El expresidente de Cataluña y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont ha confirmado que no estará este lunes en el arranque de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) por temor a ser detenido en caso de que la justicia española emita una nueva euroorden contra él, después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) le retirara su inmunidad europarlamentaria en una sentencia el pasado miércoles y no haya obtenido garantías de la Eurocámara de que defenderá su protección durante el desplazamiento al pleno.

"Esperábamos una respuesta asertiva del Parlamento sobre nuestra inmunidad de desplazamiento, ambiguamente cuestionada en la sentencia del TGUE, pero todo lo que hemos recibido es que llegado el caso tomarán todas las medidas disponibles para defender cualquiera de las inmunidades a las que podamos tener derecho en ese momento", ha resumido Puigdemont en un comunicado difundido en las redes sociales.

De este modo, el líder independentista ha justificado que ni él ni su exconseller y también eurodiputado Toni Comín vayan a acudir a Estrasburgo, ya que consideran que su inmunidad de desplazamiento está intacta pese a que la Eurocámara haya aprobado los suplicatorios remitidos por el juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, y a que el TGUE aclarara en su sentencia de la semana pasada que tal inmunidad no es "autónoma".

El mismo día de la sentencia, en una rueda de prensa desde Bruselas, Puigdemont y Comín anunciaron que recurrirán en casación la decisión de la Justicia europea en el plazo previsto de dos meses y diez días y que pedirán medidas cautelares para tratar de recuperar temporalmente la inmunidad mientras el Tribunal de Luxemburgo decide sobre el fondo.

Más tarde, pidieron a la presidenta de la institución europea, Roberta Metsola, garantías de que si viajaban a Estrasburgo para participar en la sesión plenaria no podrían ser detenidos en caso de que hubiera una nueva orden de detención y entrega emitida desde España. Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que Metsola respondió a los eurodiputados el viernes en los términos que apunta Puigdemont en su comunicado y recordando que, en todo caso, no hay ninguna euroorden en vigor.

La reforma del sistema de orden europea de detención y entrega (OEDE) podría estar más cerca. La Comisión Europea se ha comprometido esta última semana a estudiar la propuesta que le ha hecho la Eurocámara de ampliar la lista de delitos por los que se debe proceder a la extradición automática de un sospechoso si así lo reclama la Justicia de otro socio de la Unión Europea. La lista actual consta de 32 categorías y la proposición plantea ampliarla a lo que los parlamentarios que la han impulsado consideran nuevas formas delictivas y actualizar así la euroorden a los nuevos tiempos.

Aparte de introducir ilícitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, con las implicaciones que esto podría acarrear para el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes independentistas fugados, destacan también otros que van desde los delitos a través de medios digitales, medioambientales, de odio, abusos sexuales, violencia de género, genocidio o de lesa humanidad.

Así consta en la propuesta remitida desde la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo y que ha salido adelante esta pasada semana en el Pleno de la cámara con 444 votos a favor, 139 contra y 106 abstenciones. Antes de la votación, el comisario de Justicia, Didier Reynders, informó a los eurodiputados de que va a evaluar la propuesta de reforma del marco de la OEDE, admitiendo que, aunque este mecanismo de detención y entrega automática de reclamados por Estados miembros es el instrumento judicial "más eficaz", aún tiene margen de mejora.

Todo está ahora en manos de Reynders. La reforma no saldrá adelante mientras no la apruebe la Comisión Europea, que será la que decida si se lleva a cabo y en qué términos concretos para elaborar una proposición legislativa que habrán de aprobar los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo. Para ello, el comisario hará un "análisis de deficiencias" para ver si es necesario "añadir" otros delitos al listado o "precisar la definición de delitos mencionados ya", tal y como informó el comisario al Pleno de la Eurocámara. Esto en lo que respecta a la propuesta aprobada esta semana, pero además recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha puesto en marcha una iniciativa para ampliar la lista de crímenes perseguidos en la Unión Europea para incluir delitos como la violencia contra la mujer o los delitos de odio.

Menos de la mitad de las órdenes se ejecutan

Según el portal de Justicia de la Comisión, los últimos datos disponibles, que datan de 2017, reflejan que menos de la mitad de las órdenes de detención y entrega emitidas en ese año se llegaron a ejecutar (6.317 de 17.491). Sin embargo, estas cifras tampoco pueden tomarse al pie de la letra puesto que, como ha explicado a infoLibre la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles e Interior Maite Pagazaurtundua, hay Estados miembros que no colaboran a la hora de realizar estas estadísticas, de manera que "es imposible tener un verdadero panorama de cómo están las cosas" en lo que a la aplicación de las euroórdenes se refiere. Por eso ha llamado la atención sobre la necesidad de poner en marcha o reforzar los instrumentos ya existentes "para mejorar la confianza, la objetividad y la cooperación" entre los Estados, una OEDE mejorada que "ayude a que no haya impunidad". 

El procedimiento judicial regulado por las OEDE, que entró en vigor en 2002 y sustituyó al anterior mecanismo de la extradición, permite resolver las ejecuciones en un periodo máximo de 60 días, decisiones en las que no deben interferir las autoridades políticas de los Estados de la UE. Actualmente hay 32 categorías sobre las que no es necesario comprobar que el ilícito se considere delito en los dos países, el reclamante y en el que se produce la detención, sino que el único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad cuyo máximo sea al menos de tres años en el país de expedición.

Sin embargo, la propuesta de reforma, cuyo ponente es el parlamentario del PP Javier Zarzalejos, explica que "la doble tipificación plantea un problema en algunos casos, principalmente en lo que se refiere a la diferente interpretación del alcance del control y a la cuestión de la categoría de 32 delitos para los que no debe llevarse a cabo ningún control", de modo que plantea que "este aspecto requiere una aclaración práctica y judicial". De ahí que se haya presentado "una posible ampliación de la lista o incluso un enfoque diferente en la decisión marco relativa a la OEDE en la materia, con la denominada lista negativa prevista en el artículo 27/28 de la propuesta inicial de la Comisión sobre la orden".

Según el citado artículo, cada Estado miembro puede elaborar una lista de conductas respecto de las cuales deniega a priori la ejecución de los mandamientos de detención europeos, pero sólo podrá incluir comportamientos no incriminados en el Estado miembro que elabora la lista, pero sí en otros. Como ejemplo típico de las conductas que podrían figurar en esta lista se incluyen las infracciones que con el tiempo han sido despenalizadas, tales como la interrupción del embarazo, consumo de estupefacientes, eutanasia, etc. "En efecto, cabe considerar que en estos casos la despenalización es fruto de un debate democrático en el Estado que, por lo tanto, no está dispuesto a prestar ayuda a otros Estados que siguen penalizando las conductas en cuestión. Podrán también figurar en esta lista otras cuestiones más generales relativas a la infracción penal como por ejemplo la edad mínima de imputabilidad", explica la propuesta del Parlamento.

Tal y como ha explicado Pagazaurtundua, los Estados de la UE provienen de "tradiciones jurídicas muy diversas", por lo que es necesario avanzar en la legislación para que "no haya contradicciones, armonizar" los sistemas de los Veintisiete y "simplificar" la tramitación de las OEDE para mejorar la "cooperación judicial". Pero no sólo eso, sino que, tal y como ha recordado, además de hacer los procedimientos más claros y sencillos, hay delitos nuevos y otros que, por la experiencia adquirida, conviene incluir en la lista de categorías.

La experiencia del procésprocés

En esos delitos nuevos, la eurodiputada pone el ejemplo de nuevas formas de evasión fiscal o los cometidos a través de medios digitales. En cuanto a los segundos, es inevitable retrotraerse a la experiencia del procés catalán y a la negativa de tribunales en Bélgica y Alemania a la entrega de los exdirigentes procesados huidosprocés de la Justicia española, hechos que, para Pagazaurtundua, hacen necesario que esa lista de categorías delictivas se amplíe para que contemple todas aquellas conductas "contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia". Y así está reflejado en la proposición aprobada por el Parlamento Europeo.

