El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios en este país tras adelantar la puesta en marcha de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia y señalar que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, según recoge EFE. "Tenemos que hacer una apuesta que transcienda las legislaturas. Deben ser políticas de Estado", ha asegurado

El presidente ha comparecido ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Degaña (Asturias), en donde se concentran los mayores esfuerzos de los equipos de extinción en Asturias, y ha dicho sobre esa comisión, que se pondrá en marcha el próximo martes, que será la encargada con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de liderar conjuntamente con el Ministerio del Interior todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado.

Junto a Pedro Sánchez en la visita estaban también personalidades como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

En su declaración, Sánchez ha dado su visto bueno también a una propuesta de Barbón para que la Conferencia de Presidentes y autonómicos que se celebrará en Asturias antes de que finalice el año sea "una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática" para "definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior".

Sánchez ha destacado que las altas temperaturas de estos días deberían llevar a la reflexión de que "la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada, cada vez más asidua", con efectos "más graves". A su juicio, habría que "redimensionar y redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático", algo en lo que el Gobierno "ha venido trabajando y va a seguir trabajando a lo largo de los próximos meses y años" con este pacto de Estado contra la emergencia climática.

El presidente ha tenido palabras de agradecimiento para la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien ha querido "felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan, tan largos y noches tan, tan largas en la que ha estado a al pie del cañón", después de ser duramente criticada este jueves por el PP.

En su cuarta visita a zonas afectadas por incendios en el país, Sánchez ha destacado "la extraordinaria coordinación y colaboración" del Gobierno central con el Principado de Asturias, gobernado por el PSOE y tras las quejas de otras comunidades el PP estos días, "en lo que es la lucha" contra los fuegos que "están afectando a esta tierra".

Ha enfatizado la importancia de afrontar estas catástrofes con una gestión integral a fin de "reducir, limitar, amortiguar los efectos tan lesivos que tienen los incendios sobre nuestro territorio". También, como viene siendo habitual, ha agradecido a los medios de comunicación "su labor, porque esa información de servicio público que están dando a la ciudadanía en momentos tan difíciles como los que estamos afrontando, es absolutamente necesaria".

Tras lamentar que se produzcan este tipo de "calamidades" en referencia a la oleada de incendios tras hablar de temperaturas nunca vistas durante tanto tiempo, Sánchez ha reiterado, como ya anunció el otro día en su visita a Cáceres, que hará una declaración el próximo martes de zonas afectadas por una catástrofe de Protección Civil.

En este sentido, ha subrayado: "Desde lo público, se pueden poner herramientas, instrumentos efectivos para poder proteger la seguridad de nuestros conciudadanos y también defender nuestro territorio".

Desde el Ejecutivo, ha dicho, se han puesto "todos los efectivos" que tienen a su alcance y ha señalado que ahora mismo hay desplegados por todo el territorio español más de 3.400 miembros de la UME, 500 del Ejército, más de 500 vehículos y la infraestructura "necesaria para combatir a los incendios". Junto a esto, hay también disponibles 6.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y 10 brigadas de bomberos forestales liderados por el Ministerio de Transición Ecológica, "además de otras capacidades que se están poniendo a disposición de todos los territorios afectados por los incendios".

También ha destacado en la lucha contra los incendios el mecanismo nacional de respuesta, "donde efectivamente se ha ejercido esa solidaridad por parte de otras comunidades autónomas en la transferencia de recursos".

Sánchez ha aprovechado para agradecer una vez más a los países que están contribuyendo a sofocar los fuegos en España mediante el mecanismo de Protección Civil europeo; "están demostrando lo que significa Europa", ha declarado. "Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras. Y hay países que han ejercido y mostrado esa solidaridad, como ha hecho también España en grandes incendios que sufrió, por ejemplo, Portugal o Grecia hace muy pocos años".

La reunión política al más alto nivel de nuestro país giró este viernes en torno a una palabra pintoresca, de sonido coloquial, campechana: pinganillos. La segunda acepción de este sustantivo masculino es carámbano, pedazo de hielo, en Asturias, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Como tragarse uno, o como ver a algunos, sienta asistir a un espectáculo simplemente partidista, con absoluta ausencia de sentido de Estado, con algo mucho más desolador que ningún acuerdo: la ausencia del intento.

Los titulares y las alertas se los llevó quien fue a la conferencia sólo a hacer el show: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid y líder real de la oposición. La verdadera antagonista del Gobierno. En un modus operandi, pero también en un patrón de cobertura de prensa, que a esta excorresponsal que les escribe le recuerda demasiado nítidamente a junio de 2015 en Estados Unidos. Fue entonces cuando los medios comenzaron a hacer presidente a Trump al priorizar los directos a la espera con su atril vacío sobre las medidas que proponían otros candidatos entonces más serios, entre ellos su ahora jefe de Política Exterior, Marco Rubio. 

El argumento pueril que fue desfilando después por los micrófonos, aunque la única que se salió de la sala fue Ayuso, es que si todos se entienden en castellano y en castellano hablan en los pasillos, para qué usar entonces las lenguas cooficiales dentro de la reunión. Como si las lenguas fueran sólo un vehículo de comunicación y no tuvieran también un valor de representación de la cultura y la identidad que también son nuestras: me refiero a los que pertenecemos a la España monolingüe. El primer error es no trabajar intensamente para que todo el mundo de este país entienda que la diversidad no nos divide, sino que nos enriquece y pertenece a todos.

"El país es un puzzle roto con muchas piezas averiadas y prisionero de un ambiente de frentismo asfixiante que hace estéril cualquier intento. Lo malo no es no conseguir acuerdos, sino que desde el minuto uno se nota que no hay voluntad", acaba de decir mientras llego a esta altura de la columna el presidente de Castilla-La Mancha y líder de la oposición interna en el PSOE, Emiliano García-Page. Lo primero se puede interpretar de diferentes maneras, pero sobre el ambiente de frentismo asfixiante seguramente no nos cabe a ninguno ninguna duda.

A menudo comento con una amiga venezolana que este es un país que no se da cuenta de lo estupendo que es. Y no lo es sólo por la cultura callejera, de las cañas y las terrazas, que obviamente no es madrileña, como se la quiere apropiar Ayuso, sino universalmente española y, también, profundamente mediterránea. Y no lo es tampoco sólo por las bellas lenguas en las que soñamos, incluida la compartida, que también es de todos y no se la tiene que apropiar nadie (ojo no estemos a cinco minutos de que también lo intente Ayuso). Lo es y lo intuimos porque esta semana la terminamos hartos, abochornados, sabiendo que merecemos algo mejor que todo este ruido y dejación. La terminamos enfadados porque el verdadero titular de la mañana del viernes, al que no se le da respuesta, es que la vivienda en España ha registrado su mayor subida en 18 años, un 12,2% en el primer trimestre. ¿Ese pinganillo también se lo han quitado? Hay que ser un témpano, un carámbano para mirar hacia otro lado.

Los barones del PP siguieron este viernes la consigna del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y se desentendieron del orden del día que ellos mismos habían exigido ampliar para concentrarse en utilizar la Conferencia de Presidentes —cuya convocatoria han reclamado en múltiples ocasiones— con el único objetivo de exigir al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas.

Todo al servicio de la estrategia con la que Feijóo quiere hacer ver que España vive una situación supuestamente insostenible por culpa de una corrupción que consideran generalizada y que, en su mayor parte, se apoya en bulos. Desde el falso enriquecimiento del hermano de Sánchez a las orgías del exministro José Luis Ábalos en el parador de Teruel de las que no hay pruebas, pasando porque el ministro de Política Territorial contrató a prostitutas en la capital justo un día en que estaba en Canarias o cualquier cosa sin fundamento que salga de los labios del conseguido imputado Víctor de Aldama.

La estrategia pactada se hizo evidente a medida que los barones del PP fueron tomando la palabra. Elecciones, elecciones y elecciones. Todo estaba perfectamente calculado para caldear el ambiente a pocas horas de que el PP reanude, el próximo domingo en Madrid, sus movilizaciones en la calle contra un presidente al que tachan de “jefe de la mafia”

No obstante, el mero hecho de reunirse con normalidad institucional, a pesar de la tensión política, desinfló ese intento de retratar a Sánchez como un capo criminal. La imagen de la mayoría de los presidentes del PP departiendo amigablemente con él y con los miembros de su Gobierno, particularmente evidente en el caso de Juanma Moreno, contradice mejor que cualquier discurso el objetivo de Feijóo de señalar al presidente como un felón.

En todo caso, la demanda de anticipo electoral de los barones fue inútil. El propio presidente les dejó claro que mantiene su intención de completar la legislatura, lo que significa que Feijóo, por muchas manifestaciones que convoque (para la de este domingo el PP ha movilizado cientos de autobuses con el objetivo de evitar que la ausencia de Vox reduzca la asistencia), no tendrá ocasión de disputarle la presidencia hasta 2027.

Eso sí, la estrategia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de levantarse e irse momentáneamente de la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, inició su intervención en euskera (siguiendo así las reglas establecidas para la convocatoria), secundada por sus compañeros de partido, que se negaron a utilizar la traducción simultánea para entender lo que tenía que decir y tratar de forzarle a usar el castellano, sólo ha servido para distanciar aún más al PP del PNV, una formación a la que Feijóo todavía no ha renunciado a cortejar en el futuro para una hipotética investidura.

El lehendakari acabó confesando una sensación absoluta de “decepción y tristeza” por el “bochornoso e inadmisible espectáculo” vivido y ha dicho que, visto lo visto, no sabe “si merece la pena volver” a participar en una Conferencia de Presidentes.

Lo ocurrido ha sido “muy preocupante”, remarcó, porque revela una manera de entender la política que “dificulta los acuerdos, alimenta el clima de la confrontación” y es “perniciosa” para las instituciones, la democracia y la ciudadanía. “Puede que en el corto plazo alguien piense que le beneficia”, concluyó en referencia a Feijóo, “pero a la larga perdemos todos y sobre todo la ciudadanía”.

Ayuso quería protagonismo y lo consiguió, justo el día en que la justicia imputaba a la esposa del directivo de Quirón a la que su novio compró una empresa sin valor por el módico precio de 500.000 euros. Se salió de la reunión para protestar porque tanto Pradales como el anfitrión de la Conferencia, el president Salvador Illa, ejerciesen su derecho a hablar en las lenguas de sus respectivas comunidades (Alfonso Rueda y Marga Prohens, ambos del PP, saludaron en gallego y catalán, oficiales en sus territorios, sin provocar la misma reacción por parte de la presidenta madrileña). E incluso provocó un incidente en los prolegómenos de la reunión al negarse a ser saludada con dos besos por la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusó, falsamente, de haberla llamado “asesina” por la muerte de los ancianos a los que la Comunidad de Madrid negó la asistencia sanitaria durante los peores días de la pandemia de covid-19 de hace cinco años.

Los presidentes del PP, que representaban en la reunión a los ciudadanos de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragón, Illes Balears, Murcia, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dejaron en un segundo plano las propuestas del Gobierno de Sánchez, en particular una inversión histórica para construir vivienda pública, e incluso su propia agenda de reclamaciones con tal de dar soporte al intento de Feijóo de hacer ver que España vive una situación insostenible.

Al final de la reunión, del frente común del PP solo Gonzalo Capellán, de La Rioja, defendió la importancia de mantener la institucionalidad y la necesidad de “contribuir a la tranquilidad y a la calma, que es como mejor se plantean las cuestiones y es lo que esperan los ciudadanos de nosotros”.

Otros bastante tuvieron con tener que dar explicaciones de lo suyo. Como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificando su abrazo al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, dimitido tras una denuncia por agresión sexual. O el valenciano Carlos Mazón, en el ojo del huracán por su inacción durante la dana que costó la vida a 227 personas, pidiendo responsabilidad a Sánchez.

En medio de la refriega se quedó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que fue uno de los primeros en intervenir y cuya comunidad sigue sumida en una grave crisis de acogida de migrantes menores de edad no acompañados por culpa de las comunidades del PP, que se niegan a compartir la tarea de cuidados a la que están obligadas. Clavijo agradeció a Euskadi (PNV) y a Cataluña (PSC) su disposición a colaborar. Y criticó el anuncio de algunos presidentes del PP de negarse a hacerlo.

La Conferencia de Presidentes, la número 28 que tiene lugar desde la puesta en marcha de lo que nació como un foro de diálogo entre autonomías, concluyó sin ningún acuerdo. De nada sirvieron los llamamientos de Sánchez a debatir con espíritu constructivo (sólo dos días antes el Ejecutivo había pedido un gran Acuerdo Estatal para atajar la crisis de la vivienda) y a “dejar la crispación en el perchero”. El propio Sánchez acabó asumiendo que era imposible pactar nada ante las posiciones expresadas por los dirigentes territoriales del PP, según fuentes del Ejecutivo.

