Macron era su candidato, en quien habían depositado todas sus esperanzas desde 2016, que por fin iba a llevar a cabo “las reformas necesarias” en Francia. Algunos de ellos incluso habían participado personalmente en la financiación de su campaña. Ahora, le han dado la espalda. El entusiasmo y el ímpetu que Macron había suscitado en sus inicios se han transformado en un resentimiento y un rechazo tenaces hacia el presidente de la República.

Alain Minc, que en su día fue uno de los más fieles partidarios de Macron, resumió públicamente el sentimiento generalizado del mundo empresarial: “Emmanuel Macron es el peor presidente de la V República.” En privado, los juicios son aún más duros. “¿Macron? Un irresponsable”, sentencia el presidente de un gran grupo empresarial. “No hay nada que esperar de él. Está por debajo de todo”, continúa otro, que le reprocha el “caos que ha creado”.

Ya se estaba gestando la ruptura tras el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional de junio de 2024. “Una decisión inexplicable, totalmente desconectada de la realidad”. Saliendo de su reserva habitual, Bernard Arnault, el dueño de LVMH, erigido en figura emblemática del mundo empresarial, criticó duramente la apuesta arriesgada del presidente, llegando incluso a reprocharle que no le hubiera informado antes de tomar tal decisión. El nombramiento como primer ministro de Michel Barnier había calmado un poco sus temores: la izquierda no llegaba al poder. Se habían descartado todos los peligros de que se cuestionaran las políticas centradas en la oferta llevadas a cabo durante los últimos ocho años.

Su caída y el “desastroso” gobierno de François Bayrou reavivaron ese malestar. La confianza que pidió Bayrou, con el acuerdo de Macron, y que provocó su dimisión —”una falta inexcusable”—, marcó la ruptura definitiva. “Desde entonces, no quieren saber nada de Macron. Lo odian”, afirma un asesor de varios directivos del CAC 40.

El mundo empresarial tiene mil reproches que hacerle a Emmanuel Macron: “su irresponsabilidad”, el hecho de “alimentar la inestabilidad política e institucional mientras la economía se está estancando”, y el de “reforzar la inquietud en el país”. Pero hay uno que eclipsa a todos los demás: la forma en que ha dejado que se desarrolle el debate sobre el déficit y la deuda, reavivando las dudas sobre las políticas de la oferta.

De repente, pareció posible que se cuestionaran los “logros” obtenidos por los empresarios durante sus mandatos. Por todas partes surgieron las cuestiones sobre el reparto de la riqueza, el poder adquisitivo y la equidad fiscal, obteniendo un apoyo masivo de la opinión pública. Mientras que durante más de treinta años el mundo empresarial había marcado la agenda económica, de repente se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. “Hemos perdido el discurso económico”, reconoce un asesor patronal. Y eso, para la patronal, es imperdonable.

Según ellos, esta pérdida no es culpa suya, aunque muchos consideran que Patrick Martin, el presidente de la patronal Medef, es “demasiado débil” y “demasiado blando”. La culpa es del propio Emmanuel Macron, que “no supo poner orden en sus filas” y no intervino “para encauzar el debate”. Un empresario indignado así lo afirma: “Por cálculo personal, dejó caer a Bayrou. No se preocupó por el resto. La economía, las empresas, le importan un comino”.

El trabajo de la comisión de investigación del Senado, que reveló que las empresas recibían cada año 211.000 millones de euros en ayudas públicas, ya había sido para ellos la primera alerta. Muchos consideran que han sido arrastrados a “un debate ideológico” por una comisión senatorial “que se ha salido de su papel”. Les parece totalmente fuera de lugar que el Parlamento controle el uso del dinero público y los resultados obtenidos. “Son cifras falsas”, insiste un allegado al Medef. “Además, esas ayudas compensan todos los gastos que tienen las empresas y que sus competidores no tienen.”

Pero la verdadera “traición” para el mundo empresarial es haber reavivado el debate sobre la justicia fiscal, pedir a los más ricos que contribuyan al esfuerzo presupuestario. La tasa Zucman se ha convertido en su bandera roja. Bernard Arnault, el primer afectado por un impuesto sobre las grandes fortunas, “ha dado la señal para el abandono general de Emmanuel Macron. Y todo el mundo le ha seguido”, según un observador.

“Es un proyecto socialcomunista”, afirma un empresario, retomando un término que solo utilizaban los pocos supervivientes de la batalla empresarial contra Mitterrand en 1982. Con dicha tasa, que afecta a patrimonios superiores a los 100 millones de euros, predice “una economía en ruinas” y “un éxodo masivo de empresarios”. Uno de ellos admite a regañadientes que quizá haya que revisar algunas lagunas fiscales, “pero de forma marginal”. En cuanto a la optimización y la evasión fiscales, parecen simplemente no existir.

“Sea cual sea el futuro gobierno, debe excluirse cualquier cuestionamiento de las políticas de la oferta, cualquier retroceso en las medidas sobre el capital. Es en el gasto público donde hay que encontrar los medios para ahorrar y reducir la deuda. El Estado debe aprender a gestionar”, afirma otro dirigente.

“No sé si eso pasa por la tasa Zucman, pero creo que las grandes fortunas, el mundo empresarial, no pueden evitar contribuir. La creciente divergencia entre el capital y los asalariados alcanza un nivel insoportable que hay que corregir”, cuenta otro, citando las cifras de las grandes fortunas del semanario Challenges: en treinta años, el patrimonio de las quinientas mayores fortunas francesas se ha multiplicado por 14. Y añade: “Pero sé que soy minoría en este tema. Así que me callo”.

“El mundo empresarial no puede eximirse de todo. También tiene su parte de responsabilidad en la situación actual. No puede descargar todo el esfuerzo en las clases medias y altas, que saben que van a tener que pagar. Llegará algún momento en que no lo soportarán más”, añade un banquero de negocios.

Tras seguir con atención los múltiples giros de los últimos días, el mundo empresarial intenta organizarse para influir en las decisiones políticas que se avecinan. Su prioridad es evitar que La Francia Insumisa e incluso la izquierda en sentido amplio vuelvan al poder. “¡Mélenchon es Robespierre! ¡Es Chávez en el poder!”, exclamó el expresidente de la patronal Medef, Pierre Gattaz, prediciendo que Francia correría la misma suerte que Venezuela si se aceptaba la más mínima propuesta de la izquierda.

La segunda medida es acabar con la inestabilidad política. “Este país necesita orden, autoridad”, afirma un empresario del sector de la defensa. En los últimos meses, muchos de ellos han entablado amistad con Bruno Retailleau. El ministro del Interior dimisionario les parecía tener las cualidades necesarias para llevar a cabo la política que ellos deseaban.

Su sorprendente dimisión el domingo, dos horas después de haber sido nombrado, abrió los ojos a algunos. “¡Se autoproclama líder del partido, pero ni siquiera se asegura de la composición del gobierno en el que debe participar antes de dar su consentimiento! ¿Cómo vas a creerle? Ha demostrado que realmente no está a la altura”, afirma un dirigente de un gran grupo. “Es un político como cualquier otro”, concluye otro.

Así pues, la idea que ya empezaba a gestarse el año pasado se afianza ahora con más fuerza: es necesaria la unión de las derechas, que los miembros del partido Los Republicanos (LR) completen su transformación y acepten acercarse a la Agrupación Nacional (RN).

El mundo empresarial, pillado por sorpresa en el momento de la disolución de junio de 2024, ha multiplicado desde entonces las reuniones con los dirigentes de la RN, a quienes consideran “demasiado frívolos” en materia económica, con el fin de transmitirles los mensajes adecuados. Parecen haber prestado especial atención a Jordan Bardella. “Prácticamente todos mis clientes me han pedido durante el año reunirse con él, pero casi ninguno ha querido ver a Marine Le Pen”, cuenta un asesor de grandes grupos.

Para el mundo empresarial, el nombre de Le Pen, aunque ya no es tan controvertido como antes, sigue siendo incómodo. Además, Marine Le Pen ha incluido en su programa medidas de izquierdas, como la anulación de la reforma de las pensiones y un impuesto sobre el capital financiero. Todas ellas son propuestas “espantosas”.

