El pasado 21 de mayo fue constituido el Congreso de los Diputados Congreso de los Diputadosde la XIII Legislatura. A día de hoy todavía no se han formado las comisiones, por lo que no puede decirse que la Cámara Baja –lo mismo es aplicable al Senado– funcione a pleno rendimiento. Pero los grupos parlamentarios sí han comenzado ya a presentar proposiciones de ley y no de ley. También, preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito. Es la forma que tienen los partidos de intentar marcar el discurso, mientras el presidente del Gobierno tantea a sus posibles socios con la vista puesta en una sesión de investidura que casi todas las fuentes ubican en las primeras semanas de julio.

Desde el mismo día 21 de mayo hasta este viernes, la Mesa del Congreso ha calificado 15 proposiciones de ley de los grupos y cinco proposiciones no de ley. Son las proposiciones de ley las que tienen efectos reales si llegan a Pleno y se aprueban. Las proposiciones no de ley, aunque se aprueben, no tienen efectos vinculantes, sino políticos. Nada ocurre, pues, si, aprobada una proposición no de ley en el Pleno , la Cámara no da los pasos necesarios para que sea una realidad.

A vueltas con el indulto

El Grupo Parlamentario Popular es el que lidera la presentación de proposiciones de ley y proposiciones no de ley en lo que va de legislatura: siete y dos, respectivamente.

En plena pelea con Ciudadanos por el liderazgo del bloque de la derecha, el partido de Pablo Casado quiere que el Pleno del Congreso debata sobre la modificación de la ley del indulto, para que éste no se pueda aplicar a los condenados por rebelión. No pasa inadvertido el contexto en el que recuperaron esta iniciativa de la campaña y de los últimos meses de la legislatura anterior: el juicio del procés, que la semana pasada quedó visto para sentencia.

Otras iniciativas del PP son la proposición de ley de modificación de la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias especiales. O la que propone incluir un apartado en in real decreto de 2014 para "fomentar la Formación Profesional Dual". Se trata de una bandera tradicional de los conservadores que no es una realidad pese a que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015.

También hay iniciativas de los conservadores en materia de supresión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y de supresión o limitación de la "financiación estatal de partidos políticos".

Bandera electoral del equipo de Casado en campaña fue la lucha contra la ocupación ilegal y, en consonancia con ello, el registro del Congreso ya cuenta con una proposición no de ley contra la ocupación ilegal y "para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios".

La proposición de ley más reciente del PP, calificada por la Mesa este mismo jueves, es una reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El PNV: control del Gobierno en funciones

El siguiente grupo en número de iniciativas es el del PNV con cinco. La formación nacionalista reclama la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, la de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, la del Código Penal y la de Secretos Oficiales. También quiere el PNV que el Congreso debate sobre el control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno, incluido el Gobierno en funciones.

Como el resto de partidos, el PNV retoma iniciativas que, en la pasada legislatura decayeron con la disolución de las Cortes. Así, el 21 de marzo de 2018, el Pleno de la Cámara Baja ya había aprobado iniciar la tramitación de esta proposición sobre el control del Gobierno en funciones, un asunto de máxima actualidad ahora si se tiene en cuenta que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez está en funciones.

El texto propuesto por el PNV tiene como objetivo someter al Gobierno al control político de las Cortes Generales en todos sus actos y omisiones: que "todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, están sometidos al control político de las Cortes Generales".

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley integral de protección y apoyo a las familias y Vox otra sobre la protección de los denunciantes de corrupción.

Protección de los alertadores

Completa el listado de proposiciones de ley ya calificadas por la Mesa la presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví (Grupo Mixto) de protección integral de los alertadores. 

Esta iniciativa puede convertir a España en el primer país que traslade a su legislación la directiva europea que protege a los alertadores, ciudadanos que revelan información sobre posibles irregularidades o delitos cometidos en sus empresas o en las administraciones  que perjudiquen el interés general.

El texto obliga a empresas y administraciones a abrir canales internos de alerta y establece sanciones de hasta 300.000 para quien imponga represalias a los filtradores o vulnere su anonimato.

Proposiciones no de ley

Las proposiciones no de ley (PNL) las copan los Grupos Parlamentarios Popular y de Unidas Podemos, con dos iniciativas cada uno.

Las dos de la formación liderada por Pablo Iglesias tienen que ver con la industria. La primera, con la reforma "del sistema de interrumpibilidad y ayudas". Se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La segunda es sobre las medidas "pare evitar el desmantelamiento industrial" en España.

El PP, por su parte, aboga por desarrollar un programa nacional de ayudas a las familias con personas en situación de dependencia. Y con la implantación de una prueba única en todo el territorio español de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad.

La PNL de Ciudadanos es muy similar en el fin que pretende a la de los conservadores: demandan la "armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas de EBAU".

¿Qué ocurrió la XII Legislatura?

La XII Legislatura arrancó el 19 de julio de 2016. En el primer mes, la Mesa del Congreso de los Diputados calificó 18 proposiciones de ley y 89 PNL.

Como ocurre ahora, el principal partido de la oposición, ahora el PP y antes el PSOE, es el que lidera el listado de proposiciones de ley calificadas por el órgano de gobierno de la Cámara: doce. A los socialistas les seguía Esquerra Republicana de Catalunya, con cuatro, y Ciudadanos y el Grupo Mixto, con una iniciativa cada uno.

Los socialistas estaban interesados en reformar el tratamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en el Código Penal, en modificar la ley relativa a la Justicia Universal, en la supresión de las tasas judiciales y en la despenalización del derecho de huelga.

Del primer mes son también iniciativas que después a avanzarían como la de “recuperar la independencia de la Corporación de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. O la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

ERC coincidía con el PSOE en la reforma de la ley de Justicia Universal. Y además, planteó iniciativas legislativas para la “despenalización del derecho de huelga”, la reforma de la ley de contratos del sector público para controlar la morosidad de la grandes empresas contratistas adjudicatarias de obra pública con las Pymes suministradoras y subcontratistas.

La proposición de ley de Cs tenía que ver con medidas urgentes para el fomento del autoconsumo eléctrico. Quedó en nada. Caducó con el fin de la legislatura. Lo mismo ocurrió con una del Grupo Mixto para reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

89 PNL

En el mismo periodo, los grupos parlamentarios registraron 89 proposiciones no de ley. El grueso de ellas no llegaron ni a debatirse en Pleno y caducaron el pasado mes de marzo, cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para la convocatoria electoral.

Como ocurre en el caso de las proposiciones de ley, el Partido Socialista es la formación que más PNL tenía calificadas por la Mesa un mes después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura: 34 iniciativas. Le seguía ERC con 27, el Mixto con 14, Podemos con 12 y Ciudadanos con dos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado por la vía extraordinaria de los decretos leyes lo que no ha conseguido por la vía legislativa ordinaria. Y, paradójicamente, PP y Ciudadanos, dos formaciones que se han dedicado a bloquear de forma casi sistemática en la Mesa del Congreso las iniciativas del PSOE, no se han comportado igual en la tramitación parlamentaria de los decretos.

Los números son contundentes. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el pasado junio hasta este jueves, cuando se celebró el último Pleno de la XII Legislatura, el Ejecutivo ha remitido a la Cámara Baja, para su convalidación, 29 decretos leyes. El PP dio el 'sí' a 15 de estas iniciativas (el 51,7% del total), se abstuvieron en ocho ocasiones y votaron en contra en seis. Por su parte, Ciudadanos votó a favor 17 veces (58,6% del total), cuatro en contra y se abstuvo ocho.

La Constitución reserva los decretos leyes a casos "de extraordinaria y urgente necesidad". "No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general", refleja la Carta Magna. De los 29 que el Gobierno de Sánchez ha trasladado al Congreso en ocho meses, 28 fueron convalidados.

Casado: "Algo propio de las repúblicas bananeras""Algo propio de las repúblicas bananeras"

Si nos atenemos a lo que dicen ahora tanto desde el PP como Ciudadanos, el Gobierno va a tener más complicado a partir de ahora –las Cámaras se disuelven el próximo martes, 5 de marzo– lograr el apoyo de los partidos de derecha para los decretos leyes que quiere sacar adelante hasta el día de las elecciones.

El presidente del PP, Pablo Casado, asegura que el hecho de que el Gobierno vaya a recurrir a esta herramienta parlamentaria en las próximas semanas es una forma de "instrumentalizar" las instituciones, tirando de gasto y de déficit, "financiando su propia campaña electoral". Es "algo propio de las repúblicas bananeras", resumió este viernes desde Palma. "Es tremendamente demagógico y va contra la neutralidad institucional", añadió.

Por su parte, la dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, también ha criticado estos días que Sánchez pretenda seguir aprobando decretos leyes incluso después de que se disuelvan las Cortes. Es "hacer campaña electoral" con el Boletín Oficial del Estado (BOE), consideró.

A partir del martes que viene, la convalidación parlamentaria de las iniciativas que partan del Consejo de Ministros queda en manos de la Diputación Permanente.Diputación Permanente Desde la disolución de las Cámaras hasta su constitución y la toma de posesión de los diputados electos este órgano desempeña la función de sustituto del Pleno para que determinadas funciones no queden desatendidas.

El artículo 86 de la Constitución marca que los decretos leyes, una vez salidos del Consejo de Ministros, deberán ser "inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación". En ese plazo, la Cámara Baja debe convalidar o derogar la iniciativa del Ejecutivo. Es, por ejemplo, el camino que tendrán que recorrer dos de los reales decretos que recibieron este viernes luz verde en el Consejo de Ministros: el de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación y el de vivienda, que viene a sustituir al que no fue convalidado en el Congreso por el voto en contra de Unidos Podemos.Unidos Podemos y PNV: los más fieles

Pese al castigo inicial del partido morado al Gobierno en lo que se refiere al decreto de vivienda, Pedro Sánchez ha tenido en Unidos Podemos a un socio muy fiel en el campo de los decretos leyes. Sólo voto en contra de otro real decreto más, el de transpoción de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Aquella iniciativa salió adelante con los votos del Grupo Socialista, el Popular, Ciudadanos, PNV y la abstención de ERC. Además, Unidos Podemos se abstuvo en otros tres decretos. En los 24 restantes votó a favor de la iniciativa del Gobierno socialista.

Por su parte, los nacionalistas vascos también le han puesto las cosas fáciles al Gobierno socialista en esta materia: 25 votaciones a favor, tres abstenciones y un voto en contra. El PNV dijo 'no' al real decreto ley de seguridad de las redes y sistemas de información. Lo mismo hicieron los diputados de ERC y siete diputados del Grupo Mixto.

Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, apoyó un total de 22 decretos leyes, votó en contra de dos y se abstuvo en cinco votaciones. Además de votar en contra del real decreto ley de seguridad de las redes y sistemas de información, dio la espalda al de vivienda.

Unanimidad en dos iniciativas

El Gobierno de Sánchez consiguió el voto a favor de todos los diputados presentes en el hemiciclo en dos de las convalidaciones de decretos leyes. Fue el 21 de febrero, en el real decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Y el pasado día 28, cuando el Congreso dio un 'sí' completo al real decreto ley de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

La última iniciativa de este tipo convalidada antes de la disolución de las Cortes es la relacionada con el Régimen Especial de las Illes Balears. Votaron a favor 306 parlamentarios y hubo 32 abstenciones, las de 31 diputados de Ciudadanos y la de la parlamentaria de Coalición Canaria Ana Oramas, integrada en el Grupo Mixto. Acababa el Ejecutivo mejor de lo que había empezado. El primer decreto ley que trasladó a la Cámara Baja para su convalidación fue el concretaba el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y su presidente. Los diputados del PP y de Ciudadanos votaron en contra.

A favor en el Gobierno; en contra en la oposición

PP y PSOE han criticado el uso excesivo del decreto-ley desde la oposición, pero no han dejado de usarlo tras llegar al Gobierno. El récord en cifras absolutas lo tiene José María Aznar, que aprobó 85 en su primera legislatura, seguido de Mariano Rajoy, que llegó a 76 en su primer mandato. Rajoy sumó un real decreto más durante la breve XI Legislatura y 30 en la XII Legislatura, hasta la moción de Pedro Sánchez.

En términos relativos, no obstante, será el Gobierno socialista de Sánchez quien más uso haya hecho de los decretos leyes, al aprobar más de 30 en menos de un año de Gobierno.

El Partido Popular y el Partido Socialista tienen en Ciudadanos a un rival electoral que, según algunas de las últimas encuestas publicadas, puede llegar a ser primera fuerza en un escenario de elecciones generales. Un ascenso que, a ojos de las fuentes consultadas por infoLibre en ambas formaciones, mucho tiene que ver con lo ocurrido en las autonómicas en Cataluña, una cita en la que el partido naranja fue el más votado, aunque sin capacidad para articular una mayoría alternativa a los soberanistas. En este contexto, los dos partidos consideran que Albert Rivera es el principal interesado en una convocatoria de elecciones generales anticipadas. Socialistas y conservadores coinciden en que cuanto más tiempo transcurra desde el 21D, más riesgo corren en Cs de que sus opciones se desinflen.

