El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena que declaró que Cecosa Hipermercados S.L. -sociedad perteneciente a Eroski- vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por incumplir su obligación de custodia de una grabación en la que aparecía la exdirigente con un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas.

En un fallo, recogido por Europa Press, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por la cadena de hipermercados, que tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a Cifuentes por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad.

Cabe recordar que la que fuera presidenta autonómica interpuso una demanda contra Cecosa en la que solicitó que se declarara que su conducta constituyó una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, y se la condenara a indemnizarle en 450.000 euros y a publicar la sentencia en dos diarios de tirada nacional.

Las pretensiones formuladas en su demanda se basaban en el incumplimiento por la demandada de sus obligaciones, derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, respecto de la grabación de que fue objeto la demandante en un establecimiento de Eroski el 5 de mayo de 2011, del que era titular, que posteriormente fue filtrado a la prensa y fue objeto de una amplia difusión en 2018.

En la fecha de la grabación, Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y cuando se hizo pública, siete años después, era presidenta de la Comunidad, cargo del que dimitió tras difundirse el vídeo.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó en parte la apelación planteada por Cifuentes y declaró que Cecosa había incumplido las obligaciones que le imponía la normativa sobre protección de datos personales respecto de la custodia de la grabación, fijando una indemnización de 30.000 euros.

El Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación de Cecosa que, entre otros argumentos, consideraba que la Audiencia Provincial realizó una incorrecta ponderación en el conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, pues se trataba de la divulgación de unos hechos veraces y de enorme interés público al ser constitutivos de un ilícito penal y cometidos por un personaje público.

Al respecto, el TS contesta que la sentencia recurrida discurre totalmente al margen del conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, "pues la condena de la recurrente se basa en *los incumplimientos en que incurrió la entidad demandada en la custodia de la grabación efectuada en un establecimiento de su titularidad* que le impone la normativa de protección de datos.

La propia recurrente pone de manifiesto, según añade el Supremo, que no hizo uso de estas libertades públicas pues "no fue ella la que difundió el vídeo, sino que lo hizo un medio de comunicación que no está demandado".

En cuanto a la discrepancia de la recurrente con la cuantía de la indemnización por considerarla desproporcionada, el tribunal destaca la gran repercusión que el conocimiento público de la grabación, propiciada por el incumplimiento por la demandada de su obligación de custodia y posterior destrucción de la grabación, tuvo en la opinión pública, lo que "muestra con toda claridad que los daños morales fueron muy importantes". Por ello, entiende que la Audiencia no estableció de forma arbitraria la cuantía, que ratifica.

La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el 'caso Máster', solicitando que se anule la sentencia y se repita el juicio por "insuficiencia e irracional motivación fáctica", han informado fuentes fiscales, como recoge Europa Press.

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que "todo acto tiene una razón de ser" y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada "adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica" puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera "incongruente" y "contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio".

Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo "ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio" como la devolución de las actuaciones "al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala".

"Cui prodest?  Quien se beneficia del delito, ese es el que lo cometió"

(L.A.Séneca)

Esta sentencia la dejó escrita hace veinte siglos el filósofo cordobés Séneca y hasta se consideró principio de referencia moral en derecho romano. Pero aquí de poco sirve. No tenemos remedio.

Que no, que no aprendemos. Y eso que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ya lo manifestó en 2014, ante numerosos representantes del mundo de la judicatura, dejando bien claro que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudadorrobagallinas". Obsérvese que tampoco mencionó a robacarreras ni robamásters.

Y aunque muy pocos esperaban que la Justicia, al menos en esta ocasión, fuese a ser medio justa, se equivocaron y yo también, pues el caso del máster de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la comunidad de Madrid, se ha resuelto a su favor y ha quedado libre de toda culpa.

Que quede claro que Audiencia Nacional de Madrid ha emitido su fallo absolutorio solo referido a la falsificación del acta del TFM, porque no hay pruebas suficientes, pero ha reconocido irregularidades e "incongruencias". Veamos esas minucias:

1.-Matricularse para hacer un máster tres meses después de haberse cerrado el plazo de inscripción.

2.- No asistir a las clases ni conocer a los profesores.

3.- No hacer exámenes de asignaturas aprobadas luego con sobresaliente.

4.- No conservar ninguno de los trabajos que dice enviaba mediante mensajero ni tampoco el trabajo fin de máster.

5.- No saber ante quién defendió el TFM que se lo aprobaron con notable. (Dijo que fueron tres personas que no conocía, en un acto muy informal. ¿Serían bedeles o limpiadoras?).

6.- Conseguir (¿sin presiones?) un acta falsa con firmas falsas de miembros de la universidad certificando el máster obtenido para mostrar ¡"su verdad con papeles"!

Para qué seguir. El desenlace final ha sido el siguiente:

- Cecilia Rosado: la profesora que ha confesado haber sido obligada a “fabricar" el acta con firmas falsas; condenada como cooperadora a 18 meses de prisión, a la que no tiene que entrar por ser pena inferior a dos años y carecer de antecedentes.

- María T. Feito: asesora del consejero de Educación de Cifuentes, ha sido condenada a tres años de cárcel por ser la inductora y presionar hasta conseguir el acta falsa.

- Cristina Cifuentes: absuelta de todo por falta de pruebas suficientes.

- Álvarez Conde, el director de facto del máster, falleció en 2019.

Conclusión: Nadie puede creer que quien según la fiscal fue "la beneficiada primera, única y directa" de este caso máster, haya salido absuelta. Hasta Séneca se habría levantado indignado desde su tumba.

P.D.- El caso no está cerrado. Cifuentes ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar reabrir la querella que presentó contra los dos periodistas por publicar la verdad. Los docentes de la URJC guardan silencio monacal porque les conviene. Los estudiantes están humillados y cabreados porque les perjudica. Al parecer, hubo más másteres regalados a otros políticos, pero al estar aforados el Tribunal Supremo rechazó la investigación. (No cito sus nombres, no sea que intenten encausarme).

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha lamentado este lunes el "bochorno" que supone que la expresidenta de la Comunidad de Madrid haya resultado absuelta del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2012, según informa Europa Press.

"¿Dónde está la Justicia en este país? Hubo falsificación de documentos pero Cifuentes, la beneficiada, va a salir impune. Van a pagar el marrón las de abajo, tras sufrir presiones. Otra vez más favoreciendo a poderosos en detrimento de las instituciones públicas. Qué bochorno", ha escrito Serra en su cuenta de Twitter.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU en la Asamblea, Tito Morano, ha criticado que Cifuentes "utilizara un acta falsificada" y ahora la sentencia "cuenta que no se puede determinar que ella ordenó esa falsificación".

"Parece que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la gente. El Gobierno utiliza a las instituciones públicas como si fueran de su propiedad", ha sostenido el parlamentario.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, también ha reaccionado a la resolución de la pieza judicial.

"Lamentamos la noticia. Ha quedado demostrado que no cursó el máster y que enseñó pruebas falsas. Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo entre la universidad y el PP durante años", ha lanzado Perpinyà en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, esta absolución de la exdirigente autonómica supone "una auténtica tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores que con muchísimo esfuerzo aprenden y enseñan a dirario".

