Los trabajadores hicieron 19,48 millones de horas extraordinarias a la semana en los nueve primeros meses de 2022, un 16,84% más que en el mismo periodo del año precedente. Un dato que confirma el buen nivel de la actividad en España pese a la crisis energética y de precios. Si, como parece, la economía se va a sostener el último trimestre, el alza al final del año incluso puede ser superior. Para las empresas, alargar la jornada laboral de la plantilla puede ser una medida rápida y barata de hacer frente a un repunte de demanda. Eso sí, deben cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, que limita a 80 el número de horas extra que un asalariado puede hacer en un año. Además, tienen que pagarse mejor que las ordinarias, un 75% más. El problema es que casi la mitad de esos cerca de 20 millones de horas extraordinarias semanales los trabajadores no las cobran.

En mayo de 2019, como medida de protección frente a los abusos en el tiempo de trabajo, frente a la falta de pago del exceso de jornada y para impedir la consiguiente pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social, se implantó el registro obligatorio de jornada.

En principio, ese año el control impuesto a las empresas redujo el número de horas extra no pagadas en un 9,4% respecto a 2018. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019 se hicieron 23,09 millones de horas extraordinarias a la semana, un 10,47% menos que el año anterior, cuando se batió el récord de la década, con 25,8 millones de horas semanales fuera de la jornada normal.

Pero fue sólo un espejismo. El control horario no parece haber desalentado a las empresas en el abuso del tiempo de trabajo extra gratuito. Porque, a tenor de las cifras de la EPA, en 2020, el año de la pandemia, las horas extraordinarias no pagadas aumentaron un 12,34% respecto a 2019, hasta alcanzar los 11,56 millones semanales, mientras que las horas pagadas sólo crecieron un 1,42%. Pese a las restricciones a la actividad, sobre todo en sectores tan proclives al alargamiento de la jornada como el comercio y la hostelería, las horas extra superaron los 24,55 millones, sobre todo por el buen ritmo al que crecieron en los dos primeros trimestres del año.

En 2021, en plena recuperación económica, sin embargo, las horas extra cayeron un 6,5% y aún más lo hicieron las no pagadas, un 10%. Lo que no fue obstáculo para que éstas representaran el 45,3% de las extraordinarias realizadas por los trabajadores ese año, por encima incluso del 44,5% de 2019.

Finalmente, en los primeros tres trimestres de 2022 –a falta de los datos del cuarto, que se publicarán el próximo día 26– ese porcentaje ha superado ya el de 2021, con un 45,5% de horas no pagadas.

Además, en números absolutos, fue en 2020 cuando más horas extra no pagadas se trabajaron, 11,56 millones semanales, desde el máximo de 13,91 millones alcanzado en 2015, en la salida de la crisis financiera. En ese año y en 2016 las extras no retribuidas incluso superaron por primera vez a las pagadas. Desde entonces, el número de las no abonadas no había dejado de bajar –con la excepción de 2018– hasta que se dispararon en 2020. Tanto las del año de la pandemia como las del año de la recuperación superan a las de 2019, cuando se estableció el control horario.

De forma que, si al coste de la hora trabajada, que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral calcula para 2022 en 22,55 euros, se le añade el 75% que exige la ley, las empresas se han ahorrado 39,42 euros por cada hora extra no pagada y 13.625 millones sólo entre enero y septiembre de 2022.

De hecho, lo que se deduce de las cifras es que las horas que fluctúan con el ritmo del ciclo económico son las extraordinarias pagadas –creciendo en fases de auge y reduciéndose en las crisis–, mientras que las no pagadas permanecen enquistadas. Ese 45% se ha convertido en estructural. Y muchas veces no se corresponden con la imagen preconcebida de un trabajador poco cualificado en un sector de actividad con bajas remuneraciones. Sino todo lo contrario: asalariados con contratos indefinidos, a tiempo completo y con empleos de nivel medio o alto. Por ejemplo, las jornadas maratonianas que han denunciando los trabajadores junior de las grandes consultoras no son, estrictamente hablando, horas extraordinarias, sino las jornadas habituales, porque trabajan a demanda y se les exige dedicación plena.

Las consecuencias de este abuso laboral van mucho más allá del desgaste personal y la precariedad laboral. También la Seguridad Social ha perdido ingresos por las cotizaciones de esas horas no pagadas. Cada hora extraordinaria cotiza por contingencias comunes un 28,3% –un 23,6% a cargo de la empresa y un 4,7% del trabajador–. En 2008, justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se derrumbó la economía, la recaudación anual por horas extra alcanzó su máximo histórico, 436,26 millones. Durante toda la crisis posterior cayó año a año hasta los 232,45 millones en 2013. Desde entonces, los ingresos por cuotas no pararon de crecer hasta 2020, cuando cayeron un 13,27% respecto al ejercicio anterior. Ese dato contradice el aumento de horas no pagadas declaradas por los trabajadores en la EPA, que señalan un alza considerable en los dos primeros trimestres. El motivo de la aparente contradicción –más horas, menos recaudación– estriba en los sectores donde se alargaron las jornadas, que pudieron ser aquellos con menores salarios –los que entonces se convirtieron en trabajadores esenciales–.

En 2021 las cuotas se recuperaron un 14,63%, hasta los 349,2 millones de euros –pese a que las horas pagadas según la EPA se redujeron un 3,37%, se invirtió, por tanto, el vuelco de la pandemia–. Para 2022 la Seguridad Social presupuestó una recaudación de 363 millones, un 3,9% más. Y para este ejercicio prevé un nuevo repunte, hasta los 410 millones de euros, lo que sería la segunda mayor recaudación de la historia tras la de 2008. Según explica en su informe económico financiero, la Seguridad Social atribuye el alza al “crecimiento general de los salarios y de la población afiliada”. Pero también, añade el documento, “se tiene en cuenta las recomendaciones sobre el control de las horas extraordinarias para fomento del empleo”.

En cualquier caso, el panorama de las horas extra, tanto de las pagadas como de las no retribuidas, varía mucho dependiendo de los sectores. Donde más se alargan las jornadas es en la industria: en 2019 llegaron a hacerse más de cuatro millones de horas extraordinarias a la semana. Desde entonces han bajado hasta los 3,22 millones de 2021, pero en los nueve primeros meses de 2022 ya se han superado las realizadas en el mismo periodo del año anterior. Una explicación a este liderazgo es que en este sector es donde las horas extraordinarias están más reguladas en los convenios colectivos.

A la industria le sigue la sanidad, que en 2020 alcanzó los 3,81 millones de horas extra semanales. El comercio también superó los tres millones de horas extraordinarias el año del coronavirus y en los tres primeros trimestres de 2022 ha excedido ya las realizadas en el mismo periodo del año precedente. La educación llegó a los 2,63 millones semanales en 2020. La pandemia eliminó las clases presenciales, pero a cambio los profesores aumentaron mucho las horas para preparar las telemáticas y suplir la asistencia a los alumnos en los colegios. No obstante, la tendencia ha continuado tras acabar el confinamiento y en los nueve primeros meses de 2022 los profesores han rebasado ya las horas extra realizadas en todo 2021. La hostelería queda por detrás, con un desplome desde los 2,56 millones de 2019 hasta los 1,19 millones del año de la pandemia.

