Imanol Pradales ha sido proclamado lehendakari con los 39 votos a favor del PNV y el PSE-EE en el Pleno de investidura celebrado este jueves en el Parlamento Vasco, donde ha afirmado que acepta "con honor" el desafío de construir una Euskadi "plural, próspera, abierta, justa y libre".

Pradales (PNV) sucederá en el cargo a Iñigo Urkullu, al que relevó como candidato a lehendakari en las pasadas elecciones autonómicas y que ha permanecido doce años al frente del Gobierno Vasco.

La candidatura de Pradales ha superado en apoyos a la del aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, que también optaba a presidir el Gobierno Vasco, pero que únicamente ha contado con los 27 apoyos de su grupo. El PP, Sumar y Vox se han abstenido en la votación, en la que según el reglamento de la Cámara no se pueden plantear votos en contra.

En su discurso, Pradales ha reconocido que, pese a que Euskadi cuenta "con algunos de los mejores indicadores de calidad de vida y cohesión social del entorno", hay "personas descontentas con su situación". Por ese motivo, ha anunciado que su gobierno no mirará "hacia otro lado".

Según ha subrayado, el nuevo Gobierno Vasco "estará preparado para dar respuesta a los problemas actuales, los retos emergentes y las políticas que asumirá a través de las nuevas competencias que deberá gestionar", dado que "Euskadi necesita un gobierno que garantice una respuesta eficaz a los nuevos desafíos".

Además, ha destacado que la colaboración será "clave" para afrontar los nuevos retos, ya que Euskadi "no es una isla ni un oasis", y ha apostado por profundizar en "el diálogo y el entendimiento entre diferentes" mediante "un debate sosegado".

El nuevo lehendakari se ha mostrado convencido de que logrará "acuerdos amplios" para mejorar el sistema de salud y el modelo de cuidados, así como para impulsar la solidaridad intergeneracional, la normalización del euskera, el autogobierno, la ciencia e innovación, la transición económica y ecológica, y "la regeneración democrática".

En este sentido, se ha comprometido "a trabajar sin descanso para propiciar acuerdos y pactos" que mejoren el bienestar y oportunidades de todas las personas, y ha planteado "renovar el pacto social por la vía de la colaboración".

En materia de autogobierno, ha pedido "valentía y ambición" a los 75 parlamentarios de la Cámara, puesto que "es la hora de dar el paso" para consensuar un nuevo pacto estatutario partiendo de "una misma voluntad" y constatación de que "crecer en autogobierno es crecer en bienestar". Su intención, tal como ha explicado, es "favorecer y defender el diálogo, la negociación y el consenso" para hacer posible este objetivo.

A su juicio, este nuevo "gran pacto político" debe "superar la dimensión, ambición y alcance" del Estatuto de Gernika de 1979, y tiene que asentarse "en una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de la realidad nacional" vasca. Asimismo, estima que este acuerdo debe incluir un sistema de garantías "para el cumplimiento efectivo de lo acordado". Según ha apuntado, el texto que se apruebe en el Parlamento debe pasar por las Cortes Generales, para ser refrendado por los vascos.

Por otra parte, plantea transformar el modelo de bienestar social, dado que ahora se muestra "incapaz de responder eficazmente a los cambios". Asimismo, ha destacado la necesidad de mejorar las políticas públicas con el fin de "no dejar a nadie atrás".

Dentro de su programa de gobierno, que incluye mil compromisos, plantea un plan de choque para mejorar la Atención Primaria y reducir listas de espera quirúrgicas, así como un plan de inversiones hasta 2030, dotado con mil millones de euros, para modernizar las infraestructuras sanitarias.

Pradales pretende que los jóvenes puedan "desarrollar un proyecto de vida pleno"; y para ello promoverá la creación de empleo de calidad, la construcción de 7.000 viviendas de alquiler "social y asequible". Además, fomentará convenios con los ayuntamientos para generar 3.000 nuevas viviendas de carácter rotatorio.

También impulsará la construcción de viviendas sociales y protegidas, ampliando el parque público y reservando un 50% a menores de 36 años, y se extenderá el rango de ingresos máximos para acceder a una vivienda de protección pública.

Ante el reto demográfico, el Gobierno Vasco del PNV y el PSE ampliará la ayuda directa de 200 euros al mes por hijo hasta los siete años y hasta los diez para familias numerosas o monoparentales, y extenderá los permisos de paternidad y maternidad hasta las 24 semanas.

El lehendakari ha defendido la necesidad de una transición energética "ordenada e inteligente", que "no ponga en riesgo el futuro ni el tejido industrial".

Por otra parte, ha destacado que la desaparición de ETA fue uno de los logros "más importantes" de la década anterior, puesto que acabó con "demasiados años de terror, injusticia y dolor". "Dejamos de contar personas asesinadas, heridas, amenazadas o chantajeadas. Dejamos de abrir periódicos e informativos entre lágrimas y rabia", ha recordado.

Por ello, se ha marcado como "prioridad de país" consolidar "una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos", con "una memoria crítica con el pasado y solidaria con las víctimas". De esta forma, ha anunciado que el Gobierno aprobará un 'Plan de Legislatura de Convivencia y Derechos Humanos'.

Por su parte, el aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, cuya candidatura a lehendakari ha sido derrotada al lograr solo el respaldo de los 27 escaños de la coalición, ha advertido de que en el actual contexto global, "la reivindicación de la soberanía representa la reafirmación de la democracia", por lo que ha insistido en su intención de avanzar hacia "un nuevo estatus político" para Euskadi.

En este sentido, se ha mostrado partidario de "aprovechar el debate sobre la plurinacionalidad" para "redefinir" el modelo de relación con el Estado.

El candidato de EH Bildu, que ha subrayado la necesidad de "redefinir" el modelo de relación entre Euskadi y España, ha manifestado que existen "dos fuentes de legitimidad" sobre las que se asentaría el nuevo estatus político de Euskadi.

Esas 'fuentes', según ha indicado, consisten en "la voluntad de Euskal Herria, libremente manifestada por la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa", y "los Derechos Históricos, tal como se recogen en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española y la Disposición Adicional Única del Estatuto de Gernika".

Otxandiano ha añadido que los "principios rectores" para avanzar en esta dirección son, entre otros, el "reconocimiento mutuo" entre el Estado y el País Vasco, así como "la igualdad política, la bilateralidad efectiva y el respeto institucional".

Por parte del PSE-EE, su secretario general, Eneko Andueza, ha ofrecido a Pradales, "lealtad", si bien ha advertido de que su partido será "exigente" con el nuevo lehendakari, al que ha pedido "altura de miras y generosidad para llegar a acuerdos". Además, ha instado a EH Bildu a "llamar a ETA por su nombre" y a dejar de lado "sus obsesiones soberanistas" para sumarse a un "gran acuerdo" estatutario.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado "la rácana" apelación al diálogo de Pradales, al que ha reprochado que haya "perdido la oportunidad" de establecer "un clima de diálogo".

Desde el Grupo Mixto, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha censurado que las propuestas de Pradales, son "más de lo mismo", mientras la única representante de Vox, Amaia Martínez, ha anunciado que realizará una oposición al "binomio de separatismo y socialismo".

“En la vida política hay derrotas que dignifican actitudes y convicciones y victorias que las empobrecen”.

Las Primarias son un cauce de participación, abierto a la militancia de los partidos, para perfeccionar los mecanismos de democracia interna en la elección de sus candidatos para cargos públicos y orgánicos. No son frecuentes y plantean algunos riesgos que son superables si los procesos de Primarias cumplen los requisitos de igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad de los aparatos de dirección de los partidos. Contaré mi reciente experiencia.

Fue una decisión difícil, pues sabía que mis posibilidades de ganar eran escasas. Y así lo expresé a quienes se atrevieron a apoyar mi candidatura en las Primarias del PSOE para la elección del próximo candidato a la alcaldía de San Sebastián. Sin embargo, decidí intentarlo ante la mediocre gestión de los intereses generales de la ciudad que provoca la pasividad y autocomplacencia de su alcalde. Tengo la percepción de que la ciudadanía no aprecia la gravedad de la situación de los temas de fondo, más allá de las torpezas en los cambios de tráfico o de ciertas molestias causadas por la ola turística. Era necesario “mover la cazuela del guiso donostiarra” antes de que se pegue.

También di el paso por considerar que había que abrir un debate democrático de ideas en el PSE-EE sobre el modelo de ciudad de los socialistas y sobre cómo recuperar la ambición de ganar la alcaldía en vez de resignarse a tener que revalidar la opción de un nuevo gobierno de coalición con el PNV en una posición cada vez más subsidiaria.

Quería denunciar lo que está pasando en un San Sebastián que puede “morir de éxito” por el crecimiento económico del turismo y por las compras de edificios por los fondos de inversión inmobiliaria. Mientras, se condena a la expulsión a la juventud y a familias ante la ausencia de una oferta razonable de vivienda pública y de pisos a precio tasado. Faltan proyectos compartidos en materias de cultura, inclusión, defensa del patrimonio, sostenibilidad y de consolidación de sectores económicos. No veo un modelo de ciudad innovadora para afrontar con éxito en su territorio la crisis económica y de supervivencia que padece el planeta.

Reconocí en los medios que, por mis dificultades al carecer del censo de afiliados y por maniobras internas, me estaba costando recoger los avales de la militancia. Llegué a la votación final del 9 de octubre y la perdí. No me arrepiento ni siento ninguna vergüenza por ello. El resultado de la votación fue claro en favor de la candidata oficial que contó con el apoyo público del aparato. Aunque no busco excusas ni trato de maquillar la falta de apoyo, de buena parte de la militancia, a una propuesta de gobernanza cívica y transformadora. Acepto con humildad y espíritu democrático la voluntad de la afiliación donostiarra.

Pero no sería honesto si diera por buenas las declaraciones de dirigentes socialistas en Gipuzkoa que hablan de unas Primarias ejemplares y respetuosas con el principio de imparcialidad por parte de la dirección del partido. No fue así. He asistido a una estrategia de acciones para orientar y mediatizar el voto, en contra de lo previsto en los Estatutos (art 5.1.b) que exigen igualdad de oportunidades, libertad, transparencia e imparcialidad de la dirección de la organización a lo largo del proceso.

Sé que camino sobre una cuerda muy fina y que, por afirmar lo anterior, habrá quienes digan que no sé perder o que miento. No me importa. En el escrito que he remitido a la Comisión de Ética y Garantías Electorales en Euskadi, documento alegaciones sobre hechos nada ejemplares que deben llevarnos a mejorar el Reglamento de las Primarias.

Veremos el resultado. Pido sinceras disculpas a cuantas personas he podido defraudar como candidato socialista y a quienes les hice creer en unas expectativas que no he sido capaz de cumplir. Pero sigo dispuesto a colaborar y hacer propuestas, desde nuevos espacios y foros, para contribuir a que Donostia avance en la superación de sus retos.

