Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron aislados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizarles a cada uno de ellos con 30.000 euros.

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados a puerta cerrada el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.

Los niños, dos gemelos que ahora tienen nueve años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.

Durante el juicio, el matrimonio admitió que la situación familiar era anómala, pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.

La defensa sostuvo ante el tribunal que no podía hablarse de detención ilegal sino de un "aislamiento voluntario" por parte de unos padres que habían estado enfermos de coronavirus, y que presentaban un "miedo insuperable" a enfermar de nuevo, por lo que decidió autoconfinarse y educar a sus hijos en la casa.

Además, los abogados de los padres lamentaron que los hechos derivaran en una causa penal, cuando a su juicio la situación se podría haber afrontado desde el ámbito de los servicios sociales.

La Fiscalía, que sí calificó los hechos de detención ilegal, remarcó que los niños estuvieron privados de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales durante casi tres años y medio en los que no tuvieron comunicación alguna con el mundo exterior, ya que ni siquiera salían al jardín.

La situación en la que se encontraban los niños se conoció el 28 de abril del pasado año a raíz de la llamada de una vecina y desde entonces se hallan bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, mientras que los padres se encuentran en prisión preventiva y no han vuelto a ver a sus hijos, aunque sí mantienen contacto telefónico con ellos.

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

6.467 niños llamaron el año pasado angustiados, pidiendo ayuda porque no querían seguir viviendo. Niños o adolescentes que tenían ya todo preparado, sabían cómo iban a hacerlo y estaban en una situación límite. Pero algo, en esos últimos instantes, les hizo marcar un número, el de ANAR, para pedir ayuda o para ser escuchados.

La cifra es terrible: detrás de ese número hay vidas, historias de niños o adolescentes que tienen toda la vida por delante pero que se sienten perdidos, sin horizonte, angustiados por un abuso, por un acoso escolar, por no sentirse protegidos o admitidos en un entorno.

La conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido por las Líneas de Ayuda ANAR. Cuentan que de esos 6.467, 1.405 ya habían iniciado el intento de suicidio. Es ahí cuando los psicólogos activan todos los protocolos, con avisos a emergencias para que acudan a ese lugar, a ese domicilio o a donde estén, para evitarlo, mientras esa persona intenta mantenerlo al teléfono, hablando con él o con ella, escuchándole y buscando tiempo, un tiempo valiosísimo.

No somos conscientes de todo lo que eso supone y hoy quiero ponerlo en valor aquí. Profesionales que cada día escuchan historias terribles y que brindan su ayuda, de la mejor forma posible, salvando vidas.

Ellos, los trabajadores de ANAR, piden ayuda. Porque esos 6.467 niños o adolescentes sufrían algún tipo de violencia. Y eso sólo se soluciona trabajando no sólo con ellos, sino con el entorno. Con sus familias, con los centros escolares, con los amigos…

Pero nos hemos quedado con la punta del iceberg. Esa cifra representa los casos más graves que atendieron sólo el año pasado. La fundación ANAR recibió casi 20 mil llamadas. 20 mil llamadas de niños o adolescentes que no tenían con quién desahogarse, que habían sufrido algún tipo de violencia, que tenían ansiedad, que estaban tristes…

Hay muchos motivos detrás de ese aumento, detrás de esas llamadas. Y seguramente, en cada historia, los matices son fundamentales. Pero hay patrones que se repiten, que empiezan a suponer un repunte en este tipo de conductas y que tienen mucho que ver con las redes sociales. Se han convertido en un espejo en el que es imposible reconocerse. Hay vidas perfectas, viajes perfectos, cuerpos perfectos que son irreales e inalcanzables. Que generan frustración y muchísima ansiedad. Necesidad de ser algo que jamás será posible. Y que sería, incluso, perjudicial. Necesitamos gente diferente, cuerpos diferentes, vidas diferentes porque, en la diversidad, podremos crecer, aceptarnos. Y esto sí que tiene una fácil solución. Sabemos cuál es.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor, informa EFE.

Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito, que, según la denuncia presentada por el exresponsable de la escuela taurina local, se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram. 

El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron este lunes en València, según ha informado Policía Nacional y ha recogido EFE.

Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14- por unos hechos en los que también está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable. 

La Fiscalía de Menores ha resuelto que los detenidos queden en libertad vigilada con la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, han confirmado a EFE fuentes del Ministerio Público. Los menores pasaron a disposición judicial por orden de la Fiscalía de Menores al día siguiente de su detención, ayer martes.

La Policía no ha precisado más datos sobre las circunstancias de la violación por tratarse de menores.

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno del que este lunes dan cuenta varios medios, como el diario Bild.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido socialdemócrata, del grupo parlamentario y eurodiputados, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores de 14 años, bajo pena de multa.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una "versión juvenil" de la red social en cuestión, en la que sólo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

Además, de acuerdo con el diario Bild, el documento propone ir incluso un paso más allá y desactivar por defecto las recomendaciones en base a algoritmos que se muestran a los usuarios, también en las versiones de las redes sociales para adultos.

"Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona", dijo el primer ministro regional del estado federado occidental de Renania Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública 'ARD'.

"No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD", afirmó por su parte el domingo el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, en unas declaraciones al semanario 'Der Spiegel'.

"La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad", aseguró.

Desde la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, por otro lado, se lanzaron el mes pasado peticiones para prohibir las redes sociales como Tiktok, Instagram o Facebook a los menores de 16 años.