La clasificación cambia, y mucho, cuando se pone el foco en las horas no pagadas. Porque es en la educación y en el comercio donde se hacen más horas extra gratis. Es más, mientras en la industria éstas han caído desde 2019 un 18,4%, el comercio ha escalado un 22,7%. De hecho, en 2021 los dependientes de tiendas hicieron más horas no pagadas de las que cobraron.

En la educación, aunque las horas no abonadas han disminuido desde la pandemia, aún es el sector donde más se hicieron, tanto en 2021 –1,54 millones– y en 2022, por encima del comercio, la hostelería o la industria. Esas horas de más que no son lectivas carecen de reflejo en la nómina. En 2020, los profesores no cobraron el 93% de las horas extraordinarias que hicieron, en 2021, el 88,2%.

En la hostelería, el número de horas extra no pagadas ha caído a la mitad desde los 1,2 millones de la prepandemia hasta los 637.800 de 2021. Sin embargo, como en las Big Four, en bares y restaurantes hay que distinguir entre lo que son propiamente horas extraordinarias –alargar un día la jornada para hacer inventario– y lo que se consideran “jornadas habituales” pese a ser superiores a las fijadas en el contrato o en el convenio, pero ni declaradas, ni pagadas ni cotizadas. Aun así, el 38,6% de las realizadas en 2021 no las cobraron sus trabajadores.

La sanidad, la segunda rama de actividad donde más horas extraordinarias se hacen, es sin embargo donde más se pagan. En 2019 se quedaron en cobrar sólo el 16,8% mientras que en 2021 se elevaron hasta el 21,9%. Aunque ciertamente se triplicaron en 2020, al pasar de 354.300 mensuales antes de la pandemia a 990.400.

También en la construcción, la proporción de horas extra no pagadas es de las más bajas, el 22% en 2021, tras una caída de 11 puntos desde 2019. Curiosamente, en 2020 los empleados de las administraciones públicas hicieron más horas no pagadas –el 50,5%– de las que cobraron. Un año después, aún se quedaron sin remunerar el 48% de las que trabajaron.

Pero los campeones del trabajo gratis fuera de jornada son, además de los profesores, los empleados bancarios. El 84% de ellos no cobra las horas extra. Pese a años de denuncias sindicales e incluso demandas judiciales, los bancos siguen sin reconocer que sus plantillas trabajan más allá de las horas estipuladas en sus convenios.

Les siguen los trabajadores encuadrados en el epígrafe de las actividades profesionales, científicas y técnicas, como los consultores de las Big Four antes citados o los trabajadores de los medios de comunicación, que en 2021 no cobraron el 72% de las horas extra que hicieron cada semana.

Una ola de euforia sindical recorre Estados Unidos, un país tradicionalmente reacio a la reclamación colectiva de los derechos laborales. Allí, que se sindicalicen los trabajadores de Starbucks, Amazon o Apple, aunque sea sólo en una cafetería de Buffalo (Nueva York), un almacén de Staten Island (también en Nueva York) o una tienda de Towson (Maryland), es carne de telediario. Porque primero hace falta que la mitad más uno de los trabajadores vote a favor de organizarse y porque es legal que la empresa se oponga a que su plantilla cree un comité. Y lo hacen, hasta el punto de que existen despachos de abogados especializados en el trabajo antisindical y de que los demócratas han llamado Ley de Protección del Derecho a Organizarse (Proact) a su iniciativa para mejorar los derechos laborales. La Proact pretende prohibir el despido de los trabajadores que se afilien a un sindicato y la contratación de esquiroles para sustituir a los huelguistas, además de imponer sanciones a las empresas que violen las leyes laborales, hasta con 100.000 dólares si son reincidentes. De esta manera se actualizaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que data de 1935. La Proact ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos la bloquean en el Senado.

En Estados Unidos, la tarea sindical se desarrolla empresa a empresa; no existen los convenios sectoriales como en España. Los afiliados representan sólo el 10,3% de los ocupados y son sobre todo trabajadores públicos, profesores o trabajadores industriales. Pero la Gran Dimisión tras la pandemia, una tasa de paro en mínimos históricos –3,5%, una cifra desconocida desde 1969– y un presidente que pide a las empresas mayores sueldos –“Pay them more” – ha devuelto el poder a los trabajadores, que se hacen valer gracias a las dificultades que están sufriendo las empresas para encontrar mano de obra.

En comparación, España tiene un Estatuto de los Trabajadores más moderno –de 1980–, pero una tasa de afiliación sólo un poco superior, el 12,5%, según las últimas estadísticas de la OCDE, referidas a 2019. Sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva alcanza al 80% de los asalariados, mientras que en Estados Unidos sólo tienen amparados sus derechos laborales por un convenio colectivo el 12% de los trabajadores. Lo que no quiere decir que no haya empresas españolas que imitan a las estadounidenses en su rechazo sindical. Grandes compañías sin comités de empresa. “En España se celebran elecciones sindicales en la mitad de las empresas donde es posible convocarlas”, explica el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez: la ley sólo las permite en empresas de más de seis trabajadores. Y el 90% de las españolas están por debajo de ese umbral, lo que deja a sólo un tercio de la población activa en situación de elegir a delegados de personal o comités de empresa, 7,8 millones de trabajadores. Por el contrario, cuanto mayor es el tamaño de la compañía, más probabilidades tiene su plantilla de contar con representantes sindicales. Aun así, una empresa como Mango, por ejemplo, con unos 4.500 empleados en España –y 12.000 en todo el mundo– carece de comité de empresa. La firma de Isak Andik acaba de sumarse a la nueva patronal Arte, que pretende unificar el heterogéneo mapa de convenios –y salarios– del sector.

Uno de sus promotores es Inditex, donde sí hay comités de empresa y cuyas empleadas en A Coruña acaban de protagonizar unas exitosas protestas que les han reportado un aumento de sueldo de 322 euros al mes para nóminas que no superan los 1.100. También consiguieron mejoras laborales las dependientas de Bershka en Pontevedra, tras llevar a cabo una huelga en 2017. Un año antes, curiosamente, habían conseguido votos suficientes para sindicalizarse sus compañeras de Zara en Nueva York. Entonces eran un millar, repartidas en ocho tiendas. La primera de ellas abrió en 1989, por lo que la plantilla tardó 27 años en organizarse. Su sindicato, RWDSU (Retail Wholesale and Department Store Union), representa también a las dependientas de Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue o H&M, así como a trabajadores de supermercados y hasta farmacias o autolavados.

En Nueva York, Inditex incluso convocó con el sindicato una presentación conjunta ante la plantilla para explicarle las ventajas de organizarse. Pero no es lo habitual. Wal-Mart, la mayor cadena de supermercados descuento de EEUU y del mundo, es famosa no sólo por sus bajos salarios, sino también por sus prácticas antisindicales. Sobre los primeros, sus trabajadores reciben 6.200 millones de dólares al año en ayudas públicas, según el cálculo de la organización Americans for Tax Fairness, porque sus sueldos no alcanzan ni para el seguro médico –que en EEUU pagan las propias empresas–. Sobre las segundas, un juez condenó en 2015 a la compañía por haber clausurado con un falso pretexto –problemas de fontanería– cinco de sus tiendas en California, Texas, Oklahoma y Florida y haber despedido a 2.200 empleados. En realidad, dictaminó la sentencia, las cerró en represalia por el intento de la plantilla por sindicarse.

