Precariedad laboral

El grupo público Tragsa recontrató como temporales a 100 de los 555 trabajadores indefinidos despedidos en el ERE de 2016

Trabajadores de Tragsa protestaron el pasado jueves ante el Ministerio de Hacienda.

La empresa pública Tragsa ha recontratado a 101 de los 555 trabajadores que despidió en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en enero de 2016. Pero lo ha hecho con contratos temporales: eventuales por circunstancias de la producción, interinidad, obra o servicio y relevo. Algunos de ellos, incluso, a tiempo parcial. Es decir, un centenar de trabajadores –45 de Tragsa y 56 de su filial, Tragsatec–, muchos de los cuales acumulaban más de una decena de años de antigüedad, volvieron a su empresa con fórmulas de empleo precarias. Según la respuesta obtenida por infoLibre a través del Portal de Transparencia, Tragsa explica que todas las contrataciones “han sido realizadas de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria para las sociedades mercantiles del sector público”.

El grupo público, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas, sobre todo –aunque no sólo– en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, es una de las empresas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) con mayor plantilla, 14.417 trabajadores a 31 de octubre de 2019, y la tercera, tras Correos y Navantia, que más aporta a su cifra de negocio.

La crisis también le pasó factura y en 2013 presentó el que estaba llamado a ser el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores. Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Finalmente, entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Al menos un centenar de ellas presentaron demandas judiciales individuales en los juzgados de lo Social, de las cuales más de un tercio dieron la razón a los trabajadores y otras tantas fueron resueltas en la conciliación previa al juicio: Tragsa ofreció entonces a quienes despidió volver a la empresa, pero con contrato temporal y sin la antigüedad acumulada.

De hecho, Tragsa comenzó a sustituir a los trabajadores fijos despedidos por temporales casi al día siguiente de echarlos. Los sindicatos denunciaron que había inundado de anuncios el portal Infojobs: 175 ofertas en los cuatro meses posteriores al ERE sólo en la filial del grupo, Tragsatec.

El mismo mes de enero de 2016 ya buscaba el grupo 46 veterinarios para las delegaciones de su filial en Asturias y Extremadura. Veinticinco para el Principado y 21 para la comunidad extremeña. Ofrecía contratos temporales para cinco y siete meses. Con sueldos de 23.500 a 25.500 euros anuales brutos dependiendo de la experiencia del candidato. En el ERE Tragsatec había despedido a 18 veterinarios en Asturias y 35 más en Extremadura.

Explosión de empleo temporal en una empresa pública

Desde entonces, además, la plantilla de Tragsa no ha dejado de crecer. Al mismo tiempo que volvía a los beneficios, aumentaba las contrataciones. Desde 2016 hasta ahora, según cifras del propio grupo, el número de sus trabajadores ha crecido un 23,7%. Pero lo ha hecho sólo gracias a que ha disparado las contrataciones temporales: 3.112 nuevos empleados, un 72%. Porque los indefinidos son en estos momentos 498 menos que en 2016, un recorte del 7,4%. El grueso de esa reducción se ha producido en Tragsa, que ha perdido 326 trabajadores fijos. Pero el mayor crecimiento de la plantilla lo disfruta Tragsatec, un 29,3%, con un 76,6% más de temporales.

Desde 2016 también ha elevado sus gastos de personal: de 171,26 millones de euros a 204,61 millones en 2018, un 19,4%; es decir, por debajo de lo que ha crecido la plantilla. Lo mismo ha ocurrido con su cifra de negocio, de 251,78 millones de euros a 274,2 millones, un 8,9%. Tras años de pérdidas, superando los 10 millones hasta 2015, en 2016 reemprendió la senda de los beneficios, igualmente por encima de los 10 millones de euros –nueve en 2018–.

Condena de la Audiencia Nacional

infoLibre preguntó a Tragsa por las condiciones en que se recontrató a los despedidos en el ERE, pero la empresa pública se ha limitado a responder que éstas “respetan” los convenios colectivos de aplicación. Aunque no aclare qué salarios perciben quienes regresaron, sí es público que han perdido, por lo menos, la antigüedad. Ellos, si fueron contratados más de un mes después de su despido, y todos los trabajadores temporales entre cuyos contratos mediaba una interrupción igual o superior a siete meses.

En abril de 2016 la empresa dejó de computarles la antigüedad acumulada antes de la reanudación de sus contratos, “sin mediar ningún tipo de información, ni negociación”, según consta en la demanda de conflicto colectivo que CCOO interpuso contra la filial, Tragsatec, en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Social dio la razón al sindicato en una sentencia dictada el 14 de noviembre. En ella el tribunal reproduce otra sentencia suya anterior, de mayo de 2011, en la que ya había reconocido el derecho de los trabajadores temporales al cómputo de su antigüedad independientemente de lo que duren las interrupciones de sus contratos. Fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2012.

Ahora la Audiencia Nacional insiste en que el Estatuto de los Trabajadores impide computar de forma diferente la permanencia en la empresa de los empleados temporales y de los fijos, a los que no se puede dar “un trato más favorable”. Pese a que el Supremo destacaba en su sentencia de 2012 que existe una “consolidada doctrina jurisprudencial” sobre este asunto, Tragsatec ha decidido recurrir el fallo de la Audiencia Nacional, explican a este periódico fuentes de CCOO.

No reconociendo la antigüedad de los despedidos en el ERE que fueron recontratados como temporales, Tragsatec ha dejado de pagar unos 300 euros al mes por trabajador, suponiendo un sueldo de 1.200 euros, calculan las mismas fuentes. “Muchos de ellos tenían hasta 15 años de antigüedad”, resaltan. En la filial se abona un 5% por los cinco primeros trienios y un 10% los tres siguientes.

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