El acuerdo alcanzado este fin de semana por las siete potencias económicas del mundo, el llamado G7 –Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón– es “histórico”, tal y como han proclamado todos sus protagonistas, porque es la primera vez que se ha pactado un impuesto mínimo global para los beneficios corporativos. También porque desatasca casi una década de negociaciones en el seno de la OCDE para adaptar la fiscalidad al siglo XXI digital. Un paso que sólo ha sido posible tras el empujón que le ha propinado Joe Biden apoyando el tipo del 15% que deberán pagar a las arcas públicas mundiales las mayores compañías. Sin olvidar que también la pandemia, o más bien el descomunal aumento del gasto público al que se han visto obligados todos los Estados para preservar la salud de la población y mantener con vida la economía, ha hecho de la necesidad virtud.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea precisan ingentes recursos para financiar sus respectivos planes de recuperación. Biden ha presentado un presupuesto de seis billones de dólares, pero ya antes había puesto encima de la mesa un plan de dos billones para infraestructuras que llegó después de otro paquete de estímulos poscovid de dos billones más, mientras que Bruselas ha comprometido 750.000 millones de euros en su propio Plan de Recuperación.

Cifras mareantes que sólo se pueden sufragar subiendo los impuestos. A los estadounidenses más ricos –dos puntos y medio en el IRPF de quienes ganen más de 400.000 dólares al año y 19,6 puntos en los rendimientos de capital para quienes ingresen más de un millón de dólares vendiendo acciones o bonos, por ejemplo– y a las grandes empresas, aumentándoles el tipo de sociedades del 21% al 28% por lo que ganen dentro del país. La Unión Europea lleva ya tiempo poniendo en el punto de mira a las compañías digitales, a las que Francia y España ya gravan con la tasa Google.

De forma que a ambos lados del Atlántico se ha despertado una necesidad, incluso una urgencia, común. Que aún falta por detallar. Esta misma semana se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno del G7, tras la foto de este fin de semana de sus ministros de Economía en Londres. Pero hasta que se vean los ministros y gobernadores de bancos centrales del G20 en Venecia el 9 de julio, el acuerdo no quedará completado.

De momento, sólo se ha hecho público el tipo mínimo del 15% y que se aplicará a las “mayores y más rentables multinacionales” cuyo margen de beneficio supere el 10%. Los países donde esas compañías generen sus ventas tendrán derecho a gravar el 20% de las ganancias que obtengan. Hasta ahora, se dedicaban a desplazar sus beneficios de los territorios donde se generan hasta aquellas jurisdicciones con el nivel de tributación más bajo. Aún se desconoce qué empresas serán ésas, si el 15% será un tope máximo o un mínimo aumentable o qué va a ocurrir con las tasas Google ya en vigor en Francia y España, aunque el comunicado del G7 avanza que se “coordinará adecuadamente” la aplicación de esta nueva fiscalidad internacional y la “supresión de todos los impuestos sobre servicios digitales y otras medidas similares pertinentes, en todas las empresas”. En otras palabras, puede tener los días contados.

Así que, pese a la importancia del avance, surgen las primeras sospechas y las primeras críticas. De hecho, los mensajes de decepción son la nota dominante entre las organizaciones defensoras de la justicia fiscal: el acuerdo apunta a reformas clave –impuesto de sociedades mínimo global y pago en los países en los que se opera–, pero es cicatero con los países ajenos a las grandes potencias, ambiguo y de dudosa aplicación.

Ganan los países ricos, no aporta nada a los pobres

“No es ambicioso, las medidas sugeridas no son justas y existe un alto riesgo de que conduzcan a un sistema fiscal más complejo e ineficaz”, resume Tove María Ryding, coordinadora de Impuestos de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad).

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, rebaja el acuerdo a una “declaración de apoyo político”, pendiente del Marco Inclusivo de la OCDE, que busca el sí de 139 países, y del G20. Ruiz afirma que, si la OCDE mantiene la línea llevada hasta ahora, el mínimo global del 15% no será obligatorio. Lo previsto, señala, es que los países que sí lo cumplan, previsiblemente todos los del G20, obliguen a las compañías que tienen la matriz en su territorio, de forma que, si pagan menos de un 15% en alguna jurisdicción a la que trasladan sus beneficios, será el país donde se halla la matriz la que cobre la diferencia hasta el 15%. Es decir, ganarán los países con más multinacionales, dice.

La responsable de Oxfam no resta impacto a la medida, pero limita sus beneficiarios. “Si Estados Unidos firma el acuerdo, y pongamos que una multinacional estadounidense opera en Irlanda con un tipo efectivo del 5%, la administración tributaria de Estados Unidos le va a gravar la diferencia [hasta el 15%]”, explica. Con ello se debilita o desaparece el incentivo de la compañía a acudir a Irlanda, por lo que también Irlanda –incluso si no aplica el 15% de mínimo, ahora su tipo es del 12,5%, el menor de la UE– acabaría por verse previsiblemente afectada. “Se supone que Irlanda acabará cambiando su diseño tributario”, apunta Ruiz, aunque eso no quiere decir que sea “obligatorio”.

Ahora bien, mientras para Estados Unidos el acuerdo es bueno, ¿cómo será para terceros países? “Supongamos que Argentina pierde impuestos porque una compañía los traslada a Irlanda. Argentina no va a recuperar esa diferencia, sino que la recupera Estados Unidos”, precisa Ruiz, por ser el país donde tiene la matriz. A su juicio, el acuerdo es una “muy mala noticia para los paraísos fiscales del 0%, una muy buena noticia para Estados Unidos” paraísos fiscalesy una noticia que “no aporta nada” a los países pobres. Además, consagra las “prácticas monopolísticas” en las grandes empresas. “No hay voluntad de que cada país pueda retener los impuestos. Sólo protege los intereses de los países ricos”, advierte.

La segunda pata del acuerdo implica que las multinacionales paguen allí donde generan sus beneficios. Susana Ruiz pone como ejemplo una empresa de intermediación entre conductores y usuarios, que podría ser –Ruiz prefiere no dar ejemplos concretos– Uber. “Los países en los que opera la empresa podrán gravar el 20% de los beneficios. Es decir, a lo que se calcule que le toque a España de ese 20%, habrá que aplicarle el 25% que se aplica aquí al impuesto de sociedades. Se va cortando el queso en lonchitas tan pequeñas que la última es casi invisible”, critica. La medida hubiera tenido un impacto importante con un porcentaje mayor, pero el 20% es escaso, subraya.

A la responsable de Oxfam le preocupa también el filtro del 10% en el margen de beneficio. Un porcentaje que puede dejar fuera a compañías como Amazon, que no superó el 6,3% en 2020. Así lo consideran también expertos consultados por The Guardian. “Basándonos en el comunicado, Amazon no está dentro”, explica al diario británico Paul Monaghan, director ejecutivo de la Fair Tax Foundation. Hay un segundo filtro, sobre el que Ruiz llama la atención: los 750 millones de facturación exigidos como requisito para acogerse a las medidas. Esta cifra ha sido manejada por la OCDE durante las negociaciones [ver aquí, en el punto 35], pero no aparece en el documento del G7. ¿Se mantendrá? Susana Ruiz es escéptica sobre el listado final de empresas afectadas, si lo hay. En cualquier caso, la responsable de Oxfam advierte del limitado impacto para España, debido a los “listones bajos” colocados por el G7. España sí se beneficiará, recalca, de la actividad exterior de sus multinacionales. Ahora bien, a cambio es previsible que tenga que ceder la tasa Google, en vigor desde enero. Ruiz duda que a España le compense.

“Una cortina de humo”

Tax Justice Network ha recibido el acuerdo del G7 como un jarro de agua fría. Alex Cobham, director general de Tax Justice Network. hace este análisis: “El G7 ha decidido trasladar por fin el sistema fiscal internacional al siglo XXI, pero sólo lo suficiente para beneficiarse descaradamente sólo a ellos mismos”. “Pocas veces se presenta la oportunidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de un solo golpe, pero cuando la historia ha llamado hoy a la puerta, los líderes de los países más ricos del mundo le han dado la espalda”, añade Cobham, para quien el 15% queda lejos del objetivo deseable, el 25%. El director de Tax Justice Network afirma que debe ser la ONU el organismo que lidere el cambio.

“Un tipo impositivo mínimo del 15% en todo el mundo sólo significará que, en lugar de correr hacia abajo, los tipos impositivos de las empresas del mundo correrán hacia el mínimo. [...] Además, todavía tenemos que ver si este tipo mínimo será realmente efectivo. Eso depende de cómo se diseñen las normas”, señala por su parte Tove María Ryding. Coincide con Ruiz y Cobham en que el acuerdo es negativo para los países pobres. “Sólo refleja los intereses de los países más grandes y ricos del mundo. El acuerdo del G7 sugiere un enfoque que daría lugar a ingresos fiscales para los países que albergan las sedes de las empresas multinacionales, así como grandes cantidades de consumidores. Esto sería profundamente problemático para los países más pobres del mundo, que no tienen muchas sedes de empresas o consumidores, pero en cambio, por ejemplo, tienen muchos empleados”, acusa la coordinadora de Eurodad, quien también pide una negociación liderada por la ONU. Lo que puede ocurrir con el nuevo esquema es que la recaudación se traslade de los paraísos fiscales… a los países ricos. “Seguiremos teniendo un gran problema: que las normas fiscales mundiales no garantizan que los países más pobres, los más necesitados de ingresos, puedan gravar efectivamente a las empresas multinacionales”, concluye.

A Ricardo García Zaldívar, miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de Attac, la “reforma del sistema fiscal global” le recuerda a la “refundación del capitalismo” que algún líder europeo prometió tras la caída de Lehman Brothers. A su juicio, la nueva era fiscal no deja de ser “una cortina de humo”. García Zaldívar, curtido ya en muchos trienios de debate fiscal, afirma que lo más importante es la pedagogía. Antes de prohibir, sostiene, “hay que criminalizar socialmente”. Y este acuerdo, aunque va en la buena dirección, es “ambiguo” y no aporta gran cosa en esa línea, opina. García Zaldívar cree que ha habido pasos más significativos que el dado por el G7, pero han pasado más desapercibidos. Dos ejemplos: a escala europea, las nuevas obligaciones de transparencia impuestas por la UE a las multinacionales –los informes país por país recién aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo–; en España, el impuesto de transacciones financieras, o tasa Tobin, pese a que, a su juicio “se queda corto”.

“Improbable que aumente la recaudación en la UE a corto plazo”

Pero no hace falta salir de la Unión Europea para encontrar reparos. Apenas tres días antes del anuncio en Londres, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presentaba en sociedad el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por Gabriel Zucman, economista experto en paraísos fiscales y profesor de la Universidad de Berkeley, en California. Su primer informe calcula cuántos impuestos recaudarían los Estados miembros si existiera un tipo mínimo mundial del 15%, del 21%, del 25% y del 30%. Y construye una simulación de cantidades en tres supuestos: si existiera un acuerdo global como el que parece que se está fraguando, si sólo la UE aplicara el tipo mínimo de sociedades o si no hubiera más que un país –o grupo de países– que se atreviera.