En España, algunas empresas estadounidenses tan notorias como Twitter, Facebook o Google carecen de comités. El dato fue conocido hace dos meses cuando Elon Musk y Mark Zuckerberg despidieron a cientos de trabajadores en todo el mundo, unos centenares de ellos en España. Otro tanto ocurre en NTT Data, la antigua Everis, una multinacional japonesa de tecnologías de la información con 15.000 empleados en España, donde sólo hay representación sindical en uno de sus centros de trabajo, el de Sevilla. Y su vida no ha sido fácil. La primera tentativa de convocar elecciones sindicales data de 2011, concurrieron CCOO y una Candidatura Indepediente, al tiempo que fueron despedidos cinco trabajadores. En 2015, los independientes se transformaron en la plataforma Actúa, “una candidatura creada por la propia empresa”, denuncia Guillermo Ramos, responsable de la sección de Alternativa Sindical de Clase (ASC), que desde 2019 tiene siete miembros en el comité. Los acompañan cinco de CCOO y otros cinco de Actúa. La empresa, cuyo presidente en España es el exministro Eduardo Serra, fue condenada en 2021 por la Audiencia Nacional por impedir la extensión del sindicato a otros centros de trabajo. Fueron despedidos dos delegados de ASC en Salamanca y Murcia. La sentencia ha sido recurrida por NTT Data en el Tribunal Supremo, que aún no ha dictaminado. Sí lo hizo antes, en 2019, cuando ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba improcedente el despido de un delegado del sindicato que se encontraba de baja médica. Los jueces encontraron una “evidente relación causa efecto entre la actividad sindical del recurrente [el delegado] y la decisión del despido”.

Ramos explica que parte de la actividad de la empresa es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que lleva a cabo en régimen de subcontrata sobre todo para las administraciones públicas. Consigue los contratos, sostiene el responsable sindical, ofertando a sus clientes tarifas casi por debajo de coste gracias a los bajos salarios que paga. Es una de las llamadas “cárnicas” del sector tecnológico. Como ocurre en muchas de estas empresas, resulta difícil organizar a unos trabajadores más inclinados a “buscar salidas individuales”, lamenta, y ahora también dispersos porque han seguido teletrabajando tras la pandemia. Y ello pese a que desde 2019, denuncia el representante de ASC, NTT Data ha despedido en Sevilla a 68 trabajadores por motivos disciplinarios –la empresa alega bajo rendimiento–, pero reconociendo al mismo tiempo la improcedencia de la medida en un documento que concede al afectado una indemnización. Ramos también se queja de que deben luchar en un doble frente: la empresa y los sindicatos UGT y CCOO que, según dice, no defienden a los trabajadores tanto como declaran hacerlo.

Es precisamente en el sector de consultoría y de tecnologías de la información donde se encuentran algunas de las mayores compañías sin organización sindical. Es el caso de KPMG, PwC, Deloitte y EY, las conocidas como Big Four, las principales auditoras y consultoras del mundo.

Lo mismo ocurre con Accenture, la heredera de otra de las grandes, la desaparecida Arthur Andersen. “Afiliación sí tenemos”, apunta Raúl de la Torre, responsable del sector TIC y consultorías de CCOO, “porque, aunque estas empresas no son precisamente nuestro ‘granero de votos’, sí hemos notado un aumento de afiliados, sobre todo porque cada vez las condiciones laborales son peores para los recién licenciados”. Desde 2008, protesta, los salarios de entrada no hacen más que bajar y son ahora un 25% inferiores a los de entonces. De hecho, el convenio sectorial de consultorías, el que se aplica a estas empresas, aún cuenta con 10 categorías profesionales con sueldos por debajo del SMI –1.000 euros–. De la Torre asegura que España es el segundo país de la UE que peor paga en consultoría, sólo por detrás de Grecia.

En 2021 saltaron a los periódicos las quejas de los jóvenes empleados de EY, Deloitte y el banco de inversión Goldman Sachs por las jornadas laborales de 12 horas y las presiones que sufren, todo a cambio de salarios muy bajos. En el caso de EY en Barcelona, los trabajadores descontentos enviaron un correo electrónico a sus superiores que luego se hizo público. “Es la cultura de la empresa”, concede el representante de CCOO, “se trata de perfiles de alta cualificación, con idiomas, estudios de máster, dos carreras universitarias… son muy individualistas y piensan que el trabajo en estas empresas es sólo un trampolín para dar el salto a otras con mejores condiciones”. Para ellos, la batalla colectiva ante la empresa les resulta extraña. Pero lo cierto, añade De la Torre, es que estas consultoras cada vez encuentran más dificultades para contratar. Tras convocar una huelga en junio, UGT y CCOO acaban de firmar un preacuerdo con la patronal del sector, AEC, que les reconoce subidas salariales del 10,75% para 2022. Pero el nuevo convenio colectivo, caducado desde 2019, no lo empezarán a negociar hasta este mes. De la Torre dice que han conseguido mejoras, pero las considera insuficientes. Por lo menos, han eliminado la pretensión de las empresas de fijar jornadas diarias de 12 horas y de convertir el sábado en día laborable. Las coonsultoras también querían suprimir el complemento por antigüedad. En un sector, resalta De la Torre, con beneficios millonarios.

En otras grandes empresas, la organización de las plantillas es un fenómeno relativamente reciente. En Mapfre, hasta el año 2000 la defensa de los trabajadores estaba al cargo de sindicatos supuestamente independientes, recuerda José María Martínez, hasta que las relaciones con Caja Madrid permitieron el contagio con los sindicatos de clase. Otro tanto ocurría en Mutua Madrileña, donde UGT sólo logró entrar en las últimas elecciones después de una historia “muy difícil”, indica Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT.

En Mercadona, CCOO, UGT y CGT llegaron hace no más de 15 años, recuerda José María Martínez, mientras que en los supermercados Aldi, donde UGT es ahora mayoritario, hasta hace cuatro años no había representantes sindicales. Pero Bauhaus, una gran superficie de decoración y bricolaje alemana con una docena de tiendas en España, carece de comité de empresa, al igual que los supermercados de bajo coste españoles Primaprix, detalla Vicioso. En la empresa de recursos humanos Manpower, UGT acaba de conseguir un delegado. “Aquí cualquier trabajador puede hablar con el CEO’, es lo que nos dicen los responsables de la compañía para explicar que la plantilla no necesita representantes sindicales, todo muy a la americana”, apunta el responsable ugetista.

En Leche Pascual, con 2.300 empleados, el comité está compuesto por representantes del llamado Grupo Independiente desde hace más de una década. CCOO y UGT han intentado presentar candidaturas en el centro de producción de Aranda de Duero (Buegos), pero “se han caído antes” y nunca han llegado a la votación, lamenta Sebastián Serena, secretario del sector agrario de FICA-UGT. “La empresa dice que no cree en las condiciones laborales colectivas, sino en las individuales, e incluso presume de su paternalismo”, apunta el responsable sindical. En 2008, Leche Pascual fue condenada por conducta antisindical en una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. CCOO había demandado a la empresa láctea porque, en menos de un año a partir de la convocatoria de elecciones sindicales, despidió a la mayor parte de la candidatura presentada por el sindicato. A todos ellos les dio indemnizaciones de 39 y 40 días por año de trabajo, por encima de los límites legales. Ganó la lista independiente.