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré". Durante el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves Ayuso lo dejaba claro, si los presidentes autonómicos usaban las lenguas de sus autonomías durante la Conferencia de Presidentes ella abandonaría la sala y así ha sucedido.

Cuando el lehendakari, Imanol Pradales, empezaba a hablar este viernes en euskera, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha ido, tal y como había amenazado en la víspera. Los demás presidentes del PP se han quedado y la reunión ha continuado con normalidad. Poco después, tras la intervención de Illa Ayuso ha regresado. Este comportamiento ha desatado la indignación en redes sociales donde los usuarios han retratado la actitud de la madrileña a golpe de meme." Amigos madrileños. Como idea. ¿Y si aprendéis a hablar, catalán, euskera o galego? Igual así conseguís que Ayuso se vaya", propone ‪@mortimerfu.bsky.social‬, "A Ayuso le parece ridículo ese dispendio en pinganillos cuando ella viene de gastarse una pasta en fichar a Toni Cantó para hacer de Madrid la capital del español", se queja @DonMitxel_I, "Ayuso abandona el consejo de Rivendel después de que Légolas utilice el elfo", bromea @ltgarlic.bsky.social‬.

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Los presidentes autonómicos del PP que participan este viernes en la Conferencia de Presidentes han instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales al considerar que el país atraviesa una situación "crítica".

El primero ha sido el presidente gallego, Alfonso Rueda, y tras él, el andaluz Juanma Moreno, y la cántabra María José Saéz de Buruaga, en el orden protocolario de la reunión, según la fecha de aprobación de sus estatutos de autonomía.

Sánchez ha aprovechado la propuesta del presidente de Asturias de que su comunidad acoja la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes para responderles: ha animado al resto de comunidades a presentar candidaturas porque "habrá ocasión para todas", ya que la previsión es agotar la legislatura y que los comicios sean en 2027.

Todos los presidentes del PP han llegado a Barcelona con el mismo mensaje, según fuentes del partido. "Sin Presupuestos, sin apoyo parlamentario, con grietas en el Consejo de Ministros, con su partido dividido, y desbordado por las proliferación de casos de corrupción que avergüenzan al país, el presidente del Gobierno debe acabar con esto y dar la palabra a los españoles", destacan estas fuentes.

El PP ha hecho hincapié en que trece de las veinte administraciones que se sientan en la mesa de la Conferencia, que representan al 70% de los españoles, están pidiendo a Sánchez que "ponga fin a una legislatura que nunca debió haber empezado en los que términos en los que lo hizo". "Hoy se le decimos en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. El domingo se lo diremos en la Plaza de España de Madrid. Elecciones ya", subrayan con la mirada puesta en la concentración convocada por Alberto Núñez Feijóo.

En el plenario, Moreno ha pedido a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones ante la situación política “crítica y convulsa” de España. "Ante la falta de mayoría social y parlamentaria" del presidente del Gobierno, que es "incapaz" de presentar incluso un proyecto de ley de Presupuestos, y ante la "creciente desafección y desconfianza en la política" existente, el presidente andaluz le ha pedido que disuelva las Cortes "cuanto antes, convoque elecciones y permita a los españoles decidir”.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz, durante su turno de intervención, Moreno ha reclamado también que se sometan a votación los acuerdos que se adopten en la reunión de este viernes, entre ellos las demandas en materia de financiación autonómica como la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras él, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido elecciones generales al considerar que es la "única salida" en este momento a una situación de "agotamiento, parálisis y decadencia institucional".

Por su parte, previamente y durante su discurso durante la XXVIII cumbre autonómica que he tenido lugar a puerta cerrada, Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos que aborden los temas agendados en la Conferencia de Presidentes con "honestidad, espíritu constructivo y naturaleza conciliadora": "O dejamos la crispación en el perchero o este encuentro servirá para muy poco", ha subrayado.

Tras presentar sus propuestas en vivienda y educación, ha garantizado a los presidentes que estaba deseando escuchar sus impresiones y sus planteamientos, garantizándoles que su "única petición" es que se aborden los temas con espíritu constructivo.

La Conferencia de Presidentes, ha destacado, es un foro de naturaleza conciliadora y no puede tomar decisiones salvo si se obtiene el apoyo unánime de las comunidades y del presidente del Gobierno. 

La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han protagonizado un momento de gran tensión antes de la Conferencia de Presidentes de Barcelona al encararse por las muertes en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia.

Según ha relatado fuentes del entorno de la ministra, García ha ido a saludar "con normalidad institucional" a Ayuso y ésta le ha quitado la cara y "muy nerviosa, inquieta y agresiva" la ha acusado de haberla llamado "asesina".

La titular de Sanidad le ha respondido que eso era "mentira" y que "no debería mentir así", un enfrentamiento que ha concluido cuando, según estas fuentes, se ha acercado una persona de protocolo y las ha separado.

Según la versión del entorno de la presidenta madrileña, Ayuso estaba dando la mano y saludando protocolariamente a todos los ministros y cuando se ha acercado García, ésta "ha pretendido darle dos besos". La presidenta regional le ha ofrecido la mano y le ha preguntado "si todavía pretendía darle un beso a una asesina, después de lo que Más Madrid le había dicho en la Asamblea" y le ha indicado que eso "no tenía un pase".

Se refería, según fuentes de su gabinete, a la intervención de la diputada de Más Madrid Diana Paredes durante la comparecencia de la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, donde afirmó que en la primera ola del coronavirus se diseñó "un plan macabro que condenaría a morir a 7.291 personas mayores" y "firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente".

El entorno de García asegura que la ministra ha ido a saludar a Ayuso como a cualquier otro presidente o invitado a la conferencia, porque por encima de todo están las reglas de educación y cortesía.

"He saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde. Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora. Jamás la he llamado 'asesina'. Solo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7291 mayores abandonados en las residencias de Madrid", ha señalado García en un mensaje en su cuenta de X.

Varias cámaras han grabado el momento, pero ningún periodista ha podido escuchar la conversación.

Más allá de este encontronazo, el inicio de la Conferencia de Presidentes de Barcelona ha propiciado un saludo del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos que ha sido fugaz en la mayoría de los casos y en los que se ha mezclado cortesía y frialdad, como con Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón o Emiliano García-Page.

Sánchez ha recibido al rey en el Palacio de Pedralbes, sede de la Conferencia, y ambos se han dirigido después a la línea formada primero por los miembros del Ejecutivo y después por los barones territoriales. Felipe VI ha ido saludando uno a uno a todos ellos seguido por el jefe del Ejecutivo, que ha hecho lo propio.

El apretón de manos de Sánchez con cada uno de los líderes autonómicos lo ha acompañado con una sonrisa pero ha sido frío en varios casos por ambas partes, como se ha podido apreciar al saludar a los presidentes de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha.

A continuación ha habido una foto de familia a cuyo término se han formado corrillos, como el protagonizado por Sánchez con el presidente de Asturias, Adrián Barbón; la de Navarra, María Chivite; y el de Murcia, Fernando López Miras. Cuando estaban departiendo se ha acercado Mazón, pero enseguida lo ha abandonado sin intervenir en la conversación y se ha sumado después García-Page sin que se le viera intercambiar un diálogo directo con el presidente del Gobierno.

Ya antes del saludo del rey a los presidentes autonómicos, estos se habían dividido en varios corrillos en los que han charlado de forma distendida. Por un lado han departido López Miras; Barbón; el lehendakari, Imanol Pradales; y los presidentes de Cantabria, María José Sáenz de Buruga; La Rioja, Gonzalo Capellán; y Galicia, Alfonso Rueda; y, por otro, Mazón, García-Page, el presidente aragonés, Jorge Azcón; y el de Canarias, Fernando Clavijo. Al mismo tiempo hablaban entre sí Díaz Ayuso, la presidenta extremeña, María Guardiola, y la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo.

El primer presidente autonómico en llegar al Palacio de Pedralbes ha sido el riojano, a las 8:23 horas, y el último el andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha estrechado la mano del presidente catalán, Salvador Illa, ya con sus homólogos posicionados para el saludo institucional.

Illa, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, han compartido con paciencia esa más de media hora, hasta que el catalán, pasados 23 minutos, ha iniciado su habitual ritual para calmar los nervios: doblar unos cuantos clips que siempre lleva consigo en el bolsillo de su americana.

El president ha recibido el escueto saludo de Díaz Ayuso -brazo firme, alargado y en tensión-, el abrazo de Barbón, el apretón afectuoso de Rueda -la mano izquierda cubriendo a la derecha- y la afabilidad de López Miras, que ha saludado con un sonoro "¡hola!" a los cámaras que captaban el momento. 

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos ante la celebración en Barcelona de la Conferencia de Presidentes para pedirles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 con medidas como triplicar la inversión pública, hasta casi 7.000 millones de euros, en esta materia.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Sánchez resalta que la Conferencia de Presidentes es un foro para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre administraciones y considera que debe servir para hacer frente a problemas como el de la vivienda y debatir sobre ello el viernes "de forma serena y constructiva". "Los españoles no nos eligen para generar crispación o llevar el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda - apostilla- es crucial y nosotros debemos estar a la altura".

Para Sánchez, el acceso a la vivienda es un desafío que hay que afrontar porque lo que se ha hecho hasta ahora estima que no es suficiente. "Quiero invitarte a dar un paso más e impulsemos juntos un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030", escribe el jefe del Ejecutivo en esa misiva, en la que señala que el acuerdo podría aprobarse en los próximos meses y se asentaría en tres compromisos.

En concreto: triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados dando más transparencia el sistema.

Respecto a la primera de esas propuestas, el presidente del Gobierno explica que en el último Plan Estatal (2022-2025), las administraciones destinaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler. Ahora pide aumentar esa cantidad hasta casi los 7.000 millones de euros, de los que el Gobierno se compromete a aportar 4.000 (un 60 %) siempre y cuando lo ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.

Respecto a la segunda propuesta, vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública, lamenta que la gran mayoría de las 2,4 millones de viviendas protegidas construidas en los últimos 45 años fueran fruto de la especulación y de los fondos buitre. "Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así -explica- una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".

Respecto a su deseo de acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados, señala que no hay una base de datos pública y fiable que permita conocer los precios reales de compra, venta o alquiler, y eso impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar de forma adecuada el precio de sus casas. Por eso, plantea a los presidentes autonómicos que todas las administraciones vuelquen la información que tengan en una base de datos agregada y que se ponga a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector en un portal web.

La Conferencia de Presidentes echó a andar el 28 de octubre de 2004. Fue una propuesta del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para crear un foro multilateral de diálogo entre el Ejecutivo central y todas las comunidades y ciudades autónomas en un paso más para adecuar el engranaje institucional a la diversidad territorial. La iniciativa nació bajo el espíritu del consenso dentro de la diversidad.

Pero esa esencia ha desaparecido por completo. El próximo viernes se celebrará en Barcelona la reunión número 28 de la Conferencia, que ha estado marcada por el amago de las comunidades del Partido Popular, con el beneplácito de la dirección nacional de Génova 13, de dar plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y torpedear toda la lealtad institucional.

El Ejecutivo, en un intento por salvar la reunión, ha decidido finalmente dar cabida en el orden del día a todos los temas exigidos por las comunidades populares para debatir el próximo viernes. La Moncloa puso primero sobre la mesa la vivienda y la financiación pública de las universidades y la formación profesional. Y los populares exigieron por carta que se hable también de “reforma de la financiación autonómica, actualización de las entregas a cuenta, retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda y acceso a la vivienda, lucha contra la ocupación y la inquiocupación”. 

Otras cuestiones que han puesto los populares como condición para asistir: “Más seguridad e inversiones técnicas en las redes y respaldo para evitar un nuevo apagón, control de fronteras y política migratoria, inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario, déficit de profesionales sanitarios, financiación de la dependencia, retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y financiación del primer ciclo de educación infantil”.

De esta manera, el Ejecutivo se ha abierto a que se traten estos temas ante un PP que estaba estudiando la fórmula para dar el plantón en Barcelona al Gobierno, pero evitando hacer un feo al rey Felipe VI, que saludará a los participantes antes de que arranque la reunión a puerta cerrada en el palacio de Pedralbes. En La Moncloa también ponen énfasis en el simbolismo con el que se ha preparado esta cita, ya que supone que Cataluña haga de anfitriona después de años siendo boicoteada la reunión por el independentismo.

