El expresidente de la Generalitat José Montilla ha criticado que el expresidente del Gobierno, Felipe González, afirmara que una amnistía supondría señalar a la democracia española como culpable de lo ocurrido en Cataluña. "Es curioso cuándo habla y no precisamente para echar una mano", ha defendido.

En una entrevista en la Cadena Ser, el exlíder catalán hacía así referencia al silencio del socialista durante la campaña electoral del 23J. "Es libre de opinar, pero es curioso que lo haga en momentos determinados y no para echar una mano", ha insistido Montilla, que ha señalado que le hubiera gustado que estuviera presente "en la campaña".

Con respecto a la amnistía que plantean desde Junts para una posible investidura de Pedro Sánchez, Montilla ha señalado que los beneficiados se comprometerán a no repetir los hechos, lo que considera coherente: "Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra". Además, ha insistido en que Puigdemont no ha planteado la situación de hace un par de años y, aunque sea legitimo que los independentistas pidan un referéndum, advierte de que "no tendría amparo legal".

Montilla no ha sido el único socialista en salir a criticar las palabras de este martes de González. El primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, también se ha pronunciado por las últimas declaraciones de González y ha señalado que "no coincide" con quién fuera en su día su "referente político". El socialista, en su cuenta en Twitter, ha continuado afirmando: "Yo me quedo con las nuevas generaciones de hombres y mujeres que quieren y necesitan muevan soluciones política a los viejos problemas de España".

Las reacciones también han llegado desde el actual gobierno en funciones. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez se ha desmarcado de las palabras del expresidente y ha recordado que "ahora hay otra generación" al frente del PSOE liderada por Pedro Sánchez. La ministra dice que las políticas de González "requieren el respeto de toda una generación", si bien ahora es Sánchez el que está al frente del proyecto político y de que "España siga avanzando".

"Yo me quedo con eso, con el esfuerzo que el PSOE que precedió a los dirigentes que hoy estamos al cargo del partido hizo por nuestra generación, por la España que modernizó", ha reivindicado. La nueva dirección socialista sigue con "la esencia" de lo que hizo Felipe González, avanzando "en digitalización, innovación o en ciencia", ha apuntado.

Las declaraciones de la ministra portavoz y de otros dirigentes socialistas tienen lugar un día después de que Felipe González en una entrevista en Onda Cero pidiese al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que diga claramente que la amnistía de los implicados en el procés y la autodeterminación no caben en el marco de la Constitución.

González también confesó que en los últimos comicios le costó votar al PSOE y afirmó que desde el partido "le han mandado a callar". A su juicio, quienes hablan en esos términos no son socialistas porque no creen en la libertad.

Corinna Larsen estaba llamada a declarar el pasado 28 septiembre en una de las diligencias del caso Carol, la investigación de un supuesto encargo que la examante del rey Juan Carlos I hizo al comisario José Manuel Villarejo. El testimonio lo iba a prestar por videoconferencia en la Embajada española en Londres, donde reside Larsen, pero el juez Manuel García Castellón terminó anulando la declaración por falta de garantías y archivando el caso el pasado miércoles. De haberse llevado a cabo, habría sido la segunda ocasión en que la exprincesa declarara en la capital británica por un asunto relacionado con el emérito. Ya tuvo que hacerlo en 2010, pero a requerimiento de la Justicia alemana. En un juzgado de Luisburgo se procesaba entonces a Manfred Osterwald, un supuesto arquitecto, hombre de negocios y senador, por malversar medio millón de euros donados por Daimler, Porsche y EnBW –la tercera mayor energética alemana– a la Fundación del Diálogo Intercultural, que él mismo había creado. De esa cantidad, sólo quedaron en las cuentas de la fundación 6.100 euros. Del total donado, los 250.000 euros aportados por Daimler deberían haber servido para organizar el 2 de febrero de 2006 una cena de gala en honor de Juan Carlos I en el castillo de Schöckingen, donde reside Osterwald. Pero a ese fin sólo dedicó 100.000.

La declaración de Larsen, entonces aún princesa Corinna zu Sayn-Wittgestein, se desarrolló con “asistencia administrativa” de Scotland Yard, según fuentes policiales consultadas por infoLibre. Corinna formaba parte de la directiva de la fundación de Osterwald, o al menos figuraba con ese cargo –y con el título y apellidos de su exmarido–, en la lista de invitados a la cena que elaboró la propia institución y a la que ha tenido acceso este periódico. También aparece su padre, Finn Larsen.Pero el papel de la exprincesa en la gala de Schöckingen fue mucho más allá de sentarse a la izquierda del monarca español –las fotos publicadas del evento así lo atestiguan– aquella noche. Según explican los altos funcionarios del land de Baden-Württemberg a los que Osterwald convenció para añadir una agenda oficial a la visita privada del rey, Larsen era la persona de contacto con Juan Carlos I, y según conocedores de la organización de los Premios Laureus, también con las compañías Daimler y con Richemont. Porque, como explicaba Manfred Osterwald al primer ministro de Baden-Württemberg, Günther Oettinger, en una carta el 15 de diciembre de 2005, la visita del monarca tenía relación con la entrega de esos galardones, que se iba a celebrar en Barcelona en mayo del año siguiente bajo el patrocinio de Juan Carlos I. El fabricante de automóviles alemán y la firma de lujo suiza, dueña de Cartier y Montblanc, entre otras marcas, son los patronos de la Fundación Laureus, que otorga desde 2000 estos premios a las figuras más destacadas del deporte mundial. De forma que la visita del ahora emérito incluía, además, una parada en la factoría que Maybach, la marca de berlinas de superlujo de Daimler, posee en Sindelfingen, no muy lejos de Schöckingen y de Stuttgart, capital de Baden-Württemberg y sede de Mercedes-Benz.

De hecho, en sus repetidas comunicaciones y reuniones con los responsables de Protocolo del land, Osterwald destaca el papel de Larsen como la persona que “organiza los viajes privados al extranjero del rey y que, de forma comparable a un asistente personal, tiene acceso directo al monarca”. El dueño del castillo y cofundador de la fundación siempre menciona a la examante del emérito junto al jefe de la Casa del Rey, Alberto Azajunto al jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, y al secretario general, Alfonso Sanz Portolés. Con ambos, asegura el alemán, Corinna tiene “contacto directo”. Es más, es a la princesa zu Sayn-Wittgenstein a quien el 28 de enero de 2006 el jefe de Protocolo de Baden-Württemberg, Edmund Kammerer, dirige una carta a su dirección en Londres donde adjunta un borrador del programa de la visita real, una primera lista de invitados y un prediseño de la comitiva motorizada que acompañará al monarca desde el aeropuerto hasta la sede del Gobierno del land, el Neues Schloss. En ese prediseño se situaba a la princesa en el mismo Maybach –de los cuatro que Daimler puso a disposición del evento– que trasladó a Alberto Aza. En el primero debían ir el rey y el primer ministro Oettinger. En el segundo, el embajador español en Alemania , Gabriel Busquets Aparicio, y Manfred Osterwald.

Esa carta era el resultado de una conversación anterior entre ambos aquel mismo día. Kammerer subraya “de nuevo” a Larsen que el Staatsministerium –el equivalente a una Consejería de Presidencia en España– “aceptará todas las propuestas del rey”. “En especial, garantizamos que el senador Osterwald, como iniciador de la visita, también será excelentemente situado y reconocido en la invitación del primer ministro”. Además, Kammerer pide a Corinna que acometa “rápidamente” los siguientes pasos, una vez que ella ha aclarado cuáles son sus “atribuciones”.

“Un intenso y estrecho contacto”

En el juicio de Luisburgo, propiciado por la demanda que el exsocio de Osterwald había interpuesto contra él por estafa y malversación, quedaron expuestas a la luz pública las relaciones del senador con Daimler. Y con el rey. Según declararon los investigadores de la policía alemana, Osterwald pretendía que el fabricante de coches pusiera en la fundación aún más dinero, un millón de euros. El dueño de Schöckingen llegó incluso a mencionar un apoyo de Daimler a la fundación que el fabricante desmintió rotundamente. La policía, no obstante, explicó ante el juez que la marca de automóviles pretendía crear unos Premios Maybach para promocionar estos vehículos de superlujo, que no cuestan menos de 400.000 euros y cuyas ventas lleva años intentando levantar sin demasiado éxito. Para ello Daimler quería seducir a Juan Carlos I. Y ahí estaba Manfred Osterwald para echar una mano.

