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LOS RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La propuesta de Escrivá no reducirá gasto, recortará poco la pensión y no gusta a sindicatos, patronal, UP y PP

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir” a ser una realidad en la mesa donde los responsables del Ministerio de Seguridad Social negocian con empresarios y sindicatos la segunda fase de la reforma de las pensiones. El departamento de José Luis Escrivá aún no ha proporcionado a los agentes sociales los números que sustentan su propuesta de aumentar de 25 a 30 el número de años que se utilizarán para calcular la cuantía de la pensión, pero debería facilitarlos antes de la próxima reunión, que está prevista para este jueves, según han explicado a infoLibre fuentes de la negociación.

El ministro siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. Cuestión distinta es cuál será su efecto sobre la cuantía que percibirán los futuros pensionistas. En sucesivas declaraciones a lo largo de los meses José Luis Escrivá ha vinculado en todo momento cualquier ampliación del número de años sobre los que se calcula la cuantía de la pensión inicial a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, mencionando a quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, y prometiendo un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o el descarte de los peores años. Según sus cálculos, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

En septiembre, cuando prometió presentar su propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo. Por tanto, no llegaría a los 35 años, como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, la medida que puso encima de la mesa este lunes es una extensión “moderada” del número de años hasta 30, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Es el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Seguridad Social se ha cuidado de precisar que el planteamiento es sólo “un punto de partida”, abierto a las aportaciones de la mesa de diálogo social, pero tanto CCOO y UGT como la patronal CEOE rechazan la medida. Ni está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni tiene posibilidades de obtener apoyo parlamentario suficiente, destacan al unísono los agentes sociales. “El ministerio está empeñado en poner encima de la mesa una medida que no es necesaria”, critica el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, “si no existe la garantía de que es una propuesta de gobierno y con respaldo parlamentario suficiente, no tiene sentido seguir insistiendo”. Bravo se refería así al rechazo manifestado por Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Y al máximo nivel: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no apoya lo que considera un “endurecimiento del acceso a la jubilación” y una “pérdida de derechos”. Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo para debatir la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Al mismo tiempo, los sindicatos advierten de que, sin acuerdo en el diálogo social, va a ser muy difícil que la medida, incorporada en un real decreto-ley que necesita ser refrendado en las Cortes, consiga salir adelante.

Apremiado por Bruselas

Además, el Gobierno debería tener aprobada la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de que acabe el año. La ampliación del periodo de cálculo es uno de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y que compromete al Ejecutivo a cumplir ese plazo.

A la espera de que el ministerio facilite los números sobre el impacto de la medida, tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las pensiones de quienes se jubilen a partir de ahora, UGT desconfía de que sea neutra para los trabajadores “si no se añaden medidas correctoras”, subraya la secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez. El sindicato, continúa, ha encargado sus propios informes, que cifran entre un 7,8% y un 9,2% el recorte que sufrirían las nuevas pensiones de ampliarse el periodo de cómputo a 30 y 35 años.

Carlos Bravo explica que cualquier ampliación del periodo de cálculo beneficia a los trabajadores cuyo salario ha descendido o han perdido el empleo en sus últimos años carrera profesional. Pero no afecta a quienes mantengan su empleo y tengan un salario que haya subido con el IPC. Y perjudica a los que cobren sueldos que hayan mejorado más que la inflación. Lo normal, con esta distribución, por tanto, es que se reduzca el gasto agregado en pensiones.

Sin embargo, el responsable de CCOO concede que, tal y como lo ha planteado el ministro Escrivá, en este caso el impacto en las cuentas de la Seguridad Social será neutro. “Pero afectación individual siempre hay”, precisa. Aunque también admite que el recorte en las pensiones iniciales será pequeño. “Ahora los hombres tienen una media de 40 años de cotización, y las mujeres, que estaban en 28 años, han subido hasta 34”, indica.

Más de la mitad de los pensionistas verían reducida su prestación

También el Banco de España ha hecho sus propias estimaciones. Y antes incluso publicaron las suyas los profesores de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu. El Banco de España calculó el efecto sobre la pensión inicial del aumento de 15 a 25 años que se aprobó en la reforma de 2011 y que se ha aplicado de forma gradual hasta completarse este mismo ejercicio. Según sus estimaciones, el 66% de las nuevas pensiones sufrieron un recorte, mientras que el 19% aumentaron su cuantía y el 15% no se modificaron. Las que bajaron lo hicieron en un 5% de media. Después, calculó el efecto de una ampliación de 25 a 35 años: el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% serían más altas y otro 10% se mantendrían en el mismo importe. En este caso, el recorte medio sería mayor, un 8,2%.

Ahora bien, si el aumento a 35 años fuera acompañado del descarte de los seis años más desfavorables –por lo que el periodo de cálculo quedaría en 29 años, casi los 28 años de la propuesta de Escrivá– el recorte en las nuevas pensiones se “suavizaría” y equivaldría a la que resulta de considerar 25 años de cotizaciones. Aun así, más de la mitad de los pensionistas verían reducida su prestación. En cambio, eliminar los años con peor cotización elevaría las pensiones iniciales de los trabajadores con lagunas en sus carreras laborales, de quienes han sufrido etapas de desempleo y de quienes cobran las pensiones más bajas.

Las cifras del estudio de la Universidad de Valencia son distintas y señalan una disminución de la cuantía inicial de la pensión de un 9% si se aumenta el periodo de cómputo de 25 a 35 años. Pero un alza del 5,6% si se permite elegir los 25 mejores años del total de 35. En este caso, destacan sus autores, los más beneficiados serían los trabajadores con salarios más bajos, los de carreras de cotización más cortas, los hombres y los autónomos.

En cualquier caso, el impacto de una ampliación del periodo de cómputo siempre es dispar dependiendo del tipo y sexo del trabajador, del tipo de empleo o de la carrera de cotización. En general, incorporar los años más antiguos de cualquier vida laboral supone incluir en el cálculo de la base reguladora –el promedio de las bases de cotización actualizadas con la inflación excepto los últimos 24 meses antes de la jubilación– los años con menores salarios. Y, por tanto, bajar la cuantía de la pensión inicial.

Por ejemplo, el Banco de España calcula que, excluyendo los seis peores años del total de 35, los hombres aumentarían su pensión un 1,4%, mientras que la de las mujeres no experimentaría cambio alguno. Quienes sufrieran más de un año de laguna de cotización mejorarían un 2,8%; quienes hubieran estado desempleados, un 2,5%. Los de menores salarios aumentarían su pensión un 2,3%, mientras que los de sueldos más altos la reducirían un 1,7%.

El estudio de la Universidad de Valencia apunta además hacia otras posibles disparidades. Aumentar a 35 años el periodo de cálculo, pero eligiendo sólo los 25 mejores tendrá mayor impacto sobre las jubilaciones demoradas, cuyas pensiones mejorarán un 6,9%, mientras que las anticipadas subirán un 4,8%. Para los autónomos, el alza de la pensión inicial sería de un 8,7%, por encima del 5% de los asalariados del Régimen General.

“Los más afectados serán los trabajadores con carreras de cotización más cortas”, corrobora Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad. A su juicio, no obstante, el recorte que sufrirán las pensiones no será muy grande. Tampoco el efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social. “Incluso el ahorro que se calculaba para la ampliación de 15 a 25 años, entre un 0,2% y un 0,3% del PIB, me parece excesivo”, advierte. En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes académicas consultadas por infoLibre, que preferirían que se considerara toda la vida laboral para calcular el importe de la pensión. Así se hace en toda Europa, concede por su parte Cristina Estévez, excepto en Francia y España. Y esa extensión sí que se traduciría en un recorte considerable de la cuantía de la prestación inicial.

Pero ampliar el periodo de cálculo a 30 años “de forma gradual” no lo considera “tan grave” Santos Ruesga. Otras fuentes apuntan a que, para quienes se vayan a jubilar ahora, incorporar al cómputo de la base reguladora las cotizaciones de los años 90 no les resultará perjudicial. “Fueron buenos años”, recuerdan.

El 60% de la base mínima hasta el 72º mes

De todos modos, para cubrir las lagunas de cotización de mujeres y autónomos, el ministerio ya ha comunicado a sindicatos y patronal un esquema más generoso que el ya existente. Así, ahora se concede un 100% de la base mínima para los 48 primeros meses sin cotización y un 50% a partir de entonces. Escrivá propone aumentar a un 60% entre el 49º y el 72º mes, y reconocer un 50% en adelante. Para los autónomos, ofrece cobertura durante los seis meses siguientes al fin de la prestación por cese de actividad.

Carlos Bravo recalca que CCOO no va a apoyar la ampliación del periodo de cálculo, “el elemento que está más en el aire” de toda la propuesta de Escrivá. En cambio, pone la lupa en otros elementos que considera mucho más relevantes: la subida de las pensiones en función del promedio del IPC y la de las bases máximas de cotización también según ese parámetro. Pero también destaca lo que echa en falta en la oferta del ministerio: cómo aumentar aún más los ingresos del sistema, cómo reducir la brecha de género en las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas y de los mecanismos de jubilación parcial o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050. Todas ellas cuestiones que prioriza frente a la “innecesaria" ampliación del periodo de cálculo.

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