticas del Gobierno. En juzgados de instrucción también se han abierto procedimientos que han cuestionado el ejercicio de los actos del Ejecutivo como el caso Delcy, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la entrada de Brahim Ghali en España para tratarse de una infección por covid-19, la causa del 8M, la querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos... Unos jueces han optado por el archivo, previo paso en la mayoría de los casos por un proceso de investigación que sirven como acicate para la oposición de derecha.

La última inadmisión, una querella contra Irene Montero

Es en el Supremo donde se está limitando la actuación judicial en estos casos. La resolución más reciente es de esta misma semana, cuando la Sala Segunda (de lo Penal) inadmitió a trámite, por no apreciar ilícito alguno, una denuncia de un particular contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un delito de malversación en relación a una campaña de su ministerio por el Orgullo LGTBI del pasado mes de junio. En su auto, el alto tribunal recordaba que al Gobierno le corresponde la dirección de la política interior y que, para ejercer la función ejecutiva prevista en el artículo 97 de la Constitución, tiene a su alcance la disposición de los fondos públicos.

"El entendimiento del mundo y de la sociedad, y la consiguiente promoción de los valores que, según la ideología que se defienda, se consideren dignos de protección, permite a cada opción política orientar el empleo de aquellos fondos con esas concretas finalidades”, remarca el tribunal, que añade que las discrepancias políticas no deben trasladarse al ámbito penal: “La discrepancia respecto del acierto o de la oportunidad de la forma concreta en que se empleen (los fondos públicos) ha de tener su respuesta en el campo político, sin que pueda ser trasladada al ámbito penal, reservada para las infracciones más graves de las normas de convivencia, tipificadas como delito en el Código Penal”.

La misma Sala Segunda también se pronunció en términos parecidos hace unos meses en respuesta a una querella de Vox contra Sánchez y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, por la concesión de fondos de la SEPI a la aerolínea Plus Ultra. El auto tiene distinto ponente que el anterior, pero la conclusión es la misma: “la legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización". En este caso concreto, además, los magistrados reprochaban al partido de ultraderecha que basara su querella sólo en informaciones de prensa. A pesar de esta resolución, una jueza de instrucción de Madrid mantiene una causa abierta por posible prevaricación y malversación.

Antes de esto, otro caso claro para el Supremo fue el del conocido como Delcygate, la reunión que mantuvo José Luis Ábalos, exministro de Transportes, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas a pesar de que la dirigente del país sudamericano teníaprohibido entrar en el espacio Schengen por las sanciones impuestas por la UE contra el régimen de Nicolás Maduro por vulneración de los Derechos Humanos. La explicación del tribunal sobre por qué no había delito en este hecho resume muy claramente por qué decisiones políticas con las que un partido no esté de acuerdo o vea sospechosas no tienen por qué tener reproche penal: Ábalos incumplió el acuerdo europeo, pero "las obligaciones derivadas de las decisiones" de la UE "tienen una naturaleza esencialmente política" y su "incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la UE", por lo que "el control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo Europeo".

Llamada de atención en lo Contencioso

Estos tres ejemplos se dirimieron en la Sala Segunda, pero también la Tercera, la que examina recursos contencioso-administrativos, tiene amplia jurisprudencia contraria a la admisión recursos presentados por partidos políticos contra decisiones del Poder Ejecutivo. Y por eso mismo fue por lo que desestimó los recuros de PP y Vox contra el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya que no los consideró legitimados para impugnarlo. Los magistrados ni siquiera deliberaron sobre el fondo, es decir, sobre los argumentos de falta de idoneidad e imparcialidad que invocaban los dos partidos con el fin de anular la designación de Delgado.

Aunque la resolución todavía no se ha hecho pública, fuentes del alto tribunal explicaron a este periódico que el contenido versará sobre esa amplia jurisprudencia que limita en gran medida las posibilidades de los partidos de la oposición para impugnar por vía administrativa las decisiones políticas, como en este caso, porque una cosa esa es el control de la legalidad y otra muy distinta el control de los actos políticos con los que no se está de acuerdo, que tienen su propio ámbito de discusión y resolución.

Hay un antecedente muy claro. En 2014, el Supremo también impidió al PSOE recurrir la amnistía fiscal impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro con los mismos argumentos: los partidos no tienen legitimación para impugnar cualquier acto administrativo por mucho que sean el cauce de la participación política. Los tribunales, para la mayoría de magistrados, no pueden convertirse en instancias políticas mediante los recursos presentados contra acciones del Ejecutivo.

Pero mientras en la Sala de lo Penal las últimas resoluciones cuentan con la unanimidad de los magistrados que las examinan, en lo Contencioso-Administrativo suele haber voces discrepantes que, aunque son minoría, apuestan por abrir el debate y otorgar más manga ancha a los partidos para recurrir decisiones que consideran contrarias a derecho. La jurisprudencia, no obstante, se acaba imponiendo y la mayoría de magistrados apuestan por limitar esas impugnaciones.

La división vista en el Tribunal Constitucional (TC) cuando ha tenido que estudiar los recursos de Vox contra la gestión de la pandemia de coronavirus se hace aún más patente si se mira la letra pequeña de las sentencias y los votos particulares. Si ya hubo una importante diferencia de criterio cuando el órgano analizó el primer estado de alarma, los magistrados dejan también patente sus discrepancias en lo que respecta a la suspensión de plazos reglamentarios en el Congreso. El fallo de la mayoría, dando la razón al partido de extrema derecha, ya se adelantó hace días, pero se acaban de conocer los votos particulares de los cuatro magistrados discrepantes, que vuelven a reprochar a sus compañeros que obvien el especial contexto de "incertidumbre" y de "extrema gravedad" de las primeras semanas de la pandemia y les recuerdan que al estimar el recurso incumplen las propias resoluciones del Constitucional, el cual en abril de 2020 avaló prohibir manifestaciones apelando al derecho a la vida y a la salud pública. Además, recuerdan que ellos mismos también acordaron suspender plazos y plenos.

El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, de sensibilidad conservadora, y los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol vuelven a mostrar sus discrepancias con el análisis que están haciendo sus compañeros de tribunal sobre las medidas derivadas de la gestión de la pandemia. En el caso de la primera sentencia sobre el estado de alarma también disintieron de la mayoría junto con otro miembro conservador, Andrés Ollero. Éste, ahora, se ha unido al grupo que ha optado por dar la razón a Vox en uno más de los numerosos recursos que ha presentado este partido ante el Constitucional en menos de dos años.

La sentencia, con seis votos a favor y cuatro en contra, señala que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados de excepción y de sitio, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados. En su opinión, el hecho de que la Mesa de la Cámara cesara temporalmente la tramitación de las iniciativas parlamentarias lesionó el derecho a la participación política regulado en el artículo 23.2 de la Constitución. 

Epidemia sin control y total incertidumbre

Pero todos los magistrados discrepantes reprochan a la mayoría que no presten atención a la especial coyuntura que se vivió en España a partir de marzo de 2020 y, más en concreto, a partir de la declaración del primer estado de alarma el día 14. "En la situación de marzo de 2020, caracterizada por la propagación sin control del coronavirus y por la notable capacidad letal que demostraba tener, resultaba constitucionalmente admisible que el derecho a la participación política, incluidas aquellas manifestaciones de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno que integran su núcleo más propio, se viera modulado proporcionadamente en aras de la realización de otros objetivos públicos, como es la protección de la salud pública y del funcionamiento eficaz del sistema sanitario mediante la reducción de oportunidades de contagio", afirma González Rivas.