Ante los altos funcionarios de Baden-Württemberg el senador destaca una y otra vez la “relación de amistad” que le une al hoy rey emérito. También dice que mantiene con él un “intenso y estrecho contacto”. Las mismas palabras repite en una carta al primer ministro el 15 de diciembre de 2005. Incluso le asegura que Juan Carlos I le ha informado del “apoyo unánime” que Angela Merkel ha encontrado en la Cumbre Euromediterránea celebrada en Barcelona en noviembre, poco después de su primera toma de posesión como canciller el día 22 de ese mes. Cuando el 22 de diciembre Osterwald se dirige a la propia Merkel para invitarla a la cena de gala de Schöckingen prevista para febrero, le cuenta a la canciller que en “varias conversaciones telefónicas” con el rey, “su majestad” le ha “subrayado repetidamente lo importante que es para él encontrarse con ella”.

Como los responsables de Protocolo del land dudaban de que la visita de Juan Carlos I fuera un hecho, Osterwald les remitió un fax, con la carátula de la Casa del Rey y firmado por Su Majestad. “Dear Manfred”, comienza la carta donde acepta la invitación a Stuttgart. “Estoy deseando verte de nuevo para continuar nuestra conversación”, dice el monarca, quien agradece la “oportunidad” de ver a Angela Merkel, a la que tuvo “el placer de encontrar en Barcelona”, y también a Dieter Zetsche, el presidente de Daimler, “en relación con los próximos Premios Laureus del Deporte Mundial”. Seguidamente, Juan Carlos I le pide a Osterwald que invite a cenar también a un “primo y querido amigo”, el duque de Württemberg, cuya dirección y teléfono le adjunta.

Preguntada en su día al respecto, la Casa del Rey desmintió esa “amistad”. “No tenemos constancia de que se vean con regularidad”, precisaba. También negó que el rey hubiera “ejercido ningún tipo de patrocinio” respecto a la fundación de Osterwald, pese a las afirmaciones en este sentido del supuesto senador. Para probar su relación con Juan Carlos I, el senador no dudó en enviar al Staatsministerium la invitación que había recibido de la Casa del Rey para asistir a una cacería de perdices en la finca La Encomienda de Mudela (Ciudad Real), los días 21 y 22 de enero, poco antes, por tanto, de la visita oficial a Stuttgart.

El dudoso currículo de Osterwald

Esa carta real diluyó los recelos que en principio había suscitado en el Staatsministerium la propuesta del dueño de Schöckingen. Un fax anónimo enviado al departamento que destapaba las supuestas falsedades de su currículo les había puesto en alerta. En los medios españoles donde se informó de la visita a Baden-Württemberg y en los libros que se han publicado sobre la relación del rey con Corinna Larsen, Manfred Osterwald aparece retratado como un “magnate de la construcción”. El fax, por el contrario, pone en duda que sea siquiera arquitecto como él mismo afirma. No está inscrito en el Colegio de Arquitectos de Stuttgart, aseguraba el anónimo. Tampoco fue nombrado senador por sus “servicios al bien común”, sino que compró el título por mediación de un profesor de apellido Werres en la Universidad Ivan-Rilski de Sofía (Bulgaria). Y su exitosa carrera profesional, a través de una empresa llamada V-Consult, tampoco era tal. El fax cita proyectos en el Baden Airpark del aeropuerto de Stuttgart, otro denominado Hexal en Magdeburgo y un tercero en Finsterwalde que no llegaron a realizarse. La empresa ya no existe.

infoLibre ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con Manfred Osterwald para preguntarle sobre estas acusaciones, su relación con el rey y el juicio al que fue sometido en Alemania.

Con quien sí habló sobre su vida, y con todo lujo de detalles, fue con el presentador de la televisión alemana Frank Elstner. En su programa de entrevistas Menschen der Woche (Gente de la semana), Osterwald dejó atónito al periodista con el relato de sus hazañas profesionales. Presumió de su amistad no sólo con el monarca español sino también con la familia real saudí, y de haber dirigido un proyecto de reconstrucción de la ciudad polaca de Danzig. Contó incluso que había sido rehén en un campo de refugiados palestinos en Beirut, y que había sobrevivido a un accidente aéreo y a un atentado.

En la biografía de Osterwald que la Fundación Bertelsmann publicó con motivo del Trialogue Salzburg, unos debates anuales que reúnen a personalidades internacionales de la política, la economía y la cultura en esa ciudad austriaca, se refieren unos estudios de Arquitectura y Administración y Gestión de Empresas en Alemania y Estados Unidos. Y se mencionan “grandes proyectos” en Oriente Próximo, Oriente Medio, Asia y Europa del Este “para autoridades públicas y privadas, instituciones, bancos internacionales y gobiernos”, sin más precisión. Finalmente, Osterwald se presenta como coiniciador del primer concierto por la paz y la libertad en Sarajevo junto con el violinista Yehudi Menuhin y el entonces ministro de Exteriores alemán Klaus Kinkel. También dice haber recibido honores de la Cámara de los Lores británica, de Polonia y de China por sus “destacados trabajos en los campos de la arquitectura y la cultura”.

Lo cierto es que, pese a las sospechas, el Gobierno de Baden-Württemberg aceptó sus peticiones. No sólo consiguió involucrar a Oettinger y lo intentó con Merkel, sino que entre la lista de invitados se encontraba también el exministro de Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher e incluso el escritor Martin Walser. El senador, que tiene 79 años en la actualidad, no dudó en proclamar ante los funcionarios de Protocolo que la visita de Juan Carlos I a Stuttgart era “histórica” y en solicitar al land su apoyo a un proyecto artístico de una artista local para honrar la ocasión.

También les insiste en que todo tiene que pasar por él: “Su Majestad confía en que Herr Osterwald se encargue del programa de la visita, los invitados y todos los preparativos necesarios con la mayor sensibilidad y dedicación, en estrecha coordinación con su asistente, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el jefe de la Casa del Rey Alberto Aza”, consta en las actas de las reuniones con los funcionarios. El control se extiende hasta los medios de comunicación: “Todas las preguntas de la prensa deben ser acordadas con él [Osterwald] primero y coordinadas con la Casa del Rey a través de la asistente princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y esa coordinación corre a cargo exclusivamente de su oficina, donde él ha instalado una oficina de prensa exclusivamente para esta visita”. Así pretende evitar el senador que cualquier “iniciativa personal” comprometa la visita.

Al Dabbagh, Zanganeh, Corinna y el rey, con Daimler en Barcelona

El carácter privado de la visita es recalcado por Osterwald con insistencia ante sus interlocutores del land. De hecho, las actas mencionan que “por motivos de política interna” la Casa del Rey no quiere que se haga una “gran recepción” en el aeropuerto y, por tanto, se retrase el encuentro con el primer ministro a la llegada a la sede del Gobierno. Sin embargo, finalmente sí hubo recibimiento oficial con militares en formación y paseo sobre una alfombra roja junto a Oettinger. Detrás, Corinna Larsen junto a Manfred Osterwald, como puede verse en la foto que publicó el periódico alemán Bild Zeitung. Tampoco quería la Casa del Rey que se informara sobre la visita de Juan Carlos I a las instalaciones de Daimler.

Ese mismo deseo había expresado también otro de los invitados a la cena, Amr Al Dabbagh, gobernador de Sagia, la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudí. “En esta visita el jeque Dabbagh quiere que se le incluya en la lista de invitados sin que se haga referencia a su función real ni a su posición política”, escribe Osterwald al secretario de Estado de Baden-Württemberg, Rudolf Böhmler, el 31 de enero de 2006. El senador había invitado a Al Dabbagh tras haberse citado con él en la localidad suiza de Saint Moritz sólo dos días antes. Le cuenta a Bömhler que la entrevista, de cuatro horas de duración, la mantuvo “con ocasión del Foro Económico de Davos”, no muy lejos de Saint Moritz, y, como consecuencia de ella, había conseguido el encargo “verbal” para construir una nueva ciudad en territorio saudí, cerca del mar Rojo. “El jeque Dabbagh quiere convencerme, debido a mi amplia y prolongada experiencia en los países árabes hasta la Guerra del Golfo, para que constituya un consorcio alemán que se involucre de manera decisiva en el desarrollo y ejecución del proyecto”, explica. Y para conseguirlo, añade, sería provechoso un “vínculo político”. Por eso le pide una “breve conversación” con el primer ministro Oettinger.