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Odón Elorza es Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

La presidenta del parlamento vasco, Bakartxo Tejeria (PNV), reelegida en el cargo este lunes por tercera legislatura consecutiva, ha realizado un llamamiento al esfuerzo de todos los parlamentarios para lograr acuerdos "amplios" que permitan a Euskadi salir de "la grave crisis" provocada por el coronavirus. Además, ha apelado a culminar la actualización del autogobierno y a conseguir "un nuevo modelo de relación con el Estado" basado en la bilateralidad y el respeto a lo que los vascos decidan, según informa Europa Press.

En el pleno constitutivo de la Cámara de la XII legislatura autonómica, en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, han tomado posesión de sus escaños los 75 parlamentarios vascos elegidos en las pasadas elecciones del 12 de julio: 31 del PNV, 21 de EH Bildu, 10 del PSE-EE, 6 de Elkarrekin Podemos, otros 6 de PP+Cs y la única de Vox, que, por primera vez, estará presente en la Cámara.

Además, se ha elegido la Mesa del Parlamento, que estará constituida por los jeltzales Bakartxo Tejeria e Iñigo Iturrate, como presidenta y secretario primero; Txarli Prieto (PSE-EE) que será vicepresidente primero, Eba Blanco (EH Bildu) que ostentará la Vicepresidencia segunda, y Gustavo Angulo (Elkarrekin Podemos-IU), que ejercerá de secretario segundo. PP+Cs y Vox se han quedado fuera del órgano rector.

El reparto de los puestos de la Cámara se ha producido en base al acuerdo alcanzado entre PNV, PSE y el grupo morado, que han querido reflejar "la pluralidad" de la Cámara con la representación en el órgano rector de los cuatro partidos más votados en los comicios. EH Bildu ha mostrado su malestar al considerar que le correspondían dos cargos.

En esta nueva legislatura se han visto fortalecidas las opciones nacionalistas vascas, al haber sumado los jeltzales en los comicios tres escaños más y EH Bildu otros tantos, mientras que el PSE-EE obtuvo un representante más (10), Elkarrekin Podemos-IU perdió cinco y se ha quedado con seis, el PP, en su coalición con Ciudadanos, ha pasado de nueve a seis, y Vox ha conseguido un representante por Álava. Además, el nuevo Parlamento es mayoritariamente femenino, al contar con 38 mujeres y 37 hombres.

Durante su discurso, con el que ha inaugurado el nuevo mandato, Tejeria ha recordado que los 75 parlamentarios asumen "una responsabilidad intransferible, individual y compartida al mismo tiempo". "Tenemos el deber de dar respuesta a las necesidades y los anhelos de todos a los que representamos. Asumimos esa responsabilidad y ese honor en unas circunstancias muy concretas, en un momento en el que hay que hacer frente a las graves consecuencias del covid-19", ha subrayado.

La máxima representante del legislativo vasco ha destacado que la pandemia ha supuesto "un antes y un después", porque ha dejado miles de víctimas, a cuyos familiares y allegados ha trasladado su "cariño". Asimismo, ha puesto el énfasis en la "grave crisis económica" que ha provocado el coronavirus y que hay que "superar entre todos". "Esa es nuestra prioridad en estos momentos: adoptar las medidas necesarias para reactivar la economía y generar empleo, y atender a los más vulnerables", ha añadido.

A su juicio, se debe garantizar que "todos los que viven en este país salgan adelante". "En la medida en que seamos capaces de lograr que todo el mundo pueda superar esta crisis en unas condiciones dignas, saldremos fortalecidos como pueblo, y tenemos que hacerlo entre todos", ha advertido.

Por ello, ha apelado a la colaboración que, en estos momentos, "resulta indispensable". "Esta legislatura va a exigir acuerdos amplios, más que nunca, acuerdos interinstitucionales y acuerdos entre todos los agentes políticos y sociales. Confío en que todos nosotros colaboraremos con el objetivo común de que este país salga adelante y fortalecido", ha asegurado.

Para esta labor, ha resaltado que "no se parte de cero" en Euskadi. "Somos un pueblo fuerte, solidario, que ha demostrado que es capaz de superar obstáculos y adversidades. Lo hemos hecho en el pasado y volveremos a hacerlo", ha afirmado.

Tejeria ha recordado que este año se cumple el 40 aniversario de la constitución del primer Parlamento Vasco y, aunque la pandemia ha impedido que se celebrara como se deseaba, este hito está "muy presente".

"Salíamos de la dictadura y todo estaba por construir: había que consolidar un sistema de libertades y necesitábamos estructurar un país que estaba desvertebrado, arruinado económicamente y sin capacidad alguna de desarrollo, ni cultural ni económico ni industrial ni político", ha subrayado.

Según ha rememorado, los 60 parlamentarios que tomaron posesión del escaño aquel 31 de marzo de 1980 "se enfrentaban a un gran reto, que asumieron con determinación, con ilusión y sin miedo, con ganas de trabajar por este país, por este pueblo. Y lo consiguieron, reconstruyeron Euskadi.", ha explicado.

Tras admitir que los momentos y las circunstancias "son diferentes" ahora, ha puntualizado que "el ejemplo de toda aquella generación y de las anteriores son un referente", y gracias a su trabajo, se puede "afrontar la actual crisis en mejores condiciones".

Autogobierno

Tejeria ha puesto en valor el autogobierno vasco que "ha permitido consolidar un modelo económico y un sistema de bienestar propios", aunque no ha querido olvidar que, cuatro décadas después de la aprobación del Estatuto de Gernika, este todavía está sin completar y se "necesita actualizar el autogobierno para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía".

"Para que todos esos derechos estén garantizados, resulta imprescindible un nuevo modelo de relación con el Estado, basado en la igualdad, la bilateralidad y el pacto. Necesitamos que se respete lo que las vascas y los vascos decidamos", ha remarcado.

La presidenta del parlamento se ha referido al hecho de que, durante las dos últimas legislaturas, la Cámara haya estado trabajando en esa actualización, y ha aseverado que "ha llegado el momento de culminarla".

"Son muchos los retos que tenemos por delante. Apelo a la determinación, la ilusión, el valor, el trabajo y la colaboración de todos. Se lo debemos a los que nos precedieron y a los que vendrán", ha indicado.

Bakartxo Tejeria ha concluido su intervención con un agradecimiento a todos los parlamentarios de la anterior legislatura y, "de manera especial", a quienes le acompañaron en la Mesa, Eba Blanco (EH Bildu), Txarli Prieto (PSE-EE) y el jeltzale Iñigo Iturrate (que repiten en el órgano rector), así como a Cristina Macazaga (de Elkarrekin Podemos), que lo abandona.

También ha dado la bienvenida a los nuevos representantes de la Cámara y las gracias a su partido por la confianza que ha depositado en ella, así como a su familia.

Nueva legislatura

Con este discurso, Tejeria ha puesto punto y final al pleno de constitución del Parlamento vasco de la XII Legislatura y ha declarado constituida la nueva Cámara, lo que se notificará oficialmente al Lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu.

La presidenta del Parlamento Vasco ha convocado para el jueves el pleno en el que se designará la Comisión Provisional de Incompatibilidades. Al finalizar esa sesión plenaria, se conocerán la fecha y hora del pleno de investidura, que se podría celebrar a principios de septiembre.

En la actualidad, PNV y PSE-EE, que suman mayoría absoluta, están inmersos en negociaciones de cara a la gobernabilidad de Euskadi y explorar la posibilidad de reeditar su gobierno de coalición.

Antes de la constitución del Parlamento, la Mesa de la Diputación Permanente ha rechazado la petición de PP+Cs de exigir el acatamiento a la Constitución a los parlamentarios.

El 21% de los vascos está a favor de la independencia. Frente a ellos hay un 36% de la población que la rechaza, y un 28% que estaría o no de acuerdo según las circunstancias. Estos son los datos que recoge el último Sociómetro del Gobierno Vasco, realizado el pasado mes de mayo, y que se centra en recabar las opiniones de los vascos en relación a los medios de comunicación, la situación económica y la política.

La encuesta refleja un descenso del independentismo respecto a febrero de 2017, cuando alcanzó un 25% de apoyo. Es también uno de los datos más bajos que ha registrado el Gobierno Vasco en treinta años. El punto álgido ocurrió en 2014, cuando tres de cada diez vascos se declararon a favor de la independencia.

Además, sólo dos políticos han aprobado a ojos de los ciudadanos del País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, obtiene la mayor valoración de la población entre los líderes políticos, con 5,5 puntos sobre 10. Le sigue el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que logra un 5.

Mientras, el resto de máximos dirigentes de los partidos del Parlamento vasco suspenden en la puntuación. Así le ha ocurrido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (4,0), a los secretario general de PSE y Podemos Euskadi, Idoia Mendia y Lander Martínez, (ambos 3,9) y, por último, al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso (2,0).

Sin embargo, los vascos han sido más optimistas a la hora de valorar la situación económica en la comunidad autónoma. La percepción de Euskadi sigue la tendencia positiva registrada desde 2013. Así, un 66% de la población considera que la situación es "buena o muy buena", lo que supone el mejor dato desde 2007. El dato contrasta con la percepción de la situación en España, ya que un 83% cree que es "mala o muy mala".

El Parlamento Vasco ha aprobado una propuesta del PNV y el PSE-EE en la que se insta al Gobierno autonómico a crear un grupo de trabajo, junto a "todas las instituciones implicadas", para elaborar una propuesta de ley orgánica que permita incorporar a Álava el enclave burgalés de Treviño.

El pleno de la Cámara ha vuelto a debatir este jueves, en este caso a propuesta de EH Bildu, sobre la situación del Condado de Treviño y La Puebla de Aragnzón, los municipios que conforman este enclave, ubicado en el territorio de Álava pero que depende administrativamente de Burgos.

Los ciudadanos de estos municipios, en las diversas consultas que se han celebrado en torno a esta cuestión, se han mostrado partidarios de integrarse en Álava, aunque todas las iniciativas institucionales llevadas a cabo hasta la fecha para lograr este objetivo –la última en 2014– han acabado fracasando.

EH Bildu ha vuelto a plantear este jueves el debate en torno a este asunto, a través de una iniciativa en la que proponía instar a los gobiernos vasco, castellanoleonés y español a que "acepten la voluntad libre y democráticamente decidida de la ciudadanía de Trebiñu", sobre la que se afirmaba que "debería ser la única condición para la integración de los municipios de Trebiñu y Argantzun en Araba y para la decisión de su futuro". Esta iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PNV, el PSE-EE y el PP, mientras que Elkarrekín Podemos se ha abstenido en la votación.

"Aspiraciones legítimas"

En lugar de esta propuesta, se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE, en la que se insta al Gobierno Vasco a "dar respuesta a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos del enclave de Treviño", para lo que le piden que cree un grupo de trabajo "con todas la instituciones implicadas", con el fin de elaborar "una propuesta de resolución que incluya una ley orgánica para su aprobación en Cortes Generales".