En el partido presidido por Mariano Rajoy consideran que muchas de las actuaciones de Ciudadanos en las últimas semanas no se entenderían si no es porque pretenden "tensar la cuerda" para acortar la duración de la legislatura. La principal, destacan, es su negativa a apoyar al Partido Popular para que saque adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

El partido naranja sostiene que Rajoy no tendrá el respaldo de sus 32 escaños para las cuentas públicas si antes no presenta su dimisión la senadora Pilar Barreiro, investigada en el marco de la operación Púnica.

"Rajoy está dispuesto a aguantar todo lo que pueda", valora un diputado del PP, que sostiene que esto ya ha quedado muy claro con la advertencia del presidente del Gobierno de que, aunque no salgan los presupuestos adelante, la legislatura no está en riesgo.

¿Están en riesgo los Presupuestos?

Este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, exigió a Rajoy que cumpla con la obligación constitucional de presentar las cuentas, algo a lo que el presidente respondió que su "intención" es hacerlo a finales de marzo para que puedan recibir luz verde del Congreso de los Diputados a finales de junio. Serían los mismos plazos que se dieron el año pasado, cuando salieron adelante con los votos del PP, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Pero también tuvo que responder el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al diputado de Cs José Manuel Villegas. "Señor Montoro, usted y otros miembros de su Gobierno han hecho declaraciones en el sentido de que están dispuestos a gobernar dos, tres y hasta ciento cincuenta años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en este país. Nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud de resignación que tienen", se quejaba.

Mientras, el titular de Hacienda hurgaba en la herida del cambio de postura del partido de Rivera. "¿Quiere usted explicar a la Cámara qué es lo que ha hecho que a partir de enero sea Ciudadanos el que ponga más reparos de los que ya teníamos establecidos conjuntamente en el mes de octubre para llevar adelante los presupuestos? Porque, si lo tiene a bien, yo, por supuesto, tomaré buena nota y trataré de superarlo", sostuvo.

"Retratarse" en los pactos posteriores a las autonómicas

Los dirigentes de PP y PSOE consultados tienen claro que en ese cambio de postura de Cs tienen mucho que ver los resultados de las elecciones del 21D en Cataluña. Coinciden en señalar que las autonómicas y municipales son una prueba de fuego para todos los partidos por lo que hay en juego. Pero, destacan, "sobre todo" para Ciudadanos.

No sólo será, dicen, el termómetro para que Albert Rivera mida si lo ocurrido en Cataluña es extrapolable al resto de España –posibilidad que niega Mariano Rajoy–, sino un momento delicado para Ciudadanos porque tendrá que "retratarse", "pronunciarse sobre los pactos".

"Ahí ya no valdrán medias tintas ni bandazos. El panorama no apunta a grandes mayorías absolutas y Cs sabe que, en muchos casos, hará oscilar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y eso tiene sus riesgos", señala un diputado. La misma fuente concluye que "a nadie se le escapa que los electores tendrán en cuenta el comportamiento con los pactos para votar después en las generales".

Con el objetivo de minimizar este impacto, consideran los conservadores, Cs se ha aliado con Podemos para proponer una reforma de la ley electoral que consideran "destroza" la representación de la España interior despoblada. El PP rechaza esta iniciativa y sólo está dispuesto a hablar, de momento, de los trámites necesarios para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.

La implantación de Cs en comunidades y ayuntamientos

También los socialistas comparten las mismas reflexiones que el partido de Rajoy. Apuntan al desgaste consecuencia de los pactos. Y meten en la coctelera otro elemento: el escenario de unas elecciones municipales y autonómicas como paso previo a unas generales no favorece, sobre el papel, a Rivera. Porque la implantación de Ciudadanos a esos niveles es menor. Mientras que PP y PSOE tienen capacidad para presentar candidaturas en casi todos los municipios españoles, en el caso de Cs es improbable que eso suceda. Y, salvo un vuelco electoral histórico, parece lógico pensar que el PP quedará por delante de Cs en muchas comunidades autónomas. O eso creen al menos en la dirección de Pedro Sánchez. 

En todo caso, pese a estar convencidos de que a Cs le conviene un adelanto electoral, en el entorno de Sánchez consideran que Rajoy "va a resistir todo lo que pueda" y que el aviso de que está dispuesto a seguir en la Moncloa aunque no logre aprobar los Presupuestos para 2018 va en serio. 

El Congreso de los Diputados celebra esta semana el primer pleno del nuevo periodo de sesiones tras el parón por las vacaciones de Navidad. Junto a la sesión plenaria, que arranca el martes, el miércoles se producirá la primera sesión de control al Gobierno del año. Más allá de las cuestiones concretas con las que se inaugura este nuevo tramo parlamentario de la XII Legislatura –el real decreto por el que actualizan los valores catastrales para 2018 o la convalidación de un real decreto que adecua el Derecho español a la legislación europea en materia de mercados financieros, entre otras–, los partidos tienen puesto el foco en una serie de iniciativas de las que pretenden hacer el eje de sus respectivas acciones políticas.

Estas medidas, muchas de ellas en fase de enmiendas o ponencia, intentarán hacerse un hueco en un debate que se espera dominado, al menos en las próximas semanas, por la situación en Cataluña después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, dejase en suspenso el pleno con el que la Cámara catalana pretendía investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. La evolución de lo que ocurra en Cataluña, y así lo reconocen el grueso de los partidos políticos, es clave para que se desatasquen otras cuestiones relevantes. Es el caso de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 –en la actualidad están prorrogados los de 2017– y de un nuevo modelo de financiación autonómica.

A continuación, infoLibre repasa las prioridades legislativas que se ha marcado los cuatro principales partidos para los próximos meses.

  Partido Popular

El partido del Gobierno llega este martes el Congreso con la crisis con Cataluña sin resolver, con la asignatura pendiente de los Presupuestos Generales del Estado y sin avances significativos en la negociación de la reforma del nuevo sistema de financiación autonómica. También con el temor de que esta compleja agenda política se vea afectada por otra agenda: la de los tribunales. Los conservadores no ocultan que los próximos meses van a ser complicados en lo que a los avances judiciales de los escándalos de corrupción que afectan al partido se refiere. 

En público, Rajoy ventila cada noticia relacionada con la corrupción, como ha hecho con las revelaciones de los cabecillas de la Gürtel en Valencia, señalando que desconocía lo narrado por los implicados y circunscribiéndolo, en todo caso, a sus respectivas estrategias de defensa. Pero esto no es óbice para que los partidos de la oposición exijan cuentas al Gobierno y a su máximo responsable en sede parlamentaria, como vino ocurriendo en el último periodo de sesiones.

No pasa inadvertido que el Congreso, contra el criterio del Grupo Parlamentario Popular, que ha llevado el asunto al  Tribunal Constitucional, mantiene abierta una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores y que el plato fuerte será, al menos así está planteado, la comparecencia del propio presidente del Gobierno.

En este contexto, el PP dará prioridad en el primer tramo del periodo de sesiones a buscar apoyos para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La idea de Rajoy es que puedan salir del Consejo de Ministros en el mes de marzo y que a finales de junio, concluido el trámite parlamentario, puedan entrar en vigor. Son prácticamente los mismo plazos que se cumplieron para las cuentas de 2107, ahora prorrogadas. 

Pero con Rajoy pretendiendo que los Presupuestos de 2018 salgan adelante con los mismos apoyos que los de 2017 (el PP y sus alianzas, Cs, PNV, CC y NC) el escenario se complica. Ciudadanos pide la cabeza de la senadora Pilar Barreiro para mantener el apoyo. Y el PNV, con el 155 de la Constitución aplicado a Cataluña en vigor, no ve motivos ni siquiera para sentarse a hablar.

Paralelamente, las fuentes consultadas ven difícil que vaya a ser 2018 el año en que salga adelante el nuevo modelo de financiación autonómica. La situación es de bloqueo. El PP se niega a presentar el modelo que exige el PSOE para empezar a debatir con el argumento de que una iniciativa de tanto calado requiere, al menos, que el modelo sobre el que se comience a hablar ya esté previamente pactado con el principal partido de la oposición.

Lo anterior se contradice con el que, según las fuentes consultadas en el PP, va a ser uno de los principios ejes del nuevo periodo de sesiones: "hacer más política" y presentar leyes sin miedo a perder en los debates. En lo que va de XII Legislatura, el Gobierno ha presentado 15 proyectos de ley. Siete de ellos están ya tramitados y 8 en tramitación. 

El Gobierno, según anunció Soraya Sáenz de Santamaría a finales de año, pretende incrementar estas cifras. Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto. De estas iniciativas, según informó el Gobierno, 44 propuestas normativas derivan de la transposición de Directivas europeas: 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos.

Entre otras normas, se pretende dar luz verde a una reforma de la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género, una ley de menores sin alcohol, modificaciones en la regulación del mercado de valores y en la ley del Impuesto de Sociedades o un nuevo esquema de resolución extrajudicial de conflictos financieros. El Grupo Parlamentario Popular dará cobertura y apoyo al Gobierno en este tipo de iniciativas.

Prisión permanente revisable

Este mismo domingo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley que aumentará los delitos a los que se les puede aplicar la pena de "prisión permanente revisable". El PP ha decidido hacer de este debate una de las banderas de este tramo de legislatura.

Prioritario también para los conservadores es el Pacto Educativo. En esta materia, la semana pasada el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, propuso el impulso de un programa de formación práctica tutorizada para acceder y "prestigiar" la labor docente, "un MIR educativo de dos años" de duración en el que se trabajen "todas y cada una de las funciones asociadas" a la labor del profesorado.

  PSOE

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, confía en que este periodo de sesiones vaya a ser "más productivo que los anteriores en términos de legislación". "Entre la sequía de proyectos que produce por sí mismo y los vetos que plantea respecto a las proposiciones de ley de la oposición, el Gobierno ha impedido que el poder legislativo cumpliera con su función de legislar", señala a infoLibre.

"Vamos a intentar que esa tendencia se corrija", manifiesta al tiempo que hace un recuento del contexto en el que llegan esta semana los diputados al pleno. Recuerda que ahora mismo hay 55 leyes abiertas en el Parlamento y que ya son 47 las iniciativas vetadas por el Gobierno haciendo, a ojos de los socialistas, un "uso abusivo" del artículo 134.6 de la Constitución, el que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

En este momento, solo hay 15 normas en situación de ponencia. "Es decir, que ya han pasado todos los filtros y vetos". El resto se encuentran en plazo de presentación de enmiendas, una situación que en muchas de las iniciativas se prolonga demasiado en el tiempo. Simancas asegura que el Grupo Parlamentario Socialista va a centrarse en priorizar, dentro de las iniciativas cuya fase parlamentaria está más avanzada, "la política para las personas". 

Una de las prioridades de los socialistas para este nuevo tramo de legislatura tiene que ver con las proposición de ley que intenta derogar "una parte sustancial de la reforma laboral", con la pretensión de igualar las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores subcontratados en la empresa matriz. Y la de recuperar la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa.

También en fase de ponencia, la intención de los socialistas es que vean pronto la luz la iniciativa relacionada con el ingreso mínimo vital y la que fija una pensión de orfandad para las víctimas de la violencia de género.

Este mismo martes, el pleno debate, a propuesta de los socialistas, una proposición no de ley para llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio en España, en cumplimiento de las recomendaciones de la Carta Social Europea.

Registro obligatorio de la jornada laboral

Respecto a las iniciativas que están en fase de enmiendas, Simancas destaca la que fija un fondo nacional para las víctimas del amianto. Y la que establece la gratuidad de las costas procesales para personas con dificultades económicas.

“Tenemos mucho interés también en la proposición para la obligatoriedad de que las empresas registren las jornadas laborales”, subraya. En este sentido, recuerda que en la actualidad sólo hay obligación de que se registren las horas extraordinarias. “Hay contratos a tiempo parcial que esconden jornadas completas”, destaca.

Respecto a aquellas iniciativas que los socialistas tienen en cartera, Simancas destaca la proposición de ley para combatir la brecha salarialbrecha salarialanunciada la semana pasada por la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo.

Calvo anunció que, entre las medidas que el PSOE va a proponer se encuentran auditorías en empresas a partir de 50 trabajadores; la participación mayor y por cuota de las mujeres en todos los centros de decisión; la creación de alguna agencia que pueda observar e intervenir ante las desigualdades que se produzcan, o reforzar la tutela judicial efectiva de las mujeres ante estas situaciones que son ilegales e inconstitucionales.

La letra pequeña de los contratos

Simancas recuerda también que este mes registrarán una proposición de ley para proteger a los consumidores de los abusos de la letra pequeña en los contratos. “Se intenta derivar la carga de la prueba no sobre el consumidor, sino sobre la empresa”, añade.

También en cartera, los socialistas plantearán medidas para reforzar la negociación colectiva y en materia de muerte digna y memoria histórica.

