Con casi un año de retraso, la Comisión del Estatuto de los Diputados trasladó este jueves al Pleno del Congreso su dictamen [aquí en PDF] con las actividades privadas de los parlamentarios. Aquellas con las que compatibilizan el escaño. El informe recibió luz verde como en todas las ocasiones anteriores. Pero la gran novedad estuvo en que no ocurrió por unanimidad. El principal partido de la oposición, el PSOE, votó en contra.el PSOE, votó en contra.

Los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de estas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios como Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.

¿Es este dictamen una garantía de que no volverán a repetirse casos en los que los diputados bordean el régimen de incompatibilidades para aprovecharse de su cargo público en sus negocios privados? La respuesta es no.

Es innegable que el contexto político y social de tolerancia hacia la corrupción ha cambiado en los últimos años. Pero este cambio, forzado en parte por la llegada de nuevos partidos al hemiciclo, no ha llevado todavía a una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que dote a la Cámara, o a alguna de sus comisiones, de la capacidad de controlar que sus señorías no se saltan la ley en lo que a las incompatibilidades se refiere. Estos controles, coinciden todos los partidos, tendrían que ser periódicos. No basta, subrayan, con una revisión cuanto se hace la declaración de actividades. Requiere, además, de revisiones periódicas.

Régimen de sanciones

Otro asunto pendiente es el del establecimiento de un régimen de sanciones para aquellos que incumplan el reglamento o mientan en los documentos que entregan a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Hasta la fecha, cuando los escándalos han estallado ha sido gracias a investigaciones periodísticas, no al control de la Cámara. Y, en ocasiones ha bastado con una rectificación por parte de los afectados para dar por zanjado el tema a efectos parlamentarios.

Al menos en los discursos públicos, todos los partidos del hemiciclo están convencidos de que hace falta más transparencia en esta materia y mayor número de controles. Lo que evidenció la votación de este jueves es que no todos están de acuerdo en el cómo y en el cuándo. Así, mientras el PSOE consideraba clave que una treintena de diputados fuesen más claros sobre las actividades para las que solicitaban compatibilidad, el resto vieron con buenos ojos que se aprobase el dictamen y, a partir de ahí, implementar todas las mejoras necesarias.

Desde Unidos Podemos fueron muy insistentes en que Izquierda Unida, formación integrante de este grupo parlamentario, ya intentó en otras legislaturas que se implantase la dedicación exclusiva con la oposición de la Cámara, el PSOE incluido.

Iniciativas que no prosperan

Ante las críticas del resto de partidos de abogar ahora por cambios y no haber hecho nada en los últimos años, ni cuando el PSOE tuvo mayoría absoluta, el portavoz socialista, Luis Carlos Sahuquillo, recordó que cuando estallaron los escándalos que afectaron a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte, llevaron una iniciativa a Pleno que no prosperó. Una información del diario El Paísdestapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte.

El citado diario se topó con los nombres de estos dos políticos en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. El exministro de Defensa había cobrado, entre 2006 y 2008, 354.560 euros; Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 euros entre otoño de 2008 y 2009. El canal de percepción de este dinero había sido los despachos de asesoría con los que ambos complementaban sus actividades parlamentarias, unas actividades autorizadas por la Cámara.

Estos escándalos llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no prosperó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño. 

Un año después, estallaba otro escándalo con similares ingredientes y nuevos protagonistas. El Mundo informaba de que un embajador, y exdiputado, Gustavo de Arístegui, y un diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, cobraban "comisiones millonarias en el extranjero". Su tarea, autorizada por el Congreso según aseguraron los protagonistas, era hacer labor de lobby para empresas españolas en Latinoamérica y África.

Sin desvelar los clientes

A día de hoy, el Parlamento no se ha dotado de ninguna vacuna contra casos similares. En el dictamen de esta XII Legislatura, se autoriza a un total de 16 parlamentarios (12 del PP, dos de Unidos Podemos, uno del PSOE y uno de Cs) al ejercicio de la abogacía. En el PSOE hacen una precisión. Su parlamentario autorizado para estas funciones, Pedro José Muñoz, es un caso particular: tiene permiso para ejercer como letrado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".

El dictamen no recoge en el resto de los 15 parlamentarios autorizados quiénes serán los clientes. quiénes serán los clientes. Como tampoco ocurre en el caso de los dos diputados, ambos del PP, que han obtenido licencia para realizar tareas de asesoría: Teófilo de Luis y Javier Ruano. Ni en el de los cinco diputados del PP, seis de Ciudadanos, uno de Podemos, uno del PDeCAT y uno de UPN que declaran ejercer actividades empresariales.

¿Qué dice la ley?

La LOREG refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar.

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias". Igual coletilla se añade en los expedientes de quienes piden permiso para hacer labores de asesoría.

¿Y los funcionarios?

Pese a que todos los grupos parecen compartir la necesidad de introducir mayores controles, el cambio reglamentario y legal se antoja muy complicado. Porque los partidos parten de posiciones muy dispares e incluso dentro de los partidos hay sensibilidades diferentes.

Sectores del PP, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad están conduciendo a que la política acabe siendo un espacio reservado para los funcionarios. Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público. "Y encima, cobrando trienios", añade un diputado en conversación con infoLibre.

Al menos 92 parlamentarios de esta legislatura son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

"Nada objetan ustedes a los funcionarios de la percepción compatible de trienios, nada a los docentes o a la creación literaria o a los abogados que trabajen para el partido –nada que objetar a ninguna actividad declarada por el Grupo Socialista–, pero debo decirles que eso no suena a criterio, no es una norma; es más bien un filtro, un filtro que favorece específicamente a los diputados del Grupo Socialista", se quejó este jueves en el Pleno el diputado del PP y presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Leopoldo Barreda.

"Su posición afecta a quiénes y cómo pueden acceder a la política; su posición amenaza con convertir el Legislativo en un coto cerrado, en un área reservada a algunos grupos sociales, en un Parlamento alejado de la sociedad. Parece que el PSOE quiere un Parlamento solo para ricos, funcionarios y oportunistas de la política; solo para quienes tengan asegurado el bienestar, tengan reserva de plaza en la Administración o puedan probar en política como se probarían una camisa o unos zapatos, y por supuesto con la misma responsabilidad", añadió.

El exdiputado del PP por la Región de Murcia Vicente Martínez-Pujalte ha presentado un escrito ante la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, en el que niega haber recibido en 2015 abonos en sus cuentas por 3,5 millones, tal y como consta en un informe facilitado por la Agencia Tributaria, institución a la que acusa de haber realizado una interpretación "equívoca" y "torticera", ya que asegura que en realidad sólo dispuso en 2015 de 475.000 euros. 

Por eso, Martínez-Pujalte se dirige a la magistrada para que remita un oficio a la Agencia Tributaria "a fin de que corrijan el error en el que incurren en la información remitida" al juzgado: "Solicitamos se remita oficio a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con el fin de que se le requiera para que aclaren la interpretación equívoca y torticera que produce efectuar la suma total de los abonos realizados en ambas cuentas (corriente y depósito), cuyos importes proceden de la misma masa de ahorro y no de distintos ingresos, relativo al informe sobre el ejercicio 2015 respecto a Vicente Martínez-Pujalte que ha sido aportado", especifica el escrito presentado el pasado 1 de diciembre en el juzgado madrileño.

En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, el letrado de Martínez-Pujalte atribuye el origen de lo que considera una información "equívoca" por parte de la Agencia Tributaria a los vencimientos producidos en fechas 23 y 24 de enero de 2015 de dos depósitos de la cuenta: uno por importe de 50.000 euros y otro de 425.000 euros, lo que hace un total de 475.000 euros.

El mismo importe

"Se reintegró dicho capital en la cuenta corriente, de la que sale tras la renovación del plazo fijo a dos meses, el importe de 50.000 euros y 450.000 euros, que a su vez se reinvierten de nuevo a plazo fijo, y por tanto se abonan en la cuenta instrumental de depósito".

Esta misma mecánica se repite, explica Martínez-Pujalte, "en varias ocasiones durante 2015, siguiendo así el procedimiento habitual utilizado por las entidades bancarias. El sumatorio de las cantidades abonadas, que se corresponde siempre con el mismo importe dinerario, es lo que produce la cifra equívoca (superior a 3 millones de euros) que señala la Agencia Tributaria en la documentación que se ha incorporado al procedimiento", completa el escrito.

Martínez-Pujalte, que destaca que la Agencia Tributaria "tenía y ha tenido siempre" conocimiento de todos los movimientos de sus cuentas, considera que el equívoco "podría haberse evitado", al considerar que si hubiera recibido abonos sin justificar por más de tres millones de euros, "se hubiera visto sometido a una estricta inspección, cosa que nunca ha sucedido".

Personas no vinculadas

Pero las críticas del exdiputado del PP contra la interpretación de Hacienda van más allá, y en el escrito muestra su "disconformidad" con el hecho de que la Agencia Tributaria incorpore en su contestación al juzgado "datos de sociedades y personas físicas que no están vinculadas a los hechos objeto de la presente instrucción y que se apartan del contenido del requerimiento que le fue realizado, como lo es la sociedad familiar o los datos personales de su hermano, vulnerando indebidamente la intimidad de los mismos".

El letrado del exparlamentario del PP también solicita al juzgado que requiera formalmente "a todas las partes personadas" en el procedimiento para que se abstengan de "realizar filtraciones a los medios de comunicación" con el contenido de las distintas diligencias de investigación que se están practicando: "Más aún cuando contienen datos de entidades o personas ajenas a los hechos investigados, con el único fin de evitar los perjuicios paralelos que sin duda este tipo de informaciones llevan aparejados".