El hecho de que Marine Le Pen haya sido declarada inelegible facilita un poco más su acercamiento discreto a la RN. Con Jordan Bardella, todo se vuelve más sencillo. Y él sabe escuchar: la RN ha emprendido una discreta revisión de su programa económico, con el objetivo de armonizarlo y suprimir algunas medidas que podrían irritar al resto de la derecha.

En la patronal, algunos quieren creer que el apoyo a la RN aún no está asegurado, que el muro de rechazo resistirá. “Siempre hay bocazas en el movimiento. Pero tengo la sensación de que entre muchos empresarios, en las organizaciones patronales, todavía hay personas que se niegan a dar ese paso. No estamos hablando solo de economía, sino de democracia, de libertades públicas. Lo que está pasando en Estados Unidos con Trump debería alertarnos”, explica un responsable.

El argumento encuentra cierto eco entre los responsables de los grandes grupos globalizados. Cada día son más conscientes de la desestabilización que provoca el presidente americano en ámbitos fundamentales. Pero eso no va más allá. “El populismo de Trump no tiene nada que ver con el populismo europeo. Fíjese en Giorgia Meloni. No ha cuestionado los vínculos de Italia con Europa, lleva a cabo una política económica razonable, inspirada por Mario Draghi, y tiene éxito”, dice otro.

Con el paso de los meses, la presidenta del Consejo italiano se ha convertido en un referente en el mundo empresarial. Es el ejemplo a seguir. Y eso pasa en Francia por la unión de las derechas, según ellos. Los debates internos que se están produciendo en la derecha sobre un acercamiento a la RN les dan buenas esperanzas. Se está poniendo en marcha todo lo necesario para que puedan seguir defendiendo sus propios intereses, en detrimento de todo lo demás.

Esta semana crecía una inquietud sorda en las filas del Medef (Movimiento de Empresas de Francia): todo indicaba que “el gran evento” previsto para el 13 de octubre por el presidente de la patronal, Patrick Martin, para protestar contra los proyectos fiscales que afectan a las empresas, podría convertirse en un fiasco. La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME) y la Unión de Empresas de Proximidad (U2P) habían anunciado que no participarían en esa reunión.

Pero el Medef también tenía grandes dificultades para movilizar a sus afiliados. Las reservas de billetes de tren y avión, puestas a disposición por la organización patronal para llevar a los batallones de empresarios, eran escasas. Comenzaba a rondar las mentes la perspectiva de ver la sala del Accor Arena, con capacidad para 13.000 personas, medio vacía: ¿cómo podría recuperarse la patronal de un fracaso semejante si transmitía la desastrosa imagen de un mundo empresarial dividido, incapaz de contar con la mayoría?

Las críticas ya apuntaban a Patrick Martin, acusado de haberse marchado sin asegurarse el apoyo de los demás movimientos patronales. “No se puede movilizar cuando no hay gobierno, ni hoja de ruta, ni proyecto de presupuesto”, añadía un conocedor del mundo empresarial. Temiendo el fracaso anunciado, los círculos empresariales esperaban una declaración de Sébastien Lecornu que les permitiera cancelar la manifestación. Algunos parecían dispuestos a enviar a Matignon el texto que les ofrecería una salida.

La inesperada dimisión del primer ministro les brindó la oportunidad deseada. Sin esperar, la Medef anunció que cancelaba su gran jornada del 13 de octubre “para contribuir a la pacificación del país”.

Traducción de Miguel López

Es falso que el Partido Popular vaya a aumentar la edad de jubilación hasta los 72 años para toda la población, como afirman falsamente perfiles en redes sociales que confunden una propuesta del Círculo de Empresarios con las iniciativas del PP y sus propuestas de jubilación para sanitarios.

Usuarios en redes sociales, principalmente en Twitter, Facebook y TikTok, han compartido en los últimos días que el PP quiere aumentar la edad de jubilación a los 72 años.

Algunas de estas publicaciones incluyen un breve fragmento del programa de televisión "Al Rojo Vivo", en el que varios tertulianos debaten sobre la posición del PP y las propuestas del Círculo de Empresarios sobre este asunto.

En el vídeo, se escucha como una de las tertulianas dice que "no hay ni un solo español que quiera jubilarse a los 72 años".

Otra cuenta de Facebook, que no incluye el fragmento del programa, también asegura que el presidente del PP y candidato a la presidencia en las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, quiere subirla de 68 a 72 años.

Retrasar la edad de jubilación a los 72 años para toda la población no es una propuesta del PP, sino del Círculo de Empresarios. Aunque el partido sí propone que exista esta opción para el personal de Atención Primaria que quiera hacerlo "voluntariamente", tal y como se indica en su programa electoral y confirman fuentes del partido a EFE Verifica.

La propuesta que diversos internautas relacionan falsamente con el PP fue una iniciativa anunciada el pasado 5 de julio por el Círculo de Empresarios, una organización sin ánimo de lucro, mediante una "Carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes", que el presidente de la asociación, Manuel Pérez-Sala, presentó a los medios.

En ella, proponen el retraso voluntario de la edad de jubilación para todos los ciudadanos a los 72 años acompañado de un sistema de incentivo.

Si bien en España la edad de jubilación es a los 65 años y está previsto que aumente hasta los 67 en 2027, el Círculo de Empresarios apoya por retrasarla unos años más, con un esquema voluntario entre los 68 y 72 años, en donde cada afiliado decida y planifique su retiro, aunque la pensión será mayor cuanto más se retrase la salida del mercado laboral.

Además, añaden, el Estado debería habilitar un sistema de pensiones complementarias no contributivas, para "permitir el acceso a la jubilación" a aquellas personas que necesiten acortar su vida laboral, "o que no hayan podido contribuir adecuadamente al sistema para recibir una pensión contributiva digna".

No obstante, el Partido Popular no incluye en su programa electoral que se vaya a retrasar la edad de jubilación para toda la población, aunque sí para los especialistas de Atención Primaria, y miembros del partido han negado en varias ocasiones a medios que se vaya a atrasar por encima de los 67 años.

Fuentes del partido sostienen a EFE Verifica que todas sus propuestas sobre jubilación se incluyen en el programa electoral, en el cual no mencionan que la edad de jubilación se vaya a retrasar para todos los trabajadores.

Lo que sí aparece en el programa y que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también anunció públicamente en un acto en Valencia en junio, es su intención de "reforzar la jubilación activa mejorada" para especialistas en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria, que quieran voluntariamente jubilarse a los 72 años. 

De hecho, el PSOE también incluye esta propuesta en su programa electoral, en el cual señalan que promoverán "la jubilación activa mejorada en las especialidades deficitarias, para permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 72 años".

Por otro lado, el PP también estudia una jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

El PP lo niega en las últimas declaraciones

Además, en el último año, el PP ha negado en varias ocasiones que vaya a incrementar la edad de jubilación por encima de los 67 años, según se ha podido comprobar en el archivo de informaciones de EFE y a través de una búsqueda avanzada en Google y redes sociales.

Según una información publicada en marzo de 2023 en El País, fuentes de la dirección del PP confirmaron al periódico que "rechazaban un incremento en la edad de jubilación española", ya por encima de los 64 años, pero que sí eran "favorables" a ofrecer "incentivos fiscales" para aquellos que deseen retrasar su jubilación "voluntariamente".

Un mes más tarde, en abril, el diario La Razón preguntó al vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, si pensaban elevar por encima de los 67 años la edad legal de jubilación, a lo que contestó:

"Lo rechazamos, no genera el apoyo de la gente. Hay que hacer políticas claras. Ahora mismo miles de trabajadores se están prejubilando por el miedo a la reforma de Escrivá. Lo que propondremos es la jubilación parcial voluntaria".

Estas declaraciones vienen después de que la secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, asegurara en noviembre de 2022 en una entrevista a la revista YoDona que "no pasaría nada" si en unos años la sociedad española empezase a jubilarse a los 70, "si la expectativa de vida sigue creciendo" y la población llega "bien".

Gamarra añadió que "mucha gente" en España se ve "con ganas de trabajar más años", y que el Gobierno debe "buscar flexibilidad", pero que aún así incrementar la edad de jubilación "requiere de análisis serio y profundo, buscando el consenso con diálogo político y social".

Las afirmaciones falsas y los contenidos engañosos crecen a pocos días de celebrarse las elecciones generales del 23 de julio.