Paralelamente, cuenta Simancas, el partido dará prioridad a su trabajo en el Pacto de Toledo, intentando derogar la reforma de 2013 para recuperar la indexación, la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y acabar con el factor de sostenibilidad.

Clave para el PSOE es también la Comisión sobre el Pacto educativo y vigilar que el Gobierno dote de fondos a las medidas adoptadas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También será el momento, destaca, de avanzar en la Comisión Territorial, una iniciativa de los socialistas a la que Rajoy dio su visto bueno en las negociaciones que mantuvo con Pedro Sánchez para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Cuando se cumplan seis meses de trabajo de esta comisión, en junio, la idea de los socialistas es abrir en el Congreso el debate sobre la reforma de la Constitución. Un escenario que los conservadores han enfriado en los últimos meses.

  Unidos Podemos

"Nuestra prioridad son las personas". Así describe Txema Guijarro, secretario general del grupo de Unidos Podemos en el Congreso el principio inspirador de sus prioridades para este periodo de sesiones.

La "espina dorsal" de estas iniciativas por lo transversal de la misma, señala el parlamentario, será el proyecto de ley de cambio climático. "Es absolutamente fundamental", describe Guijarro pese a que no oculta su temor a que el Gobierno, como viene siendo frecuente, responda planteando un veto apelando a cuestiones de no disponibilidad de presupuesto. "No renunciamos a trabajar con mucho énfasis", insiste.

De un lado, esta iniciativa es una herramienta clave para el plan económico y laboral de la formación morada. Pero también, señala Guijarro, les permite abordar las reivindicaciones de las mujeres. Y, además, es "un ejemplo del trabajo colegiado con el resto de confluencias". "En este proyecto estamos involucradas las cinco", destaca.

Fue el pasado diciembre cuando Pablo Iglesias clausuró el 'Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático', organizado por Unidos Podemos. En esta cita participaron diferentes actores relacionados con el sector del medio ambiente. El foro tendrá continuación, avanza Guijarro, en el mes de marzo. Se pretende que sea en este momento cuando se presente el borrador a las organizaciones.

También fundamental para Unidos Podemos es la reforma de la Ley Electoral. "Llevamos tiempo trabajando en ello, estudiando escenarios", precisa Guijarro. En Unidos Podemos confían en poder llevar la solicitud de trámite al Congreso en este periodo de sesiones. Y destacan que, para que salga adelante, es "fundamental" el concurso del Partido Socialista. 

Prioritario también para este grupo es la proposición de ley con la que quieren derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones y ajustar la revalorización anual de las pensiones contributivas a la inflación prevista en cada ejercicio. Y que avance la iniciativa para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Unidos Podemos plantea este nuevo periodo de sesiones como "un ensayo" para su programa de Gobierno y como una oportunidad para "obligar al resto de grupos a retratarse", con el foco muy puesto en el Gobierno.

En este sentido, no cesarán sus demandas para que Rajoy rinda cuentas y exponga sus prioridades en el debate sobre el estado de la nación. Una cita que los conservadores creen que debe celebrarse en primavera para distanciarla lo máximo posible de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

  Ciudadanos

"Nuestro objetivo es seguir dando estabilidad a España a cambio de reformas, desarrollando el pacto de investidura que en estos momentos Rajoy está congelando porque prefiere proteger a la senadora Barreiro, imputada por corrupción", señalan fuentes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Cámara BajaCiudadanos. 

En la formación naranja condicionan ahora su apoyo a las cuentas públicas a que Pilar Barreiro presente la renuncia a su escaño en el Senado. La parlamentaria está imputada en el marco de la Operación Púnica. En las últimas semanas, a cuenta de este episodio, los conservadores han incrementado sus ataques hacia la formación que permitió que Rajoy fuese investido presidente. Insisten en que Albert Rivera y los suyos son unos "desleales" y "oportunistas" y que pueden permitirse esta actitud porque "se dedican a dar lecciones, no a gobernar". En este contexto, demandan que Inés Arrimadas dé un paso al frente para "desbloquear la situación en Cataluña".

"Ciudadanos cumplió con su parte al alcanzar un preacuerdo que forzaba al Gobierno a bajar los impuestos a las clases medias y trabajadoras, ampliar una semana el permiso de paternidad, impulsar la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o aumentar las ayudas a familias con niños de 0 a 3 años escolarizados. Pero el PSOE del ‘no es no’ se niega a negociar su abstención y Rajoy ahora también lo bloquea al negarse a cumplir con lo firmado en el pacto de investidura y no apartar a su senadora Barreiro, imputada en el Supremo por cinco delitos de corrupción", insisten las mismas fuentes en relación con los Presupuestos.

En Cs creen "prioritarias la lucha contra la precariedad laboral, la reforma del sistema electoral o la aprobación definitiva" de su ley anticorrupción. Y citan también la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica.

"Hay que hablar también de reforma electoral y de financiación autonómica. Una reforma electoral que aumente la proporcionalidad del sistema es una demanda de la sociedad desde hace años, que los viejos partidos han preferido desoír", mantienen en Ciudadanos. La aparente sintonía del partido naranja y Podemos en este campo ha despertado los recelos del PP y del Gobierno.

Así, este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, animó a Ciudadanos a negociar con Unidos Podemos para desbloquear la investidura en Cataluña del mismo modo que habían empezado a hablar para la reforma de la ley electoral.

"Respecto a la financiación autonómica, vamos con mucho retraso. Hace más de cuatro años que debió aprobarse un nuevo sistema de financiación, pero Rajoy, con la ayuda del PSOE y Podemos, optó por el inmovilismo y por dar privilegios al País Vasco aprobando un cálculo del Cupo Vasco injusto y contrario a lo que dijeron los técnicos del propio Gobierno. Queremos un sistema transparente que garantice los servicios sociales a los ciudadanos y no privilegios a ningún territorio", destacan en Ciudadanos.

El presidente del Gobierno sostiene, al menos en público, que tiene fuerzas para volver a presentarse a otras elecciones generales. Y este miércoles lo recalcó en la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 39 aniversario de la Constitución española. "¿Por qué no me voy a poder presentar? No he hecho nada tan malo", respondió a los periodistas en conversación informal.

Frente a las voces en el Partido Popular y en el Gobierno que condicionan a la situación en Cataluña y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado la extensión de la XII Legislatura, a Rajoy no se le plantea otro contexto que el de agotar la legislatura. "Ni se me ocurre otro escenario", dijo.

También dio la conversación con el presidente del Gobierno para repasar la relación con José María Aznar. No es ningún secreto que casi siempre ha sido tensa. Pero Rajoy lo obvió: "Con Aznar, bien. Todo el mundo lo sabe", respondió el presidente del Partido Popular tirando de ironía.

Sobre la situación en Cataluña, el jefe del Ejecutivo dijo estar tranquilo. Y que le "trae sin cuidado" lo que haga Carles Puigdemont. Eso sí, sostuvo que se "sea conserje o presidente, hay que estar sometido a la ley".

¿Por quién apostaría Rajoy en Cataluña? ¿Por Miquel Iceta (PSC) o por Inés Arrimadas (Ciudadanos)? "Yo, Albiol", dijo en alusión al candidato del Partido Popular en Cataluña. En todo caso, insistió en que el PP no va a hacer presidente de Cataluña a ningún independentista. Y en que ellos son el único partido que ha dejado claro cuáles van a ser sus pasos tras el 21D.

Sobre la reforma de la Constitución, Rajoy insistió en que sería "surrealista" abrir el debate sin saber para qué. Y que "la mayor reforma de la Constitución está siendo en Europa". Y sobre el subidón de Ciudadanos en las encuestas dijo no estar "nada" preocupado. "Muy tranquilo", se confesó.

El Congreso ha gastado más de un millón de euros en los 110 viajes internacionales que los diputados han realizado en el primer año de la XII Legislatura para participar en distintas citas institucionales, según los datos de la Cámara Baja recopilados por Europa Press.

Esta cantidad incluye únicamente los gastos de desplazamiento y de alojamiento en los distintos destinos, pero no las dietas que se pagaron a los parlamentarios (tanto diputados como senadores) que participaron en los mismos.

La Cámara se constituyó el 19 de julio de 2016 y el primer viaje de la presente legislatura se organizó la semana siguiente. Desde esa fecha y hasta que finalizó 2016, es decir, en sus primeros seis meses, se realizaron un total de 37 viajes al extranjero, en los que se invirtieron 363.694,49 euros.

De enero hasta la actualidad, el Congreso ha sufragado otras 73 salidas de parlamentarios al extranjero, una de las cuales no tuvo coste alguno y una decena están aún pendientes de facturar. Por ahora, estos viajes han supuesto un coste global de más de 640.146 euros.

Tres desplazamientos por encima de los 100.000 euros

El viaje más caro de los facturados en el primer año de legislatura lo ha realizado la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se desplazó a la localidad francesa de Estrasburgo entre el 23 y el 27 de enero para participar en la primera parte de la sesión plenaria de este órgano, un viaje que supuso un coste de 107.006,70 euros.

También sobrepasaron los 100.000 euros los viajes de cuatro días de la misma delegación a la misma localidad para acudir a distintas partes del plenario la citada asamblea parlamentaria que tuvieron lugar en octubre de 2016 (100.627,33 euros) y el pasado mes de abril (105.921,74 euros).

Los viajes del Consejo de Europa, aunque casi todos tienen como destino Bruselas o Estrasburgo, suelen ser los de mayor presupuesto ya que se trata de la delegación más numerosa de las Cortes Generales.

Estambul, Baku, Dacca, Astana...

Por su parte, la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) protagonizó el cuarto desplazamiento más caro de los facturados. El viaje fue a Estambul, entre los días 18 y 21 de noviembre, y ascendió a 89.619,16 euros.

Entre los destinos más lejanos a los que han viajado los parlamentarios figura Shanghai-Pekin (China); Moscú (Rusia); Baku (Azerbaiyán), Dacca (Blangadesh), Amman (Jordania), isla de Bornholm (Dinamarca), Astana (Kazajistán) y Minsk (Bielorrusia).

También aparecen en este listado distintos viajes a Nueva York y dos viajes a Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina), realizados en los últimos meses y algunos de los cuales se encuentran aún sin facturar.

Primer año sin dieta diaria

En esta legislatura, la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor acordó eliminar las dietas que venían cobrando los diputados por viajes oficiales en el extranjero y sustituirlas por un sistema de abono de gastos debidamente justificados.

Antes los diputados recibían una dieta fija de 150 euros por cada día que estuvieran en el extranjero por un viaje oficial "expresamente autorizado" por la Mesa. La Cámara decidió eliminar esa indemnización diaria y, en su lugar, los diputados deben pasar factura de los gastos que hagan en su viaje para que, una vez justificados, el Congreso se haga cargo de ellos. Esta medida, en cambio, no se adoptó en el Senado, que mantiene la dieta diaria.

El Congreso de los Diputados sólo ha completado la tramitación de ocho leyes en el primer año de la XII Legislatura, mientras que tiene pendientes otras 28, muchas de ellas varadas desde hace meses, y se ha topado con 34 vetos del Gobierno a otras tantas iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios o de parlamentos autonómicos. Además, los diputados han registrado un total de 13.890 preguntas escritas al Ejecutivo.

En este periodo se han presentado para su debate en Pleno 435 proposiciones no de ley, de las que se han votado 35 y se han aprobado 28. En comisión la cifra de registradas asciende a 2.049, se han llegado a votar 495 y han recibido el aval de la Cámara 435. De las 19 comisiones de investigación que se han reclamado, se han aprobado tres. También se ha pedido la creación de 47 subcomisiones o ponencias, y de ellas se han puesto en funcionamiento once.

Este es el balance de los primeros 12 meses de una legislatura que arrancó el 19 de julio de 2016, fecha en la que se constituyeron el Congreso y el Senado surgidos de las elecciones generales del 26 de junio del año pasado.

Según los datos de actividad de la Cámara Baja recogidos por Europa Press, en este periodo el Congreso completó la tramitación de tres proyectos de ley del Gobierno –los Presupuestos Generales del Estado para 2017, uno sobre bienes culturales y otro relativo a precursores de explosivos– y de cinco iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios: tres del PP, una de socialistas y los conservadores, y otra de Ciudadanos.

De las leyes impulsadas por el PP que han salido adelante, dos se aprobaron antes de la investidura de Rajoy: la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la reforma de la Ley Electoral para evitar repetir elecciones el Día de Navidad.

La última, la ley de autónomos

La tercera ley de los conservadores ha servido para eliminar el informe médico que se exigía a discapacitados sensoriales para casarse. Con el PSOE y Ciudadanos (que luego se retiró para no perder turno de propuesta), el PP también firmó una iniciativa legislativa para garantizar que los abogados y procuradores del turno de oficio estén exentos de pagar el IVA. El paquete de leyes aprobadas lo completa la nueva legislación sobre autónomos promovida por Ciudadanos, que acaba de remitirse al Senado.