En el centro de procesado avícola de Coren en Ourense, todos los delegados, desde siempre, pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores, integrado por encargados, dice Rubén Requeixo, secretario comarcal de la Federación de Alimentación de la CIG. Pese a que lo han intentado, ningún sindicato de clase ha conseguido poner un pie en el grupo orensano, la principal cooperativa agroalimentaria española. La CIG estuvo “a punto” de presentar una candidatura en 2019, pero los miembros de la lista para cubrir los 21 delegados que correspondían se fueron dando de baja uno a uno: fueron despedidos… con indemnizaciones que en algunos casos rozaron los 200.000 euros, tras reconocer la empresa su improcedencia en el Servicio de Mediación y Arbitraje, cuenta Requeixo.

Coren es una de las empresas que ha tenido que dar de alta como asalariados del Régimen General a sus falsos autónomos. Ya no hay ninguno desde el 31 de agosto de 2018 en la cooperativa orensana, que cuenta con un matadero en Lugo y otro en Porriño (Pontevedra). En total, unos 300 autónomos consiguieron un contrato laboral tras las denuncias de la Inspección de Trabajo. Pero Coren ha disputado en los tribunales gallegos el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores y, al menos de momento, ha ganado, protesta Rubén Requeixo, “a diferencia de lo que están sentenciando los jueces en el resto de España en casos similares”.

También fueron despedidos los tres periodistas del diario online Vozpopuli que en 2016 acababan de presentar el preaviso para celebrar elecciones. El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) demandó a la empresa y el juez consideró nulos los despidos. A día de hoy el diario sigue sin comité de empresa. El Confidencial, que cuenta con más de 150 trabajadores, se creó en 2001, pero no contó con representantes de los trabajadores hasta 2020.

Fue en ese mismo año de la pandemia cuando CCOO demandó a Amazon por haber contratado a una agencia de detectives para espiar a los trabajadores en huelga de la planta de la multinacional en El Prat (Barcelona), la mayor que tiene en España. En realidad, a la agencia española la había contratado otra estadounidense, la mítica Pinkerton. Por entonces Amazon ya había sido denunciada por emplear estas tácticas ilegales en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y otros países europeos, según publicó eldiario.es.

Y es que, pese al auge sindical, las espadas siguen en alto en EEUU. Un tribunal federal acaba de sentenciar que las empresas pueden pedir indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores que se declaren en huelga. “Si esa sentencia llega al Tribunal Supremo, el riesgo para el trabajo de los sindicatos puede ser brutal”, advierte José María Martínez. El responsable de CCOO reconoce que el sindicato mira hacia EEUU y observa con atención su despertar sindical: “Nos hace reflexionar sobre la manera de trabajar y sobre cómo activar a la gente, diseñando campañas menos clásicas”. Allí han sido los inmigrantes latinos la avanzadilla de la sindicación en la hostelería, el comercio y otros trabajos precarios, igual que antes fueron los trabajadores de color quienes la impulsaron en la industria. Los sindicatos, además, han jugado la baza de ofrecerles coberturas más allá de la simplemente laboral, como la ayuda en temas de extranjería, señala el representante de CCOO, quien también destaca el apoyo del Gobierno de Joe Biden. No en vano, añade, los inmigrantes latinos han sido fundamentales en las campañas para conseguir que sus conciudadanos se inscribieran para votar en Nevada, Arizona o Georgia, estados clave de la victoria demócrata.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de enviar un mensaje bastante curioso a los denunciantes. En una sentencia dictada el 11 de mayo, la corte europea dice que es posible ser condenado por hacer públicos documentos de interés general y a la vez ser reconocido como denunciante.

En este caso, el TEDH ha confirmado la multa de 1.000 euros impuesta a Raphaël Halet, uno de los dos exempleados (el otro es Antoine Deltour) del gigante de la consultoría con sede en Luxemburgo PriceWaterhouseCoopers (PWC) que hicieron posible que saliera a la luz el escándalo de LuxLeaks.

Raphaël Halet, con la ayuda del periodista de Cash Investigation Édouard Perrin, reveló las importantes ventajas fiscales que concede Luxemburgo a las empresas que desean instalarse en su territorio. Cientos de documentos que demuestran al mundo entero lo que algunos sospechaban desde hace años: Apple, Amazon, Ikea, McDonald's o BNP Paribas se beneficiaron de acuerdos exorbitantes (los famosos rulings) con las autoridades luxemburguesas, lo que les permitía pagar una cantidad ridícula de impuestos sobre sus beneficios.

Después de que PriceWaterhouseCoopers denunciara en Luxemburgo, los lanzadores de alertas Antoine Deltour y Raphaël Halet fueron condenados a penas de prisión, suspendidas en primera instancia, en junio de 2016; el periodista Édouard Perrin fue absuelto.

En apelación, en marzo de 2017, Antoine Deltour fue nuevamente condenado (con suspensión de la pena). Por su parte, Raphaël Halet fue condenado al pago de una multa de 1.000 euros y de 1 euro por daños y perjuicios.

Finalmente, en enero de 2018, el Tribunal de Casación de Luxemburgo anuló la condena de Antoine Deltour, pero confirmó la de Raphaël Halet, al tiempo que reconocía a ambos hombres la condición de denunciantes.

La decisión del TEDH, que se sienta jurisprudencia, (aunque sólo sea una sentencia de la Sala todavía recurrible y no una sentencia de la Gran Sala), era muy esperada. Sin embargo, en su sentencia (que puede leerse aquí), que contó con cinco votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema considera que se da un justo equilibrio entre la necesidad de preservar los derechos de la empresa y la necesidad de preservar la libertad de expresión del denunciante.

Así, aunque se reconoce la condición de denunciante de Raphaël Halet, se le confirma la condena. Al querer nadar y guardar la ropa, la decisión de los jueces europeos puede considerarse contradictoria.

Para el TEDH al igual que para el Tribunal de Apelación, los documentos revelados por Raphaël Halet no tenían el suficiente interés como para ser absuelto. El carácter desinteresado de su gesto explica la escasa cuantía de la multa, que no es disuasoria para su libertad de expresión ni para la de otros empleados, juzga el Tribunal Europeo.

El TEDH reconoce, al igual que el Tribunal de Apelación, que “las revelaciones eran de interés general” y admite que podían “interpelar y escandalizar”. Sin embargo, concluye que “las revelaciones del demandante eran de menor interés que el daño sufrido por PWC, después de considerar que eran poco pertinentes”. La Comisión consideró que “los documentos no aportaban información esencial, nueva y desconocida hasta entonces”.

Para el TEDH, el Tribunal de Apelación ha cumplido los tres criterios de calificación: “Información esencial, nueva y desconocida”. En conclusión, “las revelaciones del demandante no tenían el suficiente interés para ponderar el daño que había reconocido en PWC”.

Al determinar, con esta sentencia, que Luxemburgo no vulneró la libertad de expresión de Raphaël Halet, la CEDH adopta una noción bastante restrictiva del derecho de alerta. Se trata de “una mala noticia para la libertad de expresión y la libertad de informar”, ha señalado la Casa de los Lanzadores de Alerta (MLA, por sus siglas en francés).