La ministra de Familia, la democristiana Karin Prien, ya creó el año pasado una comisión para estudiar posibles vías legales para frenar el uso de redes por menores.

Está previsto que el tema vuelva a abordarse el próximo fin de semana en la conferencia que celebrará la CDU en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

El principal partido de la oposición, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se ha manifestado por el contrario en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó esta posibilidad de "errónea y peligrosa", en palabras de la colíder Alice Weidel.

Weidel afirmó que es tarea de los padres enseñar a sus hijos un uso responsable de las redes sociales y que esto es la forma más efectiva de afrontar el problema.

Varios gobiernos, como el español, ya se han movilizado ante el auge de las redes sociales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras cuatro medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

El Gobierno británico quiere actuar "en meses y no años" para proteger a los niños de las redes sociales adictivas, dijo este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, tras anunciar que responderá para cerrar las lagunas legales a fin de proteger a los menores de edad cuando están en línea.

Las nuevas medidas anunciadas, que deben ser aún aprobadas por el Parlamento, incluyen actuar contra el contenido ilegal creado por Inteligencia Artificial (IA) y funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas".

Durante una visita este lunes a un centro comunitario en Londres, Starmer dijo que el Gobierno quiere "actuar con mucha rapidez, no solo en cuanto a la edad, sino también en los dispositivos y aplicaciones que generan ese tipo de desplazamiento automático, esa sensación de estar pegado al dispositivo que te mantiene enganchado".

El líder laborista prometió que se dará prioridad a este asunto y que entiende la preocupación de los padres sobre el acceso de los menores a las redes sociales. "No creo que haya ningún padre en el país que no esté preocupado por esto, por cierto, de verdad que no. Como Gobierno, debemos estar a la altura de los padres, brindándoles liderazgo y apoyo en lo que respecta a las redes sociales, y lo haremos ahora". Avanzó que se hará una consulta pública sobre la prohibición de las redes a los menores de 16 años, algo que "empezará muy pronto".

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, declaró este lunes a la BBC que, si bien consideraba esencial una consulta adecuada, el gobierno debería poder actuar con rapidez una vez tomada una decisión. Entre los nuevos elementos de las propuestas incluyen una medida que exige a los gigantes tecnológicos que conserven todos los datos del teléfono de un niño en caso de fallecimiento.

Esto responde, por ejemplo, al caso del hijo de la británica Ellen Roome, Jools, que murió a los 14 años de edad en 2022 cuando al parecer intentaba un reto en internet que salió mal, pero nunca se ha podido acceder a sus datos para demostrarlo. Ellen Roome sostiene firmemente que su hijo murió accidentalmente mientras participaba en el llamado desafío del apagón (blackout challenge), un reto viral de redes sociales que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

El Partido Conservador, primero de la oposición británica, ha adoptado una postura dura sobre este asunto al exigir una prohibición total inmediata para los menores de 16 años de las redes sociales.

La tecnología y la sociedad suelen avanzar por delante de la legislación. Lo estamos viendo con las redes sociales y los menores de edad, un ámbito en el que, a veces, la ley debe imponerse a la autorregulación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar un paquete de medidas para reforzar la regulación de las plataformas digitales, entre las que destaca la de impedir de acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Una iniciativa que responde a una creciente preocupación social, por el impacto que las grandes plataformas tienen en ámbitos clave de la sociedad como el derecho a una información veraz, la protección de los usuarios, la calidad democrática y, especialmente, el bienestar de los menores.

El móvil ya no es un símbolo de madurez, sino un objeto más en la mochila. Según el estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital, de UNICEF, a los 10 años, cuatro de cada diez niños tienen móvil propio; a los 12, tres de cada cuatro. La “adolescencia digital” llega hoy antes que la física. ¿Permitiríamos que un menor de 15 años condujera un coche? ¿Veríamos normal volver a fumar en restaurantes? ¿Aceptaríamos que los menores compraran alcohol en 2026?

Durante años se han minimizado los efectos y el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Sin embargo, el 25% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar, cerca del 10% ciberacoso, y uno de cada tres jóvenes con pareja reconoce haber sufrido control o chantaje a través del móvil o las redes.

Internet y las plataformas han transformado nuestra forma de socializar e informarnos. Muchas ventajas han llegado para quedarse, pero corresponde a los poderes públicos analizar y limitar los riesgos. Hoy, el 92,5% de los adolescentes participa en al menos una red social, y el 75,8% en tres o más, según el Informe Des-Protegidos Online: Jóvenes ante la violencia y la desinformación en internet, elaborado por Plan Internacional.

Otro dato preocupante es la exposición a la pornografía. El 29,6% de los menores reconoce haberla consumido alguna vez, en un tercio de los casos de forma accidental. La edad media de inicio es de 11,5 años, y el 70% afirma no hablar de sexo en casa.

Hoy, gracias a investigadores, psicólogos y tecnólogos, conocemos mejor los efectos de las redes en el desarrollo psicológico y social de niños y adolescentes. 

La evidencia apunta a riesgos claros: adicción, ansiedad, distorsión de la autoestima, normalización del odio y exposición a contenidos nocivos. Proteger no es censurar. Se trata de regular; acompañar y poner límites cuando lo que está en juego es el interés del menor. Por eso, ya no podemos seguir fiándolo a la “autorregulación” de empresas. Ya han demostrado que su modelo de negocio se basa en la atención ilimitada, la polarización y la amplificación de contenidos extremos.