Las conclusiones de Zucman y los coautores, Mona Barake, Theresa Neef y Paul-Emmanuel Chouc, apuntan a un tipo del 25% como una “tasa relativamente modesta”, que permitiría a la UE aumentar en un 50% su recaudación, unos 167.800 millones de euros, o un 1,2% del PIB comunitario, en caso de que se aplicara un acuerdo global. Con un 21%, la UE ingresaría 98.000 millones más. Pero si aplicara el 15%, el tipo que ha anunciado el G7, el aumento de la recaudación sería de sólo 48.300 millones. Una tasa tan baja, resalta el informe, “es improbable que aumente de forma significativa la recaudación en la Unión Europea a corto plazo”. Aunque también puede “allanar el camino hacia un tipo más alto en el futuro”, concede.

Si el acuerdo para imponer un tipo mínimo del 25% lo aplicaran únicamente los Estados miembros de la UE, la mejora de la recaudación sería superior, 214.500 millones de euros: 167.800 millones procederían de la tributación de las multinacionales de matriz europea y los 46.700 millones restantes del 20% del déficit fiscal –la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que debería pagar hasta el 25% del tipo mínimo– de las multinacionales de fuera de la UE. De esa cantidad, 12.300 millones procederían de compañías estadounidenses.

Por tanto, dice el informe de Zucman y sus colegas, la Unión Europea consigue un potencial recaudatorio mucho mayor subiendo los impuestos de sus propias multinacionales antes que de las estadounidenses, por ejemplo. A su juicio, es “esencial” que la UE “controle” sus propias multinacionales.

Según sus cálculos, España aumentaría su recaudación en 700 millones de euros con un tipo del 15%. Si se aplicara un 21%, el alza sería de 5.400 millones. Y, de llegar al 25% propuesto por los autores del informe, los ingresos fiscales llegarían a 12.400 millones de euros. España sería el quinto país de la UE más beneficiado en caso de imponer ese tipo mayor. Aumentaría un 43,7% su recaudación respecto de la actual. Esa cifra equivale al 11% del gasto público español en sanidad.

Para hacerse una idea del volumen de ingresos que supone gravar a las multinacionales con esos tipos mejorados, puede bastar la cifra que el Gobierno tiene previsto recaudar con la tasa Google: sólo 968 millones de euros. En todo caso, si finalmente esa tasa se suprimiera para cambiarla por sólo el 15% de tipo mínimo –700 millones, recuérdese–, España perdería 268 millones de ingresos fiscales.

Los países más beneficiados de una tasa del 25% serían Alemania –29.100 millones– y Francia –26.100 millones–. Aunque porcentualmente, los que más aumentarían su recaudación serían Luxemburgo –un 282,3%– e Irlanda –167,9%–, debido a los bajos tipos impositivos que aplican a las multinacionales.

Los déficit fiscales de ACS, Iberdrola, Teléfonica y Santander

El informe también calcula el déficit fiscal de algunas de las mayores multinacionales europeas. Y entre ellas hay algunas españolas. La que mayor déficit fiscal tiene es ACS, que debería pagar un 354% más de lo que tributa actualmente, 60,4 millones de euros. Con un tipo del 25% –ése es el tipo nominal del impuesto de sociedades en España, pero el efectivo es mucho menor–, debería pagar a Hacienda 217,8 millones de euros. Telefónica tendría que ingresar en Hacienda 409,7 millones más, un alza del 70,3%. Iberdrola tiene un déficit de 488,3 millones de euros, pero en términos relativos debería aumentar sus pagos al fisco un 59,7%. El de Repsol asciende a 133,2 millones, un 13,8%.

La multinacional europea con mayor déficit fiscal es la holandesa Shell, 2.894 millones de euros, seguida de la aseguradora alemana Allianz, con 894 millones.

Por lo que se refiere a los bancos, igualmente incluidos en el estudio, el Sabadell es el que mayor déficit fiscal tiene, un 45,2%. Sin embargo, en cifras absolutas, el Santander encabeza la lista, porque debería pagar 687,93 millones de euros más a Hacienda de lo que tributa ahora para alcanzar el tipo del 25%. El BBVA tendría que subir su tributación en 205,72 millones, un 11,2%. Por el contrario, la recién desaparecida Bankia no tiene déficit fiscal alguno. Los 502,1 millones de euros pagados en 2019 equivalen a un gravamen del 25%.

Los gigantes digitales, a gusto con el acuerdo multilateral

También despierta recelos el hecho de que las multinacionales señaladas por este giro en la fiscalidad hayan aplaudido el anuncio de Londres. Facebook no ha dudado en dar la “bienvenida” a lo que ha calificado de “importante avance” en el G7. “Facebook quiere que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconoce que ello podría implicar que pague más impuestos en diferentes lugares”, ha adelantado Nick Clegg, vicepresidente para asuntos globales de la red social y ex viceprimer ministro británico.

Por su parte, Google ha expresado su “fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales”. Amazon también ha respaldado en términos similares “el proceso dirigido por la OCDE”, porque cree que “una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional”. “El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por alcanzar este objetivo. Esperamos que las discusiones sigan avanzando con el G20 y la alianza del Marco Inclusivo”. Quizá, si desaparecen las tasas Google aplicadas por algunos países y el tipo se queda en un 15%, los gigantes digitales se encontrarán cómodos en el nuevo sistema tributario mundial. En un primer momento, Joe Biden anunció un tipo mínimo del 21%, que luego ha rebajado. Francia, por el contrario, según ha manifestado su ministro de Economía, Bruno Le Maire, quiere seguir presionando para aumentar ese 15%. “Es un compromiso. Luchamos para que se añadiera en el comunicado final ‘al menos un 15%’ y en las próximas semanas vamos a seguir peleando, en particular con Alemania, para que la tasa sea lo más elevada posible”.

Los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, entran en vigor este sábado, 16 de enero, con la previsión del Gobierno de que aporten a las arcas públicas unos 1.800 millones de euros.

En concreto, con la tasa Tobin, de carácter "transitorio" hasta que acuerde un gravamen internacional el G-20, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

Se retrasa su liquidación: abril la tasa Tobin y julio la Google Tobin Google

A pesar de su entrada en vigor este sábado, el Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar las fechas para la presentación de las liquidaciones de los nuevos impuestos, según indicaron a Europa Press en fuentes de este departamento.

El retraso de las fechas se debe, según las mismas fuentes, a la necesidad de ampliar el plazo de implantación de estas nuevas figuras tributarias y para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales, algo que no afecta ni a su entrada en vigor ni a los ingresos esperados, que Hacienda cifra en unos 1.800 millones por ambos tributos.

Asimismo, es necesario contar antes con la publicación de los reglamentos de ambos impuestos, que el Ministerio de Hacienda espera aprobar próximamente.

En concreto, la liquidación del impuesto a las transacciones financieras o tasa Tobin, que será mensual, estaba previsto que comenzara el próximo 22 de febrero sobre las actividades del mes de enero y así sucesivamente hasta finalizar el ejercicio, en torno al día 20 de cada mes.

Sin embargo, Hacienda ha retrasado las primeras liquidaciones y ahora el nuevo plazo se ha fijado entre el 10 y el 20 de abril para las actividades del mes de enero, febrero y marzo, es decir, se agrupa la liquidación de los primeros tres meses.

A partir de ahí, la liquidación será mensual y se deberá presentar entre los días 10 y 20 de cada mes respecto al mes inmediatamente anterior.

Algo similar ha sucedido con el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, cuya primera presentación se iba a realizar el 30 de abril respecto a las actividades del primer trimestre, dado que en este caso la liquidación es trimestral.

Ahora, con el nuevo calendario previsto por Hacienda, la primera presentación del impuesto se realizará en julio respecto al negocio generado en el primer semestre, de tal manera que se agrupan los dos primeros trimestres. Después, la liquidación se realizará de manera trimestral.

56 cotizadas tributarán por la tasa Tobintasa Tobin

La Agencia Tributaria publicó una lista de sociedades españolas cuyas acciones presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros a fecha del pasado 16 de diciembre, ya que hasta la entrada en vigor de la ley de la tasa Tobin se estableció que se tomaría como referencia las compañías cuya capitalización presentase un mes antes un valor de mercado superior a esa cifra.

A esa fecha, un total de 56 sociedades españolas tenían acciones con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, estando a la cabeza Inditex (82.778 millones), Iberdrola (71.501 millones) y Banco Santander (46.455 millones), junto a BBVA (27.044 millones), Amadeus (26.579 millones), Cellnex (24.578 millones) y Endesa (23.832 millones).

Les siguen Aena, Siemens Gamesa, Naturgy, Telefónica, FerrovialNaturgy, la filial española de EDP Renovaveis, Grifols, CaixaBank, Repsol, Red Eléctrica, IAG, ACS, Acciona, Enagás, Mapfre, Bankia, Colonial, Bankinter, Fluidra, Merlin Properties, FCC, Grupo Catalana Occidente, Ebro Foods, Viscofan, Zardoya Otis, Vidrala, Solaria Energía y Medio Ambiente, CIE Automotive o Acerinox.

También gravará la tasa Tobin a la compra de accionesTobin de Corporación Financiera Alba, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Logista, Gestamp Automoción, Banco Sabadell, Almirall, Euskaltel, NH Hotel Group, PharmaMar, Prosegur, Mediaset, Amrest Holdings, Prosegur Cash, CAF, Meliá Hotels International, Sacyr, Applus Services, Indra, Unicaja y Faes Farma.

A la espera del G-20 para el impuesto digital 

Respecto a la tasa Google, el Gobierno asegura que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido pese al rechazo de la oposición por no esperar a la solución internacional y en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia, que suspendió la aplicación del tributo en aras a la negociación de una figura internacional, pero que ya ha anunciado que va a reimplantar ante la falta de acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa GoogleGoogle en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

La entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado con el nuevo año pone en marcha la subida de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones, así como otras alzas del IRPF y el IVA. Por el contrario, 2021 traerá la bajada de algunos peajes de autopista, de los precios de la vivienda y las hipotecas con un euríbor en mínimos históricos, así como de los alquileres, y quizá del recibo de luz.

SALARIOS Y PENSIONES

Los salarios de los 3,3 millones de empleados públicos subirán este año un 0,9%, por debajo del alza fijada en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó en 2018 a tres años vista –hasta un 2,3%–. Los sindicatos de funcionarios se quejan de que han perdido más de un 13% de poder adquisitivo desde que se les congelaran y recortaran sus sueldos a partir de 2010.

También mejorarán un 0,9% las pensiones contributivas, que cobran 8,86 millones de personas. Entre dos y 11 euros. Ese 0,9% es el aumento que las previsiones del Gobierno conceden a la inflación este año, después de que 2020 terminara con un IPC negativo del 0,5%. La pensión mínima quedará fijada en 689,7 euros –en 14 pagas–, mientras que la máxima se eleva a 2.707,49. La mínima de viudedad sube entre 4,7 y 7,2 euros. Las pensiones no contributivas, que perciben 445.878 personas, subirán un 1,8%, el doble. Y el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que se utiliza para calcular las becas y los subsidios, aumenta un 5%, hasta los 564,9 euros mensuales, después de cuatro años congelado. En 2017 subió un 1% tras haber permanecido inalterado los siete años anteriores.