"Conviene no olvidar, desde la más benigna situación presente, los momentos de total incertidumbre científica, política, económica y social que se estaban viviendo ante un fenómeno pandémico descontrolado a nivel mundial y que en España estaba produciendo unos efectos devastadores, con un riesgo real de colapso del sistema socio-sanitario. Las extraordinarias medidas previstas en el estado de alarma, caracterizadas por el establecimiento de limitaciones de la libre circulación, las restricciones del transporte, el cierre de los establecimientos hoteleros y, sobremanera, el confinamiento de la población, son el marco que justifican o explican la decisión del órgano parlamentario", apunta Conde-Pumpido.

"Tras 18 meses de experiencia frente a una situación a la que ninguna institución del Estado había tenido que hacer frente antes y en el contexto de crisis sanitaria de aquellas semanas, causada por un virus desconocido, las medidas adoptadas difícilmente podían ser otras, tanto en sus tiempos como en su contenido y alcance, sin posibilidades inmediatas de valorar su impacto", subrayan Balaguer y Xiol en un voto particular que suscriben ambos.

Todos los órganos e instituciones, obligados a adaptarse

Conde-Pumpido incide aún más en la importancia del contexto para hacer el análisis adecuado: "No se puede pretender que la actividad parlamentaria fuese ajena a esta grave situación, del mismo modo que no lo fueron otros órganos constitucionales obligados a adaptarse, progresivamente, a las inéditas e imprevisibles circunstancias provocadas por la pandemia. Estas afirmaciones en nada contradicen una defensa sin fisuras del ejercicio por el Congreso de sus exclusivas y esenciales funciones de control del Ejecutivo en tiempos de excepción, y responden al único objetivo de contextualizar la situación real en el momento de adoptarse el acuerdo parlamentario impugnado".

El Tribunal Constitucional también suspendió plazos procesales y administrativos y, a diferencia del Congreso, también plenos durante más tiempo que la Cámara Baja durante el primer estado de alarma. Balaguer y Xiol mencionan en su voto cómo la pandemia afectó igualmente a la actividad del TC: "Este tribunal no puede abstraerse de una realidad por la que también se vio afectado y a la que, como el resto de órganos e instituciones, se fue adaptando".

González Rivas desarrolla aún más esta idea: "Los órganos constitucionales y las autoridades públicas, sin caer en una completa paralización que habría supuesto dejar de realizar las indeclinables funciones descritas, se vieron obligadas a adaptar su funcionamiento a las difíciles circunstancias existentes durante los días que siguieron inmediatamente a la declaración inicial del estado de alarma en marzo de 2020. Y para instrumentar esta necesidad dispusieron medidas de contenido similar a las que constan en la decisión parlamentaria que ahora se impugna, como es el caso del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2020 y los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobados en las sesiones extraordinarias de 14 y 18 de marzo de 2020".

Derechos no absolutos o ilimitados

El ejercicio de ponderación entre unos derechos y otros, a la participación política por un lado y a la salud por el otro, a la hora de analizar el recurso de Vox contra la suspensión de plazos en la Cámara Baja lleva al presidente del Constitucional a recordar que fue este mismo tribunal el que en abril de 2020 dictó un auto en el que inadmitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) y validó la prohibición de una marcha sindical en Vigo apelando a que el derecho a la vida está por encima del derecho de manifestación. Fue la Sala Primera la que tomó esta decisión y en ella estaban González Rivas, Conde-Pumpido y Balaguer, pero también dos magistrados que ahora han dado la razón al partido de extrema derecha, Andrés Ollero y Santiago Martínez-Vares –Alfredo Montoya firmó el auto, pero en esta ocasión no ha estado en la deliberación sobre el Congreso a causa de una enfermedad–.

"El canon de proporcionalidad fue aplicado por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el ATC 40/2020, de 30 de abril. Su aplicación fue defendida y desarrollada por la letrada del Congreso de los Diputados y el Ministerio Fiscal en sus alegaciones al presente amparo –el de Vox–. Ambas representaciones, adecuadamente en mi opinión, tomaban como elementos de valoración, de una parte, el interés general de preservar la salud de los diputados y del personal del Congreso como consecuencia de la situación de pandemia sufrida en las fechas en que fue acordada la suspensión y, de otro lado, el derecho de participación política, en el específico aspecto de la función de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno", argumentan Balaguer y Xiol en su voto particular. González Rivas también menciona el citado auto para valorar la toma de decisiones en las primeras semanas de la epidemia.

En aquella resolución de abril de 2020, la Sala afirmaba que "parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria". "La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica empleada en este caso no parece por tanto inexistente", remarcaron los magistrados, que apuntaron además que el derecho fundamental de reunión que se ve afectado por la prohibición de la convocatoria sindical "no es un derecho absoluto o ilimitado", sino que deben existir "razones fundadas" para la alteración del mismo. Y la razón que dieron fue la "pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos en nuestro país y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos".

En su voto particular, Conde-Pumpido llama la atención sobre el hecho de que el propio Constitucional ha declarado que "la regla general es que las actuaciones parlamentarias se han de ejercer de modo presencial", pues "la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la Cámara pueda formar su voluntad", ya que "el debate y la discusión en las sesiones de la Cámara es el mecanismo para hacer efectivo el pluralismo político y el principio democrático". Sin embargo, explica que el mismo tribunal también ha reconocido que "esta exigencia puede ceder ante circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, como son la necesidad de salvaguardar un bien constitucional merecedor de mayor protección".

La declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el caso Delcy, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la entrada de Brahim Ghali en España para tratarse de una infección por covid-19, la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, la causa del 8M... Son sólo unos pocos ejemplos de la intervención judicial en decisiones del Poder Ejecutivo a raíz de la presentación de querellas, demandas y recursos, sobre todo por parte de una oposición que ha descubierto en esta vía una estrategia más de su política de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez.

Reconocidos juristas y expertos consultados por infoLibre han detectado un fuerte incremento de la utilización de los tribunales con fines políticos, como una manera de escenificar y querer amplificar la labor política de determinados partidos o colectivos. En su opinión, estas organizaciones acuden a los tribunales –ya sean juzgados ordinarios, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional– contra actos del Ejecutivo puramente políticos que no tienen implicaciones penales en ningún caso, pero que su mera tramitación en un tribunal dota a los temas que están de actualidad de una cierta espectacularización. Unos lo califican de "preocupante"; otros, de "nocivo".

No es un fenómeno nuevo. Tal y como recuerda el magistrado Joaquim Bosch, "históricamente ha habido una cierta instrumentalización" de la justicia por parte de la política, pero admite que en los últimos años ha habido un aumento considerable. Hace años, un partido en la oposición recurría ante el Constitucional una determinada ley con la que, ideológicamente, no estaba de acuerdo, pero se aplicaba un filtro, no se impugnaba todo, o casi todo. En el último año y medio, el tribunal de garantías se ha visto inundado de recursos, sobre todo de Vox –aunque también, en menor medida, del PP–, disparando las estadísticas.

Casi dos recursos al mes en el tc

Tal y como publicó este periódico el pasado mes de julio, el partido de Abascal ha acudido en casi una treintena de ocasiones al Constitucional desde febrero de 2020. Los 52 escaños logrados en las elecciones generales de noviembre de 2019 le permiten interponer recursos de inconstitucionalidad y la formación de extrema derecha lo está aprovechando como nadie antes. Las cifras arrojan una media de casi dos recursos por mes (1,64), en su mayoría dirigidos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Constitucional ya ha tumbado más de una decena de impugnaciones, pero al mismo tiempo ha dado en parte la razón a Vox en el recurso de mayor relevancia, el que pedía anular el primer decreto de estado de alarma. Los de Santiago Abascal lo vendieron como una victoria política al Gobierno de Sánchez aunque se muestre inútil, ya que la sentencia no tiene efectos prácticos al haberse dictado más de un año después de que decayera el decreto.