En este recopilatorio agrupamos las falsedades desmentidas por EFE Verifica en los últimos días:

En definitiva, el PP no incluye en su programa electoral retrasar la edad de jubilación a los 72 años para toda la población, es una propuesta del Círculo de Empresarios. Lo que sí propone el partido -al igual que incluye el PSOE- es que exista esa opción para sanitarios que quieran hacerlo "voluntariamente", tal y como se indica en su programa electoral y confirman fuentes del partido a EFE Verifica.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

La verdad es que la propuesta concreta sobre las edades no figura en el documento escrito que se puede leer en la página web del Círculo, pero ha sido explicada posteriormente por el presidente de la institución.

El Círculo de Empresarios se constituyó en 1977 por iniciativa del ministro de industria con Franco y posterior gobernador del Banco de España, José María López de Letona, junto a destacados empresarios o directivos de empresa de la época como Claudio Boada, presidente del INI, Rafael del Pino ( Ferrovial) o José Luis Ballvé (Campofrío).

Fueron el equivalente económico a los aperturistas políticos del régimen, porque ellos también eran del régimen. “El cambio de régimen político propició el económico, la transición económica” dice Carlos Rodríguez Braum en su obra “25 años del Circulo de Empresarios, debate socioeconómico 1977-2002” que recoge la historia y el papel de la organización en esos años.

Los impulsores del Círculo se dieron cuenta, frente a otros empresarios con menos visión, de que la nueva realidad política, que aceptaban, les obligaba a jugar otro papel al que habían jugado durante el franquismo y a organizarse de manera diferente, para defender los mismos intereses.

La continuidad de apellidos de la oligarquía económica del franquismo en el Círculo hasta hoy se puede apreciar por la cantidad de apellidos de sagas e individuales que han presidido la entidad: Foncillas, Isasi-Isasmendi, Espinosa de los Monteros, Oriol, Vega de Seoane, Azpilicueta. Invito al lector a un recorrido por la página web de la institución. No estoy diciendo que el Círculo hoy sea franquista, digo que hay una continuidad indudable entre los que dirigían la economía franquista y los que hoy tienen un gran peso en la dirección de la economía.

El Círculo se presenta como un centro de reflexión, un Think-Tank, de ideas liberales, que defiende ideas y no intereses. Basta ver la composición de sus miembros y las empresas a las que pertenecen y los criterios sobre materias concretas y no sobre ideas que defienden, para que sea evidente que no es así. Es un grupo organizado de presión que defiende intereses concretos de determinados sectores, por supuesto legítimos, pero no los intereses generales que dice defender.

Tiene organización de grupo de presión, con secciones especiales dedicadas al parlamento, la judicatura, la administración pública, la defensa, y la educación. En el caso de los parlamentarios cuenta con el Programa de Empresas Parlamentarios (PEP) mediante el cual 28 promociones de parlamentarios y senadores (un total de 1.733 según la Memoria de 2022) han pasado por empresas y cursos de formación empresarial y a los que se otorga un diploma. Nada que objetar a que los parlamentarios visiten empresas y aprendan economía, pero cabe preguntar ¿qué ven y con quién hablan los parlamentarios cuando van a las empresas, también con los trabajadores, ven cómo éstos trabajan, con sus representantes; examinan las condiciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo?

El Círculo hace una propuesta sobre jubilación cuando muchos de sus integrantes no se jubilan, al menos del poder, que siguen sustentando ellos mismos o sus descendientes, a través de las sagas.

Además, la posesión del poder y del dinero debe ser un acicate muy fuerte para alargar la edad de jubilación hasta que la salud lo permita, aunque esperen unas jubilaciones muy generosas imposibles de alcanzar para los trabajadores normales. Y nadie dice que no trabajen, porque pasan fácilmente de un puesto directivo a otro, además de pertenecer a varios consejos de administración al mismo tiempo. No, los directivos del Círculo no saben lo que supone la jubilación para los trabajadores de a pie, ni siquiera los de sus empresas.

La propuesta de jubilación del Círculo se basa en el sistema de cuentas nacionales sueco fundado en una cotización mixta del trabajador. Un 16% de la base de su salario va a la cuenta nocional propiamente dicha a la que será su futura pensión pública, y otro 2,5 a cuentas financieras que gestionarán entidades privadas. Sin perjuicio de abordar en otro momento con más profundidad el sistema, llama la atención que éste abre un amplio campo a las empresas aseguradoras y financieras. Será casualidad que varios de los directivos del Círculo son a su vez directivos de aseguradoras y financieras? Defensa de ideas o defensa de intereses?

Por otra parte, se fija la edad de jubilación a los 68 años para todos, que puede llegar hasta los 72 con un sistema de incentivos. Hay personas que pueden trabajar hasta los 72 años sin problema, pero otros muchos llegarán a los 68, si llegan, con una salud muy quebrantada. Hay trabajadores y trabajadoras cuya vida laboral es durísima y que debería acabar como mucho a los 60 años. Cualquier sistema de jubilación debería tener en cuenta las realidades laborales y de salud de cada persona. Tanto como nos importa el respeto a la libertad individual, y obligamos a seguir trabajando a personas que no pueden seguir haciéndolo.

La carta abierta a los futuros gobernantes y legisladores critica la reforma laboral vigente aunque ésta ha logrado dos de los objetivos que el Círculo dice perseguir; la disminución de la contratación temporal y el aumento de la contratación fija. Lo que están diciendo al nuevo gobierno es que derogue la reforma laboral. Los objetivos del Círculo en esta materia no han variado desde su fundación por López de Letona: abaratamiento del despido, flexibilidad en la contratación, negociación de empresa y no sectorial, rebajar las cotizaciones empresariales.

En materia de vivienda solicitan hacer compatible el derecho a la propiedad con los derechos de los ciudadanos más vulnerables. Más apropiado sería hacer compatible el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda.

En materia sanitaria, solicitan despolitizar el sistema sanitario e intensificar la colaboración público - privada, sin definir en qué consiste ésta. Una adecuada colaboración no puede significar deteriorar el sistema público para favorecer al privado, ni que éste se sustente en gran medida en la aportación de lo público.

El Círculo se erige en defensor de la figura del empresario, a lo que no hay nada que objetar, figura que por otra parte está consolidada en la sociedad española, sin perjuicio de que se puedan producir desafortunados comentarios por algún responsable público: el respeto debe ser mutuo, la sociedad al empresario y éste con la sociedad; y ello empieza por reconocer lo que cada uno es. El Círculo de Empresarios es un grupo de presión que defiende, legítimamente, repito, intereses sectoriales.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El Círculo de Empresarios pidió a varias compañías del ÍBEX 35 aportaciones para cubrir los gastos de las conferencias que el ex primer ministro francés Manuel Valls impartió esta semana en Madrid y Barcelona, en las que se mostró muy crítico con el independentismo catalán. La información la adelantó este miércoles el periódico digital catalán Elnacional.cat, que asegura poseer una copia del correo que el secretario general del lobby empresarial, Jesús Sainz Muñoz, envió a mediados de noviembre a los responsables de las grandes compañías con copia a su presidente, Javier Vega de Seoane.

En el email, Sainz Muñoz destaca la “extraordinaria importancia” de que “los ciudadanos españoles, y especialmente los catalanes con vistas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, conozcan su opinión [la de Valls] sobre el futuro de Cataluña como parte integrante de España en el futuro de la UE”. El político francés, nacido en Barcelona, habló el lunes 11 en Barcelona y el martes en Madrid. El Círculo de Empresarios solicitaba ayuda económica para cubrir “los costes del viaje, de la cena del domingo 10 con los patrocinadores y un reducido número de invitados y del almuerzo […] en el Casino de Madrid el lunes 11”. Según elnacional.cat, esos costes ascendieron a 40.000 euros.

El Círculo de Empresarios, preguntado por infoLibre al respecto, rechazó confirmar o desmentir la existencia del correo y de la solicitud de fondos. “No vamos a comentar nada sobre el asunto”, indicó un portavoz, quien se negó a desvelar qué empresas habían pagado la gira del político francés.

“Tenemos intención de aprovechar la estancia de Manuel Valls […] para que sus declaraciones tengan un amplio eco en los medios de comunicación […] particularmente en Cataluña”, explica el secretario del Círculo de Empresarios en el correo, según el periódico catalán.