Con esta iniciativa del Gobierno, España se sitúa en la vanguardia de la defensa de los derechos digitales de la infancia, siguiendo el camino de países como Australia, Francia o Dinamarca. No se trata de una excepción, sino de un movimiento internacional que entiende que los espacios digitales no pueden seguir siendo un “territorio sin ley” donde los delitos se toleran.

Es el momento de poner fin a la impunidad de los directivos de las plataformas, y hacerlos responsables legales de las infracciones que se cometan en sus servicios. Resulta necesario tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales y, también, impedir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.

Para la prevención y el control debe crearse un sistema de rastreo que permita establecer una “huella de odio y polarización” con el fin de perseguir la amplificación de discursos de odio, así como reforzar la coordinación con la Fiscalía para investigar a las plataformas que incumplan la ley.

Los jóvenes reclaman más educación digital; las familias, un mejor acompañamiento. Ahora corresponde a las tecnológicas, como a la política, estar a la altura de este reto social.

Debemos enseñar que, en el entorno digital, los menores tienen los mismos derechos que en el mundo físico. Ser valientes hoy consiste en garantizar que lo que es ilegal fuera de la red, también lo sea dentro de ella.

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Adriana Maldonado López es portavoz de Industria del Grupo Socialista y ponente del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del Gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 y los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EEUU por la Children's Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales.

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

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Ricard Martínez Martínez es profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leerlo aquí.

Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.

Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.

No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).

En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.

La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.

El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.

Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.

La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.

La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.

El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.

En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.

La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.

El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.

La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.

En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.

Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.

En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.

La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.

El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.

Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.

La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.

Tras un largo debate que se prolongó hasta pasada la medianoche, los diputados franceses dieron su respaldo a la medida con 130 votos a favor frente a 21 en contra.

Este proyecto, presentado por un procedimiento de urgencia, tendrá ahora que tener la luz verde del Senado para que entre en vigor a partir del próximo 1 de septiembre.

Durante los debates, la diputada oficialista Laure Miller, una de las promotoras del proyecto de ley, justificó la necesidad de la prohibición "porque no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo".

Miller citó los algoritmos que llevan a los menores a contenidos de tendencias suicidas y de automutilación y puso el acento en TikTok.

"Prometía incentivar la creatividad y la alegría y ha sucedido todo lo contrario", señaló la parlamentaria, quien aseveró que los estudios científicos demuestran que, por culpa de las redes, los menores "duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más" entre ellos.

Entre las intervenciones, destacó la del ministro de Educación de Francia, Edouard Geffray, quien saludó la restricción de teléfonos móviles prevista en los institutos, tras la prohibición decretada en 2018 en secundaria (entre 12 y 16 años), primaria y preescolar.

"Esta medida ha tenido efectos positivos, tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje", opinó Geffray, quien lamentó que una gran parte de los jóvenes "pasen más tiempo semanal viendo pantallas que en horas lectivas".

Antes de la votación del proyecto, los diputados tumbaron una moción para rechazar el texto presentada por el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa, que criticó esa prohibición por ser "inaplicable" y por "no cambiar nada".

"¿Saben cómo es sencillo evitarla? En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad", aseveró el diputado Louis Boyard, de 25 años.

La iniciativa responde a un acelerón legislativo ordenado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con una propuesta que ya lanzó hace varios meses y que quiere que se adopte lo antes posible en el Parlamento para proteger a los menores.

"Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no pueden estar dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores", señaló el presidente, al celebrar en la red social X este primer paso legislativo.

Con solo dos artículos, la futura norma pretende establecer una normativa "clara" sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores de 15 años, según dijo Macron en un video enviado la víspera a la cadena de televisión BFMTV.

Macron ha hecho de esta medida una de sus propuestas claves en un mandato bloqueado por la falta de mayoría en la Asamblea Nacional y espera obtener consenso de diversos grupos políticos.

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos", aseguró el presidente.

El Ejecutivo francés se apoya en informes sanitarios que ponen de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores.

Las plataformas de redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de los adolescentes, según un informe publicado a principios de este año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES).

La ANSES alertó sobre la comparación constante y la exposición a contenido violento de los menores en redes, así como los sistemas que captan la atención y perturban el sueño, sin olvidar el ciberacoso.

La ley deberá, además, ser conforme al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea, para no sufrir la misma suerte que la de 2023, que buscaba instaurar la mayoría digital en los 15 años pero que no se aplicó por ir en contra de ese reglamento.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría "graves daños".

La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo el inicio de doce procedimientos de traslado, cursado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la comunidad y la ciudad autónoma, en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería, que estableció la derivación de estos niños que migran solos desde las comunidades en contingencia migratoria a otras autonomías.

En un auto dictado el pasado 8 de enero, el Supremo, que no entra en el fondo del recurso, sostiene que paralizar los traslados de menores provocaría "graves daños" y rechaza además los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid para frenar esta medida de forma cautelar.

Recuerdan los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Admistrativo que en un procedimiento distinto, el de los menores solicitantes de asilo llegados a Canarias que debe acoger el Gobierno central, ya sostuvieron que estos niños y adolescentes estaban en el archipiélago en un "notorio estado de hacinamiento" incompatible con superior interés del menor.

Y por ello, señalan que si ahora acordasen suspender las disposiciones tomadas por Administración del Estado para "evitar" esta situación, no solo caerían "en contradicción" con su anterior resolución sino que además facilitarían el mantenimiento de unas circunstancias que ya consideran "gravemente perjudiciales para los menores".