Pero no sólo se acude a los recursos de inconstitucionalidad para hacer oposición. Cuando no se trata de una ley que, a ojos del denunciante, vulnera la Constitución, se acude a los tribunales ordinarios o, si se quiere ir contra un miembro del Gobierno, al Tribunal Supremo, o a la Audiencia Nacional si se pretende impugnar una decisión de un ministerio. Se presentan querellas o recursos contra actuaciones que, a ojos de los expertos consultados, no merecerían ni una revisión judicial puesto que son decisiones estrictamente políticas, del gobierno de turno, y tendrán que ser los ciudadanos en la siguiente cita electoral los que valoren si esas decisiones políticas han sido correctas o no.

Para el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, el último suceso "preocupante" en este sentido ha sido la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para tratarse de una infección grave por coronavirus. Las diligencias se siguen en un juzgado de Zaragoza a raíz de una denuncia presentada por un abogado y lo que se investigan son las circunstancias que rodearon la entrada y salida de Ghali de España. Llegó al país el pasado 18 de abril en un avión argelino a la base aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió de España desde Pamplona.

"Fue una decisión estrictamente política y por razones humanitarias", remarca Martín Pallín, quien además recuerda que España también tiene motivos "históricos" para tomar una decisión así, simplemente por el hecho de que el Sahara Occidental tuvo el estatus de colonia hasta 1976. A esto se une que Ghali tiene nacionalidad española desde 2004, tal y como recordaba este jueves El País. 

indultos, GHALI, 8M Y DELCYGATE, MUNICIÓN CONTRA EL GOBIERNO DELCYGATE

El de este caso no es el único ejemplo. Véase las causas que se han abierto con motivo de las decisiones políticas con motivo de la pandemia, desde la que investigó al ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por autorizar la marcha del Día de la Mujer en 2020, que acabó archivándose, hasta las decenas de querellas que recibió el Tribunal Supremo contra ministros. En todos los casos, los denunciantes, ya sean particulares o partidos políticos como Vox, buscan sentar en un banquillo a responsables políticos del Ejecutivo por la gestión que hicieron de la epidemia. Lo más reciente ha sido la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid por una querella de Abogados Cristianos contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Otro ejemplo: la querella que interpuso Vox en el Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, precisamente en el marco de la causa por la manifestación del 8M. Tal y como recuerda Martín Pallín, "si se tiene libertad absoluta para la designación, también se tiene para la destitución". Esto es, si el cargo del coronel era de libre designación, esa potestad también sustenta su cese. Y es precisamente lo que acaba de sentenciar la Audiencia Nacional, que considera legal la destitución al haber sido aducida una "pérdida de confianza".

Un caso muy emblemático de estas denuncias o querellas contra decisiones políticas fue el conocido como Delcygate, la reunión que mantuvo José Luis Ábalos, exministro de Transportes, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas a pesar de que la dirigente del país sudamericano teníaprohibido entrar en el espacio Schengen por las sanciones impuestas por la UE contra el régimen de Nicolás Maduro por vulneración de los Derechos Humanos. La explicación del Supremo sobre por qué no había delito en este hecho resume muy claramente por qué decisiones políticas con las que un partido no esté de acuerdo o vea sospechosas no tienen por qué tener reproche penal: Ábalos incumplió el acuerdo europeo, pero "las obligaciones derivadas de las decisiones" de la UE "tienen una naturaleza esencialmente política" y su "incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la UE", por lo que "el control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo Europeo".

Los indultos a los nueve presos del procés es uno de los grandes pulsos que la oposición ha echado al Gobierno, recurriendo por la vía Contencioso-Administrativa una medida que, salvo en contadas ocasiones, no se suele discutir. Y si se hace, suele ser la parte afectada, no a partidos políticos que, a priori, no habrían sido perjudicados directos por la decisión del Gobierno. Ahí está una de las dudas que habrá de resolver la Sala Tercera del Tribunal Supremo –aparte de si anula o no las medidas de gracia–, saber si PP, Ciudadanos y Vox están legitimados para impugnar.

Pero no todas las denuncias o querellas con intención política las examina el Supremo, avisan los expertos consultados, sino que hay casos que llegan a jueces ordinarios. En algunos casos, archivan, pero en otros se han decidido a investigar, como ha ocurrido en los mencionado sobre el 8M y la entrada de Brahim Ghali, en Zaragoza, o en el del rescate a la aerolínea Plus Ultra, en Madrid. En este último procedimiento, fueron denuncias de PP, Vox y el falso sindicato Manos Limpias por un presunto delito de malversación las que se admitieron a trámite y la juez encargada llegó a paralizar uno de los préstamos por valor de 34 millones de euros. El riesgo de insolvencia de la compañía llevó un mes después a desbloquear el pago.

Para Martín Pallín, "lo que pone los pelos de punta" de esta estrategia de oposición es que "los jueces entren en el juego y admitan las denuncias". En su opinión, hay un "exceso de intervencionismo o activismo judicial en casos en los que los hechos que se denuncian pertenecen al ámbito de las decisiones estrictamente políticas". "Si seguimos por esta senda, sin objeción alguna por parte de los constitucionalistas o representantes políticos, caminamos hacia una subversión de los principios constitucionales que proclaman que la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. A la vista de lo que está sucediendo, realmente vivimos bajo una monarquía judicial", subrayó en un reciente artículo publicado por este periódico.

El magistrado emérito recuerda el caso, que analizó él, de las querellas que se presentaron en el Supremo formuladas por varios miles de ciudadanos españoles que exigían al expresidente del Gobierno José María Aznar y dos de sus ministros responsabilidad penal por la participación de España en la invasión de Irak de 2003 sin la previa autorización de las Cortes. Según dictó el alto tribunal en enero de 2004, "no procede pronunciarse como pretende la parte querellante ni sobre la legalidad internacional del conflicto, ni sobre la significación de la denominada declaración de las Azores como supuesto equivalente formal de una declaración de guerra, ni sobre la naturaleza de la participación de las tropas españolas en la intervención".

Martín Pallín, que no esconde su total oposición a la intervención de España en esa guerra, explica que el Supremo archivó las querellas porque se trataba de "una decisión estrictamente política en la que los jueces no tenían nada que decir", por muy en desacuerdo que se pueda estar con ella.

Buscar la espectacularidad

Bosch está de acuerdo en que en los últimos años se ha visto un "incremento de la utilización política de los tribunales", algo que achaca a la percepción de que si un asunto llega a la justicia, se "redimensiona el conflicto político". Todo ello, apunta, en un contexto en el que han surgido numerosos medios de comunicación, en muchos de los cuales "no se filtra tanto como antes" lo que es verdaderamente relevante de una noticia. Este panorama, unido a la eclosión de las redes sociales y a la necesidad de búsqueda constante de la espectacularidad en cualquier asunto, genera un caldo de cultivo para ese uso político de las causas judiciales. "Más que argumentar, se quiere escenificar. Y esto no es positivo ni para la política, ni para el prestigio de la justicia", resume el magistrado, que advierte además de la sobrecarga de trabajo que esto supone para una Administración de Justicia ya .

Pero a diferencia de Martín Pallín, Bosch sostiene que los jueces no pueden archivar de plano una denuncia o una querella, por mucho que salte a la vista que las motivaciones exceden el ámbito de los tribunales. Aunque reconoce que acudir a la justicia como parte de una estrategia política es una práctica "nociva", no ataca un derecho fundamental como sí lo haría, el de la tutela judicial efectiva, no hacer nada. Ante la duda, añade, los jueces intentan agotar el camino mínimo imprescindible y el tiempo que pasa entre la apertura de un procedimiento y su final, aunque sea archivo, da un tiempo a los partidos para disponer de "munición política" frente al oponente, apunta.