En los últimos tiempos, el político francés se ha prodigado en declaraciones y entrevistas en España sobre el procés. El ex primer ministro francés defiende la necesidad de “un nuevo patriotismo en España” y considera que el independentismo en Cataluña es un riesgo para Europa.

Presencia mediática en Francia y España

En el acto de Barcelona, organizado con la escuela de negocios Esade y el think tankCírculo de Economía, además de patrocinado por el Banco Sabadell, Valls conversó con Javier Solana, ex alto representante de Política Exterior de la UE, ante otros políticos como el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el exlíder del PSC Pere Navarro. El coloquio celebrado en Madrid el día 12, uno más de la serie Encuentros para el diálogo que patrocinan Banco Santander y la Mutua Madrileña, fue moderado por la presentadora de Espejo Público (Antena 3), Susana Griso. Y en él Valls conversó con el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane.

Manuel Valls abandonó la primera línea política en Francia tras dimitir como primer ministro, postularse a la presidencia del país y perder las primarias. Se negó a respaldar al ganador, Benoît Hamon, dejó el Partido Socialista y ahora está adscrito a La République en Marche, el grupo parlamentario del nuevo presidente, Emmanuel Macron. En los últimos tiempos, Valls ha multiplicado su presencia en los medios franceses. Ha sido protagonista de una agria disputa con Mediapart, el socio francés de infoLibre, a propósito del intelectual musulmán Tariq Ramadán –acusado de dos violaciones– y el laicismo.

El Gobierno subirá este martes un 1%, seis euros y 48 céntimos al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2016, el mayor aumento de una legislatura en que lo congeló dos años –2012 y 2014–. De hecho, Mariano Rajoy es el presidente que menos ha subido el SMI desde 1980, cuando se estableció su revisión anual en el Estatuto de los Trabajadores: sólo un 2,1% si se incluye el alza del próximo año. Una cicatería que resulta más palpable aún si se compara con la subida media de los sueldos pactados en convenio durante una crisis marcada por la devaluación salarial. Desde 2012, empresas y sindicatos han acordado un aumento acumulado del 4,34%. Es decir, el salario mínimo ha crecido menos de la mitad que unos sueldos sujetos a un corsé marcado por el acuerdo de contención firmado por patronal y sindicatos, y empujados a la baja por una oferta de mano de obra compuesta de más de cuatro millones de parados en busca de empleo.

Las subidas salariales pactadas en los convenios se han atenido estos últimos cuatro años a los límites que se marcaron la CEOE y las centrales sindicales en el penúltimo acuerdo de negociación colectiva. Han sido los menores aumentos al menos desde 2000, último año en que ofrece datos al respecto el Ministerio de Empleo. Pues bien, el alza del salario mínimo ha sido aún más exiguo. Sólo un 0,6% en 2013 –tres euros y 90 céntimos al mes–, y un 0,5% este año –tres euros y 30 céntimos–. En 2012 y 2014 fue congelado.

Para el año próximo, el nuevo acuerdo de negociación colectiva firmado el pasado mes de junio, establece para 2016 una subida salarial máxima del 1,5%, medio punto más que el aumento decidido por el Gobierno para el SMI. Continuará, por tanto, la tónica de los cuatro años anteriores. También la misma dirección que ya siguió el Gobierno de José María Aznar, que subió el SMI un 2% anual desde 2000 a 2004, por debajo del alza pactado en convenio, nunca inferior al 3% en aquella época.

Por el contrario, desde ese año y hasta 2010, los aumentos del salario mínimo fueron siempre superiores a los sueldos pactados en las empresas y los sectores; en 2004 incluso subió el doble –un 6,6%–.

“Agresión a los asalariados con menos ingresos”

CCOO y UGT han enviado por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, su “más absoluto rechazo” a una subida del SMI que consideran una “agresión a las personas asalariadas con menos ingresos” y tachan de “burla inaceptable”. En España, explican, 250.000 personas cobran un salario igual o inferior al SMI. Al año, 8.300 euros netos, recuerdan los sindicatos, sólo un poco por encima de los 7.961 euros en que se ha establecido el umbral de la pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el SMI es la referencia que sirve para fijar las retribuciones en los sectores más precarizados y en los contratos a tiempo parcial. También se utiliza para actualizar las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. Es decir, determina la cuantía de las pensiones de jubilación de muchos de trabajadores con sueldos bajos.

Finalmente, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sirve de referencia para conceder becas, subsidios por desempleo u otro tipo de ayudas, ya quedó congelado en los Presupuestos del Estado para 2016. Por sexto año consecutivo se mantiene en 532,51 euros. Este indicador nació en 2004 precisamente para desligar las prestaciones y ayudas del SMI.

Desde 2000 el salario mínimo español ha subido un 54,2%. Aun así, los 655,08 euros mensuales en que se situará el próximo año continúan dejándolo en la cola de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. Y muy lejos de los 1.425 euros de Francia, los 1.461 euros e Irlanda o los 1.801 euros de Luxemburgo, el mayor de la UE.

Para los sindicatos, el SMI es uno de los “instrumentos principales para combatir la pobreza laboral y la desigualdad laboral”, porque protege a “los asalariados con empleos más precarios y, por tanto, con mayores dificultades para negociar sus condiciones de trabajo”. De ahí que UGT y CCOO reprochen al Gobierno que haga campaña con la recuperación y el cambio de ciclo económico al mismo tiempo que “agrede a los más débiles en lo que es una contradicción absoluta con su discurso de salida de la crisis”.

UGT y CCOO pidieron una subida del 11%

Los sindicatos aseguran que el salario mínimo ha perdido cuatro puntos de poder adquisitivo desde 2010, tomando como referencia el IPC medio de cada ejercicio. Y si no ha sido mayor la caída se debe a la baja inflación –el 0,3% en 2013–, incluso con cifras negativas –-1% en 2014 y -0,3 hasta noviembre este año–. Las previsiones de inflación para 2016 van del 0,8% –Banco de España y Funcas– al 1,1% del Gobierno.

Por eso, UGT y CCOO pidieron al Ministerio de Empleo que subiera el SMI un 11% en 2016 y otro tanto en 2017, de forma que ese año alcanzara los 800 euros800 euros mensuales. A partir de ese año, apuntan, el salario mínimo debería aumentarse en función del salario medio y el salario mínimo en Europa, además del salario medio en España. El objetivo es poner el SMI nacional en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Unos 1.121 euros al mes.

De hecho, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que el SMI debe revisarse cada año teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el aumento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Sin embargo, UGT y CCOO denuncian que el Gobierno ha incumplido ese mandato, al igual que el que le obliga a consultar la subida del SMI con los agentes sociales. Aseguran que Empleo no ha contestado a sus dos cartas de 2 noviembre y 11 de diciembre, y el pasado día 23 les comunicó “una decisión que ya tenía tomada” sin diálogo ni reunión alguna. Por eso, los sindicatos piden la reforma del artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, para cambiar los criterios con que se calcula la subida anual del SMI y advierten de que denunciarán al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “vulnerar los derechos laborales”.

La CEOE, de acuerdo con el Gobierno

Por el contrario, la CEOE califica de “correcta” la subida del 1% del salario mínimo, pues la sitúa “dentro de los parámetros” del último acuerdo de negociación colectiva, informa Europa Press. Más firme sobre este asunto se ha manifestado siempre el Círculo de Empresarios. Su nuevo presidente, Javier Vega de Seoane, alertó el pasado noviembre de que subir el salario mínimo supondría un aumento del desempleo porque “las empresas no contratarían tanto” como con el actual. Al tiempo, quiso dulcificar las declaraciones de su predecesora, Mónica de Oriol, sobre el salario mínimo que los empresarios se ven obligados a pagar a jóvenes sin formación “aunque no valgan nada”. Vega de Seoane precisó que no quiere bajar el SMI, sino crear un salario mínimo específico para parados sin formación: parte de ese sueldo se les pagaría “en especie”, en esa formación que les falta. También el Banco de España ha sugerido que el SMI debería suprimirse porque limita las posibilidades de contratación de los trabajadores con menores niveles de empleabilidad.