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid admitió a trámite la denuncia interpuesta por la fiscal jefe de Valladolid, María Ester Pérez Jerez, contra el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte por un delito de falsedad presuntamente cometido mientras era parlamentario. La jueza de Madrid le citó a declarar el pasado 23 de noviembre junto a la que fuera su socia en la compañía Sirga XXI Consultores SL, la también exdiputada y exsenadora del PP Ana Torme.

"Un asunto privado"

El exdiputado del PP Martínez-Pujalte aseguró a los periodistas tras su declaración como investigado que durante las más de dos horas que duró su comparecencia se habló "de un asunto privado". Martínez-Pujalte especificó que explicó a la magistrada las "relaciones mercantiles" de su empresa Sirga XXI Consultores, con la que percibió más de un millón de euros.

"Es un asunto privado, no se ha hablado nada de la gestión pública", se defendió Martínez-Pujalte, que acudió acompañado de cinco abogados al juzgado madrileño ubicado en la Plaza de Castilla.

El exdiputado del PP por la Región de Murcia Vicente Martínez-Pujalte ha asegurado tras su declaración como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos, que durante las más de dos horas que ha durado su comparecencia se ha hablado "de un asunto privado".

En declaraciones a los periodistas, Martínez-Pujalte especificó que ha explicado a la magistrada las "relaciones mercantiles" de su empresa Sirga XXI Consultores, con la que percibió más de un millón de euros en comisiones.

"Es un asunto privado, no se ha hablado nada de la gestión pública", se defendió Martínez-Pujalte, que ha acudido acompañado de cinco abogados al juzgado madrileño ubicado en la Plaza de Castilla.

Tras el exdiputado del PP, será el turno de la también exdiputada y exsenadora Ana Torme, que fue socia de Martínez-Pujalte en la firma Sirga XXI Consultores, y que denunció los hechos a la Fiscalía Anticorrupcion.

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, interrogará este miércoles desde las 10:30 horas al exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte y a su exsocia y exsenadora Ana Torme como investigados por un delito de falsificación de documentos mercantiles.

La magistrada acordó la comparecencia de Martínez-Pujalte y de su exsocia, que también denunció los hechos, después de que la fiscal jefe de Valladolid, María Ester Pérez Jerez, interpusiera una demanda por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario.

Pero la comparecencia de estos dos exparlamentarios del PP no es la única ordenada por la jueza que instruye el caso. El 14 de diciembre será el turno de María del Mar Benito Vega, Jaime Miguel Marín Cózar y Alejandro Ballesteros de Diego (también exdiputado del PP). Y el 11 de enero, el de Alejandro Llorente Muñoz.

Simular pagos de empresas

La fiscal María Ester Pérez Jerez acusa a Martínez-Pujalte de simular pagos de diferentes empresas, entre ellos de la constructora Collosa, Marcenado Economistas, Lagun Media, Zenet Capital, Compañía de Inversiones y Servicios, Eyee Estudios y Laboratorios del Doctor Esteve por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

Según la representante del Ministerio Público, los imputados aportaron para justificar sus ingresos "copias de trabajos sin firmar, sin fecha, sin especificar cuál corresponde a cada una de las sociedades", al mismo tiempo que no facilitaron los contratos que pudieran justificar las relaciones contractuales, lo que acredita, según la fiscal, "el carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha percibido Sirga XXI Consultores" de Martínez-Pujalte.

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la fiscal jefe de Valladolid, María Ester Pérez Jerez, contra el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario. La jueza ha dictado una providencia en la que cita a declarar a partir del 23 de noviembre a los querellados por el Ministerio Público, entre los que se encuentra el propio Martínez-Pujalte como administrador de la sociedad Sirga XXI Consultores SL.

La magistrada también ha habilitado otras dos fechas, en concreto el 14 de diciembre y un día a determinar de enero, para continuar con las comparecencias de los investigados.

La fiscal María Ester Pérez Jerez acusa a Martínez-Pujalte de simular pagos de diferentes empresas, entre ellos de la constructora Collosa, Marcenado Economistas, Lagun Media, Zenet Capital, Compañía de Inversiones y Servicios, Eyee Estudios y Laboratorios del Doctor Esteve por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

Según la representante del Ministerio Público, los imputados han aportado para justificar estos ingresos "copias de trabajos sin firmar, sin fecha, sin especificar cuál corresponde a cada una de las sociedades", al mismo tiempo que no se facilitan los contratos que pudieran justificar las relaciones contractuales, lo que acredita, según la fiscal, "el carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha percibido Sirga XXI Consultores".

La denuncia también se dirigía contra la exsenadora del PP por Valladolid Ana Torme, que previamente había denunciado los hechos, contra Alejandro Llorente Muñoz (Corporación Llorente Muñoz SL), el consejero delegado de Corporación Llorente (Collosa), Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP y administrador de la firma Mind Talent), Juan Antonio Mora Barrero (Marcenado Economistas SL) y contra María del Mar Benito Vega (Transport System Worldwide SA), todos ellos relacionados con la empresa de Pujalte Sirga XXI Consultores o con firmas que le abonaron a esta importantes cantidades.

Primero en Valladolid

El Ministerio Público denunció en un primer momento los hechos ante los juzgados de Valladolid, que se inhibieron a los de Madrid tras comprobar que las empresas implicadas tienen su sede social en esta ciudad.

Los hechos fueron investigados durante un año, tras lo cual la fiscal acordó presentar la citada denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decidió inhibirse y remitir la misma al juez decano de Madrid para acabar en el número 49 de Instrucción.

Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI Consultores, creada mientras eran parlamentarios, hasta que en 2011 la senadora le vendió su participación. A esa sociedad, que el 13 de septiembre de 2015 fue liquidada por Martínez-PujalteMartínez-Pujalte y su socio Jaime Miguel Marín Cózar, se hicieron los pagos de Collosa.

Abonos regulares

El exdiputado del PP por la Región de Murcia recibió abonos regulares de la constructora, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso. La denuncia detalla los ingresos del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de otras empresas de diferentes sectores.

La teórica razón de esos pagos era el asesoramiento, pero la Fiscalía asegura que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013, ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León por importe total de 134,4 millones. Además, las UTE participadas por Collosa ingresaron de la Junta en el mismo periodo 438,5 millones.

Otra firma, Marcenado Economistas, paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que ésta se haya constituido legalmente. Esta empresa era al 50,10% de Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP en Madrid y es uno de los procesados por utilizar las tarjetas black de Caja Madrid.

También abonaron ciertas cantidades a Martínez-Pujalte la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios incompletos".

Cobró de las cámaras de comercio

De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, según destaca el escrito de la fiscal jefe de Valladolid. "No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios", resalta el escrito de la Fiscalía.

"En el caso de Corporación Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade la denuncia.

Por eso, la fiscal concluye que los hechos podrían constituir un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de los artículos 426, 422 y 424, al tratarse, presumiblemente, de "documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por servicios inexistentes".

Contra los pagadores

La denuncia de la fiscal jefe de Valladolid se dirige también contra "todas aquellas personas, cuya identidad ha de acreditarse, ostentaran el cargo de presidente" de las cámaras de comercio y de las empresas pagadoras.

Entre estas sociedades denunciadas no se encuentra Scardovi, la empresa del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, pero también vinculada por un contrato secreto con el exembajador en India Gustavo de Arístegui, que hizo diferentes pagos a la firma de Pujalte.

Tanto Arístegui como De la Serna están siendo investigados en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, por cobrar de forma presuntamente irregular más de 5 millones de empresas españolas.

En la denuncia, la fiscal jefe de Valladolid llama la atención en que uno de los trabajos que supuestamente realizó Martínez-Pujalte a Scardovi era sobre la 'Influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana', que según la fiscal "es el mismo que el aportado como realizado para Marcenado Economistas SL cambiando la Comunidad Autónoma a la que se refiere".

El Comité Ejecutivo Nacional del PP se celebró este miércoles con la ausencia entre otros de Rita Barberá, Vicente Martínez-Pujalte, Lucía Figar e Ignacio González, que no participarán en el debate sobre las medidas de regeneración y lucha contra la corrupción que Ciudadanos exige al PP para poder negociar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, informa Europa Press. 

La exalcaldesa de Valencia ha fallado a las últimas reuniones del equipo de dirección de los conservadores. A la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre su futuro judicial, su continuidad mientras tanto como senadora ha sido muy criticada por la oposición pero también por algunos miembros de su propio partido, que hubieran preferido ver su retirada ya en la pasada legislatura.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la imputación de Barberá en el caso Taula, en el que se investiga un caso de blanqueo en relación con presunta financiación irregular del partido en la capital del Turia.

Tampoco se encontró este miércoles en la reunión Martínez-Pujalte, denunciado por Fiscalía por falsedad y cohecho presuntamente cometidos cuando era diputado al simular pagos de diferentes empresas por trabajos inexistentes.

Estuvieron igualmente ausentes los madrileños Lucía Figar e Ignacio González; la primera, exconsejera madrileña imputada en el caso Púnica; en cuanto al ex presidente de la Comunidad de Madrid, hace también meses que no participa en el Comité Ejecutivo Nacional. Está siendo investigado en un sumario para esclarecer cómo adquirió el ático que posee en Estepona.