Aunque en el Gobierno dicen que no se dan por vencidos y dicen que ellos tienen actitud "propositiva", fuentes del Ejecutivo reconocen que no se “pueden hacer trampas en el solitario” y que son conscientes de que la reunión se producirá apenas 48 horas antes de que el PP se lance a una gran manifestación en la madrileña Plaza de España en la que quiere denunciar que hay un Gobierno “mafioso”. 

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseveró este martes: "El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes y este silencio es un silencio cómplice de la situación que estamos viviendo en nuestro país". Sobre esto, señalan en La Moncloa: “Fingir que es un panorama normal con este PP es desolador”. No obstante, en el Ejecutivo ponen de relieve que, “aunque no hubiera acuerdos, reunirse y hablar en foros institucionales es importante”.

Varias fuentes del Gobierno y del PSOE también coinciden en que Feijóo va a seguir subiendo todavía más sus insultos y críticas durante estos días para calentar esa manifestación. Asimismo, sostienen que esta actitud también está basada al ver que en las encuestas Santiago Abascal tiene más tirón personal que el expresidente de la Xunta de Galicia. En La Moncloa se basan, por ejemplo, en la encuesta elaborada por 40dB y publicada este lunes por El País y la Cadena Ser que refleja que Santiago Abascal supera ya al líder del PP como preferido para ser presidente del Gobierno (el líder de Vox queda en segunda posición tras Pedro Sánchez).

Por eso, ven en el Gobierno y en el PSOE muy difícil que el PP se abra a algún tipo de acuerdo, además de por la presión interna liderada por el sector duro de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo quería poner mucho énfasis en la vivienda (las comunidades del PP no están aplicando la ley aprobada en la pasada legislatura que permite poner límite a los alquileres) y también en la financiación de las universidades públicas, en un momento en el que ha empezado a tramitarse en el Congreso la proposición de ley para poner coto a los chiringuitos universitarios.

Otro de los elementos que van a dificultar los acuerdos es que la ampliación del número de temas hará mucho más difusa la reunión, ya que habitualmente los presidentes tienen un turno de diez minutos para mostrar sus posiciones. Esto, como reconocen fuentes del Ejecutivo, impedirá ante la variedad de cuestiones centrar los esfuerzos en asuntos concretos para lograr líneas comunes.

La confirmación del Partido Popular de que irá a la Conferencia de Presidentes tampoco anticipa un mar en calma para lograr acuerdos: “Nuestros presidentes le han plantado cara al Gobierno y le han doblado el brazo. Sánchez tendrá su foto y nosotros, nuestras prioridades en el orden del día. En Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan”.

Desde el Ejecutivo indican que van a poner todo su empeño en lograr acuerdos a pesar de la confrontación total con la oposición. Y, a la vez, apostillan que Sánchez ha convocado 21 de las 27 reuniones que ha habido a lo largo de estos años de la Conferencia de Presidentes (Zapatero la reunió en cuatro ocasiones y Mariano Rajoy tan sólo dos).

El espíritu actual choca con el inicial, cuando, a pesar de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición, se llegaban a acuerdos. En 2005, por ejemplo, Zapatero y las autonomías pactaron una transferencia de 1.150 millones de euros para la sanidad en las comunidades, compensaciones para asistencia a residentes extranjeros y una financiación de 227 millones de carácter anual por el incremento de la imposición indirecta en los tributos sobre tabaco y alcohol. Asimismo, se dio una mayor capacidad a las autonomías en relación a impuestos indirectos de hidrocarburos y matriculación. Los gobiernos regionales, asimismo, se comprometieron a medidas sanitarias como las centrales de compra o la racionalización del gasto.

En 2007 se llegó a un acuerdo para la creación de conferencias sectoriales en materia de agua y de inmigración, además de firmar un documento conjunto sobre investigación, desarrollo e innovación. En la última presidida por Zapatero se unieron fuerzas de cara a la Presidencia Española de la UE para el año siguiente y se acordó una declaración de lucha contra la violencia de género.

Ya con Mariano Rajoy en el Gobierno se celebró una Conferencia en 2012, que se saldó con una declaración conjunta, en plena crisis económica, subrayando la importancia y el compromiso con la consolidación fiscal. En la de 2017, con el PP todavía en el Ejecutivo, asimismo se llegaron a algunos acuerdos en materia de protección civil, tarjeta social, la participación de las comunidades en asuntos europeos y la protección de los consumidores vulnerables energéticos.

Durante la época de Sánchez se han celebrado el grueso de estas citas, especialmente durante la época de la pandemia, donde el Gobierno y las comunidades intercambiaron opiniones y medidas. Y sí se logró un gran acuerdo en la cumbre en Canarias donde se firmó la Declaración de La Palma, en marzo de 2022, cuando se puso de acuerdo el Ejecutivo con las autonomías en temas como la negociación con la UE sobre el precio energético, el apoyo a Ucrania y el impulso de la ejecución de los fondos europeos. Pero esos acuerdos se evaporaron ya en la reunión que tuvo lugar el año pasado en Santander, donde no se consiguió ningún tipo de pacto.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes el próximo 6 de junio en Barcelona, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. El Gobierno prevé contactar este jueves, 15 de mayo, con los ejecutivos autonómicos para comunicarles oficialmente la convocatoria de la Conferencia, y será el Ministerio de Política Territorial el que gestionará posteriormente un encuentro del comité preparatorio de esa cita.

Será la reunión número 28 de la Conferencia de Presidentes, órgano de cooperación política del que forman parte el jefe del Gobierno y los presidentes de las diecisiete autonomías, así como los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La última celebrada hasta ahora fue la del pasado 13 de diciembre en Santander, y en ella ya se avanzó que la próxima sería en Barcelona tras el ofrecimiento que en ese encuentro hizo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En Santander se abordaron asuntos como la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario, pero no se cerró ningún acuerdo. Sí hubo una oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP contra la intención de Sánchez de negociar la condonación de la deuda autonómica al margen del modelo de financiación.

A la Conferencia de Barcelona se llegará de nuevo con un enfrentamiento político entre el Gobierno y autonomías encabezadas por representantes del Partido Popular, en particular con algunos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

Según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, ésta debería reunirse al menos dos veces al año y su convocatoria tiene que hacerse como máximo veinte días antes de la fecha elegida para la reunión salvo razones de urgencia debidamente motivadas.

La convocatoria del encuentro en Barcelona, que se prevé que comience con un habitual desayuno con el rey, cumple ese plazo y la previsión es que haya una nueva Conferencia de Presidentes en el segundo semestre de este año. El orden del día de la reunión en la capital catalana se concretará en el comité preparatorio que se organizará próximamente por el ministerio de Ángel Víctor Torres, quien se encuentra recuperándose de la operación a la que fue sometido a finales de abril por el cáncer que padece y se espera que pueda retomar su actividad a lo largo del presente mes.

Desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2004 la primera Conferencia de Presidentes ha habido hasta ahora 27 reuniones. Las cuatro primeras fueron convocadas por Zapatero, la quinta y la sexta por Mariano Rajoy y las restantes veintiuna por Pedro Sánchez, diecisiete de ellas por videoconferencia para coordinar la respuesta a la pandemia de covid. Hasta 2020 las reuniones se celebraban en el Senado, pero ese año se organizó en la localidad riojana de San Millán de Cogolla, y posteriormente se han convocado también en Salamanca (2021), La Palma (2022) y Santander (2024).

Abordar el problema de la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario. Ese es, teóricamente, el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el este viernes 13 de diciembre en Santander. Se trata de un foro que institucionalizó el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2004 para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico y que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utilizó de manera recurrente durante la pandemia. Ahora hacía ya casi tres años que no se celebraba —el último fue en marzo de 2022 en la isla de la Palma— y ningún presidente autonómico quiere faltar a la cita ya que está previsto que acudan los 17, según recalcan fuentes gubernamentales, salvo cambios de última hora.

Eso sí, cada líder territorial tiene sus propios intereses. Las once autonomías presididas por el Partido Popular, junto con las dos ciudades autónomas, prevén formar un frente común en contra de que se reconozca la singularidad de Cataluña, un "desafío histórico nacional" según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez busca alcanzar un acuerdo en materia de vivienda apoyado por el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta navarra María Chivite. Por su parte, los dirigentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del País Vasco, Imanol Pradales, han anunciado que presentarán una "alternativa" al modelo actual de gestión de migrantes que llegan a España.

Sánchez quería convertir la cita en un monográfico sobre vivienda, pero la presión del Partido Popular —y su mayoría absoluta en el Senado— obligó al Gobierno a incluir en el orden del día otras problemáticas. Al tener muchas más voces que el PSOE en ese foro, el PP cuenta con ventaja y Moncloa lo sabe. Sin embargo, aunque a los dirigentes de la derecha les une la causa común contra lo que denominan cupo catalán, no coinciden en el modelo de financiación autonómica, con distintas reclamaciones por las especificidades de los territorios. Por su parte, el acuerdo sobre migración se da prácticamente por descartado por la negativa de las autonomías del PP.

Las expectativas, de hecho, son bajas tanto por el propio formato tradicional de la reunión, que consiste en una sucesión de monólogos entre todos los presentes sin que realmente haya un intercambio de puntos de vista, como por la frontal oposición del partido de Feijóo de cara a llegar a acuerdos con el Gobierno de Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a instar a sus homólogos de otras regiones a no asistir a las reuniones convocadas por Pedro Sánchez en La Moncloa, aunque todos acudieron menos ella.

Para el Gobierno, la vivienda es el gran desafío de la legislatura y el principal tema a tratar el próximo viernes. "Nosotros vamos con voluntad de acuerdo, también de que se trata de un foro de reflexión y se puede avanzar. Vamos a ver hasta donde podemos llegar", explican fuentes del Ejecutivo en conversación con infoLibre, que también destacan que "muchas autonomías del PP tienen competencias sobre la materia". Fuentes del PP, por su parte, admiten que podrían acercar posturas para retomar las conversaciones en torno a la ley del suelo, que decayó hace unos meses en el Congreso por la negativa, precisamente, de la formación de Feijóo.

El pasado mes de octubre, las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE constataron en la Conferencia Sectorial de Vivienda sus grandes diferenciasa, centradas sobre todo en la declaración de zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler. Las autonomías del PP siguen insistiendo en que no aplicarán la Ley de Vivienda en cuanto a la declaración de zonas tensionadas y sus principales recetas a nivel autonómico ante el aumento de los precios de alquiler y compraventa se centran en la "okupación" y las "políticas intervencionistas" como enemigos a combatir.

La revisión del modelo de financiación autonómica es una de las negociaciones más complicadas de entre las muchas que tiene pendientes el Gobierno. El actual modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. Con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso entre las autonomías y el complejo calendario electoral.

Reformar la financiación es un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia y Castilla-La Mancha. Las demandas de estas cuatro autonomías, tres de ellas gobernadas por el PP, contrastan con las de otras como Castilla y León y Galicia. En esta última, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, se demandó que se tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Un modelo que, a su vez, es incompatible con las reclamaciones de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para que en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos censados. No se prevé que en la cita del próximo viernes se acerquen posturas más allá de que que los conservadores expresen su rechazo al cupo catalán y a la condonación de la deuda que, sin embargo, sí beneficia a muchas autonomías del PP.

La alianza estratégica de Clavijo y Pradales para abordar el tema de la migración el próximo viernes, donde reclamarán más competencias, más recursos económicos y un "reparto equilibrado, solidario y justo" de los menores no acompañados que llegan a Canarias y también a Ceuta y Melilla, no alterará los planes del PP. El partido de Feijóo ya dejó claro el pasado jueves que rechaza cualquier opción de acuerdo si el Ejecutivo de Sánchez no asume íntegramente sus planteamientos y "cambia su política migratoria". El propio Feijóo anticipó en una conversación informal con los periodistas que su formación votará no a la propuesta para reformar la ley de extranjería para que la acogida de menores migrantes sea obligatoria para todas las autonomías.

A esto se le suma que Vox ha señalado este lunes que estará atento a lo que ocurra en Santander para decidir si dan su apoyo a los presupuestos en seis autonomías del PP. Si quieren sus votos, la formación de Santiago Abascal ha pedido a los barones del PP que demuestren "que están dispuestos a enfrentarse, no solo con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino con su propio partido, con Génova". Si no se alcanza ningún tipo de acuerdo, como es previsible, el PP podría ver allanado el camino para aprobar los presupuestos de 2025 en la Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia.