Además de a estas siete iniciativas legislativas, el Congreso ha dado el visto bueno a 16 decretos-ley aprobados por el Gobierno, pero en este caso la labor de los diputados se limita a la convalidación, sólo votar, sin opción a introducir cambios. Uno de ellos, el relativo a la reforma de la estiba, tuvo que enviarse dos veces porque el primero que se presentó fue tumbado por la oposición.

Y la próxima semana el Ejecutivo espera sacar adelante la convalidación de otros tres decretos ley, los referidos al canon digital, la oferta pública de empleo extraordinaria y medidas urgentes en materia financiera.

El Gobierno tiene pendientes de aprobación otros tres proyectos de ley de trasposición de directivas europeas, dos de ellos sobre contratación pública y uno referente a alternativas a los litigios en materia de consumo, que también se aprueba la próxima semana.

Prórrogas y más prórrogas

El Pleno del Congreso ha tomado en consideración otras 25 leyes, 16 de ellas promovidas por grupos parlamentarios (una del PP, cuatro del PSOE, tres de Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, una de Esquerra Republicana y otra del PDeCAT), cuya tramitación no acaba de avanzar por las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.

Entre ellas destacan sendas iniciativas del PSOE para suspender el calendario de implantación de la Lomce y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, proposiciones de ley cuya tramitación vetó el Gobierno y que, pese a ello, la Mesa del Congreso decidió seguir adelante, doblegando al PP. Ambas estás recurridas en el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo.

En total, el Gobierno lleva vetadas 34 iniciativas legislativas de la oposición o de parlamentos autonómicos, y todas ellas, salvo las dos citadas, han quedado bloqueadas en la Cámara Baja. Es la Constitución la que otorga al Ejecutivo capacidad de veto para no tramitar iniciativas que considera que alternan su política presupuestaria, sea por aumento de gastos o por disminución de ingresos.

Otras proposiciones de ley que siguen acumulando sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas son las relativas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana rebautizada por sus detractores como ley mordaza, la mejora la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, la reversión de las limitaciones a la justicia universal, la derogación de las penas de cárcel para los piquetes que coaccionen a los trabajadores para secundar una huelga, y la modificación de las leyes de Indulto y de Secretos Oficiales.

En la misma situación están dos proyectos de ley derivados de decretos ley convalidados (una trasposición de directivas europeas y otro para paliar los efectos de la sequía); dos iniciativas legislativas populares (una sobre dependencia y otra sobre una prestación de ingresos mínimos) y una proposición de ley del Parlamento Navarro sobre consumidores.

Dos estatutos heredados y uno esperando entrar

Las iniciativas que están en cola se completan con dos reformas estatutarias que llegaron al Congreso en legislaturas anteriores. En noviembre se tomó en consideración por tercera vez una reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana para introducir la denominada cláusula Camps, una nueva disposición adicional para que las inversiones del Estado en esta autonomía sean equivalentes al peso de su población.

La iniciativa había sido aceptada por el Congreso en 2015 y 2016, pero no sirvió de nada porque las Cortes se disolvieron al convocarse elecciones generales. Entre 2009 y 2015 se incluyó hasta cuatro veces en el orden del día del pleno pero fue retirada a petición de sus propios autores, por razones diversas, y nunca llegó a debatirse.

De su lado, la reforma del Estatuto Canario, fue tomada en consideración en febrero, 20 meses después de haber sido registrada en el Congreso, donde arribó en abril de 2015, aunque después quedó varada por las sucesivas convocatorias electorales.

Y a la espera de iniciar su tramitación en el Pleno del Congreso está la reforma estatutaria de Murcia para acabar con los aforamientos políticos en la región, que debería pasar su primer test en septiembre u octubre.

En próximos meses deben continuar también su tramitación dos propuestas de reforma del Reglamento del Congreso, una del PP para regular los lobbies y otra del PNV para el control parlamentario de los acuerdos sin fuerza de ley que apruebe la propia Cámara.

Tres comisiones de investigación

De las 19 comisiones de investigación que se han reclamado, se han aprobado tres (sobre la financiación del PP, el rescate financiero y el uso político del Ministerio del Interior bajo mandato de Fernández Díaz).

En el Registro del Congreso han entrado hasta 47 peticiones de creación de subcomisiones y ponencias. De las primeras se han puesto en marcha ocho, tres de las cuales se han marcado como objetivo sellar pactos de Estado contra la violencia de género, en materia educativa y judicial.

El resto persiguen acordar medidas para reformar la Ley Electoral, la legislación sobre financiación de partidos políticos o impulsar un Estatuto del Artista, así como analizar el trabajo autónomo y el régimen profesional de las Fuerzas Armadas.

Las tres ponencias que se han abierto tienen como misión estudiar las consecuencias de salida Reino Unido de la Unión Europea, la relación de los menores y el alcohol y las relaciones con Consejo de Seguridad Nuclear.

Superada la fase de enmiendas a la totalidad, el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta ahora a la prueba definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para que las cuentas públicas reciban luz verde definitiva, el Partido Popular necesita ahora del apoyo de un diputado más. Ya no le bastan los 175 apoyos que cosechó la semana pasada. Ahora precisa mayoría absoluta, situada en la Cámara baja en los 176 parlamentarios.

El Ejecutivo defiende que se trata de unas buenas cuentas públicas, que son las adecuadas para un país "en la senda de la recuperación económica" y que son la base para que haya más crecimiento. Pero también defiende que es uno de los frutos de una legislatura bautizada como la "legislatura del diálogo". Una alusión a los pactos alcanzados con fuerzas políticas de la oposición y que han permitido desechar las enmiendas a la totalidad.

Los acuerdos del Ejecutivo con Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (C´s) condicionan parte de la política de gasto. Es el arma de estos grupos para defender su voto favorable a las cuentas públicas ante sus respectivos electorados.

¿Cuál ha sido, hasta la fecha, el precio de los Presupuestos? A continuación, infoLibre repasa las partidas en las que han influido Ciudadanos, PNV y CC y el cálculo que hacen de su efecto en las cuentas públicas. También, el precio que Pedro Quevedo (Nueva Canarias) pone a la posibilidad de ser el diputado 176, el que le falta a Rajoy para superar con éxito este primer tramo de legislatura. En ocasiones, el compromiso de inversión supera a este ejercicio presupuestario.

Por su parte, el Gobierno es reacio a concretar la cantidad extra exacta que le supone cada uno de los acuerdos cerrados con los partidos. No quiere abrir polémica con quienes le han dado algo de oxígeno en un momento muy delicado en lo que a los escándalos de corrupción se refiere. 

Ciudadanos: más de 4.000 millones (32 escaños)

La formación de Rivera cifra en más de 4.000 millones el impacto en los Presupuestos de su acuerdo con el PP, formación con la que firmaron un acuerdo de investidura en el que ya había compromisos de cara a las cuentas públicas. "Nosotros hemos apoyado estos Presupuestos por convicción, porque hemos llegado a un acuerdo donde usted [a Montoro] ponía en valor la estabilidad, y es correcto, pero nosotros también apoyamos las reformas, y estas reformas pasan por un cambio en las políticas que se materializa en 4.087 millones de euros en políticas inspiradas por Ciudadanos, materializadas en el acuerdo de investidura, para recuperar la clase media y trabajadora con políticas sociales y también para cambiar el modelo económico de España que apuesta por la economía del futuro", sostuvo el diputado Francisco de la Torre en el pleno del Congreso.

Ciudadanos divide la citada cantidad en dos bloques: 1.915 millones "para la clase media trabajadora" y unos 2.100 millones para "modernizar España". Dentro del primer bloque de 1.915 millones se incluyen 480 millones para la tarifa plana de los autónomos, el aumento de permisos de paternidad pactado en diciembre, los 500 millones para complemento para jóvenes menores de 30 años, una partida para reorientar a parados de larga duración, 340 millones de euros para hijos a cargo de familias pobres y 100 millones más para Dependencia respecto al ejercicio anterior.

De los 2.100 millones para "modernizar" España se recogen 1.200 millones para formación y empleo, 100 millones para reforzar el plan de lucha contra el fraude fiscal y la reducción al 10% del IVA para espectáculos en directo.

PNV: 4.000 millones más el impulso a la 'Y' vasca (cinco escaños)

El pasado miércoles, al filo de las 14.00 horas, Rajoy y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, firmaron en el Congreso el pacto por el que el Grupo Vasco apoyaría los Presupuestos a cambio de una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.

Junto a la rebaja, el Gobierno ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios. El impacto que el acuerdo en conjunto, sin contar las inversiones ferroviarias, podría tener en las cuentas de 2017 es cercano a los 4.000 millones.

La dirección nacional del PP y el Gobierno han visto cómo el acuerdo con Euskadi ha escocido en algunas comunidades autónomas. No se han salvado ni de las críticas de sus barones territoriales. La respuesta del Ejecutivo es que no hay trato de favor "en absoluto". El PP, por su parte, difundió este lunes un argumentario entre sus cargos en el que, entre otros aspectos de los Presupuestos, destaca que "el Gobierno de España y el Gobierno vasco han alcanzado un acuerdo sobre varias cuestiones que estaban pendientes de resolverse, algunas de ellas desde hace 10 años, relacionadas con la financiación autonómica".

"La lucha contra la crisis económica por parte del Gobierno había relegado cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común, también en el caso del País Vasco", puede leerse en el comunicado.

El PP considera que el acuerdo entre el Estado y Euskadi "tiene una gran relevancia política y económica" porque "regulariza" las relaciones financieras entre las dos administraciones, "cerrando un periodo de incertidumbre de 10 años" y "permite clarificar el escenario para los próximos cinco".

Coalición Canaria: 1.130 millones en tres años (1 escaño)

La cifra la dio la propia diputada Ana Oramas el pasado jueves en el pleno al explicar los motivos por los que CC iba a oponerse, con su voto, a las siete enmiendas a la totalidad planteadas. "Con estos Presupuestos, Canarias recibirá en julio 220 millones para financiar la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; en 2018 recibirá 360 millones y en 2019 los 550 que le corresponden", avanzó la parlamentaria.

En total, CC ha arrancado al Ejecutivo el compromiso de invertir 1.130 millones en los próximos tres años. "Este acuerdo permite al Gobierno de Canarias sentarse en la mesa de negociación de la nueva financiación autonómica en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Con este acuerdo no se está beneficiando a Canarias, se está reparando una injusticia, se está cumpliendo el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se está compensando la condición de ultraperificidad del archipiélago y se está cumpliendo la Ley de empleo de este país y las directrices de Europa a los Estados miembros sobre políticas con las regiones ultraperiféricas", justificó Oramas desde la tribuna.

El Gobierno no ha ocultado que, en las negociaciones para estos Presupuestos, ha buscado ir más allá de un solo ejercicio. Es su forma de garantizarse una legislatura larga.

Más allá de las cifras, la aprobación del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) y la tramitación del nuevo estatuto de autonomía también han sido elementos fundamentales de este acuerdo.

La demanda de Nueva Canarias: 450 millones (1 escaño)

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, es el apoyo que el Gobierno precisa para que el proyecto logre mayoría absoluta. Gran parte de los esfuerzos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, van a ir en la dirección de estudiar las demandas de este parlamentario que en las generales concurrió junto al PSOE. A Quevedo no le basta la "agenda canaria"que CC se atribuye en estas cuentas. Así, el viernes pasado registró 49 enmiendas parciales al proyecto del Gobierno que suman más de 450 millones de euros para 2017.

Entre las propuestas de Quevedo en sus enmiendas, se reclama el aumento en 100 millones de euros de las partidas destinadas a la atención a la dependencia. También demanda 20 millones adicionales para la lucha contra la violencia machista, 42 millones para políticas de empleo o 9 millones más para la lucha contra la pobreza.

El diputado reclama, además, 30 millones adicionales para infraestructuras educativas en el archipiélago y elevar de 5 a 25 millones la dotación del convenio entre Canarias y el Ejecutivo con el fin de rehabilitar infraestructuras y equipamientos turísticos.

El primer acto de partido de Mariano Rajoy después de que los PGE pasaran el primer trámite parlamentario tuvo lugar este fin de semana en Canarias, lo que despertó todo tipo de rumores sobre la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo hubiese concertado una reunión en el terreno con Nueva Canarias.

Los conservadores se muestran optimistas sobre la posibilidad de atraer a Quevedo. De hecho, algunas fuentes aseguran que las negociaciones están avanzadas desde que el diputado anunció que iba a presentar una enmienda a la totalidad, pero que a partir de ahí estaba dispuesto a dialogar para llegar a acuerdos.

Pero el PP también ha negociado con dos de sus socios más fieles en el Congreso: Foro Asturias (un escaño) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, dos escaños). La semana pasada se conoció que el PP había pactado cuatro enmiendas con Foro Asturias por unos 20 millones de euros para reactivar las comarcas mineras y potenciar la competitividad de la región.