Ayuso recalca que se ha demostrado que Cifuentes "tenía razón": "Celebro que esta pesadilla haya pasado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que la expresidenta Cristina Cifuentes "siempre mantuvo su inocencia y se ha demostrado que tenía razón". "Celebro que esta pesadilla haya pasado", ha señalado la dirigente madrileña en su cuenta de Twitter después de que la Audiencia Provincial de Madrid la haya absuelto del delito de falsedad documental.

En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que el curso del máster de Cifuentes "estuvo plagado de irregularidades". Además, condenan a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.

El PSOE respeta la decisión judicial tras la absolución pero recuerda que "ha habido falsedad documental"

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha sostenido en declaraciones a los medios que su formación respeta la decisión judial, pero ha añadido que Cifuentes "queda absuelta porque no se ha podido probar que ha inducido al falseamiento de un documento público, pero sí se ha comprobado que ha habido falsedad en documento público"

No obstante, el líder de la oposición ha señalado que lo que les importa a los socialistas es que se reconozca que se ha "tergiversado un documento público en beneficio de una persona, aunque no queda claro que haya sido ella la que lo ha inducido".

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dado la enhorabuena a su "querida amiga" la expresidenta Cristina Cifuentes. "Termina un calvario tan brutal como inmerecido", ha señalado el que fuera su número dos dentro del Ejecutivo madrileño y la relevará en el cargo tras su dimisión, antes de pasarse a Ciudadanos. Garrido ya había trasladado públicamente su apoyo a la exdirigente madrileña, deseándole que le fuera "lo mejor posible" en el juicio y defiendo que para el Cifuentes es "una amiga".

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente conservadora era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

"Actué de buena fe", afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de "presiones" de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue "puramente selectiva" y "arbitraria" al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".

Choclán aludía a las "irregularidades" detectadas en una pieza separada en "todos los alumnos investigados", un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. "Todo se cocinó en la universidad", manifestó.

Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.

La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos clave en la acusación.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de "buena fe" cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.

En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quien tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.

Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.

La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de eldiario.es, en la que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde —fallecido— dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.

Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa".

También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. "Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.

No estaba autorizada

El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.

Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenía que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.

El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.

"El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.

Presiones de la Comunidad de Madrid

El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".

"El señor rector -Javier Ramos-, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo. "Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora. 

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

El exconsejero Educación reconoce "reiteradas" llamadas al rector

El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias. Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en elDiario.es y que destapó la polémica.

El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.

Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado. 

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha afirmado este viernes en el juicio por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental que no tiene "los papeles" de los trabajos que realizó en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y ha aseverado que actuó "de buena fe" dando por buena el acta remitida por la Secretaría del Rectorado sin saber que hubiera una firma falsificada. En líneas generales, ha descargado toda la responsabilidad de la falsificación en el centro educativo, asegurando que ella dio por buenos los documentos que le enviaron cuando se conoció el escándalo y que por eso los exhibió públicamente.

La exdirigente conservadora, que abandonó la política el 25 de abril de 2018, se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del TFM. La declaración se produce después de que este jueves un juez archivara la querella que interpuso contra los periodistas de elDiario.es que destaparon el caso.

La fiscal Pilar Santos considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa del trabajo "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que también se enfrenta a una pena de tres años y tres meses de cárcel. Rosado ratificó el primer día de la vista la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde, fallecido en 2019, y Feito.

No defendió el TFM

En su declaración, la expresidenta ha relatado que solo entregó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en un acto "informal" y ha reconocido que ni siquiera lo leyó, indicando que solo habló algo en líneas generales y sobre la bibliografía. "No defiendo ni leo el trabajo, solo lo entrego. No estaba Álvarez Conde", ha aseverado la expolítica.

Cifuentes ha relatado que Dionisio Ramos le habló del máster en noviembre de 2011 y decidió matricularse al poder compaginarlo con su trabajo como diputada parlamentaria y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Así, tendría un modelo no presencial con trabajos para suplir la asistencia y los exámenes.

"Álvarez Conde es la persona que me explicó la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fijó el calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidades parecidas. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo era a través de Álvarez Conde", ha narrado.

Además, ha indicado que le resultaba más cómodo trabajar sobre papel y no en un ordenador. "Cuando tenía los trabajos hechos, los mandaba en papel a través de alguien del equipo o de mi gabinete". "No guardo ningún ejemplar. He estado buscando el TFM. Eran trabajos de trámite que mandaba. He estado buscando otros trabajos a lo largo de mi vida académica. No he encontrado ninguno. No sé si es lo normal. Ni siquiera mi primer borrador que hice", ha recalcado.

"Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanzas y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa... No los tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones", ha recalcado. Además, ha señalado que hubo varios borradores del TFM, que mandó a Conde.

Una nueva cita en su agenda

La fiscal ha preguntado a Cifuentes por qué no entregó su agenda electrónica en la instrucción. En la primera sesión, su letrado José Antonio Choclán aportó una nueva prueba en relación a una cita extraída de su agenda de 2012 en la que consta la fecha y el día en el que defendió su máster.

"Quizás se podría haber llevado acabo más investigaciones en la instrucción. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber accediendo a mi agenda de la Delegación y cuando me marcho, mi secretaria también cesa. Y esa información se guarda en un pendrive y es ese el pendrive entregado", ha detallado, si bien no ha aclarado por qué ha tardado casi tres años en aportar dicha prueba.

Al respecto, ha subrayado que esa cita demuestra que esa fecha constaba en la agenda y que no habría sufrido manipulación posterior. De hecho, el perito Luis E.Hellín, condenado por el asesianto de Yolanda González, realizará en la vista la pericial de cómo se extrajo esta cita.

Solicitó el título en 2014, lo recogió en 2017

Cifuentes ha explicado que en 2014 solicitó el título de su máster porque estaba actualizando su currículum, si bien no lo recoge hasta finales de 2017. "No necesitaba el título para nada. No me aportaba ningún nivel académico que no tuviera incorporado en mi currículum", ha relatado insistiendo en que el grado de máster ya lo tenía incorporado.

Al parecer, entonces le comentaron algún tipo de error administrativo sin conocer que había algún tipo de problema con la transcripción de las calificaciones. "Cuando me lo dan entiendo que es porque tiene todos los requisitos y que se han cumplido porque si no es así, una universidad no da el título. Yo no soy consciente de que hubiera algún tipo de problema hasta que salta a los medios", ha recalcado.

En cuanto a la publicación de la noticia, ha señalado que encargó a su gabinete que hablaran con la universidad y que recabaran los documentos acreditativos de que había hecho este máster de postgrado.

"Les pido una copia del título. No tenía ningún documento ese momento acreditativo de que había realizado el máster y se lo pedí a mi gabinete. Pedí una copia del título, de la matrícula y del pago para demostrar que había realizado el máster", ha agregado.

"No hablé con nadie de la universidad"

"No hablé absolutamente con nadie de la universidad. Tenía una llamada del rector pero no quise contestar para que nadie dijera que pudiera haber influido", ha señalado y ha indicado que mostró el documento del acta sin que se pudiera plantear que hubiera una firma falsificada.