Lo que no subirá de momento este año es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que permanecerá en 950 euros mensuales en 14 pagas a la espera de que patronal, sindicatos y Gobierno alcancen el acuerdo que no fue posible el pasado mes de diciembre. En 2020 creció un 5,5% y el Gobierno mantiene su compromiso de que su cuantía alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura. La retribución de unos dos millones de trabajadores depende de esta decisión.

El resto de los salarios queda también a la espera de que se reúnan patronal y sindicatos para renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva que expiró el año pasado. La pandemia redujo al mínimo la renovación de convenios colectivos en las empresas y los sectores: en 2020 sólo se firmaron y registraron 547 convenios, casi cuatro veces menos que en 2019. Y la subida media establecida en ellos fue del 1,89%, por debajo del 2,25% acordado un año antes. La prolongación de la crisis causada por el virus ensombrece las posibilidades de mejora de las retribuciones.

subida de PRECIOS

El 1 de abril entrará en vigor el nuevo recibo de la luz diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye la discriminación horaria en todos los peajes, simplificando los periodos horarios. Si se aprueba la iniciativa del Gobierno para eliminar del recibo los costes de las primas a las renovables, la cogeneración y los residuos –que empezarán a pagar las empresas suministradoras–, la factura eléctrica puede reducirse en un 13% en cinco años.

Por el contrario, el gas natural subirá un 5,97% de media si se cobra mediante la Tarifa de Último Recurso (TUR). La bombona de butano costará 12,68 euros, un 4,9% más.

La gasolina y el gasóleo han vuelto a subir: 1,069 euros de media cuesta el litro de gasóleo y 1,184 euros el de gasolina. El precio del barril de Brent terminó el año por encima de los 50 euros, una quinta parte menos que al acabar 2019, pero más del doble de lo que se cotizaba el pasado mes de abril.

Los peajes, en cambio, bajarán un 0,11% en las autopistas dependientes del Estado. Además, se levantará el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y los de dos tramos de la AP-7, entre Tarragona y Barcelona y desde la capital catalana hasta La Jonquera. Pero subirá un 0,92% el de la AP-9, que cruza Galicia de norte a sur. También lo hará el peaje entre Alicante y Cartagena, y el de la AP-6 (Madrid).

El Documento de Regulación Aeroportuaria establece una rebaja del 11% en las tasas de AENA, que no podrán subirse hasta 2025. AENA, además, mantendrá hasta marzo bonificaciones para las aerolíneas que aumenten en un 20% sus operaciones respecto a 2020. Y Enaire reducirá la tasa de navegación aérea de ruta peninsular en un 11%, así como un 8,5% en Canarias.

Por su parte, ADIF ha rebajado un 23% el canon que cobra a Renfe, con el objetivo de potenciar el tráfico ferroviario, perjudicado como el aéreo por la pandemia. Si a ello se añade la llegada de un competidor, Ouigo, lanzado por SNFC –la Renfe francesa– y que anuncia billetes baratos de alta velocidad, es posible que Renfe tenga que bajar los suyos. Los billetes de metro y autobuses urbanos han congelado ya sus precios.

Desde el 12 de este mes Movistar sube entre dos y tres euros el precio de sus paquetes Fusión, a cambio de elevar la velocidad de su oferta de fibra.

Lo mismo ocurre con los sellos y el envío de paquetes a través de Correos: un 7,7% sube el precio de los primeros, hasta 0,7 euros en envíos nacionales, y un 4,7% de media el de los segundos.

El hundimiento del Euríbor a mínimos históricos, en el -0,497%, se traducirá en un abaratamiento de 147,5 euros respecto al año pasado de las hipotecas que se revisen, contando con un importe de 120.000 euros a 20 años y un diferencial del +1%. Como la pandemia, además, ha paralizado la compraventa de vivienda, las previsiones de los expertos apuntan a que los precios de los inmuebles pueden caer más de un 10% en las grandes ciudades. Mientras, la burbuja del alquiler seguirá pinchada, debido al aumento de la oferta –por el trasvase de pisos turísticos al mercado residencial– y a la continua bajada de precios, que alcanza al 8% en Madrid y al 12% en Barcelona, según el portal Fotocasa.

IMPUESTOS

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen igualmente subidas de impuestos en un ejercicio en el que se va a disparar el déficit por el fuerte desembolso público al que obliga la pandemia. Así, aumentará dos puntos el IRPF para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros –hasta el 47%– y tres puntos –hasta el 26%– para las rentas de capital por encima de los 200.000 euros. El alza afectará sólo al 0,17% de los contribuyentes, unas 36.194 personas, y permitirá recaudar 491,4 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.

La deducción máxima de la que hasta ahora disfrutaban los planes de pensiones individuales se recorta de 8.000 a 2.000 euros, pero se eleva de 8.000 a 10.000 euros la reducción conjunta para empresa y trabajador en los planes de pensiones colectivos.

También subirá el Impuesto del Patrimonio, un 1%, para quienes posean más de 10 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades se limita al 95% la exención de la que hasta ahora disfrutaban las empresas en los dividendos y plusvalías de sus filiales, excepto aquéllas que facturan menos de 40 millones de euros y que podrán seguir exentas al 100% durante los tres próximos años. La medida afectará al 0,12% de las empresas, unas 1.739, y permitirá recaudar 473 millones de euros.

Las socimis –sociedades anónimas cotizadas de inversiones inmobiliarias–, que hasta ahora estaban exentas del impuesto de sociedades si repartían el 80% de los dividendos entre sus accionistas, pagarán desde este año un 15% en el Impuesto sobre Sociedades por beneficios no distribuidos. Y los accionistas de las sicavs –sociedad de inversión de capital variable– deberán acreditar una participación mínima de 2.500 euros para beneficiarse de su régimen fiscal especial –tributan sólo un 1% en el impuesto de Sociedades–.

El impuesto sobre las primas de seguros crece del 6% al 8%, que puede suponer una subida de entre 25 y 30 euros al año en las pólizas.

El IVA subirá también en 2021, al menos para las bebidas azucaradas, pero sólo en los supermercados, no en los bares y restaurantes. Pasarán del 10% actual al 21%.

Por el contrario, no se elevarán los impuestos sobre el diésel, aunque sí lo hará el Impuesto de Matriculación, al finalizar la moratoria del sistema que establece la cifra de emisiones y consumo de los vehículos.

Además, en 2021 se crean cuatro nuevos impuestos. La tasa Google entra en vigor el próximo día 18 y gravará con un 3% a las grandes tecnológicas –con ingresos mundiales superiores a los 750 millones de euros y a los tres millones en España– por los servicios de publicidad en internet y por la venta de datos elaborados a partir de la información que posean de sus usuarios.

La tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas cotizadas españolas con más de 1.000 millones de euros de capitalización. Finalmente, habrá dos nuevos impuestos medioambientales.

El nuevo impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso será de 0,45 euros por cada kilo, con el objetivo de que en 2026 se vendan un 50% menos que en 2022. Y el que penalizará el vertido de residuos equivaldrá a 40 euros por tonelada si son municipales, 20 euros si no son peligrosos, cinco euros si lo son y tres euros si son inertes. El que gravará la incineración será de 15 euros por tonelada para los municipales y tres para los peligrosos.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, comenzará el próximo 22 de febrero de 2021 y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, según el calendario del contribuyuente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria y recogido por Europa Press.

De esta forma, el día 22 de febrero se liquidará el impuesto correspondiente a enero y así sucesivamente todos lo meses del año hasta finalizar el ejercicio, dado que su liquidación será mensual.

A su vez, la liquidación del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, comenzará el próximo 30 de abril sobre el periodo correspondiente al primer trimestre del año, ya que el pago de este tributo será trimestral. El segundo trimestre se liquidará el 2 de agosto y el tercer trimestre, el 2 de noviembre, con lo que para el cuarto trimestre habrá que esperar ya a los primeros meses de 2022.

Ambos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, aportarán a las arcas públicas, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, unos 1.800 millones de euros.

En concreto, con la tasa Tobin el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la Tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

Respecto a la tasaGoogle, el Gobierno asegura que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia, que suspendió la aplicación del tributo en aras a la negociación de una figura internacional, pero que ya ha anunciado que va a reimplantar ante la falta de acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa Googletasa Googleen el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

Es una consecuencia colateral del covid-19, tras el acuerdo alcanzado este verano en Bruselas sobre el plan de estímulo masivo: el impuesto a las transacciones financieras (ITF) en Europa vuelve a ocupar un lugar preeminente en la agenda, en una de sus versiones más ambiciosas. “Supondría 50.000 millones de euros anuales adicionales para el empleo, la sanidad y el clima”, quiere creer el eurodiputado Pierre Larrouturou, uno de sus más fervientes defensores en el Parlamento Europeo.

Chiara Putatoro, de Oxfam-Europa, añade: “La eventual aprobación del ITF se ha reforzado. Y entre los recursos propios que están sobre la mesa para alimentar el futuro presupuesto europeo, es el que podría aportar más dinero”. Mientras prosigue el pulso entre el Parlamento y el Consejo por el contenido del presupuesto europeo para los próximos siete años, algunos diputados europeos están convencidos de que la salida de la crisis puede resumirse en tres letras: un ITF, por fin. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y organizaciones de la sociedad civil tenían previsto llevar a cabo este miércoles una acción en Bruselas en defensa de un ITF ambicioso, en vísperas de una cumbre de líderes de la UE en la que el presupuesto volverá a estar en la agenda.

En una resolución adoptada el 16 de septiembre, los eurodiputados incluso adelantaron una fecha; piden que se aplique a partir del 1 de enero de 2024. “El Parlamento aboga por la introducción del ITF desde 2024 y esto es lo que se está impulsando en las negociaciones con Alemania”, que ocupa la Presidencia de turno de la UE hasta diciembre, confirma Valérie Hayer. Esta eurodiputada [francesa] de La República en Marcha (LREM) es ponente del Parlamento en un tema tan delicado como el de los “recursos propios”, esos impuestos que permiten a la UE financiar su presupuesto, con independencia de las contribuciones que los Estados se comprometan a pagar.

El ITF es sólo uno de los “recursos propios” que reclama el Parlamento, junto con el impuesto a los plásticos (a partir de 2021), el impuesto sobre el carbono en las fronteras y el impuesto a los gigantes digitales. Pero el ITF podría aportar bastante más que los 3-7 mil millones de impuestos anuales a los plásticos. Para el eurodiputado de Los Verdes (EELV) David Cormand: “Si tenemos que devolver parte del plan de estímulo acordado este verano [390.000 millones de euros en 30 años], y no obtenemos suficientes recursos propios, sólo hay dos opciones, o recortamos el presupuesto operativo de la UE o aumentamos las aportaciones de cada país”.