El auto se refiere además a la situación de contingencia migratoria que viven Ceuta y Canarias, que acogen al triple de menores migrantes de los que indica su capacidad ordinaria, una eventualidad que les ha afectado "negativamente" al verse "forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes", lo que continuaría si se suspenden los procedimientos de traslado.

El Supremo rechaza los argumentos dados por la Comunidad de Madrid, que acusa al Gobierno de haber empleado una vía de hecho para efectuar los traslados, algo que desestiman los magistrados dado que se recurre un trámite y no una actuación material.

Tampoco hay vía de hecho aunque algunos procedimientos hayan concluido en resoluciones que disponen el traslado, señala también la Sala, que apunta a que dichas resoluciones no se han impugnado ante el Alto Tribunal sino ante juzgados de Canarias que también han rechazado suspender cautelarmente las reubicaciones.

Además, cuestionan el argumento dado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre que el Gobierno no ha dictado una norma que determine el número de menores que han de desplazarse a una comunidad autónoma, porque la propia recurrente alude tanto a la reforma de la Ley de Extranjería como al decreto que estableció la capacidad ordinaria de cada comunidad, con la que después se calcula qué autonomías están en situación de contingencia y cuales deben acoger a más menores.

Que la Comunidad de Madrid vea una "laguna" en la normativa respecto al número de menores que cada comunidad tiene es una incidencia "solo parcial" en el acto que incoa el procedimiento de traslado de cada menor, señalan también los magistrados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visto la resolución del Tribunal Supremo como una "noticia positiva para los niños, que son la prioridad" y porque responde al marco legal.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X, en la que ha destacado la "humanidad y justicia" de la resolución y ha puesto en valor la reforma de la Ley de Extranjería que, ha apostillado en referencia a los gobiernos autonómicos del PP que se oponen a las derivaciones, "hay que cumplirla".

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para crear un mecanismo de derivación obligatorio de los menores migrantes no acompañados desde comunidades con alta presión migratoria como Canarias o Ceuta a otras que no tienen sus recursos tan saturados.

Desde que se gestó este modelo, la mayoría de las comunidades autónomas -casi todas las del PP pero también Castilla-La Mancha- han mostrado su oposición frontal.

Once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.

El Supremo ya rechazó en diciembre los recursos presentados por Baleares, Comunitat Valenciana o Andalucía para suspender cautelarmente la capacidad ordinaria de acogida, fijada en 32,6 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes. 

El Media Board, el organismo que reúne a los reguladores de medios de los 27 países de la Unión Europea —entre ellos la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en España— quiere que Bruselas avance en una regulación homogénea para la actividad de los creadores de contenido, más conocidos como influencers digitales.

Tras analizar la situación en cada país y compartir estudios y propuestas, el Media Board ha señalado como uno de sus objetivos clave garantizar un marco regulatorio “adaptable a los desarrollos futuros y, al mismo tiempo, claro, accesible y comprensible para todas las partes interesadas”.

Entre las medidas que propone el informe aprobado, se incluye una definición compartida de influencer, adaptable al tamaño y particularidades de cada mercado, dejando a los Estados miembros decidir eventuales umbrales. Además, plantea establecer un conjunto de normas comunes que los influencers deben respetar en sus actividades, como la protección de menores, la transparencia publicitaria y la prevención del discurso de odio.

Si estas normas se estandarizan, deberían orientarse a proteger los derechos de los consumidores —con transparencia publicitaria, etiquetado claro de anuncios y divulgación de patrocinios—; limitar la publicidad de productos nocivos como alcohol, tabaco o medicamentos; proteger a los menores; regular la recopilación de datos personales de los seguidores; y prevenir el discurso de odio, manteniendo al mismo tiempo la libertad de expresión. Una legislación común también permitiría aplicar sanciones transfronterizas en caso de infracciones que afecten a audiencias en varios Estados.

En España, los influencers más populares y con mayores ingresos —los definidos por la ley como “usuarios de especial relevancia”— ya están obligados a cumplir ciertos requisitos, como identificar de forma clara los contenidos que les reportan ingresos o regalos o asegurarse de que sus mensajes no sean perjudiciales para menores ni les induzcan a comportamientos peligrosos. 

En teoría, deben también respetar los principios generales de la comunicación audiovisual, como la dignidad humana, la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la diversidad cultural y lingüística, y la veracidad de la información. También deberían fomentar la alfabetización mediática y la conciliación de la vida personal y familiar.

En la práctica, sin embargo, la supervisión en España es limitada: la CNMC solo revisa los contenidos a petición de parte, y ni siquiera tiene forma de saber quiénes ingresan más de 300.000 euros al año, el umbral para ser considerados usuarios de especial relevancia.

El Media Board considera que una definición común de influencer y el establecimiento de principios compartidos podrían ser útiles, especialmente a partir del concepto de responsabilidad editorial, que activa la aplicación de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD). Atribuir esta responsabilidad a los influencers permitiría aplicar de manera secuencial las obligaciones correspondientes de la normativa audiovisual europea.

Sin embargo, el regulador europeo no se plantea ir tan lejos como la CNMC española, que quiere ampliar la definición de influencer hasta reconocerles derechos similares al secreto profesional de los periodistas.

Cuando el Media Board propone integrar a los influencers como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, no se trata de considerarlos “periodistas” ni “medios” tradicionales, sino proveedores de servicios audiovisuales a demanda, equiparables a plataformas de vídeo bajo demanda o canales digitales que ofrecen contenidos de forma continuada.

