Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Elma Saiz (Pamplona, 49 años) tiene en sus manos una de las reformas que más revuelo ha suscitado en los últimos meses: la de las cotizaciones por ingresos reales, acordada en 2022, y que atañe a los trabajadores autónomos. Después de una primera propuesta para elevar las cotizaciones hasta un 11% que provocó un fuerte rechazo, ahora el ministerio trata de llegar a un acuerdo con las asociaciones con otra propuesta con alzas más moderadas. La ministra habla con infoLibre sobre el recorrido de esta propuesta, sobre “el debate endemoniado” de la disputa entre boomers y zetas, de las pensiones, la protección social y de la oposición del Partido Popular, quién en su opinión, está “está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones” y al que ha reprochado que se comporte como una “banca privada” al proponer descuentos en las cotizaciones para quienes tengan planes de pensiones privados.

La propuesta de su ministerio para subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado mucha polémica, ¿está en cuestión el modelo de cotización por ingresos reales?

De ninguna manera. Quiero recordar que fue una ley que salió adelante con 260 votos a favor en el 2022 y que recogía una reclamación histórica del colectivo que yo misma defendía cuando era autónoma. Lo que está pasando en este país es que sigue habiendo una brecha de 650 euros al mes en una pensión de jubilación si comparamos un trabajador autónomo con un trabajador por cuenta ajena y la única forma de cerrar esa brecha es con las cotizaciones. Además, obedece al cumplimiento de la ley que fija un camino hasta 2032 para llegar a una cotización por el 100% de los ingresos reales.

Su primera propuesta fue muy cuestionada y después revisaron los incrementos propuestos inicialmente ¿Cómo casa esta realidad con el compromiso de actualizar las cuotas anualmente hasta 2032? ¿Vamos a llegar a cumplir el compromiso con progresividad? 

La primera propuesta nace de una evidencia. No se improvisa, porque este sistema ya está en vigor desde 2022. Tras ese primer proceso de regularización, vimos cómo se ha comportado el colectivo y observamos que en la parte más baja de la tabla el 60% de los autónomos habían decidido sobrecotizar. Desde ahí se lanza la primera propuesta, para comenzar a trazar ese camino de acompañamiento progresivo hasta 2032. Por eso, queriendo buscar un acuerdo y escuchando a los colectivos de autónomos sobre cómo ese acompañamiento puede ser más progresivo, se hace después una segunda propuesta.

Recientemente, usted ha dicho que “estamos en camino de reducir la brecha entre autónomos y asalariados”. ¿Cuáles son los avances concretos que puede citar para ese objetivo?

Por ejemplo, en el cese de actividad. Si comparamos cuánto cobra una ahora persona que tiene que afrontar el cierre de un negocio, con la situación anterior, la diferencia es clara, porque el cese de actividad está vinculado a tu base de cotización. Y lo mismo ocurre con las bajas de maternidad y paternidad, que son del 100% de la base de cotización, y si no se cotiza por ingresos reales, tu protección para hacer frente a la llegada de un hijo es mucho peor.

Una de las medidas que ha propuesto el Partido Popular pasa por reducir las bases de cotización a aquellas personas que dispongan de un plan de pensiones privado, ¿qué opina de esta medida?

El PP se está comportando como una banca privada, ofreciendo descuentos por hacerse un plan de pensiones privado. Está cuestionando la raíz más profunda de nuestro sistema de seguridad social porque esa medida no defiende el interés general y deja desprotegidos a los autónomos. Cuando se desplegó el escudo social en la pandemia o en la dana, es lo público lo que nos ha protegido y eso está vinculado a las cotizaciones. Hay gente a la que no se ha podido proteger porque no estaba en el sistema público.

La nueva regulación tendrá que pasar por el Parlamento ¿Cree que la van a poder sacar adelante pese a haber sido tan polémica?

Estamos trabajando con las asociaciones más representativas y además hay otras cuestiones que están sobre la mesa como el cese de actividad. Yo confío, sobre todo teniendo en cuenta que al otro lado tenemos un Partido Popular que está utilizando a los autónomos y anunciando como propias cuestiones que ya están en marcha, como la pluriactividad, que está recogida desde hace décadas.

Además, sobre esta propuesta quiero recordar que el PP votó a favor en 2022, por lo que este viraje es un intento de erosionar al Gobierno y acercarse a Vox en lo social.

Dentro de sus socios de Gobierno, también Sumar discrepó en un primer momento de la subida de cotizaciones ¿han hablado acerca de la nueva propuesta?

En un primer momento, yo eché en falta una llamada de la vicepresidenta [Yolanda Díaz], pero no estoy preocupada porque hablamos el mismo lenguaje. Es un lenguaje de protección social, de equiparación y de avance en lo que tiene que ver con romper brechas.

La sostenibilidad de las pensiones es el otro gran debate social. Los sindicatos han pedido “dar la batalla ideológica” para defender su viabilidad, pero, por otro lado, el gasto va a aumentar en los próximos años ¿Está en riesgo el sistema?

No. Por un lado, estamos garantizando la revalorización de las pensiones por ley y por otro, desplegando una reforma de pensiones que ha pasado los exámenes. El sistema de pensiones tiene la mirada puesta en 2050, somos muy conscientes de ese reto demográfico y esta reforma así lo contempla.

Hemos pasado con éxito el examen de la AIReF en lo que tiene que ver con esa evolución del gasto en pensiones y todos los indicadores macroeconómicos van mejor de lo que inicialmente estaba previsto. La ratio cotizante pensionista está en 2,46: es la mejor cifra de la serie histórica, quitando los años de burbuja inmobiliaria. Además, el fondo de reserva comenzará la siguiente legislatura con más de 30.000 millones en la hucha de las pensiones, una hucha que nos encontramos prácticamente a cero tras el gobierno del PP.

¿El mantenimiento del sistema de pensiones no va a imponer ajustes a la baja en prestaciones o endurecimiento de requisitos, como sugieren algunas declaraciones de la oposición?

De ninguna manera. La reforma de pensiones tiene un compromiso claro y sabemos que tenemos que hacer frente a la jubilación del baby boom, pero las prestaciones están garantizadas por ley. Además, del lado de los ingresos, la reforma laboral está dando grandes resultados y solucionando fallas del mercado. Han mejorado las carreras de cotización, la temporalidad ha caído y entre los menores de 30 las bases de cotización también han aumentado. Lo que tenemos claro es la posición del Partido Popular en estos últimos días, que con las declaraciones de Feijóo está abonando el terreno para votar en contra una vez más de la revalorización de las pensiones y dejar tirados a nueve millones de pensionistas.

¿Cómo se van a vehicular los incentivos para prolongar la vida laboral?

Somos muy conscientes de que hay un talento senior que se puede aprovechar y que puede compatibilizar su actividad con la pensión. Queremos que quienes decidan prolongar si vida laboral lo hagan desde una decisión personal y libre, no porque las pensiones sean insuficientes.  Pero igual que hemos dado esa posibilidad de que la gente compatibilice la jubilación con el trabajo, somos también conscientes de que hay actividades penosas, especialmente tóxicas, donde la las personas tienen que salir del mercado laboral antes, con cocientes reductores.

Dado que muchas ausencias (incapacidades temporales, permisos) afectan a la financiación de la Seguridad Social, ¿qué medidas contemplan para asegurar que el sistema sea sostenible sin penalizar derechos adquiridos?

Quiero dejar claro que la incapacidad temporal no es en modo alguno culpa del trabajador y tendrán mucho que decir también las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con listas de espera en los sistemas sanitarios. Dicho esto, tenemos también encima de la mesa de diálogo social para mejorar esta situación, pero siempre poniendo en el centro la salud de los trabajadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo a las altas con reincorporación progresiva 

Aquí los sindicatos se han mostrado en contra o han planteado dudas acerca de cómo garantizar que el trabajador no vaya a trabajar sin estar totalmente recuperado

En España la regulación existente protege de ese supuesto. Además, mi compromiso es que esa reincorporación progresiva se de después del alta. Cuando desde un punto de vista médico, con la supervisión de un medico del sistema publico, la reincorporacion progresiva pueda ayudar al trabajador sin que tenga que pasar de cero a cien.

Al hilo del equilibrio entre cotizantes y pensionistas se ha abierto un debate sobre si existe un enfrentamiento intergeneracional o un agravio en cuanto a la revalorización de las pensiones con respecto a los salarios, ¿qué opina sobre esto?

Ese enfrentamiento intergeneracional es un debate endemoniado que hay quien tiene interés en abonar. El Gobierno está legislando de forma amplia. Quiero recordar que los pensionistas no aparecen de la nada, los pensionistas son personas que llevan años trabajado y aportando al sistema y es de justicia reconocer esa trayectoria. Pero los datos demuestran que también estamos mirando hacia los jóvenes, con tasas de temporalidad de las más bajas en los últimos años o con más de un millón de becarios y becarias que hemos incorporado a la seguridad social.

El papel de los migrantes también está siendo clave. En materia de migraciones, la reciente reforma del reglamento de extranjería ha sido calificada por usted como “la más ambiciosa en años”. ¿Cómo va a asegurar que esa reforma no solo favorezca la afiliación, sino también la integración laboral y social efectiva de esas personas?

El reglamento es una reforma de mucho calado. Tiene que pasar un tiempo para evaluarla, porque aún se está poniendo en marcha. Pero, por ejemplo, desde que se aprobó en 2022 la figura de los arraigos hay más de 640.000 personas que han regularizado su situación. 

Estamos trabajando también en un plan sobre integración, pero aquí las comunidades autónomas y las entidades locales tienen mucho que decir. Es llamativo ver como comunidades del Partido Popular se enorgullecen de las cifras de empleo de sus comunidades —donde tiene un papel muy importante en la afiliación extranjera— y, sin embargo, en lo que tiene que ver con fortalecer los servicios públicos para dar servicio a esa población, dejan morir los servicios educativos, sanitarios o sociales para culpar de ese colapso a la población extranjera.

¿Le está resultando difícil llegar a acuerdos con ellas?

Estamos viendo como el discurso migratorio del PP es similar al de VOX, ahondando en la desinformación y vinculando, por ejemplo, el colapso de los servicios públicos con la población extranjera. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se pueden enorgullecer de los datos de afiliación extranjera pero, sin embargo, luego no adecuar tus servicios públicos para dar esa atención necesaria a las personas.

Y, ya que hemos hablado de cifras ¿manejan algún plazo para presentar los Presupuestos Generales?

Estamos trabajando internamente con el compromiso de presentar los presupuestos y, de hecho, ya se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este próximo lunes por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Desde el 1 de enero del pasado año todas las prácticas formativas, pagadas o no, deben cotizar a la Seguridad Social. Así lo estableció el Gobierno de España, que también fijó un procedimiento para cotizar de manera retroactiva por antiguas prácticas o becas de investigación. Las personas interesadas tienen desde el 1 de junio del pasado año hasta el 31 de diciembre de 2028 para pagar de su bolsillo las cotizaciones por el tiempo que trabajaron hace años y sumar así meses o años con los que en el futuro pueden adelantar la jubilación o mejorar su importe.

Un año después de abrirse el proceso, y cuando aún quedan más de tres años para hacerlo, cientos de personas están ya tramitando en Galicia meses o años de cotizaciones. Solo la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga), una de las muchas vías por las que se vienen haciendo prácticas en Galicia, ha recibido ya un millar de solicitudes de certificados con los que probar ante la Seguridad Social el trabajo pasado por el que se quiere cotizar.

El sistema habilitado por la Seguridad Social para cotizar, pagando, por prácticas o becas de investigación realizadas hace años, cuando no se cotizaba por ellas, permite la redención de hasta cinco años. Para hacerlo hay que solicitar a la Seguridad Social un denominado convenio especial y pagar por cada mes la cuota correspondiente a la base mínima de cotización que se exigía entonces.

El sistema permite el pago de golpe o fraccionado en el doble del tiempo por el que se quiera cotizar. Esto es, para cotizar por seis meses de prácticas hechas hace años puede pagarse ahora el importe a la Seguridad Social fraccionado en 12 meses.

Para realizar la solicitud hay que presentar a la Seguridad Social “certificados de la realización de las prácticas y/o de la participación en programas de formación”, que pueden emitir tanto las empresas o entidades en que se realizasen las prácticas como las entidades que financiaron las mismas, si fueron distintas. Cientos de personas ya han solicitado esos certificados a empresas, universidades o centros de investigación o formación profesional.

En Galicia buena parte de las prácticas universitarias se canalizan a través de la Fundación Empresa Universidad Gallega (Feuga), que lleva décadas canalizando estudiantes de las tres universidades públicas a las empresas privadas. Según confirman desde Feuga, un año después de abierto el plazo y cuando aún quedan más de tres para poder adherirse al sistema de cotización, se han recibido “hasta el momento 940 peticiones de emisión de certificados de personas que podrían cumplir con los requisitos necesarios para el reconocimiento de la cotización, tanto de participantes de los programas de prácticas formativas como de titulados que participaron en proyectos de investigación de las universidades”.

Ante el volumen de peticiones, Feuga está trasladando a las personas solicitantes que puede tardar un par de meses en ir remitiendo los certificados.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública una respuesta a una consulta vinculante (V0467-25) en la que establece que los pagos a la Seguridad Social para cotizar por esas antiguas prácticas, sean en una única vez o fraccionados, pueden deducirse en la declaración de la renta.

“Al tratarse de cotizaciones a la Seguridad Social, su abono —ya sea en pagos mensuales o en un pago único— tiene la consideración de gasto deducible de los rendimientos íntegros del trabajo”, dice el ministerio en su respuesta vinculante. En ella añade que esas deducciones “deberán imputarse al periodo impositivo de su exigibilidad, que se corresponderá con el sistema de abono elegido”. Esto es, en el año en que se haga el pago único o la parte proporcional en los años en que se hagan los pagos fraccionados.

Es habitual escuchar el relato oficial que ensalza las supuestas bondades del emprendimiento, del trabajo autónomo como expresión de lo mejor de cada casa. Sin embargo, más de 3,4 millones de personas autónomas que trabajan cada día en nuestro país saben que esa historia épica de éxito sobre individuos hechos a sí mismos, que empezaron en un garaje hasta alcanzar el éxito, no se corresponde con la realidad. Lo mismo ocurre con el mantra del “sé tu propio jefe”, que oculta las aristas y no muestra la precariedad que reflejan las cifras.

Basta recordar que el 57% del colectivo obtiene ingresos que oscilan en el entorno del salario mínimo o menos; que la pensión media de jubilación de un autónomo alcanza un 40% menos que la del régimen general, y es hasta un 55% inferior en el caso de las mujeres autónomas respecto a los hombres asalariados; o que, en esta radiografía, la edad desempeña un papel fundamental en la configuración del trabajo autónomo. El grupo más numeroso se concentra entre los 46 y los 55 años (31,7%), seguido por el de 56 a 65 años (24%), lo cual confirma que el trabajo autónomo sigue funcionando como una especie de ‘refugio’ para quienes atraviesan una etapa de vulnerabilidad, en un contexto en el que las empresas continúan priorizando a las personas jóvenes y desprotegiendo a las mayores. Por ello, es imprescindible reformar nuestro sistema de cotización a la Seguridad Social para poner fin a la incomprensible situación de desprotección que arrastramos desde hace décadas y al desequilibrio entre lo que cotizan quienes pueden hacerlo con holgura y quienes no llegan.

Por estas circunstancias las organizaciones de autónomos firmamos un acuerdo en 2022 que se transformó en ley y que pretendía ir acercando las cotizaciones a los ingresos reales y aumentar la protección en tantos aspectos en que aún hoy no nos alcanza. Lo hicimos señalando una senda de nueve años, demasiado larga para alguna de nosotras, pero en aras de transformar el sistema y de producir un evidente cambio cultural accedimos a tal reforma.

Este año que se anuncia es el indicado para hacer una primera revisión. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema basado en la capacidad económica de cada cotizante y traducido en cuotas justas. Sin embargo, los planes actuales proponen un esquema de tramos de ingresos que mantiene una elevada barrera de entrada para las y los autónomos más precarios. En la práctica, se sigue castigando a quienes menos ganan y beneficiando a quienes más ingresan. Con la propuesta actual, una persona autónoma que gana menos de 670 euros pagará un 30% de sus ingresos, mientras que otra que gana 6.000 euros o más abonará solo el 8,8%. Las rentas más altas ni siquiera actualizan sus cuotas conforme al IPC. No podemos seguir avanzando en esa dirección. El horizonte debe fijarse en un sistema de cotización por ingresos reales que, al menos de forma transitoria, reduzca las cuotas de los tramos bajos, mantenga las de los tramos medios y aumente las de los más altos. Se llama progresividad, se llama solidaridad y se llama política útil.

Es ineludible además abordar la protección social. Esta cuestión es clave para reducir la precariedad del colectivo. Urge reformar el cese de actividad y facilitar su acceso: hoy se rechazan más del 60% de las solicitudes porque se exige acreditar una disminución significativa de ingresos, pérdidas y deudas. Estas condiciones carecen de sentido para un colectivo formado mayoritariamente por personas físicas sin trabajadores asalariados y menos aun tratándose de prestaciones contributivas, que son rentas sustitutivas por un periodo determinado hasta retomar la actividad. A las y los asalariados no se les exige estar en la ruina para cobrar el paro, ¿por qué sí a las y los autónomos? ¿Por qué aún no se ha implantado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuando sí existe para las y los asalariados? En aras de que cada palo sujete su vela, recordemos que los subsidios dependen del ministerio de Trabajo, extremadamente rápido para exigir a otros departamentos, y ciego y sordo a las demandas de los trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad histórica para que más de 3,4 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos en España dejen de situarse en los márgenes del Estado del bienestar. Es posible cambiar el rumbo de los planteamientos iniciales y atender el hartazgo de un colectivo que ya no representa una realidad periférica, sino estructural, en el mundo del trabajo. Porque hay demasiadas cosas que no son como nos contaron. Porque queremos cuotas justas y más derechos y no vamos a ceder en el esfuerzo.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.

PP, Vox y Junts han dejado claro este martes su rechazo a la propuesta de subida de cuotas para 2026 para los autónomos planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que también se ha desmarcado Sumar.

"Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadoras de Catalunya", ha dejado claro la diputada de Junts Miriam Nogueras en X.

Un rechazo que ayer también avanzó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que comparte Vox.

"Se ve que todavía no es suficiente y quieren subirle todavía más la cuota a los autónomos, que son los que sostienen este país, porque España se sostiene gracias a la gente que levanta la persiana", ha subrayado esta mañana la diputada de Vox, Pepa Millán.

Y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026 incluye una ayuda de al menos 300 euros por cotizante para paliar una posible subida de las cuotas de los trabajadores autónomos.

La propuesta también ha generado dudas en el seno del Gobierno de coalición y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la propuesta planteada por el Ministerio de la socialista Elma Saiz.

"Si la propuesta es la que ha transcendido (...) desde Sumar no la compartimos (...) la progresividad empieza por abajo", ha declarado Díaz en La Sexta.

La propuesta que el Gobierno puso ayer en la mesa de negociación supone elevar en 17 euros la cuota más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

El planteamiento se enmarca en las negociaciones para pactar las cuotas de los autónomos para los próximos tres años en lo que supone el desarrollo de un acuerdo que todas las partes (Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos) cerraron para ir avanzando hacia un sistema en el que se cotice según ingresos.

El presidente de la asociación de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, había asegurado esta mañana que está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios para que rechacen el decreto de subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia que les presentó ayer el Gobierno.

"El decreto no va a llevar nuestro aval y espero que tampoco el del Congreso", ha añadido.

ATA, que considera la propuesta como un "sablazo", ha sido la asociación más crítica, mientras que UPTA ha señalado que la estudiarán para hacer más propuestas, entre ellas establecer un tramo inferior al más bajo, y UATAE ha apuntado que "no va en la línea adecuada" al interrumpir la reducción de cuotas para los de menores ingresos.

Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha expresado "su rotundo rechazo a la propuesta".

Las negociaciones de esta mesa seguirán en las próximas semanas en aras de pactar ese nuevo esquema de cotización para los próximos tres años, así como las mejoras en la protección social del sistema.

Comisiones Obreras ha planteado al Gobierno la necesidad de incorporar a la orden para recuperar años cotizados de antiguos estudiantes en prácticas e investigadores una medida adicional que incluya a las mujeres que tuvieron que suspender sus becas de investigación por embarazo.

Así lo ha manifestado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en declaraciones a los medios, entre ellos Europa Press, tras la reunión sobre pensiones y Seguridad Social convocada este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El sindicato plantea la necesidad de incorporar a la orden que aquellas mujeres que tuvieron que suspender las becas de investigación por embarazo o parto pudieran también incrementar ese periodo de suspensión que tuvieron en el convenio especial para recuperar esos periodos.

"En aquel momento y en las condiciones en las que estaban trabajando en esas becas de investigación no tenían cobertura de la Seguridad Social. Lo hemos hablado, el Gobierno ha recibido la propuesta, no ha hecho una respuesta explícita y esperamos una reacción en las próximas semanas", ha explicado Bravo.

Tras las críticas recibidas por asociaciones científicas y sindicatos, el Ministerio de Seguridad Social presentó una propuesta para mejorar la orden para recuperar años cotizados de antiguos estudiantes en prácticas e investigadores, que se está abordando en la Mesa de Diálogo Social junto a sindicatos y patronal.

La semana pasada el Ministerio recogió en su propuesta la petición de los agentes sociales de ampliar la venta temporal para la suscripción del convenio con la Seguridad Social hasta los cuatro años y medio, frente a los tres años y medio de la propuesta anterior, al tiempo que amplió también el periodo para fraccionar el pago de las cotizaciones pendientes hasta un máximo de siete años desde los cinco años precedentes.

De esta forma, se amplía la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio con la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2028, para facilitar así que los interesados puedan acceder a él.

El Gobierno ha elevado de 29,74 a 31,22 euros la cotización adicional que deben pagar los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días como consecuencia del aumento de las bases mínimas de cotización en un 5% para este año. Esta penalización, que tendrá efectos desde el 1 de enero y que se estableció en la reforma laboral para combatir la temporalidad y la rotación laboral, se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que al igual que el resto de bases mínimas se ha incrementado un 5% para 2024, en consonancia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma cuantía, según ha informado Europa Press.

Así lo refleja la orden de bases de cotización para este año publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado jueves, en el arranque de la Semana Santa. Mediante esta orden se modifica la dictada el pasado 29 de enero, ya que por entonces aún no se había aprobado la subida del SMI. Ésta, que fue del 5%, obtuvo luz verde a principios de febrero, aunque con efectos desde el 1 de enero de este año. A través de la orden publicada en el BOE se adaptan ya las bases mínimas a la subida experimentada por el SMI, así como la penalización por contratos de muy corta duración.

Esta sobrecotización empresarial por la realización de contratos de muy corta duración no se aplica a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos para la formación en alternancia. Incluida en la reforma laboral de 2021, esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas.

La orden de bases de cotización para 2024 sitúa la base máxima para cualquier categoría profesional y grupo de cotización en 4.729,50 mensuales o 205,24 euros diarios, un 5% más que en 2023, lo mismo que suben las bases mínimas, otro 5%, en consonancia con el alza del SMI.

De este modo, la base mínima de cotización en contingencias comunes para licenciados e ingenieros (grupo 1) se incrementa desde los 1.759,5 euros mensuales de 2023 a 1.847,4 euros, en tanto que la de ayudantes no titulados, oficiales, auxiliares administrativos y subalternos (grupos 4, 5, 6 y 7) pasa a ser de 1.323 euros mensuales desde el 1 de enero de este año, frente a los 1.260 euros del año pasado.

Por su parte, la base mínima de cotización para ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados (grupo de cotización 2) se sitúa desde el 1 de enero en 1.532,1 euros al mes, frente a los 1.459,2 euros de 2023, mientras que la de la categoría profesional de jefes administrativos y de taller (grupo 3) alcanza los 1.332,90 euros mensuales, en contraste con los 1.269,3 euros del año pasado.

El tipo de cotización, en el caso de las contingencias comunes, es del 28,3%, del que el 23,6% corre a cargo de la empresa y el 4,7% por ciento, a cargo del trabajador. Para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vigente desde este año, el tipo de cotización es del 0,7%, del que el 0,58% corresponde a la empresa y el 0,12% al trabajador. Los autónomos, por su parte, asumen completamente el 0,7%. Sumando la sobrecuota del 0,7% del MEI vigente en 2024 al tipo de cotización por contingencias comunes, el tipo total se situará en el 29%, frente al 28,90% de 2023 (la diferencia entre ambos ejercicios es la décima adicional en la que sube el MEI).

También se actualizan de acuerdo con el SMI las bases y tipos de cotización mínimos para los trabajadores por cuenta ajena agrarios, tanto en términos mensuales como diarios, para empleados de hogar y para los socios de cooperativos de trabajo asociado. Según la orden, la cotización mínima en el sistema especial para trabajadores agrarios pasa a ser de 57,52 euros al día.

Para los contratos para la formación y el aprendizaje o de formación en alternancia, la cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 64,30 euros por contingencias comunes, de los que 53,61 euros serán a cargo del empresario y 10,69 euros, a cargo del trabajador. En lo que se refiere a las contingencias profesionales, la cuantía pasa a ser de 7,38 euros, de los que 3,82 euros corresponden a incapacidad temporal y 3,56 a invalidez, muerte y supervivencia.

La base de cotización por desempleo será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mientras que la cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 4,07 euros a cargo del empresario; y la cotización por formación profesional consistirá en una cuota mensual de 2,26 euros, de los 2 euros serán a cargo de la empresa y los 0,26 restantes, a cargo del trabajador.

También suben las cuantías para las prácticas formativas no remuneradas, de modo que la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,67 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,33 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 60,76 euros.

Por contingencias profesionales la cantidad se sitúa en 7,38 euros, de los que 3,82 euros corresponden a la contingencia de incapacidad temporal y 3,56 euros a la de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. De la cuota diaria por contingencias profesionales de 0,33 euros, 0,17 euros corresponderán a la contingencia de incapacidad temporal y 0,16 euros a las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Además de la actualización de las cifras, el Gobierno establece que en el caso de las prácticas formativas remuneradas y no remuneradas, la entidad, organismo, empresa o institución que asuma la condición de empresario deberá solicitar, en cualquier caso, el alta y la baja y comunicar el número de días de prácticas realizadas.

La Seguridad Social ganó una media de 103.621 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,5%), su mayor alza en este mes desde 2007, impulsada por la hostelería y la educación, que sumaron entre ambas casi 60.000 nuevos cotizantes. Tras el incremento de febrero, el número de afiliados medios se situó en 20.708.382 ocupados, su nivel más elevado en este mes dentro de la serie histórica, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la Seguridad Social ha ganado 538.239 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual de casi el 2,7%, según ha informado Europa Press.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida récord para un mes de febrero de 73.492 afiliados (+0,3%), hasta un total de 20.954.785 trabajadores, "el mejor dato de la serie histórica", ha subrayado el Departamento que dirige Elma Saiz. Dentro de la serie desestacionalizada, se han creado 551.359 empleos en el último año y casi 1,6 millones respecto a diciembre de 2019, antes de la pandemia. "En febrero registramos otra vez niveles históricamente altos, con un dinamismo aún mayor que los meses anteriores, y vemos el cambio estructural que ha supuesto la reforma laboral", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El repunte mensual de afiliados medios en febrero fue ligeramente mayor entre los varones, que ganaron en el mes 52.807 cotizantes respecto a enero (+0,48%), frente a un avance del empleo femenino de 50.814 ocupadas (+0,5%).

Con este incremento, el número de varones ocupados finalizó febrero en 10.921.189 cotizantes, en tanto que la cifra de mujeres trabajadoras se mantuvo entre los valores más altos de la serie, con 9.787.193 ocupadas, el 47,3% del conjunto de afiliados. El Ministerio ha resaltado también que más de la mitad del empleo creado en el último año, casi el 55%, ha sido ocupado por mujeres, con un crecimiento del empleo indefinido del 5,7%, por encima del de los varones (+4,9%).

Esto ha tenido reflejo en sus bases de cotización, que han aumentado un 16%, es decir, 2,8 puntos más que las de los hombres, respecto al nivel previo a la pandemia. Desde entonces, la afiliación de mujeres ha crecido un 11,8%, frente al aumento del 7,7% de la afiliación masculina. "Seguimos dando pasos para la reducción de la brecha de género en el mercado laboral. Las mujeres ocupan el 47,3% de los empleos y en el 40% de las provincias este porcentaje es aún mayor", ha destacado la ministra Saiz.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros aumentó en febrero en 39.953 cotizantes, un 1,5% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.671.546 ocupados.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 92.857 afiliados medios en febrero (+0,5%), hasta un total de 17,31 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 10.097 afiliados a sus filas (+0,3%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.337.516. Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó la mayor subida de la ocupación al ganar 29.230 cotizantes respecto al mes anterior (+2,2%).

Le siguieron la educación, con 28.941 afiliados más (+2,3%); la construcción (+18.189 cotizantes, +1,9%), y la industria manufacturera, que ganó 13.130 ocupados (+0,7%). Por contra, los mayores descensos mensuales de la ocupación se dieron en las actividades sanitarias, con 10.252 afiliados menos (-0,5%), y en el comercio, que perdió 9.590 cotizantes (-0,4%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario restó 3.975 afiliados en el segundo mes del año (-0,6%), y el del Hogar sumó 1.230 altas (+0,3%). El Ministerio ha subrayado que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es "especialmente intenso" en sectores de alto valor añadido, como informática y telecomunicaciones, que cuenta con un 26,3% más de afiliados que antes del covid, o actividades profesionales, científicas y técnicas, donde la ocupación ha aumentado un 16,6%. De hecho, según Seguridad Social, más de uno de cada cinco nuevos afiliados, esto es, 329.000 personas, se han incorporado a estos dos sectores "altamente productivos" desde que finalizó la pandemia.

Muchos de estos empleos han sido ocupados por jóvenes. Desde el nivel anterior al covid, la afiliación a la Seguridad Social de los menores de 30 años se ha incrementado un 14,8%, más de cinco puntos por encima del aumento medio de la ocupación.

Según el Ministerio, los datos de febrero reflejan los efectos positivos de la reforma laboral sobre la estabilidad del empleo y la mejora de su calidad desde que esta norma entró en vigor hace dos años. Así, el porcentaje de afiliados con contrato temporal bajó en febrero hasta el 12,7%, mínimo histórico, frente a la media del 30% de antes de la reforma laboral. De este modo, el porcentaje de ocupados con contratos indefinidos se situó en febrero en el 87,3% tras crecer 17,3 puntos desde la llegada de la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido en 33,6 puntos, hasta el 19,4%.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora más de 3,1 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. En el último año, los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo han aumentado un 5,2% (+467.034 ocupados), por encima de los de tiempo parcial (+5,1%, +117.628) y en contraste con el descenso en un 0,2% de los fijos-discontinuos (-1.419 afiliados).

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde el nivel anterior al Covid ha aumentado un 8,1%, por encima de las tasas de Francia (+5%), Italia (+2,9%) y Alemania (+1,4%). Lo mismo sucede si se atiende a la ganancia de ocupados desde que se inició la guerra en Ucrania: mientras que en España el empleo ha crecido un 5,9%, en Francia y Alemania lo ha hecho menos de un 2%.

La afiliación media subió en febrero en todas las comunidades autónomas salvo en Castilla-La Mancha, donde bajó en 1.314 ocupados (-0,17%). Los mayores aumentos del empleo, en términos absolutos, se registraron en Cataluña, que ganó 23.637 afiliados; Andalucía (+18.325 ocupados); Baleares (+14.808 cotizantes), y Madrid (+12.648). En términos relativos, los mayores avances mensuales de la ocupación media fueron para Baleares (+3,2%), Murcia (+1%) y Cataluña (+0,6%).

Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron al finalizar febrero en 9.435. En total, a 29 de febrero había 10.672 trabajadores en ERTE, de los que 9.230 estaban en un ERTE-ETOP y 1.237 en un ERTE por fuerza mayor.

Los contratos temporales no han dejado de menguar en número desde que se aprobó la reforma laboral, en diciembre de 2021, y entró plenamente en vigor tres meses más tarde. El pasado marzo, según las últimas cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su número se ha reducido casi un 40% respecto al mismo mes del año pasado. Pero también está descendiendo, a buen ritmo, el dato de los contratos ultrabreves, los que duran menos de siete días. En los datos acumulados del primer trimestre, han caído un 47,75%, casi a la mitad, en comparación con los firmados en idéntico periodo de 2019, antes de la pandemia. Entonces el SEPE registó 1,33 millones de contratos de menos de siete días; hoy son 694.069.

En ambos años, la Semana Santa cayó en abril, por lo que el efecto arrastre en el empleo de la hostelería y el turismo se produjo ya en el mes anterior.

Ese porcentaje supera en mucho el recorte que ha sufrido la contratación en general, un 29,9%: al firmarse menos temporales y más indefinidos, el abultado volumen de contratos que las oficinas de empleo registraban cada mes antes de la reforma laboral –podían superar los dos millones en verano– ha caído de forma drástica. En el primer trimestre de 2019 se suscribieron 5,14 millones, mientras que este año se quedaron en 3,6 millones.

Los contratos de menor duración, que en los años de mayor debilidad del empleo llegaron a representar el 26% de los que se firmaban, sufren una penalización pensada para desincentivar su uso por las empresas. Que, además, no ha dejado de aumentar. Hasta 2019 consistía en un recargo del 36% en la cotización por contingencias comunes para los contratos de menos de siete días, que entonces creció hasta el 40% para los que duraran menos de cinco días. La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 convirtió el porcentaje en un recargo fijo de 26 euros que se amplió a todos los contratos de menos de 30 días. Esa cantidad se ha elevado desde entonces al mismo ritmo que la base mínima de cotización, que se utiliza en la fórmula diseñada para calcular el recargo –la base mínima del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social–. Así, pasó a ser de 27,53 euros en 2022 y este año asciende ya a 29,74 euros.

La penalización y las restricciones al uso de los contratos temporales contenidas en la reforma han conseguido que los de menos de siete días representen ahora el 19,27% de los registrados por el SEPE de enero a marzo, 6,6 puntos menos que en 2019. Aun así, siguen siendo el grupo de mayor volumen de la estadística. Todos los contratos temporales han reducido su participación porcentual comparada con la prepandemia, excepto los que duran entre siete y 15 días y los que llegan al año. Aunque la diferencia de volúmenes no es muy significativa: 1,3 puntos y apenas ocho décimas, respectivamente. Los de menos de un mes de duración, por los que las empresas deben pagar el citado recargo en las cotizaciones sociales, sumaban casi dos millones –1,91 millones– en el acumulado del primer trimestre de 2019; ahora son 1,1 millones.

Por el contrario, los indefinidos, que sólo suponían el 10,3% de los contratos firmados antes de la pandemia, ascienden ahora al 45,52%. Han pasado de 529.866 a 1,64 millones.

Una buena foto del cambio que se está produciendo en el mercado laboral se obtiene fijándose en los sectores de actividad. Donde más contratos ultrabreves se firman es en la hostelería. Antes de la pandemia, entre enero y marzo de 2019, fueron 400.937, que equivalían al 46,3% de los que se registraron en ese sector: casi la mitad no duraban ni una semana. Este año, en cambio, la hostelería ha suscrito 138.728 se siete días o menos, el 26,4% de su volumen de contratación en el trimestre. La caída ha sido del 65,4%, un descenso tan pronunciado que supera en casi 18 puntos el descenso general. Al mismo tiempo, la hostelería, que sólo hizo 89.093 contratos indefinidos en el primer trimestre de 2019 –menos que el comercio, que firmó 94.934– ha suscrito 279.228 de enero a marzo de este año –casi 80.000 más que el comercio–. Los ha triplicado.

También han rebajado su volumen de contratos muy breves las actividades profesionales y científicas, un 61,6%, y las actividades administrativas, un 58,8%, que han pasado de registrar 149.246 de menos de siete días a sólo 61.468. Sólo un sector de actividad ha aumentado respecto a 2019 su número de contratos de menos de una semana: el agrupado bajo la rúbrica de información y comunicaciones –desde informática hasta televisión, cine, radio o editoriales–, donde se ha firmado un 18% más.

En cualquier caso, la industria es el segundo sector que más contratos ultrabreves firmaba antes de la pandemia y sigue firmando después. Aunque muchos menos que la hostelería, 165.700 en el primer trimestre de 2019, los ha reducido casi en la media, un 48,5%. También la sanidad acumulaba un buen volumen de contratos por debajo de los siete días de duración, 100.183, que se han quedado ahora en 59.258, un 40,8%.

Por el lado de los contratos indefinidos, la agricultura los ha multiplicado nada menos que por 11 desde 2019: ha pasado de firmar sólo 22.143 hace cuatro años a 244.886 ahora. La construcción los ha multiplicado casi por cinco, las administraciones públicas por 4,6; la educación, por cuatro. La sanidad, el comercio y los transportes los han más que duplicado.

Finalmente, la estadística constata otro cambio. Los hombres firman más contratos que las mujeres; por tanto, también firman más contratos temporales. Antes de la pandemia era mayor el número de contratos suscritos por hombres no importaba cuál fuera su duración. Pero este año ya son más mujeres que hombres quienes tienen contratos de entre tres y 12 meses. 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.

La embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha afirmado que las empresas españolas interesadas en cotizar en el mercado estadounidense no necesitan trasladar su sede para hacerlo, como pone de manifiesto el número de empresas españolas que ya cotizan allí y mantienen su sede en España, según ha informado Europa Press.

Así lo ha afirmado Reynoso en el coloquio posterior a su intervención en el Foro América, organizado por Europa Press y Estudio de Comunicación.

"Las empresas privadas tienen que decidir dónde mejor cotizan. Como buena neoyorkina, debo decir que tenemos el mejor sitio de cotizar del mundo, y es el lugar de élite de empresas más importantes a nivel global para cotizar. Pero hay muchas empresas españolas que están en España y que cotizan en la Bolsa neoyorkina y que no tuvieron que mudarse para hacerlo. Una cosa no tiene que ver con la otra", ha señalado.

La 'hoja de ruta' presentada por Ferrovial contempla trasladar su sede a Países Bajos para posteriormente dar el salto al mercado de Estados Unidos.

La compañía ha destacado que entre sus objetivos está mantener la "condición bursátil y la liquidez" mientras cotiza de manera simultánea en tres países. "Queremos cotizar en Estados Unidos y, para competir con éxito en los mercados internacionales, necesitamos tener una cotización dual entre Madrid y la bolsa de Ámsterdam", explicó Francisco Polo, director de comunicación de la empresa.

"Esta operación forma parte del desarrollo natural de la empresa; queremos competir en igualdad de condiciones frente a otros grandes constructores internacionales con los proyectos de infraestructuras más grandes del mundo. Para que la empresa siga creciendo es necesario que empiece a cotizar en Estados Unidos, con una acción con mayor liquidez, y para estar en un escaparate que atraiga el interés de los inversores norteamericanos, al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de financiación", explicó Polo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando introducir en la segunda pata de la reforma de las pensiones un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno.

Esta medida, adelantada este lunes por el diario El País, está todavía por cuantificar y, según las fuentes consultadas por Europa Press, no está en absoluto cerrada, pues forma parte de un abanico de iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social que aún está en discusión tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios.

De momento, el Ministerio ha presentado a la Comisión Europea todas las posibilidades para reforzar los ingresos del sistema que están ahora mismo sobre la mesa en el diálogo social y político, incluyendo tanto las iniciativas que son propuestas por el Gobierno como las planteadas por el resto de interlocutores, precisan fuentes del Ejecutivo.

Este recargo en las cotizaciones de los sueldos más altos que se baraja sería adicional a las propuestas ya conocidas de elevar las bases máximas de cotización un 30% en cerca de 30 años y de extender hasta 2050 la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Actualmente, la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta y aunque se suba la base máxima un 30% en unos 30 años habrá salarios, los más elevados, que sigan 'escapando' de cotizar en su totalidad. De ahí que se baraje la posibilidad de introducir un recargo adicional en lo que cotizan esos salarios tan altos.

La segunda parte de las reforma de pensiones —la primera acaba de celebrar su primer cumpleaños— debía haberse aprobado antes de finalizar 2022 para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo han impedido.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, su titular, José Luis Escrivá, aseguró hace unos días que esperaba tener lista la reforma de pensiones este mismo mes y aludía a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.

Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima —aunque no al mismo ritmo—, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.

El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.

Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.

A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.

Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.

En su propuesta inicial, que es sólo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, pues el nuevo año ya les ha traído algunos.

¿Extensión del MEI hasta 2050?

Con la ley de Presupuestos del Estado para 2023, las bases máximas han subido un 8,6%, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros. Pero es que, además, con la llegada de 2023, ha entrado en vigor el MEI, que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponde a la empresa y un 0,1% al trabajador.

Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6% que establece el MEI, supone una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los paga el trabajador y 10, la empresa.

El objetivo del MEI, con los que se prevén recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 que irán a la 'hucha de las pensiones', es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los baby boomers entre 2032 y 2050.

Esta sobrecotización que establece el MEI, sustituto del llamado factor de sostenibilidad, se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%. A partir de este 2023, con la entrada en vigor de este mecanismo, las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.

Precisamente, el MEI es otro de los puntos que se están abordando en la segunda parte de la reforma de pensiones para extenderlo hasta 2050, pues actualmente está establecido que deje de operar en 2032 para evaluar entonces si se mantiene o se adoptan otras medidas.

Los trabajadores hicieron 19,48 millones de horas extraordinarias a la semana en los nueve primeros meses de 2022, un 16,84% más que en el mismo periodo del año precedente. Un dato que confirma el buen nivel de la actividad en España pese a la crisis energética y de precios. Si, como parece, la economía se va a sostener el último trimestre, el alza al final del año incluso puede ser superior. Para las empresas, alargar la jornada laboral de la plantilla puede ser una medida rápida y barata de hacer frente a un repunte de demanda. Eso sí, deben cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, que limita a 80 el número de horas extra que un asalariado puede hacer en un año. Además, tienen que pagarse mejor que las ordinarias, un 75% más. El problema es que casi la mitad de esos cerca de 20 millones de horas extraordinarias semanales los trabajadores no las cobran.

En mayo de 2019, como medida de protección frente a los abusos en el tiempo de trabajo, frente a la falta de pago del exceso de jornada y para impedir la consiguiente pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social, se implantó el registro obligatorio de jornada.

En principio, ese año el control impuesto a las empresas redujo el número de horas extra no pagadas en un 9,4% respecto a 2018. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019 se hicieron 23,09 millones de horas extraordinarias a la semana, un 10,47% menos que el año anterior, cuando se batió el récord de la década, con 25,8 millones de horas semanales fuera de la jornada normal.

Pero fue sólo un espejismo. El control horario no parece haber desalentado a las empresas en el abuso del tiempo de trabajo extra gratuito. Porque, a tenor de las cifras de la EPA, en 2020, el año de la pandemia, las horas extraordinarias no pagadas aumentaron un 12,34% respecto a 2019, hasta alcanzar los 11,56 millones semanales, mientras que las horas pagadas sólo crecieron un 1,42%. Pese a las restricciones a la actividad, sobre todo en sectores tan proclives al alargamiento de la jornada como el comercio y la hostelería, las horas extra superaron los 24,55 millones, sobre todo por el buen ritmo al que crecieron en los dos primeros trimestres del año.

En 2021, en plena recuperación económica, sin embargo, las horas extra cayeron un 6,5% y aún más lo hicieron las no pagadas, un 10%. Lo que no fue obstáculo para que éstas representaran el 45,3% de las extraordinarias realizadas por los trabajadores ese año, por encima incluso del 44,5% de 2019.

Finalmente, en los primeros tres trimestres de 2022 –a falta de los datos del cuarto, que se publicarán el próximo día 26– ese porcentaje ha superado ya el de 2021, con un 45,5% de horas no pagadas.

Además, en números absolutos, fue en 2020 cuando más horas extra no pagadas se trabajaron, 11,56 millones semanales, desde el máximo de 13,91 millones alcanzado en 2015, en la salida de la crisis financiera. En ese año y en 2016 las extras no retribuidas incluso superaron por primera vez a las pagadas. Desde entonces, el número de las no abonadas no había dejado de bajar –con la excepción de 2018– hasta que se dispararon en 2020. Tanto las del año de la pandemia como las del año de la recuperación superan a las de 2019, cuando se estableció el control horario.

De forma que, si al coste de la hora trabajada, que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral calcula para 2022 en 22,55 euros, se le añade el 75% que exige la ley, las empresas se han ahorrado 39,42 euros por cada hora extra no pagada y 13.625 millones sólo entre enero y septiembre de 2022.

De hecho, lo que se deduce de las cifras es que las horas que fluctúan con el ritmo del ciclo económico son las extraordinarias pagadas –creciendo en fases de auge y reduciéndose en las crisis–, mientras que las no pagadas permanecen enquistadas. Ese 45% se ha convertido en estructural. Y muchas veces no se corresponden con la imagen preconcebida de un trabajador poco cualificado en un sector de actividad con bajas remuneraciones. Sino todo lo contrario: asalariados con contratos indefinidos, a tiempo completo y con empleos de nivel medio o alto. Por ejemplo, las jornadas maratonianas que han denunciando los trabajadores junior de las grandes consultoras no son, estrictamente hablando, horas extraordinarias, sino las jornadas habituales, porque trabajan a demanda y se les exige dedicación plena.

Las consecuencias de este abuso laboral van mucho más allá del desgaste personal y la precariedad laboral. También la Seguridad Social ha perdido ingresos por las cotizaciones de esas horas no pagadas. Cada hora extraordinaria cotiza por contingencias comunes un 28,3% –un 23,6% a cargo de la empresa y un 4,7% del trabajador–. En 2008, justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se derrumbó la economía, la recaudación anual por horas extra alcanzó su máximo histórico, 436,26 millones. Durante toda la crisis posterior cayó año a año hasta los 232,45 millones en 2013. Desde entonces, los ingresos por cuotas no pararon de crecer hasta 2020, cuando cayeron un 13,27% respecto al ejercicio anterior. Ese dato contradice el aumento de horas no pagadas declaradas por los trabajadores en la EPA, que señalan un alza considerable en los dos primeros trimestres. El motivo de la aparente contradicción –más horas, menos recaudación– estriba en los sectores donde se alargaron las jornadas, que pudieron ser aquellos con menores salarios –los que entonces se convirtieron en trabajadores esenciales–.

En 2021 las cuotas se recuperaron un 14,63%, hasta los 349,2 millones de euros –pese a que las horas pagadas según la EPA se redujeron un 3,37%, se invirtió, por tanto, el vuelco de la pandemia–. Para 2022 la Seguridad Social presupuestó una recaudación de 363 millones, un 3,9% más. Y para este ejercicio prevé un nuevo repunte, hasta los 410 millones de euros, lo que sería la segunda mayor recaudación de la historia tras la de 2008. Según explica en su informe económico financiero, la Seguridad Social atribuye el alza al “crecimiento general de los salarios y de la población afiliada”. Pero también, añade el documento, “se tiene en cuenta las recomendaciones sobre el control de las horas extraordinarias para fomento del empleo”.

En cualquier caso, el panorama de las horas extra, tanto de las pagadas como de las no retribuidas, varía mucho dependiendo de los sectores. Donde más se alargan las jornadas es en la industria: en 2019 llegaron a hacerse más de cuatro millones de horas extraordinarias a la semana. Desde entonces han bajado hasta los 3,22 millones de 2021, pero en los nueve primeros meses de 2022 ya se han superado las realizadas en el mismo periodo del año anterior. Una explicación a este liderazgo es que en este sector es donde las horas extraordinarias están más reguladas en los convenios colectivos.

A la industria le sigue la sanidad, que en 2020 alcanzó los 3,81 millones de horas extra semanales. El comercio también superó los tres millones de horas extraordinarias el año del coronavirus y en los tres primeros trimestres de 2022 ha excedido ya las realizadas en el mismo periodo del año precedente. La educación llegó a los 2,63 millones semanales en 2020. La pandemia eliminó las clases presenciales, pero a cambio los profesores aumentaron mucho las horas para preparar las telemáticas y suplir la asistencia a los alumnos en los colegios. No obstante, la tendencia ha continuado tras acabar el confinamiento y en los nueve primeros meses de 2022 los profesores han rebasado ya las horas extra realizadas en todo 2021. La hostelería queda por detrás, con un desplome desde los 2,56 millones de 2019 hasta los 1,19 millones del año de la pandemia.

La clasificación cambia, y mucho, cuando se pone el foco en las horas no pagadas. Porque es en la educación y en el comercio donde se hacen más horas extra gratis. Es más, mientras en la industria éstas han caído desde 2019 un 18,4%, el comercio ha escalado un 22,7%. De hecho, en 2021 los dependientes de tiendas hicieron más horas no pagadas de las que cobraron.

En la educación, aunque las horas no abonadas han disminuido desde la pandemia, aún es el sector donde más se hicieron, tanto en 2021 –1,54 millones– y en 2022, por encima del comercio, la hostelería o la industria. Esas horas de más que no son lectivas carecen de reflejo en la nómina. En 2020, los profesores no cobraron el 93% de las horas extraordinarias que hicieron, en 2021, el 88,2%.

En la hostelería, el número de horas extra no pagadas ha caído a la mitad desde los 1,2 millones de la prepandemia hasta los 637.800 de 2021. Sin embargo, como en las Big Four, en bares y restaurantes hay que distinguir entre lo que son propiamente horas extraordinarias –alargar un día la jornada para hacer inventario– y lo que se consideran “jornadas habituales” pese a ser superiores a las fijadas en el contrato o en el convenio, pero ni declaradas, ni pagadas ni cotizadas. Aun así, el 38,6% de las realizadas en 2021 no las cobraron sus trabajadores.

La sanidad, la segunda rama de actividad donde más horas extraordinarias se hacen, es sin embargo donde más se pagan. En 2019 se quedaron en cobrar sólo el 16,8% mientras que en 2021 se elevaron hasta el 21,9%. Aunque ciertamente se triplicaron en 2020, al pasar de 354.300 mensuales antes de la pandemia a 990.400.

También en la construcción, la proporción de horas extra no pagadas es de las más bajas, el 22% en 2021, tras una caída de 11 puntos desde 2019. Curiosamente, en 2020 los empleados de las administraciones públicas hicieron más horas no pagadas –el 50,5%– de las que cobraron. Un año después, aún se quedaron sin remunerar el 48% de las que trabajaron.

Pero los campeones del trabajo gratis fuera de jornada son, además de los profesores, los empleados bancarios. El 84% de ellos no cobra las horas extra. Pese a años de denuncias sindicales e incluso demandas judiciales, los bancos siguen sin reconocer que sus plantillas trabajan más allá de las horas estipuladas en sus convenios.

Les siguen los trabajadores encuadrados en el epígrafe de las actividades profesionales, científicas y técnicas, como los consultores de las Big Four antes citados o los trabajadores de los medios de comunicación, que en 2021 no cobraron el 72% de las horas extra que hicieron cada semana.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha puesto en marcha un simulador informativo para que los trabajadores autónomos calculen la cuota que les corresponde con el nuevo sistema de cotización por rendimientos netos que entrará en funcionamiento en enero de 2023, según ha informado este viernes en un comunicado, según informa Europa Press.

Esta calculadora está disponible a través del portal Importass, en el área pública, dónde también hay información sobre el nuevo sistema, las claves sobre cómo calcular los rendimientos y los pasos a seguir en los próximos meses.

El autónomo deberá indicar el tramo en el que se encuentran los rendimientos que se espera obtener y el simulador le mostrará la cuota mínima y máxima por cada tramo correspondiente.

La calculadora de la Seguridad Social también ofrecerá el desglose de las cotizaciones, como las contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional, así como la base de cotización. También permitirá a los trabajadores por cuenta propia conocer las prestaciones a las que tienen derecho, según su base de cotización.

Además, a partir del próximo mes, Importass incorporará nuevas funcionalidades para gestionar los tramites conforme al nuevo sistema. De esta forma, los autónomos podrán comunicar los rendimientos esperados, elegir de forma sencilla su base de cotización o solicitar y modificar los beneficios aplicables.

La Seguridad Social también prevé el desarrollo de otro simulador personalizado.

El nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, basado en los rendimientos netos, establece que en los próximos tres años se despliegue de forma progresiva un sistema de 15 tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo.

Esos tres años serán una transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se completará, como muy tarde, en nueve años.

El nuevo sistema define el concepto de rendimientos netos, fundamental para la puesta en marcha del nuevo sistema. De esta manera, los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.

Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.

Los cambios del nuevo sistema permitirán a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos netos, descontando los costes de desarrollar su actividad, hasta seis veces al año.

Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

A los siete meses de que se abriera la negociación en el Diálogo Social, el Estatuto del Becario está casi pactado. CCOO y UGT ya le han dado su visto bueno, pero la CEOE aún no se ha pronunciado e insiste en que la mesa sigue abierta. Quienes sí han expresado su enérgico rechazo han sido los rectores de las universidades españolas, secundados por las fundaciones universidad-empresa. Ambas instituciones han cargado contra la que tachan de “incomprensible laboralización” de una actividad que, dicen, es sólo académica, se oponen a que los becarios coticen a la Seguridad Social y se quejan de que el borrador del futuro estatuto parta de la “sospecha” de que existe una “mala praxis generalizada”.

Desde 2018 la Inspección de Trabajo lleva a cabo una especial vigilancia sobre el “trabajo no declarado” de los jóvenes; es decir, persiguen las falsas prácticas que encubren una auténtica relación laboral. Un becario que hace, gratis o por muy poco dinero, el trabajo que debería corresponder a un empleado cuyo contrato se ahorra una empresa o una institución. Como resultado de esos controles, la Inspección afloró 5.122 falsos becarios en cinco años. Cuando más, en 2020, 1.859, según recoge el informe anual de la Inspección de Trabajo. El año pasado, 1.183, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el Ministerio de Trabajo. Hasta 2018, los falsos becarios descubiertos no llegaban ni el medio millar anual.

A su vez, los expedientes abiertos a las empresas infractoras supusieron el pago de 12,9 millones de euros en cotizaciones adeudadas a la Seguridad Social entre 2018 y 2020.

A diferencia de la Conferencia de Rectores (CRUE) y de la Red de Fundaciones Universidad Empresa (Redfue), CCOO sostiene que los becarios han sido “una fuente de fraude y explotación laboral”. Ocurre también cuando la parte formativa queda en segundo lugar, por ejemplo. El sindicato culpa a las prácticas no laborales de ser las causantes del menor tirón de los contratos formativos: “¿Para qué hacer contratos si con una beca sin derechos basta?”, se pregunta CCOO. También asegura que las prácticas extracurriculares, las que no están incluidas como obligatorias en los planes de estudio, son “la figura más precarizada y menos protegida” y las que más contribuyen al fraude.

“Perseguir y acabar con el fraude” es uno de los objetivos declarados de la nueva regulación, según explica también UGT. No sólo porque delimita lo que es formación y lo que es trabajo, sino además porque impide, por ejemplo, que las empresas empleen a más de un 20% de becarios en sus plantillas. A partir de ahora, si la Inspección descubre un becario en fraude, la sanción para la empresa será convertirlo en trabajador indefinido.

La tentación de emplear a becarios para hacer el trabajo que corresponde a un asalariado en plantilla quizá no sea “generalizada”, pero está extendida. La Inspección de Trabajo ha encontrado falsos becarios en empresas de bandera como el diario El País y la Cadena Ser, en entidades públicas como la Presidencia de la Generalitat valenciana y en restaurantes de renombrados chefs como Jordi Cruz y Ángel León.

Pero el punto que más ha soliviantado a los rectores es la exigencia de que los becarios coticen. Una polémica antigua que incluso contó en su día con el rechazo del Ministerio de Educación. A favor de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas ha estado siempre el Ministerio de Trabajo, también durante los gobiernos del PP: la necesidad de ingresos en el sistema obligaba al departamento a la búsqueda ávida de cotizantes. La cuota de los estudiantes en prácticas es muy pequeña. Debe ser la misma que tiene un contrato de formación, excluidas las contingencias comunes, la de desempleo, el Fogasa y la Formación Profesional: 61,78 euros. Pero, aun así, la CEOE no quiere aumentar las cotizaciones que pagan las empresas, mientras que los rectores creen que exigirlas “disuadirá” a éstas para que ofrezcan formación a los estudiantes, por un lado, y aumentará la carga de trabajo de las universidades, por otro.

En cualquier caso, las cotizaciones de los becarios a la Seguridad Social no se incluyen en el Estatuto recién pactado, sino que se discuten en otra mesa del Diálogo Social con el ministerio que dirige José Luis Escrivá. Y en ella ya se han ofrecido bonificaciones superiores al 90%, por lo que, de aprobarse, las cuotas que deban pagar empresarios y estudiantes no superarán los 15 euros mensuales.

A cambio, se pretende que el tiempo cotizado compute para cualquier prestación pública contributiva, incluida la pensión de jubilación. Los rectores, sin embargo, consideran un “sinsentido” que, a cambio de la cotización, se ofrezcan prestaciones como la incapacidad temporal y las de maternidad o paternidad, o se atiendan en la Seguridad Social “situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos”. “Al margen de que en España la asistencia sanitaria es universal”, subrayan los rectores, “los estudiantes la tienen específicamente protegida a través del seguro escolar”. En lugar de la cuota, aun pequeña, los rectores reclaman una “cotización ficticia”, como la que se utiliza ya para cubrir lagunas de cotización de algunos trabajadores.

Lo que sí deberán desembolsar los empresarios a partir de ahora serán los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de sus becarios, si los hubiera. Los estudiantes en prácticas, además, podrán utilizar los servicios de comedor, aparcamiento u otros de que disponga el resto de la plantilla, y en las mismas condiciones.

El Estatuto también establece ciertas medidas de protección frente al abuso. Los becarios no podrán trabajar de noche o a turnos, y disfrutarán de los mismos descansos, festivos, permisos para ir la médico, baja por enfermedad y vacaciones que el resto de los trabajadores.

Finalmente, el borrador determina la desaparición de las prácticas extracurriculares en 2025. Sólo se podrá ser becario mientras se cursen estudios, ya sea universitarios o de FP, y siempre que la formación en una empresa esté incluida en el plan de estudios. Para cualquier otro tipo de práctica posterior las empresas deberán suscribir contratos formativos en alternancia y de adquisición de práctica profesional. Empresas y universidades tienen un periodo transitorio de hasta tres años para adaptarse al cambio.

Sin embargo, los rectores critican por discriminatorio el fin de las prácticas extracurriculares, pues aseguran que habrá estudiantes que quedarán fuera del sistema de becas. Como tampoco lo han aplaudido los estudiantes. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) cree que la supresión de este tipo de prácticas no eliminará el fraude. Por el contrario, reclaman que se las equipare “en control, limitación y proyecto formativo” a las curriculares.

Según las cifras del Ministerio de Trabajo, en España hay medio millón de becarios, universitarios y de Formación Profesional. Además, las estadísticas del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) registraban al cierre de 2021 un total de 80.080 contratos en prácticas, así como otros 30.672 contratos de formación y 5.379 contratos de investigador predoctoral en formación. La diferencia con los becarios es que, en todos estos casos, la relación laboral está clara y sus condiciones se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

Para firmar un contrato en prácticas el interesado debe haber terminado sus estudios y contar con el correspondiente título, bien universitario o de Formación Profesional. Pero no pueden haber transcurrido más de tres años desde que acabó de estudiar. A su vez, el contrato no se puede prolongar más allá de un año. Su salario no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los contratos de formación están destinados a menores de 30 años que carezcan de cualificación profesional y no pueden prorrogarse durante más de dos años. El trabajador tiene derecho a reducciones de cuotas del 100% y el empresario también al 100% si la plantilla tiene menos de 250 personas o al 75% si tiene más.

Los contratos de investigador predoctoral en formación no pueden durar más de cuatro años y su retribución no puede ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año y al 75% durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al SMI. Y disfruta de una reducción del 30% de la cuota empresarial por contingencias comunes.

¿Cuál es el resultado a efectos laborales de este tipo de contratos? Sólo el 27,6% de los contratos en prácticas y el 6,6% de los de formación firmados en 2021 se convirtieron en indefinidos.

La CEOE puso el grito en el cielo cuando se supo que los Presupuestos del Estado incluyen una subida del 8,6% de las bases máximas de cotización. Lo tachó de “impresentable” y de “golpe al tejido productivo”, además de advertir de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Se trata de las cuotas que deberán pagar a la Seguridad Social quienes en 2023 cobren a partir de 4.495,4 euros brutos al mes, casi 54.000 euros al año. Y es la misma subida que tendrán las pensiones el año próximo, mejoradas a su vez con el alza media que experimentará la inflación este ejercicio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, explicó este viernes que ese aumento de las bases máximas sólo representa 0,4 puntos porcentuales del 8,4% en que su ministerio ha presupuestado el crecimiento de la recaudación por cotizaciones sociales para 2023: 562,3 millones de euros de los 11.814 millones que prevé mejoren esos ingresos. La subida de las cuotas a la Seguridad Social, precisó, supondrá que las empresas deberán pagar 100 euros más al mes por cada trabajador que gane 53.944,8 euros brutos al año, y éste 20 euros más al mes de su nómina.

Durante la presentación a la prensa de los presupuestos de su departamento, Suárez no ahorró en superlativos cuando calificó de “extraordinario” el aumento de las cotizaciones sociales que, según sus cálculos, se recaudará el año próximo, gracias al aumento de la afiliación, el aumento de las bases de cotización y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aseguró, además, que se trata de un “cambio estructural”, por el que las cotizaciones sociales han alcanzado los 11 puntos porcentuales del PIB, “un récord histórico”. La recaudación superará un 22% la de 2019, antes de la pandemia, cuando ya creció más de un punto debido a la subida del salario mínimo y a la mejora del mercado de trabajo, subrayó el número dos del ministerio.

Así, del 8,4% de crecimiento presupuestado para 2023, dos puntos corresponden al 0,6% de recargo en la cotización que se llevará el MEI –para financiar las pensiones hasta 2032–, 2,6 puntos provendrán de la recuperación del empleo y 3,8 puntos de la mejora de las bases de cotización –por los mejores salarios de trabajos cada vez más cualificados y productivos, así como por los efectos de la reforma laboral y del Plan de Recuperación, según enumeró el ministro José Luis Escrivá–. De esos 3,8 puntos, sólo cuatro décimas procederán de la subida de las bases de quienes más cobran: 562,3 millones de un total de 5.344,6 millones de euros. Escrivá aseguró que teniendo en cuenta todos esos “refuerzos” de las bases de cotización, sus previsiones de recaudación son, en realidad, “prudentes”, pese a la incertidumbre del momento económico. También crecerán los ingresos por el nuevo sistema de cotización de los autónomos: 12.300 millones, 700 millones más que en 2022. En total, los ingresos por cuotas sumarán 152.075 millones, que servirán para pagar el 80% de los 190.083 millones que la Seguridad Social se gastará en pensiones.

El ministro reiteró que las bases máximas de cotización se suben todos los años pero, además, subrayó que “deben” subir tanto como lo hagan las pensiones. Es lo que ocurrirá en 2023. “Quizá hemos dado por hecho algo que parecía evidente”, apuntó por su parte Borja Suárez. Escrivá volvió a declarar su sorpresa por la reacción de la patronal, cuando la Seguridad Social ha “renunciado” a unos ingresos de 15.000 millones de euros “para proteger el tejido productivo”, en referencia a los descuentos en cotizaciones concedidos a las empresas durante la pandemia. Los sindicatos, por su parte, han acusado a la patronal de “sobreactuar” en su rechazo a la subida de las bases máximas, subrayan que éstas deben subir lo mismo que la inflación todos los años y advierten de que lo “injusto” es que en años anteriores no lo hicieran.

José Luis Escrivá citó en dos ocasiones el discurso que la representante alemana en el BCE, Isabel Schnabel, dio en el Foro Vínculo Atlántico de A Toxa (Pontevedra) para negar que España padezca un problema de costes laborales. “Los salarios reales crecen menos que en otros países de nuestro entorno, por lo que en términos relativos las empresas no pierden en competitividad, en el caso de las exportadoras”, describió apoyándose en los datos aportados por la experta alemana. Si no exportan, añadió, hay que fijarse en sus márgenes, y éstos, según las cifras de Schnabel, no sólo se mantienen, sino que incluso en algunos sectores como el energético se han ampliado. Mientras, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.

El ministro explicó igualmente en qué consiste el destope de las bases máximas que se discutirá con los agentes sociales en la mesa sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones. Esa elevación se hará “en términos reales”; es decir, contando con la inflación, con “ciertos desfases” respecto de la subida de las pensiones máxima y de forma progresiva en los próximos 30 años. Pero no empezará a aplicarse en 2023, aunque deberá haberse pactado con sindicatos y patronal antes de que acabe este año, para cumplir el mandato de Bruselas.

“Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, que el destope esté parametrizado en todos sus elementos. Ahora falta una regla y es lo que intentamos corregir. Antes de que acabe el año tendremos pactada esa senda de largo plazo, pero eso no afecta a lo que hagamos un año, son cosas disociadas. En el Diálogo Social estamos hablando de algo a largo plazo”, detalló Escrivá. La CEOE había acusado al Gobierno de decidir la subida de las bases máximas “a espaldas” de los agentes sociales.

Gracias a sus optimistas previsiones de ingresos, el ministerio mantiene el déficit de la Seguridad Social en un 0,5% para 2023, el mismo presupuestado para el ejercicio en curso. Es más, Escrivá aseguró que, si no fuera por la guerra en Ucrania y sus efectos en el precio de la energía y la inflación, la Seguridad Social ya habría vuelto al superávit con sólo que hubiera repetido este año la inflación media de 2021. Para cuadrar las cuentas del próximo año, el Estado hará una aportación de 38.904 millones de euros a la Seguridad Social, un 6,6% superior a la del ejercicio anterior. Hay que recordar que el pago de las pensiones sube un 9,4% respecto a 2022. Mientras que las prestaciones por incapacidad temporal caen un 12,9%, una vez concluida la pandemia.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Escrivá prevé que el número de hogares beneficiarios alcance los 650.000 desde los 510.000 actuales, una vez en marcha las diferentes medidas diseñadas para llegar hasta los potenciales usuarios de la prestación que hasta ahora no lo han solicitado. Según las encuestas que la Seguridad Social ha remitido por SMS a estos potenciales beneficiarios, uno de cada cuatro no conocía bien el IMV o si lo conocía, tenía dudas sobre los límites de ingresos que le dan acceso a él o sobre si perdía otras prestaciones, indicó Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión.

Para aumentar la cobertura del IMV, se ha permitido a los ayuntamientos y a 13 ONG que certifiquen los requisitos necesarios para obtener la ayuda e incluso el ministerio utilizará la colaboración de EAPN (European Anti Poverty Network) para acudir a comedores sociales y centros de reparto de alimentos y ropa e informar a potenciales beneficiarios. El año próximo, además, se pondrá en marcha el “incentivo al empleo”, que se activará cuando aumenten los ingresos del trabajo del beneficiario del IMV, bien porque haya encontrado un empleo que antes no tenía o porque le han subido el sueldo, por ejemplo. Según los cálculos del ministerio, uno de cada cinco hogares, unos 100.000, se beneficiarán del incentivo. Hasta ahora se han gastado 3.097 millones de euros en el IMV.

Que el “el Gobierno ha subido 24 veces los impuestos” desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se ha convertido en un lugar común de los discursos de Alberto Núñez Feijóo, de su equipo y, por extensión, del argumentario que los dirigentes del PP repiten en casi todas sus intervenciones. Algunos añaden una conclusión heredada de Pablo Casado: España vive en un “infierno fiscal”.

La realidad es muy distinta. De las 24 subidas de impuestos que el PP reprocha al Gobierno, apenas 11, prácticamente la mitad no lo son. Para exagerar la presión fiscal ordenada, según ellos, por Pedro Sánchez, el equipo de Feijóo ha incluido en la lista subidas de tasas y de cotizaciones sociales, así como reducciones de exenciones que no significan un incremento de la fiscalidad.

El PP incluye en la lista, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales de 2019, 2020 y 2022. Pero una cosa son los impuestos y otra, muy diferente, las cotizaciones sociales destinadas a la Seguridad Social. Pagar el IRPF o el IVA, por ejemplo, genera recursos al Estado y a las comunidades autónomas para financiar las necesidades colectivas. En ese caso, no existe una contrapartida directa: todo depende de cómo se utilice ese dinero (carreteras, sanidad, educación).

Las cotizaciones, en cambio, son aportaciones periódicas a una entidad de previsión social con el fin de asegurar una serie de contingencias futuras. En España la entidad en cuestión es la Seguridad Social, de la que depende que cobremos desde una baja laboral al seguro de desempleo o la pensión. A diferencia de los impuestos, existe una contraprestación directa, que dependerá de que cumplamos la condición para recibirla (estar en el paro, de baja o jubilados).

La subida de la base mínima de la cotización a la Seguridad Social es, además, una consecuencia directa de la subida del salario mínimo. De ese modo se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo suelo salarial y así mejoran también los ingresos del sistema.

El PP también incluye entre los impuestos del “infierno fiscal” creado por Pedro Sanchez la subida de tasas en 2021 y 2022. Pero las tasas tampoco son impuestos. Son tributos que se imponen al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades a los que están indisolublemente vinculados. Por ejemplo, una tasa por la recogida de basuras. Su sentido es financiar un servicio o uso concreto prestado por la administración pública.

La lista que maneja el equipo de Núñez Feijóo rreoge también la reducción de las exenciones de los planes de pensiones privados llevada a cabo en el IRPF en 2021 y 2022. Aquí lo que hizo el Gobierno no fue aumentar el IRPF sino rebajar una exención por determinadas aportaciones a sistemas privados de previsión social siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), derivadas de su creencia de que los incentivos actuales a estos planes de previsión social complementaria no cumplen con el objetivo de generar ahorro a largo plazo para la jubilación y que se puede calificar como un beneficio fiscal regresivo, pues se concentra en los contribuyentes de rentas más altas.

El PP cuenta también como subida, en su caracterización del “infierno fiscal” español, varias modificaciones legales. En primer lugar, la de la Ley del Impuesto de Sociedades destinada a reducir del 100 al 95% (apenas cinco puntos porcentuales menos) la exención de dividendos y plusvalías de las compañías participadas. Pero, de nuevo, esta reforma, llevada a cabo en 2021, reduce exenciones, no crea nuevos impuestos. Y afecta a las empresas que tiene filiales y cobran dividendos u obtienen plusvalías por operaciones relacionadas con ellas, lo que está lejos de afectar a los ciudadanos de a pie.

La segunda es la nueva Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre de 2021, y que el PP considera una subida fiscal porque incluye un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afecta a todos los impuestos patrimoniales. La aplicación de esta reforma, en el año 2022, incrementa, según el PP, las bases de cotización de los inmuebles obligados a tributar por los impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, que en realidad están bonificados casi hasta desaparecer en varias comunidades autónomas.

Lo que hace la nueva ley es modificar la base imponible de ambos impuestos, sustituyendo el llamado valor real por el valor de mercado. De esta manera, siempre que exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincidirá con el valor de mercado. Cuando se trate de bienes inmuebles, la nueva norma introduce en estos impuestos el valor de referencia previsto en el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, que se determina según el valor de todas las compraventas inmobiliarias efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario público.

La lista del PP incluye otras trece subidas de impuestos que sí son reales. Veamos cuáles son y cómo afectan a los ciudadanos.

En primer lugar, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, al que los medios apodaron como tasa Google. Grava a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Es decir: compañías, en su mayoría tecnológicas extranjeras, que ganaban dinero con datos de clientes españoles pero que no tributaban por ello.

Los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido han pactado con Estados Unidos mantener sus respectivos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Eso ocurrirá el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.

A partir de 2024 se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales estadounidenses afectadas por los impuestos digitales nacionales son superiores a los que hubieran tenido que pagar al amparo del pilar 1. En caso de que fuera así, España y el resto de países europeos tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades.

El segundo impuesto nuevo creado por el Gobierno de Sánchez es el de Transacciones Financieras, apodado a su vez como tasa Tobin, en referencia al economista que lideró la propuesta de gravar el tráfico internacional y de usar lo recaudado para financiar servicios públicos. Están obligados a pagar este impuesto quienes adquieran acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, siempre que tales sociedades tengan acciones admitidas a negociación en un mercado regulado y un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El Gobierno también subió en 2021 el IRPF, pero no para todo el mundo. Sólo para las rentas más altas. En concreto, aumentó en 2 puntos porcentuales la escala de gravamen general para las rentas superiores a 300.000 euros en la base imponible general y fijó en el 24,5% el tipo marginal aplicable a la escala de gravamen de la parte de la tarifa estatal (las comunidades autónomas tienen libertad para subir o bajar su parte de la tarifa).

Al mismo tiempo, elevó tres puntos el tipo marginal de gravamen aplicable sobre los rendimientos del ahorro hasta situarlo en el 26%. Pero no para todos: solo para las pocas rentas superiores a 200.000 euros.

La quinta subida de impuestos que el PP reprocha al Gobierno es la que elevó en 2021 el último tramo de la tarifa del Impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5%. Un ajuste que afectó a muy pocos. En concreto, a los patrimonios con bases liquidables por encima de los 10,7 millones de euros (descontado el mínimo exento de 700.000 euros). Y sólo en las comunidades que no han bonificado este impuesto, porque Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia tienen sus propias escalas y minimos exentos. Madrid, por ejemplo, bonifica sin condiciones el 100% de la cuota resultante. Por tanto en Madrid no se paga impuesto de patrimonio. Aunque su valor sea de 100 millones de euros.

Otra de las subidas fiscales con las que, según el PP, el Ejecutivo ha golpeado a los españoles, es el tipo mínimo del 15% fijado en el Impuesto de Sociedades. Una decisión que afecta únicamente a las grandes compañías: el 1% del tejido empresarial, que sin embargo supone el 60% de la recaudación. Existe además un consenso internacional sobre un tipo mínimo de sociedades de al menos el 15% a las grandes multinacionales en cuyos detalles trabajan la OCDE y el G-20.

El Gobierno de coalición, acusa el PP, también ha subido el Impuesto sobre las Primas de Seguros (del 6% al 8%). Lo que no dice es que este impuesto estaba congelado desde 1998 (23 años) y que sigue siendo un tipo inferior al existente en otros países europeos. En Alemania esta tasa se ubica en el 19%, en el Reino Unido en el 12,5% o en Italia que se establece entre el 12,5% y el 21,5%.

Y la subida del tipo de gravamen de las Socimi, una antigua reivindicación de la izquierda, que acusa a estas sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria de ser herramientas de especulación. La reforma del Gobierno ha hecho que las Socimi hayan pasado de tributar un 0% a un 15%.

Se trata de sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento que siempre, hasta ahora, han tenido un trato fiscal privilegiado. Según el PP, deberían conservarlo.

El “infierno fiscal” que el equipo de Feijóo asegura que existe en España por culpa de Pedro Sánchez incluye también nuevos impuestos que gravan productos perjudicales para la salud o para el medio ambiente. El primero de ellos, la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, busca reducir el consumo de azúcar y favorecer en la población “hábitos más saludables”. 

El consumo en exceso de bebidas azucaradas se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer de endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares, entre otros. Una reducción en el consumo de bebidas azucaradas del 15,4%, según un estudio del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), significaría, sólo en Cataluña, un ahorro de 63,32 millones para el sistema sanitario derivado de la mejora de salud de la población de más de 20 años a lo largo de su vida.

En este capítulo está también la subida del impuesto de matriculación, que el PP cifra en un 20%. Tuvo lugar el 1 de enero de 2022 y es consecuencia directa de la actualización del tributo para que paguen más los vehículos que más contaminan y se beneficien los que menos ensucian el aire que respiramos. 

El equipo de Feijóo también denuncia que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obligue a tributar por el depósito de residuos y por la utilización de plásticos de un solo uso, dos gravámenes con los que el Gobierno y el Congreso, que es quien en última instancia aprueba estas medidas, tratan de desincentivar la generación de desechos y la producción de materiales extremadamente contaminantes.

Los reproches del PP también incluyen la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados para desincentivar su uso. Un tributo que grava los gases fluorados, utilizados en equipos de refrigeración y altamente contaminantes y que es una bandera europea. Los gases fluorados y las SAO (sustancias que agotan la capa de ozono) son gases artificiales de efecto invernadero sumamente potentes —a menudo miles de veces más que el dióxido de carbono (CO₂)— que al liberarse a la atmósfera contribuyen al calentamiento global. Las SAO dañan la capa de ozono que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones solares ultravioleta.

A estos impuestos Feijóo suma ya los que prepara el Gobierno para este año y que gravarán los beneficios extraordinarios de las eléctricas y energéticas y a los bancos.

De lo que no habla el PP cuando critica la política fiscal del Ejecutivo de coalición es de los impuestos que sí ha bajado, todos ellos vinculados a la pandemia y a la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania.

El IVA de la electricidad ha bajado al tipo reducido del 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al tipo mínimo del 0,5%. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica ha sido suspendido: gravaba con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercutía en el precio de dicho mercado y en la factura final. 

Son medidas que permiten reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen.

El tipo del 10% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos). Y el gravamen del 10% incluye a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneficia a 612.000 hogares, según cálculos del Gobierno.

Sigue además en vigor el tipo superreducido de IVA 4% para las mascarillas quirúrgicas y el tipo 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la covid adquirido por centros sanitarios y entidades sociales.

El Gobierno, por último, también ha reducido el 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas en la tributación por módulos del IRPF con motivo de la sequía. Unos 900.000 agricultores y ganaderos que tributan por el régimen de módulos pueden acogerse a esta reducción.

Todo ello en un país, España, que según datos de Eurostat sigue teniendo una presión fiscal (entendida como volumen de recaudación en proporción al PIB) por debajo del 40%: 4,3 puntos menos que la media de los países de la zona euro y 3,8 menos que la media de la Unión Europea. 

Los españoles destinan el 39,3% de su salario bruto a pagar IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. Al menos ésa era la cuña fiscal de España en 2021 según el informe Taxing wages que ha publicado este marte la OCDE. Son apenas tres décimas más que en 2020, el año de la pandemia, pero aún se encuentra dos décimas por debajo de la que cargaba sobre los sueldos españoles en 2019.

Ese porcentaje sitúa a España en el puesto 16 de la lista de los 36 países de la OCDE, el club de los más desarrollados. Por encima, con presiones fiscales más elevadas, se encuentran los principales miembros de la UE. Bélgica es la nación donde sus trabajadores pagan más en el IRPF y las cuotas sociales, un 52,6%, seguida de Alemania, con 48,1%. En Francia se destina a ese fin un 47%, en Italia un 46,5% y en Portugal un 41,8%. Por debajo, además de Estados Unidos –28,4%– y Reino Unido –31,3%–, aparecen desde los países bálticos e Israel hasta Japón. En Colombia no se paga nada, en Chile sólo un 7% y en México un 19,6%. No obstante, España queda por encima de la media de la OCDE, el 34,6%, un porcentaje que ha crecido 1,4 puntos desde 2019, siete veces más que el promedio español, por tanto.

Si la clasificación atiende a los costes laborales, España baja aún más en la tabla, hasta el puesto 21. La OCDE los calcula en 57.802 dólares en paridad de poder adquisitivo –53.859 euros– de media, muy por debajo de Suiza, con los más caros –89.841 dólares—o Alemania –85.370–, Italia –68.848— y Estados Unidos –68.077 dólares–. También quedan incluso por debajo de la media de la OCDE, que es de 58.270 dólares.

De ese 39,3% de carga fiscal, 11,3 puntos corresponden al impuesto sobre la renta, 4,9 puntos son cotizaciones a la Seguridad Social por parte del trabajador y los 23 restantes a las que aporta la empresa. Tanto en el IRPF como en las cuotas de los trabajadores, España queda por debajo de las medias de la OCDE –13 y 8,2 puntos, respectivamente–, pero supera en 10,5 puntos la de las cotizaciones empresariales.

El informe de la OCDE evalúa el impacto de la pandemia sobre la cuña fiscal y los salarios, para llegar a la conclusión de que las medidas sobre el IRPF y las cotizaciones sociales fueron un “componente menor” en la respuesta que los gobiernos dieron a la crisis del coronavirus. El análisis del organismo internacional no incluye mecanismos públicos como los ERTE, tampoco las prestaciones de desempleo o las subvenciones para determinados sectores, pero sí las ayudas directas a las familias con bajos ingresos. En todo caso, las medidas contra el impacto económico y social del covid sí que hicieron bajar la carga fiscal sobre los salarios en 2020, asegura el informe. Los sueldos, no obstante, también se redujeron ese año, y lo hicieron incluso en más países de los que sufrieron su caída en la crisis financiera de 2008, destaca.

En el año de la recuperación, los salarios subieron, pero con grandes diferencias entre naciones. En España apenas se notó la mejoría. Por dos motivos. El primero, los salarios reales antes de impuestos y cotizaciones sólo aumentaron dos décimas. Mientras, en Dinamarca el alza fue del 2,2%, en Portugal del 2,4%, en Reino Unido del 2,5%. E incluso más en Francia, con un 3,3%, y en Italia, con un 3,7%. En Estados Unidos mejoraron un 1,1%, pero en Lituania y en Letonia se dispararon hasta el 7,1% y el 8,7%, respectivamente. El segundo, en España, al igual que en Bélgica, EEUU, Luxemburgo, Estonia, Israel y Turquía, el tipo impositivo subió más –un 1,8%– que la retribución real bruta –ese 0,2% antes citado–, por lo que cayeron los salarios reales netos.

Fruto de las medidas de los gobiernos para amortiguar el impacto del covid, la carga fiscal para un trabajador soltero sin hijos que gana el salario medio español –28.632 euros– se alivió en dos décimas entre 2019 y 2021, muy poco si se compara con el 1,2% de Estados Unidos y Alemania, o el 1,4% de Italia. Pero lejos de países donde incluso aumentó, como Luxemburgo –1,7%– o Portugal –0,5%–. Para las familias monoparentales con un sueldo igual al 67% del salario medio, la presión fiscal se ha reducido en España tres décimas desde 2019, lo que la sitúa también muy lejos de, por ejemplo, Estados Unidos, donde cayó nada menos que un 10,2%. En ese país las medidas contra el covid se centraron en dar prestaciones directas a las familias con menores ingresos.

Al aumento de este tipo de ayudas, de un punto porcentual en su aportación a los costes laborales, atribuye la OCDE la caída de la cuña fiscal entre 2019 y 2021 en la mayoría de los países miembros, tanto para las familias monoparentales como para las que tienen un solo perceptor de salarios. De hecho, 33 de las 36 naciones analizadas concedieron prestaciones para familias monoparentales con dos hijos y salarios equivalentes al 67% del sueldo medio. En Polonia representaron el 31,7% de sus ingresos. De forma que, por ejemplo, la cuña fiscal fue negativa para estas familias en Chile, Nueva Zelanda, Colombia, Australia y Estados Unidos. En el IRPF, el tipo también fue negativo en siete países, uno de ellos España, con un -4,5%, gracias a las deducciones de 1.200 euros. Para parejas con dos hijos, el tipo impositivo fue negativo sólo en tres: Chequia, Eslovaquia y Alemania.

La OCDE también calcula cuánto dinero gana un trabajador con la carga fiscal que se le aplica en cada país: “el dinero que se lleva a casa”. Donde más, en Suiza, 69.359 dólares con paridad de poder de compra para un soltero sin hijas que gane el salario medio. En Reino Unido son 49.396 dólares. En España, la mitad que un suizo: 35.112 euros. Por debajo de la media, tanto de la OCDE como de la Unión Europea –35.773–. Claro que en México se queda en 12.554 dólares, el más bajo de la organización. Si la clasificación se hace con lo que se lleva a casa una pareja con dos hijos en la que sólo trabaje uno de sus miembros, Suiza también es la más generosa, con 80.283 dólares, seguida de Luxemburgo, con 71.239. España, de nuevo, se queda a la mitad, con 38.249 dólares. Una vez más, por debajo de la media de la OCDE –43.116– y de la UE –42.959–. Colombia y México son aquí también los más pobres, con 14.567 y 12.554 dólares.

“Vamos a darle la vuelta a la tortilla”. El director de Recursos Humanos de Tragsa, Álvaro Aznar, resume con esa frase el “cambio cultural” que va a emprender la empresa pública en los próximos meses para cumplir la reforma laboral. La tortilla es el 62% de trabajadores temporales que emplea la sociedad mercantil, un porcentaje escandaloso para cualquier empresa, pero más aún para una de titularidad estatal. La reforma laboral recién aprobada está obligando a todo el sector público empresarial agrupado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a cambiar en pocos meses lo que ha sido una constante de décadas. No todas las empresas públicas tienen un porcentaje tan elevado de empleados temporales, pero en cualquier caso superan con mucho el 26% que es la tasa media nacional. El objetivo de Tragsa ahora es que ese récord del 62% –67% en la filial, Tragsatec– de su plantilla, integrada por 16.408 personas, sea fija. Y para ello tienen unos plazos: la tortilla debe estar perfecta y en el plato el 31 de diciembre de 2024.

Así, en esos dos años, Tragsa tiene previsto hacer fijos a 3.182 trabajadores en su filial, Tragsatec, y a 2.804 en la matriz del grupo, según han confirmado a infoLibre fuentes sindicales. Un total de 5.986 trabajadores, el 36,5% de la plantilla, van a consolidar sus contratos. Todos tendrán que presentarse a un concurso-oposición –ya han empezado a hacerlo– porque, para acceder a un puesto público, deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, se concede un 40% de la puntuación final a la antigüedad y el 60% restante es el resultado de una prueba psicotécnica, un test competencial y una entrevista personal. Antes del 1 de junio deberán haberse publicado todas las ofertas de puestos de trabajo y antes del 31 de diciembre, todas las convocatorias para las pruebas de selección. El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales.

En un webinar difundido el pasado 8 de febrero, Álvaro Aznar explicó en detalle el procedimiento que la empresa va a seguir para culminar lo que bautiza como “la Gran Estabilización”. Un proceso que debería ser similar en el resto de las empresas de la SEPI. La presentación corre a cargo del presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, quien asegura que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha confiado el reto de ser los pioneros dentro de la SEPI: “Queremos que seáis los primeros”, dice que le ha instado el Gobierno. Las empresas públicas van a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclama Casas Grande. Por lo que no puede haber “atajos” en el cumplimiento del nuevo “paradigma”, subraya, no sin antes reconocer que hasta ahora se han llevado a cabo “prácticas poco aceptables” en materia de contratación. “Esto es una política de Estado”, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

España es la campeona europea del empleo temporal. Sólo Polonia tiene un porcentaje mayor de trabajadores eventuales. El de los españoles dobla la media de la UE. Desde los años 80 y al menos hasta la aprobación de la reforma laboral, el 90% de los contratos que se registran cada mes en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) son temporales. Hasta ahora, todos los intentos por cambiar la adicción de las empresas por los contratos eventuales habían sido un fracaso. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores pactados por los sindicatos, la patronal y el Gobierno el pasado diciembre se proponen de nuevo cambiar esa dinámica testaruda del mercado laboral español, obligando a las empresas a utilizar el contrato indefinido como modelo ordinario para emplear a un trabajador y restringiendo el uso del temporal a las sustituciones de otros empleados y a la cobertura de picos de producción. Por tanto, desaparece el contrato por obra y servicio, hasta ahora uno de los reyes del empleo eventual. En 2021 se firmaron casi siete millones de un total de 19,38 millones de contratos, el 36%.

Según el Análisis del personal de sector público estatal no administrativo, que publica el Ministerio de Hacienda y cuya última edición corresponde a 2019, las 139 sociedades mercantiles estatales emplean a 88.199 trabajadores, de los cuales el 37,47% son temporales. Es decir, 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si se cuenta todo el sector público empresarial, la plantilla asciende a 152.131 personas, de las que casi el 24% son temporales. Donde más cuota de eventuales hay es en las 35 fundaciones públicas –Fundación del Teatro Real, Fundación ICO, Fundación Biodiversidad–, el 43,32% de sus 1.856 trabajadores.

En la SEPI, que agrupa a 15 empresas participadas de forma mayoritaria –desde Navantia y Tragsa hasta la Agencia Efe y el Hipódromo de la Zarzuela– y a nueve con participaciones minoritarias –Red Eléctrica, Hispasat, Enagás–, trabajan 79.118 personas, de las cuales 55.059 pertenecen a Correos. De estos últimos, el 29% son temporales.

Finalmente, en los llamados medios propios instrumentales de la Administración, como Tragsa, Ineco o Isdefe, que sólo trabajan con los encargos que les hacen las administraciones públicas, las cifras son dispares: en Ineco no superan el 50% y en Isdefe son mucho menores, un 20,6%. Entre 2019 y 2021, la plantilla de Tragsa ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años.

Además de la reforma laboral, las empresas públicas deben adaptarse a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que establece en un 8% la tasa de empleos temporales a la que debe reducirse la actual, el 32%, cuando llegue el 31 de diciembre de 2024. Ese porcentaje es, para los responsables de Recursos Humanos de Tragsa, “impensable”. Su objetivo, según explica Álvaro Aznar en el webinar, se quedará en un 25%-30% para la matriz Tragsa y en un 30-35% para la filial Tragsatec.

En todo caso, el cambio en los hábitos de contratación necesita de un giro previo en la gestión, que a partir de ahora deberá ser “más horizontal y transversal, más de funciones o áreas y menos de encargos”, plantea.

Si es así, quizá se evite uno de los peligros que los sindicatos ven acechando en el futuro. Los empleados públicos concursan y obtienen su plaza fija, lo que no quiere decir que sean funcionarios: pueden ser despedidos como cualquier trabajador del sector privado. Cuando se acabe el encargo para el que han sido contratados, se quedarán en la calle con una indemnización de 20 días, en lugar de los 12 que corresponden a los temporales. La reforma laboral recién aprobada deroga la disposición de la anterior de 2012 que permitía los despidos colectivos en las administraciones públicas. Pero los sindicatos consultados no las tienen todas consigo y temen que, cuando vuelva una crisis y las finanzas del Estado necesiten recortes, la falta de encargos a los medios propios instrumentales se solucione de nuevo recurriendo a los ERE.

En 2013, Tragsa presentó a los sindicatos el que por entonces fue el mayor despido colectivo en una empresa pública, pensando en principio para 1.639 trabajadores. Tuvo un recorrido muy accidentado, que incluyó su anulación por la Audiencia Nacional y la posterior rehabilitación por el Tribunal Supremo. Para cuando finalmente se ejecutó, en diciembre de 2015, la cifra de despedidos quedó reducida a 555. Pero al mismo tiempo, la plantilla de temporales se disparaba: la empresa llegó incluso a ofrecer contratos temporales a los mismos trabajadores que había despedido.

Hoy, en cambio, Tragsa presume de llevar cuatro años seguidos con beneficios. En 2021 alcanzó su cifra récord: ganó 24,9 millones de euros tras facturar 1.808 millones y abona dividendos a las administraciones que forman parte su junta general de accionistas: además de la SEPI y el Estado, todas las comunidades autónomas, 37 diputaciones, los cabildos canarios y los consells baleares.

Esa tendencia hacia la contratación temporal va a ser una inercia difícil de vencer en Tragsa y en otros medios propios. Al igual que Ineco e Isdefe, suman un buen número de encargos para gestionar los fondos de recuperación de la UE. En total, al menos 133 millones de euros cobrarán entre las tres empresas para ayudar a las administraciones a tramitar ayudas. La cifra para ejecutar proyectos financiados por esos fondos es muy superior. Y la reforma laboral les permite emplear a trabajadores temporales para llevar a cabo todos esos contratos. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repite en un par de ocasiones en el webinar el director de Recursos Humanos de Tragsa. infoLibre ha preguntado a Tragsa, a Ineco, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda qué volumen de empleo temporal van a suponer esos nuevos contratos, sin obtener una respuesta. Pero no será pequeño. En 2021 Tragsa recibió 92 encomiendas para ejecutar proyectos del Plan de Recuperación. De momento, Ineco ha firmado 18 encargos sólo para tramitar expedientes y desarrollar labores de apoyo y asistencia técnica, mientras que Isdefe tiene otros 11.

Como contrapartida del vuelco laboral que van a dar las empresas públicas, cabe destacar un ahorro: en cotizaciones sociales. Las que pagan tanto las empresas como los trabajadores por desempleo son mayores para los contratos temporales que para los indefinidos. Por los primeros se paga un 8,3% del salario bruto y por los segundos, un 7,05%.