El escándalo del cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para comprar mascarillas es sin duda el más impactante vinculado a los hermanos Ayuso. Pero no es el único. Ambos tienen también un papel en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.

Esos 311.109 euros eran la deuda el pasado 24 de febrero, pero el importe se incrementa cada día en 25,29 euros por intereses de demora. Así consta en un informe realizado hace dos meses por Avalmadrid, al que ha tenido acceso infoLibre, y en el que se desvelan cuatro datos hasta ahora desconocidos sobre el caso: la fecha en que la entidad semipública madrileña reclamó judicialmente el pago del dinero a los avalistas, el resultado de los embargos practicados, el cálculo actualizado de la deuda y la situación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) hipotecada en la operación y que Avalmadrid intenta vender de manera infructuosa desde hace año y medio.

El origen del caso Avalmadrid está en un préstamo de 400.000 euros concedido en marzo de 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de los padres de Ayuso y de otros tres matrimonios. La operación fue avalada por la sociedad de garantías, una entidad donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista y que entonces estaba controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Tres meses después de recibir los 400.000 euros, MC Infortécnica dejó de pagar la nómina de sus trabajadores y a la vuelta del verano despidió a la mayoría. Para entonces, la empresa ya estaba en quiebra, como admitió la propia Isabel Díaz Ayuso en un correo enviado el 23 de septiembre de 2011 al número tres de Avalmadrid. La entonces diputada autonómica del PP había contactado con el directivo precisamente para entender cómo podía afectar al patrimonio de su familia el impago del préstamo. La respuesta era sencilla: sus padres, y los otros seis socios, eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Así que cada uno de ellos debía responder con todos sus bienes en caso de impago.

El 7 de octubre de 2011, dos semanas después de que la dirigente del PP confesase en el correo con el directivo de Avalmadrid que MC Infortécnica estaba muerta (y por tanto no podría devolver el dinero), los Díaz Ayuso donaron sus principales propiedades a sus hijos Isabel y Tomás. A ella un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, y a él una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en Sotillo de la Adrada.

El primer pago de la devolución del préstamo se tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011, pero la quebrada MC Infortécnica no devolvió ni un céntimo. Como la operación estaba garantizada con la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ocho dueños de la empresa, a priori no parecía que Avalmadrid fuese a tener mayor problema en recuperar el dinero. Sin embargo, empezaron a sucederse toda una serie de hechos inusuales con un resultado inequívoco: Avalmadrid permitió que los deudores se descapitalizasen sin reclamarles el dinero.

En el reciente informe elaborado por la entidad semipública madrileña se pone fecha exacta a esa pasividad: “En fecha 10 de octubre de 2019 se interpone demanda de ejecución de título no judicial por importe de 253.650,71 €, más 30% en concepto de provisión de intereses y costas. Tras los trámites procesales oportunos [...] se despacha ejecución con fecha 30 de octubre de 2020, acordándose el requerimiento de pago a los demandados/ejecutados”.

Es decir, Avalmadrid acudió a los tribunales a reclamar el dinero a los avalistas en octubre de 2019, casi ocho años después de que se produjese el primer impago. Ocho años. Pero la fecha es además relevante por otra circunstancia: el caso Avalmadrid había sido desvelado en el verano de 2019 por infoLibre, que publicó una docena de informaciones exclusivas sobre el asunto, que llevaron incluso a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid [puedes consultarlas aquí]. En otras palabras: la sociedad de garantías controlada por el Gobierno madrileño no acudió a los tribunales a reclamar el dinero hasta que el escándalo se hizo público.

En su informe de finales de febrero, Avalmadrid explica cuál ha sido el resultado de la reclamación judicial del dinero a los deudores: “A fecha de hoy no se ha recibido importe alguno procedente de los embargos acordados sobre los bienes y derechos de los ejecutados”.

Aunque no lo pone en este último informe, Avalmadrid sabe perfectamente que no recuperará el dinero por una sencilla razón: fue la propia entidad semipública la que en su día permitió que los avalistas se desprendiesen de todos sus bienes sin realizar actuación alguna para impedirlo.

infoLibre reconstruyó en su día la historia registral de los 14 inmuebles que los ocho socios de MC Infortécnica utilizaron para justificar su solvencia ante Avalmadrid y lograr así que les concedieran los 400.000 euros. Los Díaz Ayuso fueron los primeros en deshacerse de su patrimonio, mediante las donaciones a sus hijos Isabel y Tomás. Pero, a la vista de que Avalmadrid permitía descapitalizarse a sus deudores, el resto siguió su ejemplo. El resultado es que, en julio de 2012, ninguno de los ocho avalistas tenían ya bienes embargables a su nombre. Habían traspasado mediante donaciones a familiares o vendido a terceros todos aquellos inmuebles que no estaban ya hipotecados.

Y no es que los morosos actuaran a escondidas. Todas las operaciones de venta o donación fueron inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo. Y la cúpula de Avalmadrid lo sabía. Su Comité de Morosidad trató el tema del impago de MC Infortécnica en dos reuniones celebradas en abril y noviembre de 2012, en las que quedó constancia por escrito de que los padres de la entonces diputada Ayuso y sus socios empresariales estaban deshaciéndose de sus propiedades. La entidad semipública controlada por el equipo de Aguirre no hizo nada.

La única actuación que no pudo evitar Avalmadrid fue pedir la ejecución de la hipoteca sobre la nave industrial de Sotillo de la Adrada. Pero también aquí ocurrió algo rocambolesco: al procedimiento judicial iniciado para reclamar la ejecución de esa hipoteca, en febrero de 2013, se aportó también “la poliza de afianzamiento y la única acta de fijación de saldo que existía hasta ese momento”. ¿Qué significa eso? Que Avalmadrid no sólo entregó al Juzgado los documentos relacionados con la hipoteca de la nave abulense, sino todos los demás títulos que tenía para reclamar el dinero a los avalistas. Tardó años en darse cuenta y pedir que le devolviesen esos documentos entregados al parecer por error. 

En ese último informe de Avalmadrid se va detallando la situación actual frente a los ochos deudores originales. Dos de ellos murieron, Jose Manuel Pitarch Divar en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez en 2014, este último el padre de la política madrileña. La sociedad de garantías explica en su informe que tuvo conocimiento de este fallecimiento el 13 de abril de 2015, “continuándose el procedimiento frente a los ignorados herederos, los cuales, al no personarse en el proceso, son declarados en rebeldía”.

Que Isabel y Tomás Díaz Ayuso estén declarados “en rebeldía” puede parecer muy llamativo, aunque en este caso simplemente supone que renunciaron a la herencia de su padre –formada solo por deudas después de que los activos ya los hubiera traspasado a sus hijos mediante la donación de octubre de 2011– y no se tomaron la molestia de personarse en el procedimiento judicial.

Hay un tercer avalista contra el que ya no puede actuar Avalmadrid. Se trata de Juan Carlos Herrero Casasola, quien se ha acogido a lo que se conoce como “beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho”, un mecanismo introducido en la Ley de Segunda Oportunidad para que puedan saldar las deudas particulares y autónomos que cumplan determinados requisitos. Avalmadrid desistió de actuar contra Herrero Casasola en febrero de 2021, tras hablar con su letrado.

A una cuarta avalista, María Victoria Fernández Moyano, aún no han logrado notificarle la demanda de Avalmadrid. Los intentos resultaron “infructuosos”, se explica en el informe de la entidad. Moyano es la esposa de Herrero.

Tampoco con la viuda de Pitarch parece que vaya a tener demasiadas opciones Avalmadrid. María del Carmen Angulo López-Cancio se declaró en concurso de acreedores, circunstancia que le fue notificada a la sociedad de garantías en junio de 2021. Avalmadrid comunicó su posición de acreedor al administrador concursal, sin mayores noticias de momento.

Así que quedan tres de los ocho avalistas: Isabel Cristina Ayuso Puente –la madre de la presidenta madrileña– y el matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero. El Juzgado decretó el 20 de marzo de 2021 que se les embargase a los tres “la parte legal de la pensión y demás emolumentos”. La pensión o los salarios son inembargables hasta el importe del salario mínimo mensual, ahora fijado en 14.000 euros al año. De lo que exceda esa cantidad, la Justicia puede embargar una parte.

¿Conoce Avalmadrid si recuperará algo de dinero por esta vía? De momento, no. Así lo explica en su informe: “Estamos pendientes del resultado de las últimas notificaciones efectuadas, así como de conocer el importe exacto a percibir, como consecuencia de los embargos trabados sobre las pensiones y emolumentos acordados por el Juzgado en su última resolución”. Ciertamente, la Justicia es a veces lenta: once meses después de que se decretase el embargo de “la parte legal” de las pensiones de Ayuso, Marcelino y Suñer, no es que Avalmadrid no haya ingresado ni un euro, es que todavía está pendiente de que le digan qué importe va a percibir... en caso de que vaya a recibir alguno.

El tercer dato novedoso del informe de Avalmadrid es que actualiza el importe que le deben los morosos de MC Infortécnica. A 24 de febrero, la cantidad era de 311.109 euros. Una cifra que aumenta en 25,29 euros al día en concepto de intereses de demora. “Dicho importe se verá incrementado por la minuta de abogado y procurador”, se advierte en el informe, en el que a continuación figura la siguiente precisión: “Dado las condiciones de contratación, no es posible realizar una estimación al basarse ésta en el importe recuperado”.

Es interesante entender cómo se llega a esa cantidad de 311.109 euros. El dinero prestado a MC Infortécnica y no devuelto eran 400.000 euros. La devolución del dinero se garantizaba en teoría por dos vías: la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ochos socios.

La nave se valoró en 213.596 euros, a pesar de que la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. Y en la escritura del préstamo hipotecario se fijó como tipo para la subasta la cantidad de 544.000 euros. ¿Qué supone esto? Pues que en caso de que la nave fuese embargada por impago, saldría a subasta por ese precio y que en el mejor de los escenarios para Avalmadrid podría adjudicársela por la mitad de esa cantidad.

Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el inmueble salió a subasta el 15 de marzo de 2018. La subasta quedó desierta y el Juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid por un importe de 272.000 euros (50% del precio fijado). Por tanto, la deuda se redujo en esa cantidad.

Por ese motivo, a fecha 24 de febrero de 2022, el importe que debían los morosos de MC Infortécnica era de 311.109 euros. A los 400.000 euros del préstamo inicial se le fueron sumando intereses del principal y de demora, pero también se le restaron los 272.000 euros por la nave en el pueblo abulense adjudicada a la sociedad de garantías.

¿Esa nave en Sotillo de la Adrada vale realmente esa cantidad? La respuesta también está en el informe de Avalmadrid.

Después de que el Juzgado le adjudicase la nave, en abril de 2018, Avalmadrid intentó registrarla a su nombre, pero volvió a encontrarse con otro obstáculo administrativo: “Emitido testimonio del decreto de adjudicación, y teniendo en cuenta que los ignorados herederos fueron llamados al proceso, no compareciendo y siendo declarados en rebeldía, el Registro de la Propiedad deniega la inscripción del bien” a favor de Avalmadrid hasta que transcurran los 16 meses que la ley establece para ejercer la “acción rescisoria”. Recordemos que los “ignorados herederos declarados en rebeldía” eran Isabel y Tomás Díaz Ayuso, quienes en teoría tenía esos 16 meses para impugnar la adjudicación de la nave a Avalmadrid. Por supuesto, no hicieron nada.

Así que, por fin, en septiembre de 2020 Avalmadrid logró inscribir el inmueble abulense a su nombre en el Registro de la Propiedad y, “tomada posesión del bien”, lo puso a la venta. La sociedad de garantía fijó como precio de salida 181.300 euros.

Muy pronto recibió una oferta por parte de Álvaro M.P., por una cantidad de 115.000 euros; es decir, menos de la mitad del precio por el que le fue adjudicada a Avalmadrid. El oferente ofreció un precio tan bajo con el argumento de que el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada había ampliado el suelo a la venta en el polígono industrial, lo que estaba bajando los precios. Avalmadrid pidió una nueva tasación y el nuevo valor fue de 144.639 euros, que podrían bajarse a 122.279 en caso de “venta rápida”.

Álvaro M.P no quiso llegar a esa cantidad, así que la nave sigue en manos de Avalmadrid. “Desde entonces, y hasta la fecha no se ha recibido oferta alguna por el bien, ni tan siquiera se han realizado visitas al inmueble”, se explica en el informe.

Pero, ¿al final quién ha puesto el dinero que no han devuelto a Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios empresariales?

Las sociedades de garantías como Avalmadrid reavalan parte de las operaciones que financian. En el caso del préstamo con MC Infortécnica, los 400.000 euros estaban garantizados en un 50% por la sociedad estatal Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento SA) y el 25% por la propia Comunidad de Madrid. El riesgo del 25% restante lo asumió Avalmadrid.

Así que cuando los Ayuso y sus socios no devolvieron el préstamo, Avalmadrid lo abonó en primera instancia al banco, pero luego le pidió a Cerca y a la Comunidad de Madrid que asumieran la parte que habían reavalado. Resultado: Cersa pagó 206.135 euros y la Comunidad de Madrid desembolsó otros 102.000. La primera cantidad salió por tanto del bolsillo de los contribuyentes españoles, dado que Cersa es una compañía estatal, y la segunda del bolsillo de los contribuyentes madrileños.

Por supuesto, los ciudadanos no habrían tenido que poner su dinero si los Ayuso y sus socios no hubieran donado o vendido sus bienes para evitar que se los embargasen, o si Avalmadrid hubiese actuado al comprobar que los morosos se estaban descapitalizando. Como nada de eso sucedió, al final buena parte de la factura la pagaron los contribuyentes.

Cuando infoLibre desveló en el verano de 2019 todos los datos esenciales del escándalo, Más Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al entender que podría existir, entre otros, un delito de alzamiento de bienes. La entonces número dos de Anticorrupción, Belén Suárez, archivó la denuncia en noviembre de 2019 por medio de un decreto que contenía diversas falsedades. El jefe de Anticorrupción ya era Alejandro Luzón, quien ahora ha decidido encargarse personalmente de la investigación sobre la comisión cobrada por el hermano de Ayuso en el caso mascarillas. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo también inadmitió una querella por alzamiento presentada contra Ayuso por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

A febrero de 2022, el balance que se puede hacer del caso Avalmadrid es el siguiente: los contribuyentes han pagado en total 308.135 euros, dos de los inmuebles que debían responder de la deuda están en manos de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás, y la entidad semipública madrileña no ha logrado recuperar ni un euro de los avalistas morosos.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso. Este viernes ha presentado una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta madrileña, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019. Ayuso siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte.

El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros. 

MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid el 15 de diciembre de 2011, pero para entonces la empresa ya había quebrado. Solo tres meses después de recibir los 400.000 euros, la compañía dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Y el 23 de septiembre de aquel año, despidió a la práctica totalidad de la plantilla. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero. Así lo puso ella misma por escrito, en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid –Carlos Ramos Juárez– el 14 de septiembre de 2011, donde le transmitía la sospecha de que los socios de sus padres habían “montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra [MC Infortécnica]”. Ayuso se había puesto en contacto con Juárez precisamente para enterarse de en qué medida podía afectar el impago del crédito al patrimonio de sus padres. La ahora presidenta era desde aquel verano de 2011 diputada del PP en la Asamblea de autonómica.

Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El objetivo era evitar así que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito. Otros cuatro accionistas de MC Infortécnica SL también se deshicieron de los inmuebles que tenían. Los dos restantes no pudieron desprenderse de sus propiedades porque ya estaban hipotecadas.

Esas operaciones, que según la querella de ALA son constitutivas de un delito de alzamiento de bienes, se realizaron entre el 7 de octubre de 2011 –cuando la familia de Díaz Ayuso escrituró la donación– y julio de 2012. Cuatro de los accionistas transfirieron propiedades a sus hijos, mientras que otros dos los vendieron a terceros. Todas estas transacciones se hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban traspasando su patrimonio [en esta información se detallan todas las operaciones presuntamente fraudulentas]. En una auditoría elaborada por la propia Avalmadrid tras el estallido del escándalo se admite que su Comité de Morosidad llegó a ocultar la donación del piso a Isabel Díaz Ayuso.

Todos estos hechos se relatan en las 25 páginas de la querella, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. ALA pide que se tome declaración como investigados a nueve personas en total. A los cuatro accionistas de MC Infortécnica que participaron en el presunto alzamiento de bienes y que siguen vivos: Cristina Ayuso Puente, María del Carmen Angulo López-Cancio, José Luis Marcelino Santamaría y Victoria Suñer Cordero (el padre de Ayuso y uno de sus socios ya fallecieron). Y también a los cinco hijos que se hicieron con las propiedades: la presidenta madrileña, su hermano Tomás, y Covadonga, Guillermo y Paula Pitarch Angulo. La querella se presenta en el Supremo porque Ayuso está aforada ante dicho tribunal.

Además de la declaración de los querellados, ALA solicita que acudan como testigos cuatro personas que en la época en que ocurrieron los hechos eran directivos de Avalmadrid –Eva Piera, Juan Luis Fernández-Rubíes, Carlos Ramos Juárez y Christian de la Torre González–; que se envíen mandamientos a las notarías donde se escrituraron las operaciones de transmisión de los bienes, y que se reclame diversa documentación a Avalmadrid. En todo caso, ALA presenta documentos registrales de todos los presuntos alzamientos realizados. La querella la firma Ángeles Chinarro, presidenta de la entidad de abogados progresistas.

El delito de alzamiento

El delito de alzamiento de bienes se recoge en el artículo 257 del Código Penal. Castiga aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento [por ejemplo, en las SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico-pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que no se paga es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

La posible prescripción es un elemento clave en relación con la querella de ALA, que se ha presentado justo un día antes de que se cumplan diez años de la donación de los padres de Ayuso a sus hijos (realizada el 7 de octubre de 2011). Si el Supremo entendiese que la deuda que se trató de eludir era de Derecho privado, los hechos habrían prescrito hace cinco años. Pero si considerase que es de Derecho público, la iniciativa de ALA se habría presentado 24 horas antes de que terminase el plazo de diez años.

Por ello, los querellantes ponen especial énfasis en intentar demostrar que los 400.000 euros que recibió (y no devolvió) MC Infortécnica deben considerarse fondos públicos. En primer lugar, porque Avalmadrid es una empresa con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid, que “ejerce el dominio de manera evidente, tanto por su participación en la titularidad de acciones y capital suscrito, como por su gran presencia e incidencia en los órganos directivos”. En concreto, se indica que la Comunidad dispone del 43,21% del capital y cuenta con tres miembros en el consejo de administración, entre ellos su presidente. A ello, continúa ALA, “se le debe añadir la participación accionarial pública y en los órganos de dirección en otro de sus accionistas, Bankia SA, que representa un 41,90% y dispone de tres consejeros”.

En segundo lugar, ALA explica que los fondos con los que se terminó pagando los 400.000 euros no devueltos por los accionistas de MC Infortécnica tienen un origen mayoritariamente público. En concreto, tal y como desveló infoLibre en su día, el dinero salió de las siguientes entidades:

– 206.123,5 euros los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que reavaló la mitad del crédito. Como Cersa es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid, que reavaló un 25% del préstamo. En este caso el dinero salió del bolsillo de los madrileños.

– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid.

En definitiva, en torno a un 80% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes.

La denuncia que archivó la fiscal Suárez

La querella de ALA es el segundo intento de que la Justicia investigue los hechos protagonizados por la familia de la presidenta madrileña y los socios de sus padres en MC Infortécnica. El primero, protagonizado por Más Madrid, fracasó en la Fiscalía Anticorrupción.

La número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, dictó el 13 de noviembre de 2019 un decreto archivando la denuncia presentada meses antes por el partido político que lidera Mónica García. Dictó ese decreto sin realizar diligencia de investigación alguna. Pero no solo eso: el breve texto de archivo de la fiscal contiene al menos cinco afirmaciones que son falsas. Entre ellas destaca el hecho de que atribuía al Supremo una jurisprudencia sobre el alzamiento de bienes que es exactamente la contraria de la que sostiene el alto tribunal. También sorprende que Suárez mintiese en su escrito sobre las fechas de los correos que Ayuso envió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, un dato que es ciertamente fácil de comprobar.

En todo caso, el archivo de la denuncia de Más Madrid por parte de Anticorrupción ha sido el principal argumento utilizado por el PP para defender que Ayuso jamás realizó actuación irregular alguna. Así lo hizo con insistencia el portavoz de su partido en la comisión de investigación sobre Avalmadrid creada en la Asamblea regional a finales de 2019. También sostuvo que Avalmadrid no es una entidad que tenga carácter público. El dictamen de la comisión, exculpatorio para la presidenta madrileña, finalmente no se debatió en el pleno de la Asamblea al disolverse esta para la celebración de las elecciones del pasado 4 de mayo.

14 de septiembre de 2011. Son las 18:34 horas y un correo electrónico entra en la cuenta de un directivo de la entidad semipública Avalmadrid. Es de Isabel Díaz Ayuso. La entonces diputada del PP en la Asamblea le escribe interesándose por una serie de empresas relacionadas con quienes habían sido socios de sus padres en el Grupo MC. Sospecha que estos tres empresarios forman parte de una trama para dejar morir el conglomerado. “¿Podemos saber a quién facturan?”, pregunta la parlamentaria. Por aquel entonces, dos de ellos –Juan Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola– ya aparecían vinculados a Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa), compañía que ahora, una década después, controla el segundo de los antiguos socios de la familia Ayuso  y que ha recibido por parte del Ejecutivo de Ayuso contratos por al menos 129.739 euros. Todos ellos de forma directa, por la vía de las adjudicaciones menores o el procedimiento de emergencia. Así consta en los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados por infoLibre.

Todos estos contratos se adjudicaron después de que este periódico hubiese desvelado, en el verano de 2019, la relación de Ayuso y su familia con el caso Avalmadrid (puedes consultar aquí el dosier completo). Es decir, el Gobierno de Ayuso adjudicó 129.739 euros a la empresa de una de las personas que más información tiene sobre todo lo ocurrido con el Grupo MC, a pesar de que según la versión oficial de la presidenta madrileña había traicionado a su familia.

El nombre de Herrero Casasola estuvo ligado durante años al de la familia Ayuso. De hecho, él fue uno de los fundadores de Sismédica SL, la empresa que pertenece al 50% a la presidenta regional, que no presenta cuentas desde 2014 y cuyo nombre ocultó a la Asamblea de Madrid al actualizar su declaración de bienes al cierre de la legislatura. En este sentido, la normativa regional obliga expresamente a los diputados a indicar "el nombre de la sociedad o la entidad" con la que mantienen vínculos accionariales si esta no cotiza en Bolsa o en algún otro mercado organizado. Alertada por la información de este periódico, la presidenta envió el pasado jueves por la mañana una nueva declaración de bienes corregida. "Se interpretó que en la declaración de la Asamblea solo se pedía la descripción de la Sociedad (SL), no el nombre", explicaron desde su equipo.

Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa) comenzó sus operaciones el 21 de abril de 1999 con un capital social de catorce millones de pesetas (poco más de 84.000 euros), del cual un 25% se aportó en ese momento y el 75% restante en 2006. En concreto, la firma se dedica a "la comercialización de equipamiento médico de todo tipo, bien sea de fabricación propia, total o parcial, o de fabricación ajena, tanto nacional como internacional". "Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo", recogen sus estatutos.

Desde que la compañía se puso en marcha, la composición de su Consejo de Administración fue cambiando progresivamente, con continuas entradas y salidas. Una de las modificaciones relevantes se produjo el 20 de julio de 2011. Es el primer momento en el que aparecen en la documentación del Registro Mercantil, a la que ha tenido acceso infoLibre, dos de los antiguos socios de Ayuso. Uno de ellos es Juan Manuel Pitarch Divar, al que se nombró presidente del órgano de administración. El otro es Juan Carlos Herrero Casasola, que entró como vocal. Un cargo dentro del Consejo de la compañía que también pasó a ostentar desde ese momento un hijo del primer empresario.

Administrador único desde 2019

La fecha de entrada de ambos en la firma sanitaria se produjo en un momento muy concreto. Cinco días antes, el 15 de julio, Díaz Ayuso se había estrenado como diputada en la Asamblea de Madrid. Un acceso al escaño que se produjo pocas horas después de intercambiar algunos correos electrónicos con un directivo de Avalmadrid, desvelados por infoLibre, en los que facilitaba los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica, firma que era propiedad al 25% de cuatro matrimonios –uno de ellos el de sus padres, Leonardo Díaz e Isabel Ayuso Puente– y con la que la entidad pública formalizó un aval-crédito por importe de 400.000 euros en marzo de ese mismo año.

"La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre”, escribió entonces Ayuso, cuyo interés radicaba en conocer la solvencia económica de las compañías por si un posible impago del préstamo concedido podría afectar al patrimonio familiar. Entre esos socios se encontraban Pitarch Divar y Herrero Casasola. Sin embargo, después del verano, la relación parecía haberse enfriado, a tenor de los correos enviados por la entonces diputada. "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir a la otra...", señalaba la parlamentaria conservadora en las comunicaciones mantenidas con el directivo de Avalmadrid.

Justo un año después, los dos empresarios salieron del órgano de administración de Prhoinsa. En concreto, el 20 de julio de 2012 la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó modificar algunos artículos de los Estatutos Sociales, cesar al entonces Consejo de Administración y nombrar a un administrador único. Una situación de control unipersonal que se mantendría solo unos meses. El 15 de marzo de 2013, en una nueva reunión de la Junta General, la empresa conformó un nuevo órgano de dirección integrado por tres personas. Una de ellas es Alejandra Casasola Fernández, la hija de Herrero Casasola, nombrada secretaria del nuevo Consejo de Administración.

Su entrada en la compañía no resultó extraña. Solo un mes antes, Proyectos Hospitalarios Internacional SA había llevado a cabo una ampliación de capital por 125.010,51 euros. Una operación que asumieron tres personas físicas y una jurídica. Esta última era Xalir Ideas Consulting, una firma constituida en febrero de 2012 con Casasola Fernández como administradora única, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, suscribió 582 acciones por su valor nominal de 34.978,90 euros.

En junio de 2015, el apellido Casasola desapareció formalmente del órgano de administración de la compañía. Y fuera se mantuvo, según la documentación en poder de este diario, hasta el 16 de diciembre de 2019. Ese día, en una reunión celebrada en el domicilio social de la firma, ubicado en la calle José Abascal, en Madrid, la Junta General Extraordinaria y Universal de Prhoinsa acordó por unanimidad cesar al entonces Consejo de Administración y nombrar a Juan Carlos Herrero Casasola como administrador único. Desde entonces, quien fuera socio de la familia de la actual presidenta regional en la aventura empresarial del Grupo MC, controla en solitario la compañía de comercialización de productos sanitarios.

48 contratos desde que toma las riendas

Sin embargo, su vieja relación con los Ayuso no ha impedido a la firma recibir licitaciones por parte del actual Ejecutivo madrileño. Entre el momento en el que el exsocio coge las riendas de la compañía y finales de febrero de 2021, Prhoinsa se ha hecho con 48 contratos por un importe total de 129.739 euros, según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. De ellos, 47 se adjudicaron por parte de la Consejería de Sanidad –ya sea a través de los centros hospitalarios o, en un caso, una fundación de investigación biomédica– y uno por parte de la Consejería de Políticas Sociales a través de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Todos se dieron de forma directa, es decir, sin que mediara concurso público.

La inmensa mayoría, 44, son contratos menores. El desembolso total esas adjudicaciones menores localizadas por este diario asciende a 63.398.5 euros. Los importes varían enormemente. Así, por ejemplo, en la lista figuran media decena de ellos de 72,60 euros para la compra de fundas para manguitos utilizados en la medición de la presión arterial. En el extremo contrario, uno de 15.004 euros y otro por 8.385,30 euros. El primero de ellos fue para la compra de un sistema de fototerapia de la marca Bilicocoon. El segundo, para la adquisición de una “sonda nasogástrica P/descarga gástrica y monitorización en paciente ventilado”.

Las cuatro adjudicaciones restantes se realizaron en plena pandemia por el procedimiento de emergencia. De ellas, la más importante fue la recibida en marzo de 2020 por un importe de 25.410 euros para el suministro de material para la prevención ante la exposición al coronavirus a los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, dependiente de Políticas Sociales. Le sigue de cerca la conseguida por la misma vía de emergencia en junio de ese mismo año: 22.457,60 euros por el servicio de biodescontaminación para el Hospital La Fuenfría. En este caso, en el documento oficial se indica que la resolución data de octubre de 2019. Sin embargo, la firma aparece fechada el 7 de mayo de 2020. Y la electrónica del propio Casasola, en junio de ese mismo año. 

Ocupa la tercera posición otra por 10.012,75 euros, del pasado mes de diciembre, por el servicio de descontaminación con peróxido de hidrógeno mediante el sistema Deconx en el Hospital La Paz. “Descontaminando todas las unidades de cuidados intensivos y de alto riesgo que han sido ocupadas por pacientes covid y posteriormente van a ser destinadas a pacientes no covid”, recogía entonces la resolución del centro sanitario. Y, en último lugar, una adjudicación por 8.461 euros para la compra de determinado material –sensores y silenciadores– para un respirador de la marca SLE.

No son los únicos contratos recibidos por la empresa sanitaria desde que la familia Casasola aparece ligada a Prhoinsa. Siempre según los datos que constan en el Portal de la Contratación Pública, en 2015, con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, recibió al menos ocho por una suma total de 4.141,61 euros. En 2016 y 2017 fueron 31 –125.927 euros– y 27 –61.060,34 euros–. Un año más tarde, en 2018, se le adjudicaron 49 por un importe total de 204.432,38 euros. Y entre el inicio de 2019 y la reunión en la que se nombra al exsocio de la familia de la presidenta madrileña administrador único de la empresa, Prhoinsa recibe 44 contratos por importe de 91.145,80 euros: 38.688,39 euros antes de que Ayuso llegase a la Puerta del Sol y 52.457 tras coger las riendas del Ejecutivo regional.

De los dos centenares de licitaciones analizadas a lo largo de estos años, sólo dos de ellas fueron adjudicadas por procedimiento abierto. Una en noviembre de 2016 por 57.596 euros para la compra de cinco monitores fisiológicos y nueve de parámetros básicos y otra en enero de 2018 por 32.546,58 euros por el suministro de un equipo de ventilación mecánica para el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos.

Este diario se ha puesto en contacto en varias ocasiones tanto con la Consejería de Sanidad como con el propio Herrero Casasola. Ambas partes declinaron responder a las preguntas planteadas por infoLibre, que pueden consultarse al final de esta información. También se trasladó este viernes al equipo de comunicación de la propia Ayuso dos cuestiones similares a las planteadas al departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero. La primera, si la presidenta era conocedora de que se estaban adjudicando contratos a una empresa controlada por uno de los exsocios de la familia. La segunda, si consideraba ético adjudicar esos contratos a dicha firma. A cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta.

Un préstamo que no se devolvió

A principios de 2011, MC Infortécnica SL solicitó un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, una empresa semipública donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% de capital y cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. El préstamo fue formalizado el 15 de marzo de 2011. Unos meses más tarde, el 15 de diciembre, la firma tenía que devolver a la entidad 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Desde entonces, la deuda sigue viva. A 30 de junio de 2019, ascendía a 270.000 euros, una cantidad que se incrementa mes a mes por los intereses de demora.

MC Infortécnica SL aportó dos tipos de garantías para recibir el préstamo. En primer lugar lo avalaron solidariamente la matriz de la compañía –Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL– y los ocho accionistas de la sociedad: Leonardo Díaz, Isabel Ayuso, Juan Manuel Pitarch, María del Carmen Angulo, Juan Carlos Herrero, María Victoria Fernández, José Luis Santos y María Victoria Suñer. Además, se presentó una garantía hipotecaria: una nave industrial propiedad del padre de Ayuso, situada en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) y tasada en 213.596,40 euros. 

A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadridlocalizó otro piso en Asturias. Sin embargo, los propietarios se deshicieron de la mayoría de estos bienes en cuanto tuvieron constancia después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y que, por tanto, no devolvería el dinero. Y lo hicieron ante la pasividad de la entidad semipública.

Según los documentos registrales analizados en agosto de 2019 por infoLibre, siete de los bienes cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley, mientras que el resto no se transpasaron porque no se podía al estar ya hipotecados. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. La actual presidenta regional se quedó con un piso en el centro de Madrid, mientras que en manos de su hermano Tomás quedó una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada, el municipio en el que se encontraba la nave industrial de la familia, el único inmueble que se hipotecó como garantía del crédito y que un juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018. 

Los diputados de la comisión de Avalmadrid en la Asamblea se encontraron este martes con un muro. Comparecían tres de las personas con mayor poder en la sociedad de garantías en la etapa en que se cometieron operaciones presuntamente irregulares, entre cuyos beneficiados se encuentran Isabel Díaz Ayuso y su familia. Y los tres boicotearon de forma sistemática los intentos de los diputados por hacer su trabajo. Lo hicieron además con una actitud que en algunos momentos rayó la prepotencia o la condescendencia con sus señorías, hasta el punto de que dos diputados dejaron de preguntar. Y no eran de los partidos de la oposición, sino uno de Ciudadanos y otro de Vox, las formaciones que sostienen a Ayuso. Un hecho que explica perfectamente la actitud con la que llegaron los comparecientes a la Asamblea.

Claro que por muy aprendida que alguien lleve la lección de no soltar palabra, en un interrogatorio de casi dos horas siempre puede haber algún momento en el que te traiciona el subconsciente. Un ejemplo: después de contestar decenas de veces que no recordaba absolutamente nada de ninguna operación aprobada por Avalmadrid, cuando el interrogatorio del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez estaba llegando a su final, al exdirectivo Carlos Ramos se le escapó lo siguiente: “No sancioné la operación, no la supervisé”, en clara referencia al préstamo de 400.000 euros que recibió la empresa de los padres de Ayuso. “¿De qué operación habla?”, inquirió perspicaz Gutiérrez, sorprendido ante el hecho de que el compareciente hubiese olvidado absolutamente todo de todo, pero recordase de repente que él no había ni sancionado ni supervisado justo el aval con MC Infortécnica. Ya no hubo respuesta, la desmemoria se apoderó de nuevo de Ramos.

Carlos Ramos, sin memoria

El primer compareciente fue Carlos Ramos Juárez, quien en la época de la mayoría de los hechos que investiga la Asamblea era el número tres de Avalmadrid en calidad de director de Relaciones Institucionales.

Carlos Ramos mantuvo durante dos meses un intercambio de correos con Isabel Díaz Ayuso en relación con el préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había garantizado a la empresa MC Infortécnica, propiedad de los padres de la dirigente del PP y de otros seis socios a partes iguales. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y en ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar a sus trabajadores. Ayuso se interesó entonces por el asunto, ante la posibilidad de que sus padres perdiesen el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Como intermediaria actuó Eva Piera – compañera suya en las listas del PP, viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid–, que fue quien puso a Ayuso en contacto con Carlos Ramos.

“No recuerdo si he hablado o intercambiado mails con Ayuso”, afirmó Ramos en una de sus primeras respuestas a la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra. Y de ahí no se salió en dos horas Ramos, un hombre ciertamente desmemoriado si hubiese que creer sus palabras de ayer. “Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que hice en 2011”, llegó a decir, aunque eso sí, al mismo tiempo aseguró que siempre había actuado con la máxima honradez. Cómo sabe que siempre fueron legales las actuaciones de las que no recuerda ni el más mínimo detalle es algo que no explicó a los diputados.

Su insistencia en la desmemoria rozó alguna vez la caricatura. Por ejemplo, sostuvo que se había enterado de quién era Isabel Díaz Ayuso cuando la nombraron en 2018 candidata a la Presidencia de la Comunidad. O sea que, según Ramos, cuando Piera le pide por escrito el 13 de julio de 2011 que atienda a Ayuso, después de tener previamente una conversación telefónica dándole los detalles del asunto, le oculta que dos días después Ayuso se va a convertir en diputada autonómica del PP. Y luego Ramos mantiene una relación epistolar durante meses con Ayuso y en ningún momento sale en la conversación que es diputada, ni él se preocupa por saber con quién está hablando. Una despreocupación ciertamente asombrosa, Código Penal en mano, porque no es lo mismo otorgar un trato de favor a un ciudadano anónimo que a alguien que tenga consideración de “autoridad” (como los diputados autonómicos).

Carlos Ramos, según demuestran los correos publicados por infoLibre, pidió informes de solvencia financiera de los padres de Ayuso y de su grupo empresarial a otros empleados de Avalmadrid para entregárselos a la dirigente del PP. Y en el asunto del primer correo donde reclamaba esa información, escribió que el encargo venía de “Presidencia Comunidad de Madrid”. ¿Por qué escribió eso si no sabía quién era Ayuso? “Probablemente, la referencia había venido por la Presidencia. Me imagino”, contestó.

Ramos resaltó que no ha tenido acceso a los correos publicados por infoLibre, así que desconoce "la fuente" y no sabe si son de él. También insistió en que la información que había pedido en Avalmadrid para facilitársela luego a Ayuso era “pública”, algo que no es cierto, al menos en lo referente a los informes de solvencia de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y por supuesto tampoco respecto a los detalles del aval solidario que habían firmado sus padres con la sociedad gestora. “Si la información era pública, ¿por qué se la pide Ayuso a usted?, le preguntaron varios diputados.

La desmemoria de Ramos es prácticamente universal. Sergio Brabezo, portavoz de Ciudadanos en la comisión, intentó que le explicase las operaciones que beneficiaron al grupo empresarial de Gerardo Díaz Ferrán con el aval del entonces consejero de Economía, Antonio Beteta. “Mis inquietudes van por otra parte que saber quién era Díaz Ferrán o Beteta”, dijo Ramos. Si la respuesta la hubiese dado un DJ de Ibiza podría tener sentido, pero en boca de la persona encargada de la Relaciones Institucionales de Avalmadrid realmente sonaba a recochineo que sus “inquietudes” no incluyeran al consejero de Economía de la comunidad o al presidente de la patronal. Así lo entendió el diputado Brabezo: “Debido a que no hay ningún tipo de colaboración, doy por terminada mi intervención”, explicó enfadado. En el turno de repreguntas lo volvió a intentar, y la cosa terminó aún peor. Ante la desfachatez de Ramos al afirmar que no tenía “absolutamente nada que ocultar”, después de decir una y otra vez que no recordaba nada de nada, Brabezo estalló: “No me tome por estúpido”.

No tuvo mejor suerte la diputada Pilar Sánchez-Acera, que también se topó con la desmemoria total de Ramos. La portavoz socialista aseguró que las actuaciones que desvelan los correos constituyen “tráfico de influencias” y le recordó a Ramos que había formado parte “de un entramado que decidía”, en conexión con consejeros del Gobierno Aguirre, “a quién le daba operaciones Avalmadrid y a quién no”. Y curiosamente, entre los beneficiados por créditos millonarios que no fueron devueltos, estaban empresarios que financiaban ilegalmente al PP como Gerardo Díaz Ferran o Arturo Fernández.

Cuestión aparte merecen las intervenciones de Alicia Sánchez-Camacho, la portavoz del PP, quien puso mucho más entusiasmo en la defensa de los comparecientes que ellos mismos. Lo hizo, eso sí, recurriendo a mentiras y medias verdades. Un ejemplo de mentira: aseguró que se habían realizado “todos los trámites” para la ejecución de los avales puestos por los padres de Ayuso. La verdad es que sólo se actuó contra una nave hipotecada en un pueblo de Ávila, pero no se hizo absolutamente nada contra el resto de los bienes que tenían. De hecho, esa pasividad de Avalmadrid es la que ha permitido a Ayuso apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que sus padres le donaron para evitar que fuese embargado para responder de los 400.000 euros. Un ejemplo de media verdad: sostuvo que con la nave en el pueblo abulense embargada al padre de Ayuso, Avalmadrid había recuperado “130.000 euros”. Esto, a día de hoy, es imposible de saber porque la sociedad de garantías no ha podido revender la nave. Lo único cierto es que, de momento, más de 350.000 euros del pufo dejado por MC Infortécnica en Avalmadrid han salido del bolsillo de los contribuyentes, a través de Cersa –compañía estatal que reavaló el 50% del préstamo– y de la propia Comunidad de Madrid, que reafianzó otro 25%. Ese dato incontestable lo obvió la diputada del PP.

Sánchez-Camacho recurrió además, una y otra vez, al decreto de la Fiscalía Anticorrupción que archivó el pasado mes de noviembre la denuncia presentada por Más Madrid contra Ayuso por estos hechos. Como demostró infoLibre, el escrito de la número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid, para poder llegar así a la conclusión de que no había indicios de delito.

Fernández-Rubíes no habla de “operaciones concretas”

Juan Luis Fernández-Rubíes era el primer ejecutivo de Avalmadrid –primero como consejero delegado y luego como director general– cuando se aprobó la operación con MC Infortécnica y otras muchas que terminaron siendo “fallidos” –las empresas no devolvieron el dinero– con personajes relevantes como Díaz Ferrán o que tenían una vinculación directa con la sociedad de garantías.

El diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, aprovechó su primera intervención para destacar la relación de cercanía entre el compareciente y el expresidente de la Comunidad Ignacio González, imputado en el caso Lezo como presunto capo de una trama de corrupción. En concreto, le preguntó a Fernández-Rubíes si veía “alguna relación” entre el hecho de que aterrizase en Avalmadrid pocos meses después de que González llegase a la Presidencia madrileña y fuese despedido pocos meses después de que González perdiese dicho cargo. “La que usted vea”, contestó en tono agrio. “¿Usted sabe quién es el padrino de la primogénita de Ignacio González?”, inquirió Ruiz. “Mi hermano”, confesó el compareciente.

Varios diputados frenaron en seco el intento de Fernández-Rubíes de colgarse medallas por su gestión al frente de Avalmadrid, recordándole que fue sancionado con 45.000 euros por el Banco de España por las deficiencias de su gestión. “Esa sanción está recurrida en el contencioso”, acertó a responder como defensa.

En todo momento el antiguo primer ejecutivo de Avalmadrid se negó a responder preguntas sobre “operaciones concretas”, arguyendo un deber de confidencialidad legal. “¿Era normal que no se ejecutasen los avales en caso de impago?”, preguntó de forma genérica Sol Sánchez (Unidas Podemos), aunque todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a la pasividad ante los padres de Ayuso, que permitió a estos donar los inmuebles que tenían a sus hijos mientras Avalmadrid no hacía nada. Lo normal era “ejecutar diligentemente los avales”, contestó Fernández-Rubíes, sin aclarar por qué no se hizo en el caso de MC Infortécnica.

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) le recordó que, después de despedirlo en 2016, el nuevo consejo de administración de Avalmadrid denunció ante la Fiscalía una serie de operaciones de las que era máximo responsable Fernández-Rubíes, al entender que podían ser delictivas. La Fiscalía no entró en el fondo del asunto porque entendió que los hechos estaban prescritos. Así lo indicó el compareciente, quien aseguró que no sabía ni por qué lo habían despedido ni por qué lo había denunciado el propio consejo de Avalmadrid ante la Fiscalía.

A preguntas de Sánchez-Acera (PSOE) indicó que le parecía “normal” que consejeros del Gobierno de Aguirre se dirigiesen a él interesándose por determinadas operaciones, aunque insistió en que él jamás había “modificado” su opinión por una presión política y que siempre actuó de acuerdo con los procedimientos legales.

Eva Piera y su "actividad ordinaria"

Eva Piera repetía comparecencia ante el mismo foro. La primera fue el 17 de diciembre, y tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Eva Piera era una persona clave en el equipo económico de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía, presidió primero y fue consejera después de Avalmadrid y también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM). En su intervención de diciembre, afirmó hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí esa primera comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por infoLibre desvelaron que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus principales directivos. Sólo en el periodo que va de septiembre de 2011 a febrero de 2012, se interesó por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada. En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribió el 26 de octubre de 2011. El entonces consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante".

A la vista de que lo que estaba en juego en esta segunda comparecencia era si había cometido o no un delito en diciembre, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumen en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron “sacadas de contexto” –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras “notas informativas previas” para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid.

Todo ello aderezado con referencias a que no había tenido acceso a los correos, así que no podía pronunciarse sobre ellos, y que no podía hablar de operaciones concretas.

La actitud de Piera exasperó a varios diputados. Jacinto Morano (Unidas Podemos) llegó a retirar una pregunta, ante la insistencia de la compareciente en leer lo que traía escrito y que nada tenía que ver con la cuestión planteada por Morano. Y el portavoz de Vox, Ruiz Bartolomé, dejó directamente de preguntar cuando no llevaba ni la mitad del tiempo consumido.

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) puso el énfasis en otra de las presuntas falsedades de Piera en su intervención de diciembre. Entonces afirmó que había puesto a Ayuso en contacto con Ramos en julio de 2011 para que le facilitara información sobre los productos que ofrecía Avalmadrid, cuando en realidad MC Infortécnica ya había cerrado y escriturado la operación con la sociedad de garantías cuatro meses antes. Para intentar salir de esa contradicción, Piera recurrió esta vez a la ignorancia: “Desconocía que [MC Infortécnica] tenía una operación ya concedida”.

De ser cierto lo que dijeron en sus intervenciones este martes, ciertamente al frente de Avalmadrid había un equipo de directivos con una acusada falta de interés por lo que ocurría a su alrededor: Piera hace de intermediaria entre Ayuso y el número tres de Avalmadrid, pero ni siquiera le pregunta a su compañera de lista electoral por qué necesita ese contacto, y Ramos atiende a Ayuso durante dos meses sin enterarse de que es una diputada en la Asamblea de Madrid.

Sánchez-Acera, en fin, desmontó la versión de las “notas informativas previas” leyéndole uno de los correos publicados por este periódico en el que presionaba para que se concediese un aval aunque fuese bajando el importe de la operación. Y la diputada socialista también aprovechó hábilmente que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía “enmarcarse en su actividad ordinaria” como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión, hasta ahora vetada por la Mesa de la Asamblea que controlan PP y Cs con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico.

La comisión sobre Avalmadrid en la Asamblea autonómica, que investiga operaciones presuntamente irregulares de las que se beneficiaron entre otros Isabel Díaz Ayuso y su familia, se reactiva este martes después de medio año de parón a causa de la pandemia. Y lo hace con tres testimonios clave: Carlos Ramos, el directivo a quien Ayuso solicitó información privilegiada sobre un préstamo concedido a la empresa de sus padres y sobre diversos negocios de los socios de su familia; Eva Piera, quien comparece por segunda vez ante la comisión, después de que en la primera realizara afirmaciones falsas sobre su actuación como presidenta y consejera de Avalmadrid, y Juan Luis Fernández-Rubíes, principal ejecutivo de la entidad en su época más turbia.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL , compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.

¿Y quién ha terminado pagando esos 400.000 euros? Pues la inmensa mayoría, los contribuyentes: 206.123 los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que tiene un 98% de capital público; 102.030 euros los pagó directamente la Comunidad de Madrid, a través de un contrato de reaval de una serie de operaciones realizadas en 2011, y 125.198 euros los asumió Avalmadrid, donde el Gobierno madrileño también pone parte del dinero. La suma asciende a 433.352 euros porque además del importe del préstamo incluye los intereses de demora y otros gastos generados por el aval. En otras palabras: el pufo que dejaron en Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios le ha costado a los contribuyentes algo más de 350.000 euros.

Isabel Díaz Ayuso se apropió de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar el embargo, y su hermano hizo lo mismo con una casa en Sotillo de la Adrada (Ávila). La número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– decretó el pasado mes de noviembre el archivo de una denuncia de Más Madrid, mediante un escrito en el que manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso, una de principales ramas del caso Avalmadrid].

Carlos Ramos, Eva Piera y Juan Luis Fernández-Rubíes son tres de los personajes más relevantes en este escándalo y, especialmente, en todo lo relacionado con el trato de favor a la familia Díaz Ayuso. infoLibre repasa a continuación su papel en esta historia.

Carlos Ramos: el interlocutor de Ayuso en Avalmadrid

Avalmadrid firmó la operación de préstamo de 400.000 euros con MC Infortécnica el 15 de marzo de 2011. En ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Este hecho despierta las alarmas de Isabel Díaz Ayuso –que en julio de aquel año se convertiría en diputada autonómica–, ante la posibilidad de que sus padres pierdan el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Y decide recurrir a Eva Piera, quien entonces era viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada regional y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, entidad que había presidido entre 2006 y 2008.

El 13 de julio de 2011, Eva Piera le envía un breve correo electrónico al responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, Carlos Ramos, en el que le facilita el número de teléfono de Ayuso, dándole "mil gracias por anticipado". De este mensaje se deduce, obviamente, que Piera ya había hablado antes con él para explicarle de qué iba el asunto.

Carlos Ramos era en aquel momento el número tres en el escalafón de la entidad, sólo por detrás del presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y del consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. De hecho, Ramos era la persona de máxima confianza de Santos-Suárez, según confesó este último cuando compareció en diciembre del año pasado ante la comisión creada en la Asamblea.

El 14 de julio de 2011, a las 16:12 horas y por medio de un correo que lleva como asunto "Datos MC Infortécnica", Ayuso se pone en contacto con Ramos. Le aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso, cuyo interés es conocer la solvencia económica de las empresas del Grupo MC por si un imposible impago del préstamo puede afectar al patrimonio familiar. Así queda en evidencia de forma inequívoca cuando indica que la preocupación de su familia es “tener una casa donde vivir”.

A las 16:32, Carlos Ramos le responde: "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos". Es decir, el alto cargo de la entidad controlada por la Comunidad de Madrid se pone a trabajar para obtener información a la que sólo puede acceder por el puesto donde trabaja para facilitársela a Ayuso.

"Un abrazo. Gracias", responde dos minutos después Ayuso. Al día siguiente, 15 de julio, se convierte en diputada por el PP en la Asamblea autonómica.

Otro dato relevante es que Carlos Ramos trató dentro de Avalmadrid la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid". Aquel 15 de julio, a las 11:26, envió un correo a una empleada de la entidad solicitando parte de los datos que reclamaba la política del PP. Y en el "asunto", Ramos indicó: "RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)". Si algún diputado le pregunta este martes, Ramos tendrá la oportunidad de aclarar por qué asoció la empresa de los padres de Ayuso con la Presidencia que entonces ejercía Esperanza Aguirre. Unos años antes, Ayuso había trabajado en el gabinete de la presidenta madrileña.

Ayuso y Ramos mantuvieron la comunicación al menos durante dos meses. En los correos que la política del PP le envía en septiembre –todos ellos desvelados por infoLibre–, la idea que transmite sobre los socios de su padre ya es muy diferente. Para entonces ya sabe que MC Infortécnica está en quiebra. La cordialidad eterna que Ayuso preveía en junio se había transformado en sospechas de traición en septiembre. En concreto, Ayuso creía que los tres socios de sus padres –José Luis Marcelino, José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero– formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad.

El 14 de septiembre, por ejemplo, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid. "¿Podemos saber a quién facturan?", inquiere Ayuso a Ramos a las 18:34, solicitando datos estrictamente confidenciales de empresas de los socios de su familia. Doce minutos después, envía otro mensaje en la misma línea: "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", pregunta sobre las empresas que mencionó antes, insistiendo en obtener información tan sensible como los clientes de una compañía.

"Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra...", escribe Ayuso en un tercer mensaje aquel día, confesando por tanto por escrito su certeza de que MC Infortécnica está muerta y, por tanto, no podrá devolver el préstamo de los 400.000 euros. Y así fue, ya que no devolvió ni un euro a Avalmadrid.

Nueve días después de este mensaje, el 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla. El 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. El 16 de abril de 2012, a través de otra donación de su padre, ella y su hermano se convirtieron en dueños de un local de oficinas en Madrid. Los cinco años que fue de su propiedad no pagaron el IBI al Ayuntamiento.

La relación epistolar entre Ayuso y Ramos centrará sin duda este martes, en la Asamblea de Madrid, buena parte de las preguntas de los tres partidos de oposición, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. En la primera sesión de la comisión, en diciembre del año pasado, también se mostró bastante incisivo el portavoz de Vox.

Eva Piera: una persona clave en el equipo económico de aguirre

Eva Piera desempeñó durante algunos años un papel muy relevante en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012, estuvo en el centro de una serie de entidades controladas por el PP y que servían para avalar o financiar a empresas. Además de presidenta y consejera de Avalmadrid, también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM) y fue responsable del comité de supervisión del fondo Inicap. Aunque todas estas entidades se han visto envueltas en diversas irregularidades, Piera no ha sido nunca imputada. Al menos de momento, ya que el PSOE ha pedido recientemente que declare como investigada en el caso Púnica, precisamente por el desvío de fondos millonarios a través de sociedades de capital riesgo. El juez aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud. Tras su salida del Gobierno de Aguirre, aterrizó primero en el BBVA y luego en la aseguradora Mapfre, donde es directora general de Relaciones Institucionales.

Piera comparece ante la comisión de Avalmadrid por segunda vez. La primera fue el pasado 17 de diciembre, cuando ofreció su testimonio junto a otras tres personas, entre ellas Santos-Suárez. Tal y como demostró documentalmente infoLibre en una información del pasado mes de febrero, los dos expresidentes de Avalmadrid mintieron en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citar a ambos.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

En sus respuestas a los diputados, además de afirmar que no sabía nada del préstamo a MC Infortécnica y que ella se había limitado a poner en contacto a Ayuso con Ramos como había hecho con muchas otras personas, Eva Piera dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por este periódico demuestran que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: Juan Manuel Santos-Suárez, Juan Luis Fernández-Rubíes y Carlos Ramos.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL (marzo de 2011), esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo (diciembre de 2011) y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas (abril de 2012), aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante". Hay pocas dudas sobre lo que son los "pedidos de interés infumables", en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

Más allá de su minucioso interés por decenas de operaciones concretas, la respuesta que Piera dio a los diputados cuando le preguntaron por su papel como intermediaria que puso en contacto a Ayuso con Ramos tampoco casa con la realidad. Su versión es que actuó como con cualquier otra persona "interesada en informarse de cualquier programa de ayudas, de cualquier programa de subvenciones de apoyo financiero que teníamos a disposición en la Comunidad de Madrid. Lo que hice, por tanto, con la señora Díaz Ayuso fue atender esa petición de con quién podía hablar en Avalmadrid al objeto de obtener información y asesoramiento". Las fechas desmienten este relato. ¿Qué asesoramiento iba a necesitar Ayuso el 13 de julio sobre un aval que había sido aprobado en febrero y escriturado el 15 de marzo anterior? Avalmadrid había entregado los 400.000 euros a MC Infortécnica cuatro meses antes de que Ayuso le pidiera a Piera el contacto en Avalmadrid. El apoyo financiero ya había sido otorgado. La novedad en julio es que la empresa de los padres de Ayuso estaba en quiebra y no iba a devolver, por tanto, el dinero avalado por sus padres.

Este martes, Eva Piera tendrá una segunda oportunidad para contar a los diputados la verdad de lo que ocurrió en Avalmadrid. A la vista de su nueva declaración, la comisión tendrá que decidir si envía o no su primer testimonio a la Fiscalía, en caso de que entendiese que incumplió el artículo 502 del Código Penal.

Juan Luis Fernández-Rubíes: el primer ejecutivo en la época más turbia

La comparecencia de Juan Luis Fernández-Rubíes, primer ejecutivo de Avalmadrid durante los años en que se produjeron la mayor parte de las operaciones sospechosas, ya era interesante simplemente por el cargo desempeñado. Pero lo es aún más después de que Santos-Suárez intentase descargar sobre él cualquier responsabilidad de posibles actuaciones irregulares. El entonces presidente de Avalmadrid adujo que él no estaba en la operativa diaria, que ese era el trabajo del consejero delegado.

Fernández-Rubíes, que permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016, jugó desde luego un papel destacado tanto en la concesión del préstamo a MC Infortécnica como en el consentimiento posterior a que los avalistas se fuesen desprendiendo de sus bienes para no devolver los 400.000 euros.

El 2 de marzo de 2011, dos semanas antes de que se escriturase el crédito, el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advirtió por correo a sus superiores que en la tasación del único bien inmueble que hipotecaban los socios de MC Infortécnica, se indicaba expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añadió. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, respondió ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".

MC Infortécnica tenía que empezar a devolver el préstamo de 400.000 euros en diciembre de 2011. Para entonces ya estaba sin trabajadores y en quiebra. Y en lo que se afanaron sus dueños fue en traspasar sus bienes para evitar así que se los embargase Avalmadrid. Seis de los ochos socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Ayuso, realizaron operaciones típicas de un alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado el crédito. Los otros dos no pudieron deshacerse de sus inmuebles porque ya estaban hipotecados por entidades financieras. Y todo ello lo hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que sabía que los morosos estaban traspasando su patrimonio.

Que los jefes de Avalmadrid lo sabían no es una suposición. El Comité de Morosidad de la entidad analizó en dos de sus reuniones del año 2012, celebradas el 2 de abril y el 16 de noviembre, el préstamo fallido de MC Infortécnica. En la documentación manejada en esas reuniones se aportó una relación de los bienes de los avalistas. Pues bien, resultaba evidente que los dos principales inmuebles de la familia Díaz Ayuso habían cambiado de titular, pero el Comité de Morosidad no hizo nada. Y el principal ejecutivo era Fernández-Rubíes.

En una auditoría interna encargada el verano de 2019 por la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre hubiese publicado ya varias informaciones sobre el escándalo, se admite esta circunstancia sin demasiados rodeos: "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija [Isabel Díaz Ayuso]. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación".

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", se explicaba en la auditoría de Avalmadrid, en lo que supone una descripción bastante clara de la actuación negligente por parte de la entidad. Sin embargo, el informe peca de optimismo cuando señala que "algunos de los bienes" ya no están en el patrimonio de los morosos. En realidad, no queda ningún bien.

El descontrol en la época de Fernández-Rubíes no se limitó, ni mucho menos, al caso MC Infortécnica. Una inspección del Banco de España, abierta en 2016, desveló un sinfín de irregularidades: la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid, los informes de seguimiento era "deficientes para explicar la situación y la evolución del negocio avalado", dichos informes tampoco aportaban apenas "información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías, existían operaciones en las que la clasificación crediticia se hizo "con mucho retraso"... Todo un manual de cómo no debe funcionar una sociedad de garantías.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encontraban los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Ambos financiaron generosamente al PP de Aguirre a través de Fundescam.

El dinero de todos los avales fallidos salió, en una parte muy importante, de las arcas de la Comunidad de Madrid. Primero, porque como primer accionista inyectó decenas de millones de euros en Avalmadrid. Y, segundo, porque el Gobierno de Aguirre firmó un contrato por el que decidió reavalar operaciones de Avalmadrid del año 2011. De acuerdo con la información oficial facilitada por la Comunidad el año pasado, había tenido que desembolsar 2,46 millones para cubrir un total de 51 fallidos. El préstamo a MC Infortécnica era el cuarto que más dinero le había costado a los contribuyentes madrileños: 102.030 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.

Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadriden el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros concesión de avales a empresas vinculadas con consejerosde Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.

Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, director general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes, con el único voto en contra de los dos diputados del PP, que comparezcan de nuevo los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías. La fecha en que ambos deberán volver a intervenir ante los diputados regionales la decidirá la propia comisión de investigación cuando se reúna a comienzos de la próxima semana para determinar quiénes serán los comparecientes del mes de marzo.

Entonces deberán aclarar si mintieron en su primera intervención. Eva Piera aseguró a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por infoLibre muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas. Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban una nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez para que aclararan estas “contradicciones”. En la reunión de este órgano parlamentario el lunes tanto Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– como Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el PP se opuso alegando que el objeto de la comisión no es determinar si los comparecientes mienten, una competencia que corresponde, precisaron, a los tribunales. En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Pero el resto de los grupos replicó que la solicitud de una nueva comparecencia “no prejuzga nada”. Sólo se les pide que expliquen la diferencia entre sus declaraciones y los documentos publicados. Entonces se verá si es necesario acudir a los tribunales o no, subrayan las fuentes.

Las dos próximas sesiones de la comisión de investigación están fijadas para los días 13 y 17 de marzo.

Irregularidades en Avalmadrid

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las supuestas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que también Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Además, tras una inspección del Banco de España en 2012, el organismo supervisor abrió un expediente sancionador contra Avalmadrid y una quincena de sus ejecutivos y consejeros, para los que pedía sanciones por importe de 667.000 euros. Entre las anomalías descubiertas en 167 operaciones destaca la concesión de avales a empresas vinculadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid dos de sus expresidentes, Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, a fin de que aclaren si mintieron en sus declaraciones del pasado 17 de diciembre ante los diputados.

La Mesa de la Asamblea verá estas peticiones el próximo lunes. En ese órgano sólo están representados PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. PP y Ciudadanos suman mayoría. Fuentes de la formación naranja han asegurado a infoLibre que apoyarán la iniciativa para que los dos expresidentes de Avalmadrid den explicaciones por “unos testimonios que pueden ser falsos”. “Mentir en una comisión parlamentaria es un delito”, subrayan. También Vox quiere que Piera y Santos-Suárez comparezcan de nuevo, según indicó el pasado viernes su diputado José Luis Ruiz Bartolomeu.

En caso de que Ciudadanos y Vox mantengan su postura, la solicitud de los tres partidos de la izquierda madrileña saldría adelante.

Los diputados de la oposición pretenden que ambos directivos aclaren la “contradicción” entre el testimonio que prestaron el 17 de diciembre en la comisión y los correos y actas que infoLibre publicó el pasado día 14 de febrero.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

"Pedidos de interés"

Los correos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, muestra cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011.

El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid tampoco actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

La expresidenta de AvalmadridRosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.

Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente , la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.

“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?

La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network, una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

José María Rotellar admitió que mantiene“una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.

Los grupos de la oposición van a pedir en la Asamblea de Madrid que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid sus expresidentes Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, después de que infoLibre haya publicado los correos y actas que demuestran que ambos mintieron en sus intervenciones ante los diputados el pasado 17 de diciembre. La iniciativa va a ser secundada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox, según han explicado a este periódico sus representantes en la Asamblea regional. Ciudadanos no descarta unirse también a la petición, ha indicado a este periódico la diputada Ana Isabel García.

“Queremos darles la oportunidad de que ahora digan la verdad”, apuntó la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El representante de Unidas Podemos Jacinto Morano destacó que existen “evidencias documentales” de que Piera y Santos-Suárez mintieron, y declarar en una comisión parlamentaria “equivale a una declaración judicial”. Como “un delito de falso testimonio” calificó lo ocurrido el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyá. El representante de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, por su parte, anunció su apoyo a la iniciativa para que ambos directivos se expliquen.

Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión creada para investigar las irregularidades destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de operaciones concretas de Avalmadrid. El segundo se desentendió por completo del aval que concedió la entidad semipública a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizan los impagos.

Sin embargo, infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos de Eva Piera en los que pide datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid, así como al acta de una reunión del Comité de Morosidad firmada por Santos-Suárez de su puño y letra.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

18 operaciones por las que se interesó Eva Piera

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre ellas, según desveló este periódico, sea encuentra el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Eva Piera puso en contacto a Díaz Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, Piera llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”. Hay pocas dudas sobre lo que son los “pedidos de interés infumables”, en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que ese comité estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información].

Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregó a la comisión que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid un listado de los fondos que la Comunidad madrileña destinó a esta sociedad de garantía recíproca que sumaba 29,55 millones de euros. Pese a que los diputados de la Asamblea regional le pidieron los datos sobre todas las partidas asignadas a Avalmadrid desde 2007, el año en que ha delimitado la comisión sus trabajos, el Ejecutivo madrileño sólo envió información sobre las subvenciones concedidas desde noviembre de 2009.

Pero, como ha publicado este periódico, ya con anterioridad a esa fecha, Avalmadrid también había recibido importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales. Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por el Gobierno regional a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Economía –cuyo viceconsejero preside Avalmadrid– por la divergencia entre ambas fuentes de información y este departamento le ha remitido a Hacienda, la consejería, según explica, que elaboró el documento remitido a la Asamblea de Madrid. Un portavoz de Hacienda reconoce que, en efecto, faltan partidas en la documentación enviada a la comisión y atribuye su ausencia a un “error material”. También al hecho de que Avalmadrid ha cambiado de CIF a lo largo de los años. “Son datos de hace mucho tiempo, cuando se utilizaba una base de datos antigua”, indica el portavoz. Hacienda dice también que ha enviado a la Asamblea “una ampliación de la información” facilitada, con las subvenciones entre 2007 y 2008 que han encontrado ahora, tras las preguntas de este periódico,pero que no figuran en la primera lista proporcionada a la comisión de investigación.

Sobre los convenios firmados por Economía y Caja Madrid con la sociedad de garantías en 2005 y 2009, Hacienda señala que no tiene acceso a ellos, pero que los ha solicitado para su comprobación.

Las cifras de la Consejería de Economía

Al mismo tiempo, este periódico ha solicitado al Gobierno de Madrid, a través de su Portal de Transparencia, el listado completo de las subvenciones y aportaciones económicas de cualquier tipo recibidas por Avalmadrid desde su fundación en 1985 hasta la actualidad. Tanto las concedidas por la Consejería de Economía –de la que depende la sociedad de garantías y con la que firma sus convenios– como por cualquiera de sus organismos. Según la información remitida por esa consejería, actualmente en manos de Ciudadanos, Avalmadrid recibió un total de 46,88 millones de euros de dinero público.

Las aportaciones se dividen en tres tipos: suscripciones del capital social de Avalmadrid, fondos y líneas de bonificación a pymes y autónomos con cargo al presupuesto de la Consejería de Economía y el convenio de reafianzamiento que la Comunidad de Madrid firmó con la sociedad de garantías en octubre de 2011.

Desde 1982 y hasta 2007, la Comunidad de Madrid aportó 16,71 millones de euros por su participación accionarial en Avalmadridparticipación accionarial en Avalmadrid, que en la actualidad equivale a un 26,1% del capital –aunque llegó a representar más del 33% hace una década–. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Respecto a los fondos y líneas de bonificación, la Consejería de Economía sólo facilita las consignadas a partir de 2011. Son de tres clases. Un total de 9,41 millones de euros corresponden a aportaciones al fondo de provisiones técnicas de Avalmadrid, que forma parte del patrimonio de la entidad y sirve para reforzar su solvencia. Estas cifras concuerdan con las facilitadas a la comisión de investigación de la Asamblea por la Consejería de Hacienda, según ha comprobado este periódico.

A esa cantidad hay que sumarle otros 13,05 millones de euros en fondos de provisiones técnicas específicas para autónomos en activo y desempleados, cooperativas y sociedades laborales. Estas partidas, que se desembolsaron únicamente en 2017 y 2018, no se corresponden con las cantidades del listado enviado a la comisión por Hacienda: en éste faltan 2,05 millones que sí aparecen en los datos de Economía.

Finalmente, las líneas para bonificar los costes de financiación de pymes y autónomos supusieron un desembolso de 5,23 millones de euros en 2011 y 2012, otra cifra que tampoco coincide con las facilitadas a la Asamblea. Economía informa de 3,8 millones de euros adicionales que no figuran en las cuentas de Hacienda.

En total, desde 2011 hasta febrero de 2020 el Gobierno madrileño concedió a Avalmadrid 27,7 millones de euros en este tipo de aportaciones, siempre según las cuentas de la Consejería de Economía.

Convenio de reafianzamiento

La tercera fuente de dinero público de la sociedad de garantías en estos años fue el convenio de reafianzamiento firmado en octubre de 2011, por el que la Comunidad de Madrid cubría el riesgo asumido por Avalmadrid en la concesión de los avales. Si las empresas no devolvían el dinero de los préstamos que conseguían en los bancos –gracias a la garantía otorgada por Avalmadrid–, la Comunidad cubría el fallido junto con la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por los 51 avales impagados de 2011 –el convenio no fue renovado–, el Gobierno autonómico ha desembolsado 2,46 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que abonó a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses– del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe reavalado fue el cuarto más voluminoso de todos los desembolsados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio.

Así, Avalmadrid reavalaba tres de cada cuatro operaciones de aval que aprobaba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones.

De ese conjunto de operaciones, la Comunidad ha tenido que abonar hasta el momento 2,46 millones de euros para cubrir un total de 51 fallidos, operaciones cuyo importe no fue devuelto por las empresas avaladas en 2011. Según la información facilitada a infoLibre por el propio Gobierno madrileño, el convenio firmado ese año se tradujo en el reaval de 464 operaciones que suman 87,26 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que debió abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe fue el cuarto más voluminoso de todos los abonados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio de 2011. Los cuatro mayores desembolsos para cubrir impagos suman el 73,26% del dinero público destinado hasta ahora a este fin. El fallido que mayor desembolso supuso para las arcas madrileñas fue el de Tallelec SL, una empresa de instalaciones eléctricas a la que Avalmadrid concedió un aval de 1,6 millones de euros. El reaval de la Comunidad de Madrid era del 71% de esa cantidad, por lo que la administración autonómica tuvo que pagar 1,1 millones de euros para cubrir la deuda. El administrador único de Tallelec SL desde octubre de 2012 era Antonio Santos García, vicepresidente de Asuntos Económicos y Tesorero de la Real Federación de Fútbol de Madrid hasta el pasado día 7, cuando presentó su dimisión.

El pasado mes de junio Santos García y el presidente de la federación madrileña, Francisco J. Díez Ibáñez, fueron denunciados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por apropiación indebida, administración desleal y corrupción. Se les acusa de toda una serie de irregularidades, desde la venta sin autorización de la sede de la federación madrileña hasta la adjudicación de contratos a personas vinculadas a directivos e incluso el cobro inflado de dietas y sueldos. Este periódico ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, ponerse en contacto con Antonio Santos para recabar información sobre Tallelec SL, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013.

Relojes de lujo

La segunda empresa por la que debió pagar más dinero la Comunidad de Madrid fue Valentín SA, dedicada a la venta de relojes de lujo. Avalmadrid también le otorgó un aval de cuantía muy elevada, un millón de euros, que fue reavalado por la Comunidad en un 44%. Al no poder devolver ese importe y declararse en concurso en septiembre de 2013, la Hacienda madrileña abonó 367.202,44 euros. Valentín SA ha tenido como apoderado a Valentín López Haba y como administrador único a su hermano Roberto, hasta que entró en concurso. Fue extinguida en noviembre de 2017.

Roberto López Haba declaró en el juicio del caso Tándem, la investigación sobre las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. En concreto, lo hizo en defensa del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, amigo de Villarejo. Según publicó en su día Vozpopuli, López Haba aseguró que en las navidades de 2012 había tocado la lotería en su empresa y que había repartido el premio “con los trabajadores y con amigos”, entre ellos tanto el policía como un empresario imputado, por regalar a Salamanca un reloj Rolex a cambio de favores.

El tercer mayor pago de la Comunidad de Madrid para cubrir fallidos tuvo como beneficiario El Asador de Enrique SL, un restaurante y hotel situado en el barrio madrileño de Villaverde que entró en concurso en septiembre de 2013. Fue reavalado en un 64% de los 500.000 euros que recibió, por lo que la Comunidad debió pagar 228.205,85 euros a la sociedad de garantías cuando El Asador de Enrique SL no pudo devolver el importe del aval.

Los siguientes de la lista fueron cubiertos con importes mucho menores. Fernández Ciudad SL, una empresa del expresidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, Eladio Muñoz Ramírez, recibió 75.279 euros, a O-Kyaku Europe Consulting SL se le pagó 72.296 euros y a Grupo Trimagen SL le fueron abonados 67.094 euros. Por debajo de esos tres nombres, los desembolsos por avales impagados no superan los 39.000 euros.

Un aval concedido sólo porque contaba con el reaval de la Comunidad

Pero de todos los avales reafianzados por la Administración madrileña el de mayor volumen fue el aprobado para el Club Social Santo Domingo SL, una operación que ascendió a 4,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid la reavaló en un importe muy elevado, el 65%, y Cersa cubrió otro 10%. Este aval fue uno de los señalados por el Banco de España en el informe que tuvo como resultado una sanción de 95.000 euros a Avalmadrid y que aún debe resolverse en lo que a las sanciones propuestas para una quincena de sus consejeros y directivos se refiere. El organismo supervisor encontró irregularidades en un total de 167 operaciones. En concreto, en la del Club Social Santo Domingo descubrió que Avalmadrid no revisó sus riesgos con la periodicidad exigida por sus propias normas: semestralmente para riesgos superiores a un millón de euros y para riesgos en seguimiento especial. Además, los informes de seguimiento que hizo eran deficientes.

Posteriormente, en el informe que la propia Avalmadrid encargó a la consultora Forensic Partners para reevaluar esos 167 avales sospechosos, los analistas concluyen que la cuantía del aval para el Club Social Santo Domingo era “muy elevada en comparación con el importe medio” de las operaciones y que “no había razones económicas” para concederlo, ya que el expediente carecía de plan de negocio. Sólo se había presentado una cuenta de pérdidas y ganancias a tres años, lo que el informe considera “insuficiente”. Es más, asegura que esa carencia es “síntoma” de que el aval fue aprobado únicamente “por la garantía hipotecaria [un inmueble cuya tasación se redujo de 9,3 millones de euros a 2,3 millones] y por el reaval de la Comunidad de Madrid por un 65%”, un porcentaje que califica de “excepcional”.

El club social sólo presentó cuentas de 2010 y 2011, con pérdidas de 2,03 millones de euros y unos ingresos de únicamente 45.000 euros. Entró en concurso de acreedores en junio de 2013. A fecha de febrero de 2019, el aval tenía aún la calificación de moroso, con una deuda que suma a los 4,5 millones del aval otros 566.000 de intereses. Pero aún no había sido declarado fallido, por lo que ni la Comunidad de Madrid ni Cersa han tenido que cubrir todavía el impago.

Entre las operaciones con reaval de la Comunidad de Madrid y, además, con un porcentaje muy elevado de reafianzamiento, destacan las cinco concedidas a Construcciones Ruesma. Suman 1,46 millones de euros y cuatro de ellas fueron reavaladas por la Comunidad de Madrid en más de un 72%; la quinta, también en una cuantía elevado, un 64%. Eso sí, ninguno de estos avales ha sido declarado fallido.

Una política de reaval cuestionada por el Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid fue uno de los objetos de reproche del Banco de España en su informe. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en las inspecciones que había llevado a cabo encontró 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió entonces con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, según destaca el informe del Banco de España. De esta forma, continúa el documento, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido para ello por Cersa y la Comunidad de Madrid.

Ése es uno de los motivos tras el expediente y la sanción que el Banco de España le ha impuesto: ni aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.

La comisión de investigación de Avalmadrid ha enviado un escrito de petición de amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid donde reclama acceso a la información sobre la sociedad de garantías que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha denegado alegando que incluye datos de terceras personas. La comisión, que reanuda sus comparecencias el próximo viernes, había cursado 136 peticiones de documentos y datos a la Comunidad de Madrid para investigar las irregularidades en Avalmadrid destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. El Ejecutivo madrileño ha rechazado una cuarentena de ellas.

Para denegar la entrega de los documentos, el Gobierno de Díaz Ayuso utiliza dos argumentos. El primero, que la información afecta a “terceras personas que no tienen relación con la Comunidad de Madrid”. El segundo, que no dispone de los documentos que se le piden porque están en manos de Avalmadrid, una empresa donde posee una participación “no mayoritaria” y que funciona “con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. No obstante, ésta aparece como una cuestión en el centro de la polémica entre los grupos parlamentarios. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Para las primeras peticiones, un total de seis, la comisión aprobó el pasado jueves, con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, reclamar el amparo de la mesa para obtener acceso a la información solicitada.

Según argumenta el escrito, el reglamento de la Asamblea, en su artículo 18.4, establece un procedimiento para que los diputados puedan acceder a información que afecte a los derechos fundamentales y libertades de terceros: que sean ellos quienes se desplacen a donde se encuentren esos documentos para que puedan examinarlos sin necesidad de copiarlos.

Es el caso de los correos electrónicos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. Así lo dispone el convenio de reafianzamiento que la sociedad de garantías firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid y por el que hasta el momento ha recibido 2,46 millones de euros para cubrir fallidos. Esa información incluye los números de los avales, los titulares de cada operación, su fecha e importe y si tienen cobertura de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por ese mismo motivo también se ha denegado la entrega de los datos correspondientes a los avales cuyo importe no ha sido devuelto por los beneficiarios y fueron reafianzados.

Recurso y nuevos argumentos

Respecto a las peticiones de información rechazadas por tratarse de documentación en poder de Avalmadrid, Más Madrid va a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que veta el acceso a esa información con el argumento de que no las tienen. Fuentes del partido denuncian que la “censura” aplicada por el Gobierno de Díaz Ayuso “conculca el derecho de todos los madrileños a saber qué uso se ha hecho de los más de 50 millones de euros” de fondos públicos que se han dedicado a la sociedad de garantías en los últimos 15 años.

Entre los argumentos del recurso de reposición que presentará Más Madrid destaca que "no está justificada la no posesión de las actas" de órganos como el Consejo de Administración de Avalmadrid, por parte de los representantes directos del Gobierno en la sociedad de garantías, especialmente si se tiene en cuenta el control que ejerce la Comunidad sobre Avalmadrid. 

También el PSOE y Unidas Podemos estudian iniciativas por su cuenta para conseguir la entrega de los datos e informes denegados.

La diputada socialista Pilar Sánchez Acera presentará de nuevo en la Mesa de la Asamblea las mismas peticiones de información, pero con nuevos argumentos sobre el carácter público de Avalmadrid, explica a infoLibre. Por ejemplo, se apoyará en la intervención el pasado mes de diciembre en la misma comisión del expresidente de la sociedad de garantías Juan Manuel Santos-Suárez, quien aseguró que, en realidad, él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, explicó. “Tenemos derecho a la información que nos deniega el Gobierno sobre Avalmadrid, por lo que vamos a activar todas las acciones posibles para reclamar que nos la entregue”, advierte Sánchez Acera, “no entendemos la falta de transparencia a menos que tengan algo que ocultar”.

Unidas Podemos decidirá este lunes qué iniciativas va a emprender, entre varias posibilidades que están barajando. No descartan acudir al Tribunal Constitucional, adonde recurrirán para que comparezcan en la comisión tanto los expresidentes de la Comunidad de Madrid desde 2007 como la propia Isabel Díaz Ayuso, unas peticiones que también fueron rechazadas.

“Una vez más el Gobierno demuestra que está antes para proteger a Isabel Díaz Ayuso en su escándalo con Avalmadrid que para dar explicaciones y aportar transparencia a la ciudadanía. Primero bloquean las comparecencias de Díaz Ayuso y de los expresidentes de la Comunidad y ahora niegan la información que deben aportar a la comisión como gobierno”, critica Isabel Serra, de Unidas Podemos, quien también acusa a Ciudadanos, socios del PP en el Ejecutivo, de “cerrar puertas para hacer de escuderos de Díaz Ayuso” en lugar de “abrir ventanas” para denunciar la corrupción.

Ni un papel sobre MC Infortécnica, Marsans y Cantoblanco

Entre los documentos rechazadas por estar en poder de Avalmadrid, se encuentra toda la información relativa a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso y que supuestamente recibió un trato de favor cuando no devolvió el importe del aval de 400.000 euros que se le había concedido en febrero de 2011.

Así, el Gobierno madrileño se niega a facilitar el expediente completo de la concesión del aval, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar el aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembros se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de presunto alzamiento de bienes.

El Gobierno madrileño también rehúsa facilitar a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid aportó 29,55 millones de euros de dinero público a Avalmadrid desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2019. Así consta en la respuesta que el Gobierno autonómico ha facilitado a la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades y el trato de favor en la concesión de avales por parte de la sociedad de garantía recíproca. irregularidades y el trato de favor en la concesión de avalesAvalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

El PP y Ciudadanos, que comparten el Gobierno madrileño, sostienen en cambio que Avalmadrid es una empresa privada “que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni está incluida en el sector público autonómico”, un argumento que han utilizado para intentar impedir la creación de la comisión de investigación y para rechazar las preguntas que sobre la sociedad de garantías ha formulado la oposición en la Asamblea.

El año en que con más dinero entregó la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías fue 2017, cuando destinó un total de 12,4 millones de euros en sus presupuestos a Avalmadrid. De esa cantidad, 10 millones corresponden al convenio que ambas instituciones firmaron para constituir un fondo específico destinado a crear y mantener el empleo de los empresarios autónomos. Firmado en diciembre de 2017, cubre el riesgo derivado de conceder avales a autónomos para que puedan pedir préstamos a los bancos con los que hacer crecer o consolidar su negocio, y tiene una vigencia de tres años.

En 2018, el Gobierno madrileño pagó a Avalmadrid cuatro millones de euros, mientras que en 2015 su aportación alcanzó los 3,93 millones y en 2010 ascendió a 3,27 millones.

Buena parte de las aportaciones se hicieron en virtud del Plan de Fomento a la Hostelería y el Plan de Fomento a la Inversión Productiva, aunque también dentro del Plan Renove y el Plan de Apoyo a la Industria. Al menos hasta el año 2011. Ese año la Comunidad de Madrid firmó un convenio de reafianzamiento con Avalmadrid, por el que la Administración autonómica se comprometía a reavalar las operaciones suscritas por la sociedad de garantías hasta en un 75%. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha abonado un total de 2,46 millones de euros para cubrir 51 fallidos.

A partir de 2014, el dinero público le ha llegado a Avalmadrid en forma de subvenciones nominativas: dos millones de euros en 2015, y un millón anual en 2017, 2018 y 2019. También se le han pagado otras destinadas al fondo de provisiones técnicas –que está obligada a tener la sociedad por una cuantía mínima equivalente al 1% del riesgo vivo que soporte– y mediante el citado convenio para crear un fondo específico de ayuda a los autónomos.

La página web de Avalmadrid donde se detallan las aportaciones realizadas por la Comunidad de Madrid entre los años 2005 y 2009.

Esos 29,55 millones se corresponden con el periodo 2009-2019. Pero, con anterioridad, Avalmadrid también recibió importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales.

Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por la Consejería de Economía a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

La comisión de investigación vuelve el día 14

La comisión, que reanudará sus comparecencias el próximo día 14, investiga las irregularidades en la concesión de avales que desveló el Banco de España tras inspeccionar Avalmadrid, así como las denuncias publicadas por infoLibre sobre el aval de 400.000 euros otorgado a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un aval que nunca fue devuelto y cuyo importe terminó siendo cubierto con dinero público procedente de la Comunidad de Madrid y de la empresa estatal de reafianzamiento Cersa.

El pasado mes de enero, el Banco de España hizo públicas las primeras sanciones impuestas a Avalmadrid por las irregularidades descubiertas en sus inspecciones: 95.000 euros para la sociedad de garantías por una infracción grave, no aplicar en tiempo y forma un requerimiento para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejorar sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió. También sancionó a dos consejeros: la Cámara de Comercio de Madrid con 38.400 euros, y al expresidente de la patronal madrileña Juan Pablo Lázaro, con 10.400 euros más. Aunque el expediente sancionador sigue abierto contra una quincena de consejeros y ejecutivos que han presentado recursos contra la propuesta de sanción del organismo.

Además, la propia Avalmadrid encargó un informe a una consultora, Forensic Partners, que revisó los 167 avales donde el Banco de España había descubierto anomalías. El resultado de esa segunda investigación sirvió a la dirección de la sociedad de garantías para presentar una denuncia en la Fiscalía contra algunos de sus antiguos directivos y consejeros, que fue archivada por haber prescrito los hechos. No obstante, quedaron así al descubierto las vinculaciones entre algunos de estos ejecutivos y consejeros con las empresas a las que Avalmadrid concedía avales.

infoLibre desveló el año pasado las irregularidades relacionadas con el aval de MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos propiedad de los padres de Díaz Ayuso. Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres.

La infracción se refiere al incumplimiento por parte de Avalmadrid de un requerimiento en materia de control interno que el Banco de España le hizo en 2012, tras una inspección: no aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

El Banco de España resuelve así parte del expediente que abrió entonces a la sociedad de garantías, por el que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 consejeros y ejecutivos de Avalmadrid. De momento, sólo ha resuelto sobre la propia sociedad y los dos consejeros citados. El resto está pendiente aún de los recursos que han presentado contra las sanciones. La resolución definitiva se conocerá en las próximas semanas. Tanto la Cámara de Comercio con el presidente de CEIM se han beneficiado de una reducción de cuantía del 20% por pago voluntario. Han preferido no recurrir y abonar la multa.

Una comisión de la Asamblea de Madrid investiga las irregularidades descubiertas por esa inspección del Banco de España en Avalmadrid, así como las publicadas por infoLibre que implican a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Historia de una inspección

Tras una primera inspección a Avalmadrid en 2012, el Banco de España encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de los avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Fue entonces cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de las operaciones.

En noviembre de 2016 volvió a abrirle una inspección, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, aseguraba el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España igualmente descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

El aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Y que finalmente ha sido cubierto en buena parte por la Comunidad de Madrid y Cersa, la compañía pública de reafianzamiento.

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) pagó el 31 de octubre de 2015 a Avalmadrid 206.123,5 euros por el aval concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la información proporcionada por la propia compañía pública a infoLibre través del Portal de Transparencia, esa cantidad equivale al 50% del préstamo de 400.000 euros afianzados por Avalmadrid, más los intereses devengados en aquel momento. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Cersa actuaba como reavalista, es decir, afianzaba al primer avalista, que era Avalmadrid. Cersa es una sociedad con un 98% de capital público y dependiente del Ministerio de Industria: el 74% de sus acciones son de Patrimonio del Estado y el 24% del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es la encargada de otorgar el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíprocas que existen en España. Firma cada año un acuerdo con éstas, para reavalar las operaciones, con un importe entre el 35% y el 80%, suscritas con pymes en todo el país. 

Como desveló infoLibre hace tres semanas, lo mismo hizo la Comunidad de Madrid, que en su caso reavaló el 25% de los 400.000 euros de la operación de MC Infortécnica SL. Así que el 3 de marzo de 2016 tuvo que pagar un total de 102.030,55 euros. En 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre suscribió un convenio para complementar los reavales de Cersa.

En definitiva, la pregunta de quién pagó realmente los 400.000 euros que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios en MC Infortécnica SL, tiene la siguiente respuesta a día de hoy:

– 206.123,5 euros los abonó Cersa. Como es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid. En este caso el dinero salió íntegramente del bolsillo de los madrileños.

– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid (a 31 de diciembre de 2018 controlaba el 26,14% del capital).

En definitiva, el 78% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes. En cifras absolutas 336.758 euros, distribuidos así: 202.001 euros vía Cersa, 102.030 euros directamente a través de la Comunidad y 32.727 euros vía Avalmadrid.

  Improbable que se recupere el dinero

Esas son las cuentas a día de hoy, ¿pero pueden cambiar en el futuro?

MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos, dejó de pagar en diciembre de 2011 el préstamo que le había concedido Caja España gracias al aval de Avalmadrid. Justo cuando debía hacer frente al primer plazo de su devolución. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías madrileña acordó abonar a Caja España el importe impagado, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios de la empresa para solicitar el aval: una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica SL.

Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. Es decir, dos años y medio después de que Cersa cubriera el fallido y dos años después de que lo hiciera la Comunidad de Madrid. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Además, jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa siete de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Isabel Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de la nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Tanto Cersa como la Comunidad de Madrid tienen derecho a recuperar los importes pagados a Avalmadrid por los fallidos que reafianzan. También el de MC Infortécnica SL. Deben percibir su porcentaje sobre el precio que Avalmadrid obtenga de la venta de los activos que embargue a los morosos. Pero en el caso de MC Infortécnica SL, la sociedad madrileña sólo ha conseguido hacerse con una nave que debería vender para devolver a Cersa y la Comunidad de Madrid sus reavales. Y, aun así, sólo podría reintegrar una mínima parte del dinero pública aportado por ambas.

Así que la respuesta a la pregunta de si puede cambiar la situación en el futuro es la siguiente: es muy improbable. Los avalistas se deshicieron de sus bienes inmuebles y la nave en el pueblo de Ávila tiene escaso valor. Si Avalmadrid consigue venderla, o si termina actuando contra los avalistas solidarios y encuentra algún bien, las cantidades que se ingresen tendrán que repartirse de la siguiente forma: 50% para Cersa, 25% para la Comunidad y 25% para Avalmadrid. 

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa.

  Si no pagaba nóminas, no debió ser reavalada

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa, compareció el pasado martes en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las irregularidades descubiertas en Avalmadrid tras una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Soledad Sánchez Maroto, explicó que si una empresa reavalada suspende el pago de las nóminas a su plantilla, Cersa puede negar el abono del reafianzamiento a la sociedad de garantías que la avaló. La compañía pública revisa las operaciones que le presentan, centrándose en la “elegibilidad” de las empresas avaladas, indicó Ana Vizcaíno. Por ejemplo, si resulta que no es en realidad una pyme, o que no es una empresa nueva, o si incumple sus obligaciones con la Seguridad Social, Cersa no paga. Tampoco puede reavalar a empresas en concurso de acreedores o que se encuentren en causa de que un tercero inste el concurso.

Ése fue el caso de MC Infortécnica SL, que dejó de pagar las nóminas de sus 40 empleados en junio de 2011, apenas tres meses después de serle concedido el aval y haber recibido un préstamo de 400.000 euros. En septiembre despidió a la mayor parte de la plantilla. Los trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios y reclamar sus indemnizaciones de despido.

Pero para que Cersa pudiera haber negado el abono del 50% del aval, Avalmadrid debería haberle informado de que MC Infortécnica había incumplido sus obligaciones con la plantilla. Está obligada a enviarle un informe sobre cada una de las operaciones reafianzadas que hayan resultado fallidas, según consta en el contrato que firman cada año, y paga el importe de la cobertura establecida “como máximo en el mes siguiente a la fecha de la recepción” de ese documento.

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de Españael expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.

El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.

Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

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Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igulamente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió. 

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.