La conclusión en todas las autonomías es clara: faltan sanitarios. Las comunidades autónomas son las que contratan a los médicos, dimensionan las plantillas, les pagan con sus presupuestos, organizan los hospitales y los centros de salud, también las que acreditan las plazas de médicos residentes (MIR) que pueden formar cada año, en las cuales el Ministerio oferta anualmente un número de puestos. Lo que reclaman las autonomías, especialmente las del PP, son más fondos por parte del Gobierno a la hora de cubrir ese personal.

Esa falta notable de profesionales que acusan todas las autónomas dificulta la cobertura de las plazas disponibles y compromete la capacidad para abordar la demanda asistencial que, además, cada vez es mayor. La atención primaria es una de las más castigadas ya que mientras la Organización Mundial de la Salud señala que los fondos destinados a ella deberían ser, al menos, el 25% de todo el presupuesto sanitario de la administración en cuestión, ninguna autonomía lo cumple. El PSOE y Sumar plantean, por su parte, eliminar la exención de los impuestos sobre las primas de los seguros sanitarios privados.

Las doce autonomías y las dos ciudades autónomas donde gobierna el PP han pactado, a iniciativa del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, un decálogo de exigencias para actualizar el modelo de financiación autonómica a través de una negociación multilateral.

Además de comprometerse por escrito en no caer en la "artimaña de la bilateralidad", el documento, de ocho páginas, pactado entre las regiones donde gobierna el PP, exige que con carácter previo a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera se blinde el respeto a la autonomía fiscal de las regiones y se garantice que ninguna de las comunidades presentes en el régimen común salga de este sistema.

Los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, Cantabria, los vicepresidentes de Baleares y Canarias y los dirigentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han pactado los siguientes diez puntos:

1. Volver "a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado" y, como consecuencia, "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo", volviendo a "la multilateralidad".

2. Recuperar "las mínimas bases del consenso" en una Conferencia de Presidentes, que debe ser convocada de forma "inmediata", y acordar la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "y no como resultado de cesiones y en perjuicio a los demás", así como que la AIReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno.

3. Condenar "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda", y comprometerse a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto" sobre la actualización de la financiación autonómica.

Asimismo, con carácter previo a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, añaden los puntos 4, 5, 6, 7 y 8.

4. Ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica, ante el aumento "exponencial" del coste de los servicios públicos, sobre todo en Sanidad.

5. Crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades y ciudades autónomas hasta que se renueve el sistema. También lo califican de fondo complementario de nivelación financiado por el Estado.

6. Coogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la Unión Europea. Y, en concreto, que el Ejecutivo ponga a disposición de las comunidades 18.000 millones de euros de estos fondos "que no ha sido capaz de ejecutar".

7. Blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Además, en este epígrafe rechazan las críticas a sus "medidas de alivio fiscal".

8. Garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo y de que no se trocee la Agencia Tributaria. Y adicionalmente, piden que el PSOE reflexione porque, sostienen, "si acepta otorgar a una Comunidad las embajadas (política exterior), traspasa el control de fronteras (inmigración) y la llave de la caja (Hacienda), en la práctica ya nada le distingue del independentismo".

Además, en el punto 9 señalan su coincidencia y disposición de abordar conjuntamente en el CPFF la actualización del sistema "atendiendo a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones". Y en el décimo y último punto, muestran su solidaridad con los "compatriotas catalanes que no creen en un desguace del sistema común, convencidos de que sólo beneficiará al negocio del procés" y apuntan a que el PSOE ha "decidido asumir las tesis independentistas, abandonarles y traicionarles como hicieron en toda España" mientras que, el PP seguirá a su lado.

El documento finaliza con el compromiso de Feijóo a llevar a cabo desde el Gobierno "todas estas reformas, respetuosas con la igualdad de todos los españoles" y con la autonomía de las comunidades y a devolver los recursos a todos los españoles "ante cualquier intento de apropiación ilegítima y egoísta", tras prometer el líder del PP que derogará la financiación singular de Cataluña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía este domingo "unidad" a las comunidades antes de la Conferencia de Presidentes y la ha logrado. "Estos acuerdos de La Palma son los que pide la ciudadanía española", adelantaba el líder del Ejecutivo antes de entrar a la cumbre. Y tras seis horas de reunión, se va de la isla con una declaración suscrita por todos los presidentes autonómicos en la que expresan su unidad ante la condena a la invasión de Rusia y Ucrania y se comprometen a seguir tomando medidas para paliar los efectos provocados por la guerra, entre ellas la de lograr un cambio de la regulación que permita bajar los precios de la energía.

"Hoy España está más fuerte porque está más unida. Hemos logrado consenso y unidad", ha destacado ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia al finalizar esta reunión. Ha destacado en varias ocasiones el "apoyo unánime" cosechado, aunque algunos presidentes, previamente, como Pere Aragonès o Alberto Nuñez Feijóo, han insistido en que era un acuerdo de mínimos.

La ya conocida como Declaración de La Palma está centrada en cuatro ejes que ya anunció el propio Sánchez en su comparecencia antes de arrancar una cumbre centrada en la guerra de Ucrania. Un conflicto que el Gobierno ha trasladado a las comunidades que va a ser largo y que hay riesgo de que se cronifique. Asimismo, el Ejecutivo ha adelantado a los presidentes autonómicos que se va a pedir a China que adopte un papel de intermediación y diálogo para encontrar una solución diplomática y que se han iniciado los trámites para llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Así, el primer eje de esta declaración es el "respaldo" al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo para tomar medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía: "Todas las instituciones españolas trabajarán conjuntamente para respaldar esta posición de país, que beneficiará a los consumidores y a los sectores más vulnerables ante el impacto de la crisis energética", reza el texto.

"No podemos permitir que los ciudadanos y las empresas se conviertan en rehenes de Putin", avisaba ya antes de empezar Sánchez. Por ello, la idea del Gobierno es presentar a España en Bruselas como la solución a la dependencia energética de Rusia. Asimismo, se buscarán mercados alternativos, no sólo en materia energética sino también de alimentos, y se solicitará reforzar la PAC.

Con respecto al plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, la declaración lo define como "abierto y dinámico" y que se irá "configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables". "El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía", sostiene el texto.

En este punto, el Gobierno y las comunidades han introducido futuras rebajas fiscales a la energía, aunque sin concretar cuáles serán. Sólo explican que "desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora" y que se concretarán en futuras reuniones sectoriales con las comunidades. Durante la reunión, el Gobierno ha recordado que el Ejecutivo está haciendo un gran esfuerzo fiscal y que ya ha rebajado ya los impuestos de la luz. Idea en la que ha insistido la portavoz durante la rueda de prensa que añadido que se seguirá trabajando con los sectores afectados para evaluar y analizar nuevas posibilidades.

Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que no haya sido posible "un acuerdo" en este punto porque Sánchez no ha querido concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos, aunque sí entiende que existe "un compromiso": "La ciudadanía no entiende que se les pida bajar la calefacción y no se bajen los impuestos", ha dicho. "Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares", ha rematado el presidente gallego y líder de hecho del PP.

A pesar de este tirón de orejas al Gobierno, Feijóo, al contrario que la postura mantenido por su antecesor al frente del partido, Pablo Casado, sí que ha cerrado filas con el Gobierno: "Vamos a arrimar el hombro aunque nuestras propuestas no hayan sido acogidas". Aunque ha matizado que sólo en materia internacional y con respecto a la posición española en la UE y en la OTAN.

Sobre la acogida de refugiados, la declaración establece una gestión coordinada y la puesta en marcha de "medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto". Sánchez ya pedía antes de la conferencia "volver a dar ejemplo" y ha insistido en la unidad entre comunidades en el proceso de reparto y acogida. Asimismo, el Ejecutivo también ha trasladado a los presidente la puesta en funcionamiento de tres centros de acogida en Madrid, Barcelona y Alicante, además de otro en estudio en Málaga.

Por último, con respecto a los fondos europeos, las comunidades y el Gobierno se han comprometido a impulsar su ejecución ya que "ahora son más más importantes si cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo". Como había pedido Sánchez a lo largo de los últimos días, se ha incluido como "esencial" dejar al margen las discrepancias partidistas para que el dinero llegue "de verdad" a toda España.

Una de las notas discordantes de la reunión ha sido la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de destinar los 20.000 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad a posibles ayudas a las familias por la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Rodríguez ha señalado, en respuesta a los periodistas pero sin referirse directamente a la líder regional, que "no se puede frivolizar" en materia fiscal, pero "tampoco conviene hacerlo" cuando se habla en materia de igualdad. Por ello, la también ministra ha exigido hablar "con cierto rigor" sobre el presupuesto de Igualdad ya que, según ha señalado, se están desarrollando "políticas de forma transversal".

Por su parte, Ayuso ha sostenido que "la igualdad entre hombres y mujeres es tan importante como acabar con la pobreza de las familias". Además, ha añadido que han cuantificado que con esto se podría hacer frente a la cesta sobrevenida de todas las familias y contarían con 500 euros para cada una para los costes del IVA o de la luz.

Otro de los asuntos tratados fuera de la declaración, ha sido la presencia del presidente catalán, Pere Aragonés, en la Conferencia. Aunque el líder catalán ha evitado hacerse la foto de familia para no coincidir con el rey, sí que ha asistido por primera vez en diez años por lo extraordinario de la situación y no porque se hayan normalizado las relaciones entre el Estado y Cataluña.

No obstante, Rodríguez, que ha agradecido la actitud de Aragonés en la reunión, sí que ha asegurado que las relaciones "ya están normalizadas" porque se venía de un escenario donde ambas Administraciones "se daban la espalda".

Yo tampoco he conseguido entender el sentido de la declaración del presidente del Gobierno este domingo a las 11 de la mañana. La única explicación que encuentro es que Sánchez haya querido poner en valor la vacunación y cerrar el paso al discurso escéptico anti-vacunas que empieza a emerger en algunos sectores, los que creyeron que con los pinchazos reglamentarios esto había terminado. Hacer entender que la vacuna evita la gravedad pero no el contagio no es fácil, y el desánimo y frustración tras casi dos años de pandemia pueden crecer como la espuma. En efecto, esta es una pregunta trascendente que debemos hacernos: ¿cómo estaríamos hoy si la vacunación no hubiera sido el éxito que ha sido gracias a todos? No es poca cosa, desde luego.

Ahora bien, una comparecencia de un presidente del Gobierno en medio de un subidón de contagios genera miedo y expectativa. El primero, el temor a medidas restrictivas que se intuyen y cuya mejor gestión consiste en concretarlas lo antes posible para despejar fantasmas peores. Por su parte, la expectativa viene dada por una comparecencia, la del presidente, reservada para los anuncios más importantes. Para el resto están los responsables técnicos y la ministra. Todo esto habrá llevado a millones de españoles a encender la tele esperando encontrar una respuesta a millones de situaciones personales pendientes del anuncio presidencial, para comprobar después que no hay anuncio alguno, que el único anuncio es que anunciará, y que ha convocado para decir que convoca.

Es decir, que hace una comparecencia para anunciar lo ya sabido, que el próximo miércoles se celebrará la Conferencia de Presidentes. A 48 horas de Nochebuena. ¿Por qué esperar tres días cuando estamos viendo la curva de contagios disparada? Y lo que es peor, ¿qué presidente/a autonómico va a tomar medida alguna en esas fechas? A lo sumo, una hoja de ruta de qué hacer en función de cómo evolucione la pandemia. Pero, ¿no es ya demasiado tarde para esto? ¿Para qué, entonces, la declaración institucional del presidente? Quizá una rueda de prensa con preguntas de los medios se hubiera entendido más.

Una explicación racional y plausible es que se quieren evitar medidas drásticas que acabarían con viajes, cenas, regalos y gastos varios para la Nochebuena, lo que supondría un importante revés económico. Efectivamente, de haber convocado a los presidentes autonómicos este mismo fin de semana, esto podría haber sido así. Pero, ¿qué situación de incertidumbre se crea ahora para las familias que, pendientes de un viaje o de un encuentro, van a mantenerse en vilo hasta unas horas antes de la Nochebuena sin saber si habrá requisitos para volver a España, para viajar de una comunidad autonóma a otra, o para reunirse a cenar en la misma casa 6, 8 o hasta 10 personas?

Otra interpretación pone el foco en el papel de coordinación y liderazgo que Sánchez acaba de asumir con esta comparecencia ante la Conferencia de Presidentes. Coordinación y liderazgo que en un presidente del Gobierno se deberían dar por hechos; pero, así y todo, la forma de preparar esa Conferencia para que sea efectiva no es una comparecencia pública, sino conversaciones discretas con unas y otros para ir acercando posturas y coordinando criterios. Ojalá sea así y esto ya se esté haciendo. El miércoles lo veremos.