Dicha ley –se añade en el texto– tendría el objetivo de "modificar los actuales límites territoriales permitiendo la incorporación [de Treviño] en el Territorio Histórico de Araba". Esta enmienda ha sido aprobada con la mayoría que suman el PNV y el PSE en el pleno, mientras que EH Bildu ha votado en contra y Elkarrekin Podemos y el PP se han abstenido.

En el pleno también se han debatido sendas enmiendas de Elkarrekin Podemos, en las que se pedía la convocatoria de un referéndum "legal y con garantías" en Treviño, y del PP, que defendía abordar este asunto "en el marco institucional del diálogo, el respeto estatutario y la colaboración entre Euskadi y Castilla León", aunque ambas han sido rechazadas.

"Oportunidad histórica"

En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha asegurado que con el cambio de gobierno en el Estado español se abre una "oportunidad histórica" para resolver este conflicto "estancado" atendiendo a la voluntad mayoritaria de los treviñeses.

Por parte de Elkarrekin Podemos, Edurne García ha considerado "incomprensible" que en 2018 aún se mantenga "anacronismo administrativo", para cuya resolución ha propuesto la convocatoria de "un referéndum completo y aceptado por todos".

El parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramírez Escudero ha recordado que su grupo defiende la integración de Treviño en Álava, pero ha considerado que resulta "utópico" plantear que la "única condición" para lograr ese objetivo es atender a la opinión de los treviñeses, puesto que esta es una cuestión que afecta hasta a cinco niveles institucionales de Euskadi, Castilla y León y del propio Estado.

Desde el PSE-EE, Txarli Prieto ha destacado que su grupo "comparte" el objetivo de que Treviño forme parte de Álava. No obstante, ha rechazado que en este debate se plantee que la "única legitimidad" a la que hay que atender sea la de los treviñeses, puesto que también hay que tener en cuenta la opinión de las instituciones burgalesas y estatales.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha recordado que el Partido Popular de Euskadi también está "a favor" de que Treviño se integre en Álava, aunque ha señalado que la realidad institucional que afecta al enclave es "complicada", y ha valorado los "avances" que han supuesto los convenios suscritos entre las instituciones alavesas y burgalesas para coordinar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de Treviño.

Fue en febrero de 1987. Herri Batasuna quiso dar visibilidad a los presos de ETA proponiendo como candidato a lehendakari a Juan Carlos Yoldi, un miembro de la organización terrorista en prisión preventiva desde junio de 1985 que había sido elegido diputado en el Parlamento vasco en las elecciones de noviembre de 1986. Yoldi había sido arrestado por la Guardia Civil acusado de pertenecer a un comando de ETA que había cometido varios atentados contra instalaciones ferroviarias en la comarca guipuzcoana del Goiherri.

La investidura vasca tuvo que retrasarse a la espera de que los tribunales decidiesen. Y la decisión favorable del Tribunal Superior de Justicia de Navarra permitió que Yoldi fuese trasladado bajo custodia policial desde la prisión de Herrera de la Mancha hasta el Parlamento vasco.

El candidato de HB perdió la investidura y meses más tarde, el 10 de junio, fue condenado a 25 años de cárcel por integración en banda armada, depósito de armas y estragos con resultado de lesiones graves, aunque no tuvo que ceder el escaño hasta abril de 1988, cuando la sentencia pasó a ser firme.

El día de la investidura, sin embargo, Yoldi tuvo completa libertad de movimientos dentro de la Cámara vasca. Pudo encontrase con su pareja, comer con su familia, conversar con dirigentes de Herri Batasuna y hasta protagonizar una rueda de prensa en la que confirmó y defendió su militancia en ETA.

De nada sirvieron a la Fiscalía los argumentos que planteó para intentar convencer a los magistrados de que impidiesen a Yoldi acudir al Parlamento vasco. Su tesis era simple: “La situación procesal del acusado es racionalmente incompatible” con su pretensión de acudir a la sesión de investidura “dada la gravedad de los hechos imputados y la extensión de las penas pedidas en el escrito de acusación”. Y es que el Ministerio Fiscal pedía para él una “suma total de 64 años, 5 meses, 30 días y dos multas de 300.000 pesetas cada una” como autor de un delito de pertenencia a banda armada, otro de depósito de armas de guerra, uno de estragos, uno de lesiones graves, uno de lesiones menos graves, tres de terrorismo y una falta de lesiones.

¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal para denegar la solicitud del fiscal y permitir el traslado de Yoldi al Parlamento vasco a pesar de la gravedad de la acusación y lo abultado de la petición de penas?

El auto es tan breve —ocupa apenas dos folios— como contundente. La Sala de lo Penal y lo Civil de Tribunal Superior de Justicia de Navarra señaló que “la prisión preventiva”, la misma situación en la que se encuentra ahora el diputado de JuntsxCat Jordi Sànchez, “no es una pena”. Su único sentido es evitar “que el inculpado se sustraiga a la acción de la Justicia” y esa “finalidad no resulta conculcada si se le conduce a un lugar determinado fuera de la prisión, con la adopción de las medidas de seguridad adecuadas para impedir su evasión”.

La resolución razonaba que “si la legislación permite a los ciudadanos en prisión preventiva, aunque estén acusados de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o a presidentes de las Comunidades Autónomas y son elegidos democráticamente, oponer trabas al ejercicio de su derecho lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores”.

Los presos, tanto los condenados como los preventivos, recordó en aquel momento la Sala, pueden obtener permisos de salida “por importantes y comprobados motivos“ y “con las medidas de seguridad adecuadas”. Acudir al Parlamento vasco para ser sometido a una votación de investidura, señala expresamente la resolución judicial, es un traslado “de mucha menor entidad que el permiso de salida”. Presentarse a una votación que decide la elección del lehendakari, razona el auto, es además  “importante” y no puede considerarse que una razón para impedirlo sea haber sido acusado de cometer “delitos sancionados con penas graves, por cuanto si la ley lo hubiese estimado así, lo hubiera previsto”.

En coherencia con esta resolución judicial, la única que se ha ocupado hasta hoy de decidir si un diputado encarcelado de forma preventiva tiene derecho a someterse a una sesión de investidura, el auto del Tribunal Constitucional que a finales de enero, y de manera preventiva, puso condiciones a la investidura de Puigdemont en ningún momento señala que presentarse a esa votación sea incompatible con la prisión provisional. Más bien sugiere todo lo contrario al establecer que incluso Puigdemont podría acudir al hemiciclo con la correspondiente autorización judicial.

La posición del Tribunal Supremo

A pesar de este precedente, fuentes del Tribunal Supremo sostienen que, llegado el caso, el juez Pablo Llarena no tiene intención de permitir que Sànchez sea trasladado bajo custodia al Parlament catalán para convertirse en president de la Generalitat —la mayoría soberanista le garantizaría la elección—.

El instructor de la causa abierta en el Supremo contra el procés es quien deba decidir si da permiso a Sànchez para acudir a la Cámara. En los sucesivos autos en los que ha ratificado la orden de prisión provisional sin fianza que pesa sobre Sànchez desde hace 135 días, Llarena sostuvo que el “ideario soberanista” del número dos de JuntsxCat “imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva (sic)”. O, lo que es lo mismo, su “ideario soberanista” hace imposible creerle cuando afirma que no va a incumplir la ley.

El instructor puso en contra de Sànchez el actual “contexto político, en el que”, según él, “concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales”. Sectores que no identifica en ningún momento pero que, sostiene, “siguen ajustados al plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma”.

De nada ha servido a Sànchez, al menos de momento, haber “aceptado el vigente marco constitucional, sin otra aspiración que modificarlo por vías legales, pacíficas y democráticas”. O su defensa de “la vía pacífica y democrática para lograr la independencia de Cataluña”. Ni su argumento de que “es público y notorio que nos encontramos en una situación de plena paz social, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio del Interior haya retirado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Cataluña”.

De hecho, la mera posibilidad de que Sànchez pueda aspirar a la Presidencia de la Generalitat tiene todos los visos de convertirse en un argumento en contra de su liberación, porque el juez Llarena aseguró recientemente en su contra que “no sólo no ha renunciado a una actividad pública que ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución”.

En la misma línea argumental, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo incluyó en enero la posibilidad de que Oriol Junqueras fuese elegido president de la Generalitat o volviese a formar parte del Govern entre los motivos para mantenerle en prisión y evitar así el riesgo de reiteración delictiva.

El juez instructor tampoco parece muy favorable a autorizar el traslado de presos soberanistas al Parlament. En el auto en el que en enero rechazó la petición que, en ese sentido, y para la sesión constitutiva de la Cámara le hizo llegar Oriol Junqueras, Llarena se negó con el argumento de que la policía no sería capaz de garantizar “el mantenimiento de la pacífica convivencia” y de evitar un “grave enfrentamiento ciudadano” si tiene que trasladar a los presos desde la cárcel a la Cámara autonómica “en fechas y horas determinadas”. Ese enfrentamiento, precisa el juez, “puede impulsarse o brotar”, porque se trata de “unos presos que suscitan apoyo incondicional”.

El PNV quiere ser el principal promotor de la reforma en profundidad del estatuto de autonomía del País Vasco, en la que los grupos del Parlamento llevan trabajando varios meses. Por ello, los nacionalistas hicieron públicas hace unos días las líneas maestras de su propuesta de reforma, en las que proponen que el nuevo estatuto contemple el "derecho a decidir" de Euskadi –aunque dentro de la legalidad, con una fórmula que no se especifica– y el reconocimiento del País Vasco como una nación. La propuesta del PNV también contempla la asunción de nuevas competencias en materia de justicia, seguridad social o política exterior, así como el blindaje del concierto económico.

La semana pasada se reunió la ponencia del Parlamento Vasco en la que todos los partidos discuten las reformas que, a su juicio, debe experimentar el estatuto vasco, que data de 1979. Varios partidos presentaron sus propuestas, aunque es el PNV el que probablemente lleve la voz cantante como primer partido de la cámara vasca. Su borrador [consúltalo en PDF] sugiere que es necesario que Euskadi consiga un "concierto político" que acompañe al concierto económico que rige su relación a nivel fiscal con el Estado, y plantea la necesidad de que este concierto suponga el blindaje de las competencias ya asumidas por la comunidad y la adquisición de algunas nuevas, como las relativas a la administración de justicia.

El derecho a decidir también se contempla dentro del texto, aunque de forma ambigua y sin que se mencione en ningún momento la posibilidad de acceder a la independencia. Esta actitud ha soliviantado a EH Bildu, que ha criticado que en el borrador del PNV "no aparezca textualmente el derecho a decidir o que haya desaparecido la consulta habilitante". No obstante, la formación abertzale se ha mostrado dispuesta a pactar con el PNV y ha señalado que la "música" de su propuesta es "adecuada", aunque ha matizado que "otra cosa es cómo va a poner el PNV esa música en el pentagrama".

