Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la conocida como lista Falciani –documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC– al entender que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia.

El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, en la que desestima el recurso de amparo interpuesto por el ingeniero español Sixto D.C contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública por ocultar más de cinco millones de euros.

La sentencia del TC, la primera que analiza este asunto y de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia por la obtención de datos bancarios de la lista Falciani.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una sentencia a finales de febrero de 2017 en la que validó como prueba el conocido listado. En esta ocasión también se estudiaba el caso del ingeniero, cuyo nombre figuraba junto al de más de 500 contribuyentes españoles en los documentos sustraídos por el exempleado del banco británico Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

La sentencia del alto tribunal, cuya ponencia fue del magistrado Manuel Marchena, distinguió dos formas de obtención ilícita de datos a terceros. En este sentido, aclaró que si la prueba la obtiene la Policía no se considera válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales.

No obstante si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro, sí puede tener validez. Así, el Supremo explicó que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en "información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales".

El Tribunal Constitucional votará este miércoles la ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, un ingeniero condenado a 10 años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza. Su nombre apareció en la lista que Hervé Falciani sacó del banco HSBC de Suiza, según adelantó la Cadena Ser.  

La votación será este miércoles, pero la ponencia de uno de los integrantes de tribunal ha tenido buenas críticas por parte de los demás jueces, que apoyarán la teoría de que no se han vulnerado los derechos de Delgado, al que no se le ha impedido tener un proceso justo. 

Será así la primera vez que el tribunal se pronuncie acerca de la legalidad de emplear los datos de la lista Falciani, avalando el uso de documentación robada por un particular. El tribunal se decidió a revisar si la Justicia puede usar la lista como prueba porque planteaba un problema del derecho constitucional sobre la que no hay doctrina.

El ex informático bancario Hervé  Falciani comparecerá ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el próximo 28 de mayo, tras la decisión del Consejo de Ministros el pasado día 18 por la cual autorizó al Ejecutivo a continuar con su proceso de extradición a Suiza, según informa en una nota, recogida por Europa Press, el despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El exempleado de HSBC ya compareció el pasado mes de abril ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que le dejó en libertad provisional aunque con medidas cautelares tales como comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español con la retirada de pasaporte y prohibición de salir sin permiso de la localidad en la que reside, aunque esta última se la retiró hace apenas unas semanas.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Para Baltasar Garzón supone "un atropello legislativo que desde el Código Penal de un Estado se persiga a un ciudadano que, dando una muestra de ejemplaridad, pone en conocimiento de las autoridades competentes pruebas fehacientes de la comisión de delitos tal y como ha quedado demostrado en España, Francia o Estados Unidos".

La documentación enviada por las autoridades helvéticas acusa a Hervé Falciani de un delito tipificado en la legislación suiza como "espionaje económico". El juzgado del país que reclama al ingeniero interpreta que haber facilitado los datos contenidos en la llamada Lista Falciani a instituciones judiciales y policiales extranjeras es una acción contenida dentro de ese delito.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

El ingeniero informático Hervé Falciani, que filtró datos de cuentas bancarias del banco suizo HSBC, ha rechazado este martes el "juego" de intereses en el que, a su juicio, se encuentra inmerso, en el que se mezclan cuestiones internacionales con temas de política interna, como el conflicto catalán, y ha pedido al Gobierno que deje a un lado estos asuntos y le proteja de la orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza, informa Europa Press.

Así lo ha asegurado al ser preguntado sobre si cree que su detención el pasado mes de abril, a raíz de la emisión por parte de Suiza de una nueva petición de extradición, tiene que ver con el hecho de que algunos de los líderes independentistas catalanes huidos se encuentren en dicho país, y de la posibilidad de ser usado como moneda de cambio.

"Me veo en el juego, como todos pueden ver; en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son de asuntos internos y de asuntos internacionales", ha reconocido en declaraciones a los medios en el Congreso, tras acompañar a Unidos Podemos en el registro de una iniciativa para pedir al Ejecutivo que evite su extradición a Suiza.

En esta línea, Falciani ha pedido al Gobierno que no mezcle la cuestión catalana con su caso, porque no tiene "nada que ver". "No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio", ha denunciado.

Decisión política, no jurídica

Eso sí, ha afirmado que su situación ahora mismo no depende de una decisión jurídica, sino política y, en concreto, del Consejo de Ministros. "A nivel político, la oportunidad es hacer una oposición clara a la impunidad bancaria y offshore", ha asegurado. "Basta sólo con que el Consejo de Ministros deniegue esta pedida de extradición de un banco para enviar un mensaje histórico, que sería el de no a la impunidad", ha enfatizado.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

Iniciativa en el Congreso

En la proposición no de ley que Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso, el grupo confederal reclama al Gobierno que deniegue la extradición reclamada por las autoridades suizas, en el caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, "en uso de la facultad legalmente prevista".

En concreto, Unidos Podemos pide que se adopte esta decisión "atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en Hervé Falciani, al haber colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

"Los hechos que dieron lugar a HSCBC a pedir la extradición de Falciani son los mismos que en 2013. Estamos en una situación en la que el propio ordenamiento jurídico español reconoce que no existe delito cuando una persona dice la verdad y además ha ayudado a la administración pública a solventar muchos casos de delitos contra la Hacienda Pública", ha defendido la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo.

A su vez, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha destacado que las comisiones de investigación en Europa y el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal "no hubiera sido posible sin alertadores contra la corrupción como Hervé Falciani". "Hay que proteger a estos alertadores contra la corrupción", ha reclamado.

"Falciani es un ejemplo de lo que no se puede hacer con una persona que está colaborando con la justicia para esclarecer casos de fraude fiscal o de corrupción", ha señalado por su parte la diputada de Podemos y ponente en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación planteado por Joan Antón Sánchez Carreté, ex asesor fiscal del clan de los Pujol, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009, informó Europa Press.

En su recurso, el exasesor de los Pujol, que figuraba en la denominada lista Falciani facilitada a las autoridades españolas por el ingeniero informático suizo, señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y que debía indemnizarle con 12.000 euros por daño moral.