"Yo le aseguro que ni me lo hubiera imaginado. No se me hubiera pasado por la cabeza exhibirlo y mandarlo a los periodistas. Actué de buena dando por bueno un documento remitido por la Secretaría del rector. La buena fe la presumía absolutamente de la universidad cuando me mandaron el acta. Lo doy por bueno. No tenía ningún motivo para pensar que había una firma falsificada", agregado.

Respecto al acta, ha insistido al abogado de la URJC que ella no lo firmó y que si ha habido "mala praxis" de la universidad que "lo mire".

Volume 100%

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha archivado la querella que pesaba contra los periodistas de elDiario.es que desvelaron el conocido como caso máster, protagonizado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fue ella misma la que se querelló contra el director del periódico, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique por, argumentó su defensa, "la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos". Ahora, la jueza Pilar Martínez Gamo considera que ninguno de los dos profesionales cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos al publicar su exclusiva, que está amparada por el derecho a la libertad de información. 

La querella fue admitida a trámite en abril de 2018, poco después de que se presentaran las primeras informaciones que apuntaban a que la exlíder del Gobierno regional nunca habría entregado su Trabajo de Fin de Máster (TFM) y que, por tanto, no habría cursado los estudios que todavía hoy dice tener, cursados supuestamente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Cifuentes se sentó en el banquillo este lunes por este caso, acusada de supuestamente inducir a falsificar el acta de ese trabajo académico, lo que podría acarrearle hasta cuatro años de prisión.

La querella se interpuso también contra el profesor de la URJC Salvador Perelló, a quien se apuntaba como filtrador de los datos, en relación a la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En su declaración ante el juez, Escolar y Ejerique se negaron a revelar el origen de la exclusiva que destapó las irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña.

"No hay indicios suficientes"

"De las diligencias de investigación practicadas durante más de dos años no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna de comisión de los actos delictivos imputados: acceso no autorizado a base de datos de la URJC, apropiación de datos protegidos de la querellante y cesión de los mismo en perjuicio de tercero, o publicación de dichos datos con conocimiento de su origen ilícito", sostiene el juez que ha archivado ahora la querella contra los periodistas que destaparon el caso, según publica elDiario.es.

El magistrado también acredita que ambos profesionales actuaron amparados por su derecho a la libertad de información. Si desvelaron los datos concretos del caso, argumenta el juez, es porque la información era de relevancia pública y porque, de esa manera, se mostraba la veracidad de lo publicado. No se dieron "más datos que aquellos que se entendieron indispensables a tal fin". 

Respecto a Perelló, indica la instructora que "no hay indicios suficientes que le señalen como el autor de los hechos imputados". Así, destaca que en ámbito del proceso "no es posible determinar si fue él quién accedió a la base de datos y se apropió de los datos protegidos". "Tampoco cabe concluir indiciariamente que proporcionara a los periodistas los documentos que finalmente fueron publicados", añade la resolución.

Cifuentes tiene a partir de ahora cinco días para presentar el recurso de forma al que tiene derecho. Este viernes, no obstante, declarará por su supuesta comisión de un delito de falsedad documental.

El perito Luis E. Hellín, condenado a 43 años de cárcel por el asesinado de Yolanda González en 1980, realizará en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes el peritaje de parte sobre el análisis de la agenda electrónica aportada por su defensa días previos a la vista, que arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid.

Hellín perteneció a la milicia ultra de Fuerza Nueva y fue condenado en 1982 a 43 años de prisión por el asesinato de la estudiante Yolanda González Martín, de 19 años. Su nombre es Emilio pero cambió su nombre a Luis Enrique para pasar "inadvertido", informa Europa Press. 

Desde hace años, Luis E. Hellín tiene una empresa de peritaje criminal, que ha sido contratada por el abogado José Antonio Choclán para realizar el análisis de cómo se extrajo una cita concreta de la agenda de Cifuentes cuando estaba en la Delegación de Gobierno en Madrid.

En la cita constaba la fecha y la hora de la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM), una defensa que mantiene que realizó a pesar de que ayer en el juicio la entonces directora de su máster y también acusada reconoció que falseó el acta del tribunal por las presiones que recibió de Enrique Álvarez Conde y la exasesora de Educación acusada María Teresa Feito.

El juicio contra Cifuentes arrancó ayer con novedades después de que la defensa propusiera en las cuestiones previas la incorporación de dos nuevas pruebas; una copia de la agenda electrónica de Cifuentes de 2012 y un certificado académico de la URJC en el que consta que superó las asignaturas y el trabajo.

Respecto al pendrive, Choclán solicitó que se aporte un informe pericial elaborado por el perito Luis E. Hellín y en el que se detalla cómo ha sido extraída una cita de la agenda electrónica de la expresidenta madrileña.

El próximo viernes declarará Cifuentes y previsiblemente mantendrá que realizó el máster y su TFM, pero que se le pudo perder en las mudanzas que ha realizado desde que lo obtuvo.

Condenado

La Audiencia Nacional condenó a Emilio Hellín Moro a 43 años de cárcel por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto.

Por estos delitos fue condenado y pasó algunos años en prisión aunque consiguió huir del país aprovechando un permiso. Se acogió al amparo que le dio el Gobierno de Paraguay. En los años 90 fue deportado a España, cumplió la condena que le restaba y salió en libertad en 1996.

Hellín Moro, bajo otro nombre, colaboró con el Ayuntamiento como profesor externo en materia de seguridad. Desde el entonces equipo de Gobierno, del Partido Popular, alegaban en 2012 que los antecedentes del ultraderechista condenado pasaron "inadvertidos" a lo que el entonces portavoz de IU de Seguridad Ángel Lara replicaba que era un "apellido inolvidable" para cualquier persona que sufriera los momentos más duros de la Transición.

Hellín Moro cambió su nombre —de Emilio pasó a Luis Enrique— y empezó a dar clases sobre seguridad en distintas administraciones. Llegó como profesor externo al CIFSE municipal en 2011, cuando fue contratado para dar un total de 25 horas de clases en dos años.

Tenía como aval su formación como ingeniero superior de Telecomunicaciones y su experiencia demostrada al haber impartido cursos a la Guardia Civil sobre delitos telemáticos, por ejemplo, como explicó en su momento el equipo de Gobierno. Tras conocerse el pasado de Hellín Moro el Ayuntamiento decidió que no volvería a ser contratado.

La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandato de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar, informa Europa Press.

La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde y Feito. Se espera que Cifuentes declare a lo largo de la mañana.

En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la celebración de la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid y en concreto del año 2012 para acreditar la realización del curso.

De igual modo, ha presentado un certificado académico aportado por la propia URJC que verifica que la exlíder madrileña superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El juicio ha arrancado con la declaración de la exdirectora del máster Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión. Se trata de una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Presiones de Conde y Feito

La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien ha comenzado relatando que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018 y que estaba también acusado en la causa como presunto "urdidor de la trama".

Según su testimonio, su relación se torció en 2014 debido a "un conflicto". Rosado coordinaba en esa época un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía "un mérito laboral y que le reportaba un complemento económico".