En cualquier caso, esta sexta ola —séptima en algunas comunidades— tiene características diferentes a las anteriores; cada ola ha sido distinta. Más contagios, pero menos graves, menos hospitalizaciones y menos muertes. Esto plantea una nueva discusión: ¿sólo consideramos que algo es grave cuando genera cientos de muertos diarios? El miedo al contagio está agravando la sensación de angustia de una parte importante de la población, especialmente quienes son más sensibles por cuestiones de salud mental, que podemos ser todos en cualquier momento. Por otro lado, el contagio o el contacto directo con una persona contagiada implica días de confinamiento en los que, aunque la enfermedad no se desarrolle, se detiene la actividad laboral, se retrae el consumo —sobre todo el asociado con la hostelería y los viajes, propios de estas fiestas— y empieza a pesar sobre el país, como una losa, la sensación de que la pesadilla no va a terminar nunca. Y todo ello, no se olvide, en un contexto de dura pugna política e ideológica, donde la propia pandemia ha sido utilizada por las derechas como un ariete lanzado contra la estabilidad del Gobierno al que ya consideraban ilegítimo antes de que el coronavirus hiciese acto de presencia.

Aunque las cifras de muertos y hospitalizados, gracias a la vacuna, no sean las que veíamos en las olas anteriores, no por ello esta vez deja de ser grave. El cansancio acumulado tras dos años de sufrimiento e incertidumbre, la impotencia ante lo que parece interminable, y también —cómo no— las repercusiones económicas que esto tiene obligan a tomar medidas contundentes cuanto antes. Como en el dicho “más vale ponerte una vez colorado que ciento amarillo”, cuanto antes se consiga controlar el subidón de contagios antes podremos emprender la nueva recuperación. No es casualidad que la palabra “resiliencia” se haya puesto de moda en los últimos tiempos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo desde Barcelona que la Conferencia de Presidente que adelantó el sábado se celebrará el próximo miércoles 22 de diciembre por la tarde, dos días ante de Nochebuena. La reunión, según ha avanzado el líder del Ejecutivo, será telemática, desde el Senado y para tomar "medidas compartidas" que se pondrán en marcha "a lo largo de las próximas semanas", según recoge Europa Press.

Según ha detallado Sánchez durante su declaración institucional, el objetivo de convocar a los presidentes autonómicos es reforzar la "cogobernanza" y la "cooperación institucional" ante "un riesgo cierto y real".  "España registra una incidencia acumulada de 511 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Sigue siendo inferior a la de los países de nuestro entorno, pero no la podemos dar por buena", ha explicado. Esta situación, ha advertido, exige "intensificar" las medidas.

La última Conferencia de Presidentes fue la celebrada el pasado 30 de julio en Salamanca, y estuvo marcada principalmente por la ausencia del presidente catalán, Pere Aragonés, y por las quejas de algunas comunidades autónomas, principalmente del PP, por el formato de esta reunión. Según criticaron, el jefe del  incluyó tan solo dos puntos en el orden del día y que los mandatarios autonómicos dispusieran nada más que de cinco minutos para exponer sus planteamientos. Tras la cita del 22 de diciembre, está previsto que la siguiente se celebre a mediados de enero de 2022 en la isla de La Palma.

Sánchez ha aprovechado su declaración institucional para recordar que que la situación actual no es la de hace un año ya que estamos "en circunstancias muy distintas" gracias, entre otras cosas, a la vacunación. "Con cifras notablemente superiores de contagios, hoy tenemos cifras de hospitalizaciones y ocupación de UCI inferiores a las que teníamos hace tan solo un año", ha apuntado.

El líder del Ejecutivo ha reivindicado así que la inmunización alcanza en la actualidad al 90% de la población mayor de doce años con pauta completa. "Por lo tanto, la primera conclusión que debemos extraer es que las vacunas funcionan y que esta crisis sanitaria solo puede atajarse gracias a la luz de la ciencia", ha aseverado Sánchez.

También ha resaltado la aplicación de las dosis de refuerzo, con más del 80% de los mayores de 70 años que han recibido la tercera dosis adicional, mientras son más de la mitad entre la población de entre 60 y 69 años. En total, ha remarcado Sánchez, se han administrado ya más de diez millones de dosis de refuerzo. También ha puesto en valor la "respuesta formidable" de la población en el inicio de la vacunación de menores de entre cinco y once años ya que en "en tan solo tres días se ha vacunado a casi el 5% de esta población".

"Para entender la magnitud del reto que supone la campaña de vacunación, puede bastar este dato: solo el viernes pasado se administraron en España medio millón de dosis de vacunas", ha continuado el presidente, para insistir así en que "la vacunación es el mejor arma contra el virus" y se debe "perseverar en ella". Ante este proceso de vacunación que, ha dicho, "está despertando admiración en todo el mundo", Sánchez ha expresado su gratitud por el trabajo de los profesionales sanitarios y también "a cada uno de los compatriotas que han entendido que debe ser el criterio ciencia y bien común" lo que se "anteponga".

"Quisiera agradecer a todos los españoles el esfuerzo que están haciendo y trasladarles el orgullo que supone para mí poder presidir el Gobierno de un país de ciudadanos responsables y solidarios", ha apostillado el presidente. No obstante, ha insistido en la necesidad de medidas "complementarias" que "siempre han dado buenos resultados", como el uso de las mascarillas, y "todas las medidas de prevención".

"El virus sigue con nosotros y su combate debe seguir siendo prioridad para todas las administraciones", ha agregado Sánchez, para incidir en que el "camino" debe seguir siendo el de abordar de "manera coordinada" la respuesta ante la pandemia, motivo por el que reunirá de nuevo a los presidentes autonómicos. Por último, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a la población: "Hemos andado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo la vida y la salud de nuestros compatriotas".

Dinero y Cataluña. Algo de Madrid. Y después, más dinero. La XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca, con la participación de todos los responsables de gobiernos autonómicos salvo el catalán, sirvió para que los representantes de la España autonómica midiesen en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, sus respectivas sensibilidades en torno al supuesto trato de privilegio que reciben Cataluña y el País Vasco y la competencia desleal que para muchos practica la Comunidad de Madrid. Y dejó claro que la preocupación de unos y de otros, independientemente de su color político, sigue siendo la distribución del dinero. El de los presupuestos, el que nutre el funcionamiento de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, el que está a punto de llegar de la Unión Europea para financiar proyectos que encajen en el plan de reconstrucción económica diseñado por el Gobierno y aprobado por Bruselas.

Después de dos semanas de críticas, sobre todo por parte del PP, Sánchez privó a los presidentes conservadores (Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia) de buena parte de su munición al hacer dos anuncios clave.

En primer lugar, la llegada de más vacunas. España recibirá 3,4 millones de dosis adicionales en las próximas semanas, pasando de 13,1 a 16,5 millones en agosto, lo que garantizará alcanzar la cifra de un 70% de población vacunada, la cifra mágica de la inmunidad de grupo. En función de la fecha de entrega de las nuevas dosis, que todavía no se conoce, ese porcentaje podría alcanzarse incluso antes de acabar el mes que está a punto de empezar.

En segundo lugar, los fondos europeos. Este año se distribuirán 10.500 millones de euros del plan a las Comunidades Autónomas, lo que significa un 55,5% de los 19.036 millones que España va a recibir de la Comisión Europea en 2021.

En su estrategia para desarbolar las críticas de las comunidades del PP, capitaneadas por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la reunión se celebró sin que los participantes tuviesen que ceñirse a un límite de tiempo, lo que extendió la conferencia por espacio de seis horas. Y el presidente abrió la puerta a modificar el reglamento de la Conferencia de Presidentes si así lo considera la mayoría de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno se fue de Salamanca, sede de esta conferencia —la numero 18 entre presenciales y virtuales que tiene lugar desde que estalló la pandemia—, muy satisfecho. En su equipo creen que el desarrollo de la sesión ha servido para constatar que España está en plena recuperación económica y que la vacunación es un éxito. Y que ambas cosas constituyen una conquista compartida por el Gobierno, las comunidades y los ciudadanos que los presidentes, según la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aplaudieron por unanimidad al final de la cita. “Ofrecemos colaboración y demandamos unidad, sabiendo que esa unidad es una fortaleza para nuestro país”, remarcó.

“Ha sido una jornada muy positiva para el Gobierno, un debate enriquecedor con un claro clima de colaboración. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es el resultado del trabajo de este año, que sitúa al país en un lugar mejor que el año pasado”, destacó la ministra. “El PIB ha crecido un 20% y la afiliación a la seguridad social, en más de 400.000 personas. Además, nuestro país es el primero en vacunación entre los países más poblados del mundo”.

Con todo, escuchando a Rodríguez se diría que no asistió a la misma reunión que algunos de los presidentes, especialmente los del PP que, además, son los más próximos al líder de la oposición, Pablo Casado.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acudía a la cita con la idea de ser el mascarón de proa de la ofensiva del PP contra el supuesto trato de favor que el Gobierno otorga a Cataluña y el País Vasco, acabó a la defensiva. Por las críticas que varias comunidades le dirigieron por sus prácticas de dumping fiscal y por la respuesta que el Gobierno dio a su política de reivindicar más fondos al tiempo que reduce impuestos.

Aunque ella mismo reveló que había pedido más dinero para determinados servicios, sobre todo en materia sanitaria, concluyó: “Yo no vengo a las Conferencias de Presidentes a pedir más pero sí a que nos dejen en paz”, argumentó. “Si no nos van a dar más dinero no pasa nada, Madrid ya sabe gestionar sus cuentas”. “Ya se está pasando de la raya”, porque en las anteriores citas no se llegaba a señalar a otros territorios, como sí ha sucedido hoy, aseguró. “He oído a lo largo del día cómo se ponía en tela de juicio la fiscalidad de Madrid”. “Se da más independencia al País Vasco y a Cataluña, pero se cuestiona la autonomía fiscal de Madrid”, se quejó.

Soplar y sorber

La ministra Rodríguez confirmó la respuesta de Sánchez a Ayuso. “Hay discursos que demandan mas fondos y proponen recortes, una operación imposible. Un poco de pedagogía viene bien” porque “no se puede soplar y sorber a la vez”, resumió.

El presidente de Murcia, el tránsfuga Fernando López Miras, no escuchó “novedad alguna. No se ha dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas y sólo ha habido monólogos del presidente del Gobierno” se quejó. Su homólogo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estuvo de acuerdo, pero extendiendo el reproche a todos los participantes. La reunión se quedó en una sucesión de “más monólogos que diálogos”, sin “acuerdos ni novedades”.

El menos crítico de los presidente del PP fue el anfitrión, Alfonso Fernández Mañueco. “Reunirse y dialogar es bueno. Es verdad que no hemos podido concretar mucho en algunos aspectos. Tenemos que mejorar, aunque la Conferencia de Presidentes es un buen instrumento”, concedió. “Vivimos en un Estado autonómico y la primera línea de lucha contra la pandemia está en las comunidades autónomas, por eso necesitamos el apoyo del Gobierno de España”.

Para lo que no sirvió la conferencia fue para despejar los dudas sobre criterios de adjudicación de fondos europeos que las comunidades reclaman y que según el Gobierno dependen de los proyectos que acaben siendo aprobados. El debate sobre esta cuestión será el centro de la conferencia sectorial sobre fondos europeos que, bajo la presidencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se celebrará el próximo lunes con participación de consejeros de todas las comunidades.

Un de los presidente más críticos con Cataluña y el País Vasco fue el jefe de Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán. En su opinión, las ausencias o las presencias “condicionadas” son una “anomalía democrática y constitucional”. "Deseamos que llegue el momento en el que, quien quiera mantener reuniones bilaterales con el Gobierno de España acepte de buen grado y de forma cuasi obligatoria las relaciones también con el resto de comunidades”. En esa línea se expresó también el de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que además exigió un trato bilateral también para su comunidad. “Nos oponemos a privilegios a País Vasco y Cataluña. Somos solidarios, pero si hay bilateralidad, la exigimos para Andalucía”, planteó.

La cogobernanza, el modelo de colaboración institucional que el presidente Pedro Sánchez defiende desde que delegó en las Comunidades Autónomas el grueso de la gestión de la pandemia, no funciona. Al menos no a través de la Conferencia de Presidentes, la institución creada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico.