  Reconocimiento como nación

Ciertamente, el documento de los nacionalistas vascos es un borrador, pero esa "música" a la que se refiere Bildu es bastante clara en algunos aspectos, entre ellos uno de carácter simbólico: el reconocimiento de Euskadi como una nación. En su propuesta, los nacionalistas señalan que el nuevo estatuto "debe expresar que Euskal Herria es un pueblo con identidad propia, en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio lingüístico, cultural y jurídico-institucional propio, que ha pervivido a lo largo de la Historia, y asentado geográficamente sobre siete territorios que en la actualidad se encuentran políticamente articulados en dos Estados europeos", España y Francia.

"El Pueblo Vasco es Nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía", sostiene en este sentido el PNV. Y eso implica, según el borrador, que es depositario de unos "derechos históricos" reconocidos en la Constitución, que deben servir como base para "configurar un nuevo modelo de relación de Euskadi con el Estado" de "naturaleza confederal". Eso implicaría que el País Vasco debería ver reconocida su soberanía y constituirse como un Estado para, posteriormente, confederarse con España.

  Derecho a decidir

En el borrador de reforma hecho público por el PNV no se contempla expresamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskadi. No obstante, sí se enuncia de forma más ambigua que la ciudadanía vasca tiene derecho "a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir sobre su futuro". Para ello, señala el texto, la "voluntad mayoritaria de la ciudadanía" tendrá que tener "un valor normativo relevante".

Y aunque "es necesario establecer que la actualización del Autogobierno vasco debe atender el principio de legalidad", según apunta el PNV, esa legalidad "no debe provocar la vulneración del principio democrático", ya que "la decisión de la ciudadanía vasca" debe tener "un valor relevante y primario", señala el borrador. "La moderna sociedad democrática [...] no concibe una fórmula de convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía", defiende el PNV en su propuesta.

  Las nuevas competencias

Más allá de la discusión sobre la soberanía y el estatus territorial del País Vasco, la propuesta del PNV recoge un amplio catálogo de competencias que, a juicio de los nacionalistas, el nuevo estatuto debería blindar como propias de la comunidad. Además, tanto las antiguas competencias como las que asumiera la administración vasca estarían sujetas al arbitrio de un "sistema de garantías que impida la modificación unilateral" del acuerdo con el Estado. Ese sistema consistiría en una mesa bilateral en la que los gobiernos vasco y central se sentarían al mismo nivel para resolver "las diferencias y conflictos de carácter competencial", y que dejaría al Tribunal Constitucional como "última instancia" a la hora de solucionar estos choques.

En cuanto a las competencias, el nuevo estatuto debería recoger –para el PNV– explícitamente que será competencia de la administración vasca lo relacionado con la "lengua y cultura", así como con las materias de "educación, seguridad, empleo público, derecho civil" y régimen del Concierto Económico". El estatuto también consagraría la particular organización institucional de Euskadi, que además de las instituciones autonómicas y municipales escoge de forma directa a los integrantes de las diputaciones forales, entes con mucho más poder que las diputaciones provinciales del resto de comunidades.

Además, el PNV reclama la transferencia de dos nuevas competencias del Estado: la administración de Justicia y todo lo relacionado con las relaciones laborales y la seguridad social. "Se reconocerá [...] la capacidad de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco", apunta el texto, lo que implica que la política penitenciaria también pasaría a depender del Gobierno vasco y establecería al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como la corte de "culminación ordinaria de los asuntos", aunque se seguiría respetando "la preeminencia del Tribunal Supremo" en lo relativo a "la legislación dictada por el Estado".

En el mismo sentido, el borrador establece que "los poderes públicos vascos" serán los titulares de "todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social". De esta forma, Euskadi constituiría una seguridad social independiente, aunque el proyecto matiza que se contemplarán "mecanismos de cooperación y de solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español".

Por otra parte, y según la propuesta, el nuevo estatuto debe también dejar claro el dominio de la administración vasca sobre el territorio de la comunidad autónoma. Así, serán "las instituciones vascas" las que tengan, según el borrador, "la titularidad [...] de los recursos naturales de su ámbito territorial –que se extiende hasta el mar territorial– y de las infraestructuras sitas en el mismo", ya sea en régimen de propiedad privada o de dominio público.

  El concierto y el 135 de la Constitución

La propuesta del PNV también establece que el nuevo estatuto deberá blindar el concierto económico como el mecanismo que "operará sobre las relaciones con el Estado en todos y cada uno de los órdenes de naturaleza económica: el financiero, económico y fiscal". Y, dada esa preeminencia del concierto, Euskadi tendría derecho –siempre según el borrador– a modular la aplicación del polémico artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda pública. La "autonomía financiera" de la comunidad, señala el texto, "no puede resultar constreñida por la imposibilidad de participar y la asunción unilateral por el Estado del procedimiento de distribución de los límites del déficit y de la deuda entre los distintos niveles administrativos".

  El papel internacional de Euskadi

Buena parte del documento se dedica a establecer la visión del PNV sobre el papel que debe tener el gobierno vasco a nivel internacional. Para los nacionalistas, las instituciones autonómicas tienen que asumir un papel protagonista en Europa, y de hecho el PNV propone incluso que el estatuto establezca que Euskadi tendrá derecho a sentarse directamente en los foros de la UE donde se traten asuntos que le afecten y de los que tenga competencias.

En este sentido, para los nacionalistas la administración vasca tendría que tener representación directa en "los órganos consultivos del Consejo y la Comisión" europeas, así como en el Ecofin, la reunión de los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros. Según la propuesta, Euskadi también tendría las competencias para gestionar "los fondos estructurales" concedidos por la UE, y podría firmar "acuerdos internacionales administrativos" sobre materias de su competencia.

El Parlamento Vasco ha aprobado los Presupuestos de Euskadi para 2018 gracias al acuerdo que, por segundo año consecutivo, han alcanzado el PNV, el PSE-EE y el PP en torno a las cuentas de la comunidad autónoma, que ascienden a 11.486 millones de euros. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra, al considerar que los presupuestos son "antisociales" y "regresivos".

La aprobación definitiva de las cuentas se ha producido con los 37 votos a favor del PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico, la abstención de ocho parlamentarios del PP, y el voto en contra de los 27 representantes que suman EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Este es el segundo año consecutivo en el que el gabinete de Iñigo Urkullu logra aprobar sus cuentas a través de un acuerdo con el Partido Popular, que a cambio de su abstención ha logrado introducir modificaciones presupuestarias por valor de 30 millones de euros (un 0,26% del total del presupuesto), y ha obtenido el compromiso del PNV y el PSE-EE de rebajar el tipo nominal del impuesto que pagan las empresas por sus beneficios.

Las consecuencias de este pacto con el PP han sido el motivo principal de las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos a los presupuestos. Estas formaciones han denunciado que el PNV y el PSE han aceptado las "imposiciones" de los 'populares' para imponer políticas "neoliberales, regresivas y antisociales".

El Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV y EH BilduPNVEH Bildu, ha mostrado su "apoyo y respeto" al referéndum soberanista de Cataluña convocado para el 1 de octubre, y ha rechazado cualquier medida que pueda adoptar el Estado español en contra de la consulta.

El pleno de la Cámara vasca se ha posicionado a favor del referéndum a través de una moción de EH Bildu que ha sido apoyada por el PNV. La mayoría que suman ambas formaciones en el Parlamento ha permitido la aprobación del texto, pese a la abstención de Elkarrekin Podemos y el voto en contra del PSE-EE y el PP, según informa Europa Press.

La moción llama a la ciudadanía y a las instituciones vascas a mantener una "actitud proactiva y de respeto" en relación con el referéndum convocado en Cataluña.

Además, a través del texto, el Parlamento muestra su "apoyo y respeto" al referéndum, dado que "la voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye el instrumento más eficaz para la construcción del futuro de cualquier país o colectivo".

La Cámara vasca también expresa su "rechazo" a "cualquier medida en contra del referéndum y en contra de la democracia que pueda adoptar el Gobierno español u otra instancia".

"¡A por ellos!"

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha subrayado que la situación que se está viviendo en Cataluña "es muy grave porque así lo ha querido el PP". Iriarte ha recordado que los guardias civiles y policías nacionales que están siendo enviados a Cataluña desde otros lugares del Estado para impedir el referéndum son despedidos con gritos de "¡A por ellos!".

Iriarte ha defendido que el referéndum es "legal y legítimo", y ha denunciado que, con sus medidas para impedirlo, el Estado español "ha vulnerado la libertad de reunión, asociación y expresión". Por ese motivo, ha acusado al Ejecutivo central de haber dado "un auténtico golpe de Estado de facto", y ha afirmado que en este asunto ya no sólo está en juego la "independencia" de Cataluña, sino la propia democracia. "O se está con la democracia o contra la democracia", ha asegurado.

"Humillación colectiva"

Por parte del PNV, Joseba Egibar ha preguntado al PP que explique dónde ve el "riesgo" de que los catalanes vayan el domingo a votar "con las papeletas en la mano". Además, ha acusado al Gobierno central de haber respondido a las demandas soberanistas de Cataluña "con la prohibición, el maltrato y la humillación colectiva".

No obstante, ha advertido de que "las emociones y los sentimientos de pertenencia no se pueden extirpar ni imponer", por lo que ha rechazado que el Gobierno español recurra a la "fuerza" para hacer frente a quienes no coinciden con sus posiciones en esta materia.

Además, ha criticado el "cinismo" del PP por asegurar que el referéndum "no tiene garantías", cuando es el propio Gobierno central el que está impidiendo su celebración normalizada mediante "detenciones, inhabilitaciones e intentos de incautar las urnas".

"Represión"

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha coincidido en la idea de que lo que está en juego "no es la independencia", sino "la defensa de los derechos y libertades". "Los problemas se resuelven con más democracia, y no con menos derechos", ha manifestado. A su juicio, la solución se debe basar en articular el derecho a decidir de forma "legal, pactada y bilateral".

Martínez ha acusado al Partido Popular de "reprimir los derechos fundamentales". Asimismo, ha lamentado que, tanto el PP como el PSOE, no han dado "respuesta alguna" a siete años de movilizaciones soberanistas en Cataluña, y ha denunciado que los populares se han dedicado a "azuzar" el conflicto de manera "absolutamente irresponsable".

"Fuera de la legalidad"

Por parte del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha advertido de que el referéndum de Cataluña pueda generar un "limbo jurídico" que puede poner en "peligro" los derechos de los ciudadanos de ese territorio. De todas formas, y en referencia al PP, ha criticado la actitud de quienes, "desde la mayoría absoluta", han "eliminado todos los cauces de entendimiento entre diferentes".

Por el contrario, ha reivindicado el acuerdo de gobierno alcanzado por el PNV y el PSE para fomentar "el diálogo y el acuerdo" como forma de "garantizar la pluralidad y la ley". Además, en relación al referéndum convocado por las instituciones catalanas, ha asegurado que "digamos lo que digamos, lo que se ha hecho está fuera de la legalidad".

El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno central en contra del referéndum, dado que "no debe hacer dejación de sus funciones". "Algunos confunden la prevención de un delito con la vulneración de un derecho", ha manifestado.

Además, ha emplazado al PNV a "no dar alas ni abrir la puerta a que Euskadi se contagie" de la situación de Cataluña, sobre la que ha asegurado que "no es nada edificante".