El eje central es la responsabilidad editorial: ser considerado prestador audiovisual implica que el influencer decide qué contenidos se publican, cómo se presentan y con qué finalidad —informativa, comercial, promocional o de entretenimiento—. 

Esa capacidad de control activa la aplicación de la directiva audiovisual europea, lo que obliga a respetar normas sobre protección de menores, transparencia publicitaria, restricciones en publicidad de productos sensibles, prevención del discurso de odio y recopilación y uso de datos personales.

La propuesta del Media Board no determina qué influencers entrarían en esta categoría. Su inclusión dependería de criterios cualitativos y cuantitativos —alcance, regularidad, finalidad económica, tipo de audiencia— que podrían adaptarse a cada mercado según tamaño, idioma o impacto real. 

En ningún caso se les reconocería como periodistas ni podrían acogerse al secreto profesional; tampoco asumirían las mismas obligaciones que un medio tradicional. El objetivo es regular actividades con impacto mediático real.

La mayoría de los miembros del Media Board y los observadores consultados coinciden en que un enfoque armonizado podría garantizar condiciones de competencia equitativas y un nivel mínimo de protección a escala europea. Sin embargo, reconocen que las diferencias entre los mercados locales pueden dificultar un enfoque uniforme.

Muchos reguladores nacionales advierten que la falta de legislación común en la UE puede generar lo que se conoce como forum shopping (una treta que consiste en trasladarse a otro país de la UE con reglas más laxas o menos exigencias legales, con el fin de minimizar obligaciones sobre publicidad, protección de menores o transparencia, y así aprovecharse de las diferencias entre marcos normativos nacionales), lo que comprometería principios clave de la normativa audiovisual europea, como la protección de menores. 

Además, una regulación fragmentada podría generar conflictos legales o incoherencias, por ejemplo, respecto a tipos de publicidad permitidos en ciertos servicios en línea. También se subraya la necesidad de informar mejor a los influencers sobre las obligaciones de los servicios audiovisuales a demanda, ya que muchos desconocen que podrían estar sujetos a estas normas, exponiendo su contenido a restricciones inesperadas.

El Tribunal Constitucional ha amparado al fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Menores fue anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, después de haber sido propuesto por Dolores Delgado cuando era fiscala general, según recoge EFE. 

El Constitucional ha estimado los dos recursos presentados por Esteban contra las sentencias del Supremo, que quedan anuladas, si bien la decisión tan solo supondrá que el fiscal recupere la condición de fiscal de sala -la máxima de la carrera-, dado que la plaza de fiscal de coordinadora de Menores ya fue adjudicada posteriormente a Teresa Gisbert. 

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno ha tomado esta decisión con los seis votos de la mayoría progresistas frente al rechazo de los cuatro conservadores. El presidente Cándido Conde Pumpido y magistrado César Tolosa se han abstenido porque uno fue su jefe cuando ocupó el cargo de fiscal general y el segundo fue presidente de la Sala del Supremo que anuló los nombramientos. 

Eduardo Esteban fue nombrado tras el Consejo Fiscal del 12 de marzo de 2021 con los votos en contra de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y del fiscal de sala jefe de la Inspección Fiscal, que apoyaron al otro candidato, José Miguel de la Rosa, que recurrió al Supremo. 

En abril de 2022, el Supremo anuló el nombramiento y ordenó retrotraer las actuaciones para que se motivase el nombramiento en forma porque "la motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas" al ignorar las "diferencias tan llamativas y manifiestas" entre este y el otro candidato en sus CV. 

Pese a ello, Delgado volvió a nombrarlo señalando que no había impedimento para proponer "al mismo candidato siempre que la nueva propuesta se adecue a los criterios expresados" por el Supremo.  

No obstante, la asociación y el fiscal José Miguel de la Rosa volvieron a recurrir y una vez más el Supremo les dio la razón, decisión que ahora corrige la corte de garantías. 

Dice el Constitucional que el alto tribunal anuló el nombramiento al considerar que este pivotaba sobre la mayor especialización en menores, de modo que descartó sin apoyo en la ley ni justificación el resto de criterios recogidos en la propuesta de nombramiento. 

Es más, considera que rechazó los argumentos ofrecidos por Dolores Delgado sin explicitar otro parámetro que el "perfil bien determinado de la plaza", es decir sin justificar qué impide la valoración conjunta de otros criterios distintos al de la especialización. 

De este modo, el Supremo desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato desigualitario a Eduardo Esteban en el acceso al cargo por razón de su menor especialización en menores frente a otros candidatos, criterio que las sentencias impugnadas convirtieron en único y determinante del concurso.

Sobre los daños que las redes sociales están causando a los menores hay cada vez menos dudas. Aunque el consenso científico todavía no parece suficientemente asentado, sí constan problemas de salud mental, en particular, depresión, ansiedad y estrés, pero también cambios neuropsicológicos y de funciones cognitivas que afectan a la regulación emocional, el control de impulsos y el aprendizaje, así como un aumento de la sensibilidad del cerebro a las recompensas sociales —lo cual puede intensificar la búsqueda de aprobación social—.

Un estudio reciente encontró que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención, más que otros tipos de pantalla, desde la televisión a los videojuegos. Otros hablan de patrones de uso adictivo asociados a un mayor riesgo de ideación suicida. Por no hablar del riesgo de ciberacoso y de exposición a conductas inapropiadas.