Son los mismos argumentos con los que determinados sectores han combatido en Estados Unidos y Alemania la instauración de suelos de salarios. Hasta el momento, sin éxito: Angela Merkel implantó un salario mínimo federal en 2014 de ocho euros y medio la hora, mientras en Washington DC y California se han aprobado subidas progresivas en los dos últimos años para los sectores con sueldos más bajos.

Poco tiempo transcurrió tras aprobarse la reforma laboral, en febrero de 2012, antes de que surgieran las primeras voces insatisfechas por los cambios legales operados, pese a que probablemente fueron los más sustanciales desde que se firmó el Estatuto de los Trabajadores en 1980. Exigían “profundizar” en la reforma hecha o, sencillamente, pedían más reformas. A punto de acabar la legislatura y con las elecciones generales a punto, los partidos incluyen en sus programas nuevos vuelcos en las leyes laborales. Derogar o no la reforma de 2012, sólo en parte o al completo, prometen IU, Podemos, PSOE o Ciudadanos.

Antes que las políticas han surgido numerosas propuestas que intentan orientar las nuevas reformas que amenazan al mercado laboral español, campeón del paro y la temporalidad en Europa. La CEOE, el Círculo de Empresarios, el Servicio de Estudios del BBVA, los despachos Sagardoy y Cuatrecasas y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) coinciden en saludar los efectos positivos que, a su juicio, ha tenido la reforma de 2012, también en que ésta ha sido “insuficiente”.

Descendiendo al detalle, además, el catálogo de indicaciones es muy similar. Para empezar, todos los arriba citados reclaman una rebaja de las indemnizaciones por despido. La reforma laboral las recortó: reduciendo de 45 a 33 días por año trabajado las del despido improcedente, además de facilitando y generalizando el despido objetivo con 20 días de compensación. Pero tanto los empresarios como los abogados de las empresas y los economistas de BBVA y Fedea creen que aún deben menguar más.

La patronal CEOE y el lobby Círculo de Empresarios lo expresan en términos parecidos: piden un “mayor acercamiento entre la indemnización por despido objetivo [20 días] y la correspondiente para el contrato temporal [12 días]”. La CEOE dice que así se acabará con la dualidad del mercado de trabajo –la brecha entre una mayoría de contratos temporales y precarios y una minoría de contratos indefinidos y estables–. Para el Círculo, es una forma de “converger con el entorno europeo”.

Indemnización creciente y una 'mochila austriaca'

La propuesta que el BBVA y la Fundación Sargadoy publicitaron en noviembre de 2014 era mucho más sofisticada. A su vez, se basa en los planteamientos que lleva años haciendo Fedea, una fundación en cuyo patronato se integran las mayores compañías y bancos españoles. Se trata de un sistema “mixto”, en el que una parte de la indemnización por despido depende de la antigüedad del trabajador en la empresa y otra procede de “una cuenta de ahorro individual”, lo que se conoce como “mochila austriaca”.

Si el despido es procedente y el trabajador sólo lleva un año en la empresa, no cobra indemnización alguna. Con dos años, percibe cuatro días por año; con tres años, ocho días; con cuatro años, 12 días, la indemnización que ahora tiene un contrato temporal. Si el despido es improcedente, cobraría cuatro días por el primer año, hasta un máximo de 25 días.

A estas cantidades habría que añadir la cantidad acumulada por cada trabajador en su cuenta individual. Ésta se va nutriendo de las aportaciones que va haciendo la empresa, a razón de ocho días por año o un 2,19% del salario bruto anual. Los autores de la propuesta aseguran que no se trata de una cotización adicional para la empresa, sino que esa cantidad forma parte de la retribución total del trabajador. Es el sistema que Austria implantó en 2003. Las cuentas, además, son invertidas en “fondos de previsión públicos creados a tal fin”, por lo que deberían crecer con el tiempo. Los asalariados pueden cobrar la cantidad que acumulan en su mochila cuando cambian de trabajo, para invertirlo en formación o cuando son despedidos. Si no la rescatan durante su vida laboral, pueden percibirla al jubilarse, lo que para BBVA supone una ventaja añadida: “Permite complementar la pensión de los futuros jubilados”.

De esta forma, sumando la indemnización creciente según la antigüedad y la mochila rescatada, el trabajador despedido de forma improcedente cobraría 33 días (25+8) cuando alcanzara ocho años en la empresa. Ésas es la cantidad establecida por ley actualmente para el despido improcedente desde el primer día.

En el caso de los contratos temporales, la indemnización seguiría siendo de 12 días por año más los ocho días de la cuenta individual; es decir, 20 días. Por tanto, sería superior a la del despido procedente de un contratado fijo. Así, aumenta para el empresario el “atractivo” de este último tipo de contrato y se “penaliza a las empresas con una rotación de personal elevada e injustificada”.

Sólo tres tipos de contratos

De cualquier forma, para los autores de esta propuesta, el contrato indefinido debería ser la “opción por defecto”. Defienden que se reduzca el catálogo actual de contratos a tres. Sin llegar a mencionar el “contrato único” como tal, la creación estrella de Fedea, sí que piden agrupar “en un único contrato lo suficientemente flexible” todas las modalidades vigentes de contratos indefinidos.

La reducción de los tipos de contratos es otro de los puntos en que coinciden las propuestas mencionadas. En 2013 el Gobierno los dejó en cinco, aunque entonces vendió la medida como una mera “simplificación administrativa”. Tanto la patronal y el Círculo como el BBVA y Fedea consideran que tres serían suficientes: temporal, indefinido y de formación. La misma idea ha planteado el PSOE. Eso sí, manteniendo la distinción entre contratos a tiempo completo y a tiempo parcial. Porque otra coincidencia entre las propuestas es la necesidad de “flexibilizar” aún más el empleo por horas, para incentivarlo. Ya lo hizo la reforma laboral, permitiendo añadir a estos contratos horas extraordinarias. De hecho, durante la crisis el número de trabajadores a tiempo parcial no ha dejado de crecer –el 35% de los contratos que se firman cada mes son por horas y, además, temporales–, pero los empresarios creen que son pocos y que la rigidez de sus condiciones los penalizan.

En su documento de propuestas para las elecciones generales de diciembre, la CEOE también reclama más “flexibilidad” en el uso de los contratos formativos y de prácticas: que puedan ser tanto indefinidos como temporales y, en este último caso, que puedan prorrogarse durante tres años. Pero no es el único contrato que la patronal considera demasiado rígido. Pide que la ley permita a los empresarios convertir contratos indefinidos en fijos discontinuos. Y que cree un contrato especial para los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Es más, la CEOE no duda en demandar que se “descausalice” la contratación temporal. La ley establece que este tipo de contratos debe obedecer a una causa concreta: una acumulación o un exceso de tareas, sustituir a otro trabajador o hacer frente a una obra o servicio determinado. Pero, en la práctica, la mayor parte de los contratos temporales en España se celebran en fraude de ley: son más del 90% de los que se firman cada mes.

El Círculo de Empresarios va incluso más allá y pretende que se implante en España el “contrato por llamada”, que sí existe en Reino Unido, por ejemplo. Allí los llaman “contratos de cero horas” y son los campeones de la flexibilidad. El trabajador está a libre disposición del empresario, que puede requerir su presencia en cualquier momento, mediante una llamada telefónica o SMS. No tiene asegurado un mínimo de horas ni un cuantía mínima de salario.

Que sea  más fácil recortar salarios y aumentar jornadas

Más allá de la entrada y la salida del puesto de trabajo, flexibilidad es el concepto que comparten las propuestas citadas también para las condiciones laborales dentro de la empresa. Era la palabra mágica de la reforma de 2012: facilitar la adaptación de la empresa a la coyuntura económica. La ley permite ahora recortar salarios, trasladar a los trabajadores, cambiarles de función o categoría, reducirles o aumentarles la jornada, suspenderles el contrato… con mucho más facilidad que antes. Tanta que los sindicatos se quejan de que ha aumentado el “poder discrecional” de los empresarios y se ha desprotegido al trabajador. Aun así, CEOE y Círculo de Empresarios reclaman un “régimen más ágil y eficaz” para cambiar las condiciones laborales, aumentar las jornadas o las horas extraordinarias “sin la rígida exigencia formal del registro día a día” o fomentar la “movilidad” de sus empleados.