En 2014, el director del curso buscaba alumnos —algo habitual en este tipo de cursos— y Conde lo interpretó como "una traición", echándola del curso, de una revista y de la Secretaría del área de Derecho Constitucional. "La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario", ha narrado.

En cuanto al máster de Cifuentes, Rosado ha indicado que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos. "Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas", ha dicho.

Sobre Cifuentes, ha dicho que no recuerda haberla visto en clase ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. La semana en la que realizó la defensa, el 2 de julio de 2012, ha apuntado que ese día no estaba en la universidad al estar preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Además, ha declarado que ella preparaba las actas del curso y Conde se encargaba de las firmas. "No tenía acceso al expediente ni a todas las notas de todas las asignaturas. Todo se guardaba dos años y se procedía a la destrucción", ha agregado.

La acusada ha narrado una conversación con Conde a raíz de que saliera la noticia en eldiario.es que destapó el asunto. "Me comentó; Cecilia, hay que arreglarlo. Empiezan las llamadas y me dice que iba a haber consecuencias graves a nivel laboral y que había que hacer lo que sea. Son llamadas previas a la rueda de prensa", ha dicho.

"Me llamó ese día veinticuatro veces y hubo quince SMS. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me pongo muy nerviosa y me dice que es la única opción. Y que no hay nada que hacer", ha relatado.

Rosado también recibió quince llamadas de la exasesora de Educación y acusada María Teresa Feito y cinco SMS. En las primeras le comentaba que el TFM tenía que aparecer y en las siguientes, que había que hacer un trabajo y le pidió que le buscara bibliografía.

Así, se dispuso a realizar el acta en la que tardo cerca de tres horas al estar "muy nerviosa" por lo que estaba sucediendo siendo indicada con los nombres de las profesoras que debía poner como miembros del tribunal; Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

"Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por FaceTime y me da el OK cuando la hago", ha explicado agregando "era asesora del Gobierno de Madrid. "Entendí que... Estuve presionada", ha aseverado y ha recalcado a continuación que tenía "miedo". "Cifuentes os va a matar", le advirtió Feito.

Además, ha relatado una conversación con Conde en el que le acusó de haberla presionado y en la que éste lo reconoció, indicando que le pidió que firmara un documento reconociendo que le había pedido falsificar el acta y que ha sido mostrado en la Sala.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto celebrar el próximo enero el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La vista estaba señalada para el pasado mes de mayo, pero tuvo que suspenderse por el parón judicial como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. Finalmente, la Sección 15ª de la Audiencia de Madrid prevé juzgar a Cifuentes el próximo mes de enero, pero no hay "fecha cerrada" por problemas de agenda entre los abogados de las partes, según las mismas fuentes.

Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster y que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el juicio previsto para mayo en el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se iba a sentar en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), han informado fuentes jurídicas de las que se ha hecho eco Europa Press. Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

El juicio estaba previsto para los días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Sección 15. De momento, no está señalada nueva fecha, según han indicado las mismas fuentes. Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster, falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel. Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Para la Fiscalía "jamás se produjo" la defensa del TFM

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado, el paso previo al juicio que se celebrará en mayo por falsedad documental respecto al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta. La instructora consideró que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial "no resultaron creíbles" sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación. "Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo", expuso.

En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se "obviaran" esas fórmulas de comunicación "tan ágil, sencilla, rápida y accesible" y "fuera todo manual". "No resultan convincentes las alegaciones" de Cifuentes, apostillaba la magistrada. "En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida", apostilla Rodríguez Medel.

La expresidenta regional dimitió en abril de 2018 tras estallar un mes antes la polémica de la falsificación de su acta del TFM de su máster en la URJC cursado en 2012 y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

La Agencia de Protección de Datos ha impuesto a la cadena de supermercados Eroski una multa de 150.000 euros por la difusión en abril de 2018 de un vídeo que mostraba a la expresidenta regional Cristina Cifuentes junto a un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha adelantado El Independiente, en la que se impone la citada multa a la cadena de distribución por vulnerar el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

El vídeo que mostraba el hurto y que fue grabado en 2011 fue el detonante de la dimisión en abril de 2018 de Cifuentes, una decisión en la que también influyó su imputación en el caso del máster.

La directora de la AEPD acordó el 25 de abril de 2018 iniciar las presentes actuaciones de investigación en relación con la publicación ese mismo día, "en diferentes medios de comunicación, de imágenes procedentes de las grabaciones registradas por el sistema de videovigilancia instalado en un establecimiento comercial de la cadena de supermercados Eroski".

La Agencia de Protección de Datos subraya que "varios elementos se suman en las faltas de las medidas de seguridad cobrando especial relevancia la falta de medidas en cuanto al tratamiento de datos plasmada en un documento de seguridad y el conocimiento y asignación de claves de usuario establecidas".

La resolución acuerda imponer a la entidad Cecosa Hipermercados, S.L., una multa de 100.000 euros por una infracción del artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), "en relación con los artículos 88.1, 89, 91, 93 y 99", tipificada como grave.

Asimismo, resuelve imponer a la misma entidad "una multa de 50.000 euros por una infracción del artículo 4.1 de la LOPD, tipificada como grave".

Eroski ha asegurado que recurrirá la decisión de la AEPD y ha defendido que cumplió "escrupulosamente" su protocolo de seguridad.

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha contratado a uno de los abogados penalistas de más prestigio en España para defenderla en el juicio del caso Máster: José Antonio Choclán. Según informa la Cadena Ser, se trata de un cambio de estrategia en su defensa de última hora una vez el juez instructor ha ordenado la apertura de juicio oral .

Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, ya ha defendido a personajes como Cristiano Ronaldo por sus problemas con el fisco, a José Mourinho por lo mismo o a Francisco Correa tras el estallido de la operación Gürtel. También asumió la defensa de Rita Barberá o la de David Marjaliza, el número dos de la trama Púnica. 

La Fiscalía de Madrid pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental, al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su Máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster "que jamás se produjo". La acusación que representa a la Rey Juan Carlos pide, por su parte, cuatro años de cárcel.

El fallecimiento este lunes del exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito como únicas procesadas en la Audiencia Provincial de Madrid por el conocido caso máster, tras la muerte del cuarto procesado. Álvarez Conde ha fallecido a los 66 años como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace tiempo, según ha adelantado laSexta y ha podido saber Europa Press.

Hace un año, el digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria conservadora se retiró de la política en abril de 2018 tras la publicación de un vídeo en la que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.

Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para finales de este año o principios de 2020, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

En su alegado de finales de febrero, la Fiscalía de Madrid considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El Ministerio Público le pide tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado 'caso máster'. El escrito de acusación se produjo después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a estas cuatro personas. El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Del mismo modo, consideraba a Álvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclamaba tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión. Al fallecer, su responsabilidad penal se extingue.

En cuanto a las multas, la Fiscalía pedía para Álvarez Conde y para Cifuentes sigue solicitando 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros. El escrito de acusación ubica a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, detalla que Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ubicado en Vicálvaro.