Eso sí, los magistrados consultados están de acuerdo en que debería haber una respuesta más dura para imponer sanciones ante querellas o denuncias así, con el objetivo de disuadir a organizaciones o partidos cuyos fines no sean estrictamente los de buscar justicia. Bosch cree que se podría regular de alguna manera ante "casos claros", siempre sin poner en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva.

Denunciar no es la única manera de utilizar los tribunales para desgastar al Gobierno. Personarse en causas judiciales es otra vía. No es extraño que partidos políticos pidan entrar en una causa que afecta a su oponente político como acusación popular. Salvo excepciones, los jueces suelen admitirles. Ha pasado con el PSOE en los casos Gürtel, Púnica, Lezo o Tándem; el PP en la macrocausa de los ERE de Andalucía; y ahora Vox es una constante en causas que pueden salpicar a partidos del Gobierno. Así ocurre en el llamado caso Neurona sobre las finanzas de Podemos que investiga un juez de Madrid o en el caso Dina sobre el supuesto robo del teléfono de una exasesora de Podemos y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación.

La última ocurrencia del partido de extrema derecha ha sido pedir a la Audiencia Nacional su personación en el caso en el que declaró el jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien acaba de declarar bajo secreto sobre supuestas conexiones entre ETA, la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno bolivariano. Carvajal, que está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, también mencionó a Podemos, según publicaron algunos medios de comunicación, y se comprometió a aportar documentación.

Martín Pallín recuerda que es un firme defensor de la acción popular, pero está de acuerdo en que los partidos políticos deberían ser excluidos. Precisamente es una propuesta que figura en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que plantea una verdadera revolución en los procedimientos penales. Su tramitación sigue en fase de consultas previas y el Consejo de Ministros tiene pendiente reactivar el proyecto para enviarlo a las Cortes Generales.

La candidata del Gobierno a ocupar la Fiscalía General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, superó este jueves el trámite de comparecer ante el Congreso antes de recibir el mandato con la única oposición de las tres derechas —PP, Vox y Ciudadanos—, cuyos portavoces fueron los únicos que le discutieron la idoneidad para ejercer el cargo. El resto —PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Junts, EH Bildu y hasta la CUP— o admitieron su capacidad e idoneidad o, concediéndole el beneficio de la duda, evitaron pronunciarse en contra.

Delgado, que en el arranque de la legislatura se convirtió en el blanco de las críticas de las derechas y de una buena parte de las organizaciones judiciales por pasar directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía, se defendió lamentando que PP, Vox y Ciudadanos evitasen hablar de su plan de actuación para el ministerio público y se centrasen en hacer “juicios de intenciones” sobre el trabajo que se propone desarrollar. “Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema”, pidió a los portavoces. Haber estado en el Gobierno, subrayó, “no es una debilidad sino una fortaleza”, y sólo mejora “su perfil” para el nuevo puesto.

Un sistema que, en su opinión, garantiza la autonomía y la independencia de la Fiscalía, entre otras razones, citó, porque todos los fiscales pueden discrepar de sus superiores jerárquicos, porque el fiscal general “actúa en contadísimos casos”, lo que de paso limita al máximo las hipótesis de abstención, y porque además no puede ser removido por el Gobierno.

Para contrarrestar las acusaciones de dependencia del Ejecutivo, la candidata recordó las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que consagran que la ideología no es motivo para perder la idoneidad en el ejercicio de una función judicial. “Esta candidata”, concluyó, “se va a atener a la legalidad, la independencia y la transparencia porque el sistema garantiza la autonomía fiscal”.

Delgado también lamentó que a menudo se reduzca la labor de la Fiscalía a una “injusta sospecha continua” por el hecho de que el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno y se refirió al principio de jerarquía como una “herramienta de la unidad de actuación de los fiscales”, no de dependencia.

No son un “colectivo robótico” que realiza su labor “a la orden de un mando único”, sino funcionarios “capaces de asumir las mas complejas responsabilidades” tanto ante la sociedad como ante la propia jerarquía interna de la institución, afirmó.

Frente a quienes critican el modelo de elección del fiscal general, Delgado repasó los que rigen en otros países, recordando aquellos en los que, como en el caso del Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, el fiscal forma parte incluso del Gobierno. Y se reivindicó como una fiscal forjada “en las trincheras” de la lucha contra el tráfico de drogas que entraban hace 30 años a través del Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Alguien, además, con un extenso currículum frente al GRAPO, ETA y el terrorismo yihadista, así como en la pelea contra el crimen organizado y la persecución del blanqueo de capitales.

“Dinamitar el Estado de Derecho”

En contra de su nombramiento tomó posición el portavoz del PP, Luis Santamaría, según el cual “Delgado será una fiscal general genuflexa ante el Gobierno, guardiana del PSOE y protectora del independentismo”. Su “lealtad está al lado de los intereses del Gobierno y de los pactos con quienes lo sostienen”. De su parte, subrayó, sólo están “Sánchez, los condenados por sedición, los independentistas y los abertzales”. Su nombramiento no es “más que el primer paso para dinamitar no solo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia sino también el Estado de Derecho, como le han pedido los independentistas”.

El portavoz de Vox, Francisco Ortega, fue igualmente duro con la exministra, a la que recordó las veces que fue reprobada en el Senado y en el Congreso y a la que acusó de venir “a garantizar el pago de la deuda” que, según él, Pedro Sánchez tiene “contraída” “con comunistas, proetarras y separatistas”.

El dirigente ultra intentó minimizar el currículum de Delgado, a la que atribuyó la intención de perseguir judicialmente a su partido a través de la legislación contra los delitos de odio y a la que descalificó diciendo que es de “desconocido prestigio”. Sus planes para el ministerio fiscal, profetizó, situarán la Fiscalía al nivel de Venezuela o Cuba.

Edmundo Bal, en nombre de Ciudadanos, siguió la estela de PP y Vox. Para su partido, la propuesta del Gobierno es “inaceptable” porque como exministra del PSOE estará siempre “bajo sospecha”.

En favor de su candidatura se pronunciaron abiertamente PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno que la ha propuesto, cuyos portavoces, Pablo Arangüena y Jaume Asens, defendieron su amplio currículum y su larga trayectoria como fiscal y criticaron a las derechas por ver ahora dependencia del Gobierno y no cuando el nombramiento tenía origen en el PP.

Carolina Telechea (ERC) y Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) le pidieron expresamente que sea “valiente” y luche contra la judicialización de la política, un aspecto en el que también se fijó la portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta, a la que el portavoz de Vox interrumpió a gritos cuando reclamaba que la Fiscalía investigase supuestos casos de torturas.

Mikel Legarza (PNV) subrayó su “cualificación y méritos” y aplazó opinar sobre su nombramiento a la espera de que avance en su mandato. Y la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, se limitó a preguntarle por su opinión sobre “la represión” en Cataluña, algo sobre lo que Delgado eludió responder.

Un día es Rodrigo Rato; otro, Pablo Ibar; un día es La Manada; otro, Cristiano Ronaldo. Cada hora la mirada de los informativos recala en los tribunales de justicia y observamos desde afuera si el acusado lleva traje o chándal en el paseíllo, si el acusado es de esposas o de carpeta (a lo Villarejo), de género o de número, si va con casco o firma autógrafos al respetable. El desfile no cesa y en la retina se amontonan los legajos de mil procesos abiertos en canal que darían, solo en España, para cubrir con sus vericuetos y ramificaciones un lustro de telediarios de maza y toga. Los juzgados de instrucción, mientras tanto, se colapsan (y el ambiente adquiere algo kafkiano con toda esa masa de carpetas amontonadas) y las cárceles españolas, además de “los comunes”, cuentan desde hace años con ilustres visitantes por todos conocidos.