Es en ese contexto de creciente preocupación, gana fuerza el grupo de partidarios de una prohibición radical del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, como la que acaba de poner en marcha Australia. Una medida que cuestiona la ambición del proyecto de ley impulsado por el Gobierno español y actualmente en trámite en el Congreso, que se limita a prohibirlo hasta los 14 años, dejando abierta la puerta de las redes sociales a los adolescentes españoles de entre 14 y 16 años siempre que cuenten con el permiso de sus padres.

El modelo australiano, en vigor desde diciembre, impide a los menores de 16 años utilizar redes sociales y castiga con multas millonarias a las empresas (Facebook, X, TikTok, entre otras) que incumplan la normativa, porque son ellas las encargadas de impedir que los menores tengan acceso a sus contenidos. Solo en el primer día, el Gobierno australiano informó de la desactivación de 200.000 cuentas.

En Francia está en marcha un proyecto de ley cuyo objetivo es hacer ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”, además de prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

El revisor independiente de la legislación antiterrorista del Reino Unido ha planteado que el país debería considerar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Su argumento es que Internet se ha convertido en un “portal para actos horribles de violencia” y ha alertado de que la interacción con chatbots extremistas puede empujar a adolescentes vulnerables “a la senda de la muerte”.

El debate está abierto en todas partes. En Bélgica, un informe reciente del Consejo Superior de Salud, un organismo científico independiente que asesora al Gobierno y a los profesionales sanitarios del país, no pide una prohibición general de las redes para los menores, pero sí regulación y un uso gradual y supervisado según la edad. En vez de vetar el uso, propone centrarse en limitar los diseños adictivos, regular ciertas aplicaciones y reforzar la protección de los menores dentro de las plataformas.

El Gobierno de Alemania, en cambio, evalúa avanzar con una prohibición del uso por debajo de una edad determinada. La iniciativa ha sido respaldada públicamente por el ministro de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, alegando que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los menores.

Una comisión de expertos sobre Protección de la Infancia y la Juventud ya se encuentra trabajando en recomendaciones técnicas que servirán de base para futuras decisiones políticas. El informe está previsto para mediados de 2026 e incluirá propuestas concretas sobre límites de edad, mecanismos de control y responsabilidades de las plataformas.

El pasado mayo, el Parlamento italiano presentó un proyecto de ley que, de salir adelante, podría imponer restricciones en redes sociales a los menores de 15 años. El borrador obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios mediante una aplicación de identidad digital.

En septiembre, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis declaró que su país también estudia una prohibición de las redes sociales similar al modelo australiano. “Estamos realizando el mayor experimento incontrolado de la historia en la mente de nuestros hijos. No sabemos cuáles serán las consecuencias, pero casi seguro no serán positivas”, declaró.

El Gobierno de Dinamarca presentó en noviembre un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las a los menores de 15 años. La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye no obstante la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir, en algunos casos, el acceso desde los 13 años.

Incluso en algunos estados de EEUU existen medidas en vigor para impedir el acceso de los menores a las redes sociales. Florida prohíbe desde hace un año el acceso de los menores de 14 años y exige a los jóvenes de 14 y 15 años obtener el consentimiento paterno. La ley obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan la autorización de sus padres.

Siguen este camino abierto en marzo de 2023 por el estado de Utah, que se convirtió en el primero del país en adoptar leyes para regular el acceso de los niños a las redes sociales, seguido después por Arkansas, Luisiana, Ohio y Texas, entre otros.

En España, el proyecto de ley que se tramita en el Congreso es, en este punto, más parecido al de Florida que al de Australia, o al que quiere impulsar Francia. El objetivo es prohibir a los menores de 14 años el acceso a las redes (en la actualidad pueden hacerlo siempre que tengan el consentimiento de sus padres) y dejar abierta la puerta a quienes tienen entre 14 y 16 años si sus padres consienten. Una regulación en línea con lo que recomienda el Parlamento Europeo, que en noviembre propuso que la edad límite sean los 16 años, aunque permitiéndolo desde los 13 años con consentimiento parental. Bruselas todavía no ha armado una iniciativa, pero trabaja para intentar armonizar la regulación a escala de toda la Unión.

En todo caso, la iniciativa no acaba de encontrar la manera de superar el trámite abierto para su discusión en las Cortes, sometida a la presión de las empresas del sector y a los puntos de vista divergentes de los socios del Gobierno.

El proyecto, además, tiene carácter orgánico, lo que significa que para sacarlo adelante hacen falta 176 votos. Sin Junts y sin José Luis Ábalos, encarcelado por orden del Supremo, el Gobierno solo tiene amarrados 171. Así que necesita el concurso del PP, que se abstuvo en la toma en consideración y que ha presentado numerosas enmiendas que no afectan a las prohibiciones propuestas por el Ejecutivo, pero que sí buscan implementar medidas adicionales. Entre ellas, fijar un “horario de descanso digital” obligatorio para los menores con autorización de sus padres para acceder a las redes sociales, que abarcaría desde las 22:00 hasta las 8:00 horas, durante el cual no podrían hacer uso de dichas plataformas.

Otras enmiendas, que también preocupan a las empresas implicadas, pretenden hacer que los dispositivos con conexión a Internet incluyan controles parentales preinstalados en sus sistemas operativos y que, en los puntos de venta, se ofrezca a los padres una formación básica sobre cómo configurarlos.