Otra de las acusadas, María Teresa Feito Higueruela, era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Y Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC. Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado, era dirigido por Álvarez Conde.

A continuación, el fiscal alude a una información publicada en marzo de 2018 en eldiario.es en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el TFM del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012. Relata que dicha noticia provocó que la acusada, Cifuentes, se pusiera en contacto con la también acusada María Teresa Feito, "dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, Javier Ramos, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado".

El representante del Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que ésta no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Con ella, se acreditaría de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta madrileña había cursado "el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente". El 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el rector, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente".

Por su parte, Cecilia Rosado, dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía", accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas. Es más, hizo constar "mendazmente" tras los datos de identificación del máster de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal. "Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7'5)", estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas, Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.

A continuación creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, "que ignoraba las manipulaciones realizadas". Ese mismo día, además, de forma "insistente" y "agobiante" María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado "indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza".

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes que si un juzgado declarara en sentencia firme que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada del título. Informa Europa Press.

Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendido por "las condiciones flexibles" que le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho nada para lograr la titulación, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.

Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes, Álvaro Morente y María Dolores Cancio, que hizo el máster en la misma promoción del presidente nacional del PP, Pablo Casado. Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieron nada de cara a obtener el máster. 

El rector de la URJC también ha asegurado que el cadetrático y exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quien me engaña y por eso el 5 de abril me persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido, creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quien aseveraba que en julio de 2012 tuvo lugar la defensa del trabajo de Cifuentes. 

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posibles irregularidades en los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– que tenía ese documento en su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, donde se aludió a un error administrativo sobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de la URJC.

En este sentido, ha negado cualquier presión por parte del Ejecutivo regional para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.

Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora María Teresa Feito, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que luego éste en sede judicial negó. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores, se la deja acceder durante unos cinco y diez minutos, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".

Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también se cita a la funcionaria mencionada en la información, Amalia Calonge, y a Álvarez Conde, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.

El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. También dijo que disponía del acta y le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo el interés por disponer de la documentación aludida en la comparecencia.

Aparte y pese a la remisión de este documento, Ramos decidió abrir una información reservada para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir el procedimiento pautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido falsificada en el acta, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronunció en contra de investigarle de su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón, Ramos ha señalado que hubo un cambio de actas y se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.

A su vez, se ha modificado el reglamento de inspección de la universidad, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que ya está dando resultados, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".

Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del Instituto de Derecho Público, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJC denunció por malversación a Álvarez Conde durante su etapa al frente del IDP.

La magistrada del conocido como 'caso Máster', Carmen Rodríguez-Medel, ha iniciado el proceso contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que se le acusa de falsedad documental por el máster que asegura haber cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Después de cerrar la fase de instrucción, Rodríguez-Medel ha dictado lo que se conoce como el auto de procedimiento abreviado, paso previo al juicio por el presunto delito de falsedad documental. Cifuentes, que dimitió en abril tras el escándalo desatado por su máster, se arriesga a una pena de hasta seis años de cárcel.

La jueza destaca que las declaraciones de Cifuentes en sede judicial no resultaron "creíbles" mientras que otorga absoluto crédito a las de la imputada que relató las presiones y amenazas recibidas para que falsificara el acta destinada a justificar la legalidad del título.

El auto también decreta el procesamiento del catedrático Enrique Álvarez Conde, director del ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Rey Juan Carlos, así como el de otras personas que, supuestamente, participaron en la falsificación de documentos. Entre ellas figura Teresa Feito, a quien la juez define como la persona que amenazó con "represalias" a distintos profesores de la URJC si no colaboraban "en la ocultación de las irregularidades".

Basándose en el resultado de las investigaciones, la jueza sostiene la existencia de indicios de que Cifuentes no solo no hizo ni defendió el Trabajo de Fin de Máster (TFM) imprescindible para obtener el máster sino que "promovió que fueran ocultadas" las irregularidades, "haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada". 

En contra de Cifuentes ha jugado un papel esencial la respuesta obtenida de la Delegación del Gobierno respecto de qué marcaba la agenda de quien en julio de 2012 era su titular. Según Cifuentes, tras las noticias aparecidas en eldiario.es constató que en la agenda digital de la Delegación "constaba anotada la cita en la URJC para la defensa" del TFM el 2 de julio de 2012. Pero lo que la Delegación le contestó a la jueza es que "no es posible consultar las citas de 2012 marcadas en la agenda por el tiempo transcurrido". Y eso, destaca la juez, "es predicable también del momento –marzo de 2018– en el que alegó doña C. [Cristina Cifuentes] que lo había comprobado".

La expresidenta de Madrid ha reiterado desde el primer momento que el acta que plasmaba lo que la jueza califica como su "inexistente defensa" del TFM le fue entregada por la URJC. Es decir, que no la elaboró ella misma. Pero, tirando de jurisprudencia, la magistrada subraya que la falsedad documental no es un "delito de propia mano". Y que, por tanto, quien se beneficia de esa falsedad incurre en responsabilidad penal igual que quien fabricó los documentos.

Según el auto, las afirmaciones efectuadas por Cifuentes ante la jueza –que había hecho el TFM y lo había defendido– "no resultaron creíbles". "Significativo –escribe Rodríguez-Medel– de esto es el hecho de que no conserve copia del trabajo ni de los sucesivos borradores ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera para la corrección del profesor o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo". 

"No parece verosímil –dice la resolución– que en 2012 obviaran esa forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual".

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, apuesta por que la futura Ley de Universidades que prepara el Gobierno incorpore un "órgano externo" o "parcialmente externo" para "detectar cualquier tipo de irregularidad" y evitar así casos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.

Para el titular del departamento, "es muy difícil saber cómo se va a perfilar" esta futura Ley por la transferencia de las competencias entre comunidades autónomas en materia de educación, pero sí ha asegurado que debería contemplar una mayor "corresponsabilidad entre universidad y sociedad".

"Es lógico que uno de los cambios sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es y lo que tienen que hacer las universidades, qué estudios son necesarios y qué camino deberíamos seguir", opina Duque, que apunta que el Ministerio "seguramente" incluirá "algún tipo de mecanismo" para que la sociedad pueda aportar ideas con el objetivo de influir en el funcionamiento "positivo" del sistema.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, Duque ha vuelto a decir que es "injusto" el tratamiento informativo que ha recibido el sistema universitario a raíz de los casos de Cifuentes, Casado y Montón, y ha insistido en que estos son "casos puntuales". "El sistema no está sujeto a ningún problema de los que se ha informado", ha añadido. "Espero que no hayamos tenido un mazazo universal, una vez el pico de información haya remitido, probablemente la universidad seguirá teniendo el prestigio que merece", sostiene Duque.

Según indica, España tiene actualmente "las mejores universidades" de su historia y para mantener ese nivel es necesario "rehacer, cambiar, modificar, el modelo de universidad". Otra de las medidas que ha destacado del ámbito universitario guarda relación con el acceso a la universidad. Así, ha señalado que "para no perder ningún talento ni por procedencia ni situación económica", su departamento está trabajando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en una reforma del modelo de becas.