La justicia, la separación de poderes, Montesquieu, la mirada a la balanza de nuestro Tribunal Supremo, todo son cábalas, sobre todo, después de advertir la porosidad manifiesta de debates como quién paga los actos jurídicos documentados (la banca gana) o quién se atreve a postular en qué consiste exactamente el delito de rebelión en el conflicto catalán (está por ver). Eso por no hablar de afanes todavía de perseverancia religiosa en determinar si la comunidad católica pueda sentirse ofendida o humillada porque un artista decida componer con 200 hostias la palabra pederastia y adivinar si el susodicho peca de mala intención. Es el artículo 525 de nuestro viejuno Código Penal. Es la ley.

En este número de tintaLibre hemos querido reunir un ramillete de causas judiciales, algunas que siguen sin archivarse, pese a los siglos pasados, como la sempiterna reivindicación del Gibraltar español, ajena al color de los gobiernos; o la salida al mar de Bolivia, un sabroso entremés de 1905 que ha condenado al país sudamericano a que el mar sea considerado un espejismo en su idiosincrasia, caso sobre el que ha fallado hace poco el Tribunal de La Haya.

Otro gran frente de la materia que nos ocupa es el juicio a las grandes corporaciones por lo que suele definirse como delitos de guante blanco y que, a la postre, son los más encarnizados, puesto que ahí es donde compiten los gobiernos, los lobbies, los grupos de presión mediática, o sea, los que se tarda en enchironar al culpable. El caso Volkswagen, curiosamente avivado en los Estados Unidos por el tramposo software instalado para burlar los controles medioambientales, sigue echando humo aunque Europa ha hecho la vista gorda y España no digamos.

Disfruten pues de la sesión y manténganse lo más lejos que puedan de los tribunales.

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La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, ha acordado la apertura de juicio oral contra el también magistrado Salvador AlbaSalvador Alba, miembro de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial (por presuntamente dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas), cohecho (soborno), falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

El auto en el que se acuerda el inicio de la fase de juicio oral del proceso sólo es susceptible de recurso en cuanto a la situación personal del acusado, que se encuentra en libertad. De este modo, el juez andaluz Salvador Alba tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados aunque por su condición de letrado podrá ocupar asiento junto a su abogado para evitar su ubicación física en el lugar donde se colocan los acusados, según informó el TSJC en un comunicado.

Además la magistrada instructora del proceso, que ha declarado abierta la última fase del proceso penal en primera instancia, también requiere al juez Alba para que en el plazo de 24 horas preste fianza por importe de 85.000 euros para satisfacer las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. En este sentido, avisa que de no prestarse esta caución, se le embargarán bienes hasta cubrir la suma indicada.

Los delitos por lo que está acusado Salvador Alba se encuentran relacionados con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell cuando era candidata al Congreso por Podemos.

Así, según la investigación, Alba prometió a Ramírez un supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell.

Por su parte, el Ministerio Fiscal avanza en su escrito de calificaciones provisionales que solicitará para el juez un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación.

En la causa también está personada Victoria Rosell en calidad de víctima, y como acusación particular su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares. Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público.

Por su parte, Salvador Alba sostiene, a través de su dirección legal, que es inocente de los cargos que se le imputan, por lo que pide su libre absolución. La fecha del juicio se señalará en los próximos meses.

El auto da cuenta de la situación en la que queda Salvador Alba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora podría iniciar el proceso para suspenderle cautelarmente en sus funciones como magistrado.

Por último, indican que en el caso de que, cuando se suspenda al magistrado de sus funciones, no esté terminada la redacción de la sentencia del llamado caso Faycán (del que Alba es a fecha de hoy ponente), la Sección Sexta de la Audiencia Provincial adoptará la resolución que proceda, evitando si es posible la repetición del juicio.

En un desayuno informativo de Forum Europa en Bilbao, Catalá ha señalado que la aplicación de las medidas del 155, que se ha hecho de forma "moderada", tenía el objetivo fundamental de "restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña".

Su pretensión, según ha especificado, ha sido la de garantizar "los derechos de los ciudadanos, que habían sido alterados en los últimos tiempos como consecuencia de unas decisiones del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat, que habían violentado derechos de una gran parte de la población mediante decisiones absurdas".

"Esa alteración del orden constitucional y estatutaria se ha producido, y las elecciones convocadas para el 21 de diciembre generarán un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno con las mayorías que se puedan conformar", ha añadido.

El ministro ha explicado que "el hecho de que pueda conformarse en el futuro un Gobierno de carácter independentista, no justifica ni motiva en absoluto la adopción de medidas tan importantes como las que conlleva el artículo 155 de la Constitución".

En esta línea, ha asegurado que este precepto de la Carta Magna no se establece porque haya un Gobierno independendista, sino "por las acciones que pueda adoptar de incumplimiento de sus obligaciones de la Constitución".

"Por tanto, este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo en el que el Gobierno de la nación ha destituido al Gobierno de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias, con el aval de la mayoría del Senado, finalizará cuando haya nuevas elecciones y se ponga en marcha el nuevo Gobierno. Ojalá ese Gobierno, tenga la composición que tenga, se comporte con la lealtad institucional y constitucional con la que históricamente se ha comportado el Gobierno de la Generalitat (hasta ahora)", ha indicado.

 Las coacciones para dificultar las investigaciones de casos de corrupción denunciadas esta semana por el fiscal superior cesado de Murcia, Manuel López Bernal, son sólo la punta del iceberg de una situación de malestar y preocupación instalada en distintos sectores de la judicatura desde hace tiempo. En ese mar de fondo se mezclan varios asuntos: las recientes críticas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a las fiscales del caso Púnica; los anunciados relevos en la cúpula del ministerio público o la frustada operación del PP para colocar al frente del Tribunal Constitucional al magistrado conservador Andrés Ollero.

Y al fondo aparece otra cuestión clave, la reforma del proceso penal que prepara el Gobierno y que, entre otras novedades, prevé limitar el plazo de instrucción estableciendo un límite de un año, salvo en causas justificadas; acotar la acusación popular; o atribuir la investigación de las causas penales a los fiscales. Todo ello, además, en un contexto de carencia de medios materiales y humanos, lo que también hace más difícil actuar de manera eficaz contra las tramas corruptas.

Distintas fuentes de la judicatura consultadas por infoLibre coinciden en que los últimos acontecimientos ponen de manifiesto los riesgos de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para dar la instrucción y la dirección de las investigaciones penales a los fiscales precisamente en un momento en el que la autonomía del ministerio fiscal respecto al poder ejecutivo parece estar más en entredicho que nunca. 

En el marco actual es casi una obviedad afirmar que el poder ejecutivo está muy presente en la fiscalía. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento del ministerio público, establece que el Gobierno es el encargado de elegir al fiscal general de Estado y que, además, puede dirigirse a él para pedirle que promueva actuaciones en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación en concreto.

"Según la ley, el ministerio fiscal se integra en el poder judicial con autonomía, no en el Ejecutivo. Pero eso no deja de ser una proclamación retórica. La realidad nos muestra que la fiscalía depende del Gobierno y que entre ambas instituciones hay una relación confidencial y poco transparente que, por tanto, no puede someterse al control por el poder legislativo que encarnan el Congreso y el Senado", explica Carlos Castresana, abogado y exfiscal anticorrupción.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, de carácter progresista, también entiende que tal y como está concebido hoy en día el ministerio fiscal "no está en condiciones de hacer una investigación con todas las garantías precisas". "La figura del fiscal investigador, bajo el control de un juez de garantías, nos acercaría al marco existente en otros países de nuestro entorno. Pero para poner en marcha esta reforma sería necesario potenciar la autonomía e imparcialidad de los fiscales, desvinculándolos de las dependencias que tienen del Ejecutivo", asevera. 