La Audiencia de Barcelona, en la sentencia ahora ratificada, destacó que el caso planteado por el recurrente no estaba amparado por el "derecho al olvido" porque se trata de un "personaje público", ya que compareció en la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal del Parlament de Cataluña y figuraba en la lista Falciani.

De hecho, Sánchez Carreté compareció en varias ocasiones ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el patrimonio de los Pujol. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de julio, cuando afirmó que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio sin declarar, mediante un comunicado público.

En un auto, el Supremo inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona. En ese sentido, el Supremo destaca que la sentencia recurrida declaró que no era pertinente acceder a la petición del recurrente, ya que lo trascendente era establecer si podía considerarse "un personaje público, atendiendo a los hechos sin duda de interés público en los que se vio inmerso".

Personaje público

"No puede dudarse –indicó la Audiencia de Barcelona– de la trascendencia pública de la Comisión Investigadora sobre Fraude Fiscal, constituida en el Parlament de Cataluña y del interés que suscitó su desarrollo y el nombre de los que acudieron a la misma, entre los que se encuentra el apelante, lo que siendo objeto de la debida cobertura por los medios de comunicación, coloca a la (parte) recurrente en la situación de personaje público y justifica la publicación de los hechos a que alude el apelante, sobre su pasado en cuanto a la comisión del delito contra la Hacienda Pública, que no vienen centrados sin más en los años 90", ya que la sentencia al respecto de la Audiencia Provincial fue de 2003, la definitiva del Supremo de 2006, y el indulto de 2009.

El asunto investigado en la Comisión era público y de trascendencia general, concluyó la Audiencia. Añade que la inclusión del apelante en la lista Falciani le puso nuevamente en el punto de vista público.

Para el alto tribunal, "el recurso no puede ser admitido, porque se construye en base a sus propias valoraciones, sin sustento en infracción normativa y eludiendo, en definitiva, su "ratio decidendi" o razón decisoria. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial aprecia los hechos objeto de enjuiciamiento y valora jurídicamente los mismos, atendiendo a la jurisprudencia constitucional y a la doctrina de esta Sala".

La Audiencia de Barcelona, confirmada ahora, se basó en la doctrina del Supremo, fijada en sentencia de de 15 de octubre de 2015, que estableció que "el llamado 'derecho al olvido digital', que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos".

El TS dijo en la misma sentencia que el derecho al olvido ampara que el afectado, "cuando no tenga la consideración de personaje público", pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona.

En 2013, la Audiencia Nacional denegó su entrega a Suiza con un auto que no solo confirmaba que revelar datos sobre evasores fiscales no constituye delito en España sino que recalcaba que, con la ley española en la mano, Falciani había cumplido con su obligación. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que la solicitud de extradición cursada por Suiza esgrime exactamente los mismos hechos que la que sustentaba la de 2012, cuando Falciani fue detenido en Barcelona. El cambio de posición de la Fiscalía alienta los temores a que España esté intentando contentar a Suiza para que entregue a Marta Rovira y Anna Gabriel.

La solicitud de prisión incondicional ha sido reclamada por el fiscal Miguel Ángel Carballo, número dos del ministerio público en la Audiencia Nacional, durante la comparecencia de Falciani ante el juez Diego de Egea, que deberá decidir si ordena alguna medida cautelar hasta que se decide la petición de Suiza o si, por el contrario, le deja en libertad.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

La Policía Nacional detuvo al ingeniero informático en virtud a una nueva orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza el pasado 19 de marzo. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición de Falciani en 2013 porque los delitos de espionaje financiero, revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes que le imputan las autoridades suizas no cumplen el principio de doble incriminación, es decir, no están castigados por el Código Penal español.

La defensa de Falciani presentó para la vista de este jueves un habeas corpus alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

La defensa de Hervé Falciani ha presentado un habeas corpus para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

"Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional. Además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía", afirma.

Por otro lado, la defensa hace hincapié en que "la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España", y, de hecho, "el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga".

"La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la trama Púnica y el caso Pujol. Asimismo, Estados Unidos ya se benefició de los datos que contiene la llamada lista Falcianicuando acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de casi 2.000 millones de dólares".

"En Francia, la lista Falciani fue utilizada por la Fiscalía de Niza, que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España", explica el despacho.

El ex informático del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, que destapó los nombres de presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos, ha celebrado que siete directivos del Banco Santander estén citados a declarar en la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales, ya que, según ha dicho, "cada día hay ejemplos similares en otros países".

El juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha citado a declarar a partir de este lunes en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani—que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo—.

Según informa Europa Press, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados organizada por los colectivos 15MpaRato y Xnet, Falciani ha contestado a las preguntas de los periodistas a través de videoconferencia. Preguntado sobre las declaraciones de estos altos cargos de la entidad financiera española a raíz del listado que él elaboró, el informático ha destacado que lo "importante es entender que todo lo que se cogió de deuda legal se ha gastado".

Por ello, ha abogado para que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional comience por "buscar los problemas" y haga una "auditoría para rastrear a los ladrones (...), por qué se ha gastado l dinero que se ha tenido y por qué los ciudadanos no lo han visto".

"Es fundamental ver cómo esas trampas se encuentran en todos los países y siempre por los mismos actores", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que el caso que ahora mismo está en cuestión es el del Banco Santander, pero "cada día hay ejemplos similares" en otros lugares del mundo.

Asimismo, ha instado a que desde las redes locales y ayuntamientos se vigilen los licitaciones públicas a través de "trabajos de transparencias" y auditoría de los pagos, porque estos mecanismos permiten que casos como el del Santander "lleguen hasta los juzgados". "Hay que aprovechar una experiencia como ésta", ha dicho, aunque ha recalcado que no cambiará nada pese a que los directivos "reconozcan un daño".

Por su parte, la portavoz de las plataformas Xnet y 15MpaRato, Simona Levi, ha afirmado en la rueda de prensa que este lunes es un "día importante" porque la comparecencia de los siete directivos del Banco Santander ante el juez instructor José de la Mata puede significar el "principio del fin" de la conocida doctrina Botín.