En Bruselas, el ITF es un asunto recurrente. Tras el estallido de la crisis financiera en 2008, la Comisión del conservador José Manuel Barroso propuso un impuesto en 2011 que debía generar, a partir de 2014, no menos de 57.000 millones de euros (0,1% sobre las acciones y los bonos y 0,01% sobre los derivados). En 2012, la oposición de algunas capitales, entre ellas Londres, dio lugar a una “cooperación reforzada”, es decir, un grupo reducido de una decena de Estados, entre ellos Alemania y Francia, partidarios de establecer lo antes posible una primera versión del ITF y de superar los vetos de unos y otros.

Pero desde entonces no se ha llegado a ningún acuerdo. Bajo la Presidencia de François Hollande, los franceses negociaron un ITF mínimo, mientras que, más tarde, los belgas rechazaron tasar los fondos de pensiones. En septiembre de 2018 se reanudaron las negociaciones técnicas, que condujeron a una declaración franco-alemana a finales de 2019. París y Berlín propusieron una versión muy edulcorada; sólo se gravarían las compras de acciones de grandes empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, al 0,2%, mientras que las obligaciones, y sobre todo los productos derivados, quedarían exentas al gravamen. O lo que es lo mismo, 3.500 millones anuales, muy lejos de las ambiciones originales.

En julio de 2020, 69 diputados del Parlamento Europeo (de un total de 751) fueron noticia por cuestionar a París y Berlín “por su falta de ambición”. “El actual acuerdo sobre el ITF simplemente no es suficiente. Nunca lo ha sido, pero en estos tiempos de coronavirus, una respuesta tan tibia simplemente no está a la altura de la tarea que se ha de llevar a cabo y sólo podría verse como una falta flagrante de liderazgo”.

Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tenido acceso a una carta enviada por el Ministro de Economía de Austria a sus homólogos en la cooperación reforzada en materia del ITF. En dicha misiva, fechada el 22 de enero de 2020, el conservador Gernot Blümel aboga por el establecimiento de un gravamen a todos los productos financieros, pide volver al espíritu original de la propuesta de directiva de 2011 y ataca abiertamente la falta de ambición de Francia: “Cerca del 99% de las transacciones sobre los productos financieros no estarían gravadas [...]. Por todas estas razones, no puedo apoyar un ITF calcado al ITF actualmente en vigor en Francia”.

Según nuestras informaciones, no sólo Austria, sino también Italia y Portugal abogan por un ITF más ambicioso, a diferencia de Francia. Este año Viena ha amenazado con abandonar el grupo de cooperación reforzada debido a la suma de desacuerdos.

En Francia se asume esta estrategia, presentada como “una solución realista a corto plazo para obtener un acuerdo unánime, dada la reticencia de muchos países”. “La experiencia de los últimos diez años muestra que impulsar una propuesta con una base muy amplia está condenada al fracaso a corto plazo. Es la mejor manera de mantener las negociaciones durante los próximos años. No tenemos tiempo, tenemos que movernos rápidamente y Francia está lista para hacerlo”, dicen en el Ministerio francés de Economía.

Para la oposición francesa, estamos ante la evidencia, una vez más, de la proximidad del Ministerio a los grandes bancos franceses –en resumen, la toma de decisiones políticas es "rehén" de los intereses del sector financiero–. Pero algunos diputados quieren creer, una vez más, que esta posición francesa puede cambiar, como reacción a la gravedad de la crisis postcovid. “Angela Merkel se movió en mayo sobre la deuda común de 500.000 millones de euros, tuvo coraje político. Emmanuel Macron debe tener el mismo coraje en estos momentos”, en el ITF, opina Pierre Larrouturou.

¿Puede saltar el cerrojo del Ministerio francés de Economía? Al frente de las negociaciones, la ponente Valérie Hayer, diputada del LREM, se mantiene cautelosa: “Parece existir la voluntad política de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre el ITF, pero también observo que hace diez años que los Estados miembros lo debaten, en una cooperación reforzada, y que sigue sin haber acuerdo”. Advierte de que considerará el progreso en las negociaciones con el Consejo sobre los seis recursos propios, sin hacer del ITF una línea roja particular.

Para la eurodiputada Manon Aubry (LFI), copresidenta del grupo Izquierda Unida Europea (GUE), el asunto ya está resuelto: “El ITF está a punto de ser historia por el bloqueo de Francia”. Cuenta con un acuerdo de mínimos en el que el Consejo se compromete a unos pocos recursos propios (entre ellos los plásticos y lo digital). “El Parlamento es codecisor del presupuesto, así que, en teoría, es posible conseguir muchas cosas. Y es aún más frustrante porque por una vez hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo, en un espectro político que va desde la GUE hasta el PPE [la derecha, mayoritario en el Parlamento]”, añade. Este jueves y viernes, el Consejo Europeo debería ayudar a disipar las últimas esperanzas de algunos o contradecir los malos augurios de otros.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral, según confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras).

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, cuya liquidación será trimestral.

El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros.

Además, las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto.

Transacciones financieras

Junto con este impuesto, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendió este miércoles anunciando la aprobación en los “próximos consejos de ministros” de la tasa Google, sobre servicios digitales, la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, y la Ley contra el Fraude Fiscal, todas ellas medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las tres iniciativas fueron aprobadas por el anterior Gobierno entre octubre de 2018 y enero de 2019, pero su tramitación parlamentaria decayó tras disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de marzo.

No obstante, Hacienda va a aprovechar el trabajo realizado para volver a presentar las tres medidas de forma inmediata. Como indicó Montero, han completado ya la fase de audiencia pública y el resto del procedimiento. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2018, incluye una memoria de impacto normativo donde el Gobierno prevé que las principales iniciativas se traducirán en un aumento de la recaudación anual de al menos 828 millones de euros. Con la tasa Google, el cálculo de ingresos de Hacienda se elevaba a 1.200 millones y para la tasa Tobin llegaba a los 850 millones. En total, las tres iniciativas deberían suponer un alza de la recaudación tributaria de 2.878 millones de euros.

Sin embargo, las cifras varían según quien elabore el cálculo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en su día las expectativas de la tasa Google a entre 546 y 968 millones de euros, mientras que dejaba las de la tasa Tobin entre 420 y 850 millones.

Aunque Hacienda elude de momento concretar plazos, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, descarta que los nuevos impuestos y las medidas de lucha contra el fraude puedan entrar en vigor este ejercicio. “Dados los plazos de tramitación es imposible que se empiecen a recaudar este mismo año, no se podrá hasta 2021”, asegura. Además, recuerda que el acuerdo político en la OCDE, el club de los 35 países más desarrollados, sobre la tasa que debe gravar los servicios digitales no está previsto que se adopte hasta finales de este año. Y que Francia ha suspendido la recaudación de su tasa Google –ya había empezado a cobrar el primer plazo– tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no le imponga aranceles. Por lo que se refiere a la ley contra el fraude fiscal, no se notarán sus efectos en la recaudación hasta el medio plazo, apunta. “Imagino”, continúa, “que el Gobierno está pensando más en la legislatura que en este ejercicio en concreto”.

El Ejecutivo ha suavizado sus previsiones de rebaja del déficit público para este año y los próximos, acompasándolo a la ralentización económica –con un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que su anterior estimación– y a un mayor gasto público. De ahí que necesite apuntalar los ingresosnecesite apuntalar los ingresos. Para 2019 la previsión de recaudación tributaria del Gobierno ascendía a 221.692 millones de euros, por lo que puede ser el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos superen los de 2007, el último año de euforia económica. No obstante, Gestha calcula que la recaudación real será 8.734 millones inferior. Aun así, crecerá un 2% por encima de la conseguida en 2018.

A las dos nuevas tasas y a la ley contra el fraude fiscal Carlos Cruzado añade las modificaciones en el impuesto sobre sociedades y en las exenciones a los dividendos de filiales como dos potentes instrumentos para aumentar la recaudación. Ambas iniciativas se encuentran también en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Por una parte, se trata de establecer una tributación mínima efectiva del 15% para las grandes compañías, que sube hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Y por otra, el Gobierno quiere reducir un 5% las exenciones de que gozan ahora las empresas por su participación en filiales.

Morosos, software ilegal, grandes patrimonios

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal tal y como fue aprobado, destaca la ampliación de la lista de morosos a Hacienda: hasta ahora entraban en ella quienes deben un millón de euros; el límite se rebaja hasta los 600.000 euros. Según los cálculos de la Agencia Tributaria, puede suponer un aumento de la recaudación de 110 millones de euros al año.

La prohibición de fabricar, distribuir y utilizar el llamado software de doble uso –se emplea para llevar dobles contabilidades y ocultar facturas– permitiría aflorar hasta 2.000 millones de bases imponibles no declaradas si tan sólo el 1% de los pagos en efectivo realizados por consumidores finales fuera ocultado a Hacienda gracias al uso de este tipo de programas informáticos. En términos de recaudación fiscal, se traduciría en 313,4 millones de euros más en el IVA y en 104,5 millones más en el impuesto sobre sociedades. Un total de 417,9 millones de euros.

Además, la ley prevé la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de contribuyentes con patrimonios revelantes, con una “capacidad operativa equivalente a 200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. Según los cálculos de Hacienda, su trabajo conseguiría unos ingresos adicionales de 110 millones de euros.

También quiere el ministerio mejorar el control sobre los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas para que “cumplan voluntariamente” sus obligaciones fiscales. Mejorando un 1% los resultados de la Agencia Tributaria en este segmento, la recaudación crecería en 120 millones de euros adicionales. La suma de estas tres últimas medidas asciende a 647,9 millones de euros, que la memoria de impacto normativo rebaja a 500 millones porque los efectos de unas pueden solaparse con otras.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se refiere a la prohibición de los pagos en efectivo. El límite pasa de 2.500 a 1.000 euros si los pagos se realizan entre profesionales o empresarios, pero se mantiene en 2.500 euros para los particulares. Entre personas físicas con domicilio fiscal fuera de España el tope se rebaja de 15.000 a 10.000 euros. Gracias a esta ampliación, el fisco debería recaudar 218 millones de euros más al año.

Lo que le falta a la ley

A Gestha le parece adecuada, pero insuficiente, la rebaja del límite para los pagos en efectivo. “También debería haberse ampliado hasta los 1.000 euros para las operaciones entre particulares”, precisa Carlos Cruzado. Igualmente echa en falta que no se encarguen al Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estudios sobre economía sumergida y fraude fiscal “por impuestos, por sectores y por comunidades autónomas”. Las cifras y estimaciones conocidas han sido elaboradas por instituciones privadas, pero no existe ningún análisis “oficial”, precisa.

El presidente del Gestha también cree necesaria una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las agencias autonómicas. “No existe una base de datos común, por ejemplo, lo que dificulta el trabajo contra el fraude”, destaca. Finalmente, reitera una reivindicación clásica de los técnicos de Hacienda: la falta de medios humanos y materiales: “Hace falta optimizar recursos y dar más responsabilidades a los técnicos para mejorar los resultados”.