Sobre los salarios, la apuesta es por vincularlos con la productividad, aumentando las retribuciones variables. Además, el Círculo de Empresarios mantiene una de sus polémicas demandas, apoyada también en su día por el Banco de España: un salario mínimo “específico” para los jóvenes vinculado a la formación, según consta en el último de sus Barómetros, publicado el pasado mes de junio. Es decir, que cobren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Limitar el papel de los jueces

La CEOE y el bufete Cuatrecasas se quejan de la inseguridad jurídica que ha causado la interpretación que los tribunales han hecho de la reforma. El alto porcentaje –la mitad– de despidos colectivos anulados por los jueces y las sentencias del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios tras caducar, que la reforma limitó a un año– no han sido del agrado de las empresas, de los abogados que las defienden y de muchos analistas. De ahí que la CEOE demande que “se limite la posibilidad de impugnar” ante los tribunales los despidos colectivos si se han hecho con el acuerdo de los sindicatos, y que no puedan declararse nulos si los jueces advierten en ellos sólo “defectos formales”. Tampoco quiere la patronal que los jueces puedan “valorar” si es “adecuado” o no despedir en caso de que la empresa alegue problemas económicos.

Cuatrecasas, además, es el único de los citados que se acuerda del derecho de huelga, un asunto que quedó fuera de la reforma laboral de 2012. En el blog del bufete, el presidente del Instituto Cuatrecasas, Salvador Rey, pide que se “actualice” la regulación de este derecho, recogido en la Constitución en el capítulo de los derechos fundamentales. Hasta ahora se ha aplicado siguiendo la abundante doctrina que sobre el asunto ha dictado el Tribunal Constitucional, sin una ley específica.

Se rubricaba de este modo un pacto para la puesta en marcha de la nueva prestación de 426 euros mensuales para desempleados de larga duración. Aunque los tuiteros no han pasado por alto que se trata del primer pacto social que firma Rajoy tras tres años de Gobierno:

La polémica se ha avivado en las redes sociales porque UGT Catalunya ha reconocido que una de las condiciones impuestas por el Gobierno pasaba por "hacerse la foto":

Esta es la conversación completa mantenida en Twitter por UGT Catalunya y por Informática del sindicato CGT:

Tras la elección de Oriol, en marzo de 2012, el Círculo de Empresarios modificó sus estatutos un año después, en marzo de 2013, y estableció que el presidente de la institución pudiera estar en el cargo durante tres años prorrogables otros tres más, es decir, hasta un total de seis años. Con los estatutos anteriores, el cargo era por dos años, pero prorrogables tres veces más, en total ocho ejercicios.

A pesar de que Mónica de Oriol podría renovar su mandato por otros tres años más, ha decidido poner fin a su etapa al frente del Círculo de Empresarios, tras considerar que ha llevado a cabo sus principales objetivos cuando se puso al frente del mismo, como el barómetro de los círculos, una publicación de carácter anual sobre las fortalezas y debilidades de la economía española.

De esta forma, en marzo de 2015, concluido su mandato, se iniciará el proceso electoral en el Círculo de Empresarios para elegir al nuevo presidente de entre los 200 socios que lo componen.

Mandato con polémicas

La etapa de Mónica de Oriol al frente del Círculo de Empresarios ha estado salpicada por numerosas polémicas debido a algunas de sus declaraciones, de las que incluso ha llegado a pedir disculpas. Así, en octubre de este año aseguró que "prefería" contratar a mujeres mayores de 45 o menores de 25 por el amparo que da la ley a las mujeres trabajadoras.

En otra ocasión, el 24 de abril de 2014, aseguró que los jóvenes menos formados "no sirven para nada" y que no se les debería pagar un salario mínimo "que no producen". También fueron muy comentadas sus palabras del 26 de junio de este año acerca de que los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal CEOE funcionan como "casta".

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, pasó este viernes por los micrófonos de la Ser para hablar sobre sus desafortunadas declaraciones de hace unos días en las que afirmó que no contrataría a una mujer de entre 25 y 45 años porque los patronos se encuentran con el "problema" de las bajas por maternidad. 

"Lamento enormemente haber dicho esa frase y como ha sido interpretada. Me siento víctima de mí misma, quiero pedir disculpas por mi manera de expresarme. Como mujer trabajadora, tengo que denunciar esa situación", afirmó Oriol.

"Mi frase fue un desatino, pero lo que dije no lo es. No me reafirmo en la frase, me reafirmo en el fondo: hay soluciones para que las mujeres puedan progresar", apuntó.

Según empresaria, ella pretendía hacerse "eco" de una frase que "muchas veces" le habían dicho. "Yo me estaba haciendo eco de una opinión generalizada, y para darle teatralidad y fuerza me puse en primera persona. Me equivoqué", destacó, aunque también señaló que se equivocó en "la forma", pero no en el fondo.

"Hay 23.000 paradas más que hombres, se da más oportunidades a hombres que a mujeres. La realidad es que la sociedad promociona mucho más a los hombres que a las mujeres", afirmó y asociÓ este "problema cultural" a la regulación de las bajas por maternidad. "La cultura dominante es la que es y el derecho a acogerse a esa protección lo utilizan el 98% de las mujeres y solo el 2% de hombres. Siendo así, cuando tienes que promocionar a alguien, piensas si se va a acoger o no se va a acoger", comentó la empresaria.

Oriol intentó matizar sus polémicas palabrasachacándolo a un efecto "boomerang" de las políticas de conciliación. "Yo estaba poniendo sobre la mesa que esas leyes ponen un efecto boomerang a las mujeres. Las mujeres de 25 a 45 años promocionan menos que los hombres", señaló, y, a su juicio, esto es debido a que a la mujer se le "discrimina" porque se presupone que va a "aparcar su vida laboral" y dedicarse a sus hijos.

En las noticias, entre desafío soberanista y las tarjetas fantasma, resonó con fuerza tu poesía:

“Prefiero una mujer de más de cuarenta y cinco

o de menos de veinticinco

porque, como se quede embarazada, nos encontramos con el problema

”

(Sugerencia: habrías hecho rima pareada si en la cuarta estrofa hubieras dicho: “a los empresarios nos mola nada”)

Se lió parda, y el departamento de comunicación del Círculo de Empresarios que presides, envió a los medios un vídeo de dos minutos para poner tus declaraciones en contexto: “Juzga por ti mismo, escucha mi intervención”. Y lo hice, mientras en la exprés hervía unas acelgas, y eso que nadie me vigilaba, ni medía mi productividad o mi motivación para alinearme con los intereses de empresa alguna. Te escuché atentamente lamentar que se legisle para proteger a la mujer en el sector privado porque, según tú, a pesar de la buena intención de las medidas, éstas reducen la igualdad de oportunidades. Pero, sabes, no se me pasó el cabreo. ¿Estaré ovulando?

Tu teoría es que el “blindaje” ante el despido de las madres desvincula su trabajo de su productividad y baja la motivación. Dicho en castizo, la madre trabajadora se relaja, lo cual la convierte automáticamente en presunta escaqueadora a la que costaría despedir y, claro, los directores/as de Recursos HUMANOS prefieren a alguien a quien no pueda hacer madre ni el espíritu santo.

¿Quieres decir que en esa primera entrevista en la que el aspirante aprieta con manos sudorosas la estampita de san Judas hasta borrarle los colores al patrón de los imposibles, cuando el entrevistador clava sus ojos en el candidato/a, está calculando mentalmente la velocidad a la que el/la susodicho/a recogerá el marco de fotos, el cactus y la taza de los Simpson el día D, de Despedido? Me rompes el corazón, Mónica.

De todo lo que dices, me han llamado la atención algunas cosas:

– El blindaje: es relativo. Si el despido es improcedente, se declara nulo pero si es procedente, el “empleado protegido”, sea madre o padre, se va a la calle como todo hijo de vecino.

¿Sabes por qué se pensó en esta protección? Para que algunos empresarios desalmados, no te lo vas a creer pero los hay, no aprovecharan el derecho a la reducción a la jornada como excusa para teletransportar al empleado a la rue de una patada en el culo.