El rechazo del PP ha impedido al Parlamento Vasco aprobar una declaración institucional de rechazo al entierro de los restos del general golpista José Sanjurjo y a los actos de "exaltación" durante el entierro del vicepresidente y ministro franquista José Utrera Molina, según ha informado Europa Press. El texto denunciaba la gravedad de estos actos de "exaltación del genocidio franquista", especialmente cuando se celebra el 80º aniversario de "atrocidades" como el bombardeo de Gernika.

La propuesta de declaración había partido de EH Bildu, formación que contaba con el apoyo del PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos para sacarla adelante como declaración institucional del Parlamento Vasco.

No obstante, la negativa del PP ha impedido su aprobación. El visto bueno a una declaración institucional en el Parlamento Vasco requiere del apoyo unánime de los grupos, por lo que el rechazo del PP –denunciado por EH Bildu a través de un comunicado y confirmado posteriormente por otras formaciones– ha impedido que el texto saliera adelante.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha explicado la posición de su grupo criticando que la propuesta haya sido presentada este mismo jueves, sin "tiempo" suficiente para analizarla.

Además, en declaraciones a Europa Press, ha cuestionado la "legitimidad" de EH Bildu para presentar iniciativas relacionadas con la memoria histórica, cuando la coalición "no ha hecho sus deberes" en relación a esa misma materia. De todas formas, se ha mostrado dispuesto a analizar el contenido de la propuesta si se tramita a través de una proposición no de ley.

EH Bildu, por su parte, ha denunciado que "la negativa del PP ha demostrado una vez más su conexión ideológica con el franquismo y su incapacidad de dar pasos en el ámbito de la memoria histórica".

El texto recordaba que el pasado 16 de noviembre, los restos del general golpista José Sanjurjo fueron exhumados del Monumento a los Caídos de Pamplona, de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica y de pronunciamientos judiciales que rechazaron los recursos interpuestos por la familia en contra de esa resolución.

Tras ser exhumados en Pamplona, los restos de Sanjurjo –que en 1932 protagonizó un golpe de Estado frustrado contra el Gobierno de la República– fueron llevados a Melilla "por una delegación de alto rango del Ministerio español de Defensa", según se recordaba en la iniciativa.

"Honores militares"

El texto denunciaba que la ceremonia de inhumación fue efectuada el pasado 23 de marzo "con honores militares" en el Pabellón de Héroes de Regulares del Cementerio de Melilla, y que fue presidida por las autoridades civiles y militares de Melilla, sufragándose "al parecer", a cargo del erario público.

El texto propuesto por EH Bildu también aludía a lo ocurrido en el entierro del vicepresidente y ministro franquista José Utrera Molina, fallecido el 22 de abril.

La propuesta de declaración recordaba que Utrera Molina estaba reclamado por la justicia universal "por perpetrar crímenes de lesa humanidad", entre ellos, firmar la pena de muerte del militante antifascista Salvador Puig Antich.

En su entierro –según se destaca en el texto– "fue despedido entonando el Cara al Sol, con el saludo fascista, por varios exaltados ataviados con uniformes de la Falange, ante el consentimiento, cuando no adhesión, del resto de los participantes".

La iniciativa propuesta por EH Bildu denunciaba que estas actuaciones "son absolutamente incompatibles con la Ley de Memoria Histórica y con la sensibilidad política casi unánime de repulsa al fascismo en este país".

Repersaliados del franquismo

Todo ello, además, "en estas fechas en las que celebramos el 80º aniversario de sus atrocidades" y en un momento en el que "obstáculos legales, políticos y de financiación dificultan el reconocimiento y reparación de miles de ciudadanos asesinados o represaliados en el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista".

Por todo ello, la iniciativa planteaba el rechazo a la inhumación de José Sanjurjo "con honores oficiales y presencia de miembros del Ministerio de Defensa", y solicitaba que se esclarezcan los hechos y se determinen "las responsabilidades políticas oportunas" por lo ocurrido.

Asimismo, se expresaba la repulsa de la Cámara a los actos de "exaltación" producidos en el entierro de José Utrera Molina, y se solicitaba que "se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades oportunas".

La propuesta planteaba que el Parlamento denunciara estos hechos de "exaltación del genocidio franquista" y de sus responsables, por suponer "una humillación para las víctimas del franquismo". También criticaba "cualquier exaltación de la violencia y las actuaciones contrarias a los Derechos Humanos", y señalaba que es necesario que la Fiscalía "actúe en defensa de las víctimas".

Asimismo, constataba que es "imprescindible" que todos los poderes públicos eliminen "cualquier obstáculo, legal, político o de financiación, para dar estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de memoria histórica", y concretamente, a los principios de "verdad, justicia y reparación" de las víctimas del franquismo.

El Parlamento vasco pedirá este jueves el traslado a Euskadi de ElGuernica de Picasso, un día después de que se cumpla el 80 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

El PNV apoyará la proposición no de Ley planteada por EH Bildu, aunque ha propuesto una enmienda de adición, en la que reclama que, en caso de que no se pueda trasladar definitivamente la obra a Euskadi, se exponga temporalmente en Bilbao.

Por su parte, el PSE-EE y el PP, a través de sendas enmiendas a la totalidad, condicionan el traslado del Guernica a la Comunidad Autónoma Vasca a los informes técnicos que se emitan sobre el estado en el que se encuentra el cuadro, con el fin de que no sufra daños, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por su parte, Elkarrekin Podemos no ha enmendado la iniciativa, pero no votará a favor del texto tal como está elaborado. La coalición de izquierdas cree que, además de tener en cuenta los informes técnicos, hay que destacar que el Guernica "tiene una relación histórica con Gernika, pero también con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil, con la República, con la paz y con la violación de los derechos humanos". "La cultura no es patrimonio de un lugar, sino que es patrimonio de todos", asegura.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre presentó una proposición no de Ley en la que recuerda que el cuadro Guernica de Pablo Picasso "es conocido en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos".

A su juicio, esa obra de arte "no tiene sentido, si no está vinculada al pueblo de Gernika y a su historia". "Euskal Herria ha reivindicado más de una vez que el Guernicadebería estar precisamente en Gernika. El Gobierno de Madrid, en cambio, se ha negado a ello poniendo como excusa razones técnicas de transporte y mantenimiento", ha recordado.En esta línea, ha señalado que, "hoy en día, sin embargo, las instituciones vascas no tienen problemas para cumplir todas las condiciones necesarias y, por lo tanto, tras la negativa del Gobierno de Madrid, no hay sino intereses políticos y económicos"."En este momento en que es imprescindible construir la memoria histórica que reconozca todos los sufrimientos, la fuerza de este cuadro y la profundidad de la denuncia se multiplicarán si está en el pueblo de Gernika en este 80 aniversario del bombardeo", añade.Por ello, insta a la Cámara vasca a que pida al Gobierno de España "que traigan el Guernica" a la localidad vizcaína bombardeada, y emplaza al Gobierno vasco a que "dé todos los pasos institucionales y colabore en los trabajos de infraestructura y adaptación que sean necesarios para que se coloque el cuadro en Gernika".EH Bildu también quiere que el Parlamento "haga suya la denuncia que Picasso quiso difundir con su cuadro en el mundo entero, la más clamorosa denuncia de la represión contra los pueblos y los derechos humanos, la guerra y el genocidio".Por su parte, el PNV ha planteado una enmienda de adición en la que señala que el Parlamento vasco, "atendiendo al carácter universal" de la obra de Picasso, solicita que, "si no se puede trasladar definitivamente" el Guernica, subsidiariamente "y atendiendo a lo acordado en 2010 en este Parlamento, se exponga temporalmente en uno de los museos de Bilbao".En base a los informes técnicos El PSE-EE, en su enmienda a la totalidad, destaca que cualquier posible traslado que se solicite, "se acuerde o no, se haga en base a los informes técnicos oportunos que aseguren la integridad y conservación de la obra para evitar que cualquier reivindicación política que se pueda realizar sobre la misma, ponga en peligro esta obra universal".En todo caso, desea que el Parlamento vasco remarque "la denuncia que, a través de esa obra, se hace de la violencia, la guerra y el genocidio, utilizadas contra las personas y los pueblos a lo largo y ancho del mundo".Por último, el PP vasco insta al Gobierno central a que realice "las gestiones oportunas ante el patronato del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía para que, si los informes técnicos referidos a su estado de conservación no lo impiden, permita y facilite" el traslado del 'Guernica' a algunos de los museos del País Vasco "que garantice las óptimas condiciones de custodia y exposición".Elkarrekin PodemosElkarrekin Podemos no ha presentado enmienda, pero ha precisado que, en principio, no apoyará la propuesta original de EH Bildu. Su portavoz en la Cámara, Lander Martínez, ha señalado que "simbólicamente sería muy bonito" que el cuadro de Picasso estuviera temporalmente en Gernika, pero considera que, al parecer, es algo que "su estado, en estos momentos, condiciones no lo permite".Tras rechazar, además, que la obra pueda llevarse a un museo privado, como el Guggenheim de Bilbao, "como quiere el PNV", ha destacado que ésta tiene que estar en "un espacio público".Martínez ha recordado que, en la actualidad, el Guernica está en el Reina Sofía, "en un lugar visitable, visible y asequible". Además, ha subrayado que el cuadro "tiene relación, no solo con Gernika, sino con un contexto histórico, con la violación de los derechos humanos, con la paz, con la Guerra Civil, con la exposición universal que se hizo en su día porque este cuadro está pensado para lo que está pensado, para la República".debería estar precisamente en Gernika.

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Guggenheim de Bilbao "un espacio público".

Guernica "en un lugar visitable, visible y asequible"

Todos los grupos parlamentarios del Parlamento vasco, salvo el PP, han acordado crear la Ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento vasco que "buscará amplios consensos" en temas como víctimas, deslegitimación del terrorismo y la violencia, y la política penitenciaria, entre otras cuestiones.

PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han transaccionado un texto en el que señalan que el Pleno de la Cámara acordará la constitución en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de una Ponencia sobre Memoria y Convivencia en Euskadi.

"Su misión se concentrará en la búsqueda de amplios consensos en torno a todas las cuestiones que planteen los grupos parlamentarios en la misma, en relación con la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la libertad, la paz y los derechos humanos", señala el documento acordado, al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, este jueves se aprobará en el Parlamento la creación de la Ponencia de Memoria y Convivencia con los votos a favor de todos los partidos, a excepción de los populares, que, en las negociaciones, pidieron que se excluyera el tema de los presos.

El texto suscrito por el resto de fuerzas políticas incluyó la cuestión de la "deslegitimación del terrorismo" para que se sumara el PP, sin conseguirlo.