En 2018, el último año del que la Agencia Tributaria ha proporcionado datos, la recaudación por su lucha contra el fraude fiscal ascendió a 15.089 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior. Contra la economía sumergida, además, realizó 3.000 actuaciones, que se tradujeron en una regularización de cuotas por importe de 719 millones de euros. Por último, sólo con el envío de avisos de datos fiscales a arrendadores de inmuebles, la Agencia Tributaria afloró 1.346 millones de euros en bases imponibles.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Congreso que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, comúnmente conocidos como 'tasa Tobin' y 'tasa Google' "están listos" y se aprobarán "en los próximos Consejos" de Ministros.

Preguntada en los pasillos del Congreso por la tramitación de estos proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, la titular de Hacienda ha afirmado que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y "han pasado todo el procedimiento", al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal.

Montero, que ha acudido a la Cámara Baja para asistir a la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, ha declinado eso sí, determinar una fecha fija: "No lo sé, porque la planificación es dinámica", ha replicado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estos dos impuestos ante las Cortes antes de quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras.

Los impuestos, tema electoral donde los haya, están sin embargo muy lejos de acaparar la atención de los debates en la campaña del 28 de abril. Aun así, los programas de los principales partidos no han dejado de incluir sus propuestas fiscales para la próxima legislatura. Y es en ellas donde se muestran con toda su brusquedad las diferencias entre unas formaciones políticas y otras.

Mientras PP, Ciudadanos y Vox se centran en suprimir y rebajar impuestos para dejar el dinero “en el bolsillo de los ciudadanos”, PSOE y Unidas Podemos los sitúan como herramienta indispensable para combatir la desigualdad y distribuir la riquezacombatir la desigualdad y distribuir la riqueza. El Partido Popular critica la “voracidad recaudatoria de los gobiernos de izquierda”, Ciudadanos se compromete a garantizar que los impuestos “no sean confiscatorios” y Vox no duda en asegurar que “provocan costes sociales superiores a la recaudación que generan”. PSOE y Podemos coinciden a la hora de hablar de “justicia fiscal”, repitiendo muchas de las medidas que ambos partidos pactaron para los Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados en el Congreso.

Sólo Vox cuantifica el presunto impacto que algunas de sus propuestas fiscales tendrá en la recaudación. Podemos ha dado cifras concretas de cuánto espera aumentar los ingresos con las nuevas figuras tributarias que plantea crear sólo en las entrevistas concedidas por sus dirigentes. Pero ni PP ni Ciudadanos ni PSOE precisan en sus programas el coste recaudatorio de sus rebajas fiscales. También es sólo Vox, en una propuesta de 52 páginas apta únicamente para expertos por su lenguaje y profusión de fórmulas, el que menciona la curva de Laffer, base teórica de las políticas fiscales de Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump: subir los tipos impositivos recorta la recaudación. Una tesis que múltiples economistas de todo el mundo consideran falsa. Ni PP ni Ciudadanos se atreven con semejante tecnicismo –Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado, no deja de repetir que sus rebajas fiscales no están inspiradas en la polémica gráfica–, sino que prefieren subrayar como prioritario el cumplimiento del objetivo de déficit público impuesto por la UE y la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.

En definitiva, PP y Ciudadanos acumulan todo tipo de detalladas promesas de rebajas fiscales o supresión de impuestos, pero no aclaran cómo afectarán exactamente a la evolución de la recaudación y, por tanto, a los costes del Estado del Bienestar. La inmensa mayoría de la recaudación de impuestos se dedica al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

Pese a los discursos de la derecha sobre el excesivo pago de impuestos, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

En 2018, la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros –por encima de los 200.676 millones de 2007–. De esa cifra, 24.179 millones corresponden al impuesto sobre sociedades, 82.420 millones al IRPF, 70.126 millones al IVA y 20.615 millones a los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol). Tanto los ingresos por el IRPF como por el IVA sobrepasan ya los niveles precrisis. Pero el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007. Ese año las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado las ganancias que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

  PP: Rebaja de 5 puntos en el IRPF y de 3 puntos en Sociedades

La prioridad de su política económica y presupuestaria es cumplir el Pacto de Estabilidad y que todas las administraciones públicas se ajusten a la regla de gasto, “frente a la manirrota política de despilfarro”. El PP quiere respetar el objetivo de déficit de la UE rebajando el IRPF “a todos los contribuyentes”, sin dar más detalles que anunciar un recorte del tipo máximo “por debajo del 40%. Ahora el tipo que grava a quienes ingresan más de 60.000 euros al año se encuentra en el 45%. Además, los populares proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y familias con al menos un hijo, sin detallar en qué cuantía. Igualmente quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación.

En el impuesto de sociedades, el PP plantea también rebajas: un tipo máximo del 20%, en lugar del 25% actual. También ofrece a los parados de larga duración –quienes lleven más de un año sin trabajo– no pagar el impuesto sobre sociedades durante los dos primeros años si abren un negocio.

La lista de figuras tributarias que quiere suprimir es larga: patrimonio, sucesiones y donaciones –entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges– y actos jurídicos documentados –objeto de polémica por el cambio de criterio del Supremo sobre quién debía pagarlo: el banco o el cliente–. Además, propone eliminar las tasas sobre la actividad turística, reducir hasta el mínimo legal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ayuntamientos donde gobierne el PP y no crear nuevos impuestos en las comunidades autónomas. Igualmente quiere reformar el impuesto de circulación para que se aplique “en función de las emisiones y el consumo energético”.

Otra reducción adicional afectará, aun sin concretar la cuantía, a las cotizaciones sociales que las empresas deben pagar si contratan jóvenes y parados de larga duración. También quieren los populares bonificar los impuestos locales en los ayuntamientos que tengan superávit y carezcan de deuda, y aprobar incentivos fiscales para empresas “altamente innovadoras”. Todas ellas medidas que reducirán la recaudación fiscal.

  PSOE: TASA GOOGLE, IMPUESTO FINANCIERO Y ALZAs a LOS RICOS

Los socialistas se comprometen a sacar adelante las medidas tributarias que incluyeron en sus Presupuestos nonatos para este año. Así, se reafirman en la creación de la tasa Google, que gravará a las empresas que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros y en España más de tres millones, por determinados servicios digitales: el 3% de los servicios de publicidad online y la venta de datos. La tasa, que también iba a ser aprobada por la UE para todo el territorio comunitario en términos idénticos a los planteados por el Gobierno español, quedó finalmente bloqueada en Bruselas el pasado marzo por el rechazo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Francia y Reino Unido ya cobran un impuesto a las tecnológicas.

También quiere recuperar el PSOE el impuesto a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”. No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

El programa incluye una reducción de “la carga fiscal soportada por las pymes”, que en el citado Presupuesto se refiere a un recorte del 25% actual al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. La creación en la Agencia Tributaria de una unidad para grandes patrimonios, el aumento de su personal y la prohibición de las amnistías son otras propuestas del PSOE, que se queda en una vaga mención a “avanzar a escala internacional” cuando menciona los paraísos fiscales.

  UNIDAS PODEMOS: IMPUESTOs A BANCA Y GRANDES FORTUNAS

El primer punto del programa fiscal de Unidas Podemos es la derogación del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2011 el principio de estabilidad presupuestaria y obliga al Estado a cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE. Después, propone recuperar las medidas fiscales pactadas con el PSOE para los Presupuestos de 2019 pero reclamando un paso más: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –20% para los bancos y empresas petroleras–, rebaja en sociedades para las pymes del 25% al 23%, impuesto a las transacciones financieras –pero gravando también los derivados y las operaciones especulativas– y la tasa Google para las grandes compañías que facturen más de 500 millones de euros.

Además, el partido morado reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, y no menos. Y quiere reducir al 18% el tipo que se aplica al tramo más bajo del IRPF.

Igualmente, el partido de Pablo Iglesias pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas: del 2% para quienes posean un patrimonio superior al millón de euros, del 2,5% para quienes superen los 10 millones, del 3% para más de 50 millones y del 3,5% si exceden los 100 millones de euros. “La mayor parte del impuesto recaerá”, asegura Unidas Podemos, “sobre los 1.000 patrimonios más altos del país”. El objetivo es recaudar el equivalente a un 1% del PIB, 11.000 millones de euros, con este nuevo tributo, que sustituirá al “inoperativo” impuesto actual sobre el patrimonio.

La formación morada no renuncia tampoco a crear el impuesto a la banca que el PSOE dejó en el cajón al preparar los Presupuestos de 2019. Debería ser 10 puntos superior al tipo que ahora se aplica a las entidades financieras, del 30%, y se emplearía para recuperar los 60.000 millones de euros que ha costado el rescate a la banca.

Con todo este catálogo de medidas, Unidas Podemos cree que aumentará la recaudación hasta los 40.000 o 45.000 millones de euros.

A diferencia del PSOE, el partido morado concreta qué iniciativas deberían tomarse para luchar contra la elusión tributaria a través de los paraísos fiscales. Pide una reforma de las exenciones a la doble tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero, de forma que sólo se permita no pagar a las empresas que ya lo hayan hecho al menos con un tipo efectivo del 15% en otro país. También reclaman la eliminación de los “privilegios fiscales” de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) –no pagan por las rentas procedentes de sus participaciones en entidades extranjeras–, las sicav –tributan al 1% en el impuesto de sociedades–, las socimis –no pagan por sociedades– y el régimen de impatriados –por ejemplo, los futbolistas de élite, que tributarn por el 24% en el IRPF–.

Además, Unidas Podemos pretende prohibir el uso de sociedades pantalla para pagar menos impuestos por una vivienda, la práctica que le costó el cargo a Máxim Huerta y puso en entredicho a Pedro Duque, Pepu Hernández o Begoña Villacís, entre otros.

También a diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Iglesias plantea que se mantenga el impuesto de sucesiones, pero “armonizado” a partir de un mínimo “para evitar la competencia fiscal entre territorios”. Y eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia, excepto para los inmuebles dedicados al culto y los utilizados por Cáritas para su obra social.

  CIUDADANOS: DEDUCCIONES A LAS FAMILIAS EN EL IRPF

Para el partido de Albert Rivera, el objetivo de déficit es también una prioridad política, por lo que promete revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto “siguiendo las mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. También anuncia una auditoría integral para “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines “prioritarios para el interés general”.

Ciudadanos plantea una reducción del IRPF para las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo de 1.200 euros al año, que se elevará a 2.400 euros para las que tengan más hijos. Además quiere que el tipo máximo no pase del 44%, un punto por debajo del actual. Y bonificar al 100% el impuesto de sucesiones entre parientes directos, así como reducirlo entre otros parientes.

Pero en el impuesto sobre sociedades su intención es la de “aproximar la recaudación a la media de la zona euro”, cerrando “agujeros y eliminando trampas que facilitan la ingeniería fiscal”, aunque sin precisar cuáles. También se muestra a favor de que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

Finalmente, quiere aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadorasstartups , eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones.