Es sencillo suponer a toro pasado que ni la exministra Carmen Montón, ni la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ni el líder del PP, Pablo Casado, repetirían sus másteres en la Universidad Rey Juan Carlos si pudieran viajar en el tiempo. Las dos primeras perdieron sus cargos al descubrirse irregularidades. En el caso de Cifuentes, rematada por el vídeo de un hurto, su conducta está bajo investigación judicial, al igual que la de Casado, sobre cuya posible imputación debe decidir el Supremo. Dicho de otro modo, tenemos fundadas razones para pensar que los tres se lamentan de haber cursado aquellos estudios, de forma supuestamente plagada de irregularidades. Pero, ¿por qué se metieron en aquel lío? ¿Qué los llevó adentrarse, ya con sus carreras políticas lanzadas en los dos partidos con mayor poder institucional en España, en ese empeño académico?

Sus versiones son conocidas: querían formarse para desarrollar mejor sus tareas políticas. En 2008 el que era presidente de NNGG en Madrid y diputado regional Pablo Casado quería –asegura– formarse en derecho autonómico. El interés en esta materia fue lo que llevó a Cifuentes, siendo delegada del Gobierno en Madrid, a empezar el mismo máster en 2011, según ha afirmado. Un año antes, Montón, que era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, buscó en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género –afirma la interesada–, formación útil para sus tareas parlamentarias. A juicio del lector queda la verosimilitud de estas explicaciones. Pero no está de más para formarse un criterio conocer el trabajo de Xavier Coller, catedrático de Sociología, investigador de la formación de nuestra clase dirigente. Su trabajo nos lleva a la conclusión de que Casado, Montón, Cifuentes y en general buena parte de la dirigencia política de los grandes partidos vive atrapada en una cierta inercia credencialista. Sí, es posible que casi nadie supiera que Casado tenía un Máster en Derecho Autonómico; pero, mirado con lupa el contexto, es probable que Casado pensara que lo necesitaba para su carrera política.

¿Por qué? En contra del tópico, los estudios de Coller indican que los diputados nacionales y autonómicos españoles tienen mayores credenciales académicas que la media europea. Más de un 90% de los representantes en las comunidades y el Congreso poseen tíulo universitario, con una diferencia abismal con respecto a la media española (25%). Sílvia Claveria, doctora en Ciencias Políticas, señala en su artículo Titulitis en el Gobierno español, publicado en Politikon: "Los ministros de España tienen un nivel educativo muy por encima de la media de los países europeos". La causa está en el mecanismo de selección de gobernantes. Hay dos modelos: Uno) generalista, en el que los ministros son escogidos de entre los parlamentarios, como ocurre en Reino Unido. Dos) especialista, en el que no son seleccionados exclusiva ni mayoritariamente de entre los diputados. Ahí está España.

"Mientras los sistemas especialistas tienen un nivel muy elevado de ministros que poseen un máster o doctorado (45%), en los sistemas generalistas este porcentaje es menor (27%). [...] Un 55% de los ministros españoles cuentan con un máster o postgrado. Un 70% de los ministros de Portugal tienen esos títulos, el 75% de los ministros fineses cuenta con ese nivel educativo o un 43% de los ministros de EE.UU. En cambio, en los países generalistas, como Reino Unido, solo un 27% de sus ministros han alcanzado un máster o doctorado, Bélgica llega hasta 28% o Italia cuenta sólo con un 9%", expone Claveria. El artículo es de abril, con el PP. Pero el esquema se ha mantenido con Pedro Sánchez, cuyo gobierno fue de hecho aplaudido por la trayectoria de numerosos miembros en el campo "profesional" o "de la gestión", así como por sus currículos académicos... Es decir, por tener títulos y venir de fuera de la política (Grande-Marlaska, Pedro Duque ...) o por tener más galones políticos de gestión que orgánicos (Nadia Calviño, Luis Planas...). No fueron pocos los colaboradores de Sánchez, bregados en la batalla que libró contra el aparato del partido para ser secretario general, que se quedaron con un palmo de narices en el reparto de cargos. Es en ese sistema que premia la credencial y desdeña el activismo político el que conviene conocer para entender el telón de fondo de los casos de Cifuentes, Montón y Casado.

Una sociedad con "titulitis"

El enfoque de Coller no desmerece la formación académica de los políticos españoles, sino que la sitúa en el marco de una lógica mayor. El discurso meritocrático –"elijo a los mejores"– no explica el fenómeno. Los políticos con aspiraciones necesitan, incluso al precio de descuidar puntualmente tareas políticas urgentes, trabajarse un perfil académico que los valide en unos circuitos de identificación social donde la experiencia como negociador en conflictos o la identificación con su electorado potencial pueden acabar valiendo menos que un lustroso CV.

"Somos una sociedad de titulitis. [Lo que ocurre en la política] es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Hay mucho credencialismo. Necesitamos enseñar lo que [Pierre] Bourdieu llama el capital social institucionalizado. Como cuando vas al médico y ves toda esa pared cubierta de títulos", explica Coller. Es tan sencillo como antiguo. "Las credenciales educativas no solo reflejan un elevado grado de formación, sino también un cierto origen social, dado que los hijos/as de universitarios tienen más probabilidades de serlo debido a factores que economistas y sociólogos/as han estudiado ampliamente", expone Coller con otros colegas en un artículo en El País de 2012.

Tentaciones formativas

El catedrático Coller es director de uno de los pocos másteres en España dirigidos a formar gestores políticos, el deSociedad, Administración y Política de la Pablo de Olavide. La oferta en nuestro país de este tipo de formación es incipiente. Y no hay nada parecido al Philosophy, Politics and Economics de Oxford, o a la École Nationale d'Administration francesa, auténticas canteras de la élite. Las escuelas de los partidos políticos se centran en el adoctrinamiento y la explicación de códigos políticos, pero no en aspectos transversales como la negociación, la empatía o la expresión en público.

Se da una contradicción. Los animales de partido, los cachorros que echan los dientes en las estructuras orgánicas y acceden pronto a responsabilidades institucionales, se encuentran con múltiples obligaciones urgentes y poco tiempo para ir ensanchando ese "capital cultural institucionalizado" que a la postre van a necesitar para llegar a la cima. Sí, se hacen con cierta popularidad, contactos y amistades relevantes, experiencia... Pero, en un mundo volátil como la política en el que un traspiés puede apartarte para siempre, es tentador ir construyendo un suelo académico. "Si entras muy joven en la política", señala Coller, sin referirse a nadie, "es fácil sentir la necesidad de conseguir títulos". Sin escuelas específicas de referencia a las que acudir, como en Reino Unido o Francia, es tentador buscar la acreditación allí donde ofrecen mayores garantías de conseguirla sin excesivo esfuerzo. Por ejemplo, en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, bien conectado con el poder y con estándares de exigencia bajos, sobre todo con los debidos contactos, tal y como se viene desvelando desde hace meses.