El texto se cerró este domingo, casi dos meses después de las elecciones del 25 de septiembre que ganó el nacionalista Iñigo Urkullu. En virtud del acuerdo, los nueve diputados socialistas entrarán en el Ejecutivo con la gestión de tres consejerías –Trabajo, Vivienda y Turismo– y respaldarán en la investidura al candidato del PNV, cuyo partido cuenta con 28 diputados. Las fuerzas firmantes del documento suman por tanto 37 votos en una Cámara con 75 asientos, de modo que se quedan a uno de la mayoría absoluta.

En la mañana de este lunes, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, manifestó que el pacto es una "buena noticia" para Euskadi y para España. Destacó que el PSE "va a hacer posible la gobernabilidad y la estabilidad", si bien advirtió de que Ferraz "estudiará" las cuestiones sobre autogobierno "con atención". El exlehendakari Patxi López, por su parte, afirmó que en la dirección provisional del PSOE "tienen que estar tranquilos" porque "es un buen acuerdo".

Más transferencias

El documento, de unas 70 páginas, lleva por título Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno. En el último capítulo, dedicado al autogobierno, plantea que "una reforma de la Constitución ampliaría las posibilidades para mejorar y garantizar el futuro autogobierno" y, hasta que eso suceda, reitera "la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika (...) instando a culminar sin más demora el proceso transferencia".

Por ello, plantean PNV y PSE, "la ponencia de autogobierno solicitará al Gobierno Vasco que envíe al Parlamento Vasco una propuesta que actualice el catálogo de traspasos aún sin realizar y que refleje, de manera detallada, el autogobierno formal y legalmente reconocidos a Euskadi pero todavía pendiente de materialización". Ambos partidos consideran que están pendientes materias como el instituto nacional de la Seguridad Social y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, así como en la necesidad de reclamar y negociar la transferencia de los centros penitenciarios.

No hay acuerdo, en cambio, en cómo debe revisarse el autogobierno vasco y actualizarse el pacto estatutario. Nacionalistas y socialistas señalan que trabajarán en la ponencia de autogobierno para que se acuerden "bases y principios" para esa reforma y se redacte un borrador en un plazo de unos ocho meses desde su encomienda. Después, el borrador se tramitará en el Parlamento Vasco como Proposición de Ley.

PNV y PSE se reservan expresamente la "libertad" para defender sus "respectivos postulados" en esta materia, y se limitan a enumerar cuestiones que pueden debatirse, como el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir, la reforma de la Constitución, la clarificación de las competencias de Euskadi, las relaciones con Navarra y la posibilidad de una institución única que aglutine a todos los territorios vascos de Francia.

Paz y convivencia

En el capítulo de paz y convivencia, PNV y PSE acuerdan trabajar para "la materialización del fin definitivo de ETA" y abogan por una "normalización de la convivencia" que, "dentro del marco de posibilidades legales", aborde "la cuestión de los presos, la política penitenciaria y la reinserción de un modo acorde a la nueva realidad social". Además, plantean la necesidad de crear una ponencia sobre memoria y convivencia que conlleve "una apuesta compartida por una convivencia conciliada y por un conjunto de compromisos vinculados a los principios democráticos y los Derechos Humanos".

Así, el pacto alcanzado prevé una propuesta para el desarme definitivo de ETA, que incluya una declaración previa de la banda sobre su carácter "irreversible e incondicional" y "el reconocimiento del daño causado", lo que conllevaría la posibilidad del acercamiento de los presos de la banda. En este sentido se detallan "tres grandes ejes", consistentes el desarrollo de una "reflexión crítica" sobre el pasado, el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo y el logro de la "disolución y desaparición definitiva" de la banda". Para ello, se impulsará "una propuesta sobre desarme definitivo" y para la disolución de ETA, y una proposición no de ley de respaldo a esta propuesta.

El PP exigió en la formación del nuevo Parlamento vasco que los diputados tuvieran que acatar la Constitución Española al tomar posesión del escaño, una reclamación que fue rechazada por el PNV y Elkarrekin Podemos por no ser una obligación legal ni haber precedentes en el legislativo vasco, informa Europa Press. 

La XI legislatura arrancó este viernes con la constitución de la cámara autonómica, que volverá a estar presidida por Bakartxo Tejeria (PNV)Bakartxo Tejeria y en la que, como en legislaturas anteriores, la falta de mayorías absolutas hará imprescindibles los acuerdos entre partidos para sacar adelante las leyes e iniciativas parlamentarias.

En la sesión de este jueves se designó a los miembros de la nueva Mesa del Parlamento, en la que el PNV tendrá dos representantes, y EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE contarán con uno. El PP, al igual que ocurrió con UPyD en la pasada legislatura, no tendrá representación en el máximo órgano de gobierno del legislativo.

El PNV, con 28 parlamentarios, y EH Bildu, con 18, volverán a ser los grupos más numerosos de la cámara, aunque la distancia entre los jeltzales y la coalición soberanista se ha incrementado en cuatro escaños respecto a la anterior legislatura.

Además, la irrupción de Elkarrekin Podemos ha alterado la correlación de fuerzas en la cámara, en la que con 13 escaños, ha desplazado al PSE-EE del tercer al cuarto lugar. Los socialistas, con nueve parlamentarios, han perdido siete escaños respecto a la legislatura anterior. El PP, con el mismo número de escaños pero con menos votos que el PSE, ha pasado a ser el quinto grupo del Legislativo.

"Acatamiento"

La sesión se desarrolló sin incidentes, aunque el representante del PP Borja Sémper solicitó que se exigiera a los nuevos parlamentarios "el acatamiento" de la Constitución española.

La petición fue desestimada por la Mesa de Edad del Parlamento vasco, en la que los cuatro representantes de Elkarrekin Podemos y el PNV en este órgano consideraron que "no procede" atender a dicha solicitud, dado que "ni la Ley Electoral ni los precedentes" en el Parlamento vasco contemplan la obligatoriedad de dicho "formulismo".

La representante del PP en este órgano discrepó de este criterio, y Sémper mostró su "disconformidad" con la decisión por considerar que se trata de una exigencia contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

El pleno de constitución comenzó con el llamamiento a los nuevos parlamentarios. La llamada se ha producido por orden de acreditación, y a continuación, los parlamentarios se han sentado en sus respectivos escaños, en señal de asentimiento al cumplimiento de las obligaciones y derechos que establece el Reglamento de la Cámara.

Tras la formación de la Mesa de Edad, la sesión se suspendió durante 15 minutos para que los grupos presentaran a sus candidatos a los distintos cargos de la Mesa de la Cámara, aunque solo ha habido una aspirante, Bakartxo Tejería.

Mesa

Este órgano volverá a estar presidido por Tejeria (PNV), que fue designada en segunda votación por una mayoría simple de 37 votos a favor y 38 en blanco. Aunque el voto fue secreto, todo apunta a que estos apoyos habrían provenido de los 28 representantes del propio PNV y de los nueve parlamentarios socialistas.

Eva Blanco (EH Bildu) ha sido elegida vicepresidenta primera y Txarli Prieto (PSE-EE), vicepresidente segundo. El jeltzale Iñigo Iturrate será el secretario primero y Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), secretaria segunda.

La sesión ha sido seguida desde el palco de invitados por autoridades del ámbito de la política y la Justicia, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, Juan Luis Ibarra; el fiscal Superior del País vasco, Juan Calparsoro; el Ararteko, Manu Lezertua; el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y los presidentes de las Juntas de Álava y Gipuzkoa, Pedro Elosegi y Eider Mendoza, respectivamente.

Los parlamentarios de Podemos acudieron a la sesión luciendo carteles y chapas en contra del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y de rechazo a la violencia de género.

Incompatibilidades

Celebrada la sesión constitutiva, la presidenta ha convocado para el 27 de octubre un nuevo pleno del legislativo vasco, que tendrá como único punto del orden del día la designación de los miembros de la Comisión Provisional de Incompatibilidades. Éstos dispondrán de un plazo máximo de veinte días para elaborar el dictamen correspondiente.

La Presidencia del Parlamento convocará una nueva sesión plenaria para el debate y resolución definitiva de dicho dictamen, y tras la celebración de ese pleno, anunciará la fecha y hora de la sesión para la investidura del nuevo lehendakari.

Hay ocasiones en las que los tiempos de la política nacional colisionan con los de la autonómica. Es lo que le ocurre al Partido Popular con la convocatoria de elecciones al Parlamento vasco para el 25 de septiembre. Sin el panorama del Gobierno central despejado a la espera de que Mariano Rajoy decida si se somete a la sesión de investidura que establece la Constitución una vez que ya ha sido designado candidato a la Presidencia por el rey, los conservadores tienen que tomar una decisión sobre su candidato a lehendakari. No es una decisión sencilla. El dirigente con más papeletas, el candidato natural para encabezar la lista es Alfonso Alonso, presidente del PP vasco y ministro de Sanidad en funciones. Su nominación implicaría también su marcha del Consejo de Ministros. Sería el tercer miembro del Ejecutivo que deja un ministerio desde que está en funciones.

La Ley Electoral del País Vasco es muy clara al respecto en el punto 3 de su artículo 4, el que establece las causas de inegilibilidad en las elecciones a la Cámara regional. Entre otros representantes públicos, no son elegibles el presidente del Gobierno, los ministros o los secretarios de Estado. De optar el PP por Alonso como candidato a lehendakari, el exministro de Sanidad tendría que dejar su puesto en el Consejo de Ministros antes del 16 de julio, fecha en la que tienen que estar presentadas las listas.

En el Gobierno, en el PP nacional y en el PP vasco admiten que el ministro es la persona mejor ubicada para representar al partido en Euskadi, pero tampoco ocultan que les habría gustado que el Gobierno estuviese ya a pleno rendimiento para poder tomar la decisión de una forma más serena y con todos los elementos sobre la mesa. En este sentido, recuerdan precisamente que el Gobierno ya ha tenido un par de bajas en los últimos meses.

José Manuel Soria, exministro de Industria, dimitió el 14 de abril después de conocerse que estuvo vinculado a una sociedad en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Días antes había estallado el escándalo de los papeles de Panamá. Al estar el Gobierno en funciones desde el 21 de diciembre, era imposible hacer nombramientos. Las funciones de su departamento las asumió el titular de Economía Luis de Guindos. Según la página web de la Moncloa, además de su ministerio tiene encomendado el "despacho ordinario de los asuntos de Industria, Energía y Turismo".

La última baja se produjo la semana pasada cuando Rajoy propuso a Ana Pastor, titular de Fomento, como presidenta del Congreso de los Diputados. En este caso, el despacho ordinario de las funciones de su departamento correspondió a Rafael Catalá, titular de Justicia.

Con Alonso todavía en el organigrama del Consejo de Ministros a la espera de que el PP comunique la decisión oficial en las próximas horas, el gabinete de Rajoy está compuesto por once ministros, contando a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también ministra de la Presidencia. Si Alonso se acaba marchando, el porcentaje de ministerios sin titulares al frente sería del 23%.

Rajoy dirá la última palabra

Las fuentes del PP vasco consultadas por infoLibre apuntan que Alonso tiene "altísimas posibilidades" de ser el candidato y que, a priori, no habría gran problema en que uno de sus compañeros del Gobierno asumiese sus funciones. "Se trata de un ministerio que no tiene función ejecutiva", apuntan. Pero la última palabra la tendrá Rajoy, señalan. "Él tendrá en mente los cálculos de cuánto tiempo se va a prorrogar más esta situación de interinidad y de hasta qué punto le interesa trasladar la imagen de un Gobierno en desbandada", añaden las mismas fuentes.

Un miembro de la dirección nacional añade otro elemento en la coctelera: "Si Rajoy quiere contar con Alonso para el próximo Gobierno, también tendrá que despejar ahora la incógnita. Pero también puede querer un líder de largo recorrido para el País Vasco, donde en el PP ha reinado la inestabilidad en los últimos años".

Desde el PP vasco no ocultaron que la convocatoria les había dejado algo sorprendidos. Aunque la decisión sobre su candidatura estaba prevista para finales de julio o principios de agosto, los conservadores estaban a la espera de que se resolviera el panorama nacional, ganando tiempo. Tras conocer el anuncio de Iñigo Urkullu, la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, consideró que la convocatoria responde más "a un interés particular" del lehendakari y del PNV que "general", aunque pone fin "a un fiasco de legislatura". "No es un momento adecuado para hacer un anuncio de tanto calado", sostuvo en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Hay mimbres, hay candidatos"

Llanos admitió que su formación confiaba en que "se despejara antes" la incógnita del Gobierno de España, algo que no será posible ya que el 16 de agosto se deben presentar las listas electorales. "Hay mimbres, hay programas y hay candidatos, buenos y muchos, por lo que hay donde elegir", sostuvo sin decantarse por ningún candidato.

Salvo cambios de última hora, Alonso podría anunciar la decisión del PP vasco sobre el candidato este lunes en una rueda de prensa. Al ministro le pilló el anuncio electoral en el palacio de La Moncloa, donde había acudido a la reunión de los viernes con Rajoy. El líder del PP vasco ya ha telefoneado a algunos de los presidentes provinciales para trasladarles sus primeras impresiones respecto al anuncio de Urkullu. Además de liderar el PP regional, es el líder de los conservadores alaveses. Antón Damborenea preside el PP de Bizkaia y Borja Sémper, considerado uno de los dirigentes con más proyección en el PP, lidera la formación en Gipuzkoa.

Los motivos del PNV

Fuentes del Gobierno vasco sostienen que el principal motivo del adelanto de los comicios es el de alejarlos de unas hipotéticas terceras elecciones a nivel nacional. El bloqueo de las negociaciones tras el 26J les ha llevado a no descartar la posibilidad de que las Cortes se disuelvan sin un candidato a la Presidencia del Gobierno investido. En otro plano, el PNV ha tomado la decisión movido también por los buenos resultados de Podemos en Euskadi en las generales (6 escaños frente a los cinco del PNV). Las elecciones generales son a priori más favorables para el partido de Pablo Iglesias que las autonómicas.

La última encuesta del Gobierno Vasco ubicó a Podemos empatado en escaños con EH Bildu: 17 cada uno. La coalición abertzale tiene ahora 21. El PNV seguiría a la cabeza con 24 escaños, tres menos que en 2012; el PSE, pasaría de 16 a 9 y el PP obtendría 7 frente a los 10 que tiene ahora. Ciudadanos se haría con un escaño y UPyD se quedaría fuera.

Para el PNV el escenario idea sería seguir gobernando con el apoyo del PSE. Si no es posible, no descartan intentar otro tipo de acuerdos, sin descartar a ningún partido.

Maroto: el 'plan B'

Uno de los argumentos que esgrime quienes en el PP tienen claro que el candidato debe ser Alonso son los resultados del 26J para el PP vasco. Si el 20D el PP de Euskadi se hizo con 142.127 votos (11,62%), el 26J mejoró hasta los 147.639 sufragios (12,85%). "Con él al frente el partido ha mejorado", señala un miembro de la dirección del PP vasco.

Otras fuentes apuntan a que Alonso tiene que ser el candidato por "responsabilidad", por mantener la estabilidad del partido. En este sentido, aseguran que el ministro rechazó en varias ocasiones en el pasado liderar el PP de Euskadi y que ahora tiene que asumir el liderazgo de la lista y dar la batalla en el Parlamento.

Desde que ETA dejó de matar, el PP vasco está inmerso en un proceso de redefinición. Su anterior presidenta, Arantza Quiroga, intentó en octubre de 2015 poner en marcha una moción parlamentaria de Libertad y Convivencia en la que se demandaba el "rechazo expreso" a la violencia en sustitución de la expresión "condena", y fue tal el revuelo interno que se montó que acabó dimitiendo. Hay en el PP quien cree que en este proceso tuvo un papel clave el PP alavés, Alonso y sus fieles. Señalan que se la tenían jurada a Quiroga desde que apostó por Llanos como número dos en lugar de por el alavés Iñaki Oyarzábal, responsable nacional de Justicia y Libertades Públicas.

En Génova no cayó nada bien esta batalla interna, sobre todo en el entorno de María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP fue uno de los principales apoyos internos de Quiroga.

No es ningún secreto que en el PP hay sectores que creen que el sitio de Alonso está en Euskadi. Pero también hay quien considera que su entrada en la política autonómica le supondría aparcar su carrera nacional. No son pocos en el PP los que creen que podría jugar un papel clave en el futuro del partido a partir del XVIII Congreso Nacional.

En el PP vasco creen que nada es definitivo y que hay cuestiones que no son incompatibles, como ocupar un puesto en la dirección nacional del partido. Antes de ser ministro, Alonso se sentaba en el Comité de Dirección del PP en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Si la opción Alonso no cuaja, el mejor ubicado para encabezar la lista del PP en Euskadi es Javier Maroto. En la renovación que hizo Rajoy el pasado verano fue nombrado vicesecretario de sectorial del partido. Es alavés, como Alonso, y también como Alonso ha sido alcalde de Vitoria.

¿Y en Galicia?

Una de las preguntas a las que conduce el hecho de que ya haya fecha para las autonómicas vascas es si el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, va a fijar el mismo día para sus autonómicas. Fuentes de la Xunta consultadas por infoLibre aseguran que el presidente no ha tomado todavía ninguna decisión. Para hacer coincidir ambos comicios, Feijóo tendría que hacer el anuncio como muy tarde el lunes.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, informó este viernes al presidente de la Xunta de la convocatoria de las elecciones autonómicas vascas y aseguró que el mandatario gallego aún no ha decidido el día de las gallegas.

La decisión de informarle se debe a que ambos dirigentes barajaron hace meses la posibilidad de celebrar los comicios de Euskadi y Galicia en la misma fecha, como ocurrió hace cuatro años.

El mandatario gallego había señalado en la mañana de este viernes su intención de hablar "de inmediato" con el lehendakari sobre la convocatoria electoral. Si bien Feijóo había subrayado que ambos tienen la competencia "indelegable" de elegir fecha para los comicios en sus respectivas autonomías, también había manifestado que a ambos les gustaría "coincidir".

"El lehendakari tiene que ejercer sus competencias y el presidente de la Xunta, las suyas. Creo que a los dos nos gustaría coincidir, pero la competencia indelegable de decidir una fecha la tienen los presidentes gallego y vasco, escuchados sus respectivos gobiernos", había señalado Feijóo antes de hablar con Urkullu.

El coordinador de la gestora que dirige UPyD desde hace dos meses y medio y diputado en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, fue elegido con el 83,2% de los votos para ocupar la Portavocía del partido magenta, que se disputaba con el exconcejal de Brunete (Madrid) Fernando Castellano, informa Europa Press.

Tras ser elegido como nuevo portavoz del partido, Maneiro señaló que "ha llegado la hora de la cantera de UPyD", que es "extraordinaria". "Mantengámonos unidos, dediquémonos a resolver los problemas de la gente", dirigió Maneiro a la militancia de UPyD.

"Ha llegado la hora de hablar del paro, de la precariedad laboral, de las pensiones, de la dependencia", apuntó el dirigente de UPyD, que agradeció a los fundadores del partido haber dado "el paso" de crearlo y anunció "malas noticias" a "los corruptos, los recortadores sociales y los nacionalistas que quieren romper el país", ya que "UPyD ha vuelto".

"Las puertas están abiertas, queremos que toda la gente buena que se alejó vuelva", añadió.

Los alrededor de 3.000 afiliados de la formación estaban llamados este sábado a elegir entre las dos candidaturas que optaban a tomar el mando del partido para intentar revitalizar el proyecto y devolverlo a la primera línea política. Ambos proyectos apostaban por la continuidad del partido pese a la delicada situación en que se encuentra.

UPyD afrontaba así este sábado el Congreso Extraordinario después de meses de honda crisis que llegó a su punto máximo el pasado 8 de febrero, cuando Rosa Díez y su último líder, Andrés Herzog, anunciaron su baja como militantes ante el convencimiento de que el partido debía disolverse para preservar la pureza de sus ideas.

"El nacionalismo es enemigo jurado de la diversidad"

Por su parte, la exdiputada del PP y portavoz de la asociación Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha enviado un mensaje para su lectura en el congreso en el que señala que "el nacionalismo es enemigo jurado de la diversidad" y "la España constitucional" es "su más firme aliado".

"Si el separatismo es capaz de avanzar impúdicamente en la desconexión entre españoles; si el populismo de sucia inspiración chavista puede campar política y mediáticamente a sus anchas; si un terrorista convicto tiene posibilidades de convertirse en lehendakari, es solamente por el desistimiento de los que estaban llamados a evitarlo", añadió.

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, considera que el "conflicto vasco" aún "no se ha terminado de superar" y que existe "una demanda clara de que se reconozca que hay personas que pueden tener diferentes identidades nacionales y que eso no tiene por qué ser algo malo".

Además, ha defendido que, si bien sólo un 19% de los vascos es independentista, "hay una ciudadanía que es mayor de edad y quiere que se le pregunte", aunque "para elegir quedarse", en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Según su análisis, en Podemos Euskadi "ha pasado una cosa muy bonita" y es que se ha unido en el mismo espacio político "gente que viene de haber vivido el conflicto vasco de una forma distinta", por su apuesta de "un marco estable para la paz y la convivencia", además de por su "agenda social".

Preguntada si en el País Vasco no se respetan las identidades, ha respondido que "en Euskadi todavía no se ha terminado de superar el conflicto y todavía hay un problema político", aunque "se están dando muchos pasos", sobre todo por la "sociedad vasca", y por eso cree que los partidos tienen que "seguir avanzando en esa dirección". "Venimos de haber vivido unos años durísimos, con muchísima violencia y quedan muchas heridas por cicatrizar, debemos mirar al pasado para aprender de él", ha dicho.