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.

Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.

Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.

Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.

No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.

Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero

Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.

Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.

Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.

Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios

Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.

Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.

Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.

Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.

El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estabanvinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

Asesoría jurídica de Caja Madrid

Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime TerceiroJaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.

Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.

Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqües, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqües, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas blackel caso de las tarjetas black.

El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas de servicios de consultoría y varios directivos de las mismas al observar "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría.

En un comunicado, la CNMC explica que las infracciones cometidas por estas empresas consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.

En concreto, detalla que las empresas habrían presentado ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones entre los años 2009 y 2018. Estas infracciones detectadas en la investigación están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Entre las empresas incoadas se encuentran Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting y Deloitte Financial Advisory, así como su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, y Gizarpro.

También están incoadas Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas Bmasil Strategy, Deloitte Consulting, Idom Consulting, Engineering, Architecture, Innovisions 21, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

Inspecciones en octubre

La incoación del expediente a estas 25 consultoras se produce tras las inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte, de Idom, de Pricewaterhousecoopers y de Regio Plus Consulting.

El origen de estas actuaciones se encuentra en la remisión por parte de la Autoridad Vasca de Competencia de la investigación realizada por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, de la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad los días 11 y 12 de enero de 2017 en las sedes de varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el "deber de reserva y confidencialidad" al que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

El organismo recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación e informa de que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Por otra parte, agrega que cuenta con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha multado con más de un millón de euros a Deloitte por infracción grave de la Ley de Auditoría de Cuentas en el informe de auditoría que efectuó sobre los resultados del Banco Santander del ejercicio 2011, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un portavoz de Deloitte ha asegurado a Europa Press que la multa se refiere a aspectos formales de documentación, no de fondo, en un año que cambio la normativa a mitad del ejercicio y sin embargo se exigió que se cumpliese desde el 1 de enero de 2011. También ha indicado que el ICAC concluyó que las cuentas anuales auditadas estaban "bien".

Los asesores de Deloitte creen que tienen "elevadas posibilidades" de ganar los recursos interpuestos contra esta sanción, según ha declarado este portavoz de la firma.

Por otro lado, el ICAC ha sancionado con 193.608 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC) por infracción grave de la Ley de Auditoría de Cuentas en el informe auditor que realizó la firma sobre las cuentas de IBM del ejercicio 2011, según otra resolución publicada este lunes en el BOE.

En concreto, el Instituto ha declarado a Deloitte y a una de sus socias auditoras responsables de la comisión de una infracción grave por incumplir el artículo 12.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas "en relación con las medidas de salvaguarda aplicadas cuando éstas sean insuficientes o no se hayan establecido" en cada una de las auditorías realizadas sobre las cuentas anuales consolidades del Grupo Banco Santander y sociedades dependientes, y las individuales de Banco Santander, correspondientes al ejercicio 2011.

Este organismo adscrito al Ministerio de Economía entiende que la multa a imponer a Deloitte por estas infracciones debe ser de 1.002.505 euros. Asimismo, impone a una de las socias auditoras de la firma una sanción de 6.000 euros.

El Instituto también a multado a PwC con 193.608 euros y a uno de sus socios auditores con 6.100 euros por incumplir las normas de auditoría en relación con los trabajos que desarrolló la firma sobre las cuentas anuales de IBM correspondientes al ejercicio 2011.

Las sanciones impuestas tanto a Deloitte como a PwC llevan aparejadas, para ambas firmas como y los socios auditores firmantes de dichos informes de auditoría, la prohibición de realizar la auditoría de las cuentas anuales de las mencionadas sociedades en los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que las sanciones adquieran firmeza en vía administrativa.

El exconsejero-delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le pidió en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que González –en prisión incondicional desde este viernes–, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de "sanear las cuentas", por lo que el 7 de junio de 2012, se reunió con Martínez Nicolás –en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril– para solicitarle un millón de euros.

El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM –ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía en ese momento también González–, PWC e Indra.

Línea de investigación: la financiación del PP de Madrid

En este sentido, Velasco destaca que la "línea de investigación" de la operación Lezo está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a la ICM.

De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez –al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia– en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta declaración, Corujo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.

Precisamente, PWC e Indra fueron dos de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles tras estallar la operación Lezo. En concreto, a la consultora se le requirió los contratos que tenían con ICM.

Flujo monetario de casi 700.000 € entre 2012 y 2013

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo "hasta el momento" se ha podido conocer que Indra hizo frente a un "flujo monetario de 687.497,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)" para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011 –en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid revalidando la mayoría absoluta–.

Precisa, además, que se interpusieron "entre una y otras" hasta nueve empresas para pagar la deuda de los conservadores madrileños. Se tratan de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas a Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez.

El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la "persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos". Además, apunta que éste habría utilizado su "posición de superior jerárquico" para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las "exigencias planteadas" por el exconsejero.

Cuentas de Martínez Nicolás en paraísos fiscales

Por otro lado, Velasco indica que parte de la investigación se centra en el supuesto enriquecimiento ilícito personal de Martínez Nicolás, pues "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a su nombre –y con firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro e hijo José Ángel– en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían "más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco".

Durante la investigación se detectaron dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la del país helvético.

El juez instructor entiende que estas dos operaciones son "difícilmente subsumible en una operativa comercial ordinaria", por lo que cree que se enmarcan en "operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal".

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pedido en la sede de la consultora PWC los contratos de esta compañía con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes de la consultora. ICM está investigada en el marco de la operación Lezo en la que se detuvo ayer al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Los requerimientos para obtener información, con orden judicial para proceder a registros en el caso de que no haya colaboración, ha llevado de momento a los agentes de la UCO a las sedes en Madrid de las empresas ICM, OHL, Indra, Saerco y Licuas, según confirman fuentes de la investigación, que precisan que el operativo continúa abierto.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM (en la actualidad Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

Por este motivo se ha ordenado el registro de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II. En febrero de 2016, el magistrado Eloy Velasco ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación.

La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de la nueva fase de la denominada Operación Púnica, centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.

Los agentes se han personado a las 9.20 horas en Torre Espacio, sede central de OHL, en el marco de un dispositivo discreto que también ha sido replicado en las oficinas de Indra, según confirman a Europa Press fuentes de esta compañía, que ha mostrado su "máximo grado de colaboración" con los investigadores de la UCO.

Otra empresa a la que se ha reclamado información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la Operación Lezo.

Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran Ignacio González y otros de los detenidos ayer, entre ellos su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Además de los tres parientes, también han pasado la noche en dependencias de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) el expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, su secretaria, Clarisa Guerra, la exdirectora financiera del Canal de Isabel II Maria Fernanda Richmond y el exdirector general del Canal Adrián Martín.

Esos tuits han generado u n aluvión de comentarios:

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, lleva en el Gobierno de Mariano Rajoy desde que el jefe del Ejecutivo configuró su primer gabinete tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2011. Desde esa fecha hasta hoy, el ministro se ha inhibido en favor de otro compañero del Gobierno en 14 ocasiones a la hora de tomar decisiones que podían colisionar con su pasado en el sector privado. La cifra se corresponde con los datos oficiales facilitados a infoLibre por los ministerios de Economía e Industria. De Guindos asumió el despacho de los asuntos ordinarios de Industria el pasado abril, cuando su amigo José Manuel Soria se vio obligado a dimitir tras haber mentido sobre su relación empresarial con paraísos fiscales.