“El encuentro con el jeque Dabbagh”, le promete, “abrirá excelentes condiciones para que Baden-Württemberg, su industria y su economía extiendan su actividad al reino de Arabia Saudí”. A su vez, Osterwald se había reunido con Al Dabbagh a instancias de Shahpari Zanganeh, la tercera esposa del traficante de armas y habitual de la jet set marbellí Adnan Khashoggi. La mujer, de origen iraní, se presenta ante el senador como consultora estratégica –al igual que Corinna Larsen– para conglomerados y particulares en Oriente Próximo y el norte de África. También asistió a la cena de Schöckingen, y lo hizo en calidad de representante del Dabbagh Group –el conglomerado de empresas creado por el padre del gobernador de Sagia–, como atestigua la carta que el grupo envió a Osterwald y éste, a su vez, al Staatsministerium, y a la que ha tenido acceso este periódico. En un comunicado difundido para desmentir a Corinna Larsen el pasado mes de marzo, Zanganeh aseguraba que participó en el proyecto del AVE a La Meca sólo desde 2008, al tiempo que negaba haber tenido cualquier tipo de "relación económica, financiera, personal o amistosa con el rey”.

Dos meses después de la cena, el 8 de abril de 2006, una comitiva española integrada por los reyes, Juan Carlos y Sofía, los ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de Industria, José Montilla, y una decena de empresarios españoles voló a Riad para hacer patente su interés en los contratos millonarios que ofrecía el régimen saudí. Entre ellos, el AVE a La Meca. En ese avión viajaron también Corinna Larsen y Shahpari Zanganeh. Por lo que respecta a Al Dabbagh, el jeque formó parte un año después, en junio de 2007, del séquito que acompañó al entonces rey saudí, Abdalá Bin Abdulaziz, en su primera visita oficial a España. De hecho, participó en la presentación del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras, diseñado con ocasión de aquel viaje a Riad, en el Palacio de El Pardo, junto con el ministro de Industria, Joan Clos; el ministro de Finanzas saudí, Ibrahim Bin Abdul Aziz Al-Assaf; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, y el presidente de Morgan Stanley España, Luis Isasi. La oferta española ganó el concurso saudí para construir el AVE a La Meca en octubre de 2011.

Los Maybach, Richemont y la Casa del Rey 

Poco más tarde, el 22 de mayo de 2006, Juan Carlos, Corinna Larsen, Al Dabbagh y Zanganeh volvieron a encontrarse. En Barcelona, en un acto de la entrega de los Premios Laureus, la de un Maybach 57S Cote d'Azur que el presidente de Daimler, Dieter Zetsche, prestó al rey de España para que probara sus sensaciones al volante durante una temporada. Del acto en el Circuit de Catalunya se tomaron fotos en las que se ve a Zetsche en el asiento del copiloto con el emérito a su lado y que Daimler distribuyó a la prensa española y alemana. En otras, a las que ha tenido acceso infoLibre, Al Dabbagh y Zanganeh aparecen charlando amigablemente con Juan Carlos I, enfundados en sendos monos plateados con los anagramas de Mercedes-Benz y AMG, la división de vehículos de altas prestaciones de Daimler. Con todos ellos, Corinna Larsen, luciendo una gorra azul y con una cinta de identificación de los Premios Laureus. También puede verse en otro momento, junto al rey y dos niños más, al hijo de la exprincesa, Alexander, que entonces tenía cuatro años.

En una imagen distinta, además, posa con el rey, Zetsche y el responsable de Ventas de Daimler, Klaus Maier, el español Carlos Espinosa de los Monteros –en 2006 presidente de Mercedes-Benz España y hoy padre de Iván, diputado del partido ultraderechista Vox– al lado de su esposa. La plaza de copiloto la probó igualmente el joyero Patrick Mavros, que fue el encargado de diseñar los adornos de plata de la palanca de cambios, así como las cubiertas de la consola delantera y los ceniceros del Maybach. Mavros ya había aparecido en otra foto junto al rey y Corinna, ampliamente reproducida por los medios españoles y tomada en una exposición que el joyero de Zimbabue hizo en el hotel Ritz de Madrid. Las revistas del corazón contaron después que Mavros había diseñado una hebilla de plata que ella le había regalado a él.

Preguntada al respecto, Daimler explica que el Maybach fue puesto a disposición del rey para que lo probara y con fines de representación. “Nos fue devuelto y posteriormente vendido a un tercero”, asegura un portavoz de la marca. La Casa del Rey, por su parte, habla de un segundo Maybach, “cedido para su uso con carácter oficial en el mes de junio de 2010” que fue devuelto en junio de 2011. “En la actualidad”, añade, “es propiedad de Mercedes-Benz España”. Aunque no es el último vehículo de la gama más alta de Mercedes-Benz en poder de la Casa del Rey. En septiembre de 2019 Felipe VI adquirió un Maybach S600 Guard blindado por 550.000 euros, IVA incluido. Mercedes-Benz fue la única empresa que se presentó al concurso negociado sin publicidad abierto por el Ministerio de Hacienda, tal y como atestigua el BOE.

Con Richemont, la otra pata de los Premios Laureus –en la fundación estuvo un tiempo Vodafone y hoy se ha añadido Mitsubishi–, la relación de los Borbón también es estrecha. La hermana de Juan Carlos I, Pilar fue consejera de Richemont Iberia, la filial española del grupo suizo, desde enero de 2009 hasta abril de 2019. Claro que su marido, Luis Gómez-Acebo había sido consejero de Cartier. Su hija Simoneta entró a trabajar en la firma hace más de 30 años y hoy es su directora de Relaciones Externas en España.

Pero el círculo de las relaciones en torno a la mesa de gala de Schöckingen es aún más intrincado. Finn Larsen, exdirector para Europa de la aerolínea brasileña Varig y padre de Corinna, fue uno de los invitados aquella noche de febrero, puesto que además era amigo de Anton Rupert , creador de Richemont y de los Premios Laureus.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este lunes la entrada de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla en el Consejo de Administración de Enagás, y ha defendido la necesidad de legislar contra lo que su formación denomina "puertas giratorias".

"No nos parece que sea una buena práctica en democracia", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el fichaje que se conoció hace unos días de Montilla y Blanco en el citado Consejo de Administración, que se produjo junto al de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos.

Echenique ha reafirmado que la posición de Podemos respecto a la práctica que supone que "altos cargos de Gobiernos anteriores pasen a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresa" es "bien conocida" --la formación morada hizo de la prohibición de las llamadas "puerta giratorias" uno de sus principales caballos de batalla" desde su nacimiento en 2014--.

Preguntado en concreto sobre el caso de los socialistas Blanco y Montilla --tendiendo en cuenta que ahora Podemos comparte Gobierno de coalición con el PSOE--, Echenique ha señalado que "no se trata de personalizar", pero ha abogado por prohibir las "puertas giratorias". "No se trata de personalizar. Nuestro planteamiento es general y he sido cristalino. Creo que personas que han tenido altas responsabilidades en Gobiernos del Estado, que han sido ministros o presidentes de Comunidades Autónomas no deberían entrar a formar parte de Consejos de Administración de grandes empresas con grandes salarios", ha enfatizado.

Así, ha defendido que "eso habría que evitarlo y habría que legislar para que haya incompatibilidades claras en este sentido". "Sean estas personas del PP, del PSOE, del PNV o de Junts", ha apostillado. Precisamente el pasado jueves el grupo de Catalunya En Comú Podem en el Parlamento catalán registró una proposición de ley en esta cámara para prohibir las "puertas giratorias" para los expresidentes de la Generalitat, y que no puedan entrar a formar parte de consejos de administración de grandes empresas y de las del Ibex 35, tras conocerse el fichaje de Montilla.

Echenique ha defendido que esto no tiene nada que ver con que el Gobierno nombre cargos de confianza, como hacen "todos los gobiernos". "Es obvio que un ministro o un secretario de Estado tiene que formar sus equipos con persona, por un lado con solvencia técnica, y por otro, de confianza", ha afirmado. "Esto es lógico y sería impensable formar gabinete con gente en la que uno no confía. Esto cuando lo hace un gobierno de derechas no merece ni medio titular, y cuando lo hace un gobierno progresista hay portadas con enchufes gigantes. Hay una doble vara de medir", ha criticado.

El nombramiento como consejeros independientes de Enagás de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, así como de Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía y afín a Unidas Podemos, ha recuperado la atención pública para las puertas giratorias, una práctica inveterada de políticos y grandes empresas. Enagás, propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI, no ha hecho más que reincidir en una vieja costumbre. Ya en 2014 metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. Entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy, con el PSOE al mando, Enagás ha optado por dar otro color a su consejo utilizando idéntico método que hace seis años, convertir a expolíticos en consejeros independientes. Y en ambos casos asegura que para seleccionarlos ha recurrido a los servicios de una empresa externa.