Para estos colectivos, que han estado acompañados de representantes de otras organizaciones —Yago Álvarez (Auditoría Ciudadana de la Deuda), Xiomara Caro (Center for Popular Democracy en Puerto Rico), Saqib Bhatti (Action Center on Race and the Economy) y Jessica A. González (Centro de Comunicación Estudiantil de Puerto Rico)—, el Banco Santander ha llevado a cabo un "modelo extractivo que ha destruido la economía y la vida de las personas".

Levi ha apuntado que la "mala praxis bancaria" del Banco Santander no sólo ha tenido lugar en España, sino que es la responsable de la quiebra de países como Puerto Rico. "No son casos aislados, sino un modus operandi habitual", ha señalado otro de los portavoces de Xnet Sergio Salgado.

Por último, Xiomara Caro ha llamado a hacer "unión en un frente común", tras explicar que la entidad financiera dirigida por Ana Patricia Botín es la dueña casi la totalidad de la deuda de Puerto Rico. Ha explicado que este déficit se debe a que el que fuera presidente del Santander en el país latinoamericano, Carlos García, "emitió y firmó varias de las emisiones de bonos más grandes y a los 10 días se convirtió en el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico".

"Los Rodrigo Rato no son sólo españoles", ha enfatizado comparando la situación puertorriqueña con la del ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el uso fraudulento de la denominada tarjeta black, y que además se encuentra investigado en los juzgados madrileños por el origen de su patrimonio.

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar a partir de este lunes, en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales, a siete directivos del Banco Santander –en su mayoría destinados en departamentos de prevención de blanqueo de capitales– y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani, informa Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les cita para los días 12, 13 y 14 de junio, después de analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio del pasado año a las dos entidades y de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

Según el auto del magistrado, estos informes referidos a determinadas cuentas corrientes a raíz de la investigación abierta por la llamada lista Falciani –que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo– reflejan una operativa de movimientos de fondos entre Santander y BNP, por un lado, y HSBC, por otro. Este último puso en marcha un sistema de cuentas de valores conocidas como ómnibus en las que se desconocía quienes eran los verdaderos propietarios de las mismas.

El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no sólo se ocultaban bajo dicha sociedad, sino que también era titular HSBC. El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente del Banco Santander Emilio Botín, su hermano Jaime Botín así como de sus respectivos hijos.

La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero –se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y otras sociedades panameñas– dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros a Hacienda.

Sistema de desvío de fondos

Los informes describen "una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos depósitos y valores ocultos al erario público español". Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través del Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas de ahorro.

La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo así como órdenes de pago del Grupo Santander siguiendo las instrucciones del HSBC mediante la utilización del método MT202, conocido también como cover payments y que permitía no identificar quien era el ordenante y el beneficiario último de estas operaciones.

El auto precisa que poco más de 12 millones de euros provienen de cuentas del banco suizo y cuyos titulares fueron denunciados por delito fiscal y razona que, tras la entrada en vigor en noviembre de 2009 de la obligatoriedad a identificar a ordenantes y beneficiarios de las transferencias, las operaciones ordenadas por HSBC disminuyeron "considerablemente" llegando a desaparecer en 2010.

Directivos expertos en prevención de blanqueo

Los citados a declarar a partir de mañana son Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general del Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014 del Banco Santander; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras. Los cuatro últimos con competencias en prevención de blanqueo.

En el caso de BNP han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011; Lucía Cuartero Lantero, también del mismo; ambos estuvieron a cargo de la función centralizada de prevención de blanqueo. La última citada es Cristina Arévalo, que fue miembro de OCIC; órganos de control interno de la entidad.

Lista validada por el Supremo

Precisamente, a finales del pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C., que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas, aceptando de este modo como prueba válida la lista Falcianilista Falciani.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros: si lo hace la Policía, la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales; si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro –como era el caso de Falciani–, sí se le puede dar validez.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.

El auto del magistrado se enviará ahora a los investigados –presidente del Consejo de Administración, consejeros delegados en 2006 y 2007 y otros cuatro directivos– a través de una comisión rogatoria a Suiza.

Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falcianicaso Falciani.

El Tribunal Supremo aceptó como prueba válida la lista Falciani –documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC– en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España, informa Europa Press.

La Sala Segunda confirma la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas. Su nombre figuraba junto al de más de 500 contribuyentes españoles en los documentos sustraídos por el exempleado del banco Hervé Falciani, y que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros, así, si lo hace la Policía la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales. No obstante si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro –como era el caso de Falciani–, sí puede dársele validez.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sala Manuel Marchena, entiende que la prohibición contenida en el artículo 11 de la LOPJ responde a la idea, en su origen histórico de ser un "elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito", ya que "el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos".

Sin embargo, otra cosa es la información obtenida ilícitamente por un particular sin ninguna conexión con aparatos del Estado. Así, explica que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en "información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales".

Se trata de la primera vez que se pronuncia el Supremo en relación al valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables cuando, pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por un tercero, fueron determinantes para probar los hechos. El abogado del acusado argumentaba que la obtención ilícita de la lista Falciani convertía en inválida dicha prueba contra él.

Finalidad de lucro

"La finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Herve Falciani, que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso", explica la sentencia.

El Supremo confirma la condena que impuso la Audiencia Provincial de Madrid a Sixto D.C avalando el uso de los datos contenidos de la lista para condenar por fraude a Hacienda ya que en enero del pasado año el mismo órgano condenó a siete años de prisión al empresario Jacob Benzaquen, otro de los nombres que aparecían en el documento.

Además, el alto tribunal dice que lo que se apunta sólo adquiere sentido si se interpreta como una llamada a la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso concreto. La vulneración de la intimidad de las personas –si éste es el derecho afectado por el particular– no puede provocar como obligada reacción, en todo caso, la declaración de ilicitud, según la resolución que destaca que lo determinante es que nunca, de forma directa o indirecta, la persona en cuestión haya actuado "como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal".

La sentencia, que fue dictada por unanimidad, destaca la coincidencia interpretativa en la licitud probatoria de la lista Falciani, reconocida como tal por varios tribunales supremos europeos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Su titular, José de la Mata, ha incoado 40 diligencias previas en relación con otras tantas personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani y se ha inhibido a los juzgados correspondientes, que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.