En cuanto al reparto de las 14 inhibiciones, las mismas fuentes explican que diez se produjeron durante los cinco años que Guindos lleva al frente de Economía y las otras cuatro desde que tomó las riendas del Ministerio de Industria hace seis meses. Un Gobierno en funciones no puede nombrar ministros y, por ello, Rajoy decidió que el titular de Economía asumiese la cartera de Industria tras la salida de Soria.

Respecto a las empresas que provocaron la inhibición de Luis De Guindos, es Endesa la que está detrás de la mayor parte de las ocasiones en las que se ha tenido que abstener para no entrar en conflicto de intereses. De las 14 inhibiciones, en doce de ellas estaba como trasfondo su antigua relación con la eléctrica. En las dos restantes el motivo tuvo que ver con su pasado en la consultora PricewaterhouseCoopers(PwC). Las fuentes oficiales consultadas no atribuyen ninguna de estas abstenciones a Lehman Brothers. El ministro fue, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, presidente ejecutivo para España y Portugal del gigante bancario que arrastró a la economía mundial con su quiebra.

Según admite el propio titular de Industria en su biografía, colgada en la página web de La Moncloa, antes de llegar a Economía fue miembro de varios consejos de administración, entre ellos el de Endesa. El 22 de diciembre de 2011, la eléctrica comunicó de forma oficial que Guindos había presentado su "dimisión como vocal del Consejo de Administración de Endesa, SA y como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad, como consecuencia de su nombramiento como ministro de Economía y Competitividad".

En PwC, por su parte, recaló tras la quiebra de Lehman Brothers. Fue responsable de Servicios Financieros entre diciembre de 2008 y enero de 2010.

Tarifa eléctrica, bono social...

Todas las inhibiciones de los ministros no se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Expertos en Derecho Administrativo consultados por infoLibre explican que únicamente queda reflejado cuando el ministro se tiene que abstener o no puede presentar una iniciativa de su departamento. En el resto de ocasiones –por ejemplo, cuando el conflicto de intereses surge en relación con un proyecto de otro departamento– simplemente figura en el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente. Ello es así porque lo que en realidad se publica en el BOE "no es la abstención, sino la sustitución" por otro ministro en el acuerdo que provoca el conflicto de intereses.

En el caso de las inhibiciones que tienen que ver con Industria, todas ellas han sido reflejadas en el BOE y en todas las ocasiones la sustituta de Luis de Guindos ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La primera de ellas lleva fecha del 7 de junio y tiene que ver con el Real Decreto 252/2016, relacionado con "la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016". 

El siguiente Real Decreto fue firmado por Rajoy el 13 de julio. Se trata del 290/2016 y afectaba a la fijación de determinados "parámetros retributivos" en el sector eléctrico.

El tercer Real Decreto es el 329/2016 y lleva fecha del 31 de agosto de este años. En este caso, De Guindos se tuvo que abstener en una decisión sobre "los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondiente a 2016".

La última sustitución del ministro de Economía se publicó en el BOE este mismo sábado. Se trata del Real Decreto 332/2016. El ministro tuvo que ser sustituido en la tramitación y aprobación de unas órdenes relacionadas con el traspaso de clientes un par de empresas comercializadoras de energía eléctrica.

Todas estas abstenciones venían motivadas por concurrir la causa prevista en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, en la que se regulan los conflictos de intereses de los altos cargos del Estado. El mencionado artículo sostiene lo siguente:  "Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar [...] pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos". En concreto, el punto al que hace alusión el BOE precisa que se consideran intereses personales "los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento".

El enfado de un sector del Gobierno

El segundo caso Soria, que acabó con el ministro de Industria renunciando a un puesto de director ejecutivo del Banco Mundial a petición del Gobierno hace un par de semanas, sirvió para que un sector del Gobierno ajustara cuentas con De Guindos. En última instancia, la propuesta correspondió a su departamento. Como ya informó este diario, fuentes gubernamentales acusaban a De Guindos de no haber facilitado a Rajoy toda la información sobre el caso que afectaba a Soria. De ahí que llegara a asegurar que el exministro había obtenido al puesto tras optar a un concurso entre funcionarios, cosa que nunca ocurrió.

Además, insistían en que iba "por libre" y en que estaba trabajando para ocupar en un futuro Gobierno una "potente" vicepresidencia económica.

Los enemigos del titular de Economía en el Consejo de Ministros apuntan también a él como la "cuota lobby lobby[grupo de presión]" del Gobierno y destacan sus abstenciones desde que llegó al ministerio como prueba de ello. 

La gestión del escándalo que ha tenido como protagonista al ministro de Industria ha abierto una brecha importante en el Gobierno y en el PP que no se ha reducido con la comparecencia de De Guindos en el Congreso de la semana pasada. Para intentar calmar las aguas, Rajoy acudió al acto de presentación de su libro de memorias, España amenazada. Al presidente del Gobierno en funciones, que acababa de tener que ordenar un ultimátum a Rita Barberá para que dejara el partido, no se le vio muy cómodo.

Morenés y la industria armamentística

Luis de Guindos no es el único ministro que se ha tenido que abstener en un Consejo de Ministros a causa de un conflicto de intereses. También han causado revuelo las abstenciones que tienen como protagonista a Pedro Morenés. El ministro de Defensa en funciones es, junto a De Guindos, el único miembro del gabinete de Mariano Rajoy que no tiene carnet del Partido Popular.

Hace casi un año, el pasado 1 de octubre, el BOE publicaba un Real Decreto mediante el que Morenés era apartado de la propuesta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se autorizaba la celebración del contrato de orden de ejecución: "Fase de definición de la Fragata F-110". En sustitución de él, actuó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La decisión se tomaba, según el BOE, "por concurrir causa de abstención de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". Sin precisar nada más. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron en su día a infoLibre que fue el ministro el que solicitó abstenerse "ante la prevención" de que una de las empresas con las que tuvo vínculos en el pasado pudiese concurrir.

Se trataba de la firma MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles. Cuando Rajoy anunció que Morenés iba a ser su ministro de Defensa, éste era director ejecutivo en España de esta empresa.

La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes a 61 socios de la firma de servicios profesionales Pricewaterhouse Coopers (PwC) que se enfrentan a penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la multinacional estadounidense IBM.

Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de la firma; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.

En el juicio, que se celebrará ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, también se dirimirá la responsabilidad civil subsidiaria de Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones de Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting).

Los socios acusados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.

Dos operaciones investigadas

La primera operación descrita por la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que los socios de la PwC no habrían declarado 20,9 millones de euros en concepto de los bonus que percibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM.

"Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos", señala el escrito del Ministerio Público.

La venta, según la acusación pública, se produjo en octubre de 2002, por lo que en el momento en el que se percibieron los bonus (enero de 2002) "ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio".

Paralelamente, las cuatro sociedades en las que los socios prestaban servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Así, PwC Auditores dejó de ingresar a Hacienda 4 millones de euros, PwC Jurídico y Fiscal 1,65 millones, PwC Asesores de Negocio 848.869 euros y PwC Consulting 3,1 millones.