Ana Mato, que también está imputada y pendiente de juicio como responsable a título lucrativo de la trama Gürtel por los posibles delitos de su exmarido –el que fuera alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda–, pidió a principios de julio la baja en este órgano de dirección del Partido Popular alegando posibles "incompatibilidades" con su tarea profesional y la semana pasada su fotografía fue retirada de la web del PP.

En cuanto a los presidentes autonómicos y del partido en las comunidades autónomas, este miércoles estuvieron presentes todos ellos salvo el gallego Alberto Núñez Feijóo, según confirmó a Europa Press en el PP. Tampoco asistió el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP, José María Aznar.

María José Trillo-Figueroa Molinuevo, hija del exministro Federico Trillo, ha enviado a infoLibre una carta en la que solicita la "rectificación íntegra" de las informaciones publicadas por este medio sobre su persona. 

El jueves por la noche, y citando a fuentes conocedoras de lo sucedido, este diario publicó que la hija de Trillo era la elegida para cubrir la plaza de consejera adjunta de Turismo en la Embajada de Londres, es decir, aquella que está bajo el gobierno de su padre. Las fuentes que sustentaban dicha información y que han pedido mantenerse en el más estricto secreto ensalzaron el perfil profesional de la hija de Trillo y la limpieza del procedimiento.

En su carta, la hija del actual embajador en Londres obvia su presencia en el procedimiento para cubrir la adjuntía de Turismo en esa capital, pese a lo cual da por hecho que "está todavía en tramitación".

Así pues, y sin mencionar de forma expresa en ningún momento su participación en el procedimiento de "libre designación" para cubrir la vacante en la legación londinense, Trillo-Figueroa Molinuevo asegura lo siguiente: "Tengo el derecho a presentar las instancias y solicitudes a concursos de plazas que tenga por conveniente, sin que ello suponga el menor comentario público, máxime cuando el procedimiento está todavía en tramitación".

Trillo-Figueroa Molinuevo suscribe así la versión de la Secretaría de Estado Turismo, que el viernes desmintió que la plaza de Londres ya esté adjudicada al tiempo que se negaba a desvelar cuántos candidatos aspiran a ella.

La Secretaría de Estado también rehusó confirmar si la comisión encargada de recomendar a la titular del departamento, Isabel Borrego, quién debe ocupar la plaza ha elevado ya su "propuesta no vinculante". Como secretaria de Estado, es a Isabel Borrego a quien corresponde la decisión última sobre el nombramiento. 

Para denegar la información relativa a la agenda de la Comisión Asesora de Destinos, cuyo cometido consiste en elevar a Isabel Borrego la ya mencionada propuesta no vinculante, la Secretaría de Estado de Turismo aduce que el procedimiento "no es público".

En su carta a infoLibre, María José Trillo-Figueroa Molinuevo formula un razonamiento de otra índole: "Tengo derecho a que en todo procedimiento del que pueda participar sea respetada la confidencialidad de mis datos de carácter personal, sin que en ningún caso les sea dado a los medios de comunicación enturbiarlo ni dirimirlo maliciosamente en confidenciales, digitales o tertulias". 

La hija del exministro de Defensa remata el párrafo así: "Todo procedimiento de provisión de plazas es abierto, y público insisto, a todo aquel que reúna los requisitos para ello".

Turismo también ha desechado confirmar o desmentir si la Comisión Asesora de Destinos canceló a última hora la reunión que debía celebrar el jueves 26 de mayo. Esa mañana, la web especializada en turismo preferente.com había desvelado la participación de María José Trillo en el procedimiento convocado para cubrir el puesto de Londres.

La Comisión Asesora de Destinos eleva su propuesta y es la secretaria de Estado, Isabel Borrego, quien adopta la decisión final. Para la publicación de los nombramientos en el BOE, Turismo dispone de hasta finales de julio, es decir, hasta casi un mes después de las elecciones del 26 de junio. Así lo estipulan los plazos máximos fijados por la convocatoria. 

Diputada por Murcia solo en la efímera legislatura surgida de las elecciones del 20 de diciembre, Isabel Borrego permaneció en un muy discreto segundo plano mediático hasta su boda, en 2012, con Vicente Martínez-Pujalte.

Entonces diputado por Murcia y alejado de la política desde las elecciones de diciembre, Pujalte está ahora siendo investigado tras una denuncia de la Fiscalía relacionada con los negocios privados que compaginó con su escaño. De Federico Trillo, con quien comparte localización geográfica -el exministro es uno de los políticos murcianos más conocidos desde la Transición-, Pujalte heredó su primer cliente: la empresa Collosa, investigada en la trama eólica de Castilla y León.

A continuación, infoLibre reproduce íntegra la carta enviada por María José Trillo-Figueroa Molinuevo a este periódico:

"María José Trillo-Figueroa Molinuevo, española, con DNI --------, en ejercicio del derecho fundamental al honor, intimidad y propia imagen, y al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de rectificación, solicita la rectificación integra e inmediata de las erróneas informaciones publicadas en ese medio de comunicación sobre mi persona.

Soy Letrada del Consejo de Estado y Administradora Civil del Estado por oposición en ambos casos, desde hace algo más de nueve años. Hablo español, inglés y francés y como cualquier otra española, con idiomas y DOS oposiciones del grupo A del Estado (A1), tengo el derecho a presentar las instancias y solicitudes a concursos de plazas que tenga por conveniente, sin que ello suponga el menor comentario público, máxime cuando el procedimiento está todavía en tramitación.

Como toda ciudadana, española, y funcionaria de carrera en dos cuerpos de la Administración General del Estado, tengo derecho a que en todo procedimiento del que puede participar, sea respetada la confidencialidad de mis datos de carácter personal, sin que en ningún caso, le sea dado a los medios de comunicación enturbiarlo y dirimirlo maliciosamente en confidenciales, digitales o tertulias. Todo procedimiento de provisión de plazas es abierto, y público insisto, a todo aquel que reúna los requisitos para ello."

La Secretaría de Estado de Turismo ha calificado este viernes de “radicalmente mentira” que haya adjudicado ya a una hija de Federico Trillo la plaza de consejera adjunta de esa área en la embajada de Londres, es decir, en aquella de la que es titular su padre. Una portavoz del departamento que dirige la secretaria de Estado, Isabel Borrego, afirmó lo siguiente en conversación con infoLibre: “Es mentira radicalmente. No se ha adjudicado aún la plaza. Aún no están elegidas las personas, no está tomada la decisión”.

La Secretaría de Estado se ha negado a desvelar cuántos aspirantes presentaron solicitud para el puesto ubicado en la capital británica: lo considera un dato secreto. O "no público". Tampoco ha accedido a verificar o desmentir si, como indica la información a que ha accedido este diario, la comisión encargada de elevar a la titular de la Secretaría de Estado, Isabel Borrego, una propuesta "no vinculante" para la cobertura de cada plaza suspendió el jueves a última hora la sesión que debía celebrar ese día.

El desmentido de Turismo se produce después de que, tras consultar con fuentes muy cualificadas y conocedoras de lo sucedido, infoLibre publicase el jueves por la noche que la plaza de Londres ya había sido concedida a María José Trillo-Figueroa Molinuevo.

Para publicar los nombramientos de las siete plazas cuya cobertura por "libre designación" regula la orden publicada el 30 de abril en el BOE, la Secretaría de Estado de Turismo tiene hasta dos meses –uno prorrogable por otro más– contados desde el momento en que acabó el plazo de presentación de solicitudes, el 23 de mayo. Eso implica que la Secretaría de Estado tiene hasta finales de julio, es decir, hasta un mes después de las elecciones generales del 26 de junio, para publicar en el BOE los nombramientos de los nuevos consejeros y consejeros adjuntos de turismo.

La elección de quién cubra la plaza londinense y las restantes convocadas el 30 de abril corresponde directamente a Isabel Borrego, titular de la Secretaría de Estado de Turismo. Borrego fue elegida en las elecciones de diciembre diputada del PP por Murcia, la circunscripción por la que hasta su retirada en esos mismos comicios ocupó su marido, Vicente Martínez-Pujalte, un escaño desde 2008.

Alejado ahora de la política activa, Pujalte está siendo investigado tras una denuncia de la Fiscalía relacionada con los negocios privados que mantuvo mientras era diputado. Su primer cliente fue una empresa castellano-leonesa, Collosa, involucrada en la llamada trama eólica. Pujalte lo heredó de Federico Trillo. Exministro de Defensa y uno de los políticos murcianos –es cartagenero– que mayor poder han ostentado desde la restauración democrática, Trillo había asesorado a Collosa a través del bufete de su familia gracias a la compatibilidad que le había otorgado el Congreso.

"Un proceso no público"

infoLibre pidió a la Secretaría de Estado conocer el número oficial de candidatos que habían optado al puesto de consejero adjunto de Turismo en la Embajada de Londres. Su portavoz denegó esa información tras aducir lo siguiente: “No se puede decir cuántas personas han optado a esa plaza porque es un proceso no público”. Este diario insistió a lo largo de la tarde del viernes en que no pretendía conocer la identidad de los aspirantes sino solo el número de interesados en esa plaza que habían presentado solicitud. No fue posible obtener la información.

La Comisión Asesora de Destinos tiene el encargo de elevar a la secretaria de Estado de Turismo, que es quien resuelve sobre los nombramientos, una propuesta “no vinculante” para la cobertura de las plazas convocadas.  infoLibre trasladó a su portavoz de la Secretaría de Estado de Turismo tres preguntas sobre esa comisión.

