Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Defensa, Narcís Serra, ha afirmado que autorizó los dispositivos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) "para ocultar los devaneos" de Juan Carlos I cuando era rey. "No me arrepiento", ha asegurado en una entrevista publicada este domingo por el diario El Español y recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre si el CESID alquilaba chalés al monarca para que acudiera con "amantes".

Serra, quien fue titular de Defensa entre 1982 y 1991 y vicepresidente entre 1991 y 1995, ha admitido que esto se llevaba a cabo para que Juan Carlos I desarrollara esos encuentros "dentro de un control", y ha negado que la agencia de inteligencia ayudará al monarca "en tema de negocios".

"Cuando se tienen responsabilidades altas, hay muchas decisiones difíciles y en aquel momento, sobre todo después del 23F, yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey", ha explicado al respecto.

Esta revelación de Serra no es la primera de estas últimas semanas sobre sus años como ministro. Hace justo una semana en una mesa redonda en la sede del PSC para conmemorar los 40 años de la victoria de Felipe González, afirmó que su predecesor y ministro de Defensa de UCD, Alberto Oliart, le alertó de un plan de golpe de Estado para el 27-O de 1982, día de reflexión previo a las elecciones que el PSOE ganó con mayoría absoluta.

"Oliart nos explicó que había un segundo golpe de Estado preparado para el día de reflexión", ha dicho, aunque se pudo frenar. "Si el resultado hubiera sido que ganásemos pero no hubiésemos tenido mayoría absoluta en las cámaras, no hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer", ha añadido.

El exministro de Defensa del primer Gobierno de Felipe González, Narcís Serra, ha revelado que su predecesor y ministro de Defensa de UCD, Alberto Oliart, le alertó de un plan de golpe de Estado para el 27-O de 1982, día de reflexión previo a las elecciones que el PSOE ganó con mayoría absoluta.

En una mesa redonda este domingo en la sede del PSC para conmemorar los 40 años de esa victoria, Serra ha dicho que le citaron en Madrid para reunirse con Oliart y González el 10 de octubre.

Fue entonces cuando decidió dejar la Alcaldía de Barcelona y aceptar el cargo de ministro de Defensa, un nombramiento que había rechazado meses antes. "Oliart nos explicó que había un segundo golpe de Estado preparado para el día de reflexión", ha dicho, aunque se pudo frenar.

"Si el resultado hubiera sido que ganásemos pero no hubiésemos tenido mayoría absoluta en las cámaras, no hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer", ha añadido.

Narcís Serra ha compartido la mesa redonda con el líder del PSC, Salvador Illa, y la histórica diputada del Congreso Teresa Cunillera.

La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de Caixa Cataluña, al exdirector general Adolf Todó, y a los otros 39 acusados por administración desleal y de apropiación indebida por los sueldos de la entidad.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el tribunal considera que "los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida sostenido por las partes acusadoras".

Las acusaciones sostenían que los acusados cometieron estos delitos por los acuerdos aprobados en varios Consejos de Administración de la entidad en los que, en plena crisis económica, con notable reducción de los beneficios, se incrementó el salario de varios de los principales responsables.

La defensa del expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, ha reclamado este martes su absolución en el juicio en la Audiencia de Barcelona porque, dice, los aumentos de salario a directivos en 2010, en pleno contexto de crisis, eran "perfectamente legales" y no causaron un perjuicio económico a la entidad.

El abogado de Serra, Pau Molins, ha defendido, al presentar su informe final ante la Sección Octava de la Audiencia, que los dos acuerdos aprobados por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 en los que se aprobaron incrementos salariales son "irrelevantes desde una perspectiva penal". Molins ha defendido que Narcís Serra "observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja" como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Adolf Todó,—cuyo sueldo fijo se le subió 100.000 euros en 2010— considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa.

En este sentido, ha resaltado que, al fichar a Todó, Serra estaba velando "por el sostenimiento de la entidad" para dar un giro a su política, que en aquel momento adolecía de excesiva dependencia del sector inmobiliario y con alto nivel de morosidad. El abogado de Serra ha destacado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que inyectó cantidades millonarias en la entidad desde 2011, "hizo exactamente lo mismo que hizo Narcís Serra y el consejo en 2010" y mantuvo las subidas salariales. "¿Por qué a Narcís Serra se le acusa por parte de la acusación pública y la Abogacía del Estado, y no a los señores del Frob si hicieron exactamente lo mismo?", se ha preguntado.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó un auto en el que mantiene la imputación contra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por unas operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007, proyectos en los que habrían existido "notables irregularidades", informa Europa Press.

