Derechos laborales

Las empresas no terminan de cumplir con el registro horario seis meses después de su entrada en vigor

Trabajadores registran el inicio de su jornada laboral.

Se cumplen seis meses desde que el registro diario de jornada entrara en vigor. El anuncio no cogía a nadie por sorpresa: sindicatos y administraciones venían tiempo arando el terreno para su puesta en marcha. Lo que se fraguó como una exigencia tradicional en la esfera sindical se hizo realidad a través del real decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo y que se llevó definitivamente a la práctica el 12 de mayo. Seis meses han pasado desde entonces y los resultados comienzan a dibujarse. Las celebraciones, no obstante, no esconden los muchos retos todavía por cumplir para terminar con las horas extra que cada año precarizan el trabajo de los ciudadanos.

La medida, observan los sindicatos, "surge de la necesidad: los datos lo dicen, la realidad lo demuestra y los trabajadores lo constatan". En 2018, último año completo, se registraron 6,45 millones de horas extraordinarias a la semana, según recoge UGT, lo que suma "un total aproximado de 330 millones de horas extras al año". Esto, añade el sindicato, implica "un déficit de empleo de unos 180.000" trabajos a tiempo completo en aquel año. La situación difícilmente podía pasar desapercibida. De hecho, tal y como expone UGT, el pasado año fue "el segundo en el que más han crecido las horas extras en la última década (11%), sólo por detrás de 2015 (13,8%)".

El sindicato recuerda que el 43,8% de esas horas realizadas no se pagaron, "lo que supone unos 140 millones de horas sin remunerar realizadas al año". Eso, agrega, "significa unos 2.300 millones de euros de salarios brutos perdidos por los trabajadores y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales". Si esas horas hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social, advierte el sindicato, se habría producido "una reducción del déficit de la misma de un 3,5%".

Pero, ¿qué hay de las horas extra realizadas tras la entrada en vigor del registro horario? Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el tercer trimestre del año se cerró con 5.393.700 horas extraordinarias a la semana, un 10,4% menos que en el segundo trimestre del año. El recuento muestra, además, que las horas no remuneradas fueron 2.222.100 en el tercer trimestre, un 23,7% menos que en el segundo. Por el contrario, las horas extra pagadas experimentaron un aumento del 2,04%, quedando en 3.171.600 a la semana. Aunque los sindicatos rechazan aventurarse, sí entiende que parte del descenso puede deberse a la implantación del registro. Especialmente, coinciden, al miedo de las empresas a ser sancionadas.

Del tiempo prudencial a las sanciones

El impulso de la herramienta vino acompañado de un periodo de adaptación en el que Inspección de Trabajo prometía esquivar las sanciones dirigidas a aquellas empresas que demostraran estar trabajando en la implantación del registro. Una moratoria que, seis meses después, debería haber sido superada.

Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y preside el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En conversación con infoLibre, destaca el tiempo prudencial como algo habitual para garantizar la adaptación. En ese contexto, subraya, la Inspección de Trabajo es "una institución clave para asesorar". Pasados seis meses, la inspectora reconoce que el registro todavía se está adaptando, en muchos casos, a la actividad de la empresa, pero lo cierto es que "las empresas ya no aluden al periodo de adaptación habiendo pasado medio año".

Por el contrario, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, observa que aquella moratoria "se ha ido alargando en el tiempo de manera que nadie le pone fin". Y aunque "la Inspección está haciendo un buen trabajo", el sindicalista echa en falta un "control constante y diario". La percepción es compartida por Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, quien repara en que "el periodo de adaptación no está superado" y de hecho "está costando más de lo que se preveía".

Los resultados, coinciden los sindicalistas, presentan importantes variaciones en función de la empresa. Y la principal brecha la sitúan entre las grandes y las medianas o pequeñas. "En las grandes empresas sí se han abierto mesas de negociación y en muchos casos se han alcanzado acuerdos", relata Vicente, quien recuerda que el registro de jornada trasciende "del mero hecho de fichar a la entrada y a la salida", sino que también es necesario "garantizar otros muchos aspectos, como el acceso al registro, la protección de datos o la regulación de la geolocalización". Hay, sostiene, "toda una serie de cuestiones que emanan" de la herramienta y que "hay que negociar".

Frente a las grandes empresas, "lo que más ha proliferado es salvar los trastos, sobre todo en las pequeñas empresas y en el sector servicios", comenta la portavoz de CCOO. Pino, por su parte, reconoce la existencia de "problemas en casi todo los sectores, pero sobre todo en las pequeñas y medianas empresas", donde "cuesta mucho llevar a la práctica lo que marca la ley". El decreto impulsado por el Gobierno, explica Pino, "deja en manos de la negociación colectiva" el modo en que se tiene que desarrollar esa ley. Esta forma de proceder "es aprovechada por los empresarios", quienes "entienden que mientras no se negocie no hay obligación legal". Después de seis meses, por tanto, "todavía estamos muy lejos de conseguir el objetivo".