La lista de políticos y empresas enredadas en las puertas giratorias es larga y está repleta de nombres de primera línea. Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)...

Pese a los cambios normativos y a la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos tras la última crisis, las grandes empresas siguen sentando a ex altos cargos en sus máximos órganos de dirección, independientemente de su valía técnica, mientras los políticos parecen incapaces de resistirse a la llamada de los gigantes del ÍBEX 35. No importa el partido.

Cuando el pasado martes los periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por los nombramientos en Enagás, se limitó a apelar a la “responsabilidad” del consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de nombramientos de las empresas, y dejó el juicio sobre su idoneidad en manos del mercado. “Nosotros respetamos lo que hacen esos órganos y el mercado tiene en cuenta el tipo de gobierno corporativo de las compañías a la hora de valorarlas”, resumió.

Como, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó los nombramientos por el hecho de que hubieran sido propuestos por uno de los principales accionistas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Albella se remitió también a la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada por la CNMV el año pasado. “La guía tiene un apartado en la que se admite como algo aceptable o incluso natural que los consejeros dominicales [designados por los accionistas] o los accionistas significativos propongan nombres de consejeros”. Aunque esa guía también advierte de que en esos casos debe “extremarse la cautela”, matizó a continuación.

Un artículo sobre el que no tiene competencias

Lo cierto es que desde que la nueva Ley de Sociedades de Capital, tras su reforma en 2014, estableció los requisitos para ser consejero independiente, el campo que tienen las empresas para sentar en sus consejos a personas inadecuadas debería haberse restringido. Deben ser designados “en atención a sus condiciones personales y profesionales” y ser capaces de “desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La ley obliga a empleados o consejeros ejecutivos de la propia empresa a esperar tres y cinco años, respectivamente, para optar a esos puestos. Tampoco pueden acceder como independientes si perciben “cualquier cantidad o beneficio” de la empresa, “salvo que no sea significativa”. No precisa qué entiende como significativa. Además, excluye de esos pagos los dividendos y complementos de pensiones. Si han sido socios del auditor externo de la compañía o consejeros o altos directivos de una tercera empresa donde se sienten otros consejeros o altos directivos de la suya, no pueden ser nombrados consejeros independientes. Lo mismo si han sido proveedores, asesores o consultores de la sociedad durante el último año o han trabajado para una entidad que haya recibido donaciones de la empresa, aunque se lo permite a los patronos de las fundaciones. La ley excluye igualmente a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de cualquier consejero ejecutivo o alto directivo. Y no pueden permanecer en el puesto durante más de 12 años.

Todas ellas, por tanto, condiciones lógicas y que no incumplen los políticos nombrados en Enagás, sin ir más lejos.

En cualquier caso, ese precepto no se encuentra entre los artículos que quedan bajo supervisión de la CNMV, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital en su disposición adicional séptima. El regulador bursátil sólo tiene competencias sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, regulado en otro artículo de la misma ley. Es decir, únicamente puede actuar en caso de que haya “errores u omisiones” en ese documento que las empresas cotizadas están obligadas a enviar cada año a la CNMV. Entonces, no obstante, se limita a “solicitar información adicional” a las compañías. Aunque, si encuentra “omisiones o datos falsos o engañosos”, puede imponer a la sociedad un sanción por infracción grave, explica a infoLibre un portavoz del organismo.

“Debería ser más proactiva y hacer más controles”“Debería ser más proactiva y hacer más controles

La Guía Técnica de 2019 a la que se refirió Sebastián Albella describe los criterios de la CNMV sobre cómo deben actuar las comisiones de nombramientos. Por ejemplo, recomienda recurrir a una empresa externa para elegir a los candidatos a consejeros independientes, lo que hizo Enagás, como queda dicho más arriba. También invita a la comisión a recabar información “de manera periódica y al menos anualmente” sobre las actividades y “potenciales conflictos de interés” no sólo del candidato sino también del consejero una vez nombrado.

Es más, el regulador deja en manos de la comisión de nombramientos –aconseja que tenga una mayoría de consejeros independientes– la tarea de verificar “en general” si el candidato va a desempeñar sus funciones “sin verse condicionado por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La pregunta en este punto es si los ex políticos del PP nombrados en 2014 en Enagás y los del PSOE y Unidas Podemos nombrados ahora hicieron y harán su trabajo con independencia de los gobiernos que marcan las directrices de la SEPI, el accionista que los propuso.

Precisamente, la guía insta a la comisión a “extremar la cautela” cuando el candidato a consejero independiente lo proponga un accionista significativo, un consejero dominical o uno ejecutivo, y reclame “cuanta información considere oportuna” para asegurarse de que el aspirante “no tiene vinculaciones que pudieran condicionar su independencia”. En general, la CNMV pide a los miembros de esta comisión que actúen “con una actitud crítica y de escepticismo, sin dar por buenas sin más las propuestas e informes de personas ajenas a la comisión, en particular los de ejecutivos y altos directivos de la entidad”. Una actitud que considera “especialmente necesaria” cuando tienen que evaluar a los candidatos a consejeros independientes propuestos por consejeros ejecutivos o dominicales.

¿Es suficiente, pues, la vigilancia que ejerce la CNMV sobre las puertas giratorias? Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y socio del despacho Écija Abogados, cree que no. “Debería ser más proactiva y hacer más controles”, apunta. A su juicio, esa mayor supevisión “no iría en detrimento sino en beneficio de las empresas, porque haría más transparente y seguro el mercado”. Hurtado Bueno reclama además que la CNMV no haga sólo controles exante exante–previos al nombramiento de un consejero– sino también expost;expost es decir, que vigile las operaciones aprobadas por la empresa “de forma permanente, pero sin paralizar el mercado”.

Sólo el 14% eran realmente independientes

Un estudio realizado por los profesores de la Universitat de les Illes Balears Rafel Crespí-Cladera y Bartomeu Pascual-Fuster sobre las empresas cotizadas españolas entre 2004 y 2009 reveló que el 56,3% de los consejeros clasificados como independientes en realidad no lo eran tanto: incumplían al menos uno de los ocho criterios que habían establecido ambos expertos para determinar su independencia. Mientras que las 135 sociedades que cotizaban en Bolsa en esos años declaraban contar con un 32,5% de independientes en sus consejos, el filtrado que hicieron Crespí-Cladera y Pascual-Fuster los reducía hasta el 14,2%.

Al aplicar los mismos criterios a las comisiones de auditoría, el estudio descubrió que, mientras que las empresas declaraban un 49,4% de independientes, sólo el 21,2% aprobaban el cribado más estricto. En el caso de las comisiones de nombramientos y remuneraciones, el 50,4% de independientes reconocidos por las compañías se recortaba hasta un 24,1% si se les aplicaban los nuevos criterios. Lo mismo ocurría cuando eran independientes quienes presidían los comités: según las empresas, la mitad de ellas contaba con uno al frente de ambos órganos, pero el filtrado los reducía a un tercio.

Según los autores del estudio, el porcentaje de consejeros erróneamente clasificados como independientes se redujo con el tiempo, sobre todo a partir de 2007, cuando entró en vigor el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo o Código Conthe, bautizado así por Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entonces. Aun así, en 2009 el número de consejeros que aprobaban el cribado estricto de Crespí-Cladera y Pascual-Fuster no superaba el 50% ni el 33% en los comités de auditoría y nombramientos. Los consejeros que presidían ambos órganos tampoco eran realmente independientes en el 16% de las empresas analizadas.

Siete de los ocho criterios formulados por los profesores de la universidad balear coinciden con los incorporados cinco años después en la Ley de Sociedades de Capitales, pero también incluían uno nuevo: que no representen a una persona jurídica. Se trata, explican, de criterios estandarizados, equivalentes a los que rigen en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.

En un estudio posterior, Crespí-Cladera y Pascual-Fuster analizaron los informes anuales de gobierno corporativo que las empresas enviaron a la CNMV entre 2004 y 2012, y los cruzaron con las listas de altos cargos de los gobiernos y parlamentos autonómicos, estatales y europeos. El 4,5% de los consejeros resultaron ser expolíticos, una proporción que se elevaba al 6,6% en las empresas de mayor tamaño y descendía al 2,2% en las más pequeñas. De esos 551 políticos devenidos en consejeros, el 56,5% habían sido nombrados como independientes, pero también había un 27,8% de dominicales y un 11,9% de ejecutivos.