Después de escuchar a toda la antigua cúpula de la entidad en sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decidió seguir investigando a Narcís Serra, José María Loza, Lluis Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Del mismo modo, acordó el sobreseimiento de otros diez exdirectivos: Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz y Josep Molins.

Según el auto del magistrado, entre los años 2000 y 2007 CatalunyaCaixa ejecutó "una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer".

"En la mayoría de casos –añade–, el aval y fiabilidad que se otorgó a las proyecciones supuso cometer las inversiones sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados".

Sin valoraciones independientes

Y es que, según Moreno, "a pesar de la dimensión y el riesgo" de los proyectos, "las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos", mientras que la instrumentalización de las operaciones se realizó "frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la entidad o, de incluirlas, éstas no fueron ejecutadas o fueron insuficientes".

A su juicio, parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse suficientemente" la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea, los notorios conflictos de intereses, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (sin tasaciones independientes), o la adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas, entre otros aspectos.

Aunque el juez recuerda que la Fiscalía Anticorrupción cree que pudieron convivir "posibles conflictos de interés" en 17 de 32 de los proyectos inmobiliarios denunciados, el magistrado centra sus sospechas en una decena de proyectos acometidos por dos de las sociedades creadas para la consecución de las operaciones inmobiliarias: Torca Procam Polska y Vertix Procam (Landomus).

Pero mientras Moreno mantiene la imputación contra Serra y otros cuatro exdirectivos, archiva de manera provisional la causa para otros diez investigados por no quedar debidamente justificada su participación en los hechos denunciados.

Archivo en los acuerdos de separación de socios

Por otro lado, el magistrado decidió archivar la causa respecto de todos los investigados en lo que se refiere a los acuerdos de separación de socios efectuados en los años 2008 y 2013 puesto que, tal y como sostiene la Fiscalía, "no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron las decisiones de separación de socios ni en ejecución de tales actos".

Además, a su juicio, no existen elementos suficientes para entender que los administradores de CatalunyaCaixa "actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad, ni de que se obtuviera beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo penal".

En cualquier caso, señala Moreno, los hechos estarían prescritos, al no ser apreciable la existencia de continuidad delictiva entre ellos, sin que "incluso se llegue a considerar suficientemente justificada la perpetración del delito en cada uno de los actos de separación de socios y proceda su sobreseimiento provisional para todos los investigados que formaron parte de los órganos de decisión a partir del año 2008 y aprobaron tales operaciones".

El que fuera presidente de Caixa Catalunya entre 2005 y 2010 y exministro socialista, Narcís Serra, ha reconocido este miércoles en el Congreso que la estructura inmobiliaria de la caja, Procam, alimentó la burbuja inmobiliaria y que conocían el riesgo que suponía en caso de dificultades económicas.

Durante su intervención ante la comisión que investiga la crisis económica, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Serra ha reconocido que la propia estructura de Procam "tendía a la burbuja", ya que concertaba alianzas con diferentes promotores inmobiliarios por todo el país.

"A primera vista era muy inteligente, porque con cuatro o cinco empleados de control se manejaba una pirámide amplia. Ya les digo que era la cuarta inmobiliaria de España. ¿Qué no se hizo bien? Construir una estructura desmesurada respecto a las posibilidades de las cajas, y sobre todo encerraba un peligro enorme en caso de que se produjera una crisis económica", ha aseverado.

En todo caso, Serra ha asegurado ante los diputados que propuso "desmantelar" esta estructura en 2006, incluso sin tener en cuenta la idea de que se pudiera avecinar una crisis económica, pues cree que "el mecanismo no era bueno". "Varios elementos, como el coste de obtención de los fondos necesarios para la expansión o la estructura del instrumento inmobiliario eran insostenibles a medio plazo", ha dicho.

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y los exdirectivos Adolf Todó y José María Loza han declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el Banco de España estaba al tanto de todas las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo la entidad, que acabaron provocando un agujero de 720 millones de euros, porque estaban consensuadas con él, informa Europa Press.