La entidad británica HSBC, que saltó a la palestra el pasado mes de febrero por dar cobijo a defraudadores fiscales, según los datos recogidos en la denominada lista Falciani, pretende recortar entre 22.000 y 25.000 puestos de trabajo en todo el mundo, lo que equivale aproximadamente al 10% de su plantilla global, en el marco de una profunda reestructuración de la entidad, que incluye la venta de sus operaciones en Turquía y Brasil, donde además cuenta con otros 25.000 empleados, según informó el banco británico y recogió Europa Press.

La mayor entidad bancaria europea refuerza así su apuesta por el continente asiático, donde podría trasladar finalmente su sede, y señala su intención de "optimizar su red global" mediante la reducción de su complejidad, incluyendo la venta de sus operaciones en Turquía y Brasil, aunque seguirá ofreciendo servicio a grandes clientes corporativos en el país sudamericano.

"El mundo ha cambiado y necesitamos cambiar con él", subrayó el consejero delegado del banco, Stuart Gulliver, quien destacó la cada vez mayor interconexión mundial y las perspectivas de mayor crecimiento para Asia, que se convertirá "en el centro del comercio global en la próxima década".

En el marco de esta reestructuración, HSBC planea reducir sus activos en riesgo de mora en cerca de un 25%, así como lograr un ahorro anual de costes de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares (4.050 y 4.500 millones de euro) para 2017, asumiendo un impacto negativo de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares para lograr este objetivo.

El resultado de las elecciones ofrece a España una oportunidad para articular políticas fiscales contra la corrupción, ha manifestado el informático italo-francés Hervé Falciani. Políticas que se puedan crear desde diferentes puntos de vista y no solo con la visión del PP o del PSOE y que cuenten con las ideas de partidos como Podemos o Ciudadanos, que han hecho posible que la sociedad entienda que "a nivel financiero algo pasa".

Así lo ha puesto de manifiesto el responsable de la famosa lista Falciani en la presentación, este lunes en Madrid, de su último libro, La caja fuerte de los evasores. En este contexto, el que fuera empleado del HSBC se ha mostrado ilusionado con los resultados electorales, ya que estos harán posible ver quiénes son aquellos que tienen voluntad para realizar pactos y, por lo tanto, para encontrar soluciones.

La idea del libro es que los ciudadanos entiendan que no es tan complicado cambiar las cosas y hacer a la sociedad consciente de que la responsabilidad del cambio reside en ellos, que "Suiza y Luxemburgo ayuden a un país como España en su lucha contra el fraude y la corrupción. Los ciudadanos deben ser conscientes de que la responsabilidad recae en ellos y pueden ejercerla mediante el voto y la recopilación de información.

Falciani ha asegurado que durante su trabajo con la Agencia Tributaria se ha encontrado con muchos profesionales "valientes" y "con ganas de hacer las cosas bien". Sin embargo, los límites han venido impuestos por el lado de la Administración, en el sentido de que sin recursos no es posible que las investigaciones den resultados. En este sentido, ha señalado que esa falta de recursos "es el resultado de una política fiscal ineficaz e incapaz de recaudar lo necesario".

Así, ha hecho hincapié en la importancia de estudiar cómo se puede cambiar el sistema impositivo para recaudar más, ante lo que ha manifestado la posibilidad de imitar a países del Norte de Europa que aplican una estrategia fiscal en la que las grandes empresas también pagan IVA.

Preguntado por Rodrigo Rato, el ingeniero de sistemas ha señalado que "lo importante son los mecanismos, no los nombres". Ante la repetida cuestión de cuáles son los nombres más famosos de esta lista, ha reiterado que se debe quedar en el ámbito del secreto profesional, ya que su revelación puede jugar en contra de las investigaciones que están en marcha.

Multas a bancos ineficaces

"Actualmente somos conscientes de que existen políticos y empresarios corruptos", ha dicho Falciani, y ha aconsejado centrar la atención en evaluar cómo se actúa localmente, intentar conocer cómo funcionan las cosas, "cómo se hacen las trampas", para poder actuar en su contra.

De esta forma, ha hecho referencia a la ineficacia de las multas impuestas a los bancos. A su juicio, el problema es que estas sanciones no hacen que la dirección de las entidades cambie y son estos directivos quienes "saben exactamente lo que ocurre en sus empresas". Sobre todas estas modificaciones dice que no se producirán "sin voluntad política".

En este contexto, ha afirmado que a nivel europeo existe un consenso para proteger a los bancos (donde "Suiza representa el punto débil"), porque están expuestos a la Justicia norteamericana. Ante fraudes como el de Grecia, Falciani ha criticado los pocos departamentos judiciales que se encuentran detrás de los bancos y ha afirmado que solo en Francia se empiezan a ver avances en este terreno.

Hizo saltar la banca. Hervé Falciani, el denunciante del caso HSBC, conocido como el escándalo SwissLeaks, desvelado por el diario Le Monde, publica este jueves 16 de abril, en Francia, su autobiografía. Mediapart publica un adelanto del libro, titulado Séisme sur la planète finance, del que es coautor junto con el periodista italiano Angelo Mincuzzi y que se lee como una novela policiaca y un manual de supervivencia en un entorno bancario hostil.

Nadie puede decir si la versión de los hechos que revela Falciani en esta obra es LA verdad, pero es la suya y merece ser escuchada para comprender lo que, gracias a su audacia y a su valentía, hemos podido conocer: la existencia, en el corazón de uno de los mayores bancos del mundo, de un entramado organizado de fraude fiscal y de blanqueo en el que se mezclan corrupción, terrorismo y crimen organizado.

Gracias a sus informaciones, varios jueces franceses abrieron el 9 de abril una causa contra la matriz del grupo HSBC Holdings, a la que han impuesto una fianza de 1.000 millones de euros que debe abonar antes del 20 de junio. Además, el primer proceso abierto a un defraudador incluido en la lista Falciani, se cerró este mismo lunes con la condena a un año de prisión firme a la heredera de la firma de perfumes Nina Ricci.