El pacto con UPN va por la vía de las infraestructuras. El Gobierno central se ha comprometido con UPN a reimpulsar tres grandes obras. "En primer lugar, acercar más Navarra a Madrid a través de la licitación de dos tramos de la A-15; en segundo lugar, el desarrollo definitivo de la segunda fase del canal de Navarra para que el agua llegue a 21.500 hectáreas de regadío en la ribera de Navarra; y en tercer lugar —indispensable y fundamental—, la licitación de dos tramos del tren de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra", explicó el diputado Íñigo Alli la semana pasada en el Congreso.

El proceso

La tramitación del proyecto de Presupuestos continuó el viernes pasado con la presentación de enmiendas al articulado. El plazo se cerró a las 14.00 horas del pasado 5 de mayo. Después llegará el debate en ponencia y en Comisión.

Antes del 26 de mayo, la Comisión elaborará un dictamen que debe ser debatido y votado en Pleno, junto con los votos particulares y las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan vivas. En este debate, que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio, cada ministro expone las partidas que le corresponden y los grupos defienden sus enmiendas a las distintas secciones.

El texto que apruebe el Congreso continuará su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. Si la Cámara alta no lo modifica, los Presupuestos quedan aprobados, y en caso de que introduzca enmiendas o vete el proyecto, éste volverá al Pleno del Congreso para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levante el veto.

Aitor Esteban (PNV): "Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano". Mariano Rajoy (PP): "Si quieres grano, Aitor, te dejo mi tractor". Era 27 de octubre de 2016 y ambos líderes políticos intervenían en el pleno del Congreso que acabaría con la investidura del segundo como presidente del Gobierno tras casi un año en funciones. Por aquellas fechas, hubo dirigentes políticos de todo signo que tras este intercambio de versos vieron el comienzo de una buena relación parlamentaria. De un entendimiento en una legislatura del Partido Popular en minoría. Y, a tenor de lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados, no se equivocaron.

El jueves Rajoy respiraba aliviado después de ver cómo la Cámara baja había vetado las siete enmiendas a la totalidad planteadas a los Presupuestos Generales del Estado. Un trámite que habría sido imposible, porque no daban las cuentas, sin el apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco. Y que trasciende los argumentarios, los mítines y los discursos políticos. "Los nacionalistas rompen España cuando dice Rajoy. Pero no siempre", comentaba con ironía este jueves un diputado de la oposición a la salida del pleno sobre las cuentas públicas.

Ahora, está por ver si los Presupuestos superan el debate de las enmiendas parciales, donde ya es necesaria mayoría absoluta. Es algo que algunas fuentes del PP y del Gobierno vinculan directamente con la duración de la legislatura. Y también está por ver si el entendimiento entre Rajoy y el PNV se extiende más allá de las cuentas públicas. En todo caso, la idea del Ejecutivo, tal y como avanzó infoLibre, es la de vincular los Presupuestos de 2017 a los de 2018, algo que dejaría al líder del PP más cerca de su objetivo de agotar legislatura y que ya ha trasladado a las formaciones que no han presentado enmienda a la totalidad.Al margen del auge del independentismo

Al margen del auge del independentismo

Más allá del discurso oficial y del "España se rompe", las hemerotecas están plagadas de momentos en los que los conservadores han pactado con los nacionalistas para lograr sacar adelante iniciativas. No sólo a nivel nacional. También autonómico y local. En esta ocasión, el PNV ha sido clave para dar algo de oxígeno a un Mariano Rajoy fuertemente sacudido por la corrupción. Pero en otras ha habido entendimiento con los nacionalistas catalanes, pese al auge del independentismo.

En ocasiones también ocurre que nacionalistas vascos y catalanes coinciden en su apoyo al PP. De esto hay un ejemplo muy reciente. Fue el pasado julio, cuando el Congreso tuvo que votar a un presidente a partir de los resultados de las generales del 26J.

Un ejemplo: la Presidencia del Congreso

Una de las primeras victorias de Rajoy de la XII Legislatura fue la de conquistar para su partido, el PP, la Presidencia del Congreso. Su amiga Ana Pastor, hasta entonces ministra de Fomento en funciones, se convirtió en la tercera autoridad del Estado.

La candidata del PP y de Ciudadanos logró ganar al aspirante socialista, Patxi López, con el apoyo de 169 diputados: los 137 del PP (incluyendo los dos de UPN y el de Foro Asturias) y los 32 de los de Albert Rivera.

Por su parte, López logró cosechar 155 papeletas, las 85 de sus compañeros socialistas (el diputado de Nueva Canarias incluido) y las 71 de los diputados de Unidos Podemos y sus confluencias territoriales. 

Además, se contabilizaron 25 votos en blanco del resto de fuerzas parlamentarias, procedentes de Esquerra Republicana (9 escaños), Convergència, ahora Partit Demòcrata Català, (8) PNV (5), Bildu (2) y Coalición Canaria (1). Este gesto de los nacionalistas vascos y catalanes fue, pues, clave para que el PP se garantizara el control de la Mesa, el órgano de Gobierno del Congreso.

XI Legislatura: más de una decena de acuerdos con los nacionalistas catalanes

Durante la XI Legislatura (2011-2015), el partido de Rajoy fue muy crítico ante cualquier acercamiento del PSOE a los nacionalistas. Lo mismo que ocurrió tras las generales del 20 de diciembre de 2015, cuando temían que Pedro Sánchez lograra los apoyos para ser investido presidente. Esto no fue impedimento para que ellos sí llegasen a acuerdos. En la XI Legislatura y en la actual.

El PP obtuvo en las elecciones generales de hace ya casi cuatro años una holgadísima mayoría absoluta –185 diputados–. Hubo muchas leyes que aprobó en solitario, con el rodillo que tanto criticaron desde la oposición. Pero los conservadores no siempre salieron solos en la foto. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (CiU) respaldó al PP en más de una quincena de iniciativas legislativas. Algunas, de gran calado y carga ideológica como la reforma laboral, la ley de transparencia o la amnistía fiscal. Las tensiones entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes quedaban, por momentos, al margen.

Los nacionalistas siempre explican estas coincidencias en el marco de la dinámica parlamentaria. Señalan que dan luz verde a aquello que consideran bueno para sus ciudadanos. Y el PP agradece los apoyos en nombre de la "responsabilidad" y el "interés general".

Otro de los ejemplos de esta sintonía pudo verse en las propuestas de resolución posteriores al debate sobre el estado de la Nación de febrero de 2015. A su término, el Congreso aprobó 19 propuestas de resolución. Quince eran del PP, tres de CiU y una de UPN. Por el contrario, los conservadores no aceptaron ni una de las 15 de las iniciativas presentadas por el PSOE, UPyD, Izquierda Plural. PNV o Grupo Mixto.

Las tres propuestas de resolución de CiU a las que los conservadores dieron sus votos tenían que ver con la dependencia, la ley de segunda oportunidad y la regeneración democrática.

La investidura de Aznar

Si ahora el PNV ha sido clave para sacar a Rajoy del primer asalto de los Presupuestos, más claves fueron todavía los nacionalistas para que José María Aznar fuera presidente en 1996. El expresidente de honor de los conservadores y líder de la fundación FAES recibió en mayo de 1996 los votos de PNV y CiU y, gracias a ellos, fue investido con mayoría absoluta. 

El acuerdo sellado con Jordi Pujol (CiU) fue bautizado como pacto del Majestic, en alusión a una cena entre el líder catalán y Aznar celebrada el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic de Barcelona.

Años después, ya fuera del Gobierno, Aznar ha sido muy crítico con los nacionalistas. "En líneas generales, son malos gobernantes y cuando gobiernan los territorios que dicen que son suyos generan grandes líos", dijo en 2012 en la presentación del primer volumen de sus memorias.

Los votos del PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria, sumados a los escaños del PP y sus socios electorales dieron este jueves a Mariano Rajoy una buena noticia después de unas semanas en las que su partido se ha visto fuertemente sacudido por los escándalos de corrupción. Algo de oxígeno que, además, aleja, al menos de momento, el fantasma de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones, algo que, con la ley en la mano, el presidente del Gobierno podía hacer desde el 3 de mayo.

Pasadas las 12.00 horas, los parlamentarios votaban por primera vez. El resultado: "sí", 175 votos y "no", también 175. Al resultar empate, los diputados volvieron a votar con el mismo resultado. En este momento, la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), convocó una tercera votación en cinco minutos. Con tres empates consecutivos las enmiendas a la totalidad son rechazadas. Y así ocurrió. Por lo ajustado de los apoyos, en el Gobierno existía el temor de que algún parlamentario se equivocase en la votación. Al término de la misma, respiraron aliviados. Rajoy se declaraba "satisfecho".

Los conservadores no las tuvieron todas consigo hasta el miércoles, cuando ya se habían empezado a debatir las enmiendas a la totalidad. Los nacionalistas vascos dejaron pasar el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, pero habían avisado al Gobierno de que si no había acuerdo iban a sumarse a las iniciativas de los grupos que sí las habían registrado. Fue al filo de las 14.00 horas cuando Rajoy, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, firmaron en el Congreso el pacto por el que el Grupo Vasco apoyará con sus cinco escaños los presupuestos a cambio de una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.

Junto a la rebaja, el Gobierno ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios.

¿Trato de favor?

El acuerdo con los nacionalistas vascos, a quienes el PP de Euskadi también respaldó en los presupuestos autonómicos, provocó denuncias de agravio por parte de otras comunidades autónomas en un momento en el que el Ejecutivo sigue teniendo como asignatura pendiente la financiación autonómica.

Si el miércoles fue el turno de los grupos que plantearon enmiendas a la totalidad, la mañana del jueves tuvieron la oportunidad de explicar su postura Ciudadanos y PNV. Justificaron su apoyo en una cuestión de responsabilidad. Ciudadanos consideró que estas cuentas públicas, a diferencia de las prorrogadas son buenas. Y desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, subrayó que no hay alternativa a estos Presupuestos porque se ha demostrado que no se puede articular una mayoría que haga frente a Rajoy. En este sentido, insistió en la división de la izquierda.

Acusaciones de corrupción

Si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó sus intervenciones para intentar consagrar el discurso de la recuperación económica, los grupos parlamentarios que presentaron enmienda a la totalidad aprovecharon la ocasión para sacudir a los conservadores por los escándalos de corrupción protagonizados por destacados exdirigentes del partido. Hace dos semanas que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ingresaba en prisión en el marco de la operación Lezo. El lunes pasado dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento Esperanza Aguirre y el propio Rajoy declarará como testigo en el caso Gürtel y no podrá esquivar comparecer ante la comisión parlamentaria que investigará la presunta financiación ilegal del PP. A ello se suman las sospechas de injerencias en estos procesos por parte de miembros del Gobierno y la judicatura.

En el Gobierno y en el PP admiten que estos casos les preocupan mucho, pero también admiten que el paso dado este jueves en el Congreso les permite ver la legislatura con algo más de optimismo.

El Ejecutivo ha concebido estos presupuestos más como un programa de Gobierno que como algo puntual para un solo ejercicio, de ahí que vayan a intentar extender los pactos firmados para las cuentas de 2018. 

Los próximos pasos

La tramitación del proyecto de Presupuestos continúa con la presentación de enmiendas al articulado, para lo que los parlamentarios y los grupos disponen de plazo hasta las 14.00 horas del día 5 de mayo. Después llegará el debate en ponencia y en Comisión.

Antes del 26 de mayo, la Comisión elaborará un dictamen que debe ser debatido y votado en Pleno, junto con los votos particulares y las enmiendas que los grupos parlamentarios mantengan vivas. En este debate, que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio, cada ministro expone las partidas que le corresponden y los grupos defienden sus enmiendas a las distintas secciones.

El texto que apruebe el Congreso continuará su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. Si la Cámara alta no lo modifica, los presupuestos quedan aprobados, y en caso de que introduzca enmiendas o vete el proyecto, éste volverá al Pleno del Congreso para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levante el veto.

El papel del diputado de Nueva Canarias

Superada la primera fase, el PP necesitará 176 escaños para sacar las cuentas públicas en el Pleno una vez que el texto pase por la Comisión y se debatan las enmiendas. Para este momento, los conservadores esperan haber convencido a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias que en las generales concurrió junto al PSOE.

Este miércoles, el parlamentario reafirmó su disposición a negociar las cuentas públicas. Pero exigió a Montoro que la negociación se haga con "rigor" y sin "triunfalismo". Y el jueves, el propio Montoro subrayó que estamos ante una cuestión de "entendimiento, voluntades y negociaciones".

"Canarias necesita un tratamiento diferente que ha tenido siempre en su historia. Y en ese territorio siempre encontrarán al Gobierno. Tiene que tener un tratamiento fiscal y financiero diferente sobre el que estamos trabajando y desarrollando", añadió Montoro.

"Tenemos que llegar a acuerdos, reconocer lo que estamos avanzando. Llegar a acuerdos que no signifiquen discriminar contra nadie [...] y eso funciona en nuestra democracia y lo que reconoce la sucesiva doctrina del Tribunal Constitucional en España", añadió advirtiendo a quienes hablan de trato preferente a unas comunidades respecto a otras.