Según han informado fuentes presentes en la declaración, Serra, Todó y Loza, todos ellos imputados en la causa que investiga Moreno sobre las operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares que la caja realizó entre los años 2000 y 2013, han asegurado que el Banco de España era conocedor tanto en las operativas entre 2001 y 2007 como a partir de 2008, cuando cambió el modelo y se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Serra, Loza, Todó y otros 12 exdirectivos de CatalunyaCaixa por un presunto delito continuado de administración desleal por haber llevado a cabo "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" en España, Polonia y Portugal a través de una filial y principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

La denuncia por las "notables irregularidades" en la gestión de la caja se formalizó tras las irregularidades detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que en la mayoría de los casos se acometieron las operaciones "confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados".

"Total falta de preparación"

Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés y la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.

Sin embargo, tanto Serra como Todó y Loza han indicado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que el proceso para aprobar las operaciones cumplió la normativa interna y que los socios eran fiables.

Para ellos, la prueba de esto es que llevaron a cabo unas "600 ó 700" operaciones inmobiliarias que sí salieron bien, según las fuentes consultadas. De hecho, han remarcado que nadie podía esperar el desplome posterior a 2008, ya que en aquel año todavía se hablaba de "brotes verdes".

Además, los tres exdirectivos se han quitado también la responsabilidad explicando que el agujero económico tuvo que ver con el poco valor por el que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) compró los activos inmobiliarios de la entidad.

Al salir de la Audiencia Nacional tras declarar algo más de una hora ante el magistrado, Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa en los gobiernos de Felipe González, ha dicho a los medios de comunicación que se siente "tranquilo" después de dar su versión. "He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien", ha afirmado.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 20 de febrero al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra por el agujero de 720 millones de eurosagujero en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por la entidad bancaria, informa Europa Press.

Ese mismo día, y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también llama a comparecer como investigados a los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.

Al día siguiente, 21 de febrero, están citados otros exdirectivos de la entidad: Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22, acudirán a la Audiencia Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz; mientras que el día 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la imputación de los 15 investigados, la caja catalana realizó entre 2000 y 2007 "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

El Ministerio Público denunciaba por "notables irregularidades" en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constataba que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.

"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destacaba.

La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, el cual consideraba que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.

La caja, a través de sus órganos de gobierno —consejo de administración o comisión ejecutiva—, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.

En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.

En cuanto a la actuación concreta de los exdirectivos, incluido el que fuera exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, el Ministerio Público concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".

Con este criterio, añade la Fiscalía, el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).

El juez decretó la apertura del juicio oral contra el expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y otros 40 acusados por los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de crisis económica, informa Europa Press.

En un auto de este lunes recogido por ña agencia, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona exige que los 41 acusados, conjuntamente, paguen una fianza de 2.568.000 euros por el supuesto fraude al Fondo de Restauración Ordenaria Bancaria y de 7.000.000 a Caixa Catalunya, ambos por posibles responsabilidades civiles.

El juzgado también reclamó que, además, el que era director general de la entidad, Adolf Todó, abone otra fianza de 808.563 euros: "De no verificarlo, procédase al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las referidas cantidades", añade el auto.

La Fiscalía ha pedido este lunes cuatro años de cárcel para el expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y para el que era director de la entidad, Adolf Todó, por dos presuntos delitos de administración desleal en el caso de los sueldos desorbitados.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Fernando Maldonado también ha acusado a otras 39 personas por estos sueldos que se concedieron a consejeros de la entidad en plena crisis económica, cuando ésta estaba recibiendo fondos del FROB, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros.

Les acusa de "un reprochable" manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos.

Pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de Caixa Catalunya, los sueldos de Adolf Todó y Jaume Massana –director general adjunto entonces– "no dejaron de subir" durante 2009, 2010 y 2011.

Adolf Todó

Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una retribución fija anual de 600.000 euros –que luego incluso se aumentó– a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.

Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores.

Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos doce meses.

En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 –sumando las retribuciones fijas y las variables– a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

En el caso de Massana, se establecieron las mismas cláusulas de prejubilación que a Todó y se le fija un sueldo anual de 371.000 euros su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos.

Massana cobró entre 2008 y 2012 un total de 2.895.922 euros (entre retribuciones fijas y variables) a lo que, como en el caso de Todó, también hay que añadir lo que se aportaba al plan de pensiones.

Narcís Serra

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A Serra, además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y el consejo de administración –que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año–, a partir de 2007 se le asignó un sueldo a mayores de 175.000 euros anuales.

La Fiscalía también alude a "las escandalosas y millonarias indemnizaciones" percibidas por otros miembros del consejo de administración en el marco de la irresponsable política de retribuciones –en palabras del Ministerio Público–, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya.

Concretamente, la Fiscalía acusa a Serra, Todó y a otros 15 exconsejeros a cuatro años de cárcel por dos supuestos delitos de administración desleal, mientras que a los otros 24 les acusa solamente de uno de estos delitos, con lo que solicita para ellos dos años de prisión.

También reclama –en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que ha investigado la causa– que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) un total de 2.569.000 euros por el perjuicio causado a Caixa Catalunya.

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra por un presunto agujero de 720 millones de euros de Catalunya Caixa, que presidió el número dos de Felipe González entre los años 2005 y 2010, según la noticia adelantada por El Periódico de Catalunya.

El diario asegura, en concreto, que el Ministerio Público ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional (consulte aquí el documento) contra el expresidente de Catalunya Caixa y otros 14 ex altos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007.

Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque la denuncia la ha interpuesta el fiscal Fernando Maldonado, que en la misma sostiene que durante ese periodo la caja de ahorros "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" través de su filial Procam. Las inversiones no sólo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

"Falta de preparación"

El rotativo catalán explica que la Fiscalía resalta "la total falta de preparación técnica de la mayor parte" de los miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa para la aprobación de "cualquiera de las propuestas" que les plantease el director general. Igualmente, se ha constatado que el expediente que se entregaba a los consejeros contenía una mínima información del proyecto y solo podía ser consultado en la misma sesión de la votación. "No extraña que nunca se realizaron auténticas votaciones y que todos los proyectos se aprobaran por asentimiento", indica.

La "ausencia de un auténtico control" provocaban que Narcís Serra, el director general, José María Loza y Adolf Tod, su adjunto, eran quienes "realmente" decidían en la caja, sin que sus decisiones "jamás" fueran puestas en entredicho.

Pero este no es el único problema judicial de Serra, ya que será juzgado por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC), que ejerce de acusación particular en el caso de los sueldos desproporcionados de Catalunya Caixa, ha pedido diez años de prisión para el exdirector de Catalunya Caixa Adolf Todó y cuatro para el que era presidente Narcís Serra.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, atribuyen a Todó un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, por lo que le piden más pena, y al exministro Narcís Serra y otros 40 consejeros les acusan solamente del delito administración desleal.

Consideran que dos acuerdos de los Consejos de Administración de Catalunya Caixa de 19 de enero de 2010 y de 13 de octubre de ese año en los que se aprobaron incrementos salariales del comité de dirección "perjudicaron enormemente a la entidad".

Afirman que con estas retribuciones la entidad contrajo obligaciones "que contribuyeron a la crisis financiera" que sufrió y que le llevó a la aplicación de un expediente de regulación de empleo en el que se destruyeron 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas.

Concretamente, en el primer acuerdo se decidió que el salario de Todó pasara de 700.486,26 euros a 800.481 anuales, y que el del exdirector general adjunto Jaume Massana alcanzara casi los 600.000, y en el siguiente se les volvió a subir el sueldo hasta los 812.501 en el caso del primero y los 610.201 en el del segundo.

Además de los incrementos salariales, en los consejos de administración se aprobaron sendas pólizas de seguros sobre la pensión del equipo directivo, haciendo aportaciones entre 2008 y 2011 de cuatro millones en el caso de Todó y de un millón para Massana.

La acusación, en su escrito, recuerda que estas decisiones se tomaron cuando la entidad ya había solicitado "la inyección de dinero público" por parte del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob).

Consideran que los acusados usaron los fondos de la entidad "despilfarrándolos", y que eran fondos públicos que se usaron a su entender en beneficio de los consejeros y de altos directivos y en grave prejuicio de la misma.

"Situación dramática"

"La situación en que los gestores han dejado a Catalunya Caixa no puede ser más dramática", afirman, con la pérdida de empleos y el cierre de oficinas, llevando a la entidad a un quebranto económico cuantificable como consecuencia de la nefasta gestión de sus directivos.

Definitivamente, insisten, "los gestores no han sabido dirigir la entidad y la han llevado a la situación en la que está a sabiendas de que lo que hacían la abocaba al desastre".