El malestar por parte de las Comunidades Autónomas es patente aunque sólo lo hayan manifestado las que tienen presidente del PP (Galicia, Madrid, Castilla y León y Murcia), además de Cataluña (Esquerra) y País Vasco (PNV). La razón tiene que ver con la desconfianza que se ha instalado entre unos y otros territorios a cuenta de la distribución de los fondos europeos y de la inminente apertura del debate en torno a la revisión del modelo de financiación autonómica. Pero también con el formato elegido por Sánchez para volver a reunir a los presidentes autonómicos: sin cumplir los plazos previstos y sin ninguna reunión preparatoria previa que haga posible la búsqueda de acuerdos.

El Gobierno se escuda en que la cita obedece al mismo “modelo de excepcionalidad que se ha seguido durante la pandemia”, según fuentes de Política Territorial. Un criterio que en la práctica ha convertido la Conferencia de Presidentes en un órgano en el que Pedro Sánchez expone a los mandatarios autonómicos su punto de vista y estos apenas disponen de un turno de escasos cinco minutos para hacer puntualizaciones. Es decir, nada que facilite un debate en serio ni mucho menos la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Si la convocatoria obedeciese al reglamento que rige la conferencia, hubiese habido que fijar un orden del día detallado con propuestas concretas trabajadas previamente por una comisión preparatoria que allanase el camino hacia un acuerdo. Pero no es así. El orden del día oficial, fijado sin cumplir los 20 días de antelación que marca el reglamento, se limita a fijar dos asuntos de interés sobre lo que hablará Sánchez y, a continuación podrán opinar brevemente los presidentes autonómicos.

El primero es, literalmente, el “estado de la situación de la campaña de vacunación y de los efectos de la covid-19 y de la gestión y próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. El segundo, la “presentación de la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico para impulsar la Agenda Común entre los diferentes niveles de gobierno”.

El descontento de algunas Comunidades Autónomas es público y notorio. Al frente de la rebelión de presidentes se ha puesto la jefa de Gobierno en Madrid. Isabel Díaz Ayuso anunció la semana pasada que la próxima conferencia, que tendrá lugar este viernes en Salamanca, será la última a la que asista hasta que vuelvan a celebrarse cumpliendo lo que ordena el reglamento: orden del día fijado con anterioridad y debatido por técnicos de todas las comunidades antes de reunirse. "Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (…) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo”, advirtió.

Tras ella han ido los presidentes de Galicia, Murcia y Castilla y León, todos del PP. Aunque ninguno ha ido tan lejos como para anunciar un boicot a las convocatorias que tengan lugar en el futuro.

Paradójicamente, con su decisión de no volver a acudir a las conferencias que se convoquen en el futuro, la presidenta de Madrid no hace otra cosa que seguir los pasos del president de Cataluña, Pere Aragonès. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, confirmó la semana pasada que Aragonès considera la conferencia de este viernes un acto meramente “simbólico” en comparación con la comisión bilateral que se celebrará el lunes y la mesa de diálogo prevista para el próximo otoño. No hay motivo, subrayó Plaja, para “ir a hacerse una foto”.

Tampoco el lehendakari tenía interés en acudir. Pero, finalmente, Iñigo Urkullu confirmó este miércoles que sí viajará a Salamanca después de conseguir que se convoque para este mismo jueves una reunión de la comisión mixta del Concierto Económico. En ella se certificará el reparto de determinados impuestos como el IVA OSS (un sistema de gestión de este impuesto a escala de la Unión Europea), el de transacciones financieras y el que grava determinados servicios digitales, creados por el Estado, pero que en Euskadi serán recaudados por la Hacienda vasca.

Urkullu ha repetido el guion de al año pasado. Entonces tampoco confirmó su participación en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja hasta que consiguió cerrar un acuerdo sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas.

La incómoda bilateralidad

La bilateralidad de las relaciones ente el Gobierno central y las comunidades vasca y catalana, producto de sus respectivos Estatutos de autonomía, constituye un privilegio inaceptable para los presidentes autonómicos del PP y una realidad incómoda para algunos socialistas. De estos últimos los más insatisfechos con la actitud de Aragonès son los tradicionalmente menos partidarios del diálogo con Cataluña: Javier Lambán (Aragón), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura). Y así lo han hecho saber en los últimos días.

Una preocupación común a todos ellos tiene que ver con el reparto de recursos. La legislatura avanza y el Gobierno sigue sin poner en marcha una de las negociaciones más complicadas de entre las muchas que tiene pendientes: la revisión del modelo de financiación autonómica, un asunto que inquieta especialmente la Comunitat Valenciana. Su presidente, el socialista Ximo Puig, lleva tiempo tratando de tejer alianzas con otras comunidades autónomas que abran la puerta a un nuevo reparto del dinero más acorde con sus necesidades. El Gobierno se ha comprometido a negociar el nuevo modelo antes de fin de año, pero de momento no hay avances.

El segundo elemento que envenena las relaciones entre comunidades tiene que ver con los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia. Nadie quiere quedarse atrás y acabar recibiendo menos que otros territorios. Algunos, del PP y del PSOE, recelan de que el dinero acabe beneficiando al País Vasco y a Cataluña. Y estas dos comunidades temen que al final sean ellas las que menos reciban.

Una parte del problema es la insistencia de algunas comunidades en considerar que el dinero de Bruselas debe repartirse proporcionalmente, siguiendo criterios de población u otros análogos, cuando en realidad su entrega depende de los proyectos que se presenten y se vayan aprobando. Algo que ya advirtió el presidente en la Conferencia de Presidentes de hace un año: “El reparto no seguirá los criterios clásicos. Este es un fondo diferente, nuevo. Lo que valoraremos será la aportación de esos proyectos a cada una de las líneas transformadoras” fijadas por el Consejo Europeo: la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, advirtió entonces el presidente.

Al final, polémicas aparte, acudirán a Salamanca todos los presidentes autonómicos excepto el catalán, igual que en la última conferencia presencial de La Rioja. Y las intervenciones de la mayoría de ellos mirarán también hacia la gestión de la quinta ola de la pandemia, que se ha convertido para muchos en una pesadilla difícil de combatir sin la ayuda de los jueces, que en muchos casos están anulando las medidas preventivas decretadas por los gobiernos autonómicos.

Anticipo “histórico”

Donde sí estuvo Cataluña, por primera vez en años, fue en la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó a las comunidades autónomas el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica, que alcanza los 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior.

Son “las mayores entregas a cuenta de la historia”, subrayó la ministra, que también explicó a los consejeros el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Un dinero que se distribuirá siguiendo el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas. La mayor parte del desembolso se realizará en septiembre (70%) y el resto (30%) en noviembre.

La Comunitat Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia pidieron en la reunión que parte de esos más de 13.000 millones (unos 2.200 millones) se destinasen a un fondo aparte para comunidades “infrafinanciadas”, pero la mayoría de los consejeros rechazaron votar la propuesta.

El próximo lunes, 2 de agosto, coincidiendo con la bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, se celebrará una Conferencia Sectorial sobre los fondos europeos. Una cita “más técnica que política”, subrayó Montero.

Las comunidades autónomas que quieran hacer un cierre de colegios parcial o generalizado deberán "hablarlo" con el Gobierno central y el resto de autonomías para que exista "un conocimiento de la situación", aunque será el Ejecutivo regional quien tenga la última palabra en la decisión.

Segú ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes y recogida por Europa Press, las comunidades han respaldado en esta reunión las medidas acordadas en la última sectorial de educación, celebrada el pasado 27 de agosto, con el objetivo de unificar criterios para la vuelta al cole.

Además de esto, se decidido que en el caso de que una autonomía tome la una decisión "drástica" de cierre de centros educativos, ya sea de manera parcial o generalizada, sería propicio "hablarlo" o "comentarlo" entre "todos", ya que, según indica el ministro, esta medida "repercutiría en otros territorios" y también es necesario que el conjunto del Sistema Nacional de Salud tenga "conocimiento" de la medida.

Clima de entendimiento 

Aun así, señala Illa, es el Gobierno regional el que toma "la decisión" porque "la competencia" tanto en materia educativa como de salud pública la tienen las comunidades autónomas.

Sobre el ambiente de la reunión en este punto, el responsable de Sanidad ha indicado que "nadie ha dicho" que esta decisión de compartir la medida "no fuera pertinente". Al contrario, ha apuntado, ha habido "comentarios explícitos de apoyo" y un "clima de necesidad de coordinarse" en esta materia.

Illa ha defendido que cada territorio ponga en marcha las medidas en simetría a la gravedad que presente la pandemia en cada territorio, pero ha indicado que hay medidas, como el cierre, que hay que, "al menos, valorarla conjuntamente antes de tomarlas" porque "trasciende" a las propias comunidades autónomas y a sus sistemas de salud.

Potestad de las comunidades según el protocolo 

Illa precisó la semana pasada que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de cerrar colegios en caso de "transmisión generalizada y sostenida", que sería la "medida más extrema".

En este sentido, señaló que son las comunidades autónomas las que tienen competencias tanto en Sanidad y Salud Pública como en Educación, aunque el ministerio puede apoyar si hay casos que requieren un análisis un poco más profundo. "Pero quien tiene la potestad de decretar esto son las comunidades autónomas", ha señalado.

El documento sobre detección de casos y brotes en la escuela debatido en la última Conferencia Sectorial de Sanidad y Educación considera que el cierre de centros educativos debe ser el "último recurso" en caso de brotes en las instalaciones y propone que en caso de brotes con transmisión no controlada, con un número mayor de lo esperado en un territorio específico, sean los servicios de salud pública de las comunidades autónomas las que realicen una evaluación de riesgo para considerar el cierre temporal del centro educativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido a los presidentes autonómicos que no cierren centros escolares en caso de brotes detectados sin previa consulta con el Ministerio de Sanidad, ya que en caso contrario podría extenderse el virus en vez de aplacarlo.

“Un éxito”. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, prefirió ignorar la catarata de quejas y críticas de una buena parte de los 16 jefes de Gobierno autonómico que acudieron este viernes a la XXI Conferencia de Presidentes —todos menos el catalán Quim Torra— y poner en valor la importancia de la celebración del encuentro y la evidencia de que la gestión de la pandemia y del fondo europeo de reconstrucción darán continuidad durante meses a nuevas reuniones de lo que llamó “la piedra angular de la cooperación multilateral en nuestro país”.

La llegada inesperada del lehendakari Iñigo Urkullu al Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), reforzó la solemnidad que Sánchez quería dar a la cita y redujo la ausencia de Quim Torra a un gesto de discrepancia sin consecuencias en la primera reunión presencial que celebran los presidentes autonómicos desde que estalló la pandemia.

El presidente del Gobierno ha diseñado una agenda de trabajo para las Conferencia de Presidentes que se celebrarán de aquí a final de año —una por mes, algunas presenciales y otras telemáticas— cuya importancia, según fuentes consultadas por infoLibre, confía en que acabe obligando al president catalán a participar. La primera, a finales de mayo, está llamada a ser la que fije las condiciones de apertura del curso escolar en medio de los rebrotes, un asunto sobre el que el ministerio y las consejerías de Educación trabajan desde hace semanas. Pero las siguientes no serán menos importantes: en ellas el Gobierno quiere debatir y plantear los criterios comunes de preparación de proyectos susceptibles de solicitar financiación a la Comisión Europea y que, como el propio presidente advirtió en su intervención en la Conferencia, deberán encajar los unos con los otros para poder presentar un Plan Nacional.

Sánchez escuchó las quejas y las demandas de los presidentes en relación con la covid-19 y sobre todos los asuntos que preocupan específicamente a cada territorio. Pero esta vez no se limitó a repasar la situación de la pandemia, sino que tomó la iniciativa y emplazó a los presidentes autonómicos a tomar medidas para atajar los brotes y poner la enfermedad bajo control.

“Que sigamos siendo capaces de controlar los rebrotes y de seguir evitándolos depende del seguimiento por parte de los rastreadores”, subrayó. Y “la contratación de esos rastreadores es competencia de las Comunidades Autónomas, que deben atender a las recomendaciones de los expertos sanitarios. Este instrumento es esencial, insustituible”, remarcó. “El número de rastreadores no debe ir por detrás de la cifra de contagios, sino siempre por delante”.

Y dejó claro que nadie poner como excusa problemas de financiación: “Les recuerdo que el Gobierno ha inyectado 9.000 millones extraordinarios del fondo covid para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a necesidades como esta u otras”.

La cogobernanza, enfatizó Sánchez, “obliga a que cada uno asuma sus responsabilidades concretas, fije los objetivos perseguidos y ponga los medios necesarios para su cumplimiento”. Por más que el Gobierno esté a disposición de todas las Comunidades Autónomas para ayudarles con medios “materiales, humanos y jurídicos”. Entre ellos citó expresamente uno que el Gobierno pone a disposición de las comunidades: la aplicación para móviles Radar Covid, testada por la administración central y que, según el ejecutivo, es capaz de doblar automáticamente los datos de los rastreadores manuales.