Los imputados, según Anticorrupción, habrían presentado la operación de venta como una operación de reestructuración empresarial a fin de defruadar otros 18,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades.

Como consecuencia de esta "operación simulada", la Fiscalía señala que Pricewaterhouse Coopers –propietaria de la filial de Consultoría– "transmitió a sus socios las participaciones de la División, siendo los propios socios de Pricewaterhouse Coopers y no la sociedad quienes formalmente vendieron la División a IBM".

Posteriormente, los socios habrían declarado "indebidamente" en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta "al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos". Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros.

La guerra entre los registradores a cuenta de la asunción del Registro Civil se reanuda, si es que en algún momento llegó a firmarse la paz. Un registrador, a la cabeza de un grupo de 25 de estos profesionales, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el que impugna los presupuestos de su propio colegio profesional para este año. Esas cuentas incluyen una partida de 18,6 millones de euros para la implantación del sistema informático con el que se gestionará el Registro Civil a partir del 15 de julio, en teoría la fecha en que está previsto que los registradores mercantiles se hagan cargo de los trámites. El recurrente considera que el Colegio de Registradores está “distrayendo dinero de todos los colegiados”, procedentes de sus fondos de tesorería, “en beneficio de un tercero”, el Ministerio de Justicia, que será el propietario del nuevo sistema informático.

El TSJM, que ha admitido a trámite el recurso, dilucida en estos momentos si concede al recurrente las medidas cautelares que ha solicitado: suspender de forma inmediata la ejecución de los presupuestos; por tanto, también de los contratos que se han firmado al amparo de esa partida de 18,6 millones de euros. Porque el Colegio de Registradores ya ha subcontratado a Indra, Telefónica, Accenture y PricewaterhouseCoopers, entre otras empresas, para que desarrollen la nueva plataforma informática. El Servicio de Sistemas de Información (SSI) del colegio ha dividido esa plataforma en unidades de trabajo. Cada una de ellas se ha sacado a concurso y se están adjudicando a distintas compañías.

Se da la circunstancia de que Indra y Telefónica son las dos empresas a las que el Ministerio de Defensa –por encargo del de Justicia– adjudicó el pasado mes de octubre el diseño de ese sistema informático, en un polémico concurso que quedó sin efecto nada más dimitir Alberto Ruiz-Gallardón y abandonar su sucesor, Rafael Catalá, el diseño inicial de la reforma de los registros impulsado por el primero.

infoLibre se ha puesto en contacto con el Colegio de Registradores, que ha declinado hacer ningún tipo de comentario sobre este asunto.

“Una donación al ministerio sin contrapartida”

En concreto, el presupuesto de 2015 del Colegio de Registradores destina casi 12 millones de euros al desarrollo del sistema informático y otros seis millones al alquiler y habilitación de las nuevas oficinas donde los registradores tendrán que gestionar los trámites del Registro Civil. La labor de búsqueda y adaptación de los locales se ha encargado a una empresa especializada, Project Management.

La partida, “aplicación extraordinaria de fondos de tesorería para el año de implantación del Registro Civil”, incluye 900.000 euros en sueldos de personal y 200.000 euros más para los seguros sociales de esos trabajadores. Para 2016, aseguran las fuentes consultadas, están previstos otros seis millones de euros para continuar con los desarrollos informáticos.

Los fondos de tesorería proceden de las cuotas que pagan los registradores al colegio. Su fin es hacer frente a la responsabilidad civil de los registradores en el ejercicio de sus funciones, así como, por ejemplo, ayudar a la informatización de los registros más pequeños. Sin embargo, “sacando dinero de todos los colegiados”, de los fondos de tesorería, los está “distrayendo de la función propia del colegio: proteger la actividad de los registradores”, explica Juan José Ortín, registrador de Granollers a la cabeza del recurso y de quienes no quieren asumir el Registro Civil de ninguna de las maneras, “ni gratuito ni con financiación”. Según destaca, al asumirlo y financiarlo –pagando la plataforma informática–, el colegio está haciendo “una donación al Ministerio de Justicia, y sin contrapartida”.

Reforma frustrada, negociación opaca, rechazo social y político

Tras dimitir Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá deshizo la reforma de los registros preparada por su antecesor. El Consejo de Estado destrozó con un dictamen muy duro el decreto con el que Ruiz-Gallardón pretendía crear una suerte de colegio de registradores paralelo. El nuevo ministro también cambió el equipo que hasta entonces había liderado la reforma en la Dirección General de los Registros y el Notariado, integrado por registradores pero muy criticado por estos por su proximidad al hermano de Mariano Rajoy –registrador como él– y a la asociación profesional conservadora Arbo.

A continuación, el ministro y el colegio oficial crearon una comisión mixta que desde entonces está negociando cómo van a asumir los registradores el Registro Civil. La tempestad parecía haber amainado. Pero no fue así. Parte de los registradores desconfían de los responsables del colegio, a quienes reprochan la opacidad de las conversaciones que mantiene con Justicia. El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Registro Civil se ha ampliado al próximo día 21.

Hasta el momento se conocen las propuestas que el Colegio de Registradores ha hecho al Ministerio de Justicia, entre ellas, cobrar a los usuarios por trámites que hasta ahora son gratuitos: libros de familia en formato electrónico, inscribir y revocar poderes, consignar la vecindad civil en los nacimientos, incluir el domicilio registral y la dirección para recibir notificaciones o citaciones en procedimientos judiciales, inscribir actos de última voluntad y contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.

Mientras, el ministro Catalá no deja de repetir en todas sus declaraciones públicas que el Registro Civil seguirá siendo “gratuito” y “público”. No le creen, sin embargo, ni los funcionarios de Justicia, ni los secretarios judiciales, ni los mismos registradores, ni los jueces. Todos ellos están movilizados contra los cambios que impulsa el Gobierno. El pasado sábado miles de personas procedentes de toda España se manifestaron en Madrid en contra de la privatización del Registro Civil, incluidos algunos registradores.

Tampoco los partidos políticos respaldan la iniciativa de Justicia. Desde el PSOE hasta Ciudadanos y Podemos, pasando por UPyD, Izquierda Unida y los nacionalistas CiU y PNV, han expresado ya su rechazo a los cambios en el Registro Civil que está preparando el Gobierno.

Pedro J. Ramírez no podría trabajar en Cap Gemini. A no ser que, ya liberado de sus obligaciones contractuales con la editora de El Mundo, decidiera cambiar también de forma de vestir. Sus camisas bicolores multirrayas con cuellos blancos incumplirían el código de vestimenta que la multinacional francesa de la consultoría y la informática aplica a sus 4.623 trabajadores en España, ahora ampliado y detallado. La sorpresa y el malestar de la plantilla la han expresado sus representantes sindicales, que se han apresurado a consultar con abogados la legalidad de la medida y de las posibles sanciones por no cumplirla.

Poco antes de las navidades, los empleados de Cap Gemini se encontraron en sus correos electrónicos una guía de vestimenta con nuevas indicaciones sobre la ropa que deben ponerse, dependiendo de si trabajan de cara al público o no, y con una lista de “prendas no permitidas”. También especifica lo que se considera un atuendo business –para quienes tienen relaciones con clientes– y business casual –para quienes no se relacionan con terceros–. El primero se compone de traje de vestir –con falda o pantalón–, camisa y corbata –para los hombres–. El segundo, camisa de “un solo color, sin letras ni dibujos”, metida “dentro del pantalón”, jersey “de vestir” y pantalón “de pinzas, tipo chino o similar”. Quedan prohibidos los vaqueros.