El ministerio público es una institución de carácter jerárquico en la que los fiscales de rango inferior tienen que atenerse a las directrices de sus superiores. Es decir, están sujetos al principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Esta singularidad se ha puesto de manifiesto de manera muy clara en las últimas semanas en una de las causas que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), la pieza de la separada del caso Púnica en esa comunidad. 

Las fiscales que llevan ese caso desde 2014, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, no pudieron actuar contra él a pesar de estar convencidas de que había elaborado, junto a otros supuestos miembros de la trama, un "plan criminal" para "desviar" a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro "fondos públicos" de la consejería autonómica de Educación, que dirigió entre abril de 2014 y julio de 2015. ¿La causa? Que sus superiores –empezando por el actual fiscal general de Estado, José Manuel Maza– no ven delito en estos hechos. En consecuencia, García Cerdá y Gálvez no pudieron acusar a Sánchez por imperativo jerárquico. 

A juicio de Castresana, acontecimientos como los recientes relevos en la cúpula del ministerio público o el caso concreto de las causas relativas al presidente murciano ratifican el "error" que supondría dejar la instrucción de los procesos penales en manos de los fiscales. "¿Hasta qué punto puede estar seguro el ciudadano de que la decisión que tome un fiscal de rango inferior no obedece a la orden que le viene del fiscal general del Estado que, a su vez, proviene del Ministerio de Justicia? Todo parece indicar que alguna influencia, en mayor o menor medida, hay", asegura. 

El relevo de Madrigal 

Margarita Robles, jueza en excedencia y diputada socialista en el Congreso, también califica de "muy preocupante" la reforma que prepara el Ejecutivo. "Conceptualmente podría ser interesante abordar un cambio normativo en este sentido porque la instrucción no es más que acumular información para la acusación. Pero sería un error en un marco en el que las decisiones de los fiscales de rango inferior tienen que tener el visto bueno de su fiscal jefe correspondiente y, en última instancia, del fiscal general del Estado, que es quien tiene la última palabra", asevera.

La parlamentaria, que fue secretaria de Estado de Interior y de Justicia en los años noventa, no duda en calificar de "igualmente terrible" la reforma cuando se le menciona que la propuesta que ahora baraja Rafael Catalá asume ideas de un texto elaborado por el PSOE en su última legislatura pero que no se llegó a aprobar por falta de tiempo. "Mientras no se modifique el estatuto del ministerio fiscal y éste no sea verdaderamente autónomo del poder ejecutivo, no es aceptable", sentencia.

Por otro lado, Robles señala el caso reciente de Consuelo Madrigal, a la que el Gobierno había prometido un mandato completo tras cumplir menos de dos años en el cargo desde la salida precipitada de Eduardo Torres-Dulce. "Es un tema muy grave. La renovación de Madrigal, que es una magistrada conservadora, estaba confirmado. Pero la apartaron cuando pidió autonomía para los nombramientos que finalmente se han hecho esta semana. En este contexto, que el Gobierno nos amenace con reformar la instrucción es muy grave", indica.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, confirman a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor, José Manuel Maza. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal. Las mismas fuentes destacan el hecho "prácticamente inédito" de que el nuevo fiscal general "ni siquiera ha argumentado o motivado" esos nombramientos ante el propio Consejo Fiscal, como siempre se ha hecho". Al parecer, Maza simplemente dijo que la próxima semana lo hará. 

En el entorno de Madrigal confirman que ella misma ha verbalizado su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabara costando el puesto. Dentro del propio Consejo Fiscal varios de sus miembros, como el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, considerado conservador, expresaron por ejemplo su desacuerdo con el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional, cuya valía no se cuestiona en los ambientes judiciales. 

Estos nombramientos y la no renovación de otras plazas supone, a juicio de Álvaro García, portavoz de la de la Unión Progresista de Fiscales, un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal. "Tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. El modelo de fiscalía al que nosotros aspiramos es el de una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía del poder ejecutivo", señala. El argumento que oficialmente se ha dado sobre algunos ceses (como el de Manuel López Bernal al frente de la fiscalía murciana) es el de que llevan más de diez años en el puesto. Sin embargo, desde el Consejo Fiscal se advierte que decenas de fiscales con más de diez años en sus plazas las mantienen porque no investigan casos de corrupción políticas o no resultan incómodos para el Gobierno 

La abogada y diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo recuerda también que la propuesta de reforma penal del Gobierno prevé limitar la acusación popular que, a su juicio, ha sido el gran medio por el que muchos procesos de corrupción han salido adelante. El proyecto que maneja el PP establece que no podrán practicarla las Administraciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos, y que tampoco podrá ejercerse en algunos tipos de delitos. 

Independencia judicial 

El exfiscal anticorrupción Carlos Castresana también pone el acento sobre la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que, según su parecer, "no está a la altura de las expectativas". Para ser realmente independientes algunos jueces tienen que asumir un coste personal y profesional muy alto… eso no debería ser así. El juez no debería tener que ser un héroe para ser independiente, sino que eso le debería venir garantizado por el Poder Judicial, que es el órgano que le tiene que apartar las presiones que, en un momento dado, le puedan hacer llegar las partes en un proceso", explica.

Todas estas cuestiones no ayudan a mejorar la pésima percepción sobre la independencia del poder judicial y la autonomía de la fiscalía respecto al poder ejecutivo. De hecho, un reciente informe de la Comisión Europea certificó que España es el sexto país de la UE donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, recuerda además que en ese sondeo más del 40% de los encuestados achacó esta carencia a las presiones políticas. "Debe haber un respeto institucional por parte del Ejecutivo, que debe abstenerse de tratar de interferir en la labor diaria del poder judicial o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de nombramientos, comisiones de servicio…", señala. 

La diputada Elizo no duda en encuadrar todas estas cuestiones dentro de un "diseño judicial" promovido por el partido conservador y "legitimado por el PSOE y por Ciudadanos" con el único objetivo de "controlar" la administración de justicia y en el que la independencia está cada vez más comprometida. "La sensación que queda en los ciudadanos es que cada vez hay menos confianza en el poder judicial", sentencia. 

Consciente quizá de que el PP de Madrid queda duramente tocado por la investigación abierta a los ayuntamientos de Valdemoro, Collado-Villalba, Móstoles y Torrejón de Velasco, Esperanza Aguirre intentó este lunes sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Dijo sobre Granados que ya había perdido su confianza en él "hace tiempo". Y que en "ningún momento" tuvo la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal.

"No tengan la menor duda de que si hubiera tenido alguna sospecha, la más mínima sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Justicia como he hecho siempre y como hice en el caso Gürtel", dijo la presidenta del PP madrileño. La realidad es que las sospechas sobre Granados se han ido acumulando desde el año 2006, y a pesar de ello Aguirre lo mantuvo como secretario general del partido hasta 2011. Y, pese a sus declaraciones, no consta que Aguirre haya puesto jamás un caso de corrupción en manos de la Justicia. 

En 2006, cuando se descubrió que la mujer de Francisco Granados conducía un coche que estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, el político ahora encarcelado era consejero de Presidencia. En los años sucesivos, Aguirre le amplió las atribuciones adjudicándole también las carteras de Interior (2007) y Justicia (2008). Mantuvo también el cargo de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, puesto en el que sustituyó a partir de noviembre de 2004 a Ricardo Romero de Tejada, hombre ligado a la deserción de dos diputados del PSOE tras las elecciones de 2003 que auparon a Aguirre a la presidencia de la Comunidad, el llamado Tamayazo. 