Además, ha defendido la decisión de Podemos de celebrar el Aberri Eguna porque siempre se había utilizado para "polarizar y para el enfrentamiento" y ellos querían convertirlo "en un día compartido por todas las identidades".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha destacado que, a partir de las próximas elecciones autonómicas, "se abre un eje muy interesante de políticas de izquierdas entre EH Bildu, Podemos y el PSE-EE que puede traer muchos beneficios a este país".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press antes de conocerse los resultados del Euskobarómetro publicado este viernes, Mendia ha precisado, no obstante, que a los socialistas no les gusta hablar "con quién" pactar, sino "para qué", y ha considerado que hay que dialogar sobre programas y políticas. "A mí me gusta el pacto que ayude a la gente a sacar adelante a Euskadi y a sacar adelante a los ciudadanos vascos", ha añadido.

La dirigente del PSE-EE cree que "hay que buscar acuerdos en base a programas y políticas concretas". Además, ha considerado que todos los partidos quieren "parecerse" a los socialistas en lo que se refiere a políticas sociales.

En esta línea, ha recordado que, detrás del voto ciudadano a Podemos "no se encuentra la razón de sus votos, sino el enfado y las ganas de cambio". Además, ha destacado que, cuando EH Bildu está "en una disyuntiva entre patria o derechos sociales, elige siempre la patria por encima de los derechos sociales". En este sentido, ha destacado que, "a la hora de hablar de credibilidad en políticas sociales, está clara la larga trayectoria de los socialistas".

Preguntado si se ve gobernando con el PNV después de las elecciones, ha manifestado que, "primero, tienen que venir las elecciones", y ha indicado que en la próximas elecciones "entrará un partido nuevo" en el Parlamento, en alusión al partido de Pablo Iglesias.

Por ello, ha señalado que, "de la misma manera que se va a abrir un eje en favor del derecho a decidir entre Bildu, PNV y Podemos, también se abre un eje muy interesante de políticas de izquierdas entre EH Bildu, Podemos y el PSE-EE que puede traer muchos beneficios a este país".

Idoia Mendia no ha descartado pactar con el PNV para gobernar Euskadi la próxima legislatura. Asimismo, ha colocado "en el puchero nacionalista" a Podemos porque "se ha puesto en esa línea de la política al tomar como bandera el derecho a decidir".

Consensos

Tras indicar que se presenta a las elecciones como candidata a lehendakari "con un proyecto para liderar este país", ha apuntado que será la ciudadanía la que elegirá "a quién quiere" en el Gobierno. En esta línea, ha dicho que, en todo caso, "no gobierna el que más escaños tiene, sino el que más capacidad de sumar acuerdos y consensos tiene".

Por último, ha emplazado al presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, a no especular con un posible adelanto electoral y pedido "rigor" al Ejecutivo.

El Parlamento vasco dio el visto bueno a la tramitación de la ley de consultas propuesta por EH Bildu, con la que la coalición pretende facilitar que los ciudadanos de Euskadi puedan "decidir" sobre su futuro político, económico y social sin "imposiciones". La toma en consideración del texto, contra la que votaron el PSE-EE, PP y UPyD, recibió el apoyo del PNV, aunque este partido criticó la "enrevesada" regulación propuesta por EH Bildu.

Una vez aprobada la toma en consideración de la iniciativa, ésta empezará el proceso de tramitación habitual de las propuestas legislativas en el Parlamento vasco, aunque dado el escaso margen de tiempo existente hasta el final de la legislatura, previsto para otoño, parece complicado que la ley pueda salir adelante antes de que concluya el actual mandado autonómico.

La iniciativa de la coalición soberanista, oficialmente denominada Proyecto de Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pretende dotar a las instituciones vascas de una cobertura legal que permita celebrar consultas de carácter local, provincial o autonómico.

El objetivo de EH Bildu es que los ciudadanos de Euskadi puedan decidir su futuro "político, económico y social" sin "imposiciones" por parte del Estado español, de las instituciones europeas o de los grandes grupos de presión formados por las compañías multinacionales.

La controversia, defienden los socialistas de Euskadi, viene dada en buena medida por la complejidad del sistema. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, Euskadi (y Navarra) recaudan sus impuestos y después pagan al Estado una cantidad por las competencias que no ejerce la administración autonómica. El importe se negocia entre País Vasco y el Estado, y se fija por ley cada cinco años. Si no hay acuerdo, se prorroga la anterior. Esa es la situación actual –pervive la norma de 2007-2011–, pues el Ejecutivo vasco y el central se reclaman mutuamente cantidades de ejercicios anteriores y no han sido capaces de cerrar un nuevo pacto.

La posición oficial del partido a nivel federal la fijó ya este jueves su secretario general, Pedro Sánchez. Aseguró que el verdadero debate es el de "actualizar la financiación autonómica" y que no "están en cuestión" ni el concierto vasco ni el cupo. "La gran ventaja del PSOE es que lo tiene escrito", reiteró Sánchez, quien se remitió a la Declaración de Granada aprobada por el partido en julio de 2013. Ese documento señala, literalmente, que "la institución del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica".

Andalucía y Valencia, contra el cupo

Las palabras del candidato a la Moncloa de los socialistas vienen a reconvenir a federaciones como la valenciana y especialmente la andaluza, que en los últimos días se desmarcaron de esa línea y reabrieron el debate sobre la financiación vasca a poco más de dos meses de las elecciones generales. Apenas 24 horas después de las primeras declaraciones de Díaz, la secretaria general del PSE Idoia Mendia le respondió: Euskadi, dijo, no tiene "un régimen privilegiado" ni recibe dinero del Estado, sino que lo aporta al conjunto. "Susana ha dicho que hay un desequilibrio y que es un privilegio. Por ese lado, creo que cada uno tiene que encargarse de lo suyo", zanjó Mendia.

Pero la líder andaluza insistió en sus planteamientos y su respuesta no se hizo esperar. Llegó el miércoles: “Los que están pidiendo solidaridad en Cataluña ahora resulta que la niegan en Euskadi”, ironizó. A su llegada a un desayuno informativo, apuntó que "cuando se defiende la igualdad, se defiende que un ciudadano en cualquier rincón de España tenga la misma sanidad, la misma educación y los mismos servicios públicos" y que, a su juicio, es "una realidad" que en la actualidad no todas las comunidades autónomas están "bien financiadas". Hay que "modular" el cupo en defensa de "la igualdad de todos los ciudadanos", reiteró.

A la polémica se sumó este jueves el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, uno de los barones socialistas próximos a Díaz. Puig consideró que el concierto vasco "hay que respetarlo", pero que "el resultado del cupo no puede llevar a asimetrías como las que se producen en estos momentos". Si en los últimos años la Comunidad Valenciana hubiera recibido la financiación media que tienen Euskadi y Navarra, ahondó, eso le habría supuesto 9.000 millones de euros más al año. Finalmente, y sin "quitarle nada a nadie", pidió que los valencianos sean "tratados con igualdad".

El PSE, entre la espada y la pared

En el PSE no ocultan su malestar con esas posiciones. La propia Idoia Mendia declaró también este jueves que "los temas vascos a veces pueden resultar complejos" pero que Euskadi "aporta" al conjunto del Estado, y llamó a respetar la consabida Declaración de Granada. "No es ningún Gobierno autonómico quien propone modificaciones sobre el cálculo del cupo", sostuvo en clara referencia a las palabras de los líderes de otras federaciones socialistas, de quienes dijo que "algunos acaban de llegar" a la Presidencia autonómica y tienen "problemas gravísimos" para hacer los presupuestos.

"Y eso lo entiendo –continuó–, pero se trata de arreglar lo que no funciona y no de fastidiar lo que funciona. Los vascos siempre hemos sido solidarios". Fuentes del PSE consultadas por infoLibre apuntan que el debate sobre el concierto es "extemporáneo", que "ahora no toca". "¿Un privilegio? Eso hay que verlo con números, y no hacer un debate en el aire", añaden. Los socialistas vascos sostienen que el sistema "puede llegar a ser favorable en su resultado final" pero que implica "asumir un riesgo", porque deja a la comunidad fuera del reparto de ayudas extraordinarias que dependan del Estado, como el fondo de liquidez extraordinaria o el de pago a proveedores.

Especialmente críticos se muestran con la presidenta Susana Díaz. "Susana nos complica la vida". "Nos obliga a hacer mucha pedagogía para explicar que no se trata de cambiar el sistema, sino que se propone, si acaso, actualizar la cuantía del cupo como dice la ley". "Cosas como las que ella dice con las que se dicen cuando se habla desde el desconocimiento". Son algunas de las frases con las que se opina en el PSE sobre la actuación de la líder andaluza, que con sus posiciones introduce un elemento en el debate político vasco que hasta ahora no está presente y donde la posición de los socialistas no es fácil. Añaden que, además, el PNV estaba "fuera de juego" de cara a la campaña de las generales y que ahora "sobreactúa" porque ha encontrado un caballo de caballa: la defensa del sistema foral.

Las reticencias hacia Susana Díaz se comparten en el PSC. Los socialistas catalanes comparten la idea de actualizar la cantidad que Euskadi entrega al Estado cada año, pero consideran que el gesto de la presidenta andaluza, habida cuenta del calendario electoral, "es poco conveniente". "Es un tema que no toca en este momento", comenta un dirigente de la formación, pero "todo el mundo quiere poner su granito de arena" y "[el PSOE de] Andalucía intenta llevar un poco la voz cantante". "En el PSC –reitera este miembro de la dirección de los socialistas catalanes– estaremos con el PSE, aunque creamos que el cupo puede generar desigualdades".

Debate en Euskadi

En el País Vasco las reacciones al debate interno en las filas socialistas no se hizo esperar. El PNV llevó la voz cantante como defensor del particular sistema de financiación. El lehendakari Urkullu advirtió de que no permitirá una "modificación unilateral" del concierto. "Es una línea roja que no vamos a admitir que se traspase", pues "es un sistema histórico, legal, solidario y eficaz, pactado en la ley y que sólo redunda en beneficio de la ciudadanía", dijo. Se da la circunstancia de que, tras las últimas elecciones municipales y forales, nacionalistas y socialistas pactaron gobernar juntos diputaciones forales y numerosos ayuntamientos.

Para tratar de frenar esa ofensiva del PNV y calmar los ánimos, el PSE presentó este jueves dos iniciativas en la Cámara vasca. La primera, una proposición no de ley, insta al Parlamento a "reiterar su compromiso con el Concierto Económico", a solicitar la "actualización del Cupo" en los términos que establece la ley y a que las administraciones estatal y autonómica "defiendan y expliquen" todas las "peculiaridades" del sistema "a fin de que no se cuestione esta figura y se aleje cualquier duda sobre la misma". En la segunda, se pregunta al lehendakari Urkullu por los pasos que dará para lograr ese acuerdo con el Gobierno de Madrid.

El resto de fuerzas no han dejado pasar la ocasión e incluso el PP cargó contra las críticas de miembros del PSOE al concierto económico vasco. "Defendemos contundentemente su existencia", dijo el vicesecretario del PP Javier Maroto, quien este jueves proclamó la "férrea defensa" del cupo por parte de los conservadores y calificó de "sorprendentes" los "ataques" de PSOE y Ciudadanos al mecanismo. "Que haya partidos que estén cuestionando el concierto económico es para mirárselo", juzgó.