Mañana de fotos para Mariano Rajoy. Tras responder a las preguntas de la oposición en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo mantuvo tres breves encuentros con quienes, además de Ciudadanos, serán sus apoyos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Primero tocó Unión del Pueblo Navarro (UPN, dos diputados), luego el Partido Aragonés (PAR) y cerró con Coalición Canaria (CC, una diputada). En total, contando a los 32 parlamentarios de la formación de Albert Rivera, el Ejecutivo tiene amarrados 170 apoyos para sus cuentas públicas.

El Ejecutivo pretende que los cinco que debe sumar para esquivar las enmiendas de totalidad sean los del Partido Nacionalista Vasco. "Todo lleva su tiempo", respondió el jefe de los conservadores preguntado sobre la marcha de las negociaciones con los nacionalistas, formación a la que el PP vasco respalda a la hora de sacar adelante las cuentas autonómicas.

Rajoy no quiso dar una sola pista del nivel de acercamiento al PNV ni de los principales escollos con los que su Grupo Parlamentario y su Gobierno se pueden estar encontrando: "No entremos en detalles", subrayó.

Una vez superada la fase de totalidad y el paso por Comisión, la aprobación definitiva en Pleno requiere mayoría absoluta: 176 diputados. Para esta fase todas las miradas están puestas en Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, que acudió a las generales en coalición con los socialistas.

El propio parlamentario canario ya ha confirmado que el PP no puede contar con él para las enmiendas de totalidad. Pero que no descarta apoyar posteriormente en Pleno.

En declaraciones a los medios tras la firma del acuerdo entre el Grupo Popular y UPN el líder conservador subrayó que "lo primero y capital sigue siendo la creación de empleo".

"La creación de empleo y la atención a los servicios públicos fundamentales son los grandes objetivos de estos PGE", sostuvo. Además, consideró que "es importante" ir "sumando votos, para aprobar los Presupuestos". "Ya hemos aprobado el techo de gasto, el reparto de los objetivos de déficit y ahora esperamos aprobar el reparto de las distintas partidas", concluyó.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, explicó que se necesitan entre 175 y 176 votos en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se presentó ayer, y aunque precisó que los apoyos se irán conociendo en los próximos días, aunque su opinión es que tienen 175,5, según Europa Press.

Así lo aseguró Mariano Rajoy en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Castilla y León en el que fue elegido como nuevo presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, quien toma el relevo de quien ha dirigido a los conservadores en los últimos 15 años, Juan Vicente Herrera.

Al respecto, Rajoy precisó que se necesitarían 175 votos para que no prosperen las enmiendas a la totalidad y 176 para que se aprueben los dictámenes, y se preguntó cuántos apoyos tiene el PP para sacar adelante las cuentas de este año a lo que él mismo respondió: "hay opiniones para todos los gustos". "Si queréis que os diga la mía: 175,5", afirmó el presidente del Gobierno y del PP.

Rajoy recordó que en la presente Legislatura nadie cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, aunque el PP sí la tiene en el Senado, por lo que es una etapa en la que hay que "acordar, pactar, dialogar, pactar, hablar y actuar con mucha responsabilidad", una responsabilidad no sólo de quienes están en el Gobierno sino del resto de los partidos "cuando votan sí, no o abstención".

Al respecto, reconoció que España "ahora va mejor" pero que se ha vivido "una etapa tremenda" tras cinco años de crecimiento económico negativo, lo que "nunca" se había dado en la historia de este país, con una pérdida del 10% PIB y 3,4 millones de españoles que perdieron su empleo, lo que obligó a "decisiones complicadas".

A partir de 2015 y 2016 las cosas "cambiaron" y, según los datos aportados por Rajoy, el crecimiento fue superior al 3% "el doble que en Europa" y "más" que los grandes países como Alemania, Francia o Italia, además de que se ha recuperado el 10% del PIB perdido y un millón y medio de españoles ha conseguido un empleo, además de que se ha cumplido el objetivo del déficit.

Por ello, el presidente del Gobierno aseguró que "ahora" se enfoca el futuro "con más optimismo pero sin olvidar el realismo" y así ha reiterado el objetivo de lograr 500.000 nuevos empleos cada año aunque prometió que el PP y el Ejecutivo trabajarán por superar esta cifra y también para "romper" el pronóstico de que la economía crezca un 2,5% para que esta cifra sea mayor.

Por otro lado, Mariano Rajoy aseguró que hay "muchos plastas" y "voluntarios" empeñados en decir "lo mal que van las cosas" en el país por lo que pidió a los suyos que hablen bien de España, porque no deja de ser "una de las naciones más importantes del mundo" con una renta per cápita y un PIB de los primeros y una red de ferrocarril y de autopistas y un sistema de protección de las personas como hay en "muy pocos países".

Durante su intervención, Rajoy defendió un país que recibe cada año a 75 millones de turistas, un destino que eligen "por sus servicios públicos y su seguridad ciudadana y porque les gusta España y los españoles". 

"Vivimos en una de las naciones más importantes del mundo, queremos decirlo y lo vamos a repetir" aseveró Rajoy, quien dio las gracias a los compromisarios presentes en el Congreso de Castilla y León "por defender unas ideas" que los conservadores creen que "son buenas" al tiempo que reconoció que "el coraje, esfuerzo, fuerza y fortaleza del pueblo español" impidió la "quiebra" de "una gran nación".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este domingo que su objetivo es "llegar al final de la legislatura", si bien reclamó al resto de formaciones políticas "responsabilidad" para que, como señaló, episodios como el de los estibadores, cuyo decreto para liberalizar el sector fue tumbado en el Congreso, "nunca se vuelvan a repetir por lo menos por parte de los partidos que debemos ser responsables".

Durante su intervención para clausurar el XV Congreso Regional del PP-A en Málaga, según Europa Press, Rajoy afirmó que hará "todo lo posible y lo imposible, si se puede hacer," para agotar la legislatura pues, como sostuvo, "la estabilidad política es muy importante para generar confianza" y "España la necesita".

Y así, censuró que los partidos de la oposición, salvo el PNV, no apoyaran en la Cámara Baja el real decreto presentado por su Ejecutivo: "No se puede, para castigar al Gobierno, jugar con cosas que afectan al crédito de tu país, que luego cuesta mucho recuperarlo". "Esto es romper las reglas del juego", agregó Rajoy, quien señaló que la economía "requiere de confianza y esto genera mucha desconfianza".

"El Parlamento de una de las naciones más importantes de Europa no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo, no puede de ninguna de las maneras", sentenció el líder del PP, que aseguró que hará "cuanto esté en mi mano" para solucionar la situación, a la par que reclamó al resto de partidos "un poco de responsabilidad".

Los españoles han pedido tres cosas...

Rajoy sostuvo que en las últimas elecciones los españoles pidieron tres cosas: "La primera, seguir trabajando para consolidar la recuperación y que haya más crecimiento y más empleo; en segundo lugar, más diálogo y más acuerdo, hay que pactar para gobernar; y en tercer lugar que queremos una España más unida".

A juicio del jefe del Ejecutivo, "pactar exige hablar, capacidad para entender al otro, ponerse en el lugar del otro, pero sobre todo exige fijarse en el interés general y actuar con responsabilidad. El PP cumple con su parte y hemos hecho un esfuerzo para acordar y hemos llegado a acuerdos antes y después de las elecciones, y hemos conseguido los votos suficientes para poder asumir la responsabilidad de gobernar". "Debemos seguir pactando y pactar no significa hacer lo que dice el Gobierno, sino poner en común para defender el interés general", añadió.

"Algunos acuerdos importantes hemos conseguido y vamos a seguir trabajando, hay otros que todavía no hemos logrado", mantuvo.

El varapalo del Congreso de los Diputados a la iniciativa del Gobierno puso de manifiesto la soledad de los conservadores en esta legislatura en la que no cuentan con mayoría y, además, dejó al descubierto las fisuras de la relación entre el PP y Ciudadanos, sus socios de investidura. El próximo reto de Rajoy es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, sin Ciudadanos, la tarea se le pone todavía más cuesta arriba, de ahí que a finales de esta semana se dispararan los rumores de un adelanto electoral.

De momento, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sostiene que ayudarán al PP a aprobar las cuentas públicas.

Con la Constitución en la mano, Rajoy puede disolver las Cortes a partir del 3 de mayo.

Sin acuerdo previo con el sector y sin que le saliesen las cuentas, el Gobierno llevó este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Una iniciativa para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Y si las cuentas no salían al comienzo de la jornada, los conservadores no lograron arañar un solo escaño tras el debate. El apoyo del PNV y la abstención de Ciudadanos, su socio de investidura, no fueron suficientes para un Partido Popular que este jueves comprobó las dificultades de gobernar en minoría.

Al filo de las 13.00 horas, la Cámara emitía, entre los aplausos del grueso de los diputados, el veredicto: 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones. Entre las abstenciones, se incluye la del diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, que se equivocó al votar, según admitió él mismo en su cuenta de Twitter.

Así, Mariano Rajoy se anotó su primer gran fracaso parlamentario y no en un una iniciativa cualquiera, sino en una que parte del propio Ejecutivo. Para buscar un precedente de lo ocurrido este jueves en el Congreso hay que viajar 38 años en el tiempo, hasta 1979. Gobernaba Adolfo Suárez. El 6 de febrero era rechazado el Real Decreto ley 1/1979 por el que se prorrogaba "la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento". Al estar disueltas las Cámaras, el órgano encargado de dar carpetazo a la iniciativa fue la Diputación Permanente, que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones.

Más cerca en el tiempo, en 2006, un fallo del grupo socialista en la votación echó abajo el Real Decreto Ley 1/2006, de 20 de enero por el que se modificaban los tipos impositivos del impuesto del tabaco. La iniciativa volvió al Consejo de Ministros, se aprobó de nuevo y salió adelante en el Parlamento ya sin errores de la formación que representaba al Gobierno.

El varapalo no sólo es puertas adentro, también afecta a los compromisos de España con Europa y muestra la debilidad de un Gobierno que se prepara para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en una situación parlamentaria tan delicada.

En su intervención en la Cámara baja para la defensa de la iniciativa, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, desvinculó al Gobierno de la decisión -se trata, dijo, de cumplir lo que se demanda desde Bruselas- e insistió en los riesgos a los que se enfrenta España si el real decreto no sale adelante: 134.000 euros diarios de multa por cada jornada de retraso en la ejecución de la sentencia. "Es mucho dinero del conjunto de los españoles y lo vamos a pagar todos", advirtió. El argumento de la multa fue recurrente a lo largo de su discurso y en las declaraciones que ofreció a la prensa tras cerrarse la sesión al término de las votaciones.

El titular de Fomento sostuvo que ha habido más de 20 contactos con el sector afectado por parte de su ministerio. En la última de las reuniones, este miércoles por la noche, el Gobierno ofrecía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 años, cinco años antes de su edad de jubilación, manteniendo el 70% del sueldo. La oferta fue rechazada. "El Gobierno ha hecho lo que podía hacer", justificó De la Serna. Los partidos de la oposición se encargarían después de matizar las palabras del ministro asegurando que los sindicatos no habían estado presente en la cita en la que contra reloj el Ejecutivo intentaba salvar la derrota en el Parlamento.

También subrayó De la Serna que se han hecho esfuerzos desde el Ejecutivo para cumplir las demandas de los afectados pero en, en algunos asuntos, se toparon con el muro de la Comisión Europea, como en el asunto del registro.

De la Serna mantuvo, además, que no hay ningún país de la UE al que se le esté permitiendo "un hecho diferenciador". Que la ley, dijo, es igual para todos.

Los partidos niegan que haya habido "diálogo"

No sólo defendió el ministro el diálogo entre el Gobierno y el sector afectado. También insistió en el diálogo mantenido a nivel parlamentario. Si bien agradeció a los grupos políticos su disposición a hablar, también subrayó que no había recibido alternativas concretas al texto del real decreto. En ocasiones, se quejó, las discusiones se limitaron a cuestiones que nada tenían que ver con el tema a debate.

Después, en el turno de fijación de posiciones, fueron varios los parlamentarios que le echaron en cara que a ellos no se había acercado. También hubo una crítica bastante generalizada por los plazos del Gobierno. "Que se apuren hasta el final las posibilidades de negociación", demandó el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro. 

De hecho, antes de entrar al hemiciclo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunció que sus 32 diputados se abstendrían. Tras el fracaso de las negociaciones del día anterior entre el Gobierno y el sector, el dirigente del partido de Albert Rivera confirmaba que su partido se iba a abstener en la convalidación y reclamaba al Gobierno que retirase este punto del orden del día, como ya hizo la semana pasada, para evitar una derrota.

Cuando De la Serna defendía el real decreto de reforma de la estiba, sólo un miembro del Gobierno le escuchaba en el hemiciclo: la titular de Empleo, Fátima Báñez.