Tampoco fue apartado cuando en 2009 estalló la trama del espionaje y se descubrió que la misma inmobiliaria le estaba construyendo una mansión en el pueblo del que había sido alcalde entre 1999 y 2003. El 16 de junio de 2011 fue descartado para formar el nuevo equipo de Gobierno, pero Aguirre le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea –él la rechazó– y también le guardó uno de los cinco puestos en el Senado que correspondían a los conservadores madrileños. Granados no abandonó los dos cargos –diputado raso en la Asamblea y senador– hasta el 21 de febrero de 2014, después de que el diario El Mundo desvelara que tenía 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. 

El 19 de febrero se supo que Granados mantuvo abierta una cuenta en Suiza cuando ya estaba en política. La información apuntaba a que esto había ocurrido entre 1996 y 2000, años en los que fue sucesivamente concejal y alcalde de Valdemoro. La reacción de Aguirre por entonces fue la de exigirle la entrega de las actas en la Asamblea y en el Senado. Y el hombre que lo fue todo en sus gobiernos y en su partido accedió. Lo que no hizo ni se le exigió por entonces fue abandonar la presidencia del PP de Valdemoro y, por extensión, solicitar su baja en el partido. Ni él lo hizo ni nadie se lo pidió.

El partido no se encargó de informar por entonces. Pero fuentes del PP de Madrid aseguran que Granados renunció por carta a presidir el PP de Valdemoro el 21 de abril, dos meses después de conocerse la existencia de esa cuenta en Suiza que hizo que las autoridades tirasen de la manta dando origen a la Operación Púnica.

El Mini a nombre de una inmobiliaria

La primera de las evidencias del comportamiento sospechoso de Granados que Aguirre no vio se remonta a 2006. En octubre de ese año alguien incendió un coche modelo Mini Cooper descapotable que estaba aparcado en una de las plazas de garaje de la vivienda que Granados y su familia ocupaban en Valdemoro (71.000 habitantes). Nunca se supo si el coche se incendió de forma fortuita o si su calcinación fue intencionada, pero el incidente sí obligó al entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid a dar unas incómodas explicaciones. Aunque era su mujer, Nieves Alarcón, la que solía utilizarlo y su supuesta propietaria, en la documentación del coche incendiado no aparecía ni su nombre ni el de Granados. 

El vehículo estaba a nombre de una de las principales constructoras del municipio, Obras y Vías, con la que Alarcón no tenía ningún vínculo laboral ni societario. Según informó la revista Interviú, esta compañía estaba a nombre de Ramiro Cid Sicluna, el principal operador inmobiliario del municipio madrileño, y dueño a su vez varias firmas que se entrelazaban con empresas que tenían a David Marjaliza en su accionariado, amigo de la infancia del consejero Granados y también detenido en la operación Púnica. Ramiro Cid, por su parte, figura entre los imputados.

Granados explicó entonces a El País que su mujer había comprado el vehículo de segunda mano y que el hecho de que todavía no se hubiera hecho el cambio de titular era consecuencia del "retraso burocrático". No obstante, ese mismo periódico publicó después que la Dirección General de Tráfico no había recibido petición alguna de cambio de titularidad.

El 17 de julio de 2008 Alarcón fue nombrada consejera de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones. Allí representaba a la Comunidad, es decir, a la institución en la que su marido era consejero y que presidía Aguirre. Profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense, Alarcón percibía al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. 

La mansión del millón de euros

El nombre de Ramiro Cid Sicluna también está relacionado, al menos, con una vivienda del ex número dos de Aguirre. En febrero de 2009 el diario Público destapó que, por encargo de Granados, una promotora inmobiliaria estaba construyendo desde 2006 en Valdemoro una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados. Pues bien, la licencia de obras la había obtenido en 2006 una inmobiliaria que formaba parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón. Aunque no estaba a su nombre, la mujer de Granados visitaba de forma asidua las obras. 

A la oposición no le cuadraba que una promotora optara por construir en Valdemoro –ciudad de la que Granados había sido alcalde entre 1999 y 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento le permitía levantar otros tantos chalés estándar. El PSOE dio entonces un plazo de 24 horas para que Granados hiciera público su patrimonio y explicara cómo lo había obtenido. El entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondió con un escrito de dos folios en el que admitía tener un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. También declaró que en 2007 había comprado una vivienda por 450.760 euros de los que todavía debía 330.000 euros. En cualquier caso, dijo que "todas" sus adquisiciones se había realizado "sin ningún trato de favor".

Pero las cuentas de la mansión siguieron sin cuadrar. El coste del proyecto (incluyendo el proyecto de ejecución, los equipamientos de lujo o los honorarios del arquitecto) ya superaba en 2006 el millón de euros que, según Granados, le pidió la promotora para construirla. Alcanzaba los 1.036.713 euros, según la información revelada por Público.

No obstante, cargos del PP salieron entonces a defender a Granados. El entonces portavoz conservador en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que el chalet en cuestión no era "propiedad" de Granados ni existía "ningún vínculo para su adquisición" por lo que consideró que "sería el colmo venir a dar explicaciones sobre una propiedad que no le pertenece a Granados". Asimismo, acusó al PSOE de de divulgar “ignominias”.

La trama del espionaje 

El caso de los seguimientos a políticos del PP de Esperanza Aguirre tiene a Francisco Granados como uno de sus protagonistas. Aunque no el único. Siendo él consejero de Interior estalló una trama de espionaje en la que intervenían antiguos agentes de la policía y de la Guardia Civil a sueldo del Gobierno autonómico. Él era, por lo tanto, el jefe orgánico de los supuestos espías imputados.

En enero de 2009, El País publicó que en la Comunidad de Madrid se habían hecho trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcaban desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas. Entre ellos supuestamente se sometió a seguimiento al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada.

Desde que se abrieron las diligencias, en 2009, a instancias de una denuncia presentada Cobo a la que se unió Prada, dos veces la jueza Carmen Valcarce ha intentado dar carpetazo a la investigación con el razonamiento de que es imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos. Pero la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura en sendas ocasiones. Los denunciantes, entre los que está el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar y que, por lo tanto, hubo malversación de fondos públicos. 

El pasado 16 de septiembre la jueza llamó a declarar como testigo a Granados para que explicara una serie de reuniones en las que los guardias civiles imputados en el proceso le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos. El ahora presidente Ignacio González siempre ha sostenido que Granados organizó una trama para espiarle. Sin embargo, uno de los espías imputados, el guardia civil José Oreja, envió el pasado enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Aguirre. El asunto todavía se investiga en los tribunales. 

Menos recorrido tuvo la investigación política. A raíz de las informaciones publicadas, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero de 2009 una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron siete días después, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo de ese mismo año la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de cualquier responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a la presidenta madrileña como "máxima" responsable y exigían el cese del consejero Francisco Granados. Aguirre lo mantuvo a su lado.