Tanto CCOO como CGT atribuyen la insistencia en el código de vestimenta al nuevo consejero delegado de la división española. El portugués Paulo Morgado fue nombrado el pasado mes de julio, tras 10 años al frente de la empresa en el país vecino. Un portavoz de Cap Gemini desvincula ambos hechos y asegura que no es un código nuevo, sino que existe desde hace una decena de años y la empresa se ha limitado ahora a “recordárselo” a los trabajadores. “Somos una compañía con mucha exposición ante los clientes”, justifica la necesidad de la guía, que sólo reproduce, añade, el “estándar del sector”.

infoLibre ha preguntado en otras multinacionales de consultoría. Un portavoz de Accenture niega que “la empresa tenga por escrito” cómo deben vestir sus empleados. Rige “el sentido común”: “Sí, vestimos de traje de chaqueta y corbata, y los viernes venimos más casual”. “Esto no es Google”, advierte, en referencia a la informalidad en el vestir de la que hace gala el buscador y que ya forma parte de la idiosincrasia de las empresas tecnológicas, no sólo en el Silicon Valley californiano. En parecidos términos se explica el portavoz de PricewaterhouseCoopers: el sentido común dicta traje y corbata de lunes a jueves, y sin corbata los viernes. Sin más detalle.

Prohibidas las mechas llamativas, ropa interior sintética

De todas maneras, no siempre es así. La filial de PricewaterhouseCoopers en México tiene dos códigos de vestimenta, uno para hombres y otro para mujeres, cada uno de ellos con 20 páginas y abundantes fotografías. Es muy exhaustivo. Especifica los colores que deben tener los trajes, las camisas –tonos pastel para las mujeres; blanca, o azul, para los hombres– los zapatos, los cinturones –a juego con el calzado–, los calcetines –hasta la mitad de la pantorrilla–… También dicta que la suela de los zapatos debe ser “de cuero, no de goma” y con un tacón para las mujeres de cinco centímetros. Éstas no pueden llevar más de tres joyas, si se tiñen el pelo debe ser “en tonos discretos de acuerdo con la tez, evitando las mechas llamativas”. Desaconseja llevar ropa de poliéster o de fibra sintética para no “transpirar”. A los hombres se les obliga a usar como ropa interior “una camiseta blanca de algodón con cuello redondo”. La guía dedica una página entera al uso correcto de la corbata: nunca debe llegar más abajo de la cintura, la parte estrecha no debe sobrepasar por detrás el extremo ancho, están prohibidos los nudos grandes, las camisas de rayas deben combinarse con corbatas lisas… Los alfileres de corbata están prohibidos. “Cuanto menos joyería use un hombre, más masculino y elegante se verá”.

Claro que aún queda lejos del código impuesto por el banco suizo UBS a sus empleados en 2010 y que llegó a ocupar titulares hasta en The Wall Street Journal por su minuciosidad… y extravagancia. La entidad es una de las habituales en las investigaciones por blanqueo de capitales, fraude fiscal y manipulación de índices y divisas. Además, tuvo que ser rescatada por el Gobierno suizo en 2008 por culpa de sus cuantiosas pérdidas en la crisis de las hipotecas subprime. Durante la crisis ha despedido a más de 10.000 trabajadores.

Pues bien, UBS decidió ocuparse hasta el último detalle –44 páginas– de cómo debían vestirse sus 60.000 empleados. Las mujeres estaban obligadas a utilizar “ropa interior de color carne”, y de fibras sintéticas, porque “el algodón se arruga”. “El superior jerárquico dirá al empleado si es mejor afeitarse en seco o al agua”. Las empleadas no pueden ponerse faldas que se suban al caminar. Las americanas deben cubrir completamente el trasero de los hombres, a quienes sólo se permite llevar tres joyas. Las mujeres, un máximo de siete. Pocos días después de su publicación, UBS tuvo que revisar el código para hacer frente a las críticas.

Sanciones

Enrique Lillo, responsable del gabinete jurídico de CCOO, considera que estos códigos de vestuario pueden vulnerar el derecho a la propia imagen del trabajador. Y asegura que su incumplimiento sólo es sancionable si así lo recoge el convenio colectivo de la empresa. Lo que no ocurre en el caso de Cap Gemini, que se rige por el convenio estatal de consultorías. Éste sólo establece sanciones por “falta de aseo y limpieza personal”. Pero en los contratos que firman los empleados al entrar en la empresa sí que aceptan “cumplir las normas comunicadas en la intranet”, como es el caso de la guía de vestimenta. Fuentes de la sección sindical de CGT explican que han denunciado esas claúsulas: “Algunas vulneran la Ley de Protección de Datos”. También aseguran que los tribunales se han pronunciado tanto a favor como en contra de la legalidad de estos códigos. CCOO ha acudido a sus servicios jurídicos para que le asesoren al respecto.

En cualquier caso, el portavoz de Cap Gemini deja claro que, si no se cumplen las normas de vestuario, se iniciarán los “procedimientos” a que hubiere lugar. Según CGT, en algunas reuniones los superiores ya han anunciado que el incumplimiento del código acarreará “amonestaciones verbales” y “si se reincide, sanciones”. La guía especifica que podrán solicitarse “adaptaciones de la norma de vestimenta, de forma individual o colectiva” para “situaciones especiales”, pero éstas deberán ser aprobadas por el propio consejero delegado, Paulo Morgado. Sueldos congelados, cinco ERE, 63 millones de pérdidas

Las secciones sindicales han recibido numerosas consultas de los empleados. En qué consiste el concepto de business casual o si se pueden llevar forros polares los viernes. “Antes se podía vestir vaqueros y no pasaba nada”, explica un trabajador de Cap Gemini preguntado por este periódico, que durante sus 10 años en la empresa nunca ha recibido indicación alguna sobre cómo vestir ni conocía la existencia del código. Otra empleada confiesa que ya ha desempolvado vestidos y trajes que no usa para arreglárselos y recuperarlos este año. Porque con el sueldo congelado desde 2009, la nómina no le da para más.

Tanto CCOO como CGT coinciden en que la forma de vestir de la plantilla debería ser la última de las preocupaciones de una empresa que ha perdido 63,3 millones de euros desde 2009 y ha ejecutado cinco Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) desde 2002 –más de 1.000 despidos–. El último, iniciado en abril de 2013 y cerrado para 231 trabajadores sin el acuerdo de los sindicatos, se encuentra pendiente del recurso de éstos ante el Tribunal Supremo. CGT teme que Morgado aplique en España la misma política que en Portugal, donde recortó en un tercio la plantilla. “En Cap Gemini llevan años despidiendo a cientos de trabajadores con antigüedad y sustituyéndolos por otros más baratos”, destacan fuentes de la sección sindical, en un proceso de “precarización” común a todo el sector de la consultoría informática. Mientras, protestan, “la empresa sigue repartiendo bonusbonus por cumplir objetivos, pese a las pérdidas, que superan los cuatro millones de euros”.