Sánchez también llamó la atención de los presidentes sobre la necesidad de “extremar la precaución para seguir manteniéndonos en un escenario de control de la pandemia”, especialmente en relación con el ocio nocturno y las celebraciones. Y pidió especial atención a la situación del los temporeros de la industria agroalimentaria.

La segunda parte de la reunión se centró en el fondo europeo de reconstrucción, del que depende buena parte de la recuperación económica de España.

No habrá reparto, sino suma

La mayoría de los presidentes autonómicos acudieron a la Conferencia con la idea de que el fondo es dinero europeo que hay que repartir entre comunidades. Así que Sánchez se dio prisa en dejar claro que no se trata de eso. “El reparto no seguirá los criterios clásicos. Este es un Fondo diferente, nuevo. Lo que valoraremos será la aportación de esos proyectos a cada una de las líneas transformadoras” fijadas por el Consejo Europeo: la digitalización, la trnasición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

“Es muy importante entender”, insistió, “que la gestión del Fondo es un todo y debemos estar muy coordinados. La Comisión Europea es clara en este punto: si cualquier proyecto seleccionado en una Comunidad Autónoma tiene una incidencia de ejecución”, que es un eufemismo para hablar de un fallo en la realización de un proyecto, “afectaría e impactaría en la ejecución del resto de proyectos existentes vinculados a ese eje”. Por eso, subrayó, será “fundamental la cogobernanza y la visión de conjunto”. “Debemos aprovechar la oportunidad, debemos hacer las cosas bien y debemos hacerlas juntos. Somos interdependientes también en la recuperación como lo somos en el combate contra la pandemia”.

Sánchez detalló también los plazos más inmediatos y los instrumentos de coordinación. España tiene que presentar su plan —resultado del trabajo conjunto que tienen que llevar a cabo a partir de ahora el Gobierno, las comunidades y la administración local— , como el resto de socios de la UE, entre el 1 de enero y el 30 de abril del próximo año, pero puede discutirlo con la Comisión Europea ya desde el 15 de octubre.

A partir de su presentación oficial en Bruselas, la Comisión dispondrá de dos meses para aprobar o rechazar el plan de cada país, aunque tiene la encomienda de tratar de hacerlo en sólo cuatro semanas. El Gobierno estima que España puede empezar a recibir prefinanciación por el 10% de los fondos a partir de la primavera de 2021.

El plan que presente España tendrá que plantear actuaciones entre 2021 y 2023 basadas en cuatro grandes transformaciones que funcionarán como ejes que deberán vertebrar los proyectos: la digitalización, la transición ecológica, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Para prepararlo, el Gobierno creará cuatro órganos: una comisión interministerial —presidida por Sánchez—, una Unidad de Seguimiento dependiente del presidente, una conferencia sectorial específica bajo la responsabilidad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y un comité de alto nivel para el asesoramiento estratégico sobre el Fondo. Pero también incorporará este asunto a los trabajos de las Conferencias de Presidentes que partir de ahora se celebrarán mensualmente.

Una fórmula que obligará a todos los presidentes a participar activamente en las reuniones si quieren que sus proyectos formen parte del conjunto del plan. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, abundó en esta idea al término de la reunión: “Nadie duda de la necesidad de que las Conferencias se celebren” porque “es un órgano de cooperación imprescidnbie. La piedra angular de la cooperación multilateral en nuestro país” que pone, además, “de manifiesto la importancia de la buena política”.

La Conferencia de Presidentes ha finalizado alrededor de las 15.45, casi cinco horas después de haber comenzado la sesión plenaria en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha debatido con los todos los presidentes autonómicos, excepto con el catalán Quim Torra, sobre el sistema de reparto de los fondos europeos y la evolución de la pandemia. El debate ha finalizado antes de lo previsto, ya que los asistentes han celebrado el debate sin interrupciones, sin pausa para comer. Al finalizar, antes de las comparecencias, han compartido un almuerzo informal en el claustro del monasterio.

Moreno exige el mismo déficit que el País Vasco

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este viernes a Pedro Sánchez, que se permita a la comunidad andaluza tener el mismo objetivo de déficit que el País Vasco, el 2,6 por ciento. Moreno ha señalado que sale de la conferencia con "muchas dudas" sobre los criterios que el Gobierno central aplicará para el reparto de fondos entre las comunidades, principalmente los que llegarán de la Unión Europea.

Moreno ha sentenciado que si al País Vasco se le va a permitir un déficit del 2,6 por ciento para 2020, Andalucía también quiere ese mismo objetivo de déficit y no el 0,2 por ciento que tienen fijado las comunidades en este momento.

Para el presidente, estamos claramente ante un "privilegio" a un territorio que conlleva una situación de desigualdad entre españoles. Ha querido dejar claro que Andalucía no permitirá, como comunidad más poblada de España, que se apliquen criterios subjetivos y se genere desigualdad entre españoles, en función de las "componendas, de negociaciones bilaterales o de los apoyos en el Congreso" que tiene que conseguir el Gobierno central.

Urkullu dice que no ha habido "negociación a la carta"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que no ha habido una "negociación a la carta" con Euskadi en materia de déficit y endeudamiento, sino "una singularidad" porque el País Vasco se "financia a sí mismo" y no "vía Gobierno de España". Por tanto, ha considerado que no ha habido "ningún agravio".

Urkullu se ha pronunciado de este modo preguntado por el malestar de algunos presidentes autonómicos por el acuerdo en materia de déficit y endeudamiento que han alcanzado esta misma mañana los gobiernos central y vasco y que ha propiciado que finalmente haya acudido a este foro.

"No es una negociación a la carta", ha subrayado Iñigo Urkullu, que ha incidido en que Euskadi tiene "una singularidad" y "no se financia por vía del Gobierno de España", sino que "nos financiamos a nosotros mismos". Según ha indicado, al quedar fuera del "tramo de 5.000 millones de euros por caída de recaudación" de los fondos autonómicos, Euskadi necesita "una senda de déficit".

El Gobierno niega trato discriminatorio a las comunidades autónomas

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha negado este viernes que el Gobierno haya dado un trato discriminatorio a las comunidades autónomas por el hecho de haber cerrado con el País Vasco un acuerdo sobre el déficit en materia de déficit y endeudamiento, ya que este territorio tiene un régimen foral.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo se ha comprometido con las comunidades a celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en septiembre, para acordar la nueva senda de estabilidad presupuestaria en la que se recogerán los nuevos objetivos de déficit y deuda pública hasta el año 2022, tras haber quedado desfasados los anteriormente fijados como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En concreto, Darias ha negado un trato injusto a las Comunidades, al ser preguntada por las críticas vertidas por el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y otros mandatarios autonómicos, contra el acuerdo de última hora alcanzado con el País Vasco y tras el cual su presidente finalmente ha acudido a la cita de este viernes.

Ayuso afea que el reparto de fondos sea "discrecional"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado que los fondos fruto del Acuerdo de Recuperación Económica alcanzado en la Unión Europea se vayan a repartir de forma "discrecional" y ha sostenido que sería bueno que las autonomías tuviesen "opción a opinar" porque son las que están en el día a día, en hospitales y colegios. La dirigente madrileña ha criticado que cuando acude a estas citas ya se encuentra "con todo repartido y todo presentado".

"Esta misma mañana este mismo fondo europeo, que es el motivo por el que estamos aquí, ya estaba repartido. Ya se ha comentado cómo se va a desarrollar. Esto nos da muy poco margen para ayudar, aportar y mejorar", ha manifestado, acompañada por su vicepresidente, Ignacio Aguado, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La presidenta madrileña ha trasladado que cree que el 50 por ciento del mismo debería recaer en las comunidades.

Puig llama  a presentar proyectos "potentes" y compartidos a Europa

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado a la unidad de las comunidades autónomas para la salida de la crisis y a presentar proyectos "potentes" y compartidos a la UE, tras una conferencia de presidentes de la que sale satisfecho y convencido de que "hay un horizonte de esperanza".

Ha defendido mantener estas conferencias periódicamente para "avanzar juntos" y que cada Comunidad Autónoma pueda mostrar su posición, dentro de "una cogobernanza federalizante que no se ha dado durante muchos años".

Pero ha llamado a abrir nuevos horizontes para dar seguridad a los españoles sin que "nadie quede al margen". "Todos tenemos que hacer un plus de esfuerzo y armonizar las posiciones diferentes", ha defendido, y ha confiado en el compromiso de Pedro Sánchez de trabajar por la cohesión territorial.

Mañueco rechaza negociaciones bilaterales 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de que se produzcan negociaciones bilaterales entre el Gobierno de España y algunas comunidades autónomas a la hora de fijar los criterios para el reparto de los fondos europeos y ha reclamado que tanto esto como la posibilidad de ampliar el objetivo de déficit se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Fernández Mañueco ha advertido que un acuerdo bilateral, más allá de "determinadas peculiaridades" de una comunidad supondría "abrir la puerta a la discrecionalidad", por lo que ha defendido la convocatoria del CPFF, a lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría comprometido a celebrarlo en el mes de septiembre.

El presidente de la Junta ha defendido la necesidad de que se fije, en este foro, el techo de gasto y se garanticen las entregas a cuenta para que las regiones puedan elaborar sus presupuestos para 2021, al tiempo que ha defendido que se flexibilice el objetivo de déficit hasta el dos por ciento y se permita a las autonomías endeudarse de cara a poder mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos.

Feijóo apuesta por un modelo de "cogestión" de los fondos 

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este viernes por un modelo de "cogestión", entre comunidades autónomas y Gobierno central, de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia que sea similar al de los lander alemanes.

Feijóo ha indicado que hará una valoración más detallada en septiembre, para cuando las comunidades han sido emplazadas por el presidente del Gobierno a una comisión sectorial para abordar el destino de los fondos.

De acuerdo con lo trasladado este viernes, estos recursos económicos "van a ser tutelados por el Gobierno central" y las comunidades han pedido una "descentralización" al menos parcial, ha expuesto el presidente gallego, que ha indicado que este es uno de los temas que se debatirán en septiembre.

Page pide a los presidentes del PP que sumen fuerzas 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a los presidentes autonómicos del Partido Popular que desde su posición en las baronías del partido sumen fuerzas de cara a que su formación acabe por apoyar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

Ha considerado que "sería verosímil y no descartable" que el PP, "por acción o por omisión, posibilite los presupuestos", algo por lo que desde su posición de presidente autonómico va a trabajar en búsqueda de un "consenso amplio".

También ha insistido en la necesidad de que todas las regiones puedan conformar un foro conjunto para discutir las decisiones a tomar en la lucha contra el coronavirus para conseguir "una mejor coordinación" y evitar así actuaciones por cuenta propia. "Podríamos entrar en una dinámica acomplejada", ha avisado.

Canarias plantea una nueva tasa para tener test PCR en todos los aeropuertos 

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado  la creación de una nueva tasa que permitiera disponer de test PCR en todos los aeropuertos de la Unión Europea (UE) y contar con una "mayor seguridad en el tránsito aéreo", mientras no llegue una vacuna para el coronavirus.

Esta tasa y medida, precisó, se aplicarían solo "temporalmente" y a la espera de una vacuna efectiva. Según expuso el presidente canario, ha planteado que esta iniciativa se canalice a través de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Torres trasladó esta iniciativa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de que éste "se lo traslade" a su vez "al resto de mandatarios de la UE".

Murcia espera que el reparto de fondos europeos no prime a unos sobre otros

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, espera que el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas por proyectos y no por cuotas anunciado por el presidente no lleve a discriminar a territorios, ni a primar a unos sobre otros de forma "arbitraria".

López Miras se ha quejado al presidente del Gobierno de lo "injusto" que ha sido el reparto del fondo extraordinario no reembolsable de los primeros 6.000 millones de euros para el gasto sanitario.

A su juicio, "no ha sido igualitario, no ha tratado igual a todos los españoles" al no contemplar la población a la que se ha tenido que proteger y sólo se haya tenido en cuenta la incidencia del virus en los territorios. "Pero, incoherentemente, no se ha tenido en cuenta la incidencia en la Atención Primaria como dique de contención, sino sólo la incidencia hospitalaria", ha lamentado.

Lambán ve "poco edificante" que Urkullu condicione su asistencia a reivindicaciones exclusivamente suyas

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afeado al lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que haya condicionado su asistencia a la Conferencia de Presidentes a que "se le satisfaga una reivindicación exclusivamente suya", lo que ha calificado de "poco edificante".