Uno de los debates de fondo sobre los que no parece que haya todavía acuerdo gira en torno a quién asumirá el control de acceso de los menores a los dispositivos: fabricantes, operadores, plataformas o diseñadores de software. PNV y Junts quieren que sean estos últimos los que ofrezcan el control en la puesta en marcha de los dispositivos, siempre bajo control parental.

Sobre este conjunto de medidas planea, no obstante, otro problema sin resolver. Según el estudio Infancia y adolescencia en entornos digitales, elaborado por la Fundación Orange en alianza con la ONG Save the Children y con el apoyo de la consultora GAD3, publicado el pasado febrero, el 60% de los adolescentes sabe sortear el control parental en el entorno digital.

Fátima tenía tan solo 26 años cuando se precipitó por la ventana de la vivienda donde residía, en el distrito madrileño de Villaverde. Ocurrió el pasado 31 de diciembre. Poco antes, la joven acababa de dar a luz a su quinto hijo. La mujer de origen peruano entró en la red de tutela siendo menor y, una vez emancipada, la Administración decidió que no se daban las condiciones para que ella y su pareja pudieran criar a sus hijos, según publica el diario Abc. Sin acceso a una vivienda y tras encadenar trabajos precarios, todas las criaturas que dio a luz le fueron retiradas de sus brazos. Las circunstancias en torno a su fallecimiento están siendo investigadas, si bien parte de su entorno habla de suicidio. Algunas voces lo encajan como una muestra de los fallos del sistema de tutela y la desprotección de los servicios sociales a los más vulnerables.

No existen datos precisos sobre los motivos por los que la Administración toma la decisión de retirar a un menor de su hogar, pero las instituciones sí publican algunos informes, estudios y estadísticas que permiten integrar algunas nociones para acercar la lupa al problema. El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, es una de las principales herramientas disponibles. La última edición, con datos de 2023, indica que hay un total de 51.972 menores atendidos por el sistema de protección, 30.074 tutelados. 

El informe permite desgranar la situación respecto al acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Es decir, los menores que van a parar a otras familias y aquellos que son internados en centros. A 31 de diciembre de 2023, existían 17.112 menores en centros y 18.097 en acogimiento familiar. La mayoría de las entradas en centros son consecuencia de lo que se conoce como tutela ex lege, los casos en los que la Administración pasa a ostentar la tutela del menor tras haber constatado una situación de desamparo. 

El desamparo es, según define el Código Civil en su artículo 172, el resultado del "incumplimiento, imposibilidad o ejercicio inadecuado de los deberes de protección". Según el mismo boletín estadístico, las tutelas ex lege estuvieron detrás del 42% de los nuevos ingresos en los centros en 2023. Les siguen las definidas como "otras causas" (27%), guarda provisional (27%), guarda voluntaria a solicitud de los padres o tutores (4%) y guarda judicial (0,2%).

Es revelador echar también un vistazo a los motivos por los que un menor sale de un centro. El informe integra la mayoría de las bajas en el epígrafe de otras causas (50%) sin especificar, seguido del cumplimiento de la mayoría de edad (26%), la reintegración del menor a su familia (16%) y por paso a acogimiento familiar (8%).

Si la constatación de una situación de desamparo es clave para la retirada de la tutela, entonces el interrogante más inmediato es obvio: ¿cómo se determina que existe esa situación de desamparo? En este punto entra en juego el criterio de las comunidades autónomas, que tienden a replicar en términos generales los parámetros contemplados por el Código Civil. Entre otras cuestiones, dicha ley orgánica subraya que "la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo" y "en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad". La ley estima que "se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente". 

Si bien las autonomías cuentan con un marco legal específico para regular estas situaciones, lo cierto es que las herramientas internas de valoración no siempre son públicas. Esa es la opacidad que señalan algunas de las familias afectadas, quienes de forma organizada han ido denunciando en los últimos años un trato abusivo por parte de la Administración y los agujeros negros en torno a la valoración de desamparo. 

Pero algunas comunidades sí detallan sus protocolos públicamente. En Andalucía existe la herramienta VALÓRAME, en Euskadi está vigente BALORA y en la Comunitat Valenciana rige el instrumento VALORA, similares en su funcionamiento y en la descripción de las situaciones. Un dato: aunque ninguna habla expresamente del falso síndrome de alienación parental, en estas tres comunidades se menciona como elemento relevante la exposición o "instrumentalización" de los menores en situaciones de conflicto entre los progenitores y sólo en el caso valenciano se explicita que dicho indicador "no se aplicará en casos de violencia de género".

En el supuesto específico de la violencia machista, el protocolo valenciano cuenta con un epígrafe dedicado a abordar los casos de exposición del menor a situaciones de violencia machista, indicando que se "calificará la existencia de esta tipología cuando se hayan intentado o articulado todos los recursos institucionales para la protección de víctimas de violencia de género y la mujer víctima rechace, no admita o incumpla las medidas propuestas o provistas".

Los protocolos consultados tienen en común la mención a situaciones de vulnerabilidad como señal de alerta, en las que se constata una "atención adecuada" pero también "dificultades personales, familiares o sociales" que implican que la desprotección puede aparecer en el futuro, tal y como sintetiza el protocolo andaluz. El texto valenciano matiza que la detección de este tipo de circunstancias debe conllevar "una intervención de protección, apoyo, compensación o reparación" desde los servicios sociales.