La primera es si, como sostiene la información que obra en poder de este diario, la Comisión Asesora de Destinos estaba convocada para este jueves. La segunda era esta: si, en el supuesto de que estuviera convocada para ese día, por qué se desconvocó la reunión a última hora. Y la tercera que completaba la serie inquiría esto: si la comisión iba a pronunciarse ese día sobre la plaza de consejero adjunto en la Embajada de Londres. Al igual que en lo que respecta a cuántos candidatos habían optado a la plaza de Londres, la portavoz de Turismo denegó responder a las preguntas sobre la comisión asesora de destinos.

infoLibre tampoco obtuvo respuesta a la pregunta de por qué la Secretaría de Estado de Turismo considera secretos datos como la cifra de aspirantes que han pedido una determinada plaza y los relativos a la agenda de la comisión que oficialmente tiene encomendado proponer quién debería cubrirla.

El mismo jueves por la mañana, la web especializada en turismo preferente.com ya había publicado que la hija de Trillo optaba a ser la número dos de Turismo en la Embajada de Londres. Fue por la tarde de ese día cuando fuentes conocedoras del procedimiento explicaron a infoLibre que, en efecto, la plaza le había sido ya concedida. Al mismo tiempo, presentaron su virtual designación como un paso estrictamente administrativo y ajeno a cualquier connotación política o familiar.

De hecho, y según esas fuentes, la elección de María José Trillo como nueva número dos de la legación londinese había venido guiada por sus méritos y no por su parentesco directo con Federico Trillo. Técnico de Administración Civil (TAC), la hija del exministro de Defensa también es letrada del Consejo de Estado en excedencia por cuidado de hijos y obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera.

Puesto de libre designación

Este viernes, la portavoz de la Secretaría de Estado negó en un primer momento que la convocatoria para cubrir, entre otros, el puesto asignado a la Embajada en Londres se encuadre en la categoría de libre designación: "No, no, de libre designación nada", fue su respuesta telefónica.

Publicada en el BOE del 30 de abril, la convocatoria figura en una orden titulada así: "IET/625/2016, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España".

Posteriormente, en un correo dirigido a este diario, la portavoz de la Secretaría de Estado confirmó que las plazas convocadas sí eran de libre designación, al contrario de lo que había afirmado inicialmente.

María José Trillo-Figueroa Molinuevo, hija del exministro de Defensa del PP Federico Trillo, es la favorita para convertirse en la número dos de Turismo en la Embajada de Londres. Es decir, justamente la que gobierna su padre como embajador de España ante el Reino Unido.

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras de la designación, que depende de la Secretaría de Estado de Turismo. Según las citadas fuentes, la provisión de la plaza londinense se resolverá "por concurso abierto de méritos". Las fuentes no precisaron cuántos miembros del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil (TAC), al que pertenece Trillo-Figueroa Molinuevo, han optado al puesto.

Pero en la mañana de este viernes, otras fuentes también conocedoras de lo sucedido, informaron a este diario de que en realidad no ha existido tal concurso de méritos: la convocatoria de la plaza, publicada en el BOE del 30 de abril, detalla que su adjudicación estaba sujeta al sistema de "libre designación". InfoLibre lleva intentando desde el mediodía del jueves recabar la versión oficial de la Secretaría de Estado de Turismo. Hasta ahora, ha resultado imposible.

La secretaria de Estado de Turismo es Isabel Borrego, esposa del exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte.

Además de la concordancia temporal de la noticia con el aniversario del accidente del Yak 42, la presencia de Isabel Borrego en el nuevo escenario administrativo de María José Trillo-Figueroa como cargo de la legación diplomática que dirige su padre introduce un segundo factor de coincidencia: el marido de Borrego, Vicente Martínez Pujalte, ahora investigado tras una denuncia de la Fiscalía, fue diputado por Murcia. Y de Murcia es Federico Trillo. Ambos se conocen de largo. De hecho, los negocios privados por los que está siendo investigado Pujalte comenzaron cuando heredó de Federico Trillo su primer cliente, la empresa castellano-leonesa Collosa.

Las fuentes consultadas este jueves por infoLibre destacaron que la nueva adjunta de Turismo posee un currículum "brillante", que el proceso de designación ha sido "transparente" y que se presentó al concurso "el último día" buscando la "reunificación familiar": pero con su marido, directivo bancario en la capital británica, "no con su padre, que se marchará de la Embajada en verano".  

Ese último vaticinio hace referencia a que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas –si sale– tendrá que nombrar nuevo embajador en Reino Unido. Y  que difícilmente para ese destino –sostienen las fuentes– sería reelegido Trillo o cualquier otro que ya llevase allí cuatro años. Incluso si el PP consiguiera formar Gobierno.

Este jueves por la mañana la web especializada en turismo preferente.com desveló que la hija de Trillo, a la que ya definía como residente en Londres, optaba a la plaza. Técnico de Administración Civil (TAC) y letrada del Consejo de Estado en excedencia por cuidado de un bebé –explican las fuentes consultadas–, María José Trillo-Figueroa fue premio extraordinario de fin de carrera.

Hace un año, infoLibre desveló el malestar existente entre los funcionarios del Ministerio de Industria por la entonces reciente reforma legal que le permitía nombrar consejeros de Turismo en el exterior a personas afines sin necesidad de que tuvieran experiencia en el sector.

Este diario publicó la noticia el 30 de junio de 2016. Dos semanas antes, el 18 de junio, había depositado ante notario una lista con la filiación de 12 personas que, según la información recabada entonces, de antemano tenían garantizado su ascenso. El 30 de junio, la lista entregada al notario se confirmó punto por punto y letra por letra cuando el BOE publicó los nombramientos. Entre los nuevos designados figuraban el que había sido jefe de gabinete del entonces ya exministro José Ignacio Wert y otros cargos afines al PP. Todos ellos accedieron a puestos remunerados con más de 140.000 euros por año.

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RECTIFICACIÓN. En una primera versión de esta noticia, el titular publicado fue el siguiente: "Una hija de Trillo se convierte en número dos de Turismo en la Embajada de su padre". Tanto la Secretaría de Estado de Turismo como la propia afectada pidieron que se rectificase ese dato ya la plaza aún no había sido concedida. Finalmente, el elegido para el cargo fue otra persona, tal y como se publicó en el BOE del 4 de junio. infoLibre pide disculpas a sus lectores por el dato erróneo aportado inicialmente.

 La Oficina de Conflictos Intereses del Gobierno autorizó a la exministra y exdiputada del PP Ana Mato a colaborar profesionalmente con la empresa Transport System Worldwide, una sociedad que está investigada por pagos al también miembro del partido Vicente Martínez Pujalte --a través de su empresa-- mientras era diputado.

Según consta en el Portal de Transparencia, el pasado 13 de abril Ana Mato recibió autorización del Ejecutivo para colaborar con esta empresa, cuya administradora es María del Mar Benito Vega. Este nombre figura en la denuncia que presentó la Fiscalía de Valladolid el pasado mes de mayo en relación con pagos a la empresa de Pujalte, Sirga XXI Consultores.

Esta empresa era propiedad, al 50%, de Pujalte y de la exsenadora conservadora Ana Torme, que la crearon siendo parlamentarios, hasta que en 2011 ella le vendió su participación. La denuncia de la Fiscalía es por los delitos de falsedad y cohecho.

Transport System Worldwide figura en la denuncia como pagadora de varios importes a Sirga XXI: 18.795 euros en 2012, 36.300 euros en 2013 y otros 36.300 en 2014. Todas las empresas que figuran en la denuncia pagaron a Sirga XXI por asesorías, pero la Fiscalía dice que el asesoramiento era verbal.

Ana Mato, que recibió el visto bueno para colaborar con esta empresa, dimitió como ministra el 26 de noviembre de 2014 y, al no haberse cumplido dos años desde su cese, necesita permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ejecutivo para ejercer una actividad privada.

Ya el pasado febrero Mato recibió el visto bueno para reingresar en el PP. No obstante, fuentes de la dirección dejaron claro que solicitó el reingreso para no perder sus derechos laborales, pero que no pensaba retomar su antiguo empleo.

Ana Mato presentó su dimisión a finales de noviembre de 2014 después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz diera a conocer un auto en el que proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo por los supuestos regalos y viajes que la trama Gürtel hizo a su marido a través del que fuera su marido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.

La Fiscalía de Valladolid ha presentado denuncia contra el exdiputado y exdirigente del PP Vicente Martínez Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos la vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

La denuncia, según una información de El País recogida por Europa Press, se dirige también contra la exsenadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la empresa Sirga XXI Consultores.

Los hechos han sido investigados por la propia fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, a lo largo del último año, tras lo cual acordó presentar la citada denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, que finalmente ha decidido inhibirse y remitir la misma al juez decano de Madrid para turnarla al juzgado que corresponda. Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI Consultores, creada mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria le vendió su participación. A esa sociedad se hicieron los pagos de la constructora.

Pujalte recibió pagos regulares de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso. En las elecciones generales del pasado mes de diciembre, ya no concurrió en las listas del PP, tras haberse publicado la información sobre esos pagos. La denuncia detalla los ingresos del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de otras empresas de diferentes sectores.

La teórica razón de esos pagos era asesoramiento, pero la Fiscalía asegura que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013, ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León por importe total de 134,4 millones de euros. Otra empresa, Marcenado Economistas, paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que ésta se haya constituido legalmente. Esta empresa es de Ricardo Romero de Tejada, vinculado al PP por haber sido secretario general del partido en Madrid.

También le paga Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional. Le pagan también la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios incompletos".

De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, según se recuerda en el escrito. "No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios", concluye el escrito de la Fiscalía para todos esos casos y habla del "carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha recibido" la empresa de Pujalte.