Lambán ha manifestado que le ha traslado a Pedro Sánchez que Aragón siempre era acudirá a los llamamientos del presidente del Gobierno "sin poner ninguna condición previa y sin poner precio a su participación en la misma".

"Me parece poco edificante, bastante desazonador para los que creemos en el futuro de España por un proyecto común, que un presidente autonómico condicione su participación en una conferencia a que se le satisfaga una reivindicación exclusivamente suya, exclusivamente territorial, lo cual me parece una mancha en esta Conferencia de Presidentes a los que todos hemos acudido desde el presidente del Gobierno y los ministros, pasando por los presidentes autonómicos y los consejeros de las distintas autonomías, con ánimo constructivo y con espíritu de lealtad", ha afirmado. 

Armengol pide flexibilizar las reglas de gasto de las autonomías para 2021

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido este viernes al líder del Ejecutivo central que se acuerde la flexibilización de las reglas de gasto y de los objetivos de déficit para el Presupuesto General de las autonomías de 2021.

Armengol ha agradecido al Gobierno central la posibilidad del fondo no reembolsable para las comunidades autónomas para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19, así como el trabajo del presidente Sánchez en la negociación para el plan de reconstrucción de la Unión Europea.

Por otra parte, la presidenta ha destacado que el plan de reactivación económica alcanzado en Baleares que tiene como objetivo "potenciar y diversificar la economía y fomentar la economía verde, azul y circular".

Vara pide "un compromiso de lealtad" para "no jugar" con la vacuna del covid-19

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a los presidentes autonómicos un "compromiso de lealtad los unos con los otros" para no jugar con la información relativa a las vacunas contra el covid-19, que hay que comprar, ha dicho, "como España y como Europa".

"Tenemos que asegurar el acceso de todo el mundo al mismo tiempo. Por tanto, que nadie vaya a caer en la tentación de intentar asumir que ellos van a comprar antes o después. Aquí todo el mundo tenemos que trabajar juntos, de acuerdo con la alianza europea para la garantía de acceso a la vacuna", ha aseverado.

Ha defendido que es el Gobierno de España quien debe representar a las diferentes autonomías y luego cada una de ellas pagarán la parte que le corresponda para el acceso a la vacuna.

Asturias reclama que el Consejo Interterritorial de Salud funcione como un órgano federal

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha planteado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud funcione como un órgano federal, con decisiones de carácter ejecutivo y tomadas por mayoría.

Barbón ha solicitado a Pedro Sánchez una reforma legal del Consejo Interterritorial de Salud, cuyas decisiones son actualmente recomendaciones que se toman por consenso.

Según el presidente asturiano modificarlo para que las decisiones se tomen por mayoría y con carácter ejecutivo supone avanzar en el carácter federal del Estado. Además, Barbón ha propuesto reforzar el Sistema Nacional de Salud de cara a la compra de productos sanitarios en el mercado internacional y la creación de una Agencia de Salud Pública de cara a la cogobernanza y para anticiparse "a futuras pandemias".

Chivite destaca que Navarra "ya tiene proyectos" para los fondos de la UE 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado una valoración "muy positiva" de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes y ha destacado que la Comunidad foral "ya tiene proyectos preparados" y quiere "estar a la cabeza de la participación" de los fondos europeos.

Chivite ha afirmado que su valoración del encuentro es "muy positiva", como lo fue de las 14 videoconferencias que se celebraron con los presidentes autonómicos durante el estado de alarma.

"Hoy se trataban cuestiones más que relevantes, como el estado de la pandemia y la recuperación económica y era importante compartir reflexiones, aportaciones e incluso compartir nuevas ideas para afrontar esta situación de crisis", ha remarcado.

Revilla cree que varios proyectos en Cantabria podrían recibir fondos

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), considera que varios proyectos en la comunidad autónoma, como la descarbonización de Solvay, la ampliación de Repsol de la central de Aguayo, proyectos eólicos, o, incluso, los trenes de alta velocidad podrían ser susceptibles de recibir fondos europeos y espera las directrices del Gobierno central.

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo regional tras concluir la Conferencia de Presidentes que, según ha señalado, ha sido una reunión "informativa más" de la que considera que "no hay mucho que contar" ya que, según ha dicho, no hay "nada concreto".

Revilla ha explicado que se va a constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la que se establecerán "directrices" sobre qué tipo de proyectos podrían ser susceptibles de recibir esa financiación de los fondos UE.

La Rioja celebra que el reparto de fondos se haga por proyectos y no por cuotas

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha celebrado este viernes que el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas se haga por proyectos y no por cuotas. 

En la primera comparecencia de los presidentes tras la reunión, Andreu ha definido la jornada como "un día magnífico e histórico tanto para La Rioja como para esta presidenta". Un día histórico, ha insistido, "porque es la conferencia que es presencial, tras las catorce videoconferencias de seguimiento de la pandemia".

Se ha mostrado la mandataria riojana "sinceramente agradecida" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por haber aceptado la invitación que hice de corazón en el mes de junio". Una Conferencia que, en sus palabras, "ha sido un éxito de unidad y de entendimiento".

Melilla invoca el principio constitucional de solidaridad para reclamar fondos 

El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha invocado el principio constitucional de solidaridad para reclamar más acceso a los fondos europeos que habrá que repartir para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia sanitaria.

También ha puesto sobre la mesa las "circunstancias excepcionales" del territorio que representa, donde por sus características la crisis sanitaria se ha visto agravada.

Por ello, ha pedido una "atención singular" a Melilla a la hora de repartir el dinero destinado a la recuperación y procedente de las arcas de la Unión Europea.

Ceuta apela a que la apertura con Marruecos se haga con "criterios sanitarios"

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apelado a que la apertura de la frontera con Marruecos, para la que todavía no hay fechas, se haga con "criterios sanitarios", dada la "vulnerabilidad hospitalaria" de la zona.

Ha dicho estar "satisfecho" con la reunión en la que se ha puesto de relieve "algo muy importante" que la "estructura autonómica de España está compuesta por 19 autonomías, 17 comunidades y dos ciudades autónomas".

En relación al coronavirus, ha recordado que desde el primer momento han mantenido una "actitud de lealtad" con el Ministerio y con una "estrecha colaboración" para atender las necesidades de los ciudadanos, buscando sobre todo "preservar la vida de los ceutíes".

La primera Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas presencial que se celebra desde enero de 2017 citará este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, con 16 responsables de gobiernos autonómicos, todos menos el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La reunión será la vigésimo primera desde que otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, institucionalizase este foro en octubre de 2004. Más de veinte reuniones que, en realidad, en formato presencial han sido muchas menos, porque las últimas catorce, convocadas en plena pandemia de la covid-19, se celebraron por videoconferencia.

La ausencia del presidente catalán —el vasco acudió finalmente— deslucirá en parte una cita a la que Sánchez quiere dar especial trascendencia. Y no sólo por la presencia del jefe del Estado, Felipe de Borbón, en un momento especialmente delicado para la monarquía, sino porque su intención es consolidar la Conferencia como un órgano institucional clave.

Para conseguir ese objetivo, el presidente español trabaja desde hace días sobre dos propuestas. La primera es que la Conferencia se reúne con periodicidad mensual, de manera que cada cuatro semanas, y a falta de una verdadera Cámara territorial —la reforma del Senado sigue pendiente y está muy lejos de cumplir esa función— sea posible abordar en ella, a veces de manera presencial y en ocasiones poir videoconferencia, los asuntos que tienen que ver con el Estado autonómico. De confirmarse esta posibilidad, la próxima cita tendría lugar con toda probabilidad en septiembre tras una específica sobre educación y la vuelta a las aulas, prevista para agosto.

La segunda es reforzar su carácter institucional, de manera que asuma algunas funciones ejecutivas. Las fuentes consultadas por infoLibre no precisaron en qué materias está pensando Sánchez, pero todo apunta a la posibilidad de reservar a este foro las decisiones de especial trascendencia para el Estado autonómico, como por ejemplo la aprobación de las nuevas reglas de financiación autonómica.

La idea sería que la Conferencia dejase de ser una reunión en la que sus participantes intercambian peticiones e información y se convierta en el órgano en el que tenga lugar “la cogobernanza”, el término que Sánchez ha instalado en el vocabulario político desde que decidió coordinar con las comunidades autónomas la gestión de la nueva normalidad. Salvando todas las distancias, la Conferencia puede reproducir el modelo de trabajo del Consejo Europeo para debatir, plantear propuestas y sobre todo llegar a acuerdos. La inciativa del presidente del Gobierno, si finalmente se concreta y es implementada, exigirá una modificación del reglamento de la Conferencia.

Sánchez quiere institucionalizar el foro para canalizar a través de él la coordinación al más alto nivel entre Comunidades Autónomas. Pero también, pensando en el escenario político a corto y medio plazo, para que esa puesta en común sirva de contrapeso a la oposición cerrada del PP de Pablo Casado, contrario a cualquier clase de acuerdos con el Gobierno de coalición, y también frente a las tentaciones secesionistas de los partidos soberanistas, especialmente los que en estos momentos dan soporte al Govern de la Generalitat.

Para convencer a los presidentes autonómicos, Sánchez apelará a la necesidad de perfeccionar el Estado Autonómico, lo que para el PSOE, desde su fundación pero especialmente desde el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la Secretaría General, significa avanzar hacia un Estado Federal.

A Sánchez le preocupa desde hace tiempo que la acción de su Gobierno sea capaz de cegar las grietas desde la que se alimenta la ultraderecha. Por eso concede gran importancia a tres elementos: que la Unión Europea funcione —es uno de los motivos por los que considera históricamente relevante el acuerdo del Consejo Europeo de Bruselas—, poner freno a la desigualdad económica y social y que el Estado autonómico también trabaje con normalidad y coordinado.

A esa tarea, la de convertir la Conferencia en la palanca capaz de consolidar el Estado descentralizado, cuestionado sobre todo por Vox, pero también Ciudadanos y una parte del PP, es a la que Sánchez quiere convocar a los presidentes autonómicos más allá de la agenda oficial, que incluye un debate sobre el funcionamiento de la cogobernanza durante la nueva normalidad, sobre todo ahora que los rebrotes se cuentan por centenares, la revisión de la situación sanitaria y el examen del acuerdo para la recuperación económica aprobado en Bruselas.

La sede elegida para la cita de este viernes es el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja). La reunión comenzará a las diez de la mañana y en ella también participarán los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) y los ministros de Hacienda, Sanidad y Política Territorial. En sus primeros compases estarán también presentes Felipe VI y la presidenta del Senado, Pilar Llop, si bien el rey y la responsable de la Cámara Alta abandonarán la reunión después de las fotos oficiales. En la sala elegida, el refectorio del monasterio, cada presidente estará asistido por sus vicepresidentes y consejeros de Sanidad.

El programa oficial prevé que la cita concluya a primera hora de la tarde. Será Sánchez el primero en intervenir y después de él lo harán los presidentes autonómicos presentes.

Finalmente Quim Torra será el único presidente que desatenderá la reunión, pese a que sí había participado en las quince convocatorias telemáticas. El lehendakari Urkullu ponía como condición para acudir la celebración previa de una sesión de trabajo de la Comisión Mixta del Concierto Vasco que su gobierno lleva semanas pidiendo para poder ajustar el presupuesto autonómico a la crisis económica provocada por la pandemia. Sánchez le prometió hacerlo en cuanto sea posible y finalmente Urkullu  lo ha considerado suficiente para acudir a la cita.

El argumento de Torra es muy diferente. Apeló a la gravedad de la situación sanitaria de Cataluña y a la presencia en la Conferencia de Felipe de Borbón. Ofreció en cambio participar por videoconferencia, pero el Gobierno no lo considera compatible con el formato presencial elegido, porque supondría un agravio para el resto de los asistentes.

Los demás presidentes sí acudirán y aprovecharán para plantear sus principales reivindicaciones. El presidente del PP, Pablo Casado, se reunió el jueves por la noche con los de su partido para escenificar un cierre de filas frente a Sánchez. Él mismo reveló que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, “va a pelear por la Política Agracia Común” , que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablará entre otros asuntos de la situación de Alcoa y As Pontes, que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, hará hincapié en la “interconexión eléctrica” con la Península y que el murciano Fernando López Miras defenderá la “garantía de la llegada del agua y la recuperación del Mar Menor”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “va a pedir la financiación del hospital de pandemias, el primero que va a hacer en el mundo”, avanzó.

“Las prioridades las tenemos aquí muy claras y vamos a pelearlo. Confianza en este Gobierno no oculto que mucha no tenemos”, concluyó.