  VOX: IRPF del 22% HASTA 60.000 EUROS

El programa fiscal más inusual es el de la formación ultraderechista: 52 páginas de fórmulas y conceptos sólo manejables por expertos en la materia que proponen dar un vuelco al sistema tributario español. Vox plantea sustituir los actuales tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresen hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. El partido de Santiago Abascal asegura que esta modificación reducirá “los costes de eficiencia, cumplimiento y administración del impuesto”, al tiempo que rebajará la recaudación en una cifra que calcula entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. A estas cantidades, Vox resta las ganancias recaudatorias que, a su juicio, provendrán de sus otras propuestas para el IRPF: 1.617 millones por extender la base imponible –considerada en su conjunto como la suma de las rentas del ahorro, las inmobiliarias y otras–, 381 millones por la eliminación de deducciones –se mantienen las que benefician a las aportaciones a planes de pensiones privadas–, 324,4 millones por suprimir la reducción por declaración conjunta y 1.247 millones más por “el efecto multiplicativo del aumento de la renta disponible para el consumo”, que se recuperará en forma de impuestos indirectos.

Vox también propone eliminar el actual mínimo exento del IRPF –por debajo de 14.000 euros al año no se tributa– por un sistema de mínimos personales y familiares que denomina Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC). Según sus cálculos, quedaría establecido en 7.000 euros al año para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22% y aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector o la actividad. Es decir, Vox defiende que las pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas y que se eliminen los tipos reducidos de que disfrutan ahora las empresas de nueva creación, las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los tipos superiores que gravan a bancos y petroleras. En cambio, defiende que las sicav mantengan el tipo del 1% y los fondos de pensiones la exención. Generalizar el tipo nominal del 22% se traducirá, dice el partido ultraderechista, en un descenso de la recaudación de 2.645 millones de euros, que sólo se compensará en parte con un aumento de los ingresos de 1.350 millones por la supresión de las deducciones por inversiones y de la reserva de capitalización.

En el catálogo de las supresiones, Vox pretende eliminar el impuesto de sucesiones y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal, y no quiere ni oír hablar de la tasa Google o sobre las transacciones financieras, figuras tributarias amagadas por el Gobierno socialista. También ofrece revisar el IBI. Finalmente, propone sustituir cotizaciones sociales por aumentos del IVA e impuestos especiales, lo que denomina “devaluación fiscal”. A su juicio, la operación permitirá “abaratar las exportaciones”, aumentar la competitividad de la economía española y reducir el desempleo.

Los cambios en el impuesto sobre sociedades pactados por el Gobierno y Unidos Podemos aumentarán la recaudación en 1.700 millones de euros, según los cálculos de la formación morada. Una parte provendrá de la tributación mínima del 15% –el 18% en el caso de las compañías petroleras– a que estarán obligados grupos consolidados y las empresas que facturen más de 20 millones de euros anuales. Y otra, del pago de un 5% que las sociedades deberán hacer sobre los dividendos y plusvalías que generen en sus filiales, hasta ahora exentos al 100% de tributar al fisco.

Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, 14.442 empresas declararon en 2016 un total de 105.090,46 millones de euros en dividendos y rentas generados en sus filiales. De esa cantidad, el 65,6% lo aportan empresas que facturan más de 180 millones de euros al año, son grandes sociedades. Si sale adelante el acuerdo presupuestario –necesitará el apoyo de ERC, PNV y PDeCAT–, esas 14.442 empresas engordarán sus bases imponibles en 5.254,5 millones de euros, una cantidad adicional por la que deberán tributar a Hacienda.

Para acceder a esta exención, la matriz debe poseer una participación mínima del 5% en la filial o bien que esa participación supere los 20 millones de euros. El acuerdo prevé que las empresas tributen un 5% en concepto de gastos no deducibles de gestión de esa participación en la filial, tal y como permite la directiva europea de 2014 que regula el régimen fiscal de sociedades matrices y filiales.

El acuerdo del Gobierno y Podemos aumenta a las empresas de hidrocarburos el suelo mínimo de tributación del 15% general al 18%, puesto que su tipo nominal es más elevado, el 30% frente al 25% del resto de las sociedades. También es del 30% el tipo nominal de las entidades financieras que, sin embargo, han quedado excluidas en el pacto de ese suelo aumentado del 18%. Tampoco se enfrentarán a un nuevo impuesto específico para ellas hasta al menos 2020. El acuerdo sólo dice que, una vez concluido el ejercicio fiscal de 2019, “se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas” tributarias para “valorar el impulso” del impuesto a la banca que tanto PSOE como Podemos prometieron implantar y que ha sido duramente contestado por el sector financiero.

Por el contrario, sí se ha incluido en el acuerdo el impuesto sobre transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las compras de acciones emitidas en España de empresas que coticen en la Bolsa española y cuya capitalización sea superior a los 1.000 millones de euros. No tributará a Hacienda la compra de deuda –bonos– y de derivados, pese al enorme volumen que alcanzan las operaciones con este tipo de productos financieros complejos. Según los cálculos de Podemos, el impuesto sobre transacciones financieras permitirá aumentar la recaudación en 1.000 millones de euros anuales.

Del resultado contable a la base imponible

Las estadísticas de la Agencia Tributaria cifran en 111.788 millones de euros los beneficios de los grupos consolidados en 2016. Su base imponible quedó reducida ese año a una tercera parte, 36.088 millones de euros, una vez que se aplicaron exenciones por doble imposición de 86.393 millones de euros, además de otros ajustes. Por tanto, la cuota líquida resultante fue de 6.862 millones, lo que equivale a un tipo efectivo del 19%. Este porcentaje es una media, calculada a partir de tramos muy amplios, según los expertos consultados por infoLibre, por lo que muchas empresas quedan por debajo del 15% y serán esas sociedades las que verán aumentada su factura fiscal si prospera el acuerdo presupuestario. Lo mismo les ocurrirá a las empresas que, aun no constituyendo un grupo, facturen más de 20 millones de euros. Con ese volumen de negocio y que declaren bases imponibles positivas –tengan beneficios– existen en España 4.342 sociedades. La propuesta de Podemos en este apartado consistía en garantizar un mínimo de tributación del 15% respecto del resultado contable de las empresas, no de la base imponible como finalmente se ha pactado. Si se hubiera firmado ese suelo sobre los beneficios, la cantidad recaudada sería el doble: el tipo efectivo por el que tributaron los grupos consolidados en 2016 respecto a su resultado contable fue sólo del 6,14%, según los datos de la Agencia Tributaria.

El acuerdo presupuestario establece también una bajada del impuesto sobre sociedades, del 25% al 23%, para las empresas más pequeñas, que beneficiará sólo a 7.202 pymes, el 0,5% que factura menos de un millón de euros al año. Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la medida supondrá un ahorro para estas sociedades de 36 millones de euros.

Además, el pacto incluye un mayor control sobre las sicavssicavs (sociedades de inversión de capital variable), que tributan sólo un 1% en el impuesto de sociedades. Se pretende limitar el volumen de capital que puede acumular un solo inversor y que la Agencia Tributaria sea competente para comprobar si las sicavs tiene el número mínimo de accionistas–100– que le exige la ley. Además, las socimis (sociedades de inversión en el mercado inmobiliario), otra institución de inversión colectiva, tendrán que tributar un 15% por los beneficios no distribuidos. Como tienen un régimen fiscal especial, no pagan nada por las rentas obtenidas del alquiler de inmuebles, su actividad principal, y un 25% por las generadas con otro tipo de actividades.

Otro nuevo impuesto que se pretende crear es el que gravará los servicios digitales y que copia el diseño de la tasa Google ya en marcha en la Unión Europea. Afectará a las compañías que ingresen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de tres millones en España. Se trata de que paguen un 3% por los servicios de publicidad y de intermediación on line, así como la venta de datos generados por la información que proporcionan los usuarios. Podemos calcula que la tasa Google se traducirá en un aumento de la recaudación de 1.200 millones de euros.

Más presión fiscal sobre grandes contribuyentes

El impuesto sobre el patrimonio también debería subir si sale adelante el pacto presupuestario. En concreto, un 1% para las fortunas que superen los 10 millones de euros. Equivale a 600 millones de euros adicionales para las arcas públicas, calcula Podemos. Otro tanto ocurrirá con el IRPF de quienes ingresan más de 130.000 euros al año, cuyo tipo aumentará dos puntos, hasta el 24,5%, por lo que pagarán unos 1.600 euros más al año. A partir de los 300.000 euros, el alza será de cuatro puntos, un tipo del 26,5%, unos 7.600 euros más. Quienes cobran más de 600.000 euros al año, sólo 8.381 contribuyentes, ingresarán en Hacienda 27.800 euros adicionales al año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en un 0,5% los contribuyentes a los que afectará la subida, un total de 121.500 ciudadanos. Gestha calcula que así se recaudarán 524 millones de euros. A quienes perciben más de 140.000 euros anuales –unos 60.000 contribuyentes– se les aumentará en cuatro puntos el tipo que grava las rentas de capital, lo que permitirá a la Agencia Tributaria ingresar 338 millones más.

Con este paquete de medidas, el Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros, explicó la titular de Hacienda tras la reunión del Consejo de Ministros. Podemos eleva la cifra a 7.240 millones incluyendo los ingresos adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social por las mejoras salariales previstas en el acuerdo.

El documento prevé además rebajar de 2.500 euros a 1.000 el límite para hacer pagos en efectivo, como una forma de luchar contra la economía sumergida. También se quiere reducir de un millón a 600.000 euros el importe de deuda que supone la entrada en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Y se prohibirán por ley las amnistías fiscaleslas amnistías fiscales. De momento queda sólo en estudio la posibilidad de rebajar la cantidad que determina la comisión de un delito fiscal: ahora está fijada en 120.000 euros y el acuerdo habla de dejarla en 50.000. Finalmente, el Gobierno y Podemos acordaron crear una unidad central para coordinar las actuaciones sobre los contribuyentes con grandes patrimonios, integrada por 200 funcionarios.

El desplome de las hipotecas basura que desencadenó la crisis financiera internacional forzó una respuesta coordinada, y cooperativa, de las mayores economías mundiales en 2008. El miedo al colapso empujó a los líderes mundiales a la acción y en sólo cuatro meses se sucedieron dos cumbres de jefes de Estado y de Gobierno del G-20. En Washington y Londres hubo unanimidad para aprobar “el mayor plan coordinado de reactivación económica de la historia”, como lo ensalzó el entonces gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn. Acababa de quebrar Lehman Brothers y, pese a las dificultades, se acordó un estímulo fiscal sin precedentes de 1,1 billones de dólares. Entre menciones a Bretton Woods  –el histórico acuerdo que creó el FMI y el Banco Mundial en 1944–, Nicolas Sarkozy, presidente francés, pedía “la refundación del capitalismo” y la Unión Europea lo secundaba.

Ocho años después, la economía internacional vuelve a sucumbir a la incertidumbre. Las bolsas caen en picado, el precio del petróleo se desplomael precio del petróleo se desploma, los países emergentes entran en recesión, China se frena, la inflación no remonta, Reino Unido amenaza con abandonar la Unión Europea… El magnate George Soros invoca el fantasma de 2008 y Lehman Brothers. “Es para asustarse”, concede Santiago Carbó, catedrático de la Universidad británica de Bangor. Sin embargo, la última reunión del G-20, de ministros de Finanzas, no de jefes de Estado, celebrada en Shanghai la pasada semana, no ha reaccionado. “Estamos sufriendo un estancamiento prolongado, sin un momento de caída tan dramático como ocurrió con Lehman, así que los países tienden a escurrir el bulto”, describe Miguel Otero-Iglesias, investigador del Real Instituto Elcano.

