Quizá hay cosas que no se sienten ni presienten hasta que no te toca pasar por ellas. Puedes llegar a imaginarlas. A veces, te preguntan: ¿podrías haber escrito ese libro si no fueras madre? ¿Y si no hubieras sentido la soledad, si no te hubieran traicionado, si no hubieras perdido a alguien vital? Ese libro, no. Habrías escrito uno distinto. Tenemos la imaginación. De eso se trata: de buscar y encontrar el lugar del otro. Pero ni siquiera así. Hay situaciones y circunstancias que no te rompen de la misma manera si nunca las has tocado; si no te han ensuciado una mañana clara cuando menos lo esperabas, no consigues llegar a su hueso verdadero, el matiz, ese detalle tierno o violento, y, a veces, si no te han pasado, sencillamente, no existen.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2025, hubo en España casi 90.000 divorcios. En algo más del 50% de esas separaciones había hijos e hijas menores sobre los que hubo que decidir una custodia. La custodia compartida se concedió en la mitad de los casos. Es deseable que, cuando todo es normal, los hijos puedan mantener una relación sana y profunda con la madre y con el padre. La custodia compartida permite que se desarrolle el vínculo con los dos y sus familias, reparte las responsabilidades, favorece la estabilidad emocional, permite que ambos puedan conocer la vida cotidiana de ese hijo o hija.

Entonces llega el verano y estallan las rutinas. Hay casi tres meses de tiempo muy laxo y a repartir. Y, aunque no se nos vea, porque se intenta la razón siempre y el silencio, existe un ejército de padres y madres que se separan de forma más evidente de sus niños, más radical en estos meses. Se alejan. Se van de viaje en direcciones distintas. Hacen y deshacen maletas solitarias. Y eres consciente, más que en ningún otro momento, de que aquella decisión de la que nunca te has arrepentido ha traído una consecuencia que intentas no advertir el resto del tiempo: te estás perdiendo la mitad de su vida. La mitad de todo lo que le pasa: su alegría, si algo le duele, si te necesita. Un eclipse total de sol.

Nadie te lo contó. Lo sabías, claro, pero no estabas ahí. Porque justo en ese ahí, para recordártelo, en un rincón, aparece un día un cubo vacío de conchas que nadie las ha recogido de la playa, y una pala y un rastrillo limpios de arena. Y la televisión es una pantalla negra que pasa días apagada y no emite esas voces chillonas de los dibujos animados. No hay que negociarle a nadie el tiempo que pasa leyendo, jugando, durmiendo, que coma más fruta y no tanto helado. La casa tiene un orden aséptico que, de alguna forma te gusta y te molesta a la vez. Hay silencio. Hay una habitación a la que no entras porque bajaste la persiana hace unos días.

Y claro que disfrutas de ti misma. Y claro que el tiempo es tuyo y de nadie más. Y puedes salir por la noche. Y puedes leer un libro de tirón. O darte un atracón de películas una tarde cualquiera. Y tienes más tiempo para arreglarte, para ver a quien nunca puedes ver. Vas ligera de equipaje otra vez por la vida.

Pero todas sabemos que en un rincón del cuerpo algo está quebrado. Hay algo que chirría. Le gustaría tanto estar aquí, piensas de forma inevitable. Intentas no escucharlo y a veces lo consigues. Porque hay veces, pocas, ninguna quizá, en que se te olvida que eres una madre de un hijo que no está.

Las cifras de menores no acompañados que han cruzado aprovechando la marcha civil sobre Ceuta son confusas. Por un lado, las cifras oficiales del Gobierno estiman entorno a 1.200 menores, pero el director de UNICEF José María Vera, afirmaba el pasado miércoles que "todo apunta a que la cifra real es considerablemente mayor". Las informaciones que llegan desde la ciudad autónoma son inquietantes. Es mucha gente vulnerable que desembarca de repente y tiene que ser absorbida por una comunidad de unas 83.000 personas que ocupan un espacio muy pequeño. Y son miles de menores, algunos muy pequeños, y, algo poco habitual, hay bastantes niñas. La desprotección de este colectivo exige medidas específicas para evitar abusos, violaciones y maltratos de todo tipo. Es un esfuerzo imposible, lo cual es muy conveniente si lo que pretendían quienes instigaron la marcha civil sobre Ceuta era presionar a nuestro país.

Los chicos menores norteafricanos y subsaharianos son el colectivo más despreciado de todos los colectivos migrantes de nuestro país. Rápidamente identificables por su fenotipo, su forma de vestir y su idioma, nuestras instituciones y nuestra sociedad les exigen una docilidad, una excelencia y una abnegación difíciles de encontrar en personas adolescentes. Aun así son en general un grupo excepcional, que abraza las parcas oportunidades que les ofrece el sistema cuando se les brinda la oportunidad. Los datos de adaptación y de inserción laboral de este colectivo son excepcionales, y en términos puramente económicos son la población migrante más rentable que hay. Pero poseen las dos características que no se perdonan en nuestras sociedades europeas decadentes y envejecidas, son jóvenes y son de origen musulmán. Son la capa más baja de nuestra pirámide social actual y ocupan el espacio que en los ochenta tenían los chavales de las barriadas, hijos de familias muy numerosas que se buscaban la vida desde pequeños porque sus padres no podían cuidar de ellos. Es un escalón que parece que siempre ha de estar presente, esa especie de punching ball que necesitamos para darle golpes y expiar a su costa todos los males.

Esta situación genera un dilema imposible. Parece que tenemos que elegir entre priorizar el bienestar del menor, como dice nuestro ordenamiento legal y dicta la ética básica sobre la que se construye una sociedad de derecho, o llevar a cabo una acción defensiva ante lo que ha sido un grave ataque a nuestra soberanía nacional. Y esto sabiendo que, si el Gobierno de España devuelve a estos jóvenes, ni las personas más progresistas de este país se van realmente a oponer.

Vamos por partes. Aceptar que todos los menores que han entrado se queden en la ciudad hasta que se les permita entrar en la península es someter a Ceuta a una presión imposible. Una presión que se transmite también al resto de nuestro país porque obviamente la derecha —acompañada, en muchos casos, por la ultraderecha— que preside 12 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país no va a solidarizarse ni con la infancia migrante ni con el Gobierno de Ceuta aunque sea de su partido. Y eso puede hacer que el traslado de los chavales a la península se alargue durante un tiempo imposible de soportar para la ciudad.

Luego está el problema del relato migratorio. El tema resulta tan tóxico que la mayoría de las personas, incluyendo a votantes de partidos como Sumar, Podemos o nacionalistas de izquierdas, estiman en su fuero interno que es mejor que devuelvan a los niños. A fin de cuentas vienen de un país vecino que no está en guerra, no se trata de niños refugiados ni cuya situación se haya reconocido como digna de merecer asilo. Poco importa que todos estos niños, niñas y jóvenes menores de edad hayan cruzado a Ceuta por su propio pie obedeciendo a su propia voluntad y que estén dispuestos a someterse a los maltratos y los sufrimientos que encontrarán en los centros de menores antes que quedarse en Marruecos. Puede que haya muchos que estén huyendo de redes de trata o de situaciones de maltrato familiar extremo. Pero en términos absolutos eso da igual porque pensarlo sería abrir el debate sobre a partir de qué momento de abuso o de maltrato consideramos que estos niños, niñas o jóvenes son dignos de recibir nuestra acogida.

Además aceptar a los menores se puede interpretar como dejar sin respuesta al chantaje que pone en jaque nuestra soberanía nacional. Si aceptamos a estos miles de menores podemos esperar que el gobierno de Marruecos abra la puerta a otros miles en cualquier momento y entonces ¿qué haremos? Pero esta lectura solo funciona si aceptamos las reglas del juego que nos propone Marruecos: que acoger es debilidad y devolver es fuerza.

La narrativa migratoria es tan radioactiva que no nos permite actuar con la contundencia necesaria para proteger nuestro modelo democrático y social. Y no solo eso, también nos confunde y nos lleva a pensar solo a corto plazo, como si el futuro de nuestro país se decidiera en unas horas, en unas devoluciones en caliente, en una crisis derivada de un golpe de efecto orquestado por quienes quieren forzar un cambio de gobierno.

Si no tuviéramos la presión narrativa ¿qué haríamos con los niños, niñas y jóvenes que han cruzado? Las capacidades de acogida de nuestro país están muy por encima de esas cifras. Cada menor extranjero que entra en el sistema y trabaja después habrá devuelto lo que se ha gastado en él en unos años de cotización. Si trabajáramos en un entorno puro, libre de mentiras y prejuicios, la acogida de menores extranjeros se vería como una oportunidad y no como una carga. Y es que, en todos los términos económicos, sociales e incluso culturales la llegada de gente joven, por voluntad propia, llena de ilusiones y de ganas, es un patrimonio incalculable, que ya le gustaría a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para sí misma. También está la reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el sentido de a qué valores estamos dispuestas a renunciar. Si damos la espalda a la infancia y a la juventud ¿qué nos queda? ¿De verdad queremos ser esa sociedad? ¿Cuál es el límite?

A mí todo esto me recuerda a la tensión que sufrió Europa en los años 30 cuando la llegada al poder de los fascismos se hizo utilizando los recursos democráticos para luego usar la propaganda y el miedo para torsionar el sistema hasta que lo rompió. El discurso antiderechos nos está acorralando en un espacio opresivo en el que estamos renunciando de forma progresiva, y sin ser muy conscientes, a nuestros principios. Los partidos de ultraderecha están ganando el marco de este modo. Y al mismo tiempo, existe una geopolítica organizada dedicada a conquistar espacios democráticos hackeando las bases mismas de las democracias. La marcha sobre Ceuta es un ataque orquestado con ese fin, disfrazado de crisis migratoria. Y los partidos de derechas y ultraderecha de nuestro país, apoyados por sus socios europeos, están dispuestos a llegar al poder apoyándose en estas herramientas, puestas a su servicio por intereses extranjeros. Eso no es democracia, es otra cosa muy distinta. Y la batalla que estamos librando no tiene nada que ver con si devolvemos o no devolvemos a la gente tras el cruce. Es una batalla sobre si luchamos por nuestra soberanía nacional o nos dejamos ganar.

Y aquí está la trampa porque hemos aceptado que acoger es ceder y devolver es resistir. Pero ningún país poderoso construye su influencia expulsando a quien acude a él, la construye formando y acogiendo a quienes