Reproducción social de las élites

Andrés Santana, doctor en Ciencias Políticas, coincide con su colega Coller en que hay una "sobrerrepresentación de personas con niveles de titulación altos" en la clase dirigente. Y que este sesgo es mayor en España que en otros países. Y subraya un hecho: no es una decisión del electorado. Salvo en el Senado, no votamos listas abiertas. Es decir, "el proceso de selección de representantes con elevados niveles educativos tiene lugar en el seno de las propias las élites", afirma Santana, que lanza una pregunta pertinente: "¿Los partidos seleccionan a candidatos con títulos porque tienen títulos, o porque el tipo de perfil que seleccionan y su ambiente social vienen de la mano de títulos?". Sea cual sea la respuesta –Santana se inclina por la segunda–, el título ayuda. Las lógicas de los partidos los empujan a seleccionar a sus puntales entre integrantes de clases superiores, donde es más sencillo que se den perfiles académicos altos. Es la "ley de desproporción creciente", que va conformando una cierta homogeneidad en la élite. Los másteres se convierten en signo de reconocimiento en el seno de esa élite.

En paralelo se tiende a denigrar al político sin carrera universitaria. Como al jornalero y sindicalista Diego Cañamero, sin formación escolar. Se ridiculiza a los responsables institucionales que no saben inglés, a los que "no terminaron la carrera", como el exministro José Blanco o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y es un fenómeno que va a más. Hace treinta años el electricista José Luis Corcuera llegó a ministro del Interior sin mayor controversia. ¿Sería posible hoy? Hay otro factor que lo dificulta. España es el país europeo con más trabajadores sobrecualificados. Casi cuatro de cada diez graduados desempeñaron en 2017 tareas para las que no es necesario título universitario, según un informe de la Fundación CYD. Es conocido el fenómeno de la fuga de cerebros. Con ese panorama se hace incómodo explicar que jóvenes criados en los partidos, sin trayectoria profesional al margen de la política ni un currículo brillante, alcancen elevados puestos de responsabilidad. Eso lo saben todos los cuadros que aspiran a un puesto importante. Un puesto de ésos en los que te van a mirar el currículo. Por eso necesitan títulos. Pero a la vez necesitan seguir en la brecha, en la vida orgánica, en la refriega política, en los medios... Tampoco tienen tiempo de dejarlo todo un año para hacer un máster.

La irrupción de dos nuevos partidos, Podemos (que exalta la dedicación pasajera a la política y demoniza la profesionalización) y Ciudadanos (adalid de la "meritocracia"), meten aún más presión a los cuadros de los viejos partidos para adornar sus currículos y no parecer aparateros sin más oficio que la política. Lo que ven en su entorno y lo que imitan, en pos de lo que los sociólogos llaman "deseabilidad social", son CV cargados de referencias. A todo esto se suman factores históricos: España es país de hidalguías, de apellidos, de sagas... La tecnocracia opusina que pilotó la modernización económica desde finales de los 50 hasta el tardofranquismo imprimió en amplios sectores de la sociedad la idea de que para gestionar bien lo público hay que provenir de entornos bien conectados... Nada mejor que los estudios de posgrado para conectarse.

El riesgo de todo ello es objetivo: que fecunde una endogamia de élites académicamente competentes, pero cada vez más desconectadas de la realidad, sin experiencias ni trayectorias transversales.

Currículos engordados

España sigue siendo una partitocracia, pero al mismo tiempo se denigra a los partidos como escuelas de líderes, con lo que se exige a sus cuadros una formación paralela que demuestre que "no necesitan la política para vivir". Ahí empiezan a engordar los currículos. Ha habido decenas de políticos criticados por una presentación supuestamente artificiosa de sus trayectorias: el propio Casado (Harvard-Aravaca), Albert Rivera, Juan Manuel Moreno Bonilla, Toni Cantó, Elena Valenciano..."Según los documentos oficiales", escribe en su artículo Claveria, "los ministros españoles tienen un nivel educativo alto y especializado, sobre todo comparado con sus homólogos europeos". Pero añade: "El sistema institucional donde estamos insertos, sistema especialista, incentiva a elegir gente muy preparada, al menos en su campo de especialización. Sin embargo, ahora quedará la duda si ese nivel educativo que poseen es real o fruto de la inflación artificial del currículum".

Según un estudio de la plataforma de formación online Udemy, una cuarta parte de los españoles admite haber falseado alguna vez su currículo. Ese "nivel alto" de inglés que se ve tanto en los currículos pero tan poco en la calle. La política no es una excepción, aunque el fenómeno tiene el agravante de que sus miembros son élite. El currículo puede inflarse bien embelleciendo logros reales o bien conquistándolos por procedimientos cuestionables haciendo uso de las relaciones. Por lo que se conoce, las facilidades para obtener titulaciones máster que ofreció el Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos no eran para cualquiera. Sino para gente bien conectada.

'Sistema Bankia'

Hasta ahora hemos descrito el hambre: políticos ávidos de una titulación con la que reforzar su posición en un entorno credencialista. Pero es que el hambre se juntó con las ganas de comer: un instituto dentro de una universidad gestionado de forma opaca, próximo al poder y mimado a base de subvenciones. La Coordinadora en Defensa de las Universidades Públicas de Madrid y otros colectivos críticos han descrito su funcionamiento como "modelo Bankia": una estructura de poder y silenciamiento en la que todos los sectores obtienen satisfacción y garantizan silencio, al modo en que ocurrió en Caja Madrid con las tarjetas black. La discrecionalidad de los puestos de libre designación y de la formación de tribunales, la laxitud en la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, la afinidad de los dirigentes con el partido gobernante en la comunidad, el PP, todos los factores de riesgo se concitaron en la Rey Juan Carlos, especialmente en el Instituto de Derecho Público que creó el catedrático imputado Enrique Álvarez Conde. Ahí es donde se centran las investigaciones de tratos de favor.

¿Es la Rey Juan Carlos la excepción o la norma? Los profesores consultados para este reportaje, tanto los que dan su nombre como los que prefieren opinar anónimamente, creen que no es representativa. Que allí se ha dado una tormenta perfecta única. Pero los mismos académicos afirman que la universidad pública en general no está libre, en mayor o menor medida, de los vicios del nepotismo, la arbitrariedad, la relajación de la exigencia y la falta de control. Lo más grave es que ha habido profesores que han apuntado a una falta de reacción de la Conferencia de Rectores (CRUE). Un comunicado de docentes emitido tras el estallido del caso Cifuentes censuraba el "silencio" de la CRUE y ponía el dedo en una llaga que no es exclusiva de la Rey Juan Carlos. "La absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que [...] a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad", señalaba.

El envés de los másteres

El promotor de aquel comunicado es el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León Juan Antonio García Amado, la antítesis del arquetipo de profesor acobardado por el sistema y que no habla por temor. Su relato muestra el envés universitario de los casos políticos que marcan la actualidad. "El vergonzoso silencio de la CRUE es la prueba de un sistema universitario incapaz de autodepurarse", afirma. Amado ve signos sistémicos en el problema, pero rechaza una generalización. Lo que ocurre en la Rey Juan Carlos, afirma, es "un cáncer" que empezó con el exrector Gustavo Villapalos y no ha sido extirpado. Es más, cree injusto que en el terreno del favoritismo a políticos se apunte a la universidad pública, cuando él ve el cogollo en la privada. "En la pública hay chiringuitos, las privadas son chiringuitos", dice. Y se refiere directamente a "venta" de doctorados, obtenidos con unos requisitos mucho menores a los exigidos por la pública. El presidente Pedro Sánchez se doctoró en una universidad privada.