"Despidos y deterioro del empleo"

Por parte del grupo de Podemos, tomó la palabra Félix Alonso. El diputado se quejó del empeño del PP en sacar adelante una iniciativa que ni tiene apoyo social ni parlamentario. En un país con un 20% de paro "el PP quiere abrir la puerta a los despidos y al deterioro del empleo en los puertos", denunció.

También anunciaron su voto en contra ERC, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas y el parlamentario de Nueva Canarias Pedro Quevedo.

Los nacionalistas vascos, que se están acercando al PP en la negociación de los Presupuestos del País Vasco, votaron a favor "por responsabilidad", según defendió su portavoz.

Miedo electoral

Por su parte, el diputado socialista César Ramos se preguntó por qué el Ejecutivo no actuó antes, en 2014. Y lo vinculó a la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

"Creemos que es posible el acuerdo y le pedimos a los sindicatos que se sienten a negociar. Lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a la fórmula de que no se eche en cara a los trabajadores que no están por el acuerdo. Y el que no está por el acuerdo es el Gobierno. Pedimos a todos que se pongan a trabajar", añadió Ramos al tiempo que anunciaba su voto en contra. "Señor ministro, siéntese a la mesa [de negociación]", reclamó a de la Serna.

El diputado Miguel Barrachina, del PP, se quejó, como el ministro, de que el resto de partidos no haya planteada alternativa y recordó que el texto por el que la Comisión va a multar a España fue obra del Partido Socialista.

"¿Alguien piensa que vamos a poder estar fuera de los tratados de la Unión Europea?", se preguntó el diputado conservador, que protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada cuando echó en cara a Podemos que la semana pasada fueran con "brazaletes morados" en defensa de la mujer y ahora escondan esos brazaletes si se tiene en cuenta que, por ejemplo, de los 1.600 trabajadores del Puerto de Algeciras todos son hombres.

A partir de ahí dio comienzo un cruce de acusaciones en el que tuvo que mediar la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Barrachina habló de las "amenazas" de Podemos a jueces y periodistas. Y desde Podemos se habló del "matonismo" del PP.

La reforma

El objetivo de la reforma, según el Gobierno, es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. La liberalización del sector, en los términos previstos por el decreto, provocará la entrada de nuevas empresas, supondrá una bajada de los salarios de los estibadores e implicará un desembolso de entre 300 y 350 millones de dinero público para sufragar indemnizaciones por despidos de estibadores. El decreto, que no introdujo ni una sola modificación con respecto al texto que los sindicatos rechazan de plano, afecta a unos 6.500 estibadores. 6.500 estibadores.

La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, según la patronal.

El Real Decreto Ley de reforma de la estiba establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, que hasta ahora controlan la organización del trabajo. De ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en las instalaciones portuarias.

Y ahora, ¿qué? Entre los grupos parlamentarios hay consenso en que la reforma puede producirse vía proyecto de ley. Así lo reconoció el propio portavoz de los conservadores, Rafael Hernando, este mismo martes.

"Estamos abiertos a las propuestas que nos quieran hacer los demás. Si entienden que la fórmula puede ser tramitarlo como proyecto de ley, que lo pongan encima de la mesa, pero no hemos escuchado alternativas", dijo Hernando en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. "Si así se propusiera, podría ser tramitado como proyecto de ley", subrayó, según informa Europa Press.

Efectivamente, en toda la historia de nuestra democracia, ni tan siquiera en legislaturas de mayorías absolutas, tanto del PP como del PSOE, el partido gobernante ha adquirido tal nivel de poder en los principales órganos del Estado. Lo controlan todo. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de Administración de RTVE, la mayoría de los medios de comunicación, etc. y siguen presentes, naturalmente, en la presidencia y en los consejos de empresas con capital público y en otras privadas de carácter estratégico, vía puertas giratorias.

Es decir, que la que iba a ser la legislatura del consenso, ausente de mayorías absolutas, ineludible en acuerdos con los demás partidos políticos, sancionada en las urnas por la voluntad popular y así proclamada urbi et orbi por PP, PSOE y C's, trastoca sus propios discursos y traiciona el voto ciudadano, permitiendo el control institucional absoluto del partido gobernante.

Para ello, el PP está tejiendo un complicado encaje de bolillos, una ceremonia de la confusión que no podemos saber hoy hasta qué punto está pactada de antemano con el PSOE y Ciudadanos. Maneja una baraja que reparte a dos manos, intenta por un lado sobrellevar el pacto de legislatura con Ciudadanos, y por el otro ofrece algunas prebendas al PSOE a cambio de silencio, migajas en el reparto de puestos en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Administración de RTVE, etc.

Ambos partidos beneficiarios simulan presentar exhortaciones, solicitar comisiones de investigación y presencias de ministros –que no sirven para nada– para salvar la cara ante la opinión pública en el Congreso de los Diputados o el Senado. Es el teatro de guiñol de la política española, la apariencia como idioma compartido y la sustracción permanente de la verdad al ciudadano.

La gestora del PSOE, los barones instalados en el poder y la vieja guardia, están autorizando estas operaciones de pactos, y van a lograr lo que en décadas de transitar por la vida política, con errores y aciertos indudables, no han conseguido, y es, una profunda división entre la militancia de base y sus cúpulas directivas, la desafección de sus seguidores. La lealtad de tantos afiliados y votantes anónimos no merece esta deserción continuada de los principios del socialismo obrero. Para Ciudadanos, sin embargo, se abre una oportunidad de sorpasso a un PSOE desunido y sin mensaje –de la que ya se han apercibido, claro– por lo que nos venden su apuesta benéfica y desinteresada por la gobernabilidad y la intermediación social con algún gesto, simulado o no, de intransigencia con el Ejecutivo, siendo incluso más beligerantes que el PSOE.

No podemos aceptar a estas alturas que acreditados miembros de la carrera judicial y asociaciones profesionales denuncien en los medios de comunicación que sufrir presiones forma parte de su trabajo, vamos... ¡que es algo habitual! ¿Dónde está entonces la separación de poderes, la independencia del poder judicial? ¿Estamos esperando que la Comisión Europea nos haga una reconvención, como en tantas otras cosas, por la situación de indefensión de jueces y fiscales, mediatizados por la composición de sus órganos de gobierno, los ascensos condicionados, los ceses y traslados no solicitados, las inhabilitaciones, o las fichas abiertas en el curso de su trayectoria profesional? Mientras tanto, tenemos que seguir escuchando el latiguillo de insignes candidatos al museo de cera: “la justicia es igual para todos”.

Como nos distraeremos con el recorrido judicial de la cuestión catalana, que tiene todavía madeja que desenredar, paralela a los años de corrupción del caso Palau –parece que el independentismo no tiene escrúpulos en sacar prenda hasta de un símbolo nacional–, cabe pensar que esto le vendrá bien al PP en sus próximas citas en el banquillo, y que ocultará más fácilmente sus vergüenzas tras las del otro.

Mientras tanto, el desempleo real no baja –sólo hay reparto de sueldos y de duración de contratos–, y las diferencias salariales hacen que seamos el país con mayores tasas de desigualdad, según el último informe de la OCDE. Los beneficios empresariales no se están reflejando en las rentas salariales y padecemos una fiscalidad socialmente regresiva –más acentuada con la crisis–, que favorece a las grandes empresas y a las fortunas patrias. Menos mal que, aun “tributando” fuera, ellos son los mayores defensores de la Constitución, la unidad del país y la bandera.

Pero para muchos españoles el color de la indignación está pasando ya de castaño a oscuro. No es funcional para la estabilidad del sistema tirar tanto de la cuerda. ___________________

Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.

En los meses previos al verano de 2015, el presidente del Gobierno empezó a dejarse ver más en público. Se dejaba fotografiar con los suyos tomando el aperitivo en bares próximos al Congreso de los Diputados, se hacía selfies con los ciudadanos selfies que se lo pedían. Hay quien vio en esta mayor exposición pública la cercanía de unas elecciones generales en diciembre. En el PPPP y en Gobierno, sin embargo, defendían que hasta ese momento el jefe del Ejecutivo había estado ocupado en poner los cimientos de la "recuperación económica" y que, cuando las cifras comenzaban a mejorar había llegado la hora de salir del despacho. Ahora, más de un año después, y habiendo superado un periodo de diez meses en funciones, el líder del Partido Popular se declara "moderamente optimista" ante el año político que va a abrirse y satisfecho con las "muy buenas cifras económicas" que ha ofrecido 2016 "en prácticamente todas las magnitudes". Así lo puso de manifiesto este viernes en la rueda de prensa de balance que ofreció tras el último Consejo de Ministros del año.

En lo político, Rajoy optó por dejar a un lado las derrotas parlamentarias que su grupo ha sufrido ya en la cámara Baja y se centró en el avance que supuso pasar de estar al borde de unas nuevas elecciones a tener un Gobierno con plenas funciones gobernado por él. El lo definió como el paso de un "bloqueo histórico" a una "colaboración histórica" entre partidos. El jefe del PP, que lleva más de un año apostando por una "gran coalición" PP-PSOE-Ciudadanos, sigue insistiendo en que pueden llegarse a acuerdos en lo fundamental. De hecho, recordó las negociaciones con los socialistas en materia educativa, en materia energética (bono social) y en políticas europeas.

El presidente consideró que en estos últimos meses del año España ha conseguido corregir "la imagen de inestabilidad" del periodo de Gobierno en funciones "gracias a los acuerdos alcanzados" con Ciudadanos y PSOE.

La "fortaleza de la recuperación"

Fue en el balance económico donde más triunfalista se mostró el presidente del Gobierno llegando a poner las reformas realizadas en el X Legislatura en este campo como sostén de un largo periodo de Gobierno en funciones. "Como ustedes saben –dijo a los periodistas–, uno de los elementos que más ha sorprendido en este año 2016, dentro y fuera de España, es el hecho de que la incertidumbre política no haya afectado a nuestra recuperación económica".

A su juicio, esto se debe "a la fortaleza" de la recuperación y a las reformas emprendidas a lo largo de la legislatura de la mayoría absoluta. Estas, sostuvo, "han propiciado un crecimiento sólido y robusto que debemos mantener en los próximos años".

Rajoy pronunció estas palabras en un momento en el que su partido, en minoría en el Congreso de los Diputados, ha sido testigo de cómo los partidos de la oposición coinciden a la hora de plantear iniciativas que preparen el terreno para tumbar leyes como la reforma laboral del Partido Popular.

Muy a gala lleva también Rajoy que su Gobierno dejase aprobados los Presupuestos Generales para 2016. Según subrayó, el hecho de haber aprobado "con previsión" unas cuentas públicas, a pesar de "las críticas" que recibieron en su momento "fue una decisión prudente, eficaz y responsable".

"Parapeto de seguridad"

"Esos presupuestos han sido un parapeto de seguridad que ha protegido la recuperación económica y la creación de empleo generando confianza, en un contexto de incertidumbre política", valoró. Sin ellos, insistió, "nunca hubiéramos podido lograr los resultados de crecimiento y empleo" registrados en 2016.

Tras presumir de su decisión de haber dejado aprobados los presupuestos que ahora tienen que ser prorrogados, Rajoy hilvanó unos párrafos [aquí el discurso completo, en PDF] plagados de lo que previamente había calificado de "muy buenas cifras económicas". 

Empezó con datos de empleo: "España cuenta ya con 18,5 millones de personas ocupadas, un millón y medio más de las que había en el peor momento de la crisis". Luego tocó el paro: "Por primera vez en siete años, el paro bajó de los cuatro millones de personas y la tasa de paro se encuentra ahora en el 18,9% de la población activa". Y el crecimiento económico: "Pese a todas las incertidumbres, la economía española crecerá este año un 3,2%. Es el ritmo más elevado de las grandes economías de Europa y casi el doble de la media de la eurozona". Para rematar con el sector exterior y el turismo.

Según el presidente del Gobierno, 2016 se cerrará "como el quinto año consecutivo en que la economía española logre un saldo positivo con el exterior" y "como otro año histórico en materia de turismo". Sin contar diciembre, España ya ha recibido en 2016 71 millones de turistas.

La corrupción, de pasada

En su discurso faltó la autocrítica. Se olvidó de la precariedad laboral. Y citó de pasada uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado su partido en las últimas legislatura: los escándalos de corrupción. "En estos meses también se ha pactado la creación en el Congreso de una Comisión Permanente contra la Corrupción y para la Calidad Democrática", fue su única alusión en un momento en el que PSOE y Ciudadanos le recuerdan que en próximo periodo de sesiones van a reclamar que explique en el Congreso la financiación del PP.

Fue la oposición quien se encargó de frenar este balance triunfalista. Desde el PSOE, el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez acusó a Rajoy de haber intentado "vender" una "realidad" que no existe en España, ya que la recuperación económica de la que había hablado en su comparecencia para hacer balance del año no ha llegado, a su juicio, a las familias. "La realidad del detalle de lo que está ocurriendo en España en términos económicos y la translación que eso tiene para las familias sigue siendo un panorama muy duro, muy desolador", aseguró.