Además de las penas de prisión, piden que Todó indemnice a la entidad con más de 800.000 euros y a éste y el resto de consejeros imputados una indemnización de 5,1 millones de forma solidaria por las aportaciones realizadas a las pólizas.

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona conocida este martes de confirmar el procesamiento del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra por percibir retribuciones exageradas sitúa al que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 como el segundo vicepresidente del Gobierno de la democracia, tras Rodrigo Rato, al que se le va a juzgar por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Serra y al resto de exdirectivos de Caixa Catalunya de haber cometido el delito de administración desleal, mientras que la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) añade el delito de apropiación indebida para Todó, que afronta una posible pena de diez años de cárcel. La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, reclamará cuatro años de prisión para Serra.

Rodrigo Rato está siendo enjuiciado por gastar 99.084 euros con su tarjeta blackblack de Caja Madrid, pero también por ser el responsable de mantener de forma irregular las Visa tras la creación de Bankia. Y todo ello al margen de los órganos de Gobierno de la entidad financiera que presidió hasta que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de euros.

En el caso de las tarjetas black, tanto Rato como Miguel Blesa y otros 63 exdirectivos y exconsejeros están siendo enjuiciados como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito, que también está personada como acusación en el caso de Narcís Serra, reclama diez años de cárcel para Rato y Blesa.

Retribuciones "desproporcionadas"

La Audiencia barcelonesa ha acordado enviar al banquillo a Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y a otros 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por sus subidas de sueldos, rechazando un total de 11 recursos de las defensas. Según la Fiscalía Anticorrupción, en Caixa Catalunya existieron retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", especificó en su denuncia el fiscal Fernando Maldonado Clavero.

En concreto, Serra percibió en siete años 1,2 millones, destacando los ejercicios 2008 y 2009, en los que percibió 260.440 euros en cada uno. Estos ingresos, que incluían retribuciones y dietas, eran muy superiores a los cobrados en 2004, que fueron de 24.801 euros.

Por eso, Anticorrupción asegura que Serra y el resto de directivos actuaron con "evidente abuso del cargo", ya que utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, "en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

Extenso relato

En el auto de la Sección 21, adelantado por Europa Press, los magistrados rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.

Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados, permitiendo "incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".

La Audiencia de Barcelona considera, además, que en el momento en el Serra y los otros directivos se aprobaron las subidas de sueldos la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

"Espúreo manejo de fondos"

"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.

Según Anticorrupción, esta forma de actuar de los exejecutivos de Caixa Catalunya "denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".

900 millones de pérdidas

El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.

El fiscal, Fernando Maldonado Clavero, también investiga a Serra y a otros exdirectivos de Caixa Catalunya tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (Frob) en el marco de una investigación por pérdidas de 900 millones900 millones generadas a través de operaciones hipotecarias.

Según el diario El Mundo, el también exministro de Defensa declaró ante la Guardia Civil el 22 de enero pasado en relación a 16 operaciones financieras presuntamente delictivas.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado llevar a juicio al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y más de 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por los sueldos supuestamente desproporcionados, rechazando un total de 11 recursos de las defensas.

En el auto de la Sección 21, al que ha tenido acceso Europa Press, se rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.

Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados "con aparente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad, aprobando incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".

Así, considera que en aquel momento la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de euros de ayuda del Fondo de reestructuración bancaria (Frob).

"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.

En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales". El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad en 2010 recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.

El exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra seguirá siendo consejero de Telefónica Brasil hasta 2019, según ha informado la Securities Exchange Commission (SEC).

Su renovación, que ha adelantado este lunes El Mundo, se ha producido con el voto unánime de los accionistas durante la última junta, en la que se ha dado el respaldo a otros 11 consejeros.

Otros de los consejeros españoles que han contado con el voto de los accionistas son Ángel Vilá, Francisco Javier de Paz, Francisco Javier Bastida y Ramiro Sánchez de Lerín.

Serra, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Felipe González y antes alcalde de Barcelona, forma parte de la filial brasileña de Telefónica desde 2005, y también es presidente del consejo de Telefónica en Chile. Fue presidente de Caixa Catalunya entre 2005 y 2010. En 2013 fue denunciado por la fiscalía, él y otros directivos y consejeros de la caja luego nacionalizada, por haberse puesto sueldos desproporcionados, "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".