En todas las legislaturas siempre se queda un espejo retrovisor, que mira hacia el pasado y lo recuerda. Y es así porque el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Carta Magna, suele resolver a toro pasado, cuando esas leyes que fueron recurridas ya no están en la refriega política cotidiana y casi cayeron en el olvido o incluso cuando quien ocupa la Moncloa no es el mismo partido que las aprobó. Pasó, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, que el TC validó en 2012, con Mariano Rajoy de presidente y siete años después de que el PP impugnara la ley. Y probablemente pase con la Ley del Aborto de 2010, que los conservadores recurrieron, para la que aún no hay sentencia... y quizá llegue cuando esté en marcha la contrarreforma de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Y ocurre porque los dos grandes partidos tienden a utilizar el TC como una suerte de tercera Cámaratercera Cámara, como el último instrumento a su alcance para protestar contra las normas del Ejecutivo. Cada uno lo defiende con sus argumentos, pero lo cierto es que la llamada al Alto Tribunal es frecuente cada legislatura, y ahí están los números. El PP, por ejemplo, presentó al menos 15 recursos contra normas aprobadas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, y en algunas ocasiones fueron derrotados: contra la derogación del trasvase del Ebro, las bodas gays, la Ley de Igualdad, la reforma de la Ley Orgánica del TC, la Ley del Suelo, la modificación del Reglamento del Senado, la Ley del Aborto o varias leyes de Presupuestos. A esa cifra habría que sumar las iniciativas contra decisiones de gobiernos autonómicos, como el Estatut o contra la ley que prohíbe los toros en Cataluña. Los socialistas, desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, han registrado 14 recursos de inconstitucionalidad contra normas del Ejecutivo central, más otros diez contra leyes autonómicas del PP. 24 en total, según la relación actualizada del partido. Y anuncia más contra leyes en cocina: la reforma local, la ley Wert o la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El PSOE, en su época en el poder, se quejó del "uso abusivo" que los conservadores hacían del TC, como un mecanismo para bloquear las leyes estrellas de Zapatero. Así en el debate electoral a cinco en TVE previo a las elecciones generales del 20-N, las que ganó Rajoy, le decía Ramón Jáuregui a Gallardón: "No es posible, Alberto, que sigáis presentando recursos al Tribunal Constitucional. A la ley de igualdad, la del matrimonio homosexual, la del aborto... El avance moral y cívico que ha hecho este Gobierno no puede volver atrás con un Gobierno del PP". El propio Zapatero acusó al PP en 2010 de llevar al PP "lo que pierde, siempre, políticamente por las mayorías parlamentarias o por la mayoría social". Y su ministra de Igualdad, Bibiana Aído, también clamó contra el torpedeo de Rajoy a las leyes que suponían "avances". Los conservadores acababan de impugnar la Ley del Aborto. El partido de Rajoy, mientras, alegó que trasladarían al Alto Tribunal todo aquello que tuviera trazas de inconstitucionalidad. 

"Peor oposición de Europa"

Ahora las tornas han cambiado. El PP, en un argumentario distribuido el pasado 7 de noviembre a sus cargos públicos y militantes, en vísperas de la Conferencia Política del PSOE, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba de liderar "la peor oposición de Europa". "La política del PSOE se basa en bloquear el bienestar de los ciudadanos y recurrir las reformas de la recuperación", escribía. El secretario general del PSOE "se sitúa en el no permanente y recurre ante el Constitucional las soluciones a la situación que él mismo dejó". Y remachaba: "El PSOE ha llegado a un punto de bloqueo en el que anuncia recursos al TC incluso antes de que se presenten las medidas".

Los socialistas lo ven desde una óptica diametralmente opuesta. "La Constitución se defiende andando, día, no envolviéndose en la bandera, como hace el PP. Nosotros tenemos la obligación de defenderla frente a los ataques del PP", prologa la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. El PSOE sostiene que Rajoy legisla "vulnerando la Constitución" y, "lo peor es que lo hace a sabiendas, consciente de que buena parte de sus leyes son contrarias a la Constitución". Para el partido de Rubalcaba, el problema es que el Gobierno, con sus recortes sociales, está "cambiando el modelo", afectando "al hueso, a la Ley Fundamental", haciendo "estructural la desigualdad", dinamitando los "consensos básicos labrados en democracia".

Rodríguez pone además dos ejemplos que están por venir: la Ley de Servicios Mínimos que anunció este jueves el presidente en RNE, o la reforma de las pensiones, para la que ha hecho "saltar por los aires el Pacto de Toledo". "No se dan cuenta de que un partido solo no puede hacer todos esos cambios profundos, por mucha mayoría absoluta que tenga. Ese es el gran error de Rajoy: pensar que con sus 185 diputados puede cambiar estructuras básicas del Estado. No lo hizo ni José María Aznar, ni tampoco Felipe González en 1982, pese a que tenía una mayoría absoluta aún más amplia. Entonces se acordó que había cuestiones a las que una sola fuerza no podía meter mano. Por eso estamos yendo al TC, para salvar lo construido en estos años", insiste la portavoz, en declaraciones a infoLibre.

La necesidad de controlar la institución

Marcelino Iglesias, su homólogo en el Senado, coincide: "La presentación de recursos en el TC es el único mecanismo de defensa al que podemos recurrir para que el Gobierno no sobrepase determinadas líneas rojas en su gestión política. Estamos hablando de un Ejecutivo que no tiene ninguna intención de pactar absolutamente nada y que se limita a imponer sus políticas. La alternativa jurídica del TC es la única respuesta posible a la política del PP y a su utilización espuria de la mayoría absoluta en el Parlamento. Los populares se han olvidado de consensuar las leyes y aprueban reformas trascendentales sin aceptar una sola enmienda".

La importancia del TC como epílogo de las batallas políticas explica la lucha por su control, en la que el PP es especialmente experto. Valga este dato: Rajoy ha sido el presidente que más rápido ha logrado una mayoría favorable, menos de 18 meses, frente a los cinco, seis y siete años que tardaron González, Aznar y Zapatero. Y hoy el Alto Tribunal tiene al frente a Francisco Pérez de los Cobos, afiado al PP, como mínimo hasta 2011. ¿No predispone la composición el signo de las sentencias? "No podemos dejar de recurrir al TC por el perfil de sus integrantes, porque no podemos dejar de defender la Constitución. Hay que apelar a la profesionalidad de los magistrados, aunque el golpe que el PP que ha asestado a la institución con un presidente militante es muy fuerte", responde Rodríguez, quien se muestra confiada con que, a la vuelta de los años, la Justicia dará la razón a su partido. "Quienes hoy cuentan número de recursos tendrán que contar luego número de derrotas", sentencia. 

¿Judicialización de la política?

El riesgo que siempre se menciona es la judicialización de la política, empantanar las leyes en un largo proceso que acaba dividiendo al TC y evidenciando sus dos bloques, progresista y conservador, como ocurrió, de forma paradigmática, con el Estatut o con el matrimonio homosexual. La portavoz socialista en el Congreso no lo ve así: "No, no creo que haya ese peligro. El Gobierno utiliza su mayoría para cambiar el modelo y estallar los consensos y nosotros tenemos que usar todos los recursos a nuestro alcance para frenarlo". 

Los 24 recursos del PSOE presentados contra Gobiernos del PP se dividen en dos bloques: los 14 contra leyes del Ejecutivo de Rajoy, firmados por 50 diputados del Congreso (y a veces por más grupos), los 9 contra normas autonómicas aprobadas también por los conservadores, suscritos por senadores socialistas (y, en una ocasión, con el concurso de IU), y un caso particular: uno contra una ley regional canalizado a través del Congreso. Todas las iniciativas han sido admitidas a trámite por el TC, salvo la que protesta por la imposición de un nuevo equipo directivo en Canal 9, que se presentó hace poco más de una semana. Y todas están pendientes de sentencia excepto una, la que se refería a la supresión de la exigencia del catalán en las oposiciones en Baleares. Las 15 impugnaciones registradas por el Grupo Socialista en el Congreso son las siguientes:

Gana la Comunidad de Madrid

El Grupo Socialista del Senado, por su parte, ha presentado estos nueve recursos en lo que va de legislatura, todos contra leyes autonómicas aprobadas por Ejecutivos del PP, en su mayoría el de la Comunidad de Madrid. Todos han sido admitidos a trámite por el TC, y uno de ellos, el relativo al uso del catalán en Balears, fue desestimado recientemente: 

La palabra ya es del TC. Y cuando hable, un partido u otro, PSOE o PP, podrá proclamarse ganador o perdedor. Aunque la victoria o derrota llegue tarde. A toro pasado.