No obstante, los autores aseguran que sólo han encontrado “alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo” cuando los expolíticos actúan como consejeros dominicales o ejecutivos, no cuando funcionan como independientes. “No encontramos que la incorporación de expolíticos a los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como independientes”, explica a infoLibre Bartomeu Pascual-Fuster, “un asunto distinto es su efecto sobre la economía en general, si se daña la competencia y una empresa obtiene favores respecto a otras pese a ofrecer peor calidad y a precios más altos”.

Consejos de administración poco profesionales

A juicio del profesor balear, los expolíticos aportan a la empresa su conocimiento de la esfera pública y, aunque no sepan de negocios sí pueden tener experiencia en gestión. “Eso no está reñido con que cumplan su obligación de controlar y supervisar el trabajo de los altos directivos de la empresa para proteger a los accionistas”, defiende. Pero considera escandaloso que un porcentaje tan alto de independientes no cumplan los requisitos. “Que no nos vendan como independiente un consejero que es dominical”, protesta.

“Aún en 2007 no era infrecuente que los consejeros, todos señores mayores, se pasaran el tiempo leyendo el periódico mientras tú presentabas un informe”, recuerda Gloria Hernández, socia de finReg 360. El cambio, subraya, ha sido “brutal”: “Ahora los consejeros te preguntan y te repreguntan, y se nota la diversidad: son más jóvenes, vienen de distintas procedencias y hay mujeres”. Deja claro que se ha avanzado mucho en una profesionalización de los consejos que era necesaria. El nivel de exigencia ha aumentado desde aquellos consejos de administración que se presentaban como “regalos al final de las carreras profesionales de muchos”. “Ahora la comisión de nombramientos debe analizar si los candidatos saben de leyes y entienden de números para supervisar la labor de los altos ejecutivos y darse cuenta de que el director financiero lo está haciendo bien o mal, por ejemplo”, detalla la abogada. Pero al tiempo reconoce que una persona con “contactos” también “aporta” a la empresa.

Alonso Hurtado advierte, no obstante, de que “aún queda mucho camino” que recorrer en la profesionalización de los consejos. “Hay que reconocer que venimos de la nada”, resalta. El vicepresidente de Ascom sostiene en cualquier caso que los consejeros independientes han ayudado mucho en ese cambio –“meten presión al resto”–, y critica los nombramientos de expolíticos en Enagás precisamente porque “van en detrimento” de esa profesionalización. También por las “formas”: “Demasiado evidente; no es lo mismo un político profesional que un técnico magnífico que se mete en política”, concluye.

Una Oficina de Conflictos de Intereses que no funciona

Gloria Hernández Aler considera que la CNMV “lo está haciendo bien, el camino de la regulación es acertado... pero largo”. Y que también hay que poner el foco en la otra parte del conflicto: las incompatibilidades de los políticoslas incompatibilidades de los políticos. La también vocal de Ascom echa en falta “algún tipo de restricción, mediante una ley o un código” que regule la salida de los altos cargos públicos. Alonso Hurtado acusa a la Oficina de Conflictos de Intereses de no ser independiente. “Está adscrita al Ministerio de Función Pública, cuando debería depender del Congreso”, reclama. “No conozco ningún caso en que la Oficina de Conflictos de Intereses haya paralizado un nombramiento”, denuncia.

En 2016 el Tribunal de Cuentas desveló que, al menos entre 2012 y 2014, la oficina no verificaba las declaraciones de bienes e intereses que los altos cargos están obligados a presentar antes y después de ejercer sus responsabilidades. Sólo solicitaba aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa. Tampoco analizaba la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporaba a la función pública, a un organismo internacional o se empleaba en una empresa. De hecho, desde que se creó, en 2006, y hasta febrero de 2018, la oficina sólo vetó el 1,98% de las solicitudes de altos cargos, nueve de 453 presentadas. La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha tenido una responsable desde su fundación, Flor María López Laguna, toda una superviviente que ha sido refrendada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y continúa con el de Pedro Sánchez.

Gloria Hernández pone en valor que la CNMV pida información a las empresas cuando surgen dudas sobre la independencia de los consejeros y que les exija que corrijan el nombramiento si los han “clasificado inadecuadamente” o si alguno de ellos ha superado los 12 años en el puesto –en Reino Unido son menos: nueve años–. Pero Alonso Hurtado destaca que no se hagan públicos los casos en que la CNMV ha dado esos “toques de atención” a alguna compañía por haber incumplido los requisitos de independencia. Gloria Hernández califica de “razonables” los límites impuestos por la ley, pero también los considera “ficciones jurídicas”. Un consejero delegado, añade, “no se vuelve independiente al cabo de tres años”, el plazo fijado para que un ejecutivo pueda ser nombrado consejero independiente. Y lo mismo ocurre con los políticos, que deben dejar pasar dos años antes de emplearse en una empresa de un sector sobre el que hayan tenido competencias durante el ejercicio de un cargo público. “Nadie se libra de sus contactos en dos o tres años”, objeta la abogada.

A juicio del vicepresidente de Ascom, la selección de los consejeros independientes debería imitar los sistemas de compliance,compliance de cumplimiento normativo. Es decir, “que las empresas demuestren que han sido diligentes”. También la CNMV debería concretar sus recomendaciones. Y si las compañías cotizadas no cumplen, debería aplicarles un régimen sancionador, “apartando al consejero o incluso anulando las operaciones en las que estuvo implicado”. Esas recomendaciones más detalladas, reclama Alonso Hurtado, tendrían que ser como las de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que conjugan flexibilidad y contundencia. Aunque no son de obligado cumplimiento, recuerda, no hay banco que se atreva a ignorarlas.

Enagás nombrará consejeros a los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como a Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y de El Observatorio Crítico de la Energía, afín a Podemos, en su próxima junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio.

Así consta en el orden del día remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la compañía insta a los accionistas a hacer uso de los medios de representación y voto a distancia o de asistencia telemática dadas las circunstancias excepcionales actualmente existentes por el covid-19. En todo caso, confirmará, con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de celebración de la junta, mediante la publicación de un anuncio complementario, el régimen de celebración y la posibilidad o no de asistencia física.

Los nombramientos como nuevos consejeros independientes de Blanco, Montilla y Gallego fueron llevados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, presidida por Ana Palacio, a la última reunión del órgano rector de la compañía, celebrada el pasado lunes, dando el visto bueno a su idoneidad. Las incorporaciones de estos nuevos consejeros deberán ser ratificadas por la junta general de accionistas de Enagás -empresa participada en un 5% por el Estado a través del holding público SEPI-.

El consejo de administración cuenta actualmente con trece miembros, el presidente ejecutivo, Antonio Llardén, el consejero delegado, Marcelino Oreja, ocho consejeros independientes, dos consejeros dominicales, ambos en representación de la SEPI, y un vocal con la condición de experto.

Cuenta con la presencia de cuatro mujeres, entre ellas las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino. También forma parte de él Antonio Hernández Mancha, quien fuera presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha presentado este jueves un recurso de amparo al TC por el veto del Parlament a que él fuera designado senador: "El sectarismo se ha impuesto por encima de la ley y el sentido común". El recurso de amparo al que ha presentado el PSC  alega que se ha vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución Española y pide a los magistrados que tomen medidas cautelares. El artículo 23.2 de la Carta Magna recoge que todos los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", y el PSC considera que no se ha respetado.

En el mismo recurso, los socialistas catalanes recuerdan que la sesión constitutiva del Senado está prevista para el próximo martes 21 de mayo, por lo que pide al Tribunal que no solo impugne lo sucedido en el Parlament, sino que tome "medidas cautelares". Esgrime que el veto a que sea senador —inédito en 40 años de democracia— evita que el PSC tenga uno de los representantes que le correspondería en la sesión constitutiva del Senado, por lo que estima que se debe procederse con "urgencia excepcional" para que no se produzca un daño irreparable en sus derechos.

En una comparecencia en el Parlament, el líder del PSC no ha aclarado si entre las medidas cautelares debería estar la de posponer la constitución del Senado hasta que se resuelva el recurso, lo que le permitiría seguir optando a la Presidencia de la Cámara territorial. "No diré en una rueda de prensa lo que no hemos recogido en nuestro recurso de amparo", ha resumido Iceta, que ha asegurado que el PSC no propondrá ningún eventual nombre alternativo al suyo hasta que el tribunal resuelva.

Mecanismo de votación

En el recurso de amparo, el PSC no pone el foco tanto en que el Parlament haya rechazado la designación de Iceta, sino en el mecanismo de votación que se ha utilizado para decidir si tenía que ser o no senador. El PSC considera que debería haber sido un mecanismo de votación con papeletas, lo que hubiera impedido vetar la designación de Iceta como senador, ya que es un formato de votación que impide a los diputados emitir votos negativos.

Así, los socialistas catalanes impugnan la decisión de la Mesa del Parlament de que el sistema de votación elegido haya sido el de votación electrónica y secreta, que sí permite emitir votos negativos: se puede elegir entre el sí, el no y la abstenciónsíno. "Al optar por el sistema de votación electrónica y secreta se opta por un sistema de votación que permite el voto contrario a la propuesta formulada por el único grupo parlamentario legitimado para hacerla", resume el recurso.

Así, el PSC reivindica que le corresponde solo a él decidir quién debe ser el senador y que no pueden existir "perturbaciones ilegítimas" que veten el nombre elegido, por lo que concluye que el sistema de votación debería haber facilitado la elección de Iceta y no su veto. Por lo tanto, los socialistas esgrimen que la votación mediante papeletas no es tan solo el método de votación más adecuado a la naturaleza del acto parlamentario que debe sustanciarse, sino el que impide que se impongan "de manera arbitraria fórmulas de bloqueo".

'Torpeza política'

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha llamado este lunes la atención sobre la "torpeza política" y "jurídica" que representa el veto independentista a Iceta. En declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un desayuno informativo, Calvo ha indicado que este veto será "inútil" porque en el Senado el PSOE ha conseguido mayoría absoluta, por lo que esta Cámara "cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista". Desde el punto de vista jurídico, ha tildado el veto de "inaceptable", dado que "va a romper la proporcionalidad obligada del Parlament de Cataluña", por lo que será recurrido, como ha anunciado el propio afectado, Miquel Iceta, que buscará amparo en el Tribunal Constitucional.

Calvo no sólo ha dirigido sus críticas a los independentistas de ERC y Junst per Catalunya, que han votado en contra de la designación de Iceta como senador autonómico. También ha denunciado que PP y Ciudadanos, que se han abstenido, van a ir de nuevo "de la mano" de los independentistas porque no han entendido que la elección de Iceta para presidir el Senado equivale a "defender la Constitución".

Al menos el veto a Iceta deja claro, ha señalado Calvo, de cara a la opinión pública que "nunca jamás" el Gobierno se Sánchez ha tenido "connivencia" alguna con los independentistas, que ya tumbaron su proyecto de Presupuestos.

Montilla confía en el amparo del Constitucional

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y expresidente del Senado, el socialista José Montilla, se ha mostrado convencido este jueves de que el Tribunal Constitucional dará amparo al recurso presentado por Iceta tras ser vetado para ser senador por las fuerzas independentistas del Parlament.

En una entrevista en Onda Cero, Montilla ha lamentado que "la lucha por la hegemonía dentro del independentismo" sea la responsable de que se haya rechazado la candidatura de Iceta. "Desgraciadamente estamos ya en campaña electoral y la competencia entre JxCat y ERC es una lucha por la hegemonía dentro del independentismo que ha contaminado esta decisión y me parece bastante lamentable", ha insistido.

A su juicio, el rechazo a Iceta "va en contra de los principios democráticos más elementales" por lo que está "convencidísimo" de que el Tribunal Constitucional "va a amparar el recurso" que presente el Partido Socialista. "Pero no sé cuándo sucederá porque los tiempos de los tribunales no son los de la política", ha resaltado Montilla. Además, ha señalado que "nunca" se han puesto objeciones a la designación de los candidatos "de ningún partido", por lo que le parece "lamentable" que ahora "se rompa por primera vez" cuando "tienen la posibilidad de que un senador socialista pueda presidir el Senado de España".

El Parlament ha aprobado este lunes citar al presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en la comisión de investigación de la Cámara que abordará si existieron irregularidades en la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor, informa Europa Press.

Así se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también citará a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián y Magdalena Álvarez (PSOE).

También se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que se empezará a citar a los comparecientes en dos semanas, por lo que aún no hay calendario establecido sobre en qué orden irán.

La Cámara catalana también ha citado al director del proyecto Castor, Carlos Barat; el alcalde de Alcanar (Tarragona) Alfons Montserrat, y los exalcaldes de Vinaròs (Castelló) Javier Balada y Jordi Romeu.

El proyecto Castor fue polémico en todas sus fases: desde el procedimiento de adjudicación, pasando por los terremotos que originó mientras funcionó y acabando por la indemnización a los promotores que aprobó el Gobierno, que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El Parlament también ha citado al exsecretario general de Energía, Ignacio Nieto; al exconseller valenciano Juan Gabriel Cotino, al exconseller de la Generalitat Josep Huguet y al presidente del Banco Europeo de Inversiones Werner Hoyer.

Además, se han aprobado las comparecencias del consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, Marco Aparicio, entre otros.

Testigos y expertos

Todos los nombres anteriores serán llamados a comparecer en el Parlament en calidad de testigos, pero también se han citado a otras personas como "expertos" en lo que sucedió, como por ejemplo el periodista Jordi Évole, que realizó un programa sobre la problemática.

Además, se han aprobado las comparecencias de unos de los responsables del informe MIT-Harvard sobre el proyecto Castor David Castiñeira; la activista Simona Levi; el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el eurodiputado Ernest Urtasun, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.

¿Acudirán?

Ahora la Cámara empezará a contactar con todos los comparecientes para encontrar un día que les vaya bien acudir, pero no está garantizado que todos los nombres que se han aprobado vayan al Parlament.

En el pasado, la Cámara ha aprobado comparecencias en comisiones de investigación tales como las del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; su exjefe de gabinete, Jorge Moragas, y la expresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Para ausentarse en su día, alegaron un informe del Consejo de Estado que afirma que "no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia" que pudiera dirigirse al presidente y la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y ex altos cargos de la Administración General del Estado y miembros en activo o en otras situaciones administrativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El expresident de la Generalitat y exprimer secretari del PSC José Montilla defendió este viernes en la comisión de investigación de la financiación de los partidos del Senado que durante su mandato se empezó a hacer frente a las deudas del PSC, que habían sido refinanciadas. Ante las críticas del PP por la condonación de créditos, contestó que los conservadores incurrieron en lo mismo en la década de los 90 y alegó ante el Tribunal de Cuentas que esto era algo "usual" en la relación con los bancos, según informó Europa Press.

"Repite la misma cantinela de hace trece o catorce años", señaló Montilla al portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, recordando que el entonces dirigente conservador Ángel Acebes pidió su destitución como líder del PSC por estos créditos.

Y criticó la utilización partidista que hace el PP de este espacio, siendo a su juicio una maniobra de distracción sobre la comparecencia de exdirigentesconservadores como Francisco Camps en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del PP en el Congreso. "Son cosas que no tienen cuestionamiento penal y de hace 15 años que usan para tapar comparecencia de responsables suyos esta misma semana", dijo.

Así, el senador socialista describió como "curiosa" la ausencia del resto de partidos en la comisión de la Cámara Baja, criticando que el PP "ha utilizado y ha montado" este espacio para "contraprogramar" la citada comisión del Congreso.

Aznar defendió que la comisión del Senado "completa" la del Congreso y lamentó que Montilla en su papel como senador pusiera en cuestión el objetivo del foro. "Como senador debería cumplir con lo que esta comisión representa", afeó el portavoz conservador.

Y entre ataques cruzados sobre las connotaciones de las intervenciones de uno y de otro, acabaron reprochándose los casos de corrupción de socialistas y populares. "Ustedes sí que tienen muchos casos de corrupción en los tribunales", aseguró Montilla, ante lo que Aznar sacó a colación el caso de los ERE de Andalucía que salpica al PSOE y que "es el mayor de todos y supera los demás juntos".

La refinanciación era "algo habitual"

En lo que respecta a la reestructuración de la deuda del PSC con La Caixa durante los años 90, el que fuera president de la Generalitat tiró de las alegaciones presentadas por el PP a los informes del Tribunal de Cuentas en 1994 y 1996, para mostrar que era algo "usual" en la relación entre partidos políticos y bancos, y no suponía una financiación irregular, como sugirió reiteradamente Aznar.

"Lo decía una alegación del PP, le he citado dos informes con similares operaciones del PP. Decían que era algo usual y que no cabe interpretar como liberalidad sobre las fuentes de financiación", recalcó Montilla.

En 1996 el PP dijo que era una "práctica habitual" por parte de las entidades, "nos enseñaron el camino", ironizó el expresident en contestación a los ataques de los senadores conservadores.

Así, defendió que desde su llegada al liderazgo del PSC el partido fue atendiendo el pago de esta deuda. "Si antes no se hizo será por lo mismo que ustedes tampoco han atendido a sus obligaciones", contestó a Aznar, "y sin sobres ni contabilidades en b", recalcó en referencia a los casos de corrupción que salpican a las finanzas de Génova.

"El PSOE ha sido privilegiado"

Luis Aznar hizo hincapié en que la condonación de la deuda del PSC asciende a siete millones mientras que en España la cifra es de 40 millones. "Nos parece una cifra escandalosamente grande, un privilegio que ha tenido el PSOE a la hora de presentarse a elecciones frente a los demás partidos", aseguró tras la comisión.

El PP tachó las cuentas del PSC como un "eslabón importante" en "la cadena de irregularidades" de las cuentas socialistas, sobre las que lamentó que Montilla no haya arrojado luz.

El expresident de la Generalitat José Montilla ha avisado este lunes de que no ve futuro a la posibilidad de que España se abra a modificar la Constitución para acordar un referéndum en Cataluña, que pueda facilitar su salida.

"No hay ningún Estado que vea de buen grado su propia amputación porque España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa. No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha sostenido el también senador socialista, dejando claro que la única manera de permitir que se celebre un referéndum es cambiando la Carta Magna.

Para Montilla, que haya partidos que planteen de nuevo un referéndum tiene poco recorrido porque tanto los socialistas como el PP ya han cerrado la puerta a esta posibilidad porque la Constitución "no lo permite", y solo es posible si se modifica.

Pese a todo, ha emplazado a todos los grupos a participar en la comisión de estudiocomisión para la evaluación y modernización del estado autonómico que debe abordar una posible reforma constitucional, destacando que no hacerlo sería "una enorme irresponsabilidad".

Ha llamado especialmente a participar en la comisión a Podemos y sus confluencias porque "se hace muy difícil que dispongan de un proyecto articulado sobre España y no contribuyan con sus propuestas a esta iniciativa", y a las formaciones nacionalistas, alegando que ausentarse implicaría hacer el juego a los sectores más inmovilistas del nacionalismo español, que constata que también existe y ha crecido como consecuencia del proceso soberanista.

En esta reforma, ha explicado en el Fórum Nueva Economía, pueden articularse acuerdos que permitan una mejora de la financiación y otras materias planteadas por la Generalitat, entre otras cuestiones, pero también "debe haber renuncias" como en toda negociación.

"Palmeros" de la DUI

En su opinión, las elecciones del 21 de diciembre pueden abrir un nuevo escenario tras fracasar la vía unilateral y ha lamentado que, mientras los socialistas insistieron en que no querían ni declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "otros que ahora claman contra el 155, fueron palmeros o acompañantes de la DUI", en alusión velada a los comuns.

Tras reivindicar que es la hora de los moderados, ha apelado al Govern que surja de los comicios a reconstruir puentes y superar una confrontación a base de comprender que el Estado está compuesto por diferentes nacionales, y que Cataluña "es una nación, pero sentirse como tal no le da un derecho indiscutible a disponer de un Estado propio".

Según Montilla, la independencia es una mala solución para Cataluña, para el resto de España y para Europa, y las consecuencias del proceso soberanista han sido letales para la sociedad catalana, hasta tal punto que el déficit fiscal catalán "puede ser cosa del pasado en poco tiempo si sigue el proceso y la incertidumbre, y dejar de ser contribuyentes limpios en pocos años si se ahonda en un periodo de declive económico".

Madrid y Valencia han salido ganando

"¿Quién ha ganado en este proceso? Madrid, Valencia y sus élites. ¿Quién ha perdido? Todos, la sociedad catalana", ha lamentado el expresidente de la Generalitat, que no cree que lo ocurrido sea la mejor tarjeta de visita para que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuya ubicación anuncia este lunes la UE.

Por ello, ha llamado a los responsables del proceso independentista a responsabilizarse políticamente de los "errores cometidos", además de asegurar que la aplicación del 155 terminará una vez se constituya en Catalunya un nuevo Parlament y se elija a un nuevo presidente tras el 21-D.

Pactos del PSC y Duran

Al preguntársele con quién pactará el PSC, Montilla ha remarcado que los socialistas difícilmente estarán con los que quieran romper el Estado de Derecho y volver "al procés versión número dos".

Así, cree que es importante saber con quién se pacta pero más aún para qué se pacta, y sobre si están dispuestos a cerrar un nuevo tripartito, ha pedido estudiar qué posiciones políticas mantienen los partidos después de las elecciones.

Sobre qué le parece que el exlíder de Unió Josep Antoni Duran haya anunciado que votará al PSC en estas elecciones, Montilla ha afirmado: "Es mérito del candidato. Yo nunca hubiera imaginado que Duran nos votara. Si lo consigue Miquel, significa que tiene más méritos que yo".

El expresident de la Generalitat Artur Mas, ha asegurado este martes que no pidió "ni un euro" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante las "numerosas" reuniones que mantuvieron a lo largo del año 2012 para negociar un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Mas ha respondido así durante un coloquio en Madrid en el que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, le había acusado de "absoluta deslealtad institucional" por reclamar mejor financiación para Cataluña cuando España "se encontraba en la UCI" durante los peores momentos de la crisis económica.

Según ha expuesto Mas en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, del que se ha hecho eco Europa Press, a lo largo de 2012 mantuvo varias reuniones con Rajoy, "una parte importante fuera de Moncloa para encontrar un ambiente relajado fuera de los focos" con las que intentar arreglar "el inmenso descosido" que provocó en materia fiscal la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña.

"Cuando yo me veía con Rajoy para abordar el pacto fiscal nunca le pedí ni un solo euro", según Mas, que resume sus demandas de entonces en la equiparación de Cataluña al régimen de Navarra y País Vasco. "No le hablé de cupo, pero la respuesta de Rajoy fue taxativamente que no", ha dicho Mas, recordando que cuando realizaba esta demanda ante el presidente del Gobierno "tenía manifestaciones de más de un millón de personas que ya no reclamaban un pacto fiscal, sino un nuevo Estado".

De este modo, y recordándole que no estuvo presente en ninguna de las reuniones con Rajoy porque entonces era "alcalde de Badalona", ha respondido Mas a las acusaciones de Albiol, que durante el coloquio ha reprochado al expresident de la Generalitat que reclamara "mejor financiación cuando España estaba en la UCI", situando en ese momento el inicio de la deriva independentista del Govern catalán.

No a las demandas independentistas

Durante el coloquio, en el que han participado también otro expresident de la Generalitat, José Montilla, y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, Albiol ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y se ha mostrado abierto a una reforma constitucional que se replantee el modelo de relación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. "Pero no para dar satisfacción a los independentistas", ha puntualizado, algo que le ha reprochado Domènech, que será candidato de Catalunya en Comú en las elecciones del 21-D, por ser una propuesta condenada al "fracaso".

"No se pueden hacer políticas perdurables si no les integras en el debate", ha defendido Domènech en referencia a los independentistas, abogando por "un gran acuerdo" entre distintas formaciones políticas que incluya un referéndum legal y con garantías.

Según el candidato de los comuns, la situación de Cataluña ha revelado la "crisis de la relación de Cataluña y España" pero también la "del modelo territorial" del Estado. "Y si no asumimos eso, que estamos ante una crisis sin parangón, no afrontaremos las soluciones que tenemos que afrontar", ha añadido, aunque ha reclamado, como cuestiones prioritarias, resolver el "bloqueo institucional" provocado por el 155 y la situación de los "cargos electos" catalanes que se encuentran en prisión.

Por su parte, el expresident socialista Montilla ha situado en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, que se produjo mientras él gobernaba la Generalitat, el inicio de la situación actual de división social en Cataluña, aunque ha recordado que en los siguientes años, el ya president Artur Mas pactó los presupuestos catalanes con el PP, y su partido brindó apoyo a Rajoy en Madrid para aprobar leyes como la Reforma Laboral, lo que ha denominado como "un periodo de feliz colaboración" entre Mas y Rajoy que acabó en 2012. "Ahora tenemos una economía más debilitada, unas instituciones más cuestionadas, y revertir esta situación no es fácil", ha reflexionado sobre la situación en Cataluña.

El expresident de la Generalitat y senador del PSC, José Montilla, ha criticado que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya enviado a prisión al vicepresident cesado del Govern catalán Oriol Junqueras y a ocho de los exconsejeros alegando que este tipo de medidas, a su juicio, "favorecen" que los independentistas se sientan "agredidos".

"Lo que favorece es ese movimiento emocional, de cerrar filas, de sentirse agredidos", ha afirmado en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, preguntado por si el encarcelamiento de los exmiembros del Ejecutivo catalán puede repercutir en el bloque independentista.

El socialista cree que toda decisión judicial se debe "respetar y acatar", si bien es cierto que "no quiere decir que sean las tablas de la ley y que no se puedan comentar o criticar". "Hay personas que están encarceladas que estuvieron en Bruselas pero que volvieron para presentarse delante de la jueza. ¿Posibilidad de seguir delinquiendo? Ya no están en el ejercicio de sus cargos", ha apuntado, cuestionando así algunos de los argumentos dados por Lamela para decretar prisión para el vicepresidente y los consejeros por riesgo de fuga, reiteración delictiva y rebelión.

Para Montilla, es necesario "buscar rebajar la tensión". Y ha señalado que los jueces han de "tener presente el interés general" al mismo tiempo que tienen en consideración principios del derecho como "la mesura y la prudencia". "No estoy hablando de oportunidad política o no, estoy hablando de que las sentencias y autos judiciales han de preservar una cosa: tener presente el interés general, lo que más conviene en este momentos", ha apostillado.

En este sentido, el senador socialista ha pedido no dar "más argumentos" que beneficien "ese movimiento emocional" que, en su opinión, ha llevado a los independentistas a "cerrar filas" y "sentirse agredidos": "No demos más argumentos al victimismo, por favor", ha recalcado.

Ha criticado la postura del president cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no haber ido a declarar a la Audiencia Nacional (AN), algo que, para Montilla, no ha beneficiado al resto de sus compañeros que sí se presentaron ante la jueza: "No les ha ayudado, eso es obvio", ha sentenciado.

A su juicio, Puigdemont debió haber convocado elecciones cuando pudo y el no hacerlo llevó al Gobierno a aplicar "una norma que está en la Constitución". "El Estado no tenía más salida que utilizar el 155, no le dejaron ninguna otra, esa es la verdad", ha destacado, aunque el senador se ausentó de la votación en la Cámara Alta que autorizó al Gobierno la aplicación de este artículo constitucional en Cataluña para no apoyarlo y tampoco posicionarse en contra.

La dirección del PSOE no considera un asunto prioritario estudiar si procede sancionar a los dos senadores socialistas que se ausentaron de manera deliberada del Pleno de la Cámara Alta para no tener que votar las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución, según informó Europa Press. 

El único senador que tiene el PSC, José Montilla, que además fue presidente de la Generalitat, y el balear Francesc Antich, que también gobernó las Islas Baleares, expresaron de esta manera su desacuerdo con las medidas sin romper la disciplina de voto desmarcándose de la posición que mantuvo el Grupo Socialista en su conjunto, que votó a favor de las medidas junto a PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

Tanto Montilla como Antich informaron previamente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de su decisión y encontraron comprensión en el secretario general. En el seno del Grupo Socialista, tampoco nadie pidió tomar represalias contra los dos senadores.

"Estamos centrados en temas más importantes que el reglamento ahora", explicaron a Europa Press fuentes de la dirección socialista. Ante una situación tan excepcional como la que se está dando en Cataluña, los socialistas están centrados en un objetivo prioritario: "tender puentes y crear un espacio común para la concordia y el entendimiento" entre catalanes, una alternativa distinta de Gobierno en esta comunidad, añadieron.

Los motivos para ausentarse de la votación

El senador Montilla se ausentó del Pleno el pasado 27 de octubre minutos antes de que comenzara la votación, que siguió por una pantalla de televisión en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta. Allí ofreció una rueda de prensa donde justificó su negativa a votar el 155 en que, en su calidad de exjefe del Govern catalán, debía actuar representando a aquellos catalanes que no están de acuerdo con la "idoneidad" de estas medidas.

Tampoco podía votar en contra del 155, explicó, debido a la actitud irresponsable de las autoridades catalanas, que han vulnerado la ley y situado a Cataluña al borde de "un precipicio de incalculables consecuencias".

Unas razones similares esgrimió Antich a Europa Press. Explicó que en su condición de expresidente autonómico no podía apoyar la intervención de una comunidad. "He preferido no votar. Reconozco que mi partido ha hecho más esfuerzo que nadie para que hubiera diálogo, que ha puesto más medios para intermediar, para que esto se arreglara con una solución sin confrontación", afirmó.

También admitió que no comparte las medidas que se van a aplicar en Cataluña, pero que además es senador autonómico por "un pacto con distintas voces". El PSIB gobierna en Baleares con respaldo de Més y Podemos, partidos estos últimos que le habían pedido expresamente en los últimos días que no votara a favor como el resto del PSOE.

Eso sí, dejó claro que no es independentista y que no comparte el proceso soberanista seguido por las instituciones catalanas. "Creo que una minoría con el 48% de los votos no puede meter en el lío en el que ha metido Puigdemont al pueblo de Cataluña", agregó.

El expresident de la Generalitat y senador José Montilla (PSC) ha pedido este martes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque elecciones autonómicas y salve al autogobierno de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

Lo ha dicho en la Comisión de Asuntos Institucionales (Cai) del Parlament, recogida por Europa Press, donde ha comparecido junto a otros siete senadores de designación autonómica para abordar la aplicación del 155 que el Senado votará el viernes.

Montilla no ha concretado si votará a favor de intervenir el autogobierno, y ha pedido a Puigdemont que piense menos en fórmulas unilaterales épicas y más en las soluciones, y que defienda con "patriotismo" el autogobierno.

La intervención de Montilla ha empezado con una diagnosis de la situación: ha dicho que Cataluña adolece históricamente de desajustes de autogobierno y que se agudizaron con la sentencia contra el Estatut, cuando él presidía la Generalitat.

Ni el Govern ni el Gobierno central, ha señalado, han hecho ningún esfuerzo en subsanar las heridas producidas entonces y, lejos de abrir vías de negociación, se han ido distanciando los caminos y se ha producido una "escalada de tensión".

"Los problemas de autogobierno son reales y han sido menospreciados por Rajoy, que ha puesto más leña al fuego", ha lamentado el expresident, que ha asegurado que en Cataluña hay mucho malestar acumulado y que en ningún caso es fruto de una calentura.

Montilla ha reivindicado más autogobierno y mejor financiación para Cataluña, así como el reconocimiento de su "carácter nacional" y el respeto a sus competencias lingüísticas, culturales y educativas.

A su juicio, el anhelo mayoritario de la sociedad catalana es un pacto constitucional que mejore todos estos aspectos y teja complicidades entre instituciones, pero ni la actitud del Gobierno central ni la del Govern van encaminadas a lograrlo.

"La obcecación de unos, la desidia de otros y el silencio cómplice de muchos nos ha llevado a una situación gravísima" y a una evidente degradación de las instituciones, además de una fuga de empresas y una fractura de la cohesión social que tanto costó conseguir, ha alertado.

Críticas a la DUI

Montilla ha criticado al Govern por "forzar la legalidad y banalizar la desobediencia", como se constató en el pleno del 6 y 7 de septiembre, que aprobaron la Ley del referéndum y de la transitoriedad jurídica. "Nunca se ha visto un Govern tan secuestrado por sectores y entidades respetables" pero que no forman parte de la Administración ni del Parlament, ha dicho en alusión a las entidades soberanistas.

Aquella sesión parlamentaria fue seguida del referéndum "ilegal y sin garantías" del 1 de octubre, que no puede menospreciarse como movilización, pero del que en ningún caso pueden desprenderse conclusiones vinculantes y mucho menos una declaración unilateral de independencia, ha sostenido.

Críticas al Gobierno central

Montilla ha afirmado que la respuesta del Gobierno central a la errónea estrategia del Govern "no ha sido, tampoco en esta ocasión, la más acertada", y que ha contribuido a la fractura social y al enfrentamiento. También ha acusado a Rajoy de "delegar su iniciativa en fiscales y jueces" y de no hacer nada para evitar un choque de trenes que ha dejado de ser metafórico y se ha hecho realidad.

El expresident, ha manifestado, que quiere evitar una declaración unilateral de independencia y también el artículo 155: "Es posible convocando elecciones al Parlamentconvocando elecciones. También con la anunciada presencia del president catalán en el Senado". "Hemos de evitar la DUI y podemos evitar el 155", ha subrayado y ha pedido a Puigdemont que dé la palabra a la gente en unas elecciones con garantías y permita iniciar una nueva legislatura porque la actual, ha destacado, está acabada.