Nada, en realidad, que no haya ocurrido antes. “Históricamente ha existido muy poca cooperación internacional en las finanzas, puesto que son el corazón de la soberanía de cada país”, explica Otero-Iglesias. En principio, no habrá cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-20 hasta septiembre. “Me sorprende la falta de reacción ante la magnitud de las amenazas”, confiesa Santiago Carbó, “el Brexit puede causar un infarto en la economía europea y mundial; el desplome del petróleo o el avance de populistas como Donald Trump merecían una respuesta de los gobiernos”.

Sin embargo, el único resultado de Shanghai fue una foto de división. Entre los ministros de Finanzas de las 20 potencias económicas se reprodujo la disputa ya habitual a pie de calle entre partidarios de las políticas fiscales y monetarias expansivas  –barra libre de liquidez para estimular el crecimiento–, y defensores de las reformas estructurales y la austeridadreformas estructurales austeridad. Por un lado, Estados Unidos y China; por otro, Alemania, apoyada en esta ocasión por Francia.

“El G-20 ha perdido mucho perfil desde su momento cumbre en 2008, cuando marcó una agenda de regulación del sistema financiero y de coordinación de las políticas macroeconómicas que no ha tenido seguimiento”, lamenta José Moisés Martín Carretero, de Economistas frente a la Crisis. A su juicio, la labor de coordinación que lleva a cabo el G-20 es “muy laxa”. “Carece de capacidad real para cambiar las políticas macroeconómicas y ese espacio es necesario”, destaca. El grupo ha devenido en mero foro “informal”, añade, "sin capacidad de seguimiento de los acuerdos ni para convertir sus recomendaciones en decisiones ejecutivas”.

También lo cree Santiago Carbó. “No es que no sirva para nada”, apunta, “sino que necesita una estructura concreta y vehículos legales para que los países apliquen los acuerdos a los que llega”. Miguel Otero-Iglesias es partidario igualmente de que el G-20 se “institucionalice”. El Real Instituto Elcano, una fundación privada dedicada al análisis de las relaciones internacionales, forma parte de uno de los grupos de trabajo del G-20, Think 20, que integra a centros de investigación, laboratorios de ideas e instituciones académicas. “Pedimos”, recuerda, “la creación de un secretariado permanente, y China no lo veía mal, pero la idea no funciona fuera de la UE: nadie quiere un aumento de burocracia”.

De crisis en crisis

El G-20 nació como reacción a otra crisis financiera, la que a partir de 1997 se extendió al resto del planeta desde el sudeste asiático. En 1999 comenzó a operar como foro de reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales de 19 países más la Unión Europea. En 2008, el G-20 adquiere un nuevo nivel, el que implica a jefes de Estado y de Gobierno. Desde entonces ha celebrado 11 cumbres.

Además de las potencias económicas mundiales  –Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá–, lo integran los países emergentes China, Brasil, Rusia, India, así como Corea del Sur, Argentina, Australia, México, Arabia Saudí, Suráfrica, Turquía e Indonesia. España es invitado permanente desde 2008. En total, representan el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio y el 66% de la población del planeta.

Regulación financiera, lucha contra los paraísos fiscales

Tanto Carbó como Martín y Otero-Iglesias aseguran que el G-20 va mucho más allá de la foto de los líderes y la retórica de las declaraciones finales. Hasta ahora, sobre todo en sus primeros años tras el revolcón financiero de 2008, el G-20 ha establecido una agenda de regulación financiera que incluye a la banca en la sombra  –desde los fondos de capital riesgo y las socimis hasta el crowdfunding–  y los derivados. También los Acuerdos de Basilea III  –que obligaron a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse ante futuros cracs– fueron impulsados por el G-20.

Igualmente lleva su firma el plan contra los paraísos fiscales que elaboró listas negras y grises de países según su grado de colaboración y transparencia, y anunció sanciones. Miguel Otero asegura que es en esta área donde “más avances” ha hecho el G-20, "gracias a la presión de EEUU y con el apoyo de la UE”, pero Carbó le contradice: “Su trabajo ha sido muy insuficiente, hay casos sangrantes de paraísos fiscales que campan a sus anchas”.

Para Martín Carretero, el capítulo pendiente es la coordinación de las políticas económicas nacionales. “Cuando el mandato del G-20 se dirige a las instituciones internacionales [el FMI, el Banco Mundial, la OCDE], los acuerdos se cumplen”, resalta, “cuando se trata de los países, no le hacen caso, cada uno tiene su propia agenda soberana”. El G-20, insiste Santiago Carbó, carece de herramientas para traducir los acuerdos en hechos. Además, las iniciativas se topan con los intereses y prioridades nacionales, también con los “marcos ideológicos”, advierte el investigador del Real Instituto Elcano.

“Ya no hay un país hegemónico, como antes lo era Estados Unidos, mientras China, Alemania o Japón han ganado en autonomía”, explica, “por lo que no es fácil coordinar las políticas”. Tampoco funciona fuera de la UE el “multilateralismo” europeo. La cultura de los consensos y las cesiones de soberanía de la que ha hecho gala hasta ahora la Unión Europea no tiene mucho éxito entre países como China y Estados Unidos, acostumbrados al funcionamiento unilateral, o incluso el mismo Reino Unido,  que practica el “multilateralismo a la carta”,  y Brasil o India, “que no tienen interés alguno en ceder soberanía”.

Austeridad contra estímulo fiscal

Mención aparte merecen las posturas ideológicas de cada uno. Aunque Otero-Iglesias recuerda que en 2008 el exprimer ministro británico Gordon Brown fue capaz de convencer a todos los países –incluso a los que lo consideraban una “herejía”– de la necesidad de inyectar dinero público para rescatar la banca. El problema ahora es que los países del G-20 no coinciden siquiera en el diagnóstico de los problemas. Así, en la última cumbre de Shangai, el acuerdo aboga por una solución general que lo incluye todo: política monetaria agresiva, política de estímulo fiscal y reformas estructurales. “Y luego que cada uno lo haga como quiera”, concluye el investigador del Instituto Elcano.

En China también quedó claro que Alemania, “por razones ideológicas”, no va a abrir el grifo de su superávit para ayudar al resto de las economías. Pese a que tanto Carbó como Martín Carretero consideran necesaria una política de estímulo fiscal: “Mario Draghi [el gobernador del BCE] ya no puede hacer mucho más”, advierte el primero, y en países como España “la austeridad, que ha atornillado a la sociedad, ya no tiene mucho más recorrido”. Otero-Iglesias también augura el regreso de Keynes, más estímulo público para reactivar la economía, si la coyuntura empeora.

Más países, mayor radio de acción

Santiago Carbó echa en falta que el G-20 atienda con mayor interés la crisis de los refugiados o el desplome de los precios del petróleo. Y lo considera el foro adecuado para acordar el establecimiento de la tasa sobre las transacciones financieras que no termina de ver la luz. “Porque deben aplicarla todos a la vez, no vale con que lo haga sólo la UE”, avisa. Al tiempo, el catedrático de la Universidad de Bangor cree que la relevancia de algunas de las decisiones del G-20 queda en entredicho porque “faltan actores” en el grupo, como países productores de crudo o grandes potencias sectoriales. Martín Carretero va más allá y aboga por “un G-192”, en el que estén presentes todas las naciones.

En el futuro más inmediato, Miguel Otero-Iglesias sólo adivina acuerdos de “cooperación ad hoc, puntuales”ad hoc para salvar situaciones límite. “Pero mayor coordinación a corto plazo si no se institucionaliza el grupo… lo veo difícil”. Martín Carretero es más pesimista, a la vista del peso que ha ido perdiendo el G-20 desde 2008 y de la dinámica de los intereses nacionales. “Es pura teoría de juegos”, aclara. “De la coordinación [de las políticas económicas] nos beneficiamos todos, pero al mismo tiempo cada país tiene incentivos para no coordinarse”. Santiago Carbó contrapone que el G-20 sigue siendo una “voz importante”. “Grandes actores económicos, desde multinacionales y bancos hasta bloques políticos como la UE, esperan al G-20 para ver por dónde respira”.

Pese a la pérdida de fuelle y las disensiones internas, los tres expertos coinciden en que son ellos, los gobiernos del G-20, no los mercados ni las multinacionales ni la industria financiera, los que mandan en la economía mundial, los dueños de la gobernanza global.

La Plataforma Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) Ya, de la que forman parte varias organizaciones sociales, ha registrado este jueves en el Congreso el más de un millón de firmas que se han recogido en toda Europa en favor de la implantación de una tasa sobre la compraventa de acciones y bonos o sus productos derivados que supondría la recaudación de unos 35.000 millones de euros en Europa, 5.000 en España.

La entrega de las firmas, que se ha llevado a cabo también en diferentes ministerios y Parlamentos de toda Europa, ha estado apadrinada por diputados de varios partidos de la oposición: Federico Buyolo (PSOE), Ricardo Sixto (IU-ICV-CHA), Toni Picó (CiU), Isabel Sánchez Robles (PNV) y Jon Iñarritu (Amaiur).

Los promotores de esta iniciativa reclaman que el próximo 19 de junio, en la reunión que tienen previsto celebrar los ministros de Economía y Finanzas de la UE, se alcance el "acuerdo más ambicioso posible" para gravar las transacciones financieras.

"Es fundamental que el acuerdo se alcance ya, para que la aplicación del impuesto sea lo más inmediata posible. El retraso en la adopción del acuerdo responde a la presión del sector financiero que trata de conseguir un debilitamiento de las propuestas", ha advertido María Villanueva, responsable de fiscalidad y desarrollo de Oxfam Intermón, organización miembro de La Alianza Española por la Tasa Robin Hood.

En esta línea, ha pedido a los líderes europeos que "no cedan a las presiones del sector financiero y que se atrevan a dar un paso histórico".

El impuesto, que en un acuerdo ideal –propuesto por la Comisión Europea– debería consistir en la aplicación de un tipo mínimo del 0.1% sobre la compraventa de acciones y bonos y un 0.01% sobre los productos derivados, supondría unos ingresos muy importantes. Así, se estima que, de aplicarse en estos términos, Europa se recaudarían unos 35.000 millones de euros (5.000 en España) entre los 11 países que acordaron implementar una tasa sobre las transacciones financieras.

Villanueva ha explicado que el éxito de las negociaciones de estas semanas debería permitir la aplicación de un impuesto que asegurara el cumplimiento de dos objetivos: "La máxima recaudación de esta tasa y cierto control de los movimientos financieros más especulativos".

Por su parte, Vanessa López, directora de Salud Por Derecho, también miembro de La Alianza Española por la Tasa Robin Hood, ha recordado que el pasado mes de diciembre el presidente español, Mariano Rajoy, y el francés Francois Hollande se comprometieron a destinar parte de los fondos al desarrollo global y la lucha contra el cambio climático.