Según el relato que hace García Amado, los favores a políticos, la relajación de exigencias, la falta de control y la opacidad son el dedo. La luna es Bolonia: el acortamiento y desvalorización de los grados y el boom de los másteres. Eso pone a las universidades a correr en busca de la concesión y consolidación de másteres. Para eso necesitan alumnos. Esa es la carrera en la que se pierde rigor y autoexigencia. Ese es el caldo de cultivo de todo lo demás. El profesor David Senabre lo expresó así en Twitter: "Entró la Atila política en la universidad. La transferencia educativa de la gestión universitaria a las consejerías de educación abrió la puerta al control de planes, plantillas, nóminas, plazas, proyectos de investigación y entes universitarios por políticos. Su influencia sobre la financiación directa, año a año, el uso de las agencias propias de investigación, fue convirtiendo a la institución en un cortijo arrendado. Se perdió la autonomía universitaria. La corrupción dio apariencia de legalidad a falsas acreditaciones de 'saber'. Se diseñaron universidades ex profeso para estas tramas de adorno curricular. Las inercias tienen apenas 20 años. Y mientras tanto hemos pasado, en el mismo tiempo, de 50 universidades a 82, entre públicas y privadas". Un retrato demoledor del paisaje post-Bolonia, con su consiguiente politización, banalización de la enseñanza de posgrado, sustitución de la lógica del conocimiento por la lógica del credencialismo.

Una carrera desesperada

Francisco García Pérez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla, hace también un balance sombrío. No extrapola las corruptelas de la Rey Juan Carlos a todo el sistema, pero sí afirma que es "la punta del iceberg". "El sistema de acreditaciones y de mercantilización del conocimiento ha terminado llevando a una carrera desesperada por los másteres. Participan todos. Los alumnos y sus familias, que han interiorizado la idea de que un grado no es suficiente y resulta indispensable el posgrado. Las universidades, que los utilizan como mecanismos de recaudación. Con más másteres tienen más prestigio, más dinero y más horas para sus profesores", explica. García Pérez sitúa también el origen del problema en el Plan Bolonia, que desató esa"carrera" por conseguir másteres, cuantos más mejor. Eso ha sido lo prioritario, explica García: conseguir que las autoridades educativas -y en último término la administración de cada Comunidad Autónoma- concedan másteres y lograr el suficiente número de alumnos cada año para mantenerlos. Lo demás ha quedado en un segundo plano, por ejemplo la evaluación de su calidad. "La regla ha sido 'Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita'. ¿Cuál es el problema? Que puede haber másteres que no funcionan, pero siguen ahí porque ninguna universidad quiere renunciar a los que ya tiene, taponando quizás así la incorporación de otros más necesarios". García Amado abunda en esta línea y subraya lo infrecuente que es que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, cuya sola mención hace enarcar todas las cejas) retire un máster.

La explicación de García Amado y García Pérez ayuda a entender el interés de una universidad como la Rey Juan Carlos por conseguir alumnos VIP, que a su vez atraigan a otros alumnos, al mismo tiempo que puedan contribuir a situar a la institución en buena disposición con las autoridades. Las facilidades a Pablo Casado, por ejemplo, cobran sentido en este marco. Ahí se encontraron el joven dirigente político que busca credenciales académicas con la institución necesitada de tejer relaciones y consolidar másteres. Al catedrático García Pérez le parece insólito que se intente hacer pasar por normal lo puramente extraordinario, como la convalidación de 18 de las 22 asignaturas a Casado. "¿Pero cómo se van a convalidar 18 asignaturas de un grado en un posgrado? ¡Si es un pos-grado!", subraya. La juez que instruía el caso de Casado hasta que lo tuvo que enviar al Supremo porque está aforado ya advirtió que veía prevaricación y cohecho.

El caldo de cultivo del plagio

García Amado se esfuerza en hacer una distinción. "Por un lado está el problema de la titulitis de los políticos, que pueden encontrar más o menos facilidades para conseguir su título según quién sean y dónde lo intenten. Por el otro está lo de los plagios", explica. Ambas cosas pueden formar parte de un mismo gran tema, pero según García Amado los plagios son harina de otro costal. El catedrático coincide en un comentario extendido: que, con los casos Cifuentes, Casado y Montón, la opinión públicas se queda en la superficie, sin ir al cogollo. ¿Qué cogollo? García Amado da tres claves: Una) "Pésimos mecanismos de selección del profesorado". Dos) Incentivos perversos, en los que la importancia de la cantidad eclipsa la calidad en todos los órdenes. Tres) Una "pérdida de profesionalidad" en paralelo a una creciente "anomia", o pérdida de tensión moral en la institución.

García Amado pone un ejemplo, que además ha publicado en Twitter. Este mismo año denunció en su decanato el descubrimiento de dos plagios. "La respuesta fue: 'Tenemos las manos atadas'. Nombraron otro tutor y punto", explica García Amado. El catedrático afirma que, por increíble que parezca, no hay mecanismos legales concretos para sancionar el plagio. "En lo penal, o se demuestra que ha habido un negocio, o nada. Y para que haya una indemnización civil, hay que demostrar que ha habido un daño económico", afirma el académico, que lamenta la falta de normativa clara contra el plagio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo su doctorado y presentó su tesis en una universidad privada, la Camilo José Cela. Las privadas son por regla general menos exigentes, coinciden los profesores consultados. ¿Significa eso que en las públicas los listones de exigencia y rigor están por las nubes? En absoluto. El catedrático Francisco García Pérez afirma que "la sobreabundancia de tesis puede dar lugar a una bajada de la calidad", aunque ha habido, hay y habrá excepciones. Otro investigador de una universidad andaluza, catedrático que habla con la condición de anonimato y que lleva treinta años asistiendo a lecturas de tesis, ofrece un panorama lúgubre. Y anota cuatro problemas. Uno) Un exceso de cum laude, calificación convertida en norma. "Yo he visto en mi vida dos tesis sin cum laude", dice. Dos) Un procedimiento mecánico y rutinario de formación de los tribunales, en el que el director de tesis propone al departamento nombres que jamás son cuestionados, con lo que es frecuente que se seleccionen "amigos". "Nadie fiscaliza los currículos de los que el director propone", explica. Tres) Antes de la lectura de la tesis, es presentada al departamento para su crítica y mejora, pero nadie aporta nada nunca, según este catedrático. Cuatro) "En la lectura el presidente da la palabra a los doctores para que digan algo, aporten algo. Es rarísimo que alguno diga algo", afirma.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el cese del director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla Sáez, investigado en el Caso Máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El cese de Arenilla al frente de dicho organismo se produce a propuesta de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de ayer.

Arenilla, ex consejero del Gobierno de La Rioja y director del INAP desde 2012, es profesor de titular de Universidad desde 2002 en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, donde impartió clase a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. En 2005, comenzó a desarrollar su actividad académica como catedrático en dicha área.