"La orden de detención europea necesitaba ser revisada para evitar la impunidad en el espacio Schengen, para proteger mejor a las víctimas en la Unión Europea y para mejorar las garantías de los sospechosos", destacó Pagazaurtundúa durante el debate celebrado el pasado lunes en la Eurocámara.

La proposición incluye, textualmente, "delitos medioambientales (por ejemplo, los delitos por contaminación procedente de buques), determinadas formas de evasión fiscal, delitos de odio, abusos sexuales, violencia de género, delitos cometidos a través de medios digitales como la usurpación de identidad, delitos que implican el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia, delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra". "Un mayor grado de cooperación judicial respecto de este tipo de delitos ayudaría a la Unión a alcanzar sus propios objetivos prioritarios, reforzando a un tiempo la cultura de respeto de la democracia y el Estado de Derecho en la Unión", explica.

Además, se plantea establecer que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. También que cuando un país rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, deberá justificar con argumentos objetivos y factuales ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.

La etarra Natividad Jáuregui, reclamada por la Justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, se encuentra detenida por las autoridades belgas a la espera de ser entregada este domingo a España, tras la sentencia del Tribunal de Casación belga que ordenó el pasado martes ejecutar la euroorden que pesa sobre ella.

La Fiscalía federal belga ha informado de que Jáuregui se encuentra "privada de su libertad" como consecuencia del fallo del martes que avaló su entrega y fuentes del Ministerio de Interior español han confirmado a Europa Press que la entrega se producirá este domingo y que por la tarde llegará a Madrid bajo custodia de la Policía Nacional.

Durante el proceso para decidir sobre esta última Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), Jáuregui se encontraba en libertad vigilada con pulsera telemática. Pero el juez había advertido de que debía ser detenida en cuanto hubiera sentencia firme si ésta avalaba su entrega a las autoridades españolas.

Fugada de España hace más de 30 años, Jáuregui fue detenida en 2013 en la ciudad belga de Gante, en donde reside desde que logró que los Tribunales de este país rechazaran varias veces su entrega a España, al dar por bueno los argumentos de su defensa que alegó que estaban en riesgo los derechos fundamentales de la reclamada.

El Tribunal de Casación belga confirmó el pasado día 17 una primera sentencia del Tribunal de Apelación de Gante que ordenaba la entrega de Jáuregui a España, momento a partir del cual empezó a correr el plazo de diez días que tiene Bélgica para ejecutar la orden.

Euroorden reactivada tras Estrasburgo

El caso fue reactivado por España después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara en 2019 a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la etarra.

Estrasburgo concluyó que las autoridades belgas no cumplieron con la "obligación de cooperar" con España para investigar y juzgar su posible participación en el asesinato del teniente coronel Romeo, porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes.

Jáuregui fue miembro del comando Vizcaya de ETA en plena época de plomo de la banda terrorista y lleva fugada de España más de 30 años. El asesinato de Romeo, fue perpetrado cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao.

También tiene pendiente otras causas en España, todas por atentados cometidos a principios de los ochenta: los asesinatos del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche y del policía nacional Francisco Francés, ambos en Bilbao en 1981.

Los fiscales del caso del procés en el Tribunal Supremo han remitido este lunes un informe al instructor de la causa, Pablo Llarena, solicitando que mantenga las medidas cautelares que pesan sobre la exconsejera catalana huida en Escocia Clara Ponsatí esto es, las órdenes nacionales e internacionales de detención, incluida orden de detención europea (OED) y la declaración de rebeldía "que sólo podrá dejarse sin efecto cuando comparezca voluntariamente o sea entregada para responder de los cargos que se le atribuyen".

Señala la Fiscalía que "hasta tanto sea efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea, momento en el que procederá acomodar la solicitud de entrega al procedimiento de extradición" la reclamación las Autoridades del Reino Unido debe continuar por los trámites seguidos hasta ahora.

La OEDE es un procedimiento más directo de cooperación judicial entre países europeos, cuyo trámite se realiza entre autoridades judiciales y sin intervención de los Gobiernos, como sí ocurre en el caso de la extradición.

Se da la circunstancia de que el pasado jueves, la Junta Electoral Central (JEC) declaró vacante el escaño como eurodiputada de Ponsatí una vez que, en la segunda convocatoria, tampoco se ha presentado en el Congreso para acatar la Constitución, tal y como establece la legislación española.

Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madriga que Llarena comunique, a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo el mantenimiento de las citadas medidas cautelares "para salvaguardar los fines del proceso penal" en el que Ponsatí está incursa por su implicación en el procés independentista de Cataluña.

Suspensión de inmunidad

Igualmente, el Ministerio Público reclama que que se inste al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Ponsatí conforme a lo establecido en el Protocolo que rige en la misma Cámara de acuerdo con la interpretación establecida y a los efectos previstos por la sentencia del TJUE que reconoció la condición de eurodiputado del líder de ERC, Oriol Junqueras, cuando aún no había sido condenado por sedición.

Además, los fiscales instan que se comunique de forma inmediata a la autoridad de ejecución del Reino Unido, al amparo del la normativa relativa a la orden europea de detención la remisión al Parlamento Europeo de la solicitud de suspensión de la inmunidad, "al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega hasta tanto el Parlamento Europeo decida sobre tal petición".

La petición de la Fiscalía se fundamenta en que la presentación de Ponsatí candidata en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 26 de mayo, y su elección reciente consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, "se han producido ya procesada y habiéndose fugado previamente de la justicia española, por lo que era plenamente consciente de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos".

De ello cabe inferir "razonablemente", según señala la Fiscalía en su informe, que lo que pretendía Ponsatí en realidad "era acogerse al manto protector de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentaria con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce".

La Fiscalía habla de "suspensión de inmunidad" por el Parlamento Europeo en vez de tramitación de suplicatorio en sí porque, al igual que ha razonado respecto de otros encausados en el procés, la exigencia de autorización por el poder legislativo "cuando la procesada rebelde Clara Ponsatí ni era eurodiputada electa, ni habían sido convocadas las elecciones al Parlamento Europeo, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes" diseñado por la Constitución.

Constituiría además "una intromisión indebida e ilegítima en el ejercicio de la función jurisdiccional, convirtiendo así la inmunidad parlamentaria en un 'privilegio' o 'derecho particular' de determinadas personas".

Así, incide a lo largo de su informe en que el criterio aplicable en el ámbito del procedimiento ordinario, conforme a nuestro sistema procesal, "es que la necesidad de recabar la autorización de la cámara legislativa sólo rige para dictar el auto de procesamiento", algo que en el caso de Ponsatí ya ocurrió en marzo de 2017.

Ello es, según insiste la Fiscalía, porque "no forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador –si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya ha sido procesado y la investigación está concluida– imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras".

La Abogacía del Estado ha solicitado al juez instructor de la causa del procésindependentista en Cataluña, Pablo Llarena, que suspenda las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín y solicite "a la mayor brevedad" el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante sus inmunidades.

En el informe de 14 páginas remitido este viernes al magistrado y firmado por Rosa María Seoane, subraya que la justicia belga dejó en suspenso este mismo jueves la tramitación de las reclamaciones hasta que la cámara europea se pronuncie. Eso sí, añade que se trata de una "información no contrastada a la hora de redactar estas alegaciones" y que "se ignoran los concretos motivos de tal decisión".

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, llega después de que el juez Llarena solicitara a las partes que se manifestaran sobre si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre, que afirmó que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue proclamado europarlamentario, tiene "la misma incidencia" en la situación de Puigdemont y Comín, ambos también electos en el Parlamento Europeo y huidos de la justicia española.

En el caso de Junqueras –condenado por el procés independentista a 13 años de prisión e inhabilitación–, la Abogacía del Estado solicitó su excarcelación para que pueda ejercer como eurodiputado, mientras se solicita al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad que le confiere esa condición. Una medida que, en su opinión, el Tribunal Supremo debe realizar "a la mayor brevedad".

La Abogacía del Estado comienza su informe afirmando que la doctrina derivada de la sentencia del TJUE sobre Junqueras "tiene efectividad para Carles Puigdemont y Antoni Comín", puesto que sus resoluciones "son de obligado cumplimiento para todos aquellos que se encuentran en situaciones similares".

En este sentido, explica que para el mantenimiento de la tramitación de las euroordenes ante la justicia belga, "resulta indispensable una decisión del Parlamento Europeo a fin de permitir la continuación del procedimiento de ejecución". Por ello, solicita que reclame la suspensión de la inmunidad cuanto antes.

Ninguna medida cautelar contra Puigdemont y Comín

Asimismo, Rosa María Seoane destaca en su informe que no consta la imposición de ninguna medida cautelar contra Puigdemont y Comín que les prive de su libertad de movimiento, sino que únicamente deben encontrarse a disposición de los tribunales belgas.

La postura de la Abogacía es en parte contraria a la Fiscalía, que pidió al juez instructor de la causa del procés que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y el exconsejero. El Ministerio Público también exigió al magistrado que pidiera la retirada de la inmunidad.

Por otro lado, el informe hace hincapié en que las inmunidades recogidas en el artículo 9 del Protocolo número 7 tienen efecto en el ámbito del Parlamento Europeo y recuerda que contra los líderes independentistas se sigue un procedimiento penal. Así, subraya el principio de cooperación leal, que, según recuerda, tiene un carácter "recíproco" entre la institución europea y el órgano jurisdiccional nacional, en este caso el Tribunal Supremo.

Cooperación leal entre instituciones

"De esta manera, el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo", dice el escrito.

Con todo ello, la Abogacía del Estado afirma que procedería a suspender las euroordenes hasta que se conozca la decisión del Parlamento Europeo. Pero también trasladar a esta cámara la traducción al francés y al inglés de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por el procés independentista, causa en la que Puigdemont y Comín se encuentran procesados y por los que son reclamados a Bélgica para que permita "una mejor comprensión de la inexistencia de cualquier tipo de fumus persecutionis o motivación política en el enjuiciamiento de estos hechos".

El expresidente de la Generalitat ha destacado este jueves que la Justicia belga ha suspendido su euroorden y la del exconseller Toni Comín, y les ha reconocido que tienen inmunidad como eurodiputados.según informa Europa Press.

En un tuit en inglés, ha celebrado esta decisión y ha exigido a la justicia española hacer lo mismo y liberar al líder de ERC, Oriol Junqueras: "España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley".

"¡La justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de arresto y extradición! Pero ahora todavía estamos esperando la liberación de Junqueras, que tiene la misma inmunidad que nosotros. España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley", ha expresado.

Fuentes de la defensa de Puigdemont han explicado a Europa Press que la euroorden contra el exconseller Lluís Puig sigue pendiente a la espera de una vista el 3 de febrero en el Tribunal de primera instancia de Bruselas.

Esta decisión llega después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que reconoció que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería haber gozado de inmunidad al ser electo como eurodiputado, y que permitió a Puigdemont y Comín acreditarse como eurodiputados.

En un comunicado de Puigdemont y Comín, han recalcado que esta euroorden "era el tercer intento de la justicia española" para extraditarlos y que de momento queda suspendida hasta que, si se produce, el Parlamento Europeo les retire la inmunidad.

Ambos han reivindicado que se ha evidenciado que, "como se ha sostenido siempre, la euroorden de detención y extradición que aún mantiene el Estado español contradice abiertamente la normativa europea que reconoce la inmunidad" del expresidente y el exconseller.

Además, han recriminado que "todos los intentos de la justicia española para conseguir la extradición de los miembros del Govern en el exilio han acabado o con la retirada de la euroorden por parte del propio juez español, o con la desestimación de la extradición ya sea por razones formales en Bélgica o en cuanto al principal delito, el de rebelión, en Alemania".  

El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado este jueves al instructor de la causa del procés independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que desactive las órdenes de detención que pesan contra él y se aparte de la causa "por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad". En el caso de que no lo haga, anuncia un incidente de recusación contra el magistrado, según informa Europa Press. En un escrito de 63 páginas presentado en respuesta a la petición del propio Llarena —tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que reconoció la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras—, el letrado concreta que deben quedar sin efecto tanto la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión contra Puigdemont como las órdenes europea e internacional de detención emitidas, "por haber sido dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo".

Reclama igualmente que se anulen" cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan" contra el expresident, que se encuentra huido en Bélgica, incluso las acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, "por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición".

También pide que se declare por el Supremo que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos del líder independentista huido y, finalmente, que se decrete el sobreseimiento libre de la causa, "por no resultar los hechos por los que viene perseguido mi defendido constitutivos de delito alguno".

Defiende su inmunidad como europarlamentario A lo largo del documento, el abogado Gonzalo Boye recuerda que en diferentes escritos ha venido sosteniendo que desde el momento de la proclamación de candidatos electos por la Junta Electoral Central, esto es, el 13 de junio de 2019, su cliente habría adquirido la condición de diputado al Parlamento Europeo, de modo que está protegido por las inmunidades reconocidas en el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea.

Se trata de la misma postura que ha reconocido el TJUE en el caso de Junqueras, por lo que según esta parte la posición adoptada en todo este tiempo tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por el juez instructor del caso es "insostenible". Duda además el abogado de Puigdemont de la imparcialidad de Llarena por el hecho de que mantenga un contencioso civil con su cliente en Bélgica que aún está pendiente de resolverse.

A su juicio, tras la sentencia del TJUE, el mantenimiento de las órdenes de detención que aún pesan sobre Puigdemont "puedan obstaculizar la libertad de un miembro del Parlamento Europeo, sin la previa obtención de una autorización para ello" de la propia Eurocámara, y "ninguna duda puede caber al respecto".

Añade además que este tipo de suplicatorios, por la naturaleza de la medida que se pretende, "sólo se podrán conceder con carácter sumamente excepcional, pues la situación de prisión provisional de un parlamentario resulta, en la práctica, incompatible con el ejercicio del cargo electo representativo".

El escrito alude igualmente a la Constitución Española, cuyo artículo 71.2 dispone que durante el período de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, lo que según la defensa de Puigdemont no puede ser aplicado a su caso.

Los antecedentes del alcalde de HB y de Ruiz Mateos

Como antecedentes, el letrado cita dos casos: el del dirigente de HB Ángel Alcalde Linares, quien en 1989 quedó en libertad al obtener la inmunidad que le dio obtener escaño en el Congreso —si bien aprovechó esta circunstancia para huir—; y el del empresario, José María Ruiz Mateos.

En este caso, ya había tenido comienzo el juicio oral en el momento de la proclamación de Ruiz-Mateos como diputado al Parlamento Europeo, y los tribunales que hasta aquel momento venían conociendo la causa levantaron las medidas privativas de libertad "siguiendo, por cierto, el criterio del Ministerio Fiscal", apunta Boye en su escrito.

"Pues bien, estos precedentes ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que procede el levantamiento de la medida cautelar de prisión provisional como consecuencia de la proclamación como diputado al Parlamento Europeo" de Puigdemont, subraya su defensa.

El mantenimiento de una orden europea de detención respecto de un parlamentario europeo, sin la previa autorización del Parlamento Europeo, abunda el abogado, "es absolutamente incompatible con el buen funcionamiento del Parlamento Europeo, lo que vulnera a su vez el principio de cooperación leal" que establece el Tratado de la Unión Europea.

Recuerda igualmente que el Parlamento Europeo celebra sesiones periódicas tanto en Bruselas como en Estrasburgo, "de modo que la vigencia de una orden europea de detención en esos dos Estados miembros, sin la previa autorización del Parlamento Europeo, resulta absolutamente incompatible con la buena marcha del trabajo parlamentario e, incluso, con el normal funcionamiento del sistema de orden europea de detención".

En otro momento de su informe, Boye recuerda que "ni las autoridades de ejecución de Bélgica, ni las de Alemania, ni tampoco las de Escocia", en los tres procesos de orden europea de detención a los que se han visto incursos tanto Puigdemont como otras personalidades políticas catalanas en esta misma causa, han entendido necesario ingresarle en prisión preventiva.

"Y ello incluso en momentos en que ni siquiera debían ponderar la condición de diputados al Parlamento Europeo que, en aquel momento, todavía no había adquirido", como sucede en estos momentos con la exconsejera huida en Escocia Clara Ponsatí.

"Esto no es una guerra", dice a los fiscales

En alusión a los cuatro fiscales del caso, la defensa del expresident dice "entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los representantes del Ministerio Fiscal", a los que recuerda que "pueden olvidar que esto no es una guerra sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el Derecho de la Unión".

"No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros", concluye el letrado.

El vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell, exministro de Asuntos Exteriores español, ha afirmado este lunes que no le sorprende la situación en la que se encuentra en Bélgica el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya euroorden de entrega a España sigue pendiente, poniendo como ejemplo el caso de una etarra —Natividad Jauregui—, que no ha sido entregada y está "tranquilamente" en ese país, informa Europa Press. "Si las autoridades judiciales de Flandes aún no han tenido a bien hacer caso a la orden europea de una conocida etarra a la que se reclaman delitos de sangre y sigue en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que sea juzgada en España, si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas", ha dicho.

Borrell se ha expresado así preguntado por la situación de Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas haya aplazado la vista sobre su entrega a España para conocer antes el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si Puigdemont y Comín tienen derecho a inmunidad como eurodiputados.

En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, al término de una reunión Europa-Asia celebrada en Madrid, Borrell ha opinado que, aunque no es experto en la euroorden ni es su cometido como alto representante para la Política Exterior, está "claro que se puede mejorar" el instrumento, "sobre todo a través de mecanismos que creen confianza mutua entre el Poder Judicial de un país y de otro", de manera que si "los jueces hablen más entre ellos" tienen dudas pueda preguntarlas y aclararlas. "Pero hay cosas que no son de hoy, son de ayer", ha admitido.

El espacio judicial europeo, ha explicado, se basa en crear en un nivel supranacional los mismos mecanismos que existen en el sistema judicial de cada país, y eso es lo que se está haciendo aunque no es "de la noche a la mañana", precisamente porque hay que crear esa "confianza mutua".

"Se puede y se debe mejorar"

Borrell ha tratado de "hacer pedagogía" y explicar que las entregas de personas reclamadas judicialmente no las gestionan los gobiernos, sino los jueces y que las peticiones "chocan con prácticas culturales, con la historia". "Naturalmente se puede y se debe mejorar, y debe, en mi opinión, haber más cooperación entre las instancias judiciales de un país y de otro", ha señalado.

Así, cree que sean cuales sean los "accidentes" del proceso de construcción de ese espacio judicial europeo, no hay que dar pasos atrás ni volver "a la época en la que se resolvían las extradiciones con conversaciones personales entre los ministros de Interior de un país y de otro".

La Justicia belga celebrará este lunes una nueva vista sobre la extradición del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers Lluis Puig y Toni Comín, aunque las partes asumen como escenario más probable que la sesión se aplace de nuevo hasta conocer la sentencia que el jueves dictará el Tribunal de Justicia de la UE sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado electo del líder de ERC, Oriol Junqueras, informa Europa Press.

Los tres políticos huidos de la Justicia española están citados a las 14.00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia) para comparecer ante el juez neerlandófono que examinará sus expedientes y que es el mismo magistrado que se encargó de las primeras órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos en 2017.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó el pasado octubre la orden europea de detención y entrega de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación y, semanas más tarde, las que pesan contra Comín y Puig también por sedición y malversación en el caso del primero y solo por malversación en el caso del segundo.

En sus alegaciones, la Fiscalía de Bruselas ha avalado que los tres sean entregados a España por todos los delitos por los que son reclamados por las autoridades judiciales, aunque ellos se niegan a ser extraditados y serán los tribunales belgas los que deban decidir.

En su declaración ante el juez de instrucción belga, Puigdemont y Comín alegaron que les asiste la inmunidad de eurodiputados por haber ganado un escaño en las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo, a pesar de no haber recogido el acta necesaria para ser nombrados eurodiputados. Pero el juez de instrucción consultó con la Eurocámara y concluyó que este privilegio no les asiste en estos momentos y siguió adelante con el proceso para examinar su entrega a España en los Tribunales belgas.

En cualquier caso, ni los abogados de los líderes independentistas ni las fuentes judiciales consultadas por Europa Press esperan una decisión este lunes porque asumen que el tribunal aplazará su conclusión hasta conocer el pronunciamiento del TUE y analizar el posible impacto que pudiera tener sobre el caso de Puigdemont y Comín. Incluso si el fallo del TUE sobre Junqueras no estableciera una relación directa con los casos de Puigdemont y Comín, la defensa de éstos creen que la decisión en el Tribunal belga tardará en llegar, habida cuenta de que también está pendiente de resolución otro recurso presentado por Puigdemont ante el TUE.

La Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse el jueves sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras tras ser proclamado eurodiputado electo en los comicios de mayo, aunque al igual que Puigdemont y Comín no cumpliera con el proceso de tramitación necesario para acatar el acta.

Junqueras reclama ser reconocido como eurodiputado de pleno derecho y sostiene que debería estar cubierto por la inmunidad europarlamentaria desde que se conocieron los resultados de las elecciones, algo que rechazan tanto las autoridades españolas como los servicios jurídicos de las instituciones de la UE.

Sin embargo, el Abogado General del TUE concluyó en un reciente dictamen que debió reconocerse a Junqueras como eurodiputado pleno desde la proclamación de los resultados y, por tanto, gozar de inmunidad, aunque advirtió de que a partir de la condena por el Supremo, la Justicia europea ya no sería competente para pronunciarse. Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el TUE, aunque en la mayoría de los casos las sentencias que dicta el Tribunal de Luxemburgo siguen la línea marcada por estos dictámenes.

La justicia escocesa ha dejado en libertad a la exconsejera Clara Ponsatí tras la euroorden por sedición el 1-O, después de que se haya entregado este jueves a la Policía de Edimburgo (Escocia) acompañada de su abogado Aamer Anwar, desde donde ha sido transferida al Tribunal del Sheriff, tras la reactivación de la orden europea de detención y entrega por un presunto delito de sedición por el 1-O. Lo ha informado su abogado Aamar Anwar en un tuit recogido por Europa Press, en que ha dicho: "Hemos ganado la batalla, pero no la guerra, todavía queda un largo camino".

La exconsejera se ha entregado pasadas las 12 horas (11 horas hora local) en la oficina de Policía de St Leonard de Edimburgo, después de que el Reino Unido aceptara tramitar la nueva orden de detención europea para Ponsatí por el presunto delito de sedición en relación con su participación en la organización del 1-O.

La exconsejera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí se ha entregado este jueves a la Policía de Edimburgo (Escocia) acompañada de su abogado Aamer Anwar, actual rector de la Universidad de Glasgow, desde donde será transferida al Tribunal del Sheriff, tras la reactivación de la orden europea de detención y entrega por un presunto delito de sedición por el 1-O.

La exconsejera se ha entregado pasadas las 12 horas (11 horas hora local) en la oficina de Policía de St Leonard de Edimburgo, después de que el Reino Unido aceptara tramitar la nueva orden de detención europea para Ponsatí por el presunto delito de sedición en relación con su participación en la organización del 1-O.

El abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar que hará más declaraciones cuando Ponsatí haya comparecido ante la justicia, ha explicado a los medios antes de que la consejera se entregara voluntariamente que España "abusa del proceso de extradición", y ha recordado que en Escocia no existe el delito de sedición.

El abogado de la exconsellera Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha informado este viernes de que la Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra la dirigente independentista tras recibir las aclaraciones del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, por lo que la solicitud de extradición llegará a la justicia escocesa para ser resuelta.

En un comunicado, el letrado ha explicado que Ponsatí –que se marchó de España tras la declaración de independencia– comparecerá ante la policía de Edimburgo (Reino Unido) el jueves 14 de noviembre para ser puesta a disposición del juez. "Defenderemos firmemente a Clara del abuso de España del proceso de extradición y de cualquier intento de perseguirla por ejercer el mandato democrático del pueblo catalán", ha manifestado su abogado. El letrado también ha considerado que parece que el juez Llarena esté "acusando a Clara de 'desobediencia' en lugar de 'sedición' en sus aclaraciones remitidas a las autoridades británicas".

Llarena, instructor de la causa sobre el proceso soberanista, ha enviado este viernes a la Agencia británica contra la delincuencia información complementaria sobre la exconsellera de Educación, de la que pide la extradición. Ha indicado que Ponsatí conocía la ilegalidad de las conductas por las que se la reclama por un delito de sedición, e incluye todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que fueron desobedecidas por la dirigente independentista pese a tener "pleno conocimiento" de las mismas.

El juez, que envía el documento también traducido al inglés, contesta de este modo a los requerimientos que se le realizaron el pasado miércoles desde este organismo, integrado en la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea). La agencia británica le pidió más información pese a rechazar en principio dar trámite a la euroorden cursada por el juez contra Ponsatí por lo "desproporcionado" de la petición, si bien horas después rectificó dicho término.

Los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín, declarados formalmente en rebeldía desde julio de 2018 tras huir a Bélgica, han quedado este jueves en libertad sin fianza tras declarar ante el juez de instrucción en la Fiscalía de Bruselas por las órdenes europeas de detención y entrega reactivadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, informa Europa Press.

A su salida de los juzgados, tras varias horas declarando ante el juez de instrucción, Puig y Comín han informado de que quedan en libertad sin fianza y con las mismas medidas cautelares que se fijaron en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, por lo que no podrán salir del país sin permiso del juez y deberán comparecer ante la Justicia cada vez que sean requeridos.

Comín ha alegado que goza de inmunidad como eurodiputado para evitar que continúe el proceso, pero tras consultar con el Parlamento europeo el juez de instrucción ha concluido que no le asiste este privilegio y sigue adelante con el expediente de la euroórden.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con Puigdemont, el magistrado no ha fijado automáticamente una fecha para la celebración de la vista de Puig y Comín ante la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia de Bruselas), aunque esperan que la audiencia tenga lugar "en los próximos días".

Sus abogados, Paul y Simon Bekaert, han matizado que el calendario "está por fijar" y que no está claro si el juez considerará necesario que comparezcan en una primera vista antes de decidir si reagrupan la causa con la de Puigdemont.

"El caso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tratado al mismo tiempo y por el mismo juez puede ser lógico", ha expresado Simon Bekaert, quien se ha quejado del "lío" provocado por las autoridades españolas por mandar por separado las distintas euroórdenes.

La defensa de los políticos independentistas ha solicitado que se unifiquen los expedientes de los dos exconsellers con el de Puigdemont, que ya ha comparecido una vez ante el Tribunal y cuya vista fue aplazada hasta el próximo 16 de diciembre.

También han avanzado que "aprovecharán" las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo sobre el proceso de extradición de Puigdemont para reforzar su estrategia de defesa que sostiene que "faltan garantías de que en España pueda haber un juicio justo".

A juicio de Comín, las palabras de Sánchez "confirman de manera contundente que en España no hay garantías de juicio justo porque no hay garantías de separación de poderes". Con todo, este asunto no ha sido abordado con el juez de instrucción, que solo debe comprobar que la euroorden se ajusta a derecho y no analiza el fondo del asunto.

El Gobierno ha asegurado a última hora de este miércoles que la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí sigue su curso después de un "error" en la comunicación de las autoridades británicas.

A través de una nota a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha explicado que la calificación de "desproporcionada" con la que las autoridades británicas se han referido a la orden de extradición es un error de comunicación a la hora de trasladar la información a las autoridades españolas que ya ha sido comunicado a la Embajada española.

Las autoridades de Reino Unido han contestado este miércoles a la orden de detención europea sobre Ponsatí que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación. Según han explicado desde Moncloa, las autoridades policiales británicas, que la reciben a través del llamado sistema SIRENE, llevan a cabo un control formal de admisión, encomendado a la National Crime Agency, antes de ordenar la detención y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas.

En este caso concreto, según las mismas fuentes, SIRENE ha transmitido a las autoridades policiales españolas que es necesario aportar información complementaria en relación con la euroorden emitida para cursar la detención y entrega de Ponsati pero, al hacerlo, "han aludido a una calificación como de petición "desproporcionada", expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency.

En este sentido, han apuntado que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida y que se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa "por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos". Además, el Gobierno español ha recordado que la solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea es un proceso de carácter eminentemente judicial.

El Gobierno, además, ha distribuido el documento en el que las autoridades británicas se disculpan: "En nuestro anterior mensaje, nuestra respuesta aseguraba incorrectamente que la solicitud era 'desproporcionada'. No es desproporcionada, es solo que actualmente carece de información esencial". La comunicación está firmada por el sistema SIRENE. 

Llarena, que instruye la causa por el procés emitió este martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo.

Una respuesta "poco entendible"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que resulta "poco entendible" la respuesta de Gran Bretaña a la petición de euroorden de la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí y ha asegurado que el Ejecutivo intenta aclarar la "confusión". Además, ha negado la existencia de un "incendio" o "malestar" en la Fiscalía por las palabras de Pedro Sánchez en la que sugería que el Ministerio Público seguirá sus directrices respecto a "traer de vuelta" a Carles Puigdemont, y ha afirmado que "han sido los propios fiscales los que han colaborado con el juez Llarena, a impulsos del Gobierno, para que las euroórdenes se reactivaran".

Antes de participar en un mitin de su partido en Bilbao, en declaraciones a los medios informativos, Calvo se ha referido a la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí, que las autoridades de Reino Unido, a través de su Agencia Nacional para la Delincuencia (NCA), han calificado de "desproporcionada". "No sabemos quién lo ha hecho, estamos en este momento, justamente, tratando de saber quién y qué", ha respondido al ser preguntada por la postura de Gran Bretaña.

Según la vicepresidenta en funciones, "en este momento" existe "una cierta confusión sobre esta información". "Y nosotros somos un Gobierno en funciones, pero que hace su trabajo defendiendo a su país, a nuestra justicia y democracia", ha dicho. Calvo ha defendido que España es una "democracia espléndida, dentro de las 20 mejores del mundo" y ha reiterado que "en este momento, existe una cierta confusión sobre ese asunto". Según ha puntualizado, las euroórdenes "se cursan de poder judicial a poder judicial", por lo que "es el poder judicial el que tiene que resolverlas, tanto en Bélgica como en el Reino Unido".

"Así que estamos, en este momento, tratando, vía nuestras embajadas, de averiguar una noticia que nos resulta poco entendible, dado que las euroórdenes solo se resuelven en la autoridad judicial, y no en otra. Estamos intentando aclarar una situación que tiene confusión, sin duda de ningún tipo", ha dicho.

El tribunal belga de primera instancia que debe decidir sobre la orden de detención y entrega cursada por el juez Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido aplazar la vista al próximo 16 de diciembre por la tarde para dar más tiempo a las partes para preparar sus alegaciones.

Así lo han explicado a los medios de comunicación el propio líder independentista y su equipo de abogados después de la vista que ha tenido lugar ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre su entrega a las autoridades españolas.

"La vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre", ha explicado el político independentista, que no ha respondido a ninguna pregunta de los medios de comunicación.

La defensa de Puigdemont ha indicado que durante este tiempo prepararán sus argumentos por escrito y los suyos serán los mismos que en la euroorden anterior: vulneración de Derechos Fundamentales y garantías procesales. Además, defenderán que el expresidente catalán tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado pese a no haber recogido el acta.

"Por supuesto invocaremos la inmunidad y por supuesto utilizaremos los mismos argumentos que utilizamos hace dos años", ha señalado el abogado Simon Bekaert.

La defensa de Puigdemont ya pidió al juez de instrucción que el proceso se suspendiera a la espera del pronunciamiento de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, pero este magistrado consultó al Supremo y al Paralmento Europeo y concluyó que no gozaba de tal protección.

La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, ha explicado que el tribunal de primera instancia puede examinar de nuevo la cuestión y tomar una decisión propia al respecto. Durante la vista, el Ministerio Público ha pedido la entrega de Puigdemont a la Justicia española por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama, tal y como adelantó Europa Press.

Las declaraciones de Calvo "ayudan y mucho"

También sobre la estrategia de defensa, el abogado Gonzalo Boye ha señalado que las declaraciones que ha hecho este martes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, "ayudan y mucho". "Estamos hablando de un tema estrictamente judicial o eso creíamos nosotros", ha justificado.

El letrado se ha referido así a las palabras de Calvo en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado que "no entendería" que las autoridades belgas no entregaran a Puigdemont a España

Así las cosas, el tribunal volverá a escuchar los argumentos de las partes el lunes 16 de diciembre, pero todavía no tomará una decisión sobre su extradición. Lo previsible es que ese día detalle la fecha en la que vaya a ser anunciada.

En cualquier caso, la decisión que tome el juez sobre la entrega o no de Puigdemont podrá ser recurrida tanto por la Fiscalía belga como por la defensa. En concreto, dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar el recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Tras este paso, quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

Plazo de 60 días ampliable a 90 para la extradición

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

La Fiscalía belga pedirá este martes al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española, según han informado a Europa Press fuentes de su defensa.

"Piden la extradición por los dos delitos", ha informado a Europa Press Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la Fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga.

Las partes, que ya han tenido acceso a las primeras alegaciones escritas, han sido citadas este martes a partir de las 9:00 horas para la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.

Los abogados de Puigdemont prevén solicitar un aplazamiento de la vista para contar "con más tiempo para preparar" la defensa del expresidente catalán, con el argumento de que apenas han tenido 24 horas para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.

Por ello, según Bekaert, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fijará una nueva fecha, "probablemente a primeros de diciembre", para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso.

Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.

El político independentista se entregó a la Policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez le interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente.

Para evitar la extradición, la defensa de Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor concluyó que no gozaba de tal protección.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España —incluyendo los de rebelión y sedición— salvo el de prevaricación.

Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios".

Plazos para resolver la euroorden

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso —Fiscalía belga y defensa— dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se trasladará a Waterloo (Bélgica) "en los próximos días", lo que permitirá avanzar en el proyecto del Govern de crear el Consell de la República en el extranjero, informa Europa Press.

"Puigdemont se trasladará a Waterloo. No es hoy mismo, pero será en los próximos días", ha afirmado el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, en una rueda de prensa tras el anuncio del Tribunal Supremo de retirar la euroorden que pesaba contra él y contra los dirigentes políticos independentistas en el extranjero.

Preguntado por si el traslado de Puigdemont a Bruselas acelerará la construcción del Consell de la República ha contestado: "Estamos en un cambio de escenario. El Consell forma parte del programa de Govern y con el presidente en Waterloo todos los proyectos que tenemos comenzados tomarán forma".

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado desde Alemania por el delito de malversación de fondos públicos, como ha acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y denuncia “falta de compromiso” de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.

Así lo acuerda el juez instructor en un auto en el que también retira la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont además de otros fugados, como son Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

La decisión de Llarena deja a Puigdemont —y a los demás fugados— en situación de moverse libremente fuera de España y, tal y como ha anunciado, poner en marcha una representación no oficial de Cataluña desde la que defender la causa secesionista en el extranjero en busca de apoyo internacional para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Eso sí: la justicia española tendría manos libres para juzgarle en rebeldía por los mismos delitos que al resto de los acusados.

El magistrado argumenta que, con su decisión, el tribunal regional alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa y considera que no se ha realizado una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, esto es, la posible comisión del delito de rebelión por el que se pedía su entrega, sino que se ha abordado "el definitivo juicio de los hechos en los tipos penales".

Por ello añade que la decisión del tribunal alemán no se sujeta a la euroorden, ni a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ni al Manual obre la euroorden elaborado por la Comisión Europea. A su juicio, este el órgano judicial debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si, de haberse cometido rebelión, se impulsaría una investigación penal semejante a la que se sigue en el Tribunal Supremo.

El juez sostiene que la justicia alemana ha adelantado un enjuiciamiento "que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, desde un posicionamiento desacertado" y con "conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos" que se investigan en esta causa, en referencia a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlament catalán el día 27 de ese mismo mes.

Igualmente el juez afea que este tribunal valore la declaración prestada por el expresidente catalán porque ello implica "conferir un valor probatorio a su versión" pese a que esta no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas durante los nueve meses que ha durado la instrucción de esta causa que cuenta con 25 procesados.

Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la Unión Europea, en este caso la aplicación de la euroorden en el marco de la causa que sigue el Tribunal Supremo, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial ante la Justicia europea. De esta forma, explica Llarena, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.

El magistrado instructor detalla en su auto que este tribunal regional estaba "obligado" a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE al no tratarse de un acto claro, entre otras razones, por existir dudas interpretativas ante la postura del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, el cual solicitaba la entrega del expresidente catalán tanto por el delito de rebelión como por el de malversación.

Por todo ello insiste en la existencia de esta falta de compromiso no solo por no acudir a la Justicia europea cuando estaba obligado a ello sino por ser consciente de que el Tribunal Supremo, en calidad de órgano que emitió la euroorden contra Puigdemont, no puede dirigirse a Europea para plantear una cuestión prejudicial "que intente colmar el déficit de colaboración padecido".

En lo que respecta a la retirada de las órdenes de detención, el magistrado explica que la Decisión Marco contempla que el juez que emite la euroorden puede retirarla "en cualquier momento" e indica que así lo acuerda debido a que todas las circunstancias que plantea este caso "no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional", sino que "deterioran indebidamente" los indicios de responsabilidad que recoge tanto la investigación como el auto firme de procesamiento.

A su vez, la Fiscalía ha acusado al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de “incumplir el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega" al aceptar la extradición sólo por malversación y no por todos los delitos por los que era reclamado, es decir, también por rebelión.

Al examinar el fondo del asunto —los hechos por los que el juez Pablo Llarena reclamaba la entrega de Puigdemont—, el Ministerio Público español opina que el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles". Así lo ha manifestado la Fiscalía en el escrito que ha presentado ante la Sala de lo Penal para oponerse a la puesta en libertad de los procesados en la causa del 'procés' que se encuentran en prisión provisional.

Por su parte, el abogado del expresident declaró a través de Twitter: “Parece que nos ha quedado un verano inmejorable”. Y que, “además, podré por fin hacer vacaciones”. A su vez, otro de los abogados que se ocupa de la defensa de los procesados, Gonzalo Boye, publicó en la misma red social diciendo que “Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos... y ahí lo dejo” y que el efecto dominó ha sido devastador.

La hipótesis de la entrega de Puigdemont sólo por malversación era muy comprometida para el juez, como él mismo reveló en diciembre cuando retiró la euroorden que había presentado solicitando la entrega de Puigdemont, Antonio Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que entonces se encontraban en Bélgica. El motivo era que “los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva”, esto es, con varios protagonistas.

“Los hechos”, razonaba en aquel momento Llarena, “pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”, de modo que “la depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada”. Si no se hiciera así, advertía el juez, “podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

La decisión que ha adoptado la justicia alemana, siguiendo el razonamiento de Llarena, dificultaba dar la “respuesta homogénea” al supuesto delito de rebelión que “justificó la acumulación de las actuaciones” en el Supremo. E introduce “una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”. Puigdemont se arriesgaría una condena máxima de doce años y el resto de procesados a penas por encima de los 30.

Los jueces alemanes negaron la entrega por rebelión basándose en que para que exista delito de alta traición debe cometerse “violenta y públicamente” de conformidad con el artículo 472 del Código Penal español y “por la fuerza” de acuerdo con el artículo 81 del Código Penal alemán. Y, según su criterio, “es dudoso” que el expresident “persiguiera el objetivo de la independencia de Cataluña del Estado español ‘por la fuerza”, porque “los documentos muestran que quería lograr la legitimidad de una separación por medios democráticos, es decir, mediante la celebración de una votación”.

El juez instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena, se enfrenta a un dilema que le obliga a elegir entre dos escenarios contrarios a los intereses del Tribunal Supremo. O acepta la entrega de Carles Pugdemont —y obliga a la justicia española a juzgarle por delito de malversación mientras el resto de acusados se enfrentan a posibles condenas mucho más graves por rebelión— o la rechaza y renuncia a perseguirle fuera de España para que, aunque sea en rebeldía, pueda ser juzgado por los mismos delitos que el resto de acusados.

La segunda hipótesis permitiría a Puigdemont moverse libremente fuera de España y, tal y como ha anunciado, poner en marcha una representación no oficial de Cataluña desde la que defender la causa secesionista en el extranjero en busca de apoyo internacional para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Eso sí: la justicia española tendría manos libres para juzgarle en rebeldía por los mismos delitos que al resto de los acusados.

El primer escenario es aún más comprometido para el juez, como él mismo reveló en diciembre cuando retiró la euroorden que había presentado solicitando la entrega de Puigdemont, Antonio Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que entonces se encontraban en Bélgica. El motivo es que “los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva”, esto es, con varios protagonistas.

“Los hechos”, razonó en aquel momento Llarena, “pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”, de modo que “la depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada”. Si no se hace así, advertía el juez, “podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

La decisión que ha adoptado la justicia alemana, siguiendo el razonamiento de Llarena, dificulta dar la “respuesta homogénea” al supuesto delito de rebelión que “justificó la acumulación de las actuaciones” en el Supremo. E introduce “una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”. Puigdemont se arriesgaría una condena máxima de doce años y el resto de procesados a penas por encima de los 30.

Fuentes jurídicas aseguraron a Europa Press que el juez esperará a que le notifiquen la resolución antes de tomar una decisión. El magistrado quiere estudiar esta cuestión detenidamente para ver qué encaje y qué respuesta se puede dar al asunto desde el ordenamiento jurídico español y si tiene alguna salida antes de aceptar o rechazar la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación.

A partir de este momento, tanto la defensa de Puigdemont como el Ministerio Fiscal alemán disponen de 30 días para recurrir ante el Tribunal Constitucional alemán. La representación legal del expresident ya ha confirmado que lo hará. Su letrado, Jaume Alonso-Cuevillas, explicó en declaraciones a TV3 que su intención es defender ante el alto tribunal “la falta de garantías para un juicio justo” que, a su juicio, amenaza a Puigdemont si es entregado a España, así como tratar de desacreditar la acusación de malversación haciendo ver la existencia de supuestas contradicciones.

La posibilidad de que, al final, haya dirigentes independentistas juzgados por rebelión mientras el expresident solo es acusado de malversación supondría, en su opinión, “un ridículo internacional”, porque “el tribunal ha entrado a valorar los hechos y Alemania está considerada la cuna del Derecho penal”. Por el mismo motivo sería absurdo, indicó, mantener la acusación de rebelión contra el resto de investigados.

La decisión de la justicia alemana dio alas a los partidos independentistas para reclamar la liberación de los presos acusados de rebelión y para defender que, quienes son además diputados, no sean suspendidos en sus funciones, tal y como decidió esta misma semana el juez Llarena en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La noticia sorprendió al vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonés (ERC), reunido con su homóloga en el Gobierno español, Carmen Calvo. Aragonés pidió expresadamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que use los instrumentos de los que dispone para “aligerar esta situación”, en referencia a la investigación judicial que mantiene en prisión preventiva o huidos en el extranjero a los responsables políticos del procés.

El Govern quiere que Sánchez intervenga

“Lo que hemos planteado es que el Gobierno sabe que hay muchos instrumentos para poder sacar la cuestión del referéndum y de los hechos de octubre de los tribunales a la mesa de negociación política. Lo hemos dicho y saben de sobra los instrumentos que tienen”, señaló en referencia a la Fiscalía, que presentó la querella contra los miembros del Govern, y a la Abogacía del Estado, personada como parte en varios procedimientos que guardan relación con la misma causa.

El fallo de la justicia alemana demuestra, en su opinión, que la causa contra el procés “no se aguanta”procés porque se trata de una “construcción jurídica artificial que no pasa la prueba del algodón en otras jurisdicciones europeas”. “La rebelión debe decaer del procedimiento judicial”, concluyó.

La lectura del auto de la justicia alemana del otro lado del tablero político no puede ser más diferente. La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, exigió a Pedro Sánchez que vuelva a controlar las finanzas de la Generalitat. “Quizás al Gobierno de Sánchez le podría servir esa extradición por parte de Alemania sobre la malversación para darse cuenta de que lo último que tiene que hacer es levantar el control de las cuentas de la Generalitat”, sugirió en una entrevista concedida a Europa Press.

En nombre del PP, su portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, fue mucho más lejos. La decisión de la justicia alemana de no dar la razón al Supremo demuestra que la euroorden “no funciona” y por eso pidió a Pedro Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen, por el que los países europeos acordaron en 1995 suprimir los controles de las fronteras interiores.

Pablo Casado, candidato a la Presidencia del partido, suscribió la petición de Pons y subió la apuesta: “Si presido el PP no se van a tolerar este tipo de humillaciones a la soberanía nacional de un país como España que tiene una historia suficientemente dilatada y un papel en la construcción europea suficientemente importante como para se nos tenga que avergonzar de esta manera”, declaró.

El auto de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein entra en el fondo de la cuestión —si Puigdemont cometió o no rebelión— porque este delito no está incluido en el catálogo de la euroorden. La resolución, de 22 páginas, califica de “bastante atípica” la orden de detención europea presentada por las autoridades españolas porque en vez de señalar, como es costumbre, “la hora del delito, el lugar del delito y el tipo de participación de la persona buscada”, lleva a cabo una descripción hechos que “comienza en la primavera de 2015” para acabar concluyendo que “el acusado cometió los dos delitos [de rebelión y malverrdación] entre el 6 de septiembre de 2017 y el 1 de octubre de 2017”.

Una vez más, los jueces alemanes recuerdan que para que exista delito de alta traición debe cometerse “violenta y públicamente” de conformidad con el artículo 472 del Código Penal español y “por la fuerza” de acuerdo con el artículo 81 del Código Penal alemán. Y, según su criterio, “es dudoso” que el expresident “persiguiera el objetivo de la independencia de Cataluña del Estado español ‘por la fuerza”, porque “los documentos muestran que quería lograr la legitimidad de una separación por medios democráticos, es decir, mediante la celebración de una votación”.

No está claro, asegura el auto del tribunal alemán, que en el momento en el que ocurrieron los hechos Puigdemont “se hubiera dado cuenta de que era inútil conseguir la independencia de Cataluña por medios democráticos y legales como un referéndum” y que, “la única salida fuera un golpe de Estado violento”.

En cualquier caso, señala la resolución, la atribución de responsabilidad penal por alta traición “fracasa” porque los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 “no alcanzaron el nivel de violencia que sería necesario” para lograr el propósito de la secesión.

Además, reclamar responsabilidad penal en este caso, cuando se trata de un delito cometido de forma colectiva, “conlleva el riesgo de criminalizar el discurso público”, porque “las manifestaciones y la presión (también política) que ejercen están protegidas por los derechos fundamentales”.

En cualquier caso, el tribunal no ve motivos para pensar que “las instituciones españolas no habrían podido resistir la presión ejercida por los acontecimientos” del 1 de octubre. La solicitud de extradición “se basa en escenas tumultuarias en varios colegios electorales”, pero “no puede establecerse que estas escenas fueran suficientes” para someter al Estado. Más bien al contrario, “hay muchos indicios” de que la violencia cometida el día del referéndum contra ciudadanos y agentes del orden fueron “actos individuales” que no amenazaron “el orden constitucional del Estado español”.

No hubo “golpe de Estado”

Lo que ocurrió el 1 de octubre no puede “calificarse de golpe de Estado. No hubo –desencadenado directamente por la referencia el 1 de octubre de 2017– batallas callejeras a gran escala, ni ataques incendiarios o saqueo. No fue necesario utilizar gas lacrimógeno ni cañones de agua. No se produjo uso de armas de fuego”, enumera el auto.

Además, los informes adicionales enviados as Alemania por el Supremo en relación a hechos ocurridos “en los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre de 2017” —manifestaciones a gran escala, amenazas a empresarios que albergaban o abastecían a la policía nacional o cortes en carreteras y ferrocarriles— “no están directamente relacionados" con el referéndum, ni en el tiempo ni en el fondo y no se han argumentado “para justificar la responsabilidad penal personal” de Puigdemont.

El tribunal “ni siquiera ve que la celebración del referéndum —aunque fuera contrario a la Constitución— hubiese tenido que significar inevitablemente una escisión de Cataluña”. “Puede ser”, concede, que seguidores de Puigdemont “hayan visto esto como un paso intermedio necesario hacia la independencia completa”, pero el expresdiente “sólo quería ver esto como un preludio a las negociaciones” con el Gobierno de España.

El auto ni siquiera encuentra base alguna para acusar a Puigdemont de promover un altercado del orden público basándose en que, de acuerdo con el derecho alemán, “los que llaman a una manifestación pacífica no pueden ser castigados como autores de un quebrantamiento del orden público por el mero hecho de que grupos violentos se sumen al acto”. “Si así fuera, muchos de los grandes acontecimientos aprobados por el sistema jurídico y deseados por la sociedad y la política —como los partidos de fútbol o, en Alemania, la cumbre del G-20 en Hamburgo— dejarían de organizarse porque no se pueden descartar disturbios al margen de estos acontecimientos”.

La punibilidad por quebrantamiento del orden público, argumenta la Audiencia alemana, incluye al “comandante local, organizador o líder espiritual” de los actos de violencia, pero sólo en el caso de “que la violencia o las amenazas perpetradas por la muchedumbre correspondan a su voluntad y se cometan bajo su reinado”. Y “con arreglo a esta norma”, el expresident “no ha cometido un delito penal” porque “no tenía la voluntad de cometer excesos. Por el contrario, insistió repetidamente en la necesidad absoluta de una acción pacífica. No era un ‘líder espiritual’ de la violencia (…). No se trataba de bloquear a la policía nacional o incluso de crear condiciones similares a las de una guerra civil en las calles, sino simplemente de permitir que el mayor número posible de votantes participara en un referéndum, que no era más que una mera preparación para futuras negociaciones políticas”.

Esto, como tal, “podría haber sido inconstitucional y, por lo tanto, ilegal”, pero “desde el punto de vista” de Puigdemont “no tenía que significar la inevitabilidad de escenarios de violencia en el sentido de un quebrantamiento del orden público”.

Sobre la base de la información proporcionada a la justicia alemana, el tribunal no encuentra nada que señale al expresident  como “el planificador, organizador o incluso mero partidario de un previsible acto concreto de violencia”. Los eventos del 1 de octubre “tuvieron lugar espontánea e impredeciblemente de acuerdo al lugar, tiempo y curso. Es por eso que no podía controlarlos”, concluye el auto.

La malversación

Lo que sí concede la Audiencia a las autoridades españolas es la extradición por un delito de malversación. No sólo porque esté incluido en el catálogo de la euroorden sino porque llegan a la conclusión de que Puigdemont “puede haber cometido un delito según las normas alemanas de conformidad con el artículo 266 del Código Penal” germano.

El expresident “quería —por supuesto— pagar los costes del referéndum con fondos públicos”, como demuestran las leyes promovidas por el Govern y que fueron declaradas nulas por sentencia del Tribunal Constitucional español, a pesar de lo cual la Generalitat “autorizó a las distintas autoridades ‘a celebrar todas las medidas y contratos necesarios para llevar a cabo el referéndum’ (…). Es obvio”, en opinión del tribunal, “que la preparación y la ejecución del referéndum no sería posible sin incurrir en costes y los implicados eran conscientes de las disputas legales sobre acontecimientos comparables anteriores”.

La resolución de la justicia alemana también desmonta la argumentación de la defensa de Puigdemont para cuestionar la limpieza de los tribunales españoles diciendo que el expresident es víctima de una “persecución política”. “El delito ‘político’ de alta traición, es decir, un delito contra el orden político básico y la existencia del propio Estado, que es igualmente ‘político’ en todos los Estados, no se discute en este caso". Y “la acusación de malversación de fondos es un asunto de relevancia exclusivamente penal y no tiene ninguna dimensión ‘política’, proclama el fallo judicial..

El tribunal también rechaza “la idea de que el Estado español, como miembro de la comunidad de valores y del espacio judicial común de la Unión Europea, podría hacer un mal uso de los procedimientos penales para, en última instancia, castigar a los perseguidos por motivos de convicciones políticas con meras acusaciones o con sanciones más severas que se aparten de la norma”. Y considera “inconcebible” que la justicia española, como teme la defensa de Puigdemont, “pueda demandar a los perseguidos por ‘rebelión’ en caso de extradición a pesar de la decisión” de la justicia alemana.

La Policía alemana ha rechazado recibir una condecoración de las autoridades españolas por haber detenido al expresidente catalán Carles Puigdemont en su territorio tras negarse a facilitar a sus homólogos españoles la identidad de los agentes que participaron en el dispositivo.

El Ministerio del Interior ha asegurado que pudo haber alguna "gestión informal" pero sin llegar a transmitir formalmente ninguna propuesta para que los policías alemanes fueran condecorados, según han detallado a Europa Press fuentes de este Departamento.

La negativa ha sido confirmada a la DPA por parte del portavoz del Gobierno de Schleswig-Holstein, Peter Höver. "El Gobierno regional no tiene la intención de comunicarles a las autoridades españolas los nombres de los agentes de Policía que participaron en la detención del señor Puigdemont", ha señalado.

"Los compañeros de la Policía regional que fueron desplegados actuaron en base a una euroorden y, en ese sentido, no hicieron otra cosa que su trabajo", ha añadido este portavoz del Gobierno de Schleswig-Holstein.

Según este portavoz, en los últimos días la Policía Nacional española se ha puesto en contacto con la Oficina de Investigación Criminal (BKA) de Alemania para comunicarle su intención de condecorar a los agentes que el pasado 25 de marzo arrestaron a Puigdemont en una gasolinera alemana cuando el líder independentista regresaba por carretera de Finlandia a Bruselas.

Puigdemont, que reside en la actualidad en Berlín y no puede abandonar Alemania, espera la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein sobre su entrega a España, donde ha sido procesado por el Tribunal Supremo, en base al delito de malversación de fondos públicos que le imputa la Justicia española por la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Este mismo tribunal decidió hace tres semanas descartar el delito de rebelión en su caso por lo que, tras 12 días en la prisión de Neumünster, dejó en libertad a Puigdemont previo pago de una fianza de 75.000 euros.

En una decisión cuestionada desde España, el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein rechazó la petición formulada por la Fiscalía alemana que, de acuerdo a la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.

Puigdemont lleva más de cinco meses fuera de España. Recaló en Bélgica y puntualmente ha viajado a otros países. El pasado 25 de marzo fue detenido en un área de servicio de este estado alemán en un viaje por carretera desde Finlandia, a donde había acudido para una conferencia.