Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, asume desde este martes las funciones de gobernadora con carácter interino, aunque esta situación le impedirá votar en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), según ha recogido Europa Press.

Los estatutos del BCE indican que los que sustituyan a los gobernadores de los bancos centrales nacionales tienen derecho a voto cuando se debatan asuntos relativos a la llave de capital, pero en cambio no podrán ejercer ese derecho en el resto de temas, incluida la política monetaria. Esta situación es relevante porque España tiene derecho a voto en todas las reuniones de política monetaria que quedan durante 2024. Las dos próximas se celebrarán el 18 de julio y el 12 de septiembre. En agosto no se celebra ningún tipo de cónclave en el BCE porque suele ser periodo vacacional.

Las dos próximas reuniones del BCE son relevantes por la situación en la que se encuentra el organismo. En su última reunión decidió bajar los tipos de interés a pesar de empeorar sus perspectivas de inflación para este año y el que viene. En las próximas semanas y meses, el BCE debería ganar algo de luz respecto a la política monetaria según haya nuevos datos de inflación y también en función de lo que decida hacer la Reserva Federal de Estados Unidos.

El mandato de Delgado vence en septiembre, por lo que antes de esa fecha el Gobierno tiene que decidir quién será, al menos, el sucesor de Pablo Hernández de Cos como gobernador de Banco de España. En su último blog publicado por el organismo el lunes, el gobernador ha defendido que el Banco de España ha contribuido decisivamente a la formulación de las políticas económicas para afrontar esta compleja situación.

"Ha sido un privilegio ser gobernador del Banco de España y liderar un equipo humano tan cualificado y comprometido con los objetivos de la institución que, en último término, pretenden contribuir a la mejora del bienestar de nuestra ciudadanía", ha enfatizado.

Margarita Delgado, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Banco de España en 1988 y en 1991 aprobó la oposición de inspector de entidades de crédito. Desde ese momento, Delgado desarrolló su carrera profesional en todos los departamentos operativos de la Dirección General de Supervisión, ocupando sucesivamente responsabilidades en puestos de jefa de grupo, coordinadora ejecutiva y directora de departamento. Desde 2018 es subgobernadora de Banco de España, mientras que en los cuatro años anteriores fue directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión, en la dirección general de Supervisión Microprudencial I, encargada de la supervisión directa de los mayores bancos de la zona del euro. Antes de acceder al MUS, Delgado fue directora y coordinadora ejecutiva, respectivamente, de dos departamentos de inspección de Banco de España.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avalado este lunes en el Congreso las cuentas sobre las que se sustentan los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023, gracias, especialmente, al impulso de los ingresos sobre el que, en parte, ha dicho no tener explicación, según informa Europa Press.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las nuevas cuentas, ha asegurado que este alza de la recaudación, más allá de la mayor inflación, "supera las elasticidades históricas" registradas en la economía española, y por ello ha pedido "prudencia" para evitar que se trasladen en un mayor gasto estructural.

Hernández de Cos ha asegurado que la previsión del Banco de España es una mayor recaudación para este año que la proyectada por el Gobierno, que permitiría compensar tanto un menor crecimiento en 2023 —prevé un aumento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo— como desviaciones al alza del gasto público, sobre el que ve "riesgos al alza" en el gasto por intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.

En todo caso, ha señalado cómo el Plan Presupuestario apunta a una caída del gasto público respecto al PIB de casi un punto —0,9 puntos porcentuales—, principalmente por la reducción de las subvenciones (0,6 puntos menos), que en todo caso se compensaría en parte con el aumento de las transferencias sociales y los intereses.

En su comparecencia, el gobernador ha reclamado "prudencia" a la hora de emplear el mayor colchón de ingresos ante el "desconocimiento" de la razón que explica su mayor incremento, poniendo como ejemplo los mayores ingresos obtenidos en los años de la burbuja inmobiliaria y advirtiendo por ello del riesgo de que este incremento pueda desvanecerse y deteriorar las cuentas públicas.

"Insisto en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente, hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas", ha subrayado.

Por el lado de los gastos públicos, el gobernador ha advertido de que existen riesgos de desviación al alza en algunas partidas de gasto en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellas afectaría a la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular a las pensiones.

El Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo, el gasto agregado de esta partida presupuestaria aumentaría en unos 1.800 millones de euros, por lo que una subida de la inflación del 8,5% —planteada por el Gobierno en los PGE de 2023—, supondría unos 15.300 millones.

En total, el Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del entorno del 8,5%.

Respecto al impacto en las cuentas de la subida de sueldos de funcionarios, el Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de la remuneración de los asalariados públicos, el gasto de personal se elevaría en aproximadamente 1.400 millones de euros.

De cara al próximo año, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.

Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.

De Cos ha asegurado que ya le ha trasladado al Tesoro que en el balance de la institución, así como la del resto de bancos centrales, "es mucho más sensible el pasivo que el activo a los incrementos de los tipos de interés".

"Por tanto, es de esperar que en los próximos años, y en particular el año que viene, el Banco de España no tenga beneficios y, por tanto, no pueda realizar la transferencia periódica que realiza al Tesoro", ha aseverado. Según ha indicado a continuación el gobernador, el volumen de esa transferencia a las arcas públicas por los beneficios registrados ha alcanzado "alrededor de 0,2 puntos de PIB en los últimos años".

A la vez, el gobernador ha reclamado un amplio consenso político y social para acordar un plan de consolidación fiscal plurianual en España, al que acompañe una revisión integral de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo, y que incorpore a todos los niveles de las administraciones públicas. Ha señalado que este diseño del programa de consolidación fiscal debe permitir reducir de manera gradual el déficit público estructural y la deuda pública.

En un escenario adverso como el actual, el gobernador ha enumerado una serie de recomendaciones para hacer frente al contexto que pasan por impulsar un pacto de rentas, dar un apoyo selectivo a los más vulnerables, establecer un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal y lanzar políticas de oferta decididas y reforzar el proyecto europeo.

El Banco de España ha anticipado una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española, por debajo de lo estimado en abril (4,5%), en un contexto de incertidumbre marcado por la guerra en Ucrania, el alza de precios y la persistencia de los cuellos de botella en los procesos productivos, según informa Europa Press.

"La guerra ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos y ha provocado un repunte muy fuerte de los precios energéticos, materias primas y alimentos", ha explicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el marco de la publicación del Informe Anual 2021.

En el primer trimestre de 2022, el PIB creció un 0,3% intertrimestral y el nivel de actividad en España se situó 3,4 puntos porcentuales por debajo del observado antes del comienzo de la pandemia, mientras que en el conjunto del área del euro, el PIB rebasó en 0,4 puntos su nivel precrisis.

Con todo esto, y según prevé el Banco de España en ausencia de cualquier consideración adicional, el dato del primer trimestre llevaría a una "rebaja mecánica" de aproximadamente medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB de 2022, aunque la revisión a la baja podría ser superior o inferior en el momento en el que el Banco de España publique las nuevas previsiones.

No obstante, desde el organismo que dirige Hernández de Cos han precisado que si no se producen nuevas perturbaciones o un agravamiento de la guerra en Ucrania, esta eventual revisión de las proyecciones publicadas en abril seguiría siendo coherente con el mantenimiento de una senda de recuperación gradual en la economía española, que podría alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia en el tramo final de 2023.

Para ello, será fundamental el despliegue de los fondos europeos "Next Generation EU" (NGEU), que hasta ahora ha sido "modesto" y menor de lo esperado. Según los cálculos del Banco de España, la tasa de crecimiento potencial de la economía española al final de esta década podría llegar a situarse en el entorno del 2%, casi un punto por encima de un escenario sin proyectos NGEU y sin reformas estructurales.

Por el lado de los precios, los nuevos datos apuntan, en comparación con las proyecciones realizadas en abril —que estimaban un alza de la inflación en el año del 7,5%— a avances mayores de la subyacente —componente no energético— y a un crecimiento algo más modesto del componente energético.

El Banco de España ha anticipado que en los próximos meses el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar el de la electricidad —que ha sido recientemente aprobado en España y en Portugal, de acuerdo con la Comisión Europea— previsiblemente presionará a la baja los precios de la energía en el país.

A raíz de esto, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos prevé unas tasas de inflación que se mantendrían elevadas en los próximos meses, para posteriormente moderarse progresivamente, hasta el entorno del 2%, de acuerdo con las estimaciones del resto de entidades.

Bajo este contexto, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de abril anunció que las adquisiciones netas en el marco del programa de compras de activos (APP) concluirían en el tercer trimestre de este año.

En opinión del gobernador del Banco de España, dado que las perspectivas de inflación son "coherentes" con el cumplimiento de las condiciones de la "forward guidance", esta finalización debería tener lugar a comienzos del trimestre, para proceder "poco después" al primer incremento de los tipos de interés.

"En los siguientes trimestres se podría proceder a sucesivos incrementos adicionales, hasta, por ejemplo, alcanzar niveles acordes con el tipo de interés natural si se mantienen las perspectivas de inflación de medio plazo en torno a nuestro objetivo", ha señalado Hernández de Cos.

Ante este nuevo panorama, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha reiterado las recomendaciones del organismo para establecer un pacto de rentas con compromisos plurianuales entre los agentes sociales, evitando así que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, que solo agravaría los efectos nocivos que se derivan del episodio inflacionista actual y del conflicto bélico en Ucrania.

Además, ha instado al Gobierno a abordar "sin demora" un proceso de consolidación fiscal plurianual que, aunque no se puede aplicar ahora mismo, ayudaría a "la credibilidad de políticas públicas y a reducir incertidumbre".

Y es que la guerra constituye una fuente de presión adicional sobre las cuentas públicas. En ausencia de medidas correctoras, el déficit de las Administraciones Públicas seguiría siendo muy elevado en 2024, del 4,7% del PIB.

Como resultado de las trayectorias proyectadas para el saldo de las Administraciones y para el PIB nominal, la ratio de endeudamiento público sería todavía muy elevada en 2024, del 113,8% del PIB, 6,2 puntos porcentuales por debajo de la cota máxima alcanzada en 2020, pero casi 20 puntos por encima del nivel de finales de 2019. Esta evolución subraya la necesidad de diseñar un programa de consolidación fiscal que garantice la sostenibilidad de este endeudamiento.

Por el lado de los ingresos públicos, el Banco de España ve necesario llevar a cabo una revisión integral del sistema tributario español. En concreto, plantean que se otorgue un mayor peso relativo a la imposición sobre el consumo (IVA) frente a la que grava la renta.

Además, desde el organismo recuerdan que los objetivos medioambientales requerirán nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos o el transporte, al tiempo que la creciente globalización y digitalización supone incrementar la armonización del sistema tributario a escala internacional.

El Banco de España afirma que antes del estallido del conflicto bélico en Ucrania, la recuperación económica en España estaba en curso tras haber sufrido el impacto de la pandemia. A ello contribuyeron algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno como los ERTE y los programas de avales crediticios del ICO que, según el Banco de España, fueron "eficaces" para favorecer la reincorporación al empleo y mitigar el impacto de las restricciones a la actividad sobre la liquidez de las empresas.

Sin embargo, otras medidas no merecen una valoración positiva por parte del organismo, como es el caso del programa de ayudas directas a pymes, ya que "solo habría contribuido a corregir una parte reducida de los problemas de solvencia que, como consecuencia de la crisis sanitaria, surgieron en estas empresas".

En cuanto a los niveles de desigualdad en España, que ya eran elevados antes del estallido de la pandemia, el Banco de España considera que habrán aumentado como consecuencia de la crisis sanitaria y tras la guerra.

Para reducir los efectos, el Banco de España recomienda medidas en el ámbito de la regulación del mercado laboral, las políticas educativas, las políticas de rentas y las de vivienda.

En cuanto a las políticas de rentas, el organismo considera que es necesario que las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital en el país se sigan ajustando. En lo que se refiere a vivienda, cree que algunas de las medidas que contempla la nueva ley, como el control de rentas, podrían no tener el efecto deseado o incluso, en el medio plazo, suponer efectos adversos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hecho un llamamiento "a la prudencia" ante la subida de 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada entre Gobierno y sindicatos desde el 1 de septiembre, informa Europa Press.

Lo ha dicho en un encuentro este viernes organizado por IESE en su campus de Barcelona, con la profesora de la universidad y consejera del Banco de España, Núria Mas, como moderadora, en el que ha asegurado que "hay que reconocer que tiene efectos secundarios". "Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años", ha asegurado.

De todos modos, De Cos ha avisado de que la evidencia empírica muestra estos efectos en el corto plazo y que es necesario "hacer más estudios", y se ha preguntado por cuáles son las consecuencias en el largo plazo o si un aumento del SMI genera aumentos de productividad. También ha avisado sobre la subida en el momento actual, en el que la "recuperación es firme, pero las características son de recuperación heterogénea", que está siendo más lenta precisamente en los sectores en los que "la incidencia del SMI es particularmente elevada, como los servicios o las pymes".

En todo caso, ha hecho hincapié en que si hay un compromiso político sobre un incremento gradual del SMI y se aceptan los efectos secundarios, se debe "poner el foco en la formación de los trabajadores" para minimizar los efectos.

El Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT alcanzaron en la tarde del jueves un acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año.

El Banco de España asegura que la crisis derivada del coronavirus "no está resuelta"

El gobernador del Banco de España ha asegurado que la crisis económica provocada por la pandemia "no está resuelta en absoluto", aunque la recuperación sigue en marcha. Estas declaraciones también forman parte de su ponencia en el encuentro organizado por Iese en Barcelona. Ha explicado que las previsiones de crecimiento que el organismo publicará la próxima semana atestiguan esta recuperación, pero que el Producto Interior Bruto (PIB) español no recuperará el nivel prepandemia hasta finales de 2022.

Así, "la política fiscal debe seguir sosteniendo la recuperación, aunque de manera más quirúrgica", ha sostenido Hernández de Cos, quien ha añadido que hay sectores que ya se han recuperado del todo y otros que siguen viéndose afectados.

En todo caso, ha pedido hacer compatible la idea de consolidación fiscal y de mantenimiento del estímulo con las medidas temporales que no aumenten el déficit estructural.

Endeudamiento y productividad

Hernández de Cos ha asegurado que los tipos de interés bajos permiten que la deuda pública sea sostenible a pesar de haberse visto incrementada durante la pandemia. No obstante, ha avisado de que los niveles actuales pueden "colocar la economía en una situación muy vulnerable" si hay un cambio de percepción en los mercados sobre esta sostenibilidad y, además, deja poco margen fiscal para poder afrontar una posible crisis en el futuro.

El gobernador del Banco de España afirma además que el mercado laboral es el otro gran reto que debe afrontar la economía española, especialmente en la baja productividad que, según él, se debe a la alta temporalidad y a las "grandes deficiencias en capital humano" y en capital tecnológico.

También ha reclamado mejorar diferentes aspectos de la dinámica empresarial y ha puesto dos ejemplos: facilitar la creación de empresas reduciendo las cargas administrativas y las barreras de entrada.

Por úlitmo, ha añadido que la economía española tiene una enorme dificultad en hacer crecer a las empresas, con barreras regulatorias que desincentivan el crecimiento y ha sostenido: "No sabemos ni siquiera hacer morir bien a las empresas".

El Banco de España ha sancionado a BBVA con 6 millones de euros debido a dos infracciones graves tipificadas en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, informa Europa Press.

La más cuantiosa, de 4 millones de euros, se debe al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada legislación en relación con la información que se proporciona a los clientes sobre la existencia y contenido del código de buenas prácticas, así como, en determinados casos, sobre la información relativa a las causas de denegación de las solicitudes o la documentación a proporcionar por el cliente.

La segunda sanción, que asciende a 2 millones de euros, está relacionada con cuestiones como el momento en que deben aplicarse los efectos económicos de las reestructuraciones, y, en determinados casos, su plazo de amortización o la exigencia de condiciones adicionales a las establecidas en la norma.

Ambas sanciones ya son firmes en vía administrativa, según ha hecho público este lunes el organismo supervisor presidido por Pablo Hernández de Cos.

Eran unos Presupuestos Generales  del Estado (PGE) "antisociales". "No se los cree nadie", declaró el pasado domingo el líder del PP, Pablo Casado, en Zaragoza, y además "nos llevan a la ruina". "Nos llevan a la depresión" económica, agregó. Días antes, Casado advirtió desafiante: "En estos PGE hemos visto que el señor Iglesias alardea de que es un Presupuesto a la medida del comunismo y el populismo que ellos representan". 

El pasado 11 de noviembre, y reforzado por las críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) y del gobernador del Banco de España a las cuentas públicas, Pablo Casado se desmelenó en la tribuna del Congreso de los Diputados durante el debate de los PGE y predijo que los Presupuestos conducen a España a una "crisis sin paliativos", con "déficit, deuda, despilfarro y desempleo". Ese día chocó duramente en el hemiciclo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le reprochó estar "desubicado" y finalmente su bancada, 89 diputados, votó que no. 

Este miércoles Bruselas echó un jarro de agua fría a las profecías apocalípticas de Casado, al que parte de su grupo le pide más moderación en la Cámara Baja. "En general, las medidas adoptadas por España se ajustan a las directrices comunicadas por la Comisión [Europea] a fecha de 30 de marzo de 2020", zanja el Análisis sobre el borrador presupuestario de España. 

La valoración del Ejecutivo comunitario, anunciada en Bruselas por el comisario económico italiano Paolo Gentiloni, no deja lugar a dudas a pesar de las advertencias sobre la deuda. "La mayoría de las medidas previstas España en 2021 respaldan la actividad económica en el actual contexto de considerable incertidumbre", resalta el análisis. Sin embargo y "dado el elevado nivel de deuda pública y de los desafíos sobre la sostenibilidad [fiscal] en el medio plazo antes del estallido de la pandemia, es importante que España, al adoptar medidas presupuestarias, asegure la sostenibilidad fiscal en el medio plazo". Bruselas habla de "riesgos" de la deuda pública, que rebasará el 120% del PIB. Pero el término riesgo en la jerga comunitaria viene a ser un comodín para las instituciones europeas y en todos los análisis presupuestarios de la última década ha estado presente. 

"Riesgos" sin ajustes

El diagnóstico de Bruselas, normalmente el examinador más duro de las cuentas públicas de la Eurozona, ha sido más suave que el de Airef y que las conclusiones del gobernador de España, Pablo Hernández de Cos. En ambas instituciones se apoyó Pablo Casado para vaticinar el desastre presupuestario que la Comisión Europea  descarta. La Autoridad Fiscal Independiente que dirige Cristina Herrero pronosticó una caída de ingresos de entre 9.000 y 18.000 millones menos con relación a las previsiones de los PGE, y defendió "la obligación de poner en marcha planes de reequilibrio a medio plazo" en un análisis publicitado hace casi un mes, el 19 de octubre. 

Otro que no ha encontrado eco en Bruselas es el gobernador del supervisor nacional, Hernández de Cos. Éste empeoró el pasado 4 de noviembre todas las previsiones macro del Gobierno (deuda, déficit, desempleo, caída del PIB) e instó a Pedro Sánchez a elaborar inmediatamente "un plan de consolidación fiscal" similar al que planteó Airef y que debería de aplicarse una vez se supere la pandemia, siempre según el Banco de España. 

Ambos análisis institucionales han sido clave estos días para el argumentario del PP más allá de la justificación de no pactar porque apoyando los PGE del Gobierno se encuentra Bildu, entre otros. 

El examen más fácil de la década

Bruselas, cierto es, realiza advertencias. Pero no entra a valorar medidas concretas o propone planes de ajuste coyunturales. La Comisión, por ejemplo, se refiere a la "tendencia del gasto subyacente por encima del crecimiento potencial del PIB", tendencia "acentuada por la decisión de vincular las pensiones a la inflación y de aumentar los salarios del sector público" un 0,9%. Así, el Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen no reclama retirar esas medidas sino "monitorizar" de manera detenida el impacto de las pensiones y de los sueldos de empleados públicos con relación a la sostenibilidad fiscal. 

Debido a la inyección de 70.000 millones en transferencias directas hasta 2023 -que Moncloa todavía tiene que presentar- y a la sensibilidad de la Comisión hacia el Covid, probablemente ha sido el examen más fácil para el Gobierno de España de la última década. Solo en los Presupuestos Generales para 2017 España cumplió "en líneas generales", una expresión similar a la utilizada esta semana por Gentiloni: pero para lograr ese espaldarazo, Mariano Rajoy tuvo que enmendar un ajuste de 5.500 millones “tan pronto como sea posible”. 

En 2012 Rajoy recibió una bofetada comunitaria cuando la Comisión de Durao Barroso le exigió recortes de 5.000 millones en 2014, y de unos 35.000 millones para los siguientes tres años. En 2015 la Comisión Juncker detectó un “riesgo de incumplimiento” de hasta 3.000 millones de euros. Pedro Sánchez puede estar tranquilo con Bruselas. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado este martes de que se aprecian "daños estructurales" en la economía y ha pedido no efectuar una retirada "prematura" de los estímulos fiscales, sino extender temporalmente y recalibrar algunas medidas ya adoptadas, como los ERTE por sectores o los avales públicos, informa Europa Press.  Asimismo, apuesta por implantar una estrategia a medio plazo de consolidación fiscal una vez se recupere el crecimiento sostenido, así como una agenda de reformas estructurales "ambiciosa" que pase por introducir figuras como contratos de despidos crecientes, la mochila austriaca o una revisión del sistema educativo.

Estas han sido algunas de las directrices citadas por Hernández de Cos durante su comparecencia ante la Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso, en la que ha explicado que tras la etapa de hibernación, se inicia una segunda fase en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual conforme a la desescalada, si bien la disrupción es "la mayor en tiempos de bonanza". Hernández de Cos ha mantenido las previsiones de una caída de la economía de entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre, con una previsión de un retroceso económico de entre el 9% y el 15,1% este año, avisando además de que la crisis afecta a "elementos estructurales" .

Por ello, ha pedido "unidad" entre los políticos y ha subrayado que el apoyo a la recuperación no aconseja efectuar una retirada "prematura" de los estímulos fiscales y las medidas de apoyo en general, ni monetarias, ya que aumentaría el riesgo de daños "más duraderos" en la economía. En el corto plazo, cree que hay que extender "temporalmente" y "recalibrar" algunas medidas ya adoptadas, como mantener las relativas al apoyo a las rentas de hogares y colectivos vulnerables, pero "refocalizando" con un diseño que no distorsione las decisiones de participación laboral.

En concreto, ha citado la extensión de los ERTE a algunos sectores o empresas que seguirán "muy afectados" en los próximos meses y asegurar mecanismos de flexibilidad a las empresas. También ha indicado la necesidad de mantener las líneas de apoyo público a la liquidez, ya que los datos de abril muestran un repunte del 90% del flujo de nuevo crédito de entidades bancarias a empresas y los datos preliminares de mayo apuntan en la misma dirección, sin embargo dependiendo de la evolución económica, las empresas más afectadas "podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación" en los próximos meses.

También ha pedido que haya "nuevas medidas" que pasan por las políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores suspendidos temporalmente para mantener su empleabilidad, al tiempo que ha insistido en la necesidad de reforzar el sistema educativo y revisar los procesos de reestructuración e insolvencia. En este sentido, ha pedido el acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con la actividad cuando se trate de empresas viables.

En paralelo, ha reclamado una estrategia "ambiciosa, temprana, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal", citando varias medias en distintos ámbito como el laboral y explorando figuras como la de contratos con costes de despido crecientes, que puede constituir "un buen punto de partida en la discusión sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio". También aboga por estudiar modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (como la "mochila austriaca") mientras el trabajador mantiene el empleo, con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente según la experiencia acumulada.

El gobernador del Banco de España ha incidido en la necesidad del diseño de una estrategia de consolidación fiscal y su implementación a medio plazo cuando se recupere el crecimiento sostenido, con una revisión "exhaustiva" de los objetivos presupuestarios y los plazos y una revisión "integral" del sistema impositivo para mejorar la capacidad recaudatoria", ante la previsión de una deuda pública que podría alcanzar el 120% del PIB.

El Banco de España ha descartado este lunes el escenario que planteó hace unas semanas de una recesión más breve y moderada provocada por el Covid-19 y ahora estima una duración de la perturbación más larga de lo inicialmente anticipado, por lo que augura que el confinamiento provocará una contracción "muy severa" del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este año, con una recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar el nivel previo, registrando un avance económico de entre el 6,1% y el 8,5%.

Así lo ha señalado el gobernador del organismo supervisor, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para exponer su diagnóstico sobre las medidas implementadas para hacer frente a la crisis del Covid-19 y la evolución de la economía, en la que ha indicado que se descarta el escenario proyectado en abril de una recesión más breve y moderada, al constatarse que será más prolongada e intensa.

Por ello, el organismo ha empeorado el escenario base de la perturbación económica que provocará el Covid-19, ya que en abril auguraba una caída de entre el 6,6% y el 13,6% para el conjunto del año y ahora eleva el descenso a entre el 9,5% y el 12,4%, ya que se constata un impacto "muy abultado" y las caídas más benignas pronosticadas recientemente son "poco realistas".

No obstante, mejora el pronóstico para el próximo año, al augurar un alza de entre el 6,1% y el 8,5%, frente a la horquilla de entre el 5,5% y el 8,5% inicial.

Hernández de Cos ha advertido de que lo que se ha confirmado en las últimas semanas es que la recuperación "no estará exenta de dificultades, sin que se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente", al tiempo que ha avisado de que el shock será de mayor intensidad cuanto más dilatado sea el período en el que se necesiten mantener las restricciones de actividad y con más riesgos de que los problemas de liquidez de "muchos" agentes económicos den paso a situaciones de insolvencia.

Déficit y deuda

Asimismo, ha apuntado que los escenarios macroeconómicos permiten estimar que el coste presupuestario de la crisis será "muy alto" por el doble efecto de las medidas paliativas adoptadas y, sobre todo, de la acción de los estabilizadores automáticos, que conducirán a un déficit público "muy elevado" este año, con su consiguiente traslación al endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas.

En el escenario de caída del PIB más moderada, la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría hasta alrededor del 115%, cifra similar a la proyectada por el Gobierno español, la Comisión Europea, el FMI y la AIReF, y en el adverso superaría incluso el 120% del PIB.

Con la recuperación económica proyectada para 2021 la ratio se estabilizaría en torno a los niveles de 2020 o se reduciría "ligeramente".

Las medidas suponen un impulso de tres puntos de PIB en 2020

El gobernador del Banco de España ha tildado de "insuficiente" la respuesta dada a nivel europeo y ha incidido en que la "severidad, la temporalidad y la globalidad" de la perturbación demandan en una primera fase que las acciones sean "contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas".

"Parece razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa", ha indicado Hernández de Cos, quien ha pedido una agenda de reformas "ambiciosas" y el diseño "temprano" de una estrategia de consolidación fiscal a implementar cuando finalice la pandemia.

Además, ha cifrado en 3 puntos de PIB el impacto directo de las medidas implementadas (algo más de 30.000 millones de euros), sin incluir los avales.

Alcanzar un "acuerdo político" para "varias legislaturas"

Por ello Pablo Hernández de Cos ha reclamado este lunes en el Congreso la necesidad de alcanzar un "acuerdo político" para "varias legislaturas" con el fin de impulsar un programa de "reformas estructurales" que permitan el saneamiento de las cuentas públicas, con una revisión del gasto y la mejora de los ingresos fiscales.

Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para dar cuenta de sus perspectivas económicas ante la crisis del coronavirus, Hernández de Cos ha llamado a poner en marcha esta estrategia una vez se haya superado la pandemia, si bien ha incidido en que "su diseño y comunicación no deberían dilatarse".

Asimismo, ha pedido evitar "una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos". Sin embargo, la contrapartida necesaria de este activismo fiscal es el anuncio temprano de una estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales para su implementación gradual posterior", ha dicho.

El gobernador del Banco de España ha advertido del "grado de incertidumbre inusualmente elevado" de esta crisis, ante las "numerosas incógnitas sin despejar" sobre la enfermedad, que afectará a unas restricciones sobre la actividad economía, cuando a mayor "hibernación", ha dicho, "más daños sufrirá la actividad".

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no quiere que el nuevo Gobierno toque ni la reforma laboral ni las reformas que cambiaron el sistema público de pensiones en 2011 y 2013. Coincide con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que los cambios legales aprobados por el PP en 2012 fueron beneficiosos para el mercado de trabajo español. En una entrevista con el diario británico Financial Times, Hernández de Cos consideró la reforma laboral una de las herramientas para mantener la “competitividad” de la economía española en un “nivel alto”, después de que tras la crisis financiera proporcionara más flexibilidad a las empresas para recortar costes. También reiteró el ya conocido recelo del Banco de España ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional la subida del Salario Mínimo Interprofesional(SMI). El gobernador advierte de que puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos, como los jóvenes y los mayores de 50 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha tardado en pedir su dimisión. “Para defender sus posturas, váyase, abandone una institución pública y defienda sus teorías desde la política, la Academia o desde donde quiera”, escribió en su blog.

No es la primera vez que el Banco de España, a través del gobernador, de alguno de sus directivos o de sus informes, se manifiesta en la misma dirección sobre asuntos tan alejados del campo financiero. Y alimenta la polémica. Ni el rescate financiero, ni la reestructuración que hizo desaparecer las cajas de ahorro, ni la eliminación de miles de empleos y el cierre de cientos de sucursales, ni la resolución del Banco Popular, ni las preferentes, ni las cláusulas suelo parecen preocupar tanto al supervisor como el mercado laboral, los salarios y las pensiones. Al menos en sus manifestaciones públicas.

Sólo un poco antes de la subida del SMI para este año, era el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, quien se declaraba en contra de que se derogaran las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, poniendo en cuestión que vuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensionesvuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensiones, tal y como ha vuelto a hacerse desde 2018. También propuso elevar la edad de jubilación “ligándola a las expectativas de vida”. Y nada más aprobar el Gobierno la penúltima mejora del SMI a 900 euros, el Banco de España pronosticaba que ese alza del 22,3% iba a destruir 125.000 puestos de trabajo. Llegado el verano, los mejores meses para el muy estacional mercado de trabajo español, el Gobierno conminó al Banco de España a “pedir perdón” y “reconocer su error” a la luz de la cifras de creación de empleo.

En realidad, las manifestaciones del organismo supervisor en esa misma línea de pensamiento vienen de antiguo, no importa el gobernador. También las controversias y peticiones de dimisión de quien está al cargo de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero –además de asesorar al Gobierno–.

Despido barato, mochila austriaca, contrato único

Ya en el verano de 2007, aún en plena euforia económica, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clamaba contra los “elevados costes” de despido de los trabajadores indefinidos y contra los “rígidos mecanismos” de la negociación colectiva. Es más, pedía privatizar “sectores claves” como las industrias de red, el mercado de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario. Fue en la presentación del informe anual del supervisor.

Cuando arreció la crisis, Fernández Ordóñez no sólo pedía abaratar el despido, sino también “una reforma laboral urgente” que cambiara el sistema de protección al desempleo. Aunque sin nombrarla, el gobernador ya puso sobre la mesa la conocida como mochila austriaca, el sistema implantado por el Gobierno de Viena en 2003 “que suprime la indemnización por desempleo” y la sustituye por un fondo individual, alimentado con las cotizaciones del trabajador y de la empresa. A su juicio, el subsidio de paro “desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas”.

Por entonces, corría 2009, surgieron las primeras voces que le reprochaban al gobernador del Banco de España su atención por las leyes laborales cuando acababa de pinchar la burbuja inmobiliaria, la morosidad se había disparado y las cajas de ahorroscajas de ahorros estaban a punto de implosionar víctimas de su empacho de ladrillo tóxico. Tampoco pasó inadvertido, cuando Fernández Ordóñez dejó el Banco de España, en 2012, que su finiquito había ascendido a casi 350.000 euros, una cantidad que más que duplica los 45 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente que tan onerosas le parecían cuando estaba en el cargo.

Entonces también se adhirió el gobernador a la propuesta de contrato único lanzado por 100 economistas ese año y defendido desde entonces por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país. Ese contrato, que debería sustituir a los actuales indefinidos y temporales, tiene una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador. Sólo Ciudadanos lo ha llevado en su programa electoral, con algunos cambios sobre el modelo teórico original, puesto que ha suscitado el rechazo del resto de los partidos, la patronal y los sindicatos.

Un año más tarde, la reforma laboral no sólo era urgente sino también “imprescindible”, porque el sistema financiero depende de las políticas que se apliquen al mercado de trabajo, aseguró el gobernador en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Cuando mejore el empleo, bajará la morosidad y las entidades financieras sobrevivirán, explicó. Allí reclamó la suspensión de los convenios colectivos “durante dos o tres años” para que empresarios y trabajadores sean “libres” de pactar rebajas de salarios que salven a las compañías. Esos días se debatía en la Cámara Baja la reforma laboral que había elaborado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo “alcance y eficacia” Fernández Ordóñez veía “limitados” porque dejaba fuera la negociación colectiva.

El incendio: pensionistas con vivienda propia

Su sucesor, Luis María Linde, continuó criticando las reformas laborales por quedarse cortas. La de 2012, la misma que el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, no dudó en vender en Bruselas como “muy agresiva”, no había sido eficaz a la hora de crear empleo, por lo que Linde reclamaba “medidas adicionales” para, entre otras cosas, flexibilizar aún más lo salarios. Es lo que dijo en la presentación del informe anual del Banco de España en 2013: contratos fuera de las condiciones salariales establecidas en los convenios y supresión del salario mínimo para “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para conseguir un empleo. Y eso que el supervisor sí reconocía en sus informes que el único objetivo alcanzado por la reforma laboral de 2012 de entre los que el Gobierno había declarado como tales era precisamente la rebaja general de salarios. Pero ni había cambiado la “pauta de destrucción de puestos de trabajo” anterior ni había reducido el abuso de los contratos temporales.

Tampoco olvidó Linde las pensiones: invitó al Ejecutivo a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que la reforma de 2011 había aprobado que se aplicara de forma paulatina hasta 2027. Además, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que debate cada cinco años en el Congreso cómo actualizar el sistema público de pensiones, Luis María Linde defendió el fomento de los planes privados para “complementar” las prestaciones del sistema público.

Aunque las declaraciones que más encendieron los ánimos las pronunció en una conferencia organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por Caixabank, donde resaltó el alto porcentaje de jubilados que en España poseen una vivienda. Esa “renta en especie”, aseguró, no se tiene en cuenta cuando se analizan las pensiones. Ni cuando se compara la cuantía de las pensiones en España con las de otros países europeos. El porcentaje es en Alemania 20 puntos inferior, apuntó Linde. El alboroto provocado forzó al Banco de España a matizar enseguida las declaraciones de su gobernador. “En modo alguno puede entenderse que [el alto porcentaje de jubilados con vivienda propia] pueda ser argumento para determinar la revisión que se aplique [a sus pensiones]”.

Más tarde, el propio Linde pidió disculpas en el Congreso por “el conflicto creado” alrededor de sus manifestaciones: “Nunca dije que ese dato se tuviera en cuenta para no subir la pensión, o subirla menos a unos o a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas”.

Tampoco fue muy popular su reiterada defensa de la moderación salarial, que considera la base de la competitividad frente al resto de los países de la UE, mientras él se subía el sueldo un 5,8% en 2014. Según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, ese año el salario medio bruto de los españoles había crecido sólo un 0,7% respecto al año anterior.

Tres gobernadores del Banco de España pero un discurso que casi no ha variado en la última década, con crisis económica y con recuperación. Y que va a chocar con las políticas anunciadas por el nuevo Gobierno. No sólo por el salario mínimo, sino también por la prevista derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012 y por la suspensión de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidadel factor de sostenibilidad. Ambas han sido defendidas con fruición por el Banco de España para garantizar la sostenibilidad del sistema recortando el gasto público en pensiones. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se compromete a eliminar definitivamente tanto el IRP como el factor de sostenibilidad.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado de los efectos negativos que tendría para la economía española el plan del Gobierno de derogar, parcial o totalmente, la reforma laboral de 2012, así como de los efectos para el empleo que tendrá la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En una entrevista con el diario británico Financial Times, el gobernador del Banco de España ha subrayado que España "necesita mantener su competitividad" en un "nivel alto". Con respecto a la derogación de la reforma laboral de 2012, un punto del acuerdo que firmaron PSOE y Podemos para formar un Gobierno de coalición, Hernández de Cos ha defendido que dicha reforma dio a las empresas más flexibilidad para recortar costes.

"Dado que es difícil, desde un análisis empírico, desenredar todos estos cambios... si tocas solamente uno de ellos, no puedes saber qué consecuencias tendrá", ha alertado el banquero central. En su lugar, el gobernador ha instado al Ejecutivo a que se centre en otros aspectos del mercado de trabajo, como la reducción del alto porcentaje de trabajadores a tiempo parcial o el problema de paro estructural que tiene España, seún informa Europa Press.

Asimismo, Hernández de Cos también ha alertado de los efectos que tendrá el alza del SMI, sugiriendo que podría tener consecuencias negativas para los trabajadores con baja productividad, como los jóvenes o aquellos con más de 50 años. Este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto por el que se establece una subida del 5,5% del SMI para este año, hasta situarse en 950 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

Durante la entrevista con el diario financiero de la ciudad londinense, Hernández de Cos también ha criticado que la reducción del déficit estructural en los últimos cuatro años "ha sido muy muy pequeña, casi insignificante".

Por otro lado, con respecto a la política monetaria de la zona euro, el gobernador del Banco de España ha defendido que el Banco Central Europeo (BCE) debería fijar su objetivo de inflación en el 2%. Actualmente, la autoridad monetaria aspira a que la inflación se sitúe "cerca, pero por debajo del 2%", aunque dicho enunciado es susceptible de ser modificado como parte de la revisión de la estrategia de política monetaria que ha puesto en marcha la nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde.

1.- La fecha elegida por el gobernador Pablo Hernández de Cos no puede ser más inoportuna, dos días después de unas elecciones autonómicas, municipales y europeas que dejan la gobernabilidad abierta a pactos diversos y complejos, además directamente relacionados con la también abierta búsqueda de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.  [Para conocer por dónde van las cosas conviene mirar al norte, concretamente a Navarra. Ver aquí].

2.- El Banco de España es un organismo público que tiene garantizada su independencia del poder político, algo tan lógico y deseable para el buen funcionamiento democrático como la absoluta independencia que el Ejecutivo y los partidos deben tener respecto al Banco de España. Por eso mismo todo responsable de un banco central es consciente (o debería serlo) de que pronunciarse sobre las pensiones, los salarios, la revolución tecnológica o los efectos de la globalización en mitad de un proceso postelectoral de negociaciones políticas y programáticas tiene unas consecuencias no técnicas ni neutras sino netamente políticas.

3.- No es algo, por desgracia, sorprendente. Pero alarma que se haya convertido en costumbre el desparpajo con el que los gobernadores sucesivos del Banco de España insisten en priorizar discursos cargados de ideología en lugar de vigilar con el máximo rigor el funcionamiento del sistema financiero y la prevención de riesgos para ciudadanos/clientes/contribuyentes. Y esa alarma roza la indignación cuando se repasan los datos sobre el hundimiento y rescate de las cajas, la impunidad en la actuación de centenares de ejecutivos financieros, la sospechosa impericia a la hora de permitir fusiones suicidas o de consentir negocios directamente piramidales como el de las preferentes… mientras el Banco de España miraba hacia otro lado, concretamente hacia el lado de los “salarios demasiado altos” o las “pensiones públicas insostenibles”.

4.- El gobernador Hernández de Cos ha considerado que este último martes era un momento oportuno para la presentación de su informe anual, prolijo y probablemente acertado en muchas de sus aseveraciones, pero todas ellas oscurecidas por dos apuntes inaceptables. Por un lado se lanza la voz de alarma ante la “falta de capacidad de ahorro de los hogares” y su “elevado recurso al crédito para financiar su consumo”, advirtiendo a los españoles que los tipos subirán y que pueden verse (de nuevo) con la soga al cuello. Por otro, se insiste en reclamar una reforma urgente de las pensiones (incluso aunque no haya consenso parlamentario) basada en retrasar aún más la jubilación y en recortar las prestaciones en función de la esperanza de vida. En un ataque de originalidad (y en una demostración de insensibilidad social alucinante) se sugiere por tanto que hay que ahorrar para compensar la merma de las futuras pensiones, y que quien no pueda hacerlo pero tenga vivienda en propiedad siempre puede usar la llamada hipoteca inversa para recibir del banco una paga mensual acorde con el valor de la casa.

5.- Que el Banco de España se queje de que en los hogares españoles se ahorra poco es ofensivo. Porque como sabe muy bien Hernández de Cos el sueldo más frecuente en España no llega a los 17.000 euros brutos anuales. Debería este señor explicar la fórmula cuántica bajo la que considera que con tales ingresos una familia puede no ya ahorrar, sino simplemente llegar a fin de mes.

6.- Conviene recordar que se trata del mismo gobernador que en noviembre pasado se pronunció contra la subida del salario mínimo a los 900 euros acordada por el Gobierno con Unidas Podemos y vaticinó que costaría la destrucción “de 150.000 empleos” (ver aquí). A principios de mayo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) certificó que esa mejora de los salarios no sólo no ha destruido empleo sino que ha contribuido a crearlo. (Ver aquí). Preguntado este martes por el asunto, Cos aduce que es aún pronto para valorar los efectos, y que esa labor la deja para “finales de 2020”.

7.- Que el señor Gobernador es perfectamente consciente de las implicaciones políticas de su discurso queda claro cuando propone, sin el menor disimulo, que la reforma (o recorte) de las pensiones se aborde antes de que el “votante mediano” (ahora situado en los 43 años) envejezca más (ver aquí). De cajón: a medida que vaya creciendo el porcentaje de población mayor de 65 años, más peso tendrán los pensionistas en las urnas y más complicado será que se hagan el harakiri. Por esa vía aún pueden tener recorrido propuestas más drásticas, como la de establecer que los miembros de la generación del baby boom (señalados siempre por la demografía como culpables de toda esta amenaza) hagamos coincidir exactamente nuestra edad de jubilación con la de defunción (en línea con aquella premonitoria viñeta de El Roto).

8.- La propia ministra de Economía ha reprochado al gobernador, con suavidad diplomática (ver aquí), la osadía de sus propuestas. “Si una familia no llega a final de mes, no puede ahorrar”, dice Nadia Calviño, mientras el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ponía el foco en la cuestión central: “Si España pretende competir en el mundo en los próximos 30 años a través de una productividad basada en la rebaja salarial, va otra vez a un desfiladero” (ver aquí). Exactamente, al precipicio al que ya caímos mientras el Banco de España impulsaba o aplaudía las reformas laborales y de pensiones y los recortes salariales que nos han clavado en una precariedad laboral indefinida.

9.- Curiosamente, el propio informe del Banco de España cita la consecuencia más grave de la gestión neoliberal de la crisis: la desigualdad. El problema es que no la sitúa como la prioridad que marque las políticas económicas necesarias para un progreso justo y equilibrado. Por citar también alguna luz en el análisis de Cos, al menos admite la necesidad de abordar políticas de inmigración inteligentes, abiertas y audaces, que son imprescindibles precisamente para afrontar nuestros problemas de envejecimiento y de escasa natalidad. (Falta insistir en que la inmigración no puede articularse para el esclavismo).

Andamos todos (políticos y periodistas especialmente) frenéticos intentando responder cada media hora a la pregunta de quién pactará con quién y a cambio de qué otro cargo o institución. Deberíamos poner mucho más esfuerzo en exigir y conocer no tanto el quién como el qué y el para qué. Las preferencias de los votantes sobre acuerdos o coaliciones de gobierno están más o menos claras cuando se les pregunta. (Ver aquí el último y polémico barómetro del CIS). Y cabe pensar que esas preferencias tienen que ver con sus prioridades sobre pensiones, salarios, empleo o derechos laborales. Difícilmente serán las mismas que plantea el Banco de España.

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas va a interponer una querella en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el espionaje al que supuestamente le sometió el comisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González. Así lo ha anunciado Arenillas en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese juzgado, a cuyo frente se encuentra el magistrado Manuel García Castellón, es el que investiga el presunto espionaje.

En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pide tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen “cuál será su posición” ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.

Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV. En las cartas enviadas el pasado día 14, Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal sino que, además, pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional.

Es decir, quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisa en su carta– pudo haber obtenido información privilegiada de operaciones societarias o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.

El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, “la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva”.

La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo, incluyó más de 15.000 pinchazos telefónicos y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.

La limitada reacción de los reguladores

Hace poco más de una semana, sin embargo, el actual responsable de ese órgano regulador, Sebastián Albella, dio por prescritos los delitos derivados del presunto espionaje, pese a que la investigación judicial, de carácter secreto, arrancó hace menos de un mes y ni siquiera se sabe, por tanto, en qué infracciones penales han incurrido los involucrados. La CNMV anunció entonces que no va a emprender acciones legales ni acometerá una investigación interna.

“Es un caso que ocurrió hace más de 12 años, por lo que creemos que ha prescrito. Yo fui nombrado en 2016 y ahora mismo tenemos muchas otras prioridades que eso, así que no vamos a tomar ninguna medida legal”, aseguró Albella el pasado día 7. “No soy muy partidario”, añadió, “de preocuparme ahora más de la cuenta o dedicar recursos a algo que ocurrió hace 12 o 13 años, por lo que mi inclinación a hacerlo [investigar] es limitada”. Tampoco se ha planteado aún la CNMV si se personará en el caso Villarejo como parte afectada, ya que sus más altos cargos fueron espiados e incluso, como sugiere Arenillas en sus cartas, es posible que se filtrara información confidencial sobre operaciones o empresas que pudo haberse usado como información privilegiada en beneficio de terceros.

De momento, la respuesta de la CNMV al escándalo consistirá en “permanecer muy vigilante” para que el BBVA facilite al mercado información correcta y suficiente. Sebastián Albella entiende que esa información debe ser transparente respecto de los riesgos que afronta el BBVA. Y que debe incluir una “mención específica a los relacionados con la corrupción”. No obstante, considera que el banco “está haciendo el trabajo que tiene que hacer”.

El Banco de España, por su parte, se ha limitado a reclamar una investigación “con total profundidad y con la mayor prontitud posible”, a fin de “eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial” para el BBVA, según declaró el gobernador Hernández de Cos a preguntas de los periodistas en el Congreso. Además, ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia contra González y el BBVA interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por este caso, según publicó El Independiente.