Por su parte, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, se quejó de que el Gobierno del PP haya podido "recuperar las tijeras" gracias al PSOE y a Ciudadanos. "La triple alianza", lo definió.

"Pocas sorpresas en el discurso triunfalista de don Mariano, que se congratula de haber podido recuperar sus tijeras por la triple alianza", comentó.

Desde Ciudadanos, formación a la que Rajoy definió como "socio preferente", su vicesecretario general, José Manuel Villegas, consideró que el presidente del Gobierno se había mostrado "excesivamente conformista" en su balance de 2016. En este sentido, le anticipó que su formación va a estar "vigilante" para que no se "acomode" y actúe con la "ambición" que requieren las reformas que hay que poner en marcha y que el PP se comprometió a implementar con el partido naranja.

El futuro: las cuentas para 2017

Pese a las declaraciones públicas de sus rivales políticos, que dicen no estar por la labor, de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que lleven el sello del PP, Rajoy también exhibió cierto optimismo en este campo. Su estado de ánimo al respecto, señaló, es "moderadamente optimista".

El presidente del Gobierno dice siempre que de las conversaciones privadas con sus interlocutores políticos es mejor no hablar hasta que hay una postura definitiva. Tiene miedo a que se tuerzan. Respecto a los Presupuestos, señalan en su entorno, ya se han producido algunos contactos. Se ha avanzado poco. Pero lo justo, admiten, como para ser optimistas.

Confianza en que el PSOE sea "responsable"

El PP tiene puestas muchas esperanzas en que el PNV acabe cediendo. Tampoco dan por perdido al PSOEPSOE. Dicen que los socialistas "harán su papel" de oposición pero que podrían acabar dando su visto bueno a las cuentas públicas.

Los conservadores insisten en que sería "muy poco responsable" por parte de las formaciones políticas que hubiesen dado luz verde al techo de gasto y que, por otra parte, acabasen bloqueando los presupuestos.

Rajoy insistió este viernes una vez más en que no es bueno tocar aquellos asuntos que funcionan –en alusión, principalmente, a la reforma laboral. Pero se mostró dispuesto a ceder siempre que los demás cedan también en sus posiciones. 

En todo caso, en esta ocasión, su apelación al diálogo y al entendimiento fue a más. A diferencia de otras ocasiones, el jefe del Ejecutivo enterró la amenaza de unas elecciones el próximo año si el Congreso no logra aprobar unos presupuestos porque está convencido de que, cuando se presenten, van a salir adelante.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció este viernes en el palacio de la Moncloa la tradicional rueda de prensa de balance de fin de año. Una cita en la que huyó de la autocrítica y puso en valor que, después de 10 meses de Gobierno en funciones, se haya logrado "corregir la imagen de inestabilidad" gracias a "los últimos tiempos de acuerdos y pactos". Rajoy citó concretamente al PSOE y a su socio de investidura, Ciudadanos, como partidos con los que ha habido entendimiento y han permitido sacar adelante iniciativas. Y se mostró esperanzado de cara al futuro. El próximo reto importante del Ejecutivo son los Presupuestos Generales del Estado para el año que está a punto de comenzar. Y, pese a las declaraciones públicas desde la gestora socialista en las que se rechaza tajantemente sacar adelante unas cuentas públicas del Partido Popular, el jefe del Ejecutivo se declaró "moderadamente optimista".

A día de hoy, según manifestó, Rajoy no ve "obstáculos insalvables" que le lleven a concluir que no va a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Es más, dijo que su intención es gobernar cuatro años, la legislatura completa. Él, sostuvo, estaba dispuesto a ceder. Pero también el resto de formaciones tienen que dar pasos similares. "En otras cosas tienen que ceder los demás", sentenció.

En los últimos meses, desde su entorno se ha sostenido que, sin cuentas públicas aprobadas, el presidente se iba a ver obligado a disolver las Cortes en el mes de mayo para convocar unas nuevas elecciones generales. Ahora, Rajoy se muestra optimista. Se ha pasado, subrayó, de un "bloqueo histórico" a una "colaboración histórica"."Páramo estéril de filibusterismo"

"Páramo estéril de filibusterismo"

"Creo que desde mi Gobierno, y desde el grupo parlamentario que le apoya, se han hecho enormes esfuerzos por facilitar el entendimiento con los partidos de oposición para lograr acuerdos en beneficio de los españoles y evitar que este periodo se convierta en un páramo estéril de filibusterismo parlamentario", añadió.

En todo caso, volvió a alertar de los peligros que, a su juicio, supondría echar abajo el paquete legislativo económico que sacó adelante su Gobierno entre 2012 y 2015. "Lo que se cambia es lo que no funciona [...] Hay cosas que sería un enorme error cambiarlas porque sí", dijo.

"Dije en mi sesión de investidura que no pedía un cheque en blanco. Soy muy consciente de las limitaciones que supone esta situación, pero también soy muy consciente de las posibilidades que la coyuntura nos ofrece. Tenemos razones como españoles para sentirnos razonablemente satisfechos de cómo ha acabado este atípico 2016 y esperanzados ante las posibilidades que nos ofrece 2017", añadió el presidente antes de poner en valor la, a su juicio, moderación de la sociedad.

"En este año hemos confirmado que la sociedad española es moderada y responsable, que huye de fanatismos y de radicalidad", sostuvo.

Sin reforma de la Constitución...

Con Cataluña, Rajoy mantuvo que apuesta por la misma receta que para los partidos de la oposición: diálogo. Y dejó muy claro que no piensa que una reforma de la Constitución fuese a solucionar las tensiones entre la Generalitat y el Estado central.

De cara a la Conferencia de Presidentes del próximo enero, Rajoy consideró que los presidentes de Cataluña y País Vasco, que han anunciado que no acudirán, estarían "abdicando" de su responsabilidad si mantienen esta postura. Él, dijo, no dejará vacía una silla "nunca".

Rajoy llegaba a esta rueda de prensa como presidente del Gobierno con plenos poderes después de casi un año como presidente en funciones. Fue el 29 de octubre cuando, gracias a al abstención de 68 diputados del Partido Socialista, lograba ser investido en segunda ronda. Era el segundo pleno de investidura al que se enfrentaba en pocos meses. Ya lo había intentado sin éxito la última semana de agosto.

A nivel interno de partido, Rajoy ha conseguido, siguiendo en la Moncloa, que no se desarrolle un sector crítico. Así, llega al XVIII Congreso Nacional del PPPP con su liderazgo sin fisuras y como único candidato. El segundo fin de semana de febrero los conservadores celebrarán en Madrid un cónclave en el que se intenta mejorar la democracia interna implantando una segunda doble vuelta en la elección del presidente y en el que, pese al pacto con Ciudadanos, se mantiene el régimen disciplinario. Así, un cargo público del partido imputado en un escándalo de corrupción debe apartarse en el momento de la apertura del juicio oral, y no en el momento en el que se le considera formalmente investigado, tal y como establece el acuerdo de investidura firmado con el partido de Albert Rivera. 

Tras meses de tensiones con Ciudadanos por el cumplimiento de la literalidad del pacto, Rajoy premió a la formación naranja asegurando que ellos son su socio "preferente". "Hablaremos con el PSOE de los grandes temas que son importantes para el futuro de la Nación", añadió citando "pensiones", "educación" y asuntos europeos.

Rajoy rechazó entrar en cuestiones internas de partido en la rueda de prensa. Así, evitó precisar si María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa, seguirá siendo la número dos de Génova. Eso, dijo, ya se "verá" en su día.

No hay fecha previsible todavía para que comience el debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado. Pero en el Gobierno señalan que los diferentes ministerios ya están trabajando en borradores. Asumen que va a ser una tarea difícil. Y confían em que el Partido Socialista "hará su papel" de oposición pero, al final, acabará negociando las cuentas públicas con el Partido Popular. 

Esta es la idea más extendida en las filas conservadoras y en el Gobierno en un momento en el que, superado ya el debate sobre el techo de gasto, la gran prioridad del gabinete de Mariano Rajoy es sacar adelante los Presupuestos. La fe en que el proceso, pese a arduo, acabará bien permite a los conservadores apuntar a una legislatura larga. No son pocas las veces que desde sectores del PP se ha subrayado que si no hay cuentas públicas para el el año que viene habrá de nuevo elecciones generales. Con la ley en la mano, el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes y convocar unos nuevos comicios a partir del próximo 3 de mayo.

Este jueves, el jefe del Ejecutivo presidió la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular e insistió a los suyos en que él quiere una legislatura larga. Una circunstancia que requiere "diálogo y colaboración", señalaron fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Las mismas fuentes subrayaron que en el Gobierno y en el partido consideran que "hay margen" para hablar con el principal partido de la oposición de los Presupuestos. Por mucho que desde Ferraz se inisista en que el PSOE no puede sacar adelante unas cuentas públicas con el sello de la derecha.

El encargado de trasladar a la prensa los ejes de la reunión de Rajoy con el núcleo duro de su partido en el Congreso de los Diputados fue el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. El dirigente conservador sostuvo que la nueva legislatura requiere "diálogo y acuerdo" y que los partidos dejen a un lado los eslóganes y las pancartas.

Hernando subrayó que la relación de su grupo con el de Ciudadanos es "cordial" aunque, dijo. "puede haber desacuerdos circunstanciales". Tras ubicar al partido de Albert Rivera como socio prioritario, recordó que el pacto que previamente firmó la formación naranja con el PSOE tiene en común muchos puntos con el suyo con Ciudadanos. En este sentido, señaló que la idea es atraer a otros partidos.

No a una legislatura "derogativa"

En las últimas semanas, desde el PP han sido testigos de cómo la Cámara baja debatía la derogación de iniciativas de la X Legislatura, cuando Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Es el caso de la llamada ley mordaza, la Lomce, la reforma de la ley del Tribunal Constitucional... Al respecto, Hernando alertó del error que, a su juicio, supondría "convertir esta legislatura en una legislatura derogadora".

Respecto a la reforma laboral, sostuvo que en esta materia le gustaría que se buscase "una fórmula parecida [a la de la reforma de la Lomce] con el fin de evaluar las necesidades del mercado laboral y cómo conseguir que la productividad sea un elemento que permita que este país, que crea la mitad del empleo que se genera en Europa, siga así en los próximos años".

Con Podemos, "difícil"

Más difícil que con Ciudadanos y el PSOE, ve Hernando la posibilidad de llegar a acuerdos con Unidos Podemos. Con este grupo, dijo, "existe posibilidad de diálogo", aunque después cosas de las que ya se han hablado acaban siendo revisadas.

Al PNV les animó a "jugar el partido" y sobre el PDECat sostuvo que los nacionalistas catalanes tienen "un problema de desubicación" que confió se pueda reconducir.

El Gobierno justificó este miércoles los vetos que ha impuesto a las más diversas iniciativas planteadas por la oposición en el Congreso desde el inicio de la legislatura porque, según asegura, supondrían un coste de más de 15.000 millones de euros y "alguien tiene que ser responsable".

Así lo puso de manifiesto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la última sesión de control al Gobierno del año en respuesta a la secretaria general de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, quien le preguntó si el Ejecutivo va a convertir "un acto excepcional" como los vetos en una regla que, a su juicio, "secuestra" la función legislativa de la Cámara.

La ministra de la Presidencia quiso dejar claro que el Ejecutivo "no secuestra nada" y apuntó que si ha censurado proposiciones de ley de la oposición es porque tratar de preservar los 15.000 millones de euros que supondrían aplicar las propuestas planteadas.

"Y alguien tiene que ser responsable; en este caso será el Gobierno del PP", remachó, insistiendo en que el exceso de gasto de anteriores Ejecutivos llevaron a España a estar "al borde del rescate".

La líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, aseguró que en mes y medio de legislatura ya se ha cumplido casi el 13% de los acuerdos de investidura pactados con el PP: "Se están viendo cambios", celebró.

En una entrevista este lunes en Antena 3 recogida por Europa Press, subrayó que España "está mejor ahora que hace dos meses", y celebró medidas impulsadas por su partido como la ampliación del permiso de paternidad, la cuota reducida de autónomos y que no se haya subido el IVA.

Sobre los próximos presupuestos del Gobierno central, aseguró: "Si se aumenta el gasto social sin tener que meterle la mano en el bolsillo a los españoles, estaremos ahí".

Preguntada por la encuesta electoral de El Periódico de Catalunya que relega a su partido al tercer puesto en el Parlament, aseguró que el sondeo "muestra que C's sigue siendo una alternativa de gobierno en Catalunya".

"Es una encuesta más que demuestra que el independentismo va perdiendo fuelle" y Catalunya debe estar liderada por un partido de centro, sin mochilas y que pueda llegar a acuerdos con izquierdas y derechas, expuso.

Arrimadas apuntó que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "se está apoyando en Podemos" para buscar apoyo al referéndum y con su apuesta por el proceso soberanista ha creado un problema que no sabe cómo solucionar, dijo.