Sin embargo, algunas voces denuncian que esta vulnerabilidad social o económica es una puerta directa a las retiradas de tutela. En un análisis publicado en 2017 por el diario El Salto, distintas familias afectadas alertaban de la gran cantidad de casos cuyo telón de fondo era precisamente la vulnerabilidad, sobre todo económica o derivada de contextos de violencia de género. "Cuando van a pedir ayuda a los servicios sociales, en vez de ayudar, les quitan a los menores. Están enmascarando la pobreza apartando a sus hijos de sus padres. En el caso de las familias desahuciadas, si nadie les acoge, en 24 horas les retiran a sus hijos", señalaban. En ese mismo artículo sostenían que a las niñas tuteladas que han sido madres, como el caso de la joven que perdió la vida en Villaverde (Madrid), "las persiguen toda la vida".

María dio a luz a su hijo en una ambulancia de camino al Hospital Materno Infantil de Málaga. Tras varias horas de un parto que ponía fin a un embarazo de riesgo, María veía cómo a su niño se lo llevaban lejos de ella. No es la primera vez que le sucede. Con una anterior pareja ya tuvo tres hijos cuya custodia le fue retirada después de una relación que ella denuncia como violenta. Ahora, ellos viven con la hermana de su expareja. 

Con su recién nacido ha vuelto a pasar. El detonante de la retirada fue una prueba de consumo de drogas que resultó positiva. Los sanitarios del hospital trasladaron al bebé al nido –el lugar donde se ubica los recién nacidos que no pueden estar con sus familias por circunstancias médicas o cualquier otra– sin ninguna explicación, según ella misma relata. En el mismo momento en el que se le informó de los resultados de la primera prueba, María pidió que se repitiera el procedimiento, algo que se le denegó durante 24 horas. A María le quitaron a su niño incluso después de que esa segunda prueba, además de otra análoga realizada al bebé, resultara negativa. infoLibre ha podido conocer de primera mano el testimonio de esta madre, si bien no ha tenido la opción de acceder a los resultados de las pruebas mencionadas.

Después de hablar con protección de menores y denunciar su situación ante un juez, María, junto con la ayuda de su hija mayor –que ahora tiene 18 años pero que hasta hace poco estaba bajo custodia de su tía– ha conseguido que se abra una investigación sobre su caso. Ahora, tiene esperanza de poder volver con su niño. 

Casos como el suyo comenzaron a llegar a oídos de Consuelo García del Cid hace más de una década. La escritora e investigadora recuerda nítidamente las caras de aquellas mujeres jóvenes que asistieron a una de sus charlas allá por 2014. Tras la conferencia, aquel grupo decidió presentarse. "Somos víctimas de los servicios sociales, nos han quitado a nuestros hijos". A partir de aquel momento, comenzó un proceso de investigación que culminó años después en la publicación del libro El desmadre de los servicios sociales, donde la autora busca exponer "las irregularidades" que subyacen en casos de menores tutelados por la Administración.

Al otro lado del teléfono, García del Cid distingue entre arrancamiento y retirada de tutela. "Lo primero sucede cuando una madre es obligada a entregar a su hijo en un juzgado, o cuando se conceden custodias a maltratadores", puntualiza, casi siempre en contra de la voluntad de los menores. En estas situaciones reparó el Defensor del Pueblo en su último informe. Las retiradas de tutelas, por su parte, se producen "cuando a una madre le dicen que no vaya al colegio a recoger a sus hijos, o cuando le arrebatan a su recién nacido del hospital".

En todos estos supuestos, disecciona la investigadora, el telón de fondo es similar: "Prevalece el modelo de familia tradicional" heredado de la dictadura franquista. "Muchas de las trabajadoras sociales que pasaron a formar parte de la Administración" con la llegada de la democracia venían de entidades como el Patronato de Protección a la Mujer, reformatorios franquistas donde la figura de la visitadora social era clave. Estas profesionales accedían a los centros a partir de una oposición y entre los requisitos exigidos figuraba el acatamiento a los principios del Movimiento Nacional. A finales de los setenta, las visitadoras se transformarían automáticamente en asistentas sociales. No hubo relevo ni renovación, lamenta la escritora, sino que el actual modelo es heredero directo de aquel.

Pero hay más. Varias de las congregaciones religiosas que gestionaban la red de centros franquistas mantuvieron también su actividad ya en democracia, creando fundaciones o asociaciones volcadas en la acción social y recibiendo fondos públicos para cumplir con su cometido. Las Adoratrices, una de las que mayor presencia tenía en los reformatorios, recibe hoy millones en subvenciones para atender a mujeres y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. 

Con todo este entramado como paisaje global, sucede que la Administración "en lugar de ayudar a las madres en riesgo de exclusión, lo que hace es hundirlas", denuncia García del Cid. Gracias a los contactos que a lo largo de los años ha ido haciendo, ha podido constatar que "lo habitual" es que los arrancamientos y retiradas de tutelas afecten a mujeres en situación vulnerable, si bien no es exclusivo de este tipo de perfiles. "Afecta también a las familias de clase media o alta, aunque con algunas mujeres como las migrantes se ceban", añade.

Coincide en el diagnóstico el activista Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI. A su juicio, "sí que hay un patrón" según el cual las mujeres en riesgo de exclusión están especialmente indefensas, pero en su opinión "el problema es el sistema en sí", tendente a "buscar errores en las familias en lugar de ayudarlas". Y eso, concluye el activista, puede afectar a cualquiera. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue si Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), puede estar cometiendo delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha informado EFE.

Según explican fuentes del departamento de Rego, tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores, "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil".

Para el Gobierno, se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Noticia en ampliación.