– La motivación: ¿Crees que el trabajador más motivado es aquel sobre el que se cierne constantemente la amenaza del despido, como un árbol de Madrid que fuera a caerle en la cabeza en cualquier momento? ¿Y qué tal un látigo? Es más sexy…

– La productividad: según tú, baja muchísimo con la “protección” porque desvincula el esfuerzo a su alineamiento con los intereses de la empresa. ¿Dirías que esas comidas de dos horas con sopor de postre, las reuniones interminables que no llevan a ningún sitio y el afán de tantos jefes por tener empleados calentando la silla como gallinas ponedoras, cuantas más horas mejor, aumentan la productividad? Ajá.

Es cierto que no escuchamos tu exposición íntegra, y que tras tu famosa perla "Yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de cuarenta y cinco…”, añadiste: “Eso es malo para las mujeres porque no nos están dando igualdad de oportunidades, sino que nos están condenando”.

Pero… ¿”Nos están condenando”, Mónica, a quiénes, a ti no, no? ¿No habría sido más correcto que hubieras dicho: “os estamos condenando”? Porque después de lamentarte por las barreras, asumes que eres la primera en sacar del bombo a las candidatas a tener uno, no cuadra…

Como bien sabes, la protección se hace necesaria tras una previa injusticia. No harían falta leyes de protección si el ser humano no tuviera esa fea manía de aprovecharse del prójimo a la mínima; no haría falta legislar si todos tuviéramos conciencia de que la productividad y los beneficios no son lo único, que se trata de construir entre todos el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Si el mundo fuera justo de base, no haría falta legislar y si mi abuela tuviera un manillar, sería una bicicleta.

Lo que dijiste no me parece “políticamente incorrecto” como advertías antes de soltar la bomba, sino “socialmente incorrecto”. Te honra, eso sí, expresar lo que piensas y lo que haces con claridad meridiana, me temo que dadas las cifras de paro y precariedad en el empleo de las mujeres, muchos de los que han puesto el grito en el cielo con tus palabras, comparten ideario contigo, campeona.

En fin Mónica, hasta la próxima cita célebre, que viendo tu trayectoria, la habrá.

¿Sabes? tiene mérito levantar tanto revuelo con declaraciones que enciendan al sector femenino. No, en serio, las mujeres deberíamos estar ya inmunizadas ante el "run run" desagradable y atronador que soportamos a diario. Cuando no es el ¡Crashhhh! de un ministro de Justicia, es el ¡Grrrrrrr! de un alcalde Leonino con ascensorfobia, o el ¡Fu-uum! de un alcalde toledano experto en aspiradoras o el ¡Tolón, tolón! de la superioridad intelectual de un candidato a comisario energético¡Tolón, tolón!. Para rematar, de fondo, el zumbido de ciertos obispos. ¡Bzzzzzzzzz!

¿Sabes la onomatopeya que nos sale ante tanta dedicatoria molesta? ¡¡¡¡Shhhhhhhhhhhhhh!!!! ¿Por qué no os calláis?

Ironía tuitera directa a Oriol:

La reflexión:

Simplemente, gracias:

Dirigentes de PSOE, IU y UPyD pidieron este viernes al Gobierno que investigue si la empresa Seguirber, que dirige la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, incumple la legislación actual relacionada con la maternidad, después de que esta haya desaconsejado públicamente la contratación de mujeres de entre 25 y 45 años para evitar "el problema" de que puedan quedarse embarazadas.

Si hace unos meses Oriol recomendaba bajar el salario mínimo a los trabajadores menos cualificados porque quienes ni estudian ni trabajan "no sirven para nada", sus últimas declaraciones han vuelto a generar polémica.

La empresa de Oriol ofrece servicios de seguridad, limpieza, jardinería o mantenimiento, entre otros, y tiene distintos contratos con las administraciones públicas, por lo que la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, señaló en declaraciones a Europa Press que el Estado debería tener claro si Mónica Oriol está discriminando en función de la maternidad porque "eso está recogido en la ley".

Asimismo, cree que el Gobierno debería poner en marcha la ampliación del permiso de paternidad para que no recaiga en las mujeres el peso de ser madre. A su juicio, de esta forma los cuidados caerían en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Camarero "rechaza absolutamente" las declaraciones

Por otro lado, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha "rechazado absolutamente" estas declaraciones, ya que considera que "suponen un retroceso en las políticas de igualdad".

Además, añadió que "siendo mujer, hace un flaco favor a la igualdad de oportunidades" y que esa postura "es absolutamente contraria" a la política del Ministerio de "fomentar la conciliación" y conseguir que "más mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, para darles más posibilidades no solamente de acceder, sino de permanecer en el mercado laboral y de ascender en puestos de responsabilidad".

Empresarias, directivas y ejecutivas, también en contra

Mujeres empresarias, directivas y ejecutivas también se pronunciaron contra la presidenta del Círculo de Empresarios. La presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), Ana Bujaldón señala que esa postura "supone perpetuar los estereotipos ligados a la mujer y al trabajo", además de que puede "incluso dejar fuera" a mujeres que no quieren ser madres, solo porque están en ese rango de edad.

"En una época como la actual, en la que, precisamente, las empresas con un mayor potencial de crecimiento comienzan a poner en valor el enfoque diverso que aportan las mujeres, no es comprensible que se despierten fantasmas del pasado que confiábamos estaban superados", añade Bujalón, para incidir en que no se puede depositar la responsabilidad exclusiva del cuidado en la mujer.

"Me parece increíble. Me siento insultada", asevera la presidenta de Mujer y Empresa, Carmen Sanz Chacón. "La mayor parte de las mujeres de este país trabajan, si no podemos tener hijos, no sé quién nos va a pagar las pensiones mañana. Producir no es una cuestión de horarios sino de organización y es perfectamente factible poder trabajar y desarrollar una jornada intensa y tener hijos", señaló Sanz Chacón.

Sanz-Chacón, que en una etapa de su vida profesional llegó a dirigir a más de mil personas para Telefónica, asegura que "jamás" su empresa puso "ningún impedimento" al desarrollo de su maternidad, como tampoco lo hacen las grandes compañías que tienen mujeres al frente en España, entre las que ha citado Microsoft o Cemex, a las que calificó como "empresas inteligentes".

El PP lo considera "bochornoso y vergonzoso"

La portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Marta González, consideró "bochornoso y vergonzoso" el "pensamiento machista" de Mónica Oriol, subrayando que la maternidad es "un bien social protegido por ley".

Preguntada por si considera que la administración pública debería replantearse los contratos que actualmente mantiene con la empresa dirigida por Oriol, González no lo descartaba: "será algo a analizar", aunque cree que "las declaraciones de una empresa no pueden ser motivo" para rescindir un contrato. A su juicio, lo que primero habría que plantearse es cómo una persona que hace este tipo de declaraciones preside el Círculo de Empresarios.

IU y UPyD piden no contratar a la empresa de Oriol

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) hicieron un llamamiento a las administraciones públicas a no contratar con la empresa que dirige la presidenta del Círculo de Empresarios.

En nombre de la Izquierda Plural, el portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, tachaba las palabras de Oriol de "claramente sexistas" y "discriminatorias" y, de hecho, advertía de que si ella aplicara en su empresa lo que defiende, estaría "incumpliendo la ley". Llamazares también pidió a la Administración que investigue la política de contratación de Seguriber y, en caso de confirmarse que discrimina por razón de sexo, "poner el asunto en manos de la Fiscalía para que actúe y, en consecuencia, excluirla de los contratos públicos".

En términos similares se expresaba el portavoz de Igualdad de UPyD, Toni Cantó, que, tras mostrar su perplejidad por que los empresarios sigan teniendo representantes "al estilo Díaz Ferrán", apuntó que las administraciones no deberían contratar con empresas que tienen dirigentes que, como De Oriol, parecen "trogloditas".

Tras recordar que la presidenta del Círculo de Empresarios tiene a sus espaldas una lista de declaraciones "absolutamente impresentables", Cantó ha subrayado que lo que tienen que hacer las administraciones es "ponerse a trabajar" para que tener hijos "no sea una carga" como, a su juicio, lo es actualmente y se impulse la conciliación familiar.

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, centró este jueves sus últimas declaraciones en las mujeres y sus oportunidades laborales. Antena3 difundió un vídeo donde la empresaria declara: "Estamos generando tal cantidad de regulación para favorecer a la mujer que lo que la estamos es aislando de una carrera profesional. Yo prefiero una mujer de más de 45 años o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema". Unas afirmaciones especialmente llamativas si se tiene en cuenta que Oriol tiene seis hijos.