"Es necesario que ese compromiso se haga realidad y ver que el 50% de los fondos se destinan a la lucha contra la pobreza en España y el 50% restante a la lucha contra la pobreza en el mundo y el cambio climático", sostiene López.

España y otros diez Estados miembros de la UE –entre ellos Alemania, Francia e Italia– han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la hoja de ruta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras. El nuevo gravamen se implantará por fases –empezando por las acciones y algunos derivados– para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.

Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin, ha anunciado durante el Ecofin el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, han acordado "empezar gravando las acciones y algunos derivados". El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".

Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo. Estos principios aparecen recogidos en una declaración conjunta suscrita por los países participantes. Eslovenia no ha suscrito la declaración por la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones, con lo que el grupo podría quedarse en 10 países.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los países participantes y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". "Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.

El ministro ha dicho que el retraso hasta 2016 "no trastoca absolutamente nada" de los planes presupuestarios del Gobierno, que había incluido en el plan de estabilidad ingresos ya para el año que viene de 640 millones procedentes entre otras partidas, de la tasa. Esta partida, ha explicado, es un "cajón de sastre" que incluye también otras tasas menores.

Reino Unido se opone

La declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta. "No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne.

Ha sido precisamente el veto de Londres el que ha obligado a poner en marcha la tasa mediante una cooperación reforzada puesta en marcha por España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.

No será para combatir la pobreza

Por su parte, el Grupo Popular en el Congreso ha rechazado este martes comprometerse a que los futuros ingresos procedentes de la implantación en España de la tasa se destinen exclusivamente a paliar la pobreza en España y el mundo, y a luchar contra el cambio climático, como proponía el PSOE.

La iniciativa del Grupo Socialista también pedía al Gobierno extender la aplicación del impuesto a más operaciones de las inicialmente previstas con el fin de obtener la "máxima recaudación" y defendía "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".

La proposición no de ley del Grupo Socialista, que contaba con el respaldo de CiU y la Izquierda Plural, ha sido rechazada por los votos de la mayoría del PP.

El acuerdo alcanzado por 11 países europeos, entre ellos España, para aplicar a partir de 2015 un nuevo impuesto sobre la compraventa de acciones y recaudar hasta 35.000 millones al año ha caído como un jarro de agua fría en el sector bancario. Los bancos consideran la llamada Tasa Tobin o Tasa Robin Hood una amenaza. En principio, son las entidades financieras las que tienen que pagar el gravamen, aunque pocos (incluido el Banco de España) dudan de que la tasa acabará por afectar al bolsillo de los usuarios.

El malestar es notable. En España, la Asociación Española de la Banca Privada (AEB) ha advertido al Gobierno de que la tasa, del 0,1% sobre cada operación con acciones, "encarecerá el coste de financiación de los Gobiernos y de las empresas residentes en los once Estados miembros participantes y dificultará, aún más, su capacidad para acceder a los mercados internacionales de capitales". Para un país como España, cuya deuda pública ronda el billón de euros (cerca del 100% del PIB), la advertencia es seria.

La forma en que se ha acordado implantar la tasa levanta muchas suspicacias incluso entre los partidarios de buscar fórmulas para frenar la especulación rampante. Los países que han aprobado la tasa son sólo 11 de la zona euro: aprobado  Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia. De ahí que expertos como el economista y profesor de Icade José Carlos Díez, aun siendo partidarios de dificultar las maniobras especulativas, sean también escépticos sobre lo recién aprobado.

Réplica de operaciones

"Hoy día -sostiene Díez- se pueden replicar las operaciones mediante derivados en cualquier lugar". La pregunta entonces es ¿por qué han aprobado 11 Gobiernos de la UE una medida que puede ser ineficaz? Díez lo tiene claro: "Queda bien decir que se impone una tasa a los mercados". Política e imagen.

La aplicación de la tasa en sólo un puñado de países cuestiona la eficacia de la medida. Alrededor del 60% de las transacciones tiene lugar en el Reino Unido, EEUU, Japón, Singapur y Hong Kong. Con Alemania, Francia, Australia y Suiza, ese porcentaje se eleva al 84%. "Si estos países más el resto del G-7 imponen la Tasa", sostiene un estudio del Instituto Elcano, "es factible su introducción aunque el resto no la aplicase".

También Juan Laborda, economista, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III y partidario de implantar la tasa advierte de que la medida "tiene dificultades". "Hay que ser muy cuidadosos acerca de cómo se hace técnicamente. Las grandes mesas de trading (negociación) de las entidades financieras están en países desarrollados, en ciudades como Londres o Nueva York, pero el cómputo de las operaciones está fuera, en países emergentes".

Tras los recelos está el temor a que las entidades realicen las operaciones con acciones y derivados allí donde no se aplique el gravamen. En la City de Londres, por ejemplo. La patronal bancaria lo ha expresado claro: "La configuración actual del impuesto -sostiene- genera un efecto cascada que potenciará la deslocalización de la actividad financiera hacia sectores no regulados o hacia otras jurisdicciones en las que no se exija este gravamen".

Evitar riesgos

Para evitar ese riesgo, el acuerdo, a falta de más precisiones, contempla la aplicación del llamado "principio de emisión": se gravan las trasacciones de todas aquellas acciones que se hayan emitido al alguno de los 11 países que han llegado al acuerdo, al margen del lugar donde se cierre la operación.

No se trata sólo del traslado (deslocalización) de operaciones. Los bancos han advertido también de que "la Comisión podría haber minusvalorado los efectos negativos que este impuesto provocará en términos de crecimiento económico y empleo en la economía de los once Estados Miembros participantes".

Bancos como Citi concretaron en un 0,5% del PIB el impacto negativo en España a largo plazo, pero el Gobierno de Reino Unido (opuesto a la tasa) elevó ese impacto en la economía de la UE en hasta el 3,5% del PIB. 

Por supuesto, hay estudios con resultados muy diferentes. Uno de ellos, de la Fundación Ideas, dirigido por el Nobel Joseph Stiglitz, calculó que con la introducción de la tasa, con un tipo impositivo del 0,05% y sin reducción de volúmenes de contratación, España recaudaría cada año 6.300 millones de euros, y Europa, 586.000 millones. Para la AEB, que no da cifras, "el potencial recaudatorio de este impuesto está sobrevalorado". 

Indignación popular

El catedrático de economía e investigador de Funcas Santiago Carbó sostiene que la tasa Tobin "parece más una respuesta a la indignación popular y un castigo al sector bancario que un instrumento fundamentado y razonable de recaudación". 

En su opinión, "el establecimiento de esta tasa de modo unilateral en parte de Europa generaría diferencias sustanciales con otras plazas financieras de fuera del continente (saldrían flujos financieros de plazas financieras europeas hacia Nueva York, Singapur, etc) y posibilidades de arbitraje que derivarían en una canalización de transacciones financieras hacia otras localizaciones geográficas".

Carbó recuerda que hasta el Nobel James Tobin, que en 1971 propuso un gravamen para evitar la especulación con divisas, renegó "de la explotación e interpretación de una idea que no nació para estos objetivos."

Tobin, seguidor de Keynes y premio Nobel de Economía en 1981, propuso un impuesto sobre todas las transacciones denominadas en divisas extranjeras, de aplicación en todo el mundo y proporcional al volumen de la transacción (en ningún caso superior al 1%). La tasa gravaría las transacciones brutas, es decir, se pagaría dos veces: al adquirir divisas extranjeras y, de nuevo, al venderlas.  Una vacuna contra la especulación tras la desaparición de la convertibilidad oro-dólar que EE UU decidió en 1971.

La plataforma, aunque ve "positivo" que estos 11 países vayan a aplicarlo a partir de 2015, considera que debería aplicarse bajos los principios de emisión y residencia como propuso el Parlamento Europeo, es decir, gravar todas aquellas operaciones en las que una de las partes resida en uno de los once países que apliquen la tasa, en lugar de utilizar sólo el principio de emisión.

Además, afirma que el impuesto a las transacciones financieras debería abarcar tanto al mercado de divisas como al de acciones. Respecto al destino de los ingresos esperados, la plataforma considera más apropiado que forme parte de una bolsa común y se reparta según la demografía para programas sociales, ambientales y de cooperación al desarrollo.

Para los sindicatos y las organizaciones sociales que integran la Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras la doble finalidad del impuesto debe ser evitar la especulación financiera y controlar los movimientos de capital y, con sus ingresos, fortalecer la economía sostenible y la cohesión social.

Por último, consideran que España debería legislar una ley sobre este impuesto, aunque fuera posteriormente reformada, como ya lo han hecho hace años Francia e Italia, con el fin de paliar el déficit social que hay en el país.

La Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras aglutina a los sindicatos CCOO, UGT, USO y Gestha, a organizaciones sociales como la Alianza Española contra la Pobreza, Cristianos de Base, Attac España, Ecologistas en Acción, Adicae, y a partidos políticos como IU o Izquierda Anticapitalista, entre otros.

España y otros 10 países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia, han alcanzado este miércoles un "acuerdo político" para poner en marcha, posiblemente a partir de 2015, una tasa a las transacciones financieras (la llamada Tasa Tobin), que inicialmente sólo se aplicará a las operaciones con acciones, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El objetivo de esta tasa, detalla Europa Press, es garantizar que el sector financiero contribuya de forma equitativa y sustancial a los ingresos públicos y frenar las operaciones más especulativas. Bruselas ha propuesto que la tasa grave con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

"Hemos llegado a un acuerdo político", ha anunciado Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin informal de Atenas, en el que esta cuestión no figuraba en principio en la agenda. El compromiso se formalizará en la próxima reunión de ministros de Economía de la UE de mayo.compromiso

Aplicación gradual

Guindos ha explicado que el acuerdo final es "muy parecido" a la posición que defendía España. Así, la tasa se aplicará de forma "gradual" y en un primer momento sólo gravará "las transacciones en acciones, tanto en el mercado al contado como en el mercado de derivados".

"Posteriormente, en función de cómo vayamos viendo que va evolucionando este impuesto, lo iremos extendiendo a otro tipo de productos", ha señalado Guindos.

Además, los ministros han acordado que se aplicará "fundamentalmente" el principio del lugar de emisión. Según este principio, los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa. El objetivo es evitar deslocalizaciones.

Guindos ha explicado que "también se puede tener en cuenta en algunos casos específicos, países que no tienen emisores importantes, el principio de residencia". Ello implica el devengo del impuesto si alguna de las partes de una transacción está establecida en un Estado miembro participante, con independencia del lugar en donde se realiza la transacción.

En el proyecto de tasa a las transacciones financieras participan España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia, Eslovaquia. Estos 11 países han decidido avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada ya que el veto de Reino Unido impide un acuerdo a Veintiocho.

Recaudación

Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, aludió a la nueva tasa y pidió que, si finalmente se aplica, se haga de forma "igual" en todos los países, con el fin de evitar "distorsiones" en los mercados.

"Vamos a ver en qué términos se aprueba. Espero que si se aplica, se aplique igual en todos los países porque será la única manera en la que no haya distorsiones en los mercados", explicó Rodríguez tras participar en la jornada sobre el sector financiero organizada por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC.