La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó esta semana varias acciones contra el tráfico internacional de cocaína a gran escala. Así, al mismo tiempo que un grupo de agentes viajaba a Brasil para atacar a una de las redes criminales que enviaba droga a Europa en pesqueros, otros llegaban a Ibiza con un objetivo: detener a un ciudadano de los Países Bajos que, aprovechando la espléndida fachada que ofrece el gran turismo presente en la isla, dirigía un sindicato del crimen centrado en el transporte transoceánico de polvo blanco.

La investigación, según desvelan fuentes de Europol, se centró en el sospechoso neerlandés, que tenía acceso directo a traficantes y facilitadores de alto nivel en Colombia. Aunque tenía su base operativa y su residencia oficial en Ibiza, viajaba frecuentemente a los Países Bajos y otros países europeos.

El presunto líder narco, de 56 años, trabajaba de forma conjunta con sus dos hijos para organizar importantes cargamentos de cocaína con destino a Europa. Las relaciones de confianza siempre han sido básicas para los que se dedican a estos negocios, y la presencia de la familia es muy habitual en todas las partes del mundo.

La información sobre el caso apareció inicialmente en la plataforma Sky ECC y gracias a la desencriptación que tuvo lugar en 2021, cuando se accedió a los servidores ubicados en Roubaix.

A partir de ahí, la investigación fue desarrollada por la policía neerlandesa, junto con Europol y la citada UCO de la Guardia Civil española. Mediante vigilancia, análisis de inteligencia e intervenciones telefónicas, los investigadores identificaron intentos constantes de coordinar nuevos envíos de cocaína. La red estaba vinculada a un mínimo de seis grandes cargamentos de esta droga interceptados e incautados en el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Con todos los datos en la mano, el 2 de diciembre de 2025 se produjo la fase de explotación del operativo. El hombre de 56 años fue arrestado en Ibiza, España, y sus hijos de 31 y 23 años fueron detenidos en La Haya y Haarlem, Países Bajos, con lo que se cierra esta fase de la investigación. Coordinaba todas las acciones desde una lujosa residencia en la isla balear que fue objeto de un minucioso registro policial con presencia de todas las fuerzas actuantes. 

Los líderes de los partidos neerlandeses se reunieron este martes para comenzar la fase exploratoria del futuro gobierno y designar a la figura encargada de iniciar las consultas entre posibles socios de coalición, el primer paso formal hacia la constitución del nuevo Ejecutivo, en un proceso encabezado por Rob Jetten, líder del liberal progresista D66.

El presidente del Parlamento, Martin Bosma, recibió a los jefes de grupo para designar a un explorador ("verkenner"), encargado de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Bosma destacó el “amplio consenso” alcanzado para designar al exministro Wouter Koolmees, a quien definió como una figura con “una larga trayectoria y gran capacidad para generar confianza”.

Koolmees, de 48 años, es el actual director general de los Ferrocarriles Neerlandeses (NS) y fue viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales en el tercer gobierno de Mark Rutte (2017–2022).

Fue también mediador en 2021, cuando logró que el liberal VVD, el democristiano CDA, D66 y la Unión Cristiana renovaran su coalición para un cuarto gabinete de Rutte (2022-2024).

El propio Jetten, de 37 años, lo elogió por su capacidad de “conectar ambos lados del espectro político” y consideró fundamental formar “un gabinete estable y ambicioso”. El líder de D66 asumió la dirección inicial de las conversaciones, después de declarar, al ganar los comicios de la semana pasada, que estaba “dispuesto a asumir el cargo de primer ministro”, aunque reconoció la "gran responsabilidad" de liderar unas negociaciones que se prevén complejas.

"Los votantes quieren que dejemos los juegos políticos y trabajemos juntos de verdad", afirmó Jetten.

Se espera que Koolmees presente su informe el 11 de noviembre, tras reunirse con los líderes de las quince fuerzas que han obtenido representación.

Tras finalizar esa tarea inicial, el Parlamento designa a un mediador ("informateur"), encargado de guiar la negociación de los puntos comunes entre posibles socios, y una vez pactadas las bases y cerrados los detalles del acuerdo, se aborda el reparto de ministerios y el nombre del futuro primer ministro, último paso antes de la investidura.

No será una tarea fácil, pues se necesitan al menos cuatro partidos para una mayoría absoluta de 76 escaños.

Con la derecha radical PVV (26 escaños) vetada por la mayoría de las fuerzas, la única mayoría viable de cuatro partidos sería la formada por D66 (26 escaños), VVD (22), CDA (18) y el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA (20), que sumarían 86 escaños y son la fórmula preferida de Jetten.

Pero el VVD mantiene su negativa a gobernar con GroenLinks-PvdA, bloque al que considera “demasiado radical”, mientras, la alternativa de derechas que prefieren los liberales, con el euroescéptico JA21 (9 escaños), necesitaría añadir un quinto partido para alcanzar mayoría absoluta.

Dilan Yesilgoz, líder del VVD, reiteró hoy ante la prensa que no gobernará con GroenLinks-PvdA, ni siquiera tras la dimisión de Frans Timmermans y el relevo de liderazgo de la alianza de izquierdas, que pasó ayer a manos de Jesse Klaver, diputado ecologista de 39 años. “La llegada de Klaver no cambia nada. No hay ningún escenario en el que esos partidos estén juntos en un gobierno”, insistió.

Por su parte, el líder de la derecha radical PVV, Geert Wilders, reconoció su derrota y felicitó a Jetten, después de varios días instando a esperar a que el viernes la Junta Electoral publique los resultados oficiales. “La posibilidad de que 30.000 votos más vayan a nuestro lado es pequeña”, dijo tras la reunión hoy con los demás líderes.

La diferencia entre el PVV y D66 supera los 28.000 votos a favor de Jetten, aunque ambos se mantienen con 26 escaños.

Wilders rechazó las voces que le acusan de haber socavado la democracia tras insinuar la semana pasada presuntas irregularidades electorales: “Es una tontería total; investigar (denuncias de posible fraude) refuerza la democracia”, afirmó.

El líder de JA21, Joost Eerdmans, se mostró abierto a participar en un gobierno de centroderecha con D66, CDA y VVD, aunque reconoció que no alcanzarían mayoría solos los cuatro. CDA, liderado por Henri Bontenbal, evitó fijar preferencias, pero pidió una “exploración rápida y basada en el contenido”, sin descartar un gabinete en minoría.

El propio Klaver subrayó que su partido busca “hacer avanzar a Países Bajos, desde la oposición o desde el gobierno”, y expresó su confianza en el trabajo del explorador.

Los 150 diputados de los 15 partidos que integrarán la nueva Cámara se instalará el 12 de noviembre. Las elecciones marcaron también un récord histórico de representación femenina, con 65 diputadas (43,3 %), según la fundación Stem op een Vrouw (Vota por una mujer).

El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en las elecciones legislativas de Países Bajos, según los datos de la agencia nacional ANP, que lo sitúan como la fuerza más votada por delante de la ultraderechista PVV de Geert Wilders, con la que empata en número de escaños, 26 cada una, según informa EFE.

Aunque el recuento aún no ha concluido, a falta del voto por correo, el análisis de los resultados municipales indica que el avance de los progresistas es ya irreversible. La proyección se basa en los datos de casi todos los municipios del país, salvo Venray, que publicará su resultado a lo largo del día y que no alteraría el orden de los partidos en el escrutinio final.

Países Bajos pospuso hasta el próximo martes la designación de la persona que tanteará inicialmente las posibilidades de formar gobierno, debido a que el recuento oficial de las elecciones sigue sin aclarar qué partido, si el liberal progresista D66 o el ultraderechista PVV de Geert Wilders, se ha impuesto en número de votos, según ha informado EFE.

La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Martin Bosma (PVV), quien explicó que, aunque para el martes no se habrán contado aún todos los sufragios -incluidos los emitidos por correo y desde el extranjero-, convocará igualmente a los líderes de los partidos para analizar los resultados. En condiciones normales, esto debía haber tenido lugar este viernes.

El propio Wilders pidió a Bosma esta mañana retrasar el inicio de la fase de exploración con el argumento de que “las diferencias son tan pequeñas que es decisivo quién tiene derecho a comenzar las negociaciones”. 

Según recordó el ultraderechista, el partido más votado es el primero en recibir el mandato para intentar formar coalición: “No puede designarse un explorador si ni siquiera sabemos con certeza quién es la mayor fuerza política del país”, insistió Wilders.

A falta del recuento final, D66 y PVV se mantienen empatados en 26 escaños cada uno, aunque los votos pendientes del extranjero podrían alterar ligeramente el resultado. D66 aventaja en torno a 15.000 papeletas a la formación de Wilders, lo que le situaría de nuevo en primera posición, después de varias horas la mañana de este jueves aventajado en unos 2.000 votos por la ultraderecha.

A pesar del empate en escaños, el ganador político de los comicios sigue siendo D66, que suma 17 asientos más que en las elecciones anteriores. Wilders, en cambio, figura entre los grandes perdedores, al perder 11 de los 37 escaños que tenía.

El bloque GroenLinks-PvdA, que lideró hasta su dimisión anoche Frans Timmermans, se mantiene con 20 escaños; el VVD, del ala liberal conservadora encabezado por Dilan Yeşilgöz, retrocede a 22; y el CDA democristiano, dirigido por Henri Bontenbal, se queda con 18.

La extrema derecha de Foro por la Democracia (FvD) y la Unión Cristiana (CU) obtienen 7 y 3 escaños, respectivamente.

El euroescéptico JA21 alcanza 9; el movimiento agrario BBB logra 4, y el Partido Socialista (SP), Denk, el Partido por los Animales (PvdD) y el calvinista SGP consiguen 3 cada uno. El partido de los jubilados 50Plus logra 2 escaños, el proeuropeo Volt obtiene 1, y el centrista NSC, fundado en 2023, desaparece del Parlamento tras perder los 20 escaños que había conseguido en los anteriores comicios.

Cuatro ministros y cuatro secretarios de Estado del gabinete neerlandés, que gobierna en funciones desde junio, anunciaron este viernes su dimisión debido al bloqueo dentro de la coalición al intento de tomar medidas contra Israel que consideran “necesarias” dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania.

El primero en anunciar su dimisión fue el ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, quien lamentó en declaraciones a la prensa al término del consejo de ministros que siente “resistencia dentro del gabinete a la toma de más medidas relacionadas con lo que ocurre en la ciudad de Gaza y en Cisjordania” y añadió: “Me voy a casa a escribir una carta de dimisión”.

“No tengo suficiente confianza en que, en las próximas semanas, meses o el próximo año, si se quiere, pueda actuar de manera adecuada como ministro de Asuntos Exteriores. Si se me limita tanto el espacio para llevar a cabo mi propia política y marcar el rumbo que considero necesario”, agregó Veldkamp.

Tras hacer este anuncio, sus otros compañeros de partido también tomaron la decisión de abandonar el gobierno interino. “Dicho claramente, ya hemos tenido suficiente. No había avances. Faltaba disposición para dar espacio al ministro de Exteriores”, señaló el viceprimer ministro neerlandés y líder del partido de centroderecha NSC, Eddy Van Hijum.

“Las acciones del gobierno israelí chocan frontalmente con los tratados internacionales. Hace falta trazar una línea”, advirtió. Los demás miembros del gobierno en funciones que dimiten ocupan las carteras de Interior, Educación y Sanidad, así como cuatro secretarios de Estado.

Veldkamp prometió ayer al Parlamento neerlandés presentar medidas adicionales “necesarias” contra Israel, aunque no había coordinado esto a nivel político con los demás miembros del gabinete, al que pertenecen los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB, que se niegan a endurecer la postura del gobierno contra el gabinete de Benjamín Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y humanidad en Gaza.

El Consejo de Ministros se ha reunido para discutir hoy si se deben adoptar nuevas medidas contra Israel. Los ministros de NSC respaldan plenamente la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos israelíes, al ser estos ilegales, pero los otros dos partidos consideran que es una medida que va “demasiado lejos”.

El debate parlamentario convocado ayer de urgencia para debatir posibles medidas contra Israel transcurrió de forma caótica, con presiones sobre Veldkamp para que el gabinete endurezca su postura contra Netanyahu, pero también con críticas de diputados más afines a Israel. El debate terminó sin votar una moción de censura contra Veldkamp y se ha retomado esta tarde, al término del Consejo de Ministros, que debía haber aprobado las medidas contra Israel.

Más tarde esta noche, el primer ministro interino, Dick Schoof, hará una declaración ante la Cámara. El gabinete neerlandés gobierna en funciones desde junio tras la ruptura de la coalición al retirarse el mayor socio, el partido de derecha radical PVV de Geert Wilders, por desacuerdos en la política migratoria. Países Bajos celebrará elecciones anticipadas el 29 de octubre.

“Veldkamp sentía muy claramente la necesidad de tomar medidas adicionales contra el gobierno israelí, pero se estuvo pisando el freno constantemente. Apenas se le dio espacio para asumir su responsabilidad. Teníamos la esperanza de que, tras la salida del PVV, las cosas serían diferentes, pero no ha sido así”, explicó hoy Van Hijum.

Israel aprobó este miércoles el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como «E1», que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

En nombre del Gobierno neerlandés, Veldkamp rechazó ese polémico plan y denunció que constituye “una clara violación del derecho internacional y haría prácticamente imposible un futuro Estado palestino”.

A finales de julio, el ministro también anunció un veto a la entrada de dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes -el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- por incitar a la “limpieza étnica” en Gaza, y convocó al embajador israelí por la “intolerable e indefendible” situación humanitaria en la Franja.

En el marco europeo, abogó por la suspensión de la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel, y prometió presionar a Bruselas para que proponga medidas comerciales contra la importación de bienes desde asentamientos ilegales.

Doce mil metros cuadrados, 37 salas de reuniones y un enorme auditorio. En el corazón de la ciudad, pero con ráfagas de la brisa de la playa cercana. Así es el World Forum en La Haya (Países Bajos). Y desde este martes se convertirá en el centro de la geopolítica mundial. La OTAN marcará una histórica hoja de ruta en un mundo en el que el tablero se ha sacudido por completo, con terremotos como el genocidio en Gaza, la invasión de Ucrania y el nuevo estilo internacional impuesto por Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca por segunda vez.

Y en esta trascendental reunión, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, busca un acuerdo para que los socios aumenten hasta el 5% del PIB su gasto en defensa. Una exigencia que se basa principalmente en los deseos de Estados Unidos, que persigue una mayor implicación del resto de países en esta materia pero, sobre todo, un incremento de la financiación de las empresas militares que apoyaron a Trump en su camino para el Despacho Oval.

Sin embargo, España no está dispuesta a elevar su gasto militar a esa cifra, como ya ha comunicado por carta el presidente Pedro Sánchez a Rutte. La Moncloa va a subir hasta el 2% del PIB la financiación en seguridad para este año (algo que, según el compromiso de la cumbre de Gales, podía realizarse hasta 2029). Pero el Ejecutivo de coalición se ha plantado ante esa exigencia de máximos que considera “irrazonable y contraproducente”.

Como señalan fuentes de La Moncloa, se está negociando de manera discreta con otras capitales y con la OTAN de cara a esa reunión decisiva, donde se producirá, previsiblemente, un desencuentro entre Sánchez y Trump. Esas conversaciones entre los distintos actores se prolongarán con toda seguridad hasta el último minuto antes de empezar el cónclave.

La idea que tiene el presidente Sánchez es argumentar que el país no puede asumir ese porcentaje de gasto (partiendo de que se considera erróneo contar la aportación en base al PIB de una nación). El Gobierno español está trabajando en una solución que pase por una flexibilización de esa cifra o por que directamente se haga una “excepción” con el país.

El Gobierno ha estado haciendo cuentas y es, en su opinión, inasumible incrementar la cifra hasta el 5%, lo que podría suponer un gasto de 80.000 millones de euros (con una economía además que crece a un ritmo mayor que el resto de países de la zona euro). El presidente es consciente de que aplicar esa cuantía supondría hacer recortes que afectarían de manera masiva a la clase media y al estado del bienestar.

Por el momento, España es el país que de manera más directa ha mostrado su rechazo a ese incremento del gasto (que ahora mismo no cumple ni Estados Unidos). Pero hay conversaciones con otras naciones y se espera que se vayan sumando algunas capitales a la idea de España de rebajar esa exigencia. Hay países con muchas dudas sobre esa nueva barrera como Canadá, Reino Unido, Italia y Bélgica. La hoja de ruta que quiere Rutte es que un 3,5% del PIB vaya a gasto militar puro y el otro 1,5% a financiación relacionada con la seguridad (con un horizonte puesto en 2032 y con una evaluación intermedia en 2029).

España está argumentado que es un “miembro leal” de la OTAN y que es el cuarto país que más ha incrementado el gasto en defensa en los últimos años dentro de la organización. Asimismo, el Gobierno está poniendo sobre la mesa que participa en 16 misiones de paz (cinco de la Alianza Atlántica), en la que hay desplegados unos 3.000 militares patrios. 

El Gobierno español trata de convencer a los socios de que ese incremento es “contraproducente” porque, primero, supone debilitar el proyecto colectivo de un Unión Europea de Seguridad y Defensa al canalizar inversiones hacia terceros países y frenando el desarrollo de una industria comunitaria. Asimismo, este esfuerzo individualizado es un parón para los procesos de compras conjuntos.

La Moncloa incide al hilo en un factor económico: dañaría el crecimiento a corto, medio y largo plazo al incrementar la deuda y provocar presiones en la inflación, además de suponer eliminar partidas para elementos claves como la educación, la sanidad y la tecnología digital. 

Esto, además, indican en el Gobierno, “sería incompatible” con el estado del bienestar y afectaría a la financiación de cuestiones esenciales como la vivienda, el cambio climático, las migraciones y la desigualdad. “Cada país tiene que encontrar su equilibrio”, señalan en el núcleo duro de La Moncloa.

El Ejecutivo español está trasladando durante estos días que hay que fijar objetivos realistas porque hay países que firmarán ese 5% por compromiso y luego no cumplirán. Por eso, indican que no quieren mentir ni a los socios de la Alianza ni a la población de que esa financiación es posible. Pero España no quiere que su postura signifique bloquear la cumbre o impedir que los socios que quieran asuman ese compromiso.

En ese sentido, el Ejecutivo lleva meses trabajando con la OTAN para buscar soluciones que pasen por flexibilizar el objetivo (como sucedió con el 2% en citas anteriores) o directamente “eximir” al país de esa cifra. Pero, en ningún caso, indican en el Gobierno, está en entredicho la participación del país en esta organización.

Desde la Casa Blanca se sigue advirtiendo de que es “ridículo” gastar el 2% del PIB en defensa (como va a hacer España este año) y se mantiene que lo “justo” es llegar hasta el 5% del PIB porque “los contribuyentes norteamericanos han aportado una importante cantidad de dinero”, como señaló la portavoz de Trump, Karoline Leavitt.

Tras hacerse pública la posición de España, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, subrayó que en la OTAN resulta "indiscutible" la necesidad de invertir en defensa y seguridad, pero apuntó que queda a discreción de los aliados determinar cómo acercarse al 5% del PIB que exige EEUU. En París, desde el Palacio del Eliseo, se está remarcando durante estas horas que es un “esfuerzo enorme para todos” que no es compatible con a la vez lanzar una guerra comercial.

El Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV) no es un partido al uso. Es una formación que no tiene cuadros, ni siquiera militantes. Legalmente, su único socio, integrante y propietario es un hombre de 61 años con una larga cabellera rubio platino. Esa persona, una de las mentes más radicales de la extrema derecha mundial, es Geert Wilders. Amo y señor, no solo del partido, sino también, durante el último año y medio, del Gobierno de los Países Bajos sin ni tan siquiera figurar en él. En el PVV todo empieza y acaba en Wilders, él mismo fue quien, la pasada semana, cortó el hilo de vida de la coalición de cuatro partidos que sostenía el Ejecutivo, abocando de esa forma a los neerlandeses a unas nuevas y disputadas elecciones el 29 de octubre.

Sin embargo, la sentencia de muerte de la coalición había sido firmada mucho antes, en una decisión que hirió una de las características más temibles de Wilders: su orgullo. Ante el continuo bloqueo de todos los partidos, las cuatro formaciones decidían que ninguno de sus líderes integraría el nuevo Ejecutivo. Aquello fue un golpe a la línea de flotación del PVV, ya que relegaba a su todopoderoso presidente a un segundo plano. Tras duras negociaciones, se acordó dar el puesto de primer ministro a Dick Schoof, un antiguo militante socialdemócrata y que durante los anteriores cuatro años había desempeñado el cargo de secretario general del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Su Gobierno, finalmente, tan solo ha durado 11 meses. Algo que no es del todo extraño en un país que acostumbra a legislaturas cortas, coaliciones, inestabilidad y parlamentos enormemente fragmentados dado su sistema electoral proporcional. “Aun así, en esta ocasión ha sido demasiado. Han sido cuatro partidos para formar el Ejecutivo, con muchos intereses diferentes y que han acabado chocando continuamente, algo que ya preveían las duras negociaciones previas. Así, las formaciones solo consiguieron firmar un acuerdo de mínimos que llevó a un Gobierno más técnico que político en el que ninguno acababa de estar contento y donde era difícil que se implementaran las políticas de cada uno, especialmente las del PVV”, señala Héctor Sánchez Margalef, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

Precisamente, esa falta de contundencia en la agenda ha sido uno de los principales lastres del PVV. Sus propuestas, algunas de las cuales se encuentran entre las más radicales de las extremas derechas europeas, no han estado ni cerca de salir adelante. De hecho, ha sido la legislación de migración, una de las puntas de lanza del PVV, la que ha terminado por destruir la frágil estabilidad de la que gozaba el Gobierno. “En un Ejecutivo con tantas voces, es muy complicado hacer valer tus propias propuestas, porque las tienes que acordar con muchos partidos. Es lo que le ha sucedido al PVV, que también ha pecado de inocencia e inexperiencia. Dentro de la coalición, estaba con ellos el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, la formación del ex primer ministro Mark Rutte, que ha gobernado en varias legislaturas y que sí tiene esa experiencia”, explica el experto. 

Tanto más difícil para ellos ha sido sacar adelante propuestas que no sólo chocaban con las divisiones internas del Gobierno, sino también con el propio derecho europeo, sobre todo en cuanto a migración. “No podemos, además, perder de vista que Wilders ha actuado como si estuviera en la oposición. Al estar él mismo fuera del Ejecutivo, criticaba constantemente al Gobierno, aunque estuviera integrado por personas de su propio partido. Al tener esa fórmula hipercentralizada de un solo militante, no hay posibilidad de debate interno y todo está en sus manos”, destaca Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales.

Esa doble estrategia, pese a todo, no parece haber servido para retener los apoyos de una parte sustancial de quienes confiaron en el PVV hace dos años. En las elecciones de 2023, la formación de Wilders logró su mejor resultado histórico, ganando los comicios con el 23,5% de los votos y 37 escaños, dando un golpe de mano a la política neerlandesa y ubicándose como uno de los partidos de extrema derecha más importantes de Europa. Desde las anteriores elecciones, subió 20 escaños y dobló sus votos, rozando los dos millones y medio de papeletas. Ahora, las cosas pintan de forma muy distinta para Wilders y es casi imposible que repita ese resultado, el mejor de la historia del partido.

Desde hace ya más de un año, el PVV puntúa a la baja en las encuestas. Ya en las elecciones europeas del pasado año, la extrema derecha vivió un pequeño adelanto de lo que puede llegar en octubre. Solo siete meses después de su gran triunfo, el partido caía cinco puntos en porcentaje de voto y quedaba relegado a la segunda posición por la coalición entre socialdemócratas y verdes liderada por el excomisario europeo Frans Timmermans. Ahora, según la media de sondeos de Politico, la pérdida sería de ocho escaños, quedándose en el 20% del voto y empatando en la primera posición y a 29 asientos con la coalición de Timmermans. Según la misma encuesta, hace algo más de un año, los de Wilders tenían un 33% de apoyo y más de 15 puntos de ventaja sobre la unión de verdes y socialdemócratas.

El choque con la realidad vivido por el PVV no ha sido el único que ha sufrido un partido de extrema derecha en Europa. Otras formaciones ultras han visto como su apoyo bajaba exponencialmente en las encuestas una vez tocaban el poder. Un ejemplo paradigmático es el de las formaciones de este tipo en los países escandinavos. En el caso sueco, los Demócratas de Suecia, que gobiernan en coalición con la derecha moderada del primer ministro, Ulf Kristersson, han visto cómo sus votos llevan estancados casi dos años, sin grandes subidas y peleando la segunda posición a su socio de Gobierno. En Finlandia, la situación del Partido de los Finlandeses es incluso más preocupante. Desde que entraron como socio minoritario en el Ejecutivo de los conservadores del primer ministro, Petteri Orpo, el apoyo a la formación ha caído en barrena. De quedar en las últimas elecciones en segundo lugar con un 20%, empatados con los socialdemócratas y a solo un punto del ganador, actualmente las encuestas los colocan cuartos y con un 11%. 

Pero si ha habido un caso sonado, ha sido el del actual ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. El líder de la Lega, que allá por 2019 se colocaba como uno de los hombres más prominentes de la extrema derecha europea, arrasando en las europeas de ese año con un 34% de los votos, está ahora en camino de la pura irrelevancia, completamente destronado en el espectro ultra por la primera ministra, Giorgia Meloni. Por medio ha estado un Ejecutivo de coalición con el Movimiento 5 Estrellas y otro técnico de concentración nacional liderado por Mario Draghi que destruyeron las expectativas electorales de La Lega. Especialmente este último, donde Meloni capitalizó su decisión de quedarse fuera del mismo y presentarse como la oposición real a él.

“La teoría avala que quien es el socio minoritario de una coalición, no solo en el caso de la extrema derecha, sino en general, suele sufrir el desgaste y asume una pérdida de votos mayor que el mayoritario. Y el caso italiano, con Meloni y Salvini, lo ejemplifica perfectamente”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de la Universidad Carlos III y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa. De hecho, ante el fracaso repetido en muchos países como Alemania o Francia de la estrategia del cordón democrático, que ha hecho crecer cada vez más a las fuerzas extremistas, algunos plantean que, si se deja a los ultras en el Gobierno, mostrarán su incapacidad, se desgastarán y, en último término, sufrirán una gran debacle electoral. Una táctica que, sin embargo, para Sánchez Margalef, implica muchos riesgos.

Porque no todo es tan fácil o claro como parece en última instancia. Todos los expertos consultados coinciden en que vincular la entrada en el Gobierno de la extrema derecha con una pérdida de votos o una debacle electoral masiva es un error. En primer lugar, porque es una norma que no siempre se cumple, y en segundo, porque es casi imposible hacer desaparecer a los partidos extremistas, ya que se alimentan de un descontento estructural de los ciudadanos con la democracia. “La extrema derecha ha venido para quedarse, fluctúa, pero ni va a conseguir el 30% ni tampoco va a desaparecer. En España, por ejemplo, Vox ha estado en el Gobierno de las autonomías y eso probablemente les pase factura, pero no van a tener un retroceso radical”, señala Fernández Vázquez.

Ese patrón es el que, indica Forti, ha seguido buena parte de la extrema derecha italiana a lo largo de las últimas décadas. “Siempre tienen subidas y bajadas, pero no es habitual que se les castigue con grandes batacazos que les destruyan. No existe tampoco un patrón donde se vea claramente que la extrema derecha muestre su incapacidad en el gobierno y entonces se le castiga. Incluso, aunque se llegue a hacer, esta represalia termina siendo de muy corta duración”, describe el historiador. Como ejemplos evidentes de esta tendencia está el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) que, si bien ha sido penalizado por estar dentro del Gobierno y ha vivido grandes épocas de valle, ha terminado siempre recuperándose hasta incluso llegar a ganar las elecciones en 2024.

Por no hablar de otros líderes de extrema derecha que no solo han llegado al poder sino que se han consolidado en él. Quizás los dos más claros ejemplos sean el del presidente estadounidense, Donald Trump, o el del mandatario húngaro, Viktor Orbán, aunque también puede incluirse aquí a la propia Meloni, la cual ha terminado por sustituir a la derecha tradicional. Todos ellos han conseguido algo que, a priori, parece muy complicado: combinar el discurso antisistema de la extrema derecha con ser ellos mismos parte de ese sistema y del Gobierno. “Para ello, suelen siempre aludir a agentes externos que no les permiten hacer lo que quieren o llevar a cabo su programa. Por ejemplo, en el caso de Orbán, ese chivo expiatorio suele ser la Unión Europea o, en el de Trump, el Estado profundo (o deep state) o las élites globalistas. Es un clásico discurso populista que funciona para eludir esa responsabilidad y poder mantenerse en el gobierno mientras culpabilizan a otros”, zanja Forti.

El líder de la ultraderecha Geert Wilders ha anunciado este martes que su partido PVV “abandona la coalición” del gobierno de Países Bajos, en la que tenía mayoría y gobernaba junto a otros tres partidos de derechas desde el pasado verano, debido a diferencias en el debate para restringir aún más las políticas contra el asilo, según informa EFE.

En un breve mensaje en X, Wilders anunció que “sin modificación del acuerdo principal de gobierno, el PVV abandona la coalición”, en referencia a su exigencia de agregar al acuerdo por el que se formó el gabinete en julio del año pasado, un anexo con un plan de diez puntos con una serie de ideas para restringir la llegada de solicitantes de asilo a Países Bajos.

Ese anexo lo hizo público Wilders el lunes de la semana pasada, lo que llegó acompañado de amenazas con romper el Gobierno “si no se logra en pocas semanas” restringir el acceso de refugiados, “cerrar las fronteras” a los solicitantes de asilo y reforzar la vigilancia fronteriza con participación del Ejército.

Este domingo añadió aún más presión a sus socios al decir en X que abandonará la coalición -el PVV es el partido más grande del gabinete- si los otros tres grupos -los liberales VVD, los democristianos NSC y el partido de los granjeros BBB- no planean apoyar “la mayoría” de sus propuestas. Debido a esta amenaza, los líderes de los cuatro partidos mantuvieron una reunión este lunes por la tarde para pedir explicaciones a Wilders sobre sus palabras.

La reunión duró poco menos de una hora y sus tres socios aseguraron que no se opondrán a los planes para restringir el asilo, pero dejaron la responsabilidad de ponerlos en marcha más rápido en manos de la ministra de Asilo y Migración, la ultraderechista Marjolein Faber. Wilders dijo que no está de acuerdo con esa visión y que su percepción es que sus socios no tienen disposición de apoyar esas medidas, como el cierre de fronteras, “ahora mismo”.

Y, tras tomarse la noche pasada para pensar en si su partido, el PVV, se mantenía o abandonaba el gabinete, optó este martes por la segunda opción, algo que ya se perfilaba cuando advertía que “esto no pinta bien” porque veía “un problema serio” para su partido. A las 09.00 hora neerlandesa (07.00 hora local), los cuatro socios volvieron a reunirse, pero 15 minutos después, Wilders escribió en X que sacará al PVV de la coalición.

El partido de Wilders arrasó en las elecciones de noviembre de 2023, convirtiéndose en el partido más votado de Países Bajos con una campaña electoral centrada en promesas de restringir el asilo y la inmigración, pero no tenía suficientes escaños como para gobernar en solitario.

Después de varios meses de negociaciones, en julio de 2024, Wilders llegó a un acuerdo con tres partidos de derechas para formar gobierno, sin que él fuera el primer ministro, ni tuviera ningún cargo concreto en el gabinete. El gobierno tiene cinco ministros del PVV y está liderado por Dick Schoof, un funcionario de carrera sin afiliación política.

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

"Es la sensación de que no te quieren escuchar, de que no te van a ayudar, de que estás desamparado completamente", se desahoga María al otro lado del teléfono. Como ella, son muchos los ciudadanos españoles —hasta 36.635 residentes— que sufren a diario la incompetencia del Consulado de España en Ámsterdam, encargado de la asistencia administrativa de los nacionales residentes en territorio neerlandés. DNI, pasaportes, certificados, servicios de registro civil, de gestión de la nacionalidad o del censo electoral. Todos estos procedimientos pasan inevitablemente por las oficinas del consulado. Un órgano —según denuncian sus propios trabajadores— infradotado, avejentado y sobresaturado por sus interminables listas de espera.

"Por fin hemos conseguido finalizar su registro. Ya tenemos su DNI y su pasaporte. Se acabó la pesadilla", comenta aliviada María, investigadora española residente en Países Bajos desde hace siete años. En septiembre, se convirtió en madre primeriza, una alegría teñida de preocupación al encontrarse de bruces con las trabas de un procedimiento aparentemente sencillo y habitual: inscribir a su hijo en el registro civil español.

"El primer paso es registrarlo en el Ayuntamiento del municipio o ciudad en el que nace. Después, tienes que solicitar el acta de nacimiento, documentación esencial para inscribirlo en el registro civil español, para que se le reconozca como ciudadano español de pleno derecho. Y solo el acta ya tarda unas tres semanas", comienza explicando. Pero el verdadero problema viene después, cuando se activan las competencias consulares. "No existe la posibilidad de hacer ninguna gestión presencialmente. Todo es por correo y la información sobre cómo proceder con los trámites la tienes que sacar de su página web, repleta de información contradictoria, a veces directamente incomprensible. ¿Los correos? Todavía los tengo sin contestar. ¿Las llamadas? Te cogen una de cada diez y te despachan de mala manera a los cinco minutos sin darte la información que necesitas".

Documentación enviada. Toca esperar con paciencia, mucha paciencia. "No te dan ningún tipo de plazo o fecha orientativa sobre cuánto puede tardar tu trámite. 'Va a tardar, eso tarda'. Vale, ¿pero cuánto?", protesta María. "Pasaban las semanas y no sabíamos nada". Con su documentación oficial, su libro de familia, desaparecido en combate. Y no termina ahí. Después del tedioso registro civil, llega la emisión del DNI y el pasaporte. "Como mínimo, y sin garantías, otras tres semanas".

La situación de María era todavía más complicada. Se reincorporaba al trabajo a principios de diciembre y, por motivos laborales, tenía que viajar a Suiza. "Quería poder llevarme a mi hijo conmigo. Pero claro, no tenía ni nacionalidad reconocida ni documento de identidad: no podía salir", relata. "Una mujer trabajadora, a la que le toca viajar, y que se reincorpora cuando el niño todavía está lactando o en casos en los que no hay otro progenitor con el que compartir los cuidados, de repente se encuentra atrapada en el país", recuerda con frustración. "¿Conciliación? Nos ponen a las familias, especialmente a las madres, en una situación de vulnerabilidad indignante".

Eso sin tener en cuenta a los propios niños, que se ven expuestos durante un tiempo indeterminado a una situación de absoluta indefensión: la apatridia. ¿La solución? Solicitar un salvoconducto para el menor —que solo le permite salir al país de origen de sus padres—, viajar a España y gestionar ahí la documentación. "¿Para qué hay un consulado, si luego te fuerzan a volver a España para que te solucionen el papeleo? Y porque teníamos los medios económicos, pero me pregunto qué pasa con las personas que no disponen de esa posibilidad".

Durante todo el proceso, María y su pareja tuvieron que personarse en un par de ocasiones en el consulado. "Está en un sótano, al que se le cae la pintura a cachos, en el que hace frío, sin ventilación, húmedo, sin un aseo… Una vergüenza. Con el carro escaleras arriba, escaleras abajo. Porque fuimos los dos, pero ¿una persona que va sola o con problemas de movilidad cómo hace para entrar ahí?", denuncia molesta.

No todo es negativo. María contó con un apoyo fundamental: el Consejo de Residentes Españoles en los Países Bajos. "El CRE fue lo que nos salvó. Gracias a ellos, supimos a qué plazos atenernos y consiguieron acelerar nuestro trámite. Al final pudimos inscribirlo a los tres meses. Parece mucho, pero lo habitual es que tarde bastante más", reconoce. "También nos informaron sobre cómo proceder, animándonos a interponer una queja formal ante el Ministerio de Exteriores". Un queja que han ampliado al Ministerio de Igualdad y al Defensor del Pueblo. A día de hoy, no hay respuesta.

Tampoco es un caso aislado. Las reseñas de Google, calificando los servicios asistenciales del consulado, evidencian su degradación: apenas dos estrellas y cientos de comentarios cargados de críticas e indignación. "Es el peor trato que he recibido en mucho tiempo", comenta una usuaria. "Impresentables a más no poder", valora otro mensaje. "Pésimo servicio, prehistórico e inútil", se puede leer un poco más abajo. A medida que seguimos scrolleando, las quejas coinciden: emails sin contestar, una página web confusa y anticuada, una pésima asistencia telefónica, plazos eternos, un trato desagradable... "Es el peor consulado español: nunca responden a las llamadas ni tampoco a los correos, pésimo personal y servicio. El Ministerio debería tomar medidas ya", sentencia con exasperación otro cibernauta, que se identifica como ciudadano español residente en la capital neerlandesa.

La asistencia consular es un derecho sancionado por la legislación internacional, en concreto, en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. "El consulado, la embajada, son territorio español. Tenemos derecho a recibir la misma asistencia que cualquier ciudadano recibe en España", reivindica María. "Es la peor experiencia de ser migrante. Es cuando te das cuenta realmente de que no eres un ciudadano de pleno derecho".

La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.

Además, ese contraste crece cada día. Según los datos de la Farm Accountancy Data Network (FADN Data) de la Unión Europea, la brecha de ingresos entre las explotaciones más pequeñas y las más grandes no ha dejado de aumentar en los últimos años. En Europa y en España. La base de datos mide los ingresos de una explotación como valor añadido neto por cada unidad de trabajo anual (UTA: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), o bien por unidad de trabajo familiar (que sólo incluyen a las explotaciones sin mano de obra remunerada), y los desglosa según el tamaño económico de granjas y cultivos.

Así, en 2010, el valor añadido neto por UTA de las explotaciones más grandes era cinco veces –38.565 euros– el de las más pequeñas –8.162 euros–. En 2022, la distancia se había multiplicado por 22: 3.484 euros las de menor tamaño y 74.959 euros las de mayor. Es decir, la brecha se había más que cuatriplicado.

Pero si se consideran los ingresos por unidad de trabajo familiar, la grieta es aún más profunda. En 2010, las explotaciones de mayor tamaño económico ingresaban 13 veces más –94.707 euros– que las más pequeñas –7.297 euros–. Doce años después, ingresaban 60 veces más –182.219 euros–. La distancia, por tanto, se había quintuplicado. Aunque hubo años, como 2019, en que llegó a ser 95 veces más e incluso 101 veces más en 2020, el año de la pandemia, cuando los ingresos de las más grandes alcanzaron los 262.435 euros. Es decir, la brecha se convirtió casi en abismo, al multiplicarse por ocho.

No obstante, estas cifras sólo incluyen las explotaciones que la UE etiqueta como “comerciales”, aquellas con una producción por encima de los 2.000 euros, en teoría el umbral de ingresos suficientes para que los agricultores y ganaderos mantengan a sus familias. Por tanto, quedan fuera de la lupa de la FADN un total de 161.943 explotaciones españolas que producen por debajo de esos 2.000 euros y que son el grupo más numeroso del censo agrario de 2020. Las de mayor tamaño económico, con una producción anual superior a los 500.000 euros, sólo ascienden a 13.774. En conjunto, las microexplotaciones suman una producción estándar total (PET) de 164,43 millones de euros, mientras que las más grandes producen por valor de 17.635,77 millones de euros. En efecto, un abismo.

En la Europa de los Veintisiete, el panorama es similar: de 2015 a 2022, la brecha de ingresos netos por UTA entre grandes y pequeñas ha pasado de ser de 98 veces a 159 veces; casi se ha duplicado.

Una tendencia que parece imparable. El número de explotaciones agrarias en Europa se ha reducido en un 37% en los últimos 15 años, tras perderse 5,3 millones desde 2005. En su inmensa mayoría se trataba de pequeñas granjas y cultivos. En España, comparando los dos últimos censos agrarios, publicados en 2009 y 2020, han desaparecido 56.731 explotaciones.

En cualquier caso, España está lejos de países del Este como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde más del 75% de las granjas y cultivos son explotaciones no comerciales o de subsistencia, siguiendo el criterio de la FADN. Otro tanto ocurre también en Portugal o Grecia. Si se elige como criterio de selección la superficie agraria útil (SAU), la media española es de 26,1 hectáreas, de acuerdo con las cifras de Eurostat recogidas por el Ministerio de Agricultura en su último Informe anual de indicadores. Por tanto, España está por encima de la media comunitaria –17,1 hectáreas–, pero muy por debajo de las 63,1 hectáreas de Alemania y las 69,6 de Francia. De ahí que, con una producción por explotación agraria de 49.569 euros, también quede a años luz de los 163.665 euros de Francia, los 472.527 euros de Países Bajos y por supuesto de los 1,37 millones de euros de Alemania.

Es en estos países, junto con Bélgica, Dinamarca y Eslovaquia, donde se concentran las grandes explotaciones agrarias. En 2009, había en España sólo 8.505 explotaciones que produjeran por encima de los 500.000 euros. Once años después, su número ha crecido un 62%. Por el contrario, en 2009, las granjas y cultivos españoles con una producción estándar total inferior a los 2.000 euros alcanzaban los 228.636, un 29% más de los que recogió el censo agrario en 2020.

Lo que no quiere decir que todas estas explotaciones fueran liquidadas. “La superficie no desaparece, desaparecen los titulares [de las explotaciones]”, resume José Manuel Delgado, del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Un informe de Cocampo, una empresa especializada en venta de suelo rústico, revela que los fondos de inversión y las grandes industrias agroalimentarias están comprando tierras a agricultores pequeños y medianos. Muchos de ellos, la mayoría, abandonan por falta de rentabilidad. “Antes, en Castilla y León, un agricultor podía vivir del cereal con 70 u 80 hectáreas; ahora es inviable tener menos de 100”, advierte Delgado. Pero también tiran la toalla por falta de relevo generacional. El 41% de los actuales dueños de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. Y el despoblamiento es acuciante en zonas de montaña y de secano. “Es muy difícil que regresen los jóvenes que se han ido”, lamenta Delgado, “y no es sólo porque las explotaciones no sean rentables, sino porque en las áreas rurales faltan dotaciones y servicios, sanidad, transporte público… que deberían facilitarse si no a nivel municipal, sí al menos comarcal”.

Pero otras explotaciones, las menos, consiguen ganar tamaño. Con muchas dificultades. Tienen más problemas para acceder a los créditos, con los que aumentar inversiones o modernizarse, que las grandes granjas y cultivos, más beneficiados en la distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se reparten según el número de hectáreas. El 8% de los ingresos de las explotaciones españolas procede de esas subvenciones europeas, el mismo porcentaje que en Alemania e Italia. Los que más ayudas reciben son los agricultores de Estonia y Lituana, con un 15%.

“La cuestión fundamental estriba en quién es empresario: quien asume un riesgo y tiene capacidad para invertir. Ahí es hacia dónde debe ir la UE”, apunta José María Castilla, director en Bruselas de Asaja, la patronal de los grandes productores agrícolas. A su juicio, que las explotaciones ganen en tamaño “beneficia a la UE”: “La forma natural de crecer es ser más profesional, tener más hectáreas y ser más eficiente, lo que no es incompatible con el modelo familiar”.

Greenpeace no está tan de acuerdo. En un informe publicado el pasado octubre y titulado Go big or go bust (Crecer o quebrar), denuncia que el actual sistema agrario, “impulsado por las subvenciones públicas, la financiación privada y la presión política, obliga a los agricultores a aumentar de tamaño para sobrevivir”. Además, esa presión por crecer y crecer, y por maximizar la producción, tiene consecuencias no deseadas: aumenta el desempleo en los pueblos, agranda la brecha económica y social con las ciudades, se relaja el bienestar animal en las polémicas macrogranjas y se destruye la naturaleza, advierte la organización ecologista.

José María Delgado destaca la mayor vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones al cambio climático o al aumento de los precios de los fertilizantes o los combustibles, que a veces no se cubren con los precios que les pagan la industria agroalimentaria y la distribución. Por eso, UPA pide una PAC “más social, que haga lo que no hace el mercado”. Delgado precisa que las ayudas públicas deberían diferenciar y priorizar por territorio, apoyando a las zonas despobladas, por edad del titular, para ayudar a los jóvenes o, si el titular de la explotación es una mujer, para frenar la masculinización del sector primario. Los requisitos medioambientales, añade, también deberían fijarse en función del tamaño y el modelo empresarial de la explotación. Por eso, UPA pide que se apruebe una Ley de la Agricultura Familiar, tal y como prometió el Gobierno.

Por el contrario, Asaja no quiere ni oír hablar de una PAC “redistributiva”. “Tiene el mismo problema la primera vaca que la 101, la primera hectárea que la hectárea 101”, explica José María Castilla, quien hace suyo un lema de sus colegas de la patronal agraria andaluza: “No puede existir una PAC verde en números rojos”, en referencia a los cada vez mayores requisitos medioambientales de las ayudas públicas europeas.

Mientras tanto, los rebaños de ovejas, el ovino extensivo, por ejemplo, está desapareciendo por la falta de consumo y de rentabilidad; los grandes empresarios agrícolas españoles han empezado a cultivar tomates, más baratos, en Marruecos y Turquía, y fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto oportunidades de gran negocio en los cultivos leñosos, como los frutales, el olivar y los viñedos. Por citar sólo algunos: Beka Finance –que tiene como presidente de honor de su comité de inversión y asesor al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete– ha comprado 400 hectáreas de almendros en Talavera de la Reina, Atitlan tiene 3.200 hectáreas de pistacho a través de Agnbro Capital, Azora compró el 33% de Isfa, empresa propietaria de 10.000 hectáreas de almendros, Miura Partners gestiona 30.000 hectáreas de cítricos gracias a Citri&Co, Portobello Capital tiene sede en Luxemburgo y el 38% de Eurocebollas, que explota 700.000 hectáreas de cebolla y ajo…

La producción agrícola europea ha crecido un 6,7% desde 2010 hasta 2023, según cifras oficiales del pasado octubre, y ha dejado atrás los dos años anteriores de problemas y sequía. Es un buen negocio, con una productividad que no ha dejado de crecer desde hace 13 años, un 9,1%. Esa productividad creciente procede de las explotaciones más grandes, asegura la Comisión Europea, y del cada vez menor número de trabajadores agrícolas. En España, el sector primario empleaba en 2023 a 675.300 personas, un 3,5% menos que un año antes. Pero desde 2021 el trabajo asalariado en la agricultura española ha caído casi un 14%, más del doble que el no asalariado. Y es que en España el 55% del empleo en el sector primario aún es familiar. 

La revista neerlandesa Privé publica este miércoles unas fotografías privadas del rey emérito Juan Carlos I con la actriz Bárbara Rey, filtradas por el hijo de esta, Ángel Cristo Jr., quien asegura en una entrevista que fue él quien tomó las instantáneas en secreto cuando tenía 13 años, en 1994, a petición de su madre, según informa EFE.

Las fotografías muestran al emérito y a Bárbara Rey en una terraza, mientras intercambian besos y abrazos.

Según explica Privé, que pertenece al diario De Telegraaf, el hijo de la actriz “muestra cómo su madre usó la relación con el exmonarca para estabilizar su situación financiera” y “utilizó fotos comprometedoras para chantajear al rey y obtener ayuda económica”.

El Ejecutivo neerlandés, que incluye a la derecha radical, ha anunciado este viernes su programa de gobierno, que incluye un paquete de reformas del sistema del asilo, y una serie de medidas de emergencia para limitar la entrada de refugiados, aumentar las expulsiones y solicitar una cláusula de exclusión de la legislación migratoria europea.

El programa, publicado hoy por el equipo de gobierno, subraya que la inmigración es “el principal factor” detrás del crecimiento de la población en Países Bajos y los cambios demográficos “ejercen una enorme presión sobre el mercado inmobiliario, la atención médica y la educación, además de influir en la cohesión social y la seguridad” nacional.

En el documento, la coalición habla también de la adopción de “los primeros pasos hacia el régimen de asilo más estricto jamás implementado” en el país, para “reducir la entrada de solicitantes de asilo” y convertir Países Bajos en uno de los Estados “con las reglas de admisión más estrictas” de la Unión Europea. “Los delitos, incidentes y molestias causados por solicitantes de asilo deben cesar (…). La magnitud de la migración hacia Países Bajos debe reducirse drásticamente lo antes posible con el mayor paquete de medidas jamás visto para controlar la migración”, justifica el gobierno.

El primer paso anunciado será la suspensión de parte de la Ley de Extranjería para tomar medidas de emergencia que permitan eliminar el permiso de asilo por tiempo indefinido, ampliar la declaración de no admisibilidad a más casos de delitos y eliminar la reunificación familiar para hijos adultos. Además, iniciará un proceso para declarar oficialmente una “crisis de asilo” en Países Bajos durante dos años, para suspender el procesamiento de solicitudes de asilo, limitar la acogida, y “expulsar, incluso de manera forzada, a personas sin residencia” legal.

“El gobierno informará lo antes posible en Bruselas de que Países Bajos desea una exclusión de la legislación europea de asilo y migración”, advierte el gobierno neerlandés, que liderará en Europa los llamamientos para modificar la directiva de retorno de extranjeros. El gabinete asegura que colaborará con los Estados que comparten su visión para “poder actuar de manera adecuada en tiempos de crisis migratoria" y formar con ellos lo que llama un “mini-Schengen”.

“El electorado ha dado un mandato claro. Necesitamos cambiar de rumbo y reducir la afluencia de inmediato. Estamos tomando medidas para hacer que Países Bajos sea lo menos atractivo posible para los solicitantes de asilo. No hay lugar para quienes abusen de nuestra hospitalidad. Voy a por un Países Bajos más seguro", advirtió la ministra de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber.

Además, el gabinete comenzará a trabajar en un paquete de reformas del sistema de asilo, que incluirá un sistema de dos estatus, similar al sueco, con “condiciones estrictas” para la reunificación familiar y una definición “más estrecha” del “núcleo familiar”. En este sentido, el gobierno enviará en otoño una propuesta legislativa para que una persona con estatus de refugiado sólo pueda reagrupar a sus familiares si tiene ya una vivienda, ingresos estables y suficientes, y ha tenido su residencia legal durante al menos dos años.

“El gobierno implementará una política de 'mano dura' contra quienes causen molestias, intimiden o cometan actos de violencia. Lo notarán quienes abusen de la hospitalidad de Países Bajos, por ejemplo, robando en tiendas, causando molestias o acosando a mujeres o niñas. No habrá lugar para ellos en Países Bajos”, añaden la coalición de la derecha radical PVV, los liberales VVD, el democristiano NSC y los granjeros BBB. 

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, informó a la Cámara de Representantes de su país que el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes, es decir, desde después de las elecciones, según informó este domingo la televisión pública Nos y recoge EFE. El jefe de la diplomacia neerlandesa precisó que la acogida se produjo a petición del opositor.

El excandidato presidencial y líder de la mayor coalición opositora de Venezuela, que solicitó y recibió asilo político de España, recibió "hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre".

Tras confirmar González Urrutia se encontraba de camino a España, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, señaló que el Gobierno español ha concedido el asilo al político venezolano a petición suya tras pasar un tiempo en la residencia de la Embajada de España en Caracas, sin dar más detalles al respecto.

Albares avanzó esta decisión en declaraciones a los periodistas en Mascate, donde el avión de la Fuerza Aérea Española en el que viaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una delegación de la que forma parte el ministro, hizo escala en su viaje a China. "Las puertas de España hacia un país hermano como es Venezuela siempre van a estar abiertas, como han estado las puertas de la residencia de la Embajada de España para Edmundo González", aseguró.

La decisión de acoger a González por parte de España se conoció horas después de que Pedro Sánchez, en su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, señalara que Edmundo González es "un héroe a quien España no va a abandonar". 

La Autoridad de Protección de Datos Holandesa (DPA) ha multado a la plataforma Uber con 290 millones de euros por la transferencia a Estados Unidos de datos personales de conductores europeos y no proteger adecuadamente los datos en relación con estas transferencias, según informa Europa Press.

Según la DPA, esto constituye "una grave infracción" del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Se trata de la tercera multa que la DPA neerlandesa impone a Uber, tras la sanción de 600.000 euros impuesta en 2018 y otra de 10 millones en 2023.

En concreto, la DPA holandesa descubrió que Uber recopilaba, entre otras cosas, información sensible de conductores de Europa y la almacenaba en servidores de EEUU, incluyendo datos sobre cuentas y licencias de taxi, pero también datos de ubicación, fotos, datos de pago, documentos de identidad y, en algunos casos, incluso datos penales y médicos de los conductores.

Durante más de dos años, Uber transfirió esos datos a su sede central en EE.UU. sin utilizar herramientas de transferencia, por lo que la protección de los datos personales no fue suficiente, señala la Autoridad holandesa, recordando que el Tribunal de Justicia de la UE invalidó en 2020 el llamado Escudo de Privacidad UE-EE.UU.

"Uber no cumplió con los requisitos del RGPD para garantizar el nivel de protección de los datos en lo que respecta a las transferencias a los EE.UU. Esto es muy grave", ha indicado el presidente de la DPA holandesa, Aleid Wolfsen.

Uber, que ha puesto fin a la infracción sancionada, ha expresado su oposición a esta última multa, según ha indicado el regulador holandés.

La formación ultraderechista neeerlandesa Partido por la Libertad (PVV) ha anunciado este sábado su incorporación a Patriotas por Europa, el nuevo bloque abanderado por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, con vistas a su presencia en el Parlamento Europeo.

El anuncio ha sido realizado por el líder del PVV, Geert Wilders, quien ha esgrimido que los valores de su partido se ajustan plenamente con los manifestados por la alianza, según informa Europa Press.

"Somos patriotas, amamos a nuestra nación. Fuerte y soberana. Resistimos contra la inmigración ilegal. Defendemos la paz y la libertad. Y apoyamos a Ucrania", ha manifestado Wilders en su cuenta de la red social X sobre el partidismo a favor de Kiev en su guerra contra Rusia.

"Protegemos nuestra herencia judeo cristiana y a nuestras familias. Queremos combinar nuestras fuerzas en el Parlamento Europeo, así que nos unimos con orgullo a Patriotas por Europa", ha zanjado Wilders.

El partido de Wilders, vencedor de las elecciones legislativas en Países Bajos el pasado noviembre, es el más importante de la nueva coalición de cuatro partidos de derecha que tomó posesión el martes y que dirige Dick Schoof, ex jefe del servicio de Inteligencia, como primer ministro.

Con la incorporación del PVV, Patriotas por Europa solo necesita de un país más para cumplir el requisito de formación de bloque parlamentario en la Eurocámara, ya que necesita de representantes de siete Estados miembro.

De momento Patriotas por Europa ya cuenta entre sus filas con el PVV, el partido Fidesz de Orbán, el austriaco Partido de la Libertad, la Alianza de Ciudadanos Descontentos (República Checa), Vox (España) y Chega (Portugal).

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han confirmado la detención en Países Bajos del ciudadano francés de origen tunecino buscado por ser el autor material del atentado contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid el pasado 9 de noviembre.

La investigación que ha permitido la detención de Mehrez Ayari, indaga sobre su relación con la Mocro Maffia, una poderosa organización criminal holandesa-marroquí en el radar de numerosos países europeos por su extrema violencia.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el arresto de Mehrez Ayari se produjo el pasado 6 de junio por agentes holandeses, aunque la noticia ha trascendido este miércoles, 19 de junio, debido a otras investigaciones que estaban abiertas en Francia y Países Bajos en paralelo a la que se instruye en la Audiencia Nacional.

Las Fuerzas de Seguridad investigan a numerosos clanes de la Mocro Maffia y a individuos que son requeridos por otras organizaciones para cometer acciones que van desde los crímenes con connotaciones políticas al tráfico de drogas y los ajustes de cuentas, entre otros. Las diferentes ramas de Mocro Maffia están detrás, por ejemplo, de las amenazas contra la Casa Real y la princesa heredera al trono, Amalia de Orange.

El pasado 30 de abril, agentes de la Policía Nacional arrestaron a una mujer también en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado. La investigada es de nacionalidad holandesa y fue detenida gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por España.

En enero, en el marco de las diligencias policiales, fue arrestado en la frontera de Colombia uno de los presuntos autores del intento de asesinato, un ciudadano venezolano con una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo en España.

La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía había permitido detener previamente a otras tres personas en España. La Audiencia Nacional envió a prisión por tentativa de asesinato terrorista a un arrestado en Lanjarón (Granada) -un ciudadano español converso al islam en su vertiente chiita- y dejó en libertad con medidas cautelares a su pareja, una mujer de origen británico, y también a un tercer detenido en Fuengirola (Málaga).

El 23 de febrero, Alejo Vidal-Quadras ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que relató el "milagro" por el que salvó la vida. "No tengo ninguna duda de que fue el régimen de Irán", dijo en reiteradas ocasiones, insistiendo en la llamada pista iraní.

La Policía informó el pasado 24 de noviembre de que mantenía abiertas varias líneas de investigación tras constatar que el atentado fue preparado "de manera meticulosa durante semanas antes del día de los hechos", el 9 de noviembre en el centro de Madrid a plena luz del día, "llevándose a cabo vigilancias sobre la víctima, compras de material para su ejecución y reuniones en distintas partes de España".

En la comparecencia ante los medios en un acto celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid, Vidal-Quadras avisó de que no cejará "toda su vida" en su apoyo a la oposición iraní y pidió medidas más contundentes a la Unión Europa como cerrar las embajadas y expulsar al personal que tiene desplegado este país en Occidente.

Además, mostró su confianza en la investigación en curso en la Audiencia Nacional y en las indagaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, aunque reconociendo que "no es fácil establecer la relación entre los sicarios detenidos y el régimen de Irán". "Ojalá; en la Justicia española tengo toda la confianza y respeto", enfatizó.

Vidal-Quadras reconoció que desde que apareció en una lista negra de supuestos enemigos de Irán ya se "inquietó", aunque nunca, tampoco días antes del atentado en Madrid cuando regresaba de caminar en el parque del Retiro, "había notado nada ni había recibido amenazas".

En este sentido, agradeció expresamente al Ministerio del Interior su "disposición" para, tras el intento de asesinato, incrementar su seguridad con un dispositivo "muy completo".

Vidal-Quadras relató que el 9 de noviembre, el día del atentado, regresaba de dar un paseo por el parque del Retiro en Madrid en dirección a su casa y, en un momento dado, escuchó una voz de alguien por detrás, muy cerca, que le dijo: "Hola, señor".

El expresidente del PP catalán dijo que giró la cabeza y que fue ese movimiento lo que propició que el tiro no fuera mortal, porque la bala entró por un lado de la mandíbula y salió por el otro. "Fue un milagro", expuso, antes de continuar detallando su aturdimiento y que un ciudadano le taponó la herida con abundante sangre ayudado con su sudadera.

El disparo sonó tan cerca que le afectó a un tímpano y él, en ese momento, pensó que era víctima del régimen iraní como represalia a su apoyo a la disidencia.

Con 72.000 y 48.000 kilos de droga incautados en sus buques y contenedores, respectivamente, las gigantes europeas Maersk y CMA-CGM son las navieras más usadas por el crimen organizado colombiano para transportar su cocaína a Europa. Juntas suman casi la mitad del alcaloide confiscado entre 2016 y abril de 2022 en Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo– y vinculado al tráfico marítimo internacional. Así lo han confirmado el medio colombiano Cuestión Pública y el consorcio de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, tras construir una base de datos única que consolidó y cruzó información de cuatro fuentes oficiales en Colombia y una en Bélgica.

Durante un año, Cuestión Pública y OCCRP rastrearon 431 decomisos de 265 toneladas de cocaína, casi el doble de lo que pesa la Estatua de la Libertad. Así descubrió que estas navieras también lideran el número de incautaciones: la danesa Maersk aparece en 134 casos, seguida por la francesa CMA-CGM con 67.

De hecho, la contaminación con estupefacientes en su línea de transporte fue tan recurrente que casi cada mes desde 2016 y hasta abril de 2022 cayó un cargamento en alguna de estas dos navieras, que se encuentran entre las cinco compañías marítimas más importantes del mundo.

Además, estas cifras de incautaciones contrastan, en buena medida, con la participación de las dos multinacionales en el mercado colombiano: entre 2016 y 2021 Maersk tenía una cuota del 33% y CMA-CGM del 11%, de acuerdo con los datos de Sicex, una plataforma de inteligencia de mercado.

A través de una amplia filtración de correos de la Fiscalía colombiana, Cuestión Pública y OCCRP encontraron documentos de interceptaciones telefónicas y testimonios de integrantes de organizaciones criminales, quienes piden, tanto de manera explícita como en clave, usar los servicios de ambas para exportar la droga.

En enero de 2022, un informante de la Fiscalía colombiana, que antes prestaba sus servicios como buzo para un cartel mafioso del Caribe colombiano, explicó que la organización de la que era miembro exigía que las cargas que salían desde Barranquilla y otras ciudades llegaran a los terminales de Maersk en Europa.

“Hay una gente que está buscando enviar de 30 a 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, exactamente a la terminal 188 y 234, donde llegan contenedores con banano de Maersk Line. Ellos [los socios europeos] quieren que la mercancía vaya en los ojitos del buque, es decir, en los motores de los aires acondicionados o en el espejo, que es la parte del fondo del contenedor, porque en esos lugares caben entre 40 y 100 kilos de cocaína”. Este testimonio quedó consignado en un informe técnico de la Fiscalía.  

En el muelle 188 se hicieron en 2019 tres incautaciones que sumaron 1.580 kilos de cocaína, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades belgas a Cuestión Pública y OCCRP. Dos de ellas llegaron en cargamentos de bananos y se realizaron en buques de Maersk.

Los terminales 188 y 234 del puerto de Amberes (Bélgica) también son los favoritos de otro grupo criminal asentado en la ciudad caribeña de Santa Marta, según documentos de la Fiscalía colombiana. En 2021, las autoridades obtuvieron la información mediante interceptaciones telefónicas legales a dicha estructura, cuya droga era producida en el departamento de Norte de Santander.

Algunos de sus integrantes, conocidos con los alias de Juancho, Joche y Alex, se refirieron en clave a las exportaciones de cocaína mediante el uso de dos de las abreviaturas que identifican los contenedores de Maersk a nivel global: MMAU y MNBU. Estos prefijos están registrados como propiedad de la compañía ante el Buró Internacional de Contenedores (BIC).

En una de esas llamadas, Alex dice que “[...] todo lo que sea por Antwerp [Amberes] tiene que ser por MMAU (SP) bodega 188” y que quienes pagan por los envíos de la droga “no quieren 1.700 [otra bodega del puerto, a la que llegan los buques de CMA-CGM], quieren la 234 [de Maersk]”. En otra charla, alguien interrumpe una conversación entre Joche y Juancho para afirmar que los cargamentos “siempre salen por MNBU”.

El 30 de agosto de 2018, un cargamento de banano de las compañías C. Coindex SA y Bensa Global Trading fue incautado en el muelle 188 del puerto de Amberes con 3,4 toneladas de cocaína. La droga iba en el contenedor MNBU 031563-4, en el barco Cap Beatrice, de Maersk.

De los 53.481 kilos de cocaína decomisados sólo en contenedores de la naviera danesa desde 2016, los identificados con esas dos abreviaturas corresponden a más de la mitad del total de la droga incautada (58%): 10.154 kilos en MMAU y cerca de 21.000 en MNBU, según la base de datos construida por Cuestión Pública.

En otros países, las sospechas sobre la preferencia de la naviera por parte de los narcotraficantes para exportar droga son de tal magnitud que, según reveló el diario danés Finans, “Maersk” y “cocaína” están entre las palabras elegidas por la Policía holandesa para acceder a conversaciones cifradas entre delincuentes en el servicio de mensajería encriptada Sky ECC.

En Costa Rica, el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, señaló a Cuestión Pública y OCCRP que tras la adjudicación en 2011 de la concesión del puerto marítimo de Moín a APM Terminals, compañía del grupo Maersk, notaron un aumento significativo del tráfico de drogas. “Con la llegada [de APM a Puerto Moín] se dio una posibilidad muy alta al gran narcotráfico internacional para que usara la facilidad portuaria y se notó una expansión muy grande hacia Europa Occidental y un poco hacia Estados Unidos. Empezamos a recibir informes de que de ese puerto llegaban [estupefacientes] a Róterdam, Sevilla y a otros puertos de Europa”.

Consultada sobre la declaración del exministro Ramos, Maersk respondió que “en ese puerto, APM Terminals ha seguido sistemáticamente las indicaciones de las autoridades locales, y ha instalado tres escáneres de contenedores para que operen las fuerzas de seguridad locales, y sigue apoyando los esfuerzos donde se nos requiera”.

Para llegar a estos hallazgos, se cruzaron datos de diferentes fuentes de información: Fiscalía, Armada, Ministerio de Defensa y Policía de Colombia, autoridades de Bélgica, bases de datos de exportaciones como Panjiva e ImportGenius y registros en medios de comunicación nacionales e internacionales. Los casos se establecieron a partir de la cantidad de droga, el lugar y la fecha de decomiso, lo que reveló inconsistencias en los registros llevados por las diferentes autoridades colombianas e incautaciones que no fueron comunicadas.

Tras esta búsqueda, se encontraron 22 hechos en documentos reservados de la Fiscalía que no fueron comunicados por ninguna otra autoridad nacional. Ni siquiera fueron enumerados por el ministerio público en una respuesta oficial que entregó a Cuestión Pública y OCCRP.

El 14 de junio de 2020, en pleno brote del Covid-19, fueron incautados 2.500 kilos de cocaína en Cartagena (Colombia), de acuerdo con un informe de la Fiscalía. La droga iba escondida en sacos de panela pulverizada en el contenedor CMAU 634975-6 de la naviera francesa CMA-CGM, que iba a ser cargado en el Cristina Star, de la misma compañía. Sin embargo, por problemas de capacidad, el contenedor terminó partiendo a bordo del Dublin Express, propiedad de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

La mercancía había sido exportada por la empresa colombiana Serendipia Group y la importadora era Zurkum Business, registrada en la ciudad española de Valencia y administrada por el venezolano José Alejandro Sierra Troncoso, alias Chepe, líder de la organización criminal en Europa. Aunque José Alejandro Sierra aseguró que su compañía trabajaba para la cadena de supermercados Carrefour, documentos de la Fiscalía sobre este caso concluyeron que en realidad se trataba de una empresa pantalla creada para facilitar el tráfico de drogas.

La cocaína debía transportarse en la naviera francesa, según explicó Sierra Troncoso en un correo electrónico enviado a su socio colombiano, Juan Sebastián Quiceno Calderón, representante legal de Serendipia Group. Ambos coordinaban varios envíos; entre ellos, las dos toneladas de cocaína que cayeron en Cartagena, donde el buque hacía tránsito antes de partir hacia el puerto de Le Havre, en Francia, su lugar de desembarco.

“En principio mi cliente comprador sólo acepta CMA como naviera, por las condiciones de sus equipos y por razones internas de ellos, cosa que no puedo yo llevarles la contraria por el mismo hecho de que es el Cliente que tiene la zaon [razón], como dice el dicho. Por lo que, por favor, necesitamos estos envíos se hagan por medio de CMA (sic)”.

Un mes antes de ese correo y después de recibir exitosamente en marzo en Valencia dos cargas de panela pulverizada mezcladas con cocaína, según la Fiscalía colombiana, Chepe pidió a los dueños de Serendipia que “los próximos contenedores fueran enviados en tamaño más grande”; es decir, de 40 pies, con el pretexto de que la mercancía tuviera mejor ventilación”.

El contenedor de CMA en el que se confiscaron las dos toneladas de cocaína era de 40 pies. Una posible explicación de por qué el grupo criminal prefería estos tamaños para mandar la droga la entregó en el informe judicial el investigador de campo: “De acuerdo con mi conocimiento y con la modalidad de contaminación que utilizó la organización criminal, la solicitud de aumento del tamaño del contenedor obedecería a la facilidad que tendrían para el desembalaje de la mercancía en el momento de efectuar la contaminación con sustancia estupefaciente en tránsito”.

En 2023, la Fiscalía colombiana desarticuló esta organización criminal transnacional identificada como Perlas Negras, que operaba en Buenaventura (Colombia) y Valencia, y que trató de exportar sin éxito seis toneladas de cocaína a Europa entre 2019 y 2020.

La Policía española detuvo a siete miembros de la organización en la Operación Tayrona II, ejecutada en marzo de 2021, entre ellos a José Alejandro Sierra Troncoso. Pero, según indican fuentes judiciales a infoLibre, en febrero de 2022 el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia sobreseyó provisionalmente el caso por no haber quedado “suficientemente acreditados los indicios de delito”, y con informe favorable del Ministerio Fiscal. 

La droga incautada en CMA-CGM viene del Pacífico colombiano, de acuerdo con los datos compilados por esta investigación periodística. Uno de cada cinco decomisos que involucraron a buques y contenedores de la naviera francesa se produjo en Buenaventura, el puerto más importante de la región.

La otra costa del país, en cambio, es territorio Maersk. Allí, y sin que guardara relación con la anterior, otra organización identificada como Perla Negra, en singular, y al servicio del Clan del Golfo en el Caribe, envió cerca de 15 toneladas al Viejo Continente entre 2017 y 2018, usando la danesa como naviera. Dicho grupo movió 7,5 de cada 10 kilos del alcaloide, principalmente desde el puerto de Santa Marta. Casi la mitad –el 47%– de las incautaciones en barcos y contenedores de la compañía danesa se practicaron en sus muelles.

Allí tiene una gran presencia el Clan del Golfo desde hace varios años, según destaca un investigador del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo Internacional (CMCON), que habló con Cuestión Pública y OCCRP bajo condición de anonimato. Así lo confirma también el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional de Colombia: “Los puertos marítimos de Santa Marta son un punto clave para la exportación de cocaína hacia puertos europeos, que en su mayoría viene oculta en carga contenerizada de fruta como el banano y la piña. Por otra parte, la infiltración de organizaciones criminales en puertos y autoridades locales permite que el tráfico de drogas opere con relativa impunidad”.

En agosto de 2017, los narcos de Perla Negra consiguieron transportar una tonelada de cocaína camuflada en láminas de pladur de la empresa Caribe Exporta hacia el puerto de Algeciras. La alijaron a bordo del Maersk Willemstadt, que zarpó desde Santa Marta hasta el puerto alemán de Bremerhaven el 22 de agosto. En concreto, en el contenedor MRKU 732399-2 habían introducido 935 paquetes de cocaína. Tras atracar en Bremerhaven, la policía alemana extrajo 42 de esos paquetes, que agentes aduaneros germanos enviaron por avión a España y entregaron en mano a policías españoles, en cumplimiento de una entrega controlada autorizada por la Fiscalía especial antidroga española. El resto de los paquetes se quedó en Alemania.

En su lugar se colocó una carga “embalada y preparada de la misma manera” que la cocaína colombiana. Cuando llegó a Algeciras, a bordo de otro barco de la naviera danesa, el Maersk Lima, la esperaba un camión para transportarla hasta la sede de una empresa, Displasur Soluciones SL, situada en un polígono industrial de Málaga. Pero como se vio que alguien había abierto el contenedor, el pladur no salió del puerto.

El relato de la fallida operación lo ha recogido infoLibre de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que en 2019 condenó a seis años de prisión al socio y administrador único de esa sociedad, José González Roldán. También se le impusieron dos multas de 120 millones de euros. Además se dictó la disolución de Displasur Soluciones, con otra multa de 190 millones, y se prohibió a González Roldán realizar actividad comercial similar durante 12 años. La empresa, establecen los jueces, se dedicaba sólo “en teoría” al comercio mayorista y minorista, así como a la importación y exportación de materiales de construcción. En la práctica, había importado un cargamento de droga, con una pureza de entre el 72,9% y el 89% y valorado en 38 millones de euros.

La sentencia es firme porque González Roldán reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con los datos recabados durante esta investigación, Bélgica se ha mantenido como el país favorito para la entrada de la droga a Europa, pues registra 26 casos de cocaína incautada proveniente de Colombia desde 2016, con un total de 27 toneladas en el puerto de Amberes.

De este puerto, las organizaciones criminales conocen en detalle los muelles exactos en los que atracan los barcos de cada naviera. Además del 188 y el 234, donde recala Maersk, esta investigación encontró en los documentos de la Fiscalía colombiana, referencias por parte de grupos criminales al muelle 1.700, asignado a CMA-CGM. En 2019, según datos de las autoridades belgas, en este último muelle desembarcaron tres buques contaminados con 2.701 kilos de cocaína, de los cuales dos eran de CMA-CGM.

Los narcos también muestran cierta preferencia sobre determinados productos o compañías para contaminar los cargamentos. Según la base de datos elaborada en esta investigación, el récord de decomisos de droga lo tiene Banasan, una de las mayores exportadoras de banano del país. La empresa está vinculada a 37 incautaciones, que suman 4,7 toneladas de cocaína en Colombia, Alemania y Bélgica entre 2016 y 2022. Todas se practicaron en buques o contenedores de Maersk.

Armando Lacouture, abogado y portavoz de la exportadora, responde que “Banasan es la principal víctima de esta actividad criminal” y que se trata “de una cifra insignificante frente a los 13.000 contenedores que exporta al año hacia Europa”, su único destino. Lacouture agrega que la empresa tiene una política de lavado de activos y hace seguimiento GPS de los camiones donde se transporta la fruta, entre otros controles.

Para Henrik Vigh, profesor de la Universidad de Copenhagen y experto en crimen organizado, “los narcos se centran en las terminales portuarias donde el ritmo es alto, para enviar sus mercancías rápidamente. Esto afecta especialmente a los muelles que manipulan alimentos. En éstos, a las autoridades les resulta complicado detener el flujo de contenedores si sospechan de contrabando, porque los alimentos se pudren y se corre el riesgo de interrumpir la cadena de transporte”.

Lacouture añade que hasta ahora no ha habido investigaciones contra directivos de Banasan por narcotráfico y aclara que la naviera la eligen los clientes internacionales que les compran la carga.

También de acuerdo con los documentos de la Fiscalía, son los narcos europeos, encargados de recoger la droga en los puertos de llegada, quienes escogen la naviera. Interceptaciones telefónicas legales encargadas por el ministerio público muestran que esta práctica la siguen organizaciones criminales que operan en Buenaventura y Barranquilla y que, una vez se conoce el lugar de llegada, se empieza a coordinar la logística del envío de la cocaína.

En los últimos años, navieras como Maersk y CMA-CGM han apostado por diversificar su portafolio empresarial hacia la totalidad de la cadena logística del comercio internacional: desde la recogida de la carga en la bodega de origen, el servicio de agencia aduanera, el transporte en sus contenedores y el envío en sus buques, hasta la entrega en el lugar de destino.

El profesor Henrik Vigh comenta que un modelo de negocio como el de Maersk “se adapta perfectamente a los narcos, que prefieren que haya el menor número posible de eslabones en la cadena. Cuantas menos veces tengan que cambiar de manos las mercancías, menor es el riesgo de ser controladas y descubiertas. Introducirlas en una empresa que cubra toda la cadena logística es una clara ventaja para ti como cártel”.

Pese a que las principales navieras ofrecen servicios similares, el caso de Maersk es excepcional. A través de su filial APM Terminals, participa mayoritariamente en la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) y en otras terminales en España, Costa Rica, Brasil y Panamá. Además, tiene operadores logísticos como Maersk Logistics y Servicios Colombia, servicios de aduanas en Europa como KGH –ahora Maersk Customs Services– y una de las mayores flotas de contenedores y barcos del mundo.

Consultada por los periodistas, la multinacional danesa respondió que el gran número de incautaciones en sus contenedores y buques suele ser el resultado de una buena y proactiva colaboración entre las autoridades y el sector. Además, usa escáneres de contenedores en sus terminales de mayor riesgo y explora el uso de dispositivos de seguimiento de contenedores. También utiliza inteligencia artificial para detectar envíos sospechosos.

“Si bien todas las navieras que conocemos no están implicadas criminalmente en el tráfico de drogas, [...] me atrevo a decir que cada una tiene gente corrupta trabajando para ellas”, advierte por su parte Jan Janse, jefe de distrito de la Policía Portuaria de Róterdam (Países Bajos).

En 2023, directivos de MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd y Seatrade firmaron una declaración sobre la lucha contra el narcotráfico transnacional con los gobiernos belga y holandés. Entre sus compromisos se mencionaba intercambiar información e implementar mejoras en la verificación de antecedentes de su personal. No obstante, ni la naviera, ni las tripulaciones, ni tampoco las empresas que les sirven de camuflaje a los narcotraficantes son objeto de pesquisas por parte de las autoridades en la mayoría de los casos, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Cuestión Pública y OCCRP.

Juan Alberto Páez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Navieros y Agentes Marítimos de Colombia (Asonav), señala que “las empresas marítimas son víctimas del narcotráfico [...]. Las estadísticas [de toneladas de droga incautadas en navieras] podrían demostrar un compromiso activo de colaboración con las autoridades”.

Por su parte, la naviera francesa contesta que “la lucha contra todo tipo de tráfico ilícito es una prioridad absoluta para el Grupo CMA-CGM, igual que para toda la industria naviera”. Asegura que colabora estrechamente con las autoridades policiales, aduaneras y judiciales de todos los países para combatir ese tipo de tráfico y que por la seguridad de su equipo y su operación “no hace más comentarios al respecto”.

Hasta ahora, no se conoce ningún país que haya analizado abiertamente el papel de las navieras en el combate al narcotráfico. Estados Unidos lo hizo en una única ocasión con el buque Gayane, de la naviera MSC, en el que se encontraron 19 toneladas de droga el 17 de junio de 2019, la mayor incautación de la historia en un portacontenedores. Recientemente, voces aisladas como Jan Janse en Países Bajos y la fiscal antidrogas de España, Rosa Ana Morán, han llamado la atención sobre el papel de estas compañías.

“La corrupción en los puertos es impresionante. Si envían cargamentos tan grandes [como los que últimamente han llegado a Algeciras], es porque están muy seguros de que tienen vía libre. Piensan que el puerto es suyo”, resaltó la fiscal antidrogas a infoLibre.

Según explicó Rosa Ana Morán el pasado mes de diciembre en un acto en Valencia –el principal puerto de entrada de droga en España–, “es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro”. “La corrupción afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Aduanas, pero también hay mucha implicación de trabajadores del puerto, estibadores o dockers”, que es donde se están centrando los esfuerzos policiales.

La Operación Jumita, de hecho, es un magnífico ejemplo de lo que está pasando en los puertos. Se ejecutó en junio de 2021 y supuso la detención 29 personas y el decomiso de 1.616 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros, la mayor incautación de efectivo a una banda en España hasta ese momento. Los narcos tenían toda una logística organizada para rescatar el contenedor con la droga. Entre los detenidos había un veterinario en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF), el jefe de Operaciones de APM Terminals –del grupo Maersk–, un transportista, un funcionario de Aduanas –de la Agencia Tributaria–, una persona que duplicaba los precintos de los contenedores… También se sospecha que tenían contactados a policías y guardias civiles.

Según indican fuentes judiciales a infoLibre, el juicio por esta operación, que se sigue instruyendo en un juzgado de Algeciras, no comenzará hasta febrero de 2025.

El profesor Henrik Vigh añade otro componente significativo. “Si se interviene y se restringe la libre circulación de mercancías, se corre el riesgo de crear rápidamente problemas en la cadena de suministro. Si, por ejemplo, se empieza a controlar más intensamente los buques y contenedores o a regular excesivamente los puertos, se corre el riesgo de ralentizar el comercio mundial”.

El experto colombiano del CMCON, que agrupa a 12 países y tiene a su cargo el estudio del tráfico interoceánico de drogas, admitió a Cuestión Pública y OCCRP que su equipo estudia 200 variables diferentes como la sustancia ilícita, el grupo criminal o la modalidad de contaminación, pero no incluye a las empresas dueñas de los buques y contenedores objeto de presuntas contaminaciones.

Y es que, según el mexicano Bernardo Gómez Del Campo, el problema más serio en la persecución del narcotráfico es la mirada “desactualizada” frente a los desafíos: “Ahora tenemos una generación de empresarios criminales que trabajan con mercancía legal, pero también ilícita. La diferencia es que lo hacen como empresarios formados y lo que está fallando es la investigación criminal corporativa a las navieras”.

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** Con información de Begoña P. Ramírez (infoLibre), Paul Vugts (Het Parool), Lars Bové (De Tijd), Angus Peacock (OCCRP) y Pavla Holcova (Investigace.cz). Vorágine también aportó datos de la Armada colombiana, mientras que el K-Lab de la Fundación Karisma prestó apoyo adicional y Brigadas Internacionales de Paz colaboró en cuestiones de seguridad

** Cuestión Pública, fundada en 2018, ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica en 2023

** Este artículo forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación internacional sobre el crimen organizado actual y quienes lo combaten. La investigación comenzó con una filtración de datos compartidos por dos organizaciones, Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista.

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.