Pero esas no fueron las únicas declaraciones polémicas. Mónica Oriol también ofreció un atípico consejo para las mujeres que quieran ser directivas: "El sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene un precio y es: o te casas con un funcionario o tienes un marido al que le encantan los niños".

La empresaria ya generó polémica al pedir la bajada del salario mínimo interprofesional porque hay muchos jóvenes, sin formación, que "no valen para nada". Pidió perdón, pero siguió insistiendo en promover sueldos basura para los jóvenes.

Oriol también ha sido noticia en otras ocasiones por ser la presidenta y principal accionista de Seguriber, encargada de vigilar el Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween en noviembre de 2012.

En su página web, la empresa de Oriol presumía de los siguientes valores en relación con sus empleados: "Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros". Sin embargo, a principios de año, los trabajadores se movilizaron para protestar por la constante "degradación" de sus condiciones laborales. 

Por si no hubiéramos tenido suficiente con su anterior presidente, Gerardo Diaz Ferran, actualmente en la cárcel por chorizo, esperemos que por mucho tiempo, después de dar a los españoles unas cuantas moralinas sobre la necesidad de trabajar más y cobrar menos, mientras estafaba a clientes, trabajadores, proveedores y hacienda en su agencia de viajes.

Por si no fuera bastante con el otra vez reelegido presidente de la patronal madrileña, CEIM, Arturo Fernandez, a pesar de sus imputaciones en Bankia y de haber tenido que arreglar de mala manera los pagos en negro que solía hacer a los trabajadores de su cadena de restaurantes.

Por si fuera poco el actual presidente de la CEOE, Juan Rosell que cada vez que habla mete la pata y que es un desprestigio para la fama de sentido común de la patronal catalana.

Ahora nos surge la sección femenina de la patronal, una tal Mónica de Oriol, proponiendo, con un lenguaje cheli más propio de Belén Esteban que de un "dirigente social", que se pueda contratar por debajo del salario mínimo, que se reduzcan las indemnizaciones por despido a 18 dias, o que considere muy favorables las prestaciones y subsidios por desempleo en España.

Estas propuestas son pasos hacia la esclavitud que parece ser lo que pretende, en última instancia, el sector duro de la patronal. Informa infoLibre, que este esperpento de empresaria es la presidenta de Seguriber, la empresa encargada brillantemente de la seguridad de Madrid Arena en la tristemente celebre fiesta de Halloween de 2012, por tanto es muy posible que la veamos también por los juzgados. Esta "brillante directiva" preside el Circulo de Empresarios, una especie de think-tank empresarial que podría tener una presidenta un poco más presentable.

Sorprende que personas de cierto prestigio como los exministros Eduardo Serra y Javier Gomez Navarro, estén como asesores de esa entidad y se traguen "estos sapos" de su presidenta. No hay ninguna duda de que en España tenemos empresarios brillantes que cosechan importantes éxitos, pero su representación institucional hace años que deja mucho que desear.

Es lamentable tener que decir que se echa de menos al antiguo presidente J.Mª Cuevas, que al fin y al cabo era un dirigente que venía del sindicato vertical franquista.

Alfonso Peña Mari es socio de infoLibre

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha pedido disculpas por sus polémicas declaraciones sobre los jóvenes sin formación en las que aseguraba que no "valen para nada", y ha reconocido que empleó una expresión "muy poco afortunada".

Mónica de Oriol, además de presidenta del Círculo de Empresarios, es la principal dueña de la empresa Seguriber, encargada de la vigilancia del Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween. Aquel 1 de noviembre de 2012, el responsable de la sala de videovigilancia no estaba en su puesto cuando se produjo la avalancha y tampoco llamó al 112. Hace unas semanas, el juez Eduardo López Palop imputó a ese vigilante de seguridad de la empresa de Mónica de Oriol.

"Me equivoqué en la manera en que me expresé. Lo siento y pido disculpas. Al hablar de los jóvenes sin formación, utilicé una expresión muy poco afortunada, que ha dado lugar a interpretaciones totalmente contrarias a lo que yo misma pienso", ha explicado De Oriol en un comunicado.

La presidenta del Círculo de Empresarios ha reivindicado que "todas las personas tienen dignidad y valía", con independencia de su formación profesional. De Oriol ha lamentado la situación generada y ha reiterado sus disculpas "a todos a los que haya molestado".

Estas disculpas De Oriol llegan después de que el pasado jueves no considerara acertado que la normativa obligue a pagar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan ('ni-nis'), "aunque no valgan para nada","aunque no valgan para nada" un salario mínimo "que no producen". "Todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable", añadió.

La presidenta del Círculo de Empresarios además proponía para acelerar la creación de empleo sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados, así como reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales y los indefinidos "bunkerizados" hasta el entorno de los 18 días por año, en línea con otros países de la UE.

Sin arrepentimiento inicial

El viernes, cuando sus palabras ya habían montado una importante polémica, De Oriol no se arrepintió y defendió sus insultos. "No creo que haya ofendido a nadie, al revés. Creo que la preocupación del Círculo es qué hacer con esos cinco millones de personas, entre ellas alrededor de un millón de chicos que no tienen ni la ESO. El fracaso escolar en España era de un 30% durante esa década", aseguró en una entrevista en Radio Nacional. 

Ahora, con dos días de retraso, la empresaria dueña de Seguriber dice arrepentirse.

La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha calificado de "barbaridad" la propuesta del Círculo de Empresarios de pagar a los jóvenes sin formación ni experiencia laboral salarios inferiores al mínimo.

"Es una falta de respeto hacia los jóvenes y una falta de realismo. Si un país prospera es porque es capaz de aprovechar el talento de sus personas, obtener lo mejor de ellas y ofrecerles las mejores condiciones, y todo eso debe ir acompañado de una retribución adecuada", ha subrayado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La portavoz socialista de Economía y Empleo ha recordado a la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, que los diez países con mayor competitividad mundial tienen salarios más altos que España e invierten más en innovación y tecnología.

"Esta dinámica de bajar y bajar salarios sólo es para aumentar los márgenes empresariales y los beneficios de unos pocos, y esa no es la manera en que se sale de una crisis. Tenemos la generación de jóvenes mejor formada, la más sacrificada, y hay que tener visión de futuro de país. Con una presidenta del Círculo de Empresarios que tiene ese concepto mal nos irá en este país", ha denunciado.

La empresaria Mónica de Oriol, que se ha quejado de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada", es la presidenta y principal accionista de la empresa Seguriber, encargada de la vigilancia del Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween.

Aquel 1 de noviembre de 2012, el responsable de la sala de videovigilancia no estaba en su puesto cuando se produjo la avalancha y tampoco llamó al 112. Hace unas semanas, el juez Eduardo López Palop imputó a ese vigilante de seguridad de la empresa de Mónica de Oriol.

En su página web, la empresa de Oriol presume de los siguientes valores en relación con sus empleados: "Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros". Pero la realidad, más allá de la página web, es diferente. A principios de año, los trabajadores se movilizaron para protestar por la constante "degradación" de sus condiciones laborales. Algo que no puede sorprender a la vista de las ideas de la dueña de Seguriber.

Mónica de Oriol, que es presidenta del Círculo de Empresarios, propuso este jueves pagar sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados y reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales y los indefinidos. De Oriol ha pedido así al Gobierno una "segunda vuelta" de la reforma laboral que habría de ir acompañada, en su opinión, de una mayor reducción de empleos en la Administración Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas en el marco de la reforma fiscal.

De Oriol señaló que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, alrededor de un millón de personas, muchos de ellos jóvenes, han quedado sin trabajo ni cualificación, pero no considera acertado que la normativa obligue a pagar a estos trabajadores, "aunque no valgan para nada", un salario mínimo "que no producen". Ahora bien, añadió, "todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable".

La presidenta del Círculo de Empresarios declaró también que la actual prestación por desempleo no incentiva la búsqueda activa de empleo y favorece situaciones de "parasitismo" entre los desempleados.

Comisiones Obreras reaccionó de forma inmediata a los insultos de Mónica de Oriol y emitió un comunicado en el que califica las palabras de la empresaria como “groseras ocurrencias, incompatibles con las más elementales exigencias de un sistema democrático”.