Uno de los abogados, William Bourdon, ha plasmado a la perfección, en el prefacio que firma, el desafío que supone un libro así: “No cabe duda de que algunos dirán que la trayectoria de Hervé Falciani no es inmaculada, pero ¿por qué razón se tendría que exigir a un ciudadano, que ha servido al interés general con semejante, valentía una absoluta 'transparencia', negando la complejidad, incluso los lados oscuros, inherentes a cualquier ser humano? La dimensión novelesca de su historia, que expone en este libro con una sinceridad que nadie puede negar, quizás deje algunos interrogantes [...]. Sin embargo, estos son complementarios al mensaje perfectamente estructurado que traslada con relación a los mecanismos que mueven a los pequeños y grandes actores del mundo planetario de las finanzas. Y sobre los medios que se movilizan para tratar de bloquearlos definitivamente”.

En el avance del libro que publica Mediapart, Helvé Falciani vuelve a referirse a sus primeros contactos con los servicios secretos fiscales franceses y cuenta los detalles de aquel día de diciembre de 2008 cuando cayó en manos de la justicia el listado del HSBC. Desvela sobre todo que no actuó solo a la hora de hacerse de los datos. Tras de él, había lo que denomina “la red”. Estos son algunos pasajes del libro.

Seísmo en el mundo de las finanzas

Siguiendo el consejo de mis amigos, me puse en contacto con la Policía Judicial encargada de los grandes delitos financieros, con el fin de que las autoridades fiscales iniciaran una investigación. En junio de 2008, el director de la DNEF [Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales] se puso en contacto conmigo. Hablamos por teléfono y nos vimos en Francia, en una localidad próxima a la frontera con Suiza.

Estaba preocupado y me preguntó si hacía todo aquello por dinero. Le dije que tenía en mi poder información sensible relativa a numerosos franceses que disponían de una cuenta en el HSBC Private Bank y que quería estar seguro de que estas informaciones podrían compartirse con el resto de países europeos. Me respondió que era factible. Entonces, envié un e-mail que contenía los nombres encriptados de algunos clientes franceses del banco, para demostrarle que las informaciones existían realmente. Acto seguido, decidimos volver a vernos en un hotel donde yo tenía que dejar un DVD con más datos.

De ordinario, el protocolo de seguridad dicta que, en este tipo de casos, no se recurra al teléfono, pero los agentes fiscales franceses necesitaban un número para poder contactar conmigo y seguir mis movimientos. Por esa razón, me hice con un móvil suizo. Mis amigos de la “red” sólo me pidieron que tomara ciertas precauciones y que, cuando estuviese en Francia, nunca llevara encima el teléfono. A continuación, me dijeron que su trabajo había finalizado y que tenía que proporcionar la mayor cantidad posible de material a los agentes para establecer con estos una relación de confianza. Sólo me dejaron el teléfono de urgencias, el que es como una tarjeta de crédito, válido únicamente para recibir llamadas en caso de peligro. El representante del fisco y yo nos volvimos a ver el 12 de diciembre, más tarde fijamos una nueva cita para después de las navidades.

Así empecé a colaborar con las autoridades fiscales de París. Sabía que, si las autoridades judiciales tomaban la iniciativa, Suiza no podría hacer nada para impedir la difusión de las informaciones obtenidas.

Los integrantes de la “red”, que hablaban inglés con acento norteamericano, me dijeron que los datos no les servían para nada porque no servían para abrir una investigación judicial en Estados Unidos. La persona que me ayudó a subir la información a la nube me explicó que solo querían poner a Suiza contra las cuerdas. La información ya la tenían.

Estaba estupefacto. Ni siquiera sabía para quién trabajaban. Nunca les pregunté quiénes eran. Había empezado a colaborar con gente que conocía bien y en quien tenía una confianza ciega y, gracias a ellos, había entrado en contacto con otras personas. Las que hablaban inglés, por ejemplo, estaban muy bien organizadas y sabían muy bien lo que hacían. Se habían organizado durante dos años y habían preparado los datos en unos meses.

Cuando la idea de subir los datos a la nube tomó forma, comenzamos a preguntarnos qué país estaría mejor preparado para recibir el material. De inmediato descartamos la hipótesis alemana porque Alemania se habría adueñado de todas las informaciones, nos habría hecho desaparecer, a mi familia y a mí, quizás en otro país y con otro nombre, y todo habría quedado ahí. No era ese mi objetivo. Quería que la información llegase a los jueces del mayor número posible de países del mundo.

Lo único que había que hacer era actuar para que la Justicia suiza fuese a hacerse con el material en mi domicilio. Para ello, era necesario que me marchase a Francia y que esperase la llegada de los jueces sin pedir ayuda alguna, contando sólo con la protección discreta de mis amigos.

Mi vida en peligro

El material del HSBC se recabó a lo largo de varios meses, en 2007. La “red” estaba en contacto con magistrados franceses e italianos pero yo no había hablado directamente con ellos. Me relacionaba con poca gente, pero sabía que contábamos con el respaldo de una organización fuerte. La regla primordial para garantizar nuestra seguridad era que cada uno de nosotros sólo conociese a algunas personas de la “red”, disponiendo de las informaciones necesarias y sabiendo exactamente lo que había que hacer.

En el banco había sistemas informáticos diferentes, accesibles a empleados diferentes. Después de identificar los sistemas más importantes y las personas gracias a las cuales podíamos obtener los datos, los miembros de la “red” se pusieron en contacto con ellos para convencerlos para que colaborasen. Eran ellos los que debían subir los datos a la nubenube. En total, en el banco, eran una docena de personas.

La nube no era difícil de utilizar, era como entrar en una página web gracias a un equipo que permitía ver los datos. Para acceder, bastaba con una llave USB con conexión a Internet que sólo se utilizaba para eso. Para entrar en el sistema y trabajar, me bastaba con tener una conexión wifi. El sistema utilizaba un programa informático similar a Bit Torrent, un protocolo peer-to-peer que servía para intercambiar ficheros en internet. Las informaciones que se descargaban nuestros contactos ajenos al banco se fragmentaban en miles de ficheros y se repartían en las memorias de otros tantos ordenadores. Los propietarios de estos equipos no sabían que en su disco duro se guardaban los datos del HSBC.

Un sistema de seguridad especialmente estudiado permitía acceder a la nube. Marcaba un número de teléfono y recibía un código. Entraba con la llave USB tecleando la clave alfanumérica que me facilitaban de vez en cuando. Por la noche, revisaba los datos que habían añadido durante el día las personas que alimentaban continuamente las informaciones de la nube. Mi labor era hacer las comprobaciones pertinentes: iba al banco y pedía a los especialistas que me proporcionaran datos particulares que comprobaba a continuación con las informaciones de la nube. El control era un aspecto fundamental.

Del HSBC no saqué personalmente ningún dato por la simple razón de que no podía, pero cuando comencé a trabajar con este material con el personal de los servicios secretos, entonces sí, violé el secreto bancario. Sólo entonces, y soy el único que puede garantizar la fiabilidad de estas informaciones. Si, por poner un ejemplo absurdo, al día siguiente hubiese dicho que los datos habían sido falsificados y que no eran auténticos, las investigaciones se habrían bloqueado y cerrado. Todos los intereses en juego dependían de mí, de ahí que mi vida estuviese en peligro y quizás lo siga estando a día de hoy.

Mientras tanto, las investigaciones permitieron demostrar que los datos eran auténticos porque muchos clientes del HSBC admitieron haber tenido una cuenta en el banco, confirmaron el montante, y en España se llevaron dictaron las primeras sentencias por evasión fiscal.

En febrero de 2008, a mi regreso a Líbano, se interrumpió el trabajo en la nube. Había recopilado 800 gigas de información, pero cuando comprobé que las herramientas de que disponían las autoridades francesas eran muy antiguas, me di cuenta de que lo único que se podía hacer era utilizar las herramientas más básicas de la nube, es decir, el equivalente a 200 gigas. El resto está escondido porque en Francia no hay nadie capaz de utilizarlo.

La disparidad de medios de los bancos privados y de las administraciones estatales que luchan contra el crimen y la evasión fiscal es una constante. Las experiencias de estos últimos años me han permitido constatar hasta qué punto los sistemas judiciales de países como Francia e Italia trabajan con medios que no están adaptados. Eran incapaces de gestionar el volumen de datos que yo podía poner a su disposición. Durante el tiempo que duraron las pesquisas, las investigaciones no se cruzaron: trabajaban de forma dispersa y utilizando más el papel que el ordenador.

El arresto

En la mañana del 22 de diciembre de 2008, lunes, estaba en una videoconferencia con los desarrolladores de Hong Kong, a los que estaba explicando lo que esperaba de ellos. Aproximadamente un mes antes, me habían nombrado responsable de los analistas técnicos, una nueva etapa en mi carrera en el seno del HSBC. A las 10 en punto, mi teléfono sonó. Al otro lado del teléfono estaba el director de mi departamento. Levanté la cabeza y lo vi a la entrada haciéndome una señal para que me acercase. Había otras dos personas con él. Comprendí de inmediato que la aventura empezaba [...]

Mi mujer no estaba en casa y los policías me pidieron que la llamase. Inmediatamente comprendió lo que ocurría y sólo me preguntó si le daba tiempo a comprar yogures para la niña, como para darme a entender que ella estaba bien. Le dije que no disponía de tiempo, que tenía que volver a casa inmediatamente. Cuando llegó nuestra hija, nos sentamos alrededor de la mesa del salón. Hablamos entre nosotros mientras que los dos policías registraban la casa, en busca de ordenadores y de teléfonos. Tenía a mi hija sobre las rodillas cuando llamé a mi mujer “darling”, como hago siempre. Un policía me interrumpió bruscamente, advirtiéndome de que no hablase en una lengua extranjera. Me puso las esposas y, cuando mi mujer protestó diciendo que no era un criminal, respondieron que lo exigía el protocolo de seguridad.

Los registros se prolongaron durante casi una hora. A eso del mediodía me llevaron a la comisaría. Esperé hasta las tres de la tarde y, mientras aguardaba, me quedé dormido. Me desperté al llegar el magistrado, quien comenzó a interrogarme sobre el viaje a Líbano. Le dije que había ido a Beirut a presentar una empresa de sistemas informáticos y que había tenido una reunión en la sede de un banco. Ya era de noche cuando el magistrado me dejó irme y me citó para el día siguiente a las 9.30 de la mañana, en el tribunal de Lausana. Cuando salí de la comisaría y regresé a casa, mis amigos de la “red” ya lo sabían todo. Lo único que tenía que hacer es seguir el protocolo. Al día siguiente por la mañana me marché de Ginebra.

En Francia, los mismos hombres con los que había trabajado en Suiza me garantizaban protección. No podía llamarlos, sólo podía verme con ellos en determinados lugares, por ejemplo en los trenes. Cuando necesitaba contactar con ellos, debía dejar una señal en un lugar determinado del tren, en la línea que me habían indicado. Al día siguiente, subía al mismo tren y me sentaba al lado de un asiento vacío esperando a que alguien lo ocupase o aguardaba de pie a que un hombre me dijese cuándo tenía que bajar y me citaba con mis contactos en alguna parte de la estación o de fuera de la estación o volvía a subir de inmediato al tren que iba en dirección contraria, hacia la estación de la que acababa de partir, y hablaba durante el trayecto con la persona que había solicitado ver.

Por precaución, tenía que estar en sitio en los que me conocieran o desplazarme a lugares al aire libre muy concurridos. Mis amigos tenían que saber en todo momento dónde estaba y cómo me desplazaba, sobre todo en el periodo en el que estábamos esperando un registro en Francia. Cuando comencé a colaborar oficialmente con la Justicia y con el fisco francés, los gendarmes son los encargados de ofrecerme protección. Difícil de organizar porque en Francia no existían precedentes de casos como el mío.

_____________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La entidad británica HSBC –que saltó a la palestra el pasado mes de febrero por dar cobijo a defraudadores fiscales, según los datos recogidos en la denominada lista Falciani– advierte en su informe trimestral sobre la economía europea de los riesgos que puede suponer la elevada fragmentación parlamentaria que surja en las próximas elecciones generales en España debido al auge del partido "radical de izquierda" Podemos y del "reformista" Ciudadanos.

La entidad subraya que la incertidumbre política será el tema central en España en 2015, comenzando con las elecciones catalanas del 27 de septiembre y concluyendo con las generales de finales de año, en la que las encuestas prevén casi un empate entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

"Esta incertidumbre podría provocar un enfriamiento del impulso del consumo y llevar a una ralentización de la entrada de capital del extranjero y de la inversión directa, lo que puede ser una fuente de preocupación dada la elevada deuda externa de España", según alerta la entidad, según Europa Press.

La entidad cree que las elecciones generales en España de finales de año son "el acontecimiento más importante de la eurozona" de finales de 2015, ya que es cada vez más probable que, con un electorado cada vez más fragmentado, los dos grandes partidos tradicionales no formen el próximo Gobierno.

En este sentido, subraya que al principal nuevo partido surgido en España, Podemos, le ha salido un nuevo competidor, en referencia a Ciudadanos. "El elevado desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la mayor desigualdad son factores que contribuyen a la popularidad de los nuevos partidos, junto con la corrupción que afecta al sistema político", añade.

Por ello, asegura que no es una sorpresa que los nuevos partidos, especialmente Podemos, hayan logrado el apoyo de muchos jóvenes que votan por primera vez o de aquellos que se han abstenido en elecciones anteriores.

En el caso de Ciudadanos, considera que es un partido menos radical que la formación dirigida por Pablo Iglesias y recalca que ha logrado el respaldo del electorado de centro y, a diferencia de Podemos, principalmente a costa del Partido Popular.

Sin mayoría parlamentaria

"Independientemente del resultado de las elecciones, la creciente fragmentación del electorado aumenta la probabilidad de que ningún partido pueda tener una mayoría en un nuevo Parlamento", remarca el banco británico.

En su opinión, esto haría más difícil para cualquier partido abordar algunos de los problemas más relevantes que tiene España, como la necesidad de reequilibrar su economía hacia un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones, reducir el todavía elevado déficit y rebajar el desempleo de larga duración.

Respecto a Cataluña, destaca que las encuestas apuntan que CiU y ERC no lograrán mayoría absoluta en las elecciones de septiembre, pero aun así la incertidumbre seguirá siendo elevada y el voto a los partidos a favor de la independencia podría forzar al Gobierno central a tomarse este tema con más seriedad.

Problemas pendientes

Por otro lado, HSBC recuerda que España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis y que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado medidas para hacer frente a este problema, incluidas exenciones fiscales.

Sin embargo, agrega que la falta de margen fiscal limita la capacidad de actuación del Ejecutivo, ya que, a pesar del apoyo de los ingresos por un mayor crecimiento, España incumplirá los objetivos de déficit. "Esto significa que después de las elecciones el nuevo Gobierno tendrá que introducir más medidas para recortar el déficit", agrega.

Otro de los desafíos claves para la economía española es mantener la tendencia a la baja del desempleo, ya que aún existen más de tres millones de parados de larga duración y su reducción será más difícil que antes de la crisis, cuando se vio respaldada por la construcción y el empleo público.

Confirma previsiones

La entidad británica ha mantenido sin cambios sus previsiones de crecimiento realizadas en el mes de diciembre, ya que estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de España aumentará un 2,1% este año, para después frenarse al 1,8% en 2016.

En este sentido, remarca que 2015 registró un "fuerte inicio" en línea con el comportamiento de la economía en el cuarto trimestre de 2014. En concreto, destaca la subida de las ventas minoristas y la señales de recuperación de la producción.

HSBC prevé que el crecimiento del consumo siga siendo fuerte mientras la inflación se mantenga en territorio negativo y el desempleo continúe descendiendo. Asimismo, también contribuirán al crecimiento la disponibilidad de crédito y la recuperación de la inversión, incluido en el sector residencial, donde los precios parecen haber tocado suelo.

Sin embargo, incide en que la débil producción industrial sigue siendo una fuente de preocupación, ya que el buen dato de enero se debió principalmente a la producción de energía por las condiciones meteorológicas. Además, la débil demanda global seguirá lastrando las exportaciones, que se verán respaldadas por la debilidad del euro.

En este contexto, prevé que el crecimiento se ralentice en 2016 al ver limitado su potencial al alza por factores estructurales: una probable estabilización de los ratios de ahorro, el elevado desempleo estructural y la deuda externa. Además, la necesidad de ajustes fiscales adicionales también lastrará la economía el próximo año.

La encuesta, hecha pública este miércoles, se basa en un total de 2.476 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 240 municipios de 49 provincias entre el 2 y el 11 de febrero y tiene un margen de error de ±2%.

El desempleo sigue como principal problema nacional con un 78,6% de menciones, ocho décimas menos que enero, una bajada de coincidió en el tiempo con la noticia de que el paro había subido en cerca de 78.000 personas, pero registrando su mejor dato de un mes de enero desde 2007.

Mucho más, concretamente siete puntos, ha caído la inquietud provocada por la corrupción, que pasa del 55,5% de alusiones en enero a un 48,5%, aunque sigue figurando como segunda preocupación. En medio del trabajo de campo se supo que el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, había representado una declaración paralela para ponerse al día con Hacienda, se publicó la bautizada como lista Falciani, y el presidente catalán, Artur Mas, compareció en la comisión parlamentaria sobre el caso Pujol.

Hepatitis C y reforma univeristaria

En el tercer puesto de la relación de problemas de España continúan los de índole económica, sin apenas variación con respecto al mes anterior (24,9%), seguidos de la clase política, que también recaba menos menciones que en enero (-1,7 puntos) y se queda con un 20,1%. Por su parte, el Gobierno y los partidos figuran con un 2,7% similar al anterior.

Las alusiones a la sanidad, que sigue como quinta inquietud nacional, se incrementaron dos puntos de enero a febrero hasta llegar al 12,1%, una de sus cotas máximas de los últimos años, subida que ha coincidido con las protestas de los enfermos de hepatitis C que reclaman financiación pública para sus tratamientos.

Como sexta preocupación figuran los problemas sociales en general, cuyo porcentaje de alusiones también crece (1,3 puntos) hasta el 10,5%, y ocurre lo mismo con la educación, que repite en el séptimo puesto subiendo 2,4 puntos y situándose en el 9,5%. Este incremento ha coincidido con el debate abierto en torno a la nueva reforma universitaria bautizada como 3+2 y que ya ha provocado una huelga de estudiantes.

Se firma el pacto antiterrorista y sube la preocupación

El barómetro también recoge un incremento de la inquietud por el terrorismo internacional, que pasa del 0,4% de enero, tras los atentados de París, a un 1,5%. Se da la circunstancia de que el trabajo de campo para el sondeo arrancó justo el día en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y líder del PSOE, Pedro Sánchez, firmaron su acuerdo antiyihadista. De otro lado, el terrorismo en general que se identifica fundamentalmente con el de ETA se anota un 0,8%.

La lista de problemas personales también la lidera el paro, que figura en el 45,6% de cuestionarios, seguido de los de índole económica (25,2%), la corrupción y el fraude (13,6%), la sanidad (11,5%) y la educación (9,6%).

El CIS también pregunta a los ciudadanos sobre su percepción de la situación económica, que ha ido mejorando aunque muy poco a poco en los últimos meses. Así, en febrero marcaron récord de este periodo, eso sí con un escaso 2,5%, los que la calificaban de "buena o muy buena" (medio punto más que en enero), frente al 75,6% que la definía como "mala" o "muy mala", un punto menos que un mes antes y nueva cota mínima de los últimos años.

Para el 17% (2,1 puntos más que en enero), la economía está mejor que hace un año, mientras que el 29,6% juzga que está peor. El pronóstico para dentro de 12 meses también mejora respecto a enero, ya que crecen dos décimas los que auguran que la coyuntura mejorará (28%)y caen dos puntos los que calculan que será al revés, el porcentaje más bajo en esta última etapa (14,4%).

Algo de optimismo en el plano político

Además, continúa en aumento (dos puntos desde enero) el porcentaje de parados que confía en encontrar trabajo a lo largo del próximo año (41%), mientras que cae casi en la misma proporción el de aquellos que lo ven difícil o imposible, ahora en el 49,4%. De los que tienen empleo, el 12,5% temen perderlo en los próximos doce meses, frente al 80,9% (3,7 puntos más que en enero) que no cree probable irse al paro.

En el plano político, la situación es "buena" o "muy buena" para el 2,9%, cuatro décimas más que en enero, y "mala" o "muy mala" para el 75,9%, casi tres puntos menos que en el mes anterior. El 22,6% (dos puntos más que un mes antes) confía en que mejore en un año, mientras que el 18,1% augura que irá a peor (1,8 puntos menos). Para el 6,4% (un punto más) ahora la política está mejor que hace un año y para el 33% (tres puntos menos) es al revés.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha instado al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid a que investigue un supuesto delito de prevaricación por parte de ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT), en relación con la aministía fiscal realizada en 2010, que instó a personas incluidas en la primera lista Falcianilista Falcianicon cuentas ocultas en el banco HSBC de Suiza a realizar declaraciones complementarias, en lugar de abrir una investigación contra ellas.

Este auto de la Audiencia Provincial deriva de una querella presentada por los técnicos de Hacienda (Gestha) contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT María Dolores Bustamante, el exdirector del Departamento de Inspección del mismo organismo Carlos Cervantes y su ex director general Juan Manuel López Carbajo. El auto obliga a investigar a los dos primeros, mientras que pronuncia un sobreseimiento provisional en el caso de López Carbajo.

Gestha argumentó que la AEAT, de acuerdo con sus pautas habituales de actuación, debía haber abierto una investigación en relación con los algo más de 650 clientes, algunos de ellos nombres destacados, con cuentas ocultas en el HSBC de Suiza, incluidos en la lista proporcionada por el extrabajador del banco Hervé Falciani, que podría haber derivado en penas de cárcel.

Si bien, como recuerda el auto de la Audiencia Provincial, la AEAT optó por enviarles un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales para que en el plazo de 10 días hábiles presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el Impuesto de Patrimonio, permitiendo de esta manera que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser punibles.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid no admitió a trámite la querella contra estos tres ex altos cargos de la AEAT, al entender que la comunicación realizada "no es una resolución administrativa a los efectos del delito de prevaricación administrativa y, por consiguiente, no son constitutivos de infracción penal".

El Juzgado entendió que con las autoliquidaciones de las cuentas en el HSBC, que llevan aparejada su correspondiente sanción y pago de intereses de demora, finalizaba el procedimiento iniciado, mientras que el resto de las regularizaciones sobre cuentas que no se especificaron en la comunicación de la AEAT, debían considerarse espontáneas.

La Audiencia Provincial no comparte ahora estos criterios y considera que "la resolución administrativa es cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general".

Sobre el exdirector de la AEAT, Gestha argumentó que era el superior jerárquico inmediato de Bustamante y Cervantes, quienes conjuntamente suscribieron la comunicación a los supuestos evasores fiscales.

El auto considera que esta imputación es "una subjetiva suposición de que éstos atendían a la previa decisión de aquél", con lo que la considera "insuficiente para tenerle por querellado", y dirige la orden de investigación únicamente sobre Bustamante y Cervantes.

Según nuevas publicaciones de El Confidencial sobre los nombres de la lista Falciani, Bernal Zamora Arce, un cartero de Costa Rica de 46 años, tiene 27,8 millones de euros en una cuenta en HSBC. Arce ocupa altos cargos en Sheraton Trading SA, la sociedad costarricense supuestamente utilizada por Granados y Marjaliza para sacar de España comisiones ilegales.

La lista Falciani despeja dudas sobre la relación que Francisco Granados y su socio David Marjaliza pudieran tener con Sheraton Trading S.A, implicada en el caso Púnica, y con Zamora Arce.

Según consta en los documentos a los que han accedido El Confidencial, en colaboración con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y Le Monde, otras dos sociedades vinculadas con Zamora y también con sede en Costa Rica tendrían depósitos millonarios en el HSBC de Suiza que no se corresponden con el nivel de ingresos ni el patrimonio que se le presupone a un modesto cartero.

Otro de los nombres de la lista Falciani que ha salido a la luz este jueves es el de Juan Carlos Escotet, propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado español. Escotet figura en la lista con una cuenta personal de 4,5 millones de dólares en el HSBC de Ginebra y con otra cuenta de 7 millones a nombre del banco.