"En el caso de Corporación Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade. Concluye que puede ser un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de los artículos 426, 422 y 424, al tratarse, presumiblemente, de "documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por servicios inexistentes".

El señor Cosidó manifestó en un programa de televisión que la presencia de Podemos constituye una amenaza para la democracia, que lleva el germen de la violencia y que defiende el proyecto que ha llevado adelante ETA. A muchos les parecerá una broma, pero este señor sancionó a un comisario, Telesforo Rubio, porque en una entrevista concedida a el diario El País ya en 2014, con motivo del décimo aniversario del atentado del 11-M, aseguró que “tras llevar a cabo todo tipo de investigaciones e interrogar a más de 120 etarras no encontraron vínculo alguno de ETA con el atentado”. Telesforo Rubio era entonces comisario general de Información. Relató las conclusiones de la investigación que llevó a cabo la policía acerca del atentado y esto le valió una sanción por parte de su jefe. Ya había sido perseguido por el Partido Popular, primero desde la oposición y luego desde el Gobierno, por no plegarse a sus tesis conspirativas con motivo de aquella masacre que fue el 11-M.

Diez años después de perpetrarse el mayor atentado de  la historia de nuestro país, con el resultado de 192 muertos, el partido del Gobierno, que dice representar en exclusiva a las víctimas del terrorismo y que utiliza y manipula a algunas de sus asociaciones políticamente para atacar a sus rivales, el partido que hoy nos gobierna desde la corrupción y la indecencia de los cientos de casos “aislados” que tienen cuentas pendientes con la Justicia –indecencia personificada en el actual presidente del Gobierno con su envío de mensajes de apoyo a Bárcenas tras denunciarle como corrupto en el Congreso de los Diputados, estafando a la institución que representa, así como a toda la ciudadanía–, el Partido Popular, decía, continúa tergiversando, todavía hoy, la verdad de lo ocurrido aquel día y mantiene la versión perversa que relata lo sucedido como una maniobra política en la que estarían detrás del atentado miembros de la Policía, la Guardia Civil, el Ejército y destacados líderes del PSOE para desbancarles del poder y que Zapatero ganara las elecciones.

Hay que recordar que el señor Cosidó ya tenía en el punto de mira a Telesforo Rubio por su proximidad al PSOE, con el que colaboró en la elaboración de su programa de seguridad de cara a las elecciones de 2004.

En la comisión del Congreso que se creó con motivo del atentado del 11-M, el PP cuestionó la independencia del comisario Rubio por su acercamiento al PSOE sin haber llegado a ser nunca militante, y se le interrogó sobre si había ido alguna vez a la sede de Ferraz, y también se le preguntó si se había reunido alguna vez con algún diputado que no estuviera en la cadena del Ministerio de Interior lo que, desde su punto de vista, anulaba la neutralidad exigible para el cargo. Suponía, según su saber y entender, una incompatibilidad manifiesta para el puesto que ostentaba. Al negarse a responder, a instancias del presidente de la comisión, que entendía que esas eran preguntas de ámbito personal que se salían del objeto de la comisión, los diputados del PP Juan Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte montaron en cólera entre gritos de “manipulación”.

Sorprende el criterio de independencia y neutralidad que exigen los diputados del PP cuando están en la oposición porque, antes de ser director general de la Policía, el señor Cosidó fue senador y diputado por el Partido Popular, amén de tener diferentes cargos complementarios. También colabora con el Grupo de Estudios Estratégicos de dicho partido. Que Dios nos pille confesados ante las estrategias que surjan de esas mentes.

¿Cuál fue la excusa para sancionar a este comisario? No haber pedido permiso para efectuar dichas declaraciones amparándose en una normativa que obliga a ello antes de “hablar a la prensa de casos abiertos o sin resolver”, o “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial”. Es difícil entender la aplicación de esa norma en un caso ya sentenciado por la Audiencia Nacional y ratificado por el  Tribunal Constitucional. No hizo más que citar lo ya sabido y reflejado en dichas sentencias. Además, llevó a cabo la entrevista como representante sindical de la Policía, lo que le eximía de tal permiso. Los jueces anularon esta absurda sanción revanchista de los que todavía quieren desenterrar y reivindicar la “teoría de la conspiración”, persiguiendo a los que no colaboraron en su día con dicha estrategia política cuando los cadáveres se apilaban en los centros de reconocimiento. No pierden el tiempo ni les tiembla el pulso. Ni la voz.

También se le abrió una investigación interna con motivo de su separación matrimonial, que fue denunciada por los sindicatos de la Policía por improcedente.

Este señor Cosidó, que representa a la legalidad vigente y que, como otros que ha nombrado el Partido Popular, parece estar al servicio de dicho partido en lugar de trabajar para los ciudadanos que le pagan el sueldo, destituyó nada más llegar al cargo a responsables de la Policía del mando antiterrorista que no comulgaban con las tesis conspiratorias que pretendían deslegitimar el resultado electoral posterior al atentado, así como a los principales responsables de las investigaciones de casos de corrupción que afectaban al PP, entre ellos, por su puesto, el de la Gürtel. Así operan este tipo de políticos sectarios que tienen permanentemente en la boca a Nicolás Maduro. Son hechos inadmisibles a pesar del depauperado estado en el que se encuentra el Estado de Derecho.

Intentó también en vano Cosidó tapar la investigación del caso del ático de Ignacio González y, según declaraciones del comisario José Villarejo, presionó para que se cerrara la investigación: un angelito, y nunca mejor dicho porque pertenece a ese grupo que encabeza su jefe, Jorge Fernández Díaz, de ultrarreligiosos de moral laxa e ideología de la caverna.

Esta política que ya es habitual en nuestros días de utilización de las instituciones a favor del partido que gobierna debería ser inexistente, o al menos clandestina, como cuando se elaboró el informe contra Podemos de forma anónima desde la Policía que dio origen a cuatro querellas por parte de Manos Limpias, algo insólito salvo en regímenes totalitarios como aquellos de los que dice abominar el señor Cosidó. Es sencillo imaginar quién puede estar detrás de ordenar dicha falacia, ya que en su intervención televisiva sostuvo tesis idénticas a las conclusiones del libelo elaborado por la Policía. Su salida en televisión actuando como hooligan de partidohooligan es una vergüenza que delata el carácter antidemocrático del señor en cuestión y de su política policial.

El director general de la Policía debería saber que, al referirse a Podemos, habla de un partido con representación parlamentaria, que opera dentro de la legalidad vigente, y que su obligación, desde el cargo que ostenta, es proteger y defender sus acciones dentro del marco de la ley.

Si encuentra algo que no encaje con estas premisas, tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades judiciales en su condición de policía. De no ser así, como hombre honrado que debería ser quien ostenta un cargo de tamaña responsabilidad y tan sensible, tiene que abandonar su puesto por incumplir la misión que le encomienda la sociedad a través del nombramiento que lleva a cabo el Gobierno que, suponemos, estará escribiendo en estos momentos su cese fulminante. Desde su condición de ciudadano, ahora sí, podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinar que el partido al que pertenece es el culmen de la honradez, mientras sus rivales en estas elecciones son un peligro para la democracia por, desde su punto de vista, tener en su ADN de partido extremista la intención, en caso de ganar las elecciones, de realizar prácticas antidemocráticas como las que él mismo lleva a cabo desde su puesto de director general de la Policía.

Gran contradicción la de el que nos previene y abomina de aquello a lo que él mismo nos somete y condena.

Muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, asisten estupefactos a esta perversión de la democracia, entendiendo gran parte de los desmanes que sufrimos cada día al ver cómo la separación de poderes del Estado es una filfa ante la intromisión del partido del Gobierno en las instituciones judiciales y policiales que deberían velar por la seguridad y la estabilidad de todos; también, señor Cosidó, de Podemos como partido y de sus votantes. Es usted el que se manifiesta como un radical extremista al servicio de actitudes antidemocráticas.

Mientras, todavía algunos pretenden una gran alianza que contemple la presencia de este partido en el Gobierno, con la sola condición de la exclusión de Mariano Rajoy. Manda huevos.

Espero que el señor Sánchez y su aliado indisoluble no nos condenen otra legislatura a padecer esta peste heredada de aquellos tiempos de dictadura y totalitarismo cuyos responsables siguen presidiendo con sus nombres calles y plazas de nuestro país.

No es cuestión baladí.

Yo me siento amenazado con esta tropa amoral al frente de las instituciones. Personalmente, ya que el señor Fabra me amenazó desde la cárcel, así como en lo que concierne a mis conciudadanos que están en el ojo de mira del poder por ejercer derechos constitucionales, como son la libertad de expresión o la Libertad sin más, con mayúsculas, derecho que nadie nos va a arrebatar.

O sí.

El pasado miércoles salieron a subasta las instalaciones de la 7 TV, la televisión autonómica murciana. Los locales, situados en el municipio de Molina de Segura, pertenecen a una sociedad en liquidación, Tecnoproducciones Multimedia, cuyos bienes pone a la venta al mejor postor el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. En esas instalaciones vive de alquiler y realiza sus programas desde abril de 2015 la 7 TV, que gestiona la productora audiovisual Secuoya Secuoyaa través de su filial Central Broadcasting Media (CBM). Sólo pujó uno de los acreedores, Banco Santander, pero por la mitad del precio fijado por el juez, que era de 600.000 euros. Así que la oferta fue rechazada y los locales siguen a la venta. La murciana es la única televisión autonómica cuya gestión ha sido privatizada íntegramente. Y sus adjudicaciones han estado siempre rodeadas de polémica.