Mercedes Martínez, inspectora de trabajo, ocupa la portavocía de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Al otro lado del teléfono, recuerda lo complejo del balance sin la existencia de ningún tipo de estadística oficial, aunque echa mano de la experiencia para trazar las primeras impresiones. "El cumplimiento es muy irregular", se apresura. Y aunque hay empresas que "sí se lo han tomado como una obligación, una mayoría, sobre todo en el sector servicios, presenta un cumplimiento muy deficiente".

En este sentido, no deja de ser habitual que muchas empresas opten por "sistemas muy sencillos", como las anotaciones en un papel. "Se inician expedientes sancionadores por la ausencia de registro o cuando el registro es totalmente irregular, no es objetivo ni fiable", explica. En caso de que exista algún tipo de irregularidad pero no haya sospecha de excesos de jornada, la Inspección de Trabajo opta por los requerimientos, algo que Ercoreca confirma. "Desde el 12 de mayo se están haciendo visitas y requerimientos siempre que sea necesario", comenta la inspectora. Si esa llamada de atención es ignorada, se eleva a una sanción. Pero las empresas "ya no se amparan en la ignorancia", segura Martínez como parte del balance. "Son bien conocedoras de la obligación", de modo que los pretextos en caso de incumplimiento se reducen significativamente.

Mayor conciencia

La experiencia tras medio año de funcionamiento deja también una celebración compartida respecto a la toma de conciencia. "El de las horas extra era un tema extremadamente urgente, había que ponerle remedio", asevera Ercoreca, quien celebra una "respuesta positiva por parte de la sociedad". Los trabajadores, dice, "son conscientes de que hay que registrar la jornada para poder garantizar la conciliación".

Pino también afirma que una gran mayoría de trabajadores "lo percibe como algo muy positivo", porque en esencia se ha entendido que "tiene que ver con la conciliación, con acabar con la incertidumbre de las jornadas interminables y con que por fin haya un método para erradicar esas horas extraordinarias". La conciliación, sostiene el sindicalista, "sólo puede tener sentido a partir de un control de la jornada".

El mero hecho de instalar el registro, completa Vicente, ya conlleva un "efecto positivo". En ese contexto, reitera, la medida "surge de la necesidad: los datos lo dicen, la realidad lo demuestra y los trabajadores lo constatan". El alargamiento de la jornada, continúa la sindicalista, "no se gratificaba de ninguna manera" y los tribunales "venían a decir que había muchas dificultades para reclamar", precisamente por la inexistencia de un registro que permitiera el control. 

Lo cierto es que "a los empresarios no les ha gustado nada la medida, porque entienden que los registros deben estar para controlar a los trabajadores". Para Vicente, es exactamente al contrario: el instrumento de registro debe funcionar como "un control a las empresas para que cumplan la ley, porque las horas extra tienen unos límites definidos". Hasta ahora, recalca, se había producido un "abuso desmedido y se estaba incumpliendo claramente la ley".

Retos por delante

En el camino por una implantación completa van brotando retos. Las inspectoras consultadas lo tienen claro: "Seguimos demandando una reglamentación específica de los tiempos de trabajo, porque ahí está la conflictividad laboral", remacha Ercoreca. Aunque la Inspección de Trabajo se apoya en la jurisprudencia –especialmente en lo relativo a las pausas y descansos–, sí "sería necesario un desarrollo reglamentario que lo especificara con más seguridad jurídica y no quedar al amparo de los tribunales", añade. Al desarrollo reglamentario Martínez añade la confección de campañas institucionales desde la propia administración o una programación específica que paute la implantación, desarrollo y vigilancia de la herramienta.

La portavoz de CCOO, por su parte, desliza la importancia de inyectar mayores recursos y efectivos a la Inspección de Trabajo, que "tiene un papel clave para vigilar" el cumplimiento de la obligación.

Desde UGT amplían el foco y reclaman la derogación de la reforma laboral. Terminar con la reforma, argumentan, es fundamental para recuperar el equilibrio de las relaciones laborales. El sindicato considera que es el convenio colectivo sectorial el ámbito de negociación más adecuado para establecer las pautas y los requisitos mínimos de la puesta en marcha del registro. "Para poder implantar el registro tenemos que negociar", pero hacerlo "empresa por empresa" acarrea enormes dificultades, sostiene Pino. Con la actual reforma laboral, tiene mayor prioridad aplicativa el convenio de empresa, por encima del convenio sectorial. Revertir este aspecto, agrega el portavoz, serviría para "resolver, con toda seguridad, el problema de forma distinta".

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