En esta última están batallando en los tribunales algunas de las principales productoras audiovisuales del país: un bocado de 10 millones de euros anuales para un contrato de tres años prorrogable por otros tres; 60 millones en total. Mediapro, la empresa de Jaume Roures; Tres60, propiedad del fondo HIG, y la murciana GTM, anterior adjudicataria de la televisión murciana, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Acusan al Gobierno autonómico de favoritismo hacia Secuoya.

Además, un abogado local, Diego de Ramón, tiene previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Finalmente, el consejo de administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia ha debatido ya dos denuncias sobre los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Secuoya, y las ha remitido a la Asamblea regional para su debate.

El Gobierno murciano sacó a concurso la televisión autonómica en marzo de 2014 y recibió las ofertas en abril, pero la mesa de contratación no abrió los sobres con las ofertas hasta el 1 de agosto y no adjudicó el contrato hasta febrero de 2015. Tardó casi un año en completar el procedimiento, pese a que los pliegos estipulaban que las nuevas emisiones debían comenzar el 1 de mayo de 2014, apenas una semana después de terminar el plazo para concursar.

Las productoras alegan en sus recursos que la mesa de contratación la presidió el actual vicesecretario de Organización del PP murciano, Fernando López Miras. Y que uno de sus vocales y dos de sus técnicos trabajan para el ente público, por lo que no eran “imparciales” y sus valoraciones resultaron “arbitrarias”. Además, ponen el acento en la situación irregular de las instalaciones alquiladas por Secuoya. Los recursos judiciales repiten los argumentos que las productoras ya esgrimieron contra la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contracturales, que depende del Ministerio de Hacienda. Y que desestimó sus demandas.

Una de las denunciantes, GTM, no ha dudado en asegurar públicamente que la productora “ocupa” los locales desde los que transmite. Haberlos alquilado a Secuoya le costó el puesto el pasado mes de noviembre al primer administrador concursal de Tecnoproducciones, que autorizó el contrato de arrendimiento sin el permiso del juez del concurso. Fuentes de GTM explican que el titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil ha instado a Secuoya a abandonar las instalaciones por carecer de título válido para ocuparlas.

El pasado miércoles, en cualquier caso, la productora estaba invitada a la subasta y pudo pujar por los locales. No lo hizo. “Seguiremos con nuestro contrato de alquiler”, han asegurado a infoLibre fuentes de Secuoya. También niegan cualquier tipo de irregularidad en sus emisiones. “Cumplimos escrupulosamente las condiciones del pliego del contrato”, zanjan. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Mediapro como con Tres60, pero no ha conseguido una respuesta a sus preguntas.

Noticias repetidas, programa canadiense de humor

Tampoco el Gobierno murciano se queja del desempeño de Secuoya en la 7 TV, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Las productoras que han recurrido la concesión alegan que la oferta de la adjudicataria era la que menos horas de servicio pública proponía. Las denuncias presentadas en las consejerías de Economía y Cultura por la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) advierten, además, de que entre abril y septiembre del pasado año, Secuoya ha emitido 857 horas, 27 minutos y 44 segundos de servicio público menos de las comprometidas en el contrato. De ellas, casi el 90% corresponden a programas informativos. Debería emitir 73,5 horas de producción de servicio público a la semana.

También aseguran que los informativos repiten noticias –hasta cuatro veces en un mismo programa– o alargan entrevistas hasta los 20 minutos para prolongar la duración de estos telediarios. Los informativos de medianoche y de primera hora de la mañana se graban el día anterior, para ahorrarse los pluses de nocturnidad que deberían pagarse a los trabajadores si se hicieran en directo. Los informes explican que las horas de redifusión –programas cuya emisión se repite– alcanzan el 40%: “Una media de 11 horas diarias de redifusión”.

La 7 TV, añaden, tampoco emite el número de las retransmisiones deportivas y acontecimientos socio-culturales a que le obliga el contrato de adjudicación. Pero sí programa en horario de servicio público emisiones que no lo son. Por ejemplo, un programa canadiense de humor llamado ACHO y La 7 Motor, que los informes describen como de “publicidad de la industria automovilística”.

De 13TV a Sáenz de Buruaga

Fuentes del consejo de administración del ente comparten las denuncias sobre el incumplimiento de la programación de servicio público y la repetición de noticias en los informativos. Añaden las de “sectarismo” a favor del PP y del Gobierno regional. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, y desde entonces está pendiente el nombramiento del director general del ente público televisivo.

El responsable de la 7 TV es Alejandro Samanes, anterior responsable de 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y su director de informativos es Antonio Peñarrubia, hasta su nombramiento en Murcia asesor del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. De 2011 a 2014 fue consejero de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Comunicación de José María Aznar.

Aunque tampoco su antecesora en la concesión y ahora denunciante, GTM, está exenta de vínculos con el PP, el partido que gobierna Murcia desde 1995. Detrás de la productora figuran algunas de las principales empresas de la región, desde Embutidos El Pozo hasta la constructora Terrapilar o Golosinas Vidal. Se hizo con la televisión murciana en 2006: un sustancioso contrato de siete años a cambio de 36 millones de euros anuales. Entonces figuraba como asesor de GTM Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de RTVE con José María Aznar. También figuran entre sus accionistas el grupo Intereconomía.

En la concesión a Secuoya también se mezclan las convulsiones políticas. La salida de Ramón Valcárcel de la presidencia de la región, su sustitución por Alberto Garre y la dimisión del consejero que firmó el contrato con Secuoya, Juan Carlos Ruiz, imputado por el caso Púnica. Fuentes consultadas por este periódico mencionan igualmente la intervención a favor de Secuoya de Vicente Martínez-Pujalte, que fue comisionado de Asuntos Económicos para la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados hasta que Garre, con quien estaba enfrentado, suprimió ese puesto en marzo de 2015, apenas un mes después de que fuera adjudicada a Secuoya la televisión autonómica. La concesión a la productora, aseguran, se decidió en Madrid.

Los problemas de GTM

En 2007 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia llamó a declarar como testigo a Sáenz de Buruaga, tras haber abierto diligencias por un posible delito de prevaricación en el concurso público que adjudicó a GMT la televisión autonómica. La investigación no prosperó. Pero la crisis y los recortes de gasto público fueron reduciendo los importes que el Gobierno murciano le pagaba cada año: 30 millones de euros en 2011, 15 millones para 2012. Ese año se rescindió de forma anticipada el contrato con GTM, que aún cuenta con unas enormes instalaciones –9.000 metros cuadrados de platós– y entonces poseía una plantilla de 264 trabajadores.

Tras cambiar el modelo de gestión, el Ejecutivo murciano licitó la televisión por sólo 12 millones de euros, la tercera parte de lo que le costaba en los tiempos de euforia económica. Secuoya se la quedó con una quita del 10%: 10 millones. Si antes se acusaba a GTM de hacer una televisión demasiado cara, ahora el problema es que Secuoya no alcanza a cumplir las obligaciones del contrato con el presupuesto comprometido.

La batalla por la televisión murciana no es más que un episodio más de la guerra que libran las productoras audiovisuales por el sector de las cadenas autonómicas desde que cambió la ley audiovisual en 2012 y se permitió la privatización, total o parcial, de los entes públicos. Secuoya presta servicios en las televisiones canaria y balear, asturiana, manchega y aragonesa. También en TV-3, TVG y Canal Sur. Tres60 se ha hecho con contratos en la balear IB3, TV Canarias y Aragón TV. Pero los dos botines más deseados, Telemadrid y la valenciana Canal Nou, siguen aún a la espera.

Casos similares y una doble vara de medir. El Partido Popular no resiste la prueba de la hemeroteca en lo que tiene que ver con las incompatibilidades de sus cargos públicos. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos días con el caso que ha afectado al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista a las generales por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. En un gesto inédito para estos episodios, la dirección del PP emitió el pasado día 10 un comunicado informando de la apertura de un expediente disciplinario a ambos. Y las presiones internas a los afectados han dado ya como resultado que Arístegui renuncie al cargo, mientras el futuro de Gómez de la Serna pende de un hilo. No hace ni un año que el embajador en Londres, Federico Trillo, y otro diputado, Vicente Martínez-Pujalte, estuvieron en el punto de mira tras salir a la luz que habían asesorado a una empresa especializada en obra pública. La reacción de Génova fue el silencio; la del Grupo Parlamentario Popular, comprensión. De autocrítica, nada.

Tampoco hubo reproche cuando el pasado abril se descubrió que el diputado por Toledo Agustín Conde había ocultado datos en su declaración de actividades al Congreso de los Diputados. Como Trillo y Martínez-Pujalte, éste parlamentario no fue protagonista de ningún comunicado del partido. Tampoco sus máximos dirigentes salieron a posicionarse a favor de un endurecimiento del régimen de incompatibilidades como sí está ocurriendo ahora. ¿Hay alguna explicación a este cambio de actitud?

En el partido no ocultan que el contexto político explica casi la totalidad de lo que está pasando. Y el contexto político es la inminencia de las elecciones generales y el cara a cara entre Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez. "No nos podemos permitir ningún patinazo", señala un dirigente conservador.

Que en plena campaña electoral se destape, como han hecho el diario El Mundo y la cadena Ser, que Arístegui y De la Serna actuaron como conseguidores de contratos públicos en el exterior para empresas españolas no es, según coinciden las fuentes del PP consultadas, la mejor propaganda para que el partido que aspira a renovar cuatro años más de Gobierno pueda defender su legado en materia de regeneración democrática. De ahí las presiones de las últimas horas para que el número dos por Segovia también se aparte. 

"Los tiempos de la política son diferentes al paso del tiempo en el día a día. Ahora el contexto es diferente, por la proximidad de las elecciones, por el debate de Rajoy con Pedro Sánchez y por la pujanza de nuevos partido que se presentan como renovadores", reconoce un cargo del PP que integra las listas al Congreso por Madrid.

Para entender el giro del PP a la hora de hacer frente a casos similares, infoLibre repasa los elementos fundamentales de cada uno de estos escándalos, así como las reacciones oficiales de los dirigentes conservadores.

1. Abril de 2015: los negocios de Trillo y Pujalte con Collosa

El 23 de abril el diario El País publica que Hacienda había descubierto el pago de 354.560 euros en tres años de una constructora a Federico Trillo mientras este era diputado en el Congreso. La misma información señalaba que el diputado Vicente Martínez-Pujalte había cobrado 75.000 euros de la misma empresa en poco más de un año cuando el ahora embajador en Londres terminó su relación con ella. La firma pagadora era el Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León y especializada en obra pública.

En el caso del exministro de Aznar y exresponsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, la relación con Collosa se había mantenido entre febrero de 2006 y 2008. El canal era Estudio Jurídico Labor, asesoría de la que Trillo tenía el 70% de las acciones. Martínez-Pujalte, por su parte, había cobrado de esta firma entre octubre de 2008 y finales de 2009 a razón de 5.000 euros al mes a través de Sirga XXI, la empresa que por aquellas fechas compartía con Ana Torme, compañera de escaño y de partido.

La información apuntaba a que en ninguno de los dos casos existían documentos que justificasen los cobros, algo ante lo que los protagonistas esgrimieron que el asesoramiento había sido verbal.

Trillo reaccionó a las informaciones a través de un comunicado remitido a la agencia Efe. En este aseguraba que Labor firmó un contrato con Collosa, del que había informado al Congreso en su declaración de bienes, para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa y que todo se ajustaba a la legalidad.

Martínez-Pujalte

respondió apuntando a que no había cometido ninguna irregularidad, que había cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que siempre había practicado el pluriempleo. Además, aseguró que nada de lo publicado violaba su régimen de incompatibilidades.

Además señaló que había presentado sus declaraciones de actividades en la Cámara baja "en tiempo y forma" y que el pleno había aprobado con un 90% de los votos la compatibilidad de su trabajo como economista en el estudio jurídico Sirga XXI, desde el que realizó las asesorías a la constructora.

Ambos afectados recalcaron que no habían tenido ninguna relación con el sector público en la etapa en la que colaboraron con Collosa.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la última semana con Arístegui y De la Serna, sí hubo comprensión y apoyo por parte del partido. 

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a decir que Pujalte había cumplido los "duros" requisitos que había exigido la Cámara baja. Además, apostó por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios. "Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades", aseguró antes de añadir que "es compatible ser diputado con actividades privadas". 

Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo que en España "hay un régimen muy estricto [de incompatibilidades]". "Ser diputado es incompatible con todo, menos llevar su propio patrimonio y dar clases sin cobrar en la Universidad", llegó a decir. No obstante, reconoció que las Cámaras no tenían mecanismos de control para comprobar si todo aquello que sus señorías vuelcan en sus declaraciones de bienes y rentas se ajusta a la verdad.

Este mismo lunes, Posada fue mucho más duro en sus declaraciones para el caso de De la Serna, recomendándole que se aparte de las listas porque "perjudica al PP".

Trillo sigue en su cargo y Pujalte agotó legislatura en el escaño, aunque manifestó su intención de no volver a concurrir en una lista electoral.

2. Abril de 2015: el ¿olvido? de Agustín Conde

El 28 de abril otro diputado del PP, Agustín Conde, protagonizaba un episodio que tenía que ver con la rendición de cuentas de su situación ante el registro de intereses del Congreso. Según informaba la Cadena Ser, este parlamentario de la órbita de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había ocultado a la Cámara que era administrador de una empresa especializada en eficiencia energética llamada Eco-Witt.

Conde no lo pudo negar. Pero no pasó nada. Un día después incluía estos datos en el registro de intereses. En el documento manuscrito presentado por Conde, el diputado señala lo siguiente sobre la modificación: "Se declara, para su incorporación a mi previa declaración de bienes, la incorporación a mi patrimonio de las acciones de Eco-Witt S.L".

La citada información señalaba, además, que el diputado había asesorado al Banco Santander como abogado. Conde señaló que tenía permiso para compaginar su escaño con el ejercicio de la abogacía. Y sobre este particular señaló que no tenía en mente detallar cuáles eran los clientes para los que trabajaba como abogado, entre ellos el Santander, porque la confidencialidad de esta información estaba protegida por el secreto profesional.

El 23 de mayo, la Comisión del Estatuto del Diputado rechazaba investigar las actividades privadas de Pujalte y Conde, al entender que según el Reglamento de la Cámara carece de competencias para analizar si esas actividades se ajustaban o no a la ley.

3. Diciembre de 2015: los negocios de Arístegui y Gómez de la Serna

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

La primera reacción del PP fue la de defenderlos. Pero, a medida que pasaron las horas, los conservadores, incluido el presidente del Gobierno, empezaron a darles la espalda. El cambio claro de estrategia quedó plasmado sobre el papel en un comunicado remitido el 10 de diciembre pasadas las 23 horas: "El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en la prensa en estos días. La apertura del expediente disciplinario no prejuzga la resolución del mismo", podía leerse.

Esta estrategia surtió efecto en el embajador, que presentó su dimisión en la tarde del domingo. Más está resistiendo el número dos del PP por Segovia, pese a las presiones que le llegan desde el Ejecutivo y desde la cúpula de la formación.

Este mismo lunes, el presidente del Congreso sostuvo que la candidatura de De la Serna perjudicaba al partido. "Mi consejo sería que abandonara la candidatura", sostuvo Posada, informa Europa Press.

Además, volvió a mostrarse partidario de que se reforme el Reglamento del Congreso para que la Cámara pueda revisar periódicamente las compatibilidades que se conceden a los diputados para llevar a cabo tareas extraparlamentarias. Durante estos últimos cuatro años no se ha tomado ninguna al respecto. Y, como se ha visto, casos ha habido.

El régimen de incompatibilidades de los parlamentarios se coló este miércoles en la campaña después de que El Mundo y la Cadena Ser publicaran que el diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna y el actual embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, cobraron comisiones millonarias gracias a su labor de lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica. 

La ley electoral establece un régimen estricto de incompatibilidades para diputados y senadores, aunque en la práctica se permite casi todo y el control efectivo brilla por su ausencia. De hecho, la norma decreta la dedicación exclusiva, si bien da la posibilidad a los parlamentarios de solicitar a la Cámara la compatibilidad de sus cargos con otras actividades siempre que no cobren ni un euro de dinero público y que se comprometan a no tener relaciones con la Administración. 

El problema es que el Congreso no comprueba la veracidad de esas declaraciones. Y la ley tampoco establece sanciones en el caso de que se compruebe que los datos no son ciertos. Hay varios ejemplos. Uno es el de Miguel Arias Cañete, que hizo constar durante dos legislaturas que sus empresas no contrataban con la Administración a pesar de que una de ellas funcionaba con concesión administrativa y, además, tenía adjudicados concursos. También los conservadores Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que además no encontró ningún informe que justificara los cobros. 

Sin embargo, ninguno de los seis principales partidos que concurren a las elecciones del próximo 20 de diciembre propone en sus programas medidas concretas para endurecer las incompatibilidades de los diputados, tal y como ha comprobado infoLibre tras analizar sus programas electorales. La mayoría contempla medidas para limitar las puertas giratorias. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan a trabajar para empresas privadas vinculadas al sector en el que operaban hasta entonces.

Partido Popular

Los conservadores no hacen referencia alguna en sus propuestas para el 20-D al actual régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Se limitan a señalar que regularán "la actuación de los lobbies" y pondrán en marcha un registro de lobbies o grupos de interés con el objetivo de "identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades". 

Tras conocerse este miércoles que Gómez de la Serna y Arístegui cobraron comisiones a cambio de adjudicaciones para Elecnor en Argelia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no hizo reproche alguno. "Por lo que he escuchado, lo que ha dicho es absolutamente normal", señaló el jefe del Ejecutivo respecto a las explicaciones de su candidato por Segovia. 

PSOE 

Los socialistas, por su parte, defienden que en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales que están obligados a presentar los parlamentarios se incluyan sus "intereses específicos o sectoriales", así como las actividades desarrolladas ajenas a esa condición. Es decir, el PSOE reclama más transparencia para que no vuelvan a repetirse casos como el del conservador Gómez de la Serna que, según El Mundo, despachó así su declaración de actividades: "Administrador único de la sociedad Scardovi SL, de la que tiene el 51% del capital social. Se trata de una empresa de consultoría". Tras esa escueta declaración se escondía en realidad un entramado por el que cobraba comisiones millonarias gracias a su labor de lobby.

También defienden fijar un período de incompatibilidad de cinco años –ahora es de dos– para los excargos públicos que pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hubiera tenido responsabilidades de regulación o gestión. Con esta medida pretenden "regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las puertas giratorias". Además, proponen establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido sólo cobren un sueldo. 

Ciudadanos 

El partido de Albert Rivera no propone cambios profundos en el sistema de incompatibilidades de los representantes públicos, aunque sí señala que se exigirá que sea "transparente", "riguroso", así como que se cumpla "de manera efectiva".

Para ello, propone un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas. De esta forma se conseguiría que casos como los de Cañete o Martínez-Pujalte –que ocultaron en sus declaraciones que sus empresas tuvieran relaciones con la Administración– queden impunes. 

Podemos 

Mientras, el partido de Pablo Iglesias propone "prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes". Plantea, además, que los grupos de presión que contraten a antiguos miembros del Gobierno estén obligados a informar sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo. Además, defiende dotar de "capacidad inspectora" a las oficinas de registro de conflicto de intereses e incompatibilidades tanto estatal como de las comunidades autónomas. 

Por otro lado, Podemos quiere "extender" y "clarificar" las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez que abandonen sus funciones. Respecto al fenómeno de las puertas giratorias, la formación morada defiende fijar en diez años el tiempo que tiene que pasar para que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de responsabilidad pública. También propone impedir que cualquier ex alto cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado. 

IU

La candidatura Izquierda Unidad-Unidad Popular propone la regulación de incompatibilidades "durante y después del ejercicio de cargos públicos" con el objetivo de "evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos". Más concreto es el programa de IU, que sí prevé una "incompatibilidad radical" para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración en los tres años anteriores. 

Para limitar las puertas giratorias, IU también propone que, tras su cese, los cargos públicos tengan que esperar tres años si quieren ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en los sectores en los que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de sus cargos. Esa limitación de tres años también deberá respetarse en el caso de que esos excargos quieran pasar a trabajar en empresas que hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual. 

UPyD

UPyD, por su parte, propone un nuevo régimen de incompatibilidades "más estricto""más estricto"que, entre otras medidas, contempla la necesaria motivación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos así como de las razones del 'sí' o el 'no'.

Sobre las puertas giratorias, la formación magenta apuesta por un "período de enfriamiento" –del que no detalla extensión– para los representantes públicos y que amplía también a todos los funcionarios del Estado, "durante el cual se extienda la inhabilitación profesional". 

El PP hizo valer este miércoles su mayoría absoluta para rechazar en solitario las peticiones de PSOE e IU-ICV para que la Comisión del Estatuto del Diputado investigara si el portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, se había prevalido de su condición de diputado para cobrar retribuciones periódicas por asesorar verbalmente a una empresa contratada con la administración pública.

Los socialistas e Izquierda Plural solicitaron que la comisión encargada de autorizar las actividades extraparlamentarias de los diputados investigara a Pujalte tras publicarse que tanto él como el ahora embajador de España en Londres, el exministro Federico Trillo, habían cobrado la pasada legislatura por asesorar al Grupo Collosa, una de las empresas beneficiarias de las adjudicaciones de parques eólicos de Castilla y León.

El propio Pujalte reconoció públicamente que había cobrado de esta empresa y subrayó que lo había declarado a Hacienda y que tenía la compatibilidad del Congreso para ejercer como economista. Los mismos argumentos esgrimió, según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en el documento que dirigió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que le permitió hacer alegaciones antes de decidir sobre los escritos de PSOE e IU-ICV.

Unanimidad en el caso de Hernando 

Antes de analizar las peticiones relativas a Pujalte, la Comisión del Estatuto debatió otra registrada por PP para que se investigase si el ahora portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, había incurrido en incompatibilidad al no haber solicitado permiso al Congreso antes de ofrecerse para asesorar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) panameño en 2013, cuando aún no era portavoz.

Hernando alegó por escrito ante la Comisión lo mismo que había dicho públicamente: Que en esa época estaba barajando dejar el escaño para irse a vivir a Panamá –donde vivía su hija– y que lo único que hizo fue sondear al PRD para buscarse una salida laboral en aquel país, pero que, como no cuajó, no tuvo que pedir autorización alguna a la Cámara Baja. El PP también quería saber si Hernando se había pagado sus viajes a Panamá y, por eso, el diputado se ofreció a mostrar las facturas de los mismos para dejar claro que corrieron de su cuenta.

Las explicaciones del portavoz socialista fueron asumidas por los portavoces de todos los grupos, incluido el PP, en la Comisión del Estatuto, que acordó por unanimidad no abrir investigación alguna sobre sus actuaciones, rechazando su propia petición.

Una vez adoptada esta decisión se han tratado las peticiones para investigar si Pujalte había hecho un mal uso de su condición de diputado y, en ese largo debate, los 'populares' han reprochado al resto de grupos que dieran credibilidad a la versión de Hernando pero no a la del portavoz económico del PP.

El empresario le contrató por ser un "diputado formado"

Los representantes de PSOE, Ignacio Sánchez Amor e Izquierda Plural, Ricardo Sixto, insistieron en que no era una cuestión de creer o no a Pujalte, sino de que, en su caso, el propio empresario que contrató sus servicios de asesoramiento ha reconocido que lo hizo por "su condición de diputado informado", habida cuenta de que entonces el conservador no era sólo ponente de los Presupuestos Generales del Estado, sino también portavoz de varias materias económicas.f

En este contexto, propusieron, que la comisión hiciese un plan de trabajo para aclarar este punto y que citase a comparecer tanto a Pujalte como al empresario que requirió sus servicios. Asimismo, insistieron en que el diputado no ha negado haber recibido una retribución periódica por esos trabajos de asesoría que no se hicieron por escrito sino de forma verbal y que fueron para una empresa que tenía adjudicaciones públicas, si bien, el diputado ha alegado que su asesoramiento siempre fue general y no sobre contratos

concretos.

Con todos estos datos, PSOE e IU-ICV defenfieron que se sentaría un grave precedente y se enviaría un mensaje muy negativo de opacidad a la sociedad si el Congreso no aceptase realizar más pesquisas y diera carpetazo sin más a este tema.

Al final se sometió a votación si se archivaban las solicitudes de PSOE e IU-ICV y el PP se quedó solo votando a favor. UPyD se sumó a las tesis de los socialistas e Izquierda Plural, mientras que el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, opó por la abstención, y los nacionalistas de CiU y PNV no votaron.

El señor Rajoy comentó que no le parecía que ello fuera ningún problema ya que era bueno que los diputados, mientras lo son, siguieran pegados “a la calle”, atendiendo sus ocupaciones principales y ese argumento podría parecer razonable. Nada habría que objetar para que un diputado que, por ejemplo, fuera médico siguiera ejerciendo como tal mientras ejerce la actividad de representación política; el problema real son las actividades privadas que se generan a partir de ser político y estar cerca del poder, que es lo se ha puesto de manifiesto en casos como en el de un profesor asociado de la Universidad de Valencia que pasa a convertirse en asesor de una constructora, a razón e 5.000 euros al mes, “por compartir dos cafés y su visión privilegiada de la economía”, con mucho interés por intermediar ante la Sareb en nombres de determinadas inmobiliarias; o en el caso de un exmiembro del Gobierno de España que reconoce haber ingresado 354.560 euros por ejercer como consejero de una constructora especializada en licitación de obra pública, la cual, curiosamente, obtuvo dos licencias de titularidad de parques eólicos en el periodo en que su hermano fue secretario general de Economía de determinada comunidad autónoma afectada.

Las informaciones conocidas estos pasados días, son solo la “punta del iceberg” de los intereses privados que se ejercen desde dentro de la propia sede donde reside la “representación de la soberanía nacional”. Y la realidad puede ser exponencialmente superior, ya que también hemos conocido estos días el caso de otro diputado que, contando con autorización para ejercer la abogacía en un bufete en su ciudad de residencia, cambió la actividad de ese despacho, ubicando en él una empresa de “energías alternativas” y, además, fue contratado por el banco nacional de mayor tamaño para las gestiones de sus impagos por hipotecas, sin comunicar dichas variaciones en su actividad al Congreso.

Los posibles casos de los señores Pujalte, Trillo o Conde son solo indicios de la situación real. Mientras en nuestros representantes públicos abunda un “pluriempleo” demasiado endogámico, en exceso vinculado a su actividad pública, los desempleados en España son 5.444.600, con una tasa de paro del 23,78%. Lo que sucede en los pasillos de nuestro Parlamento no está alineado con lo que los españoles necesitan en la calle, y ese es el reto que se debe superar en esta crisis social, y ética, que está tras sus reales consecuencias económicas.

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

Según recoge la iniciativa socialista [consúltala aquí en PDF] que se debatirá en la segunda semana de mayo –en la próxima no hay pleno–, el Grupo Socialista pide un acuerdo que promueva "las modificaciones normativas necesarias para disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de las Cámarasdedicación exclusiva a sus tareas de representación política". Para ello, insta a impulsar "la ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la ley electoral".

En este sentido, la moción indica que sólo podrán ser susceptibles de compatibilidad "las actividades privadas relativas a la mera administración del patrimonio y la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y las publicaciones derivadas de ellas, así como –siempre que no se perciba remuneración– la pertenencia a órganos directivos o de representación de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la colaboración en actividades docentes, o la participación en conferencias, seminarios y actividades análogas o la colaboración en medios de comunicación".

Para ello, el Grupo Socialista ve necesario ampliar las funciones de la Comisión del Estatuto del Diputado, de manera que pueda comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados.

Más transparencia en los conflictos de intereses

Por otra parte, los socialistas instan al Gobierno a impulsar una regulación "más estricta y transparente" del régimen de prevención de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, "que contemple la publicación periódica de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, cada uno de ellos deberá abstenerse durante su mandato para evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades".

Finalmente, la iniciativa exige el "cumplimiento inmediato" de la Ley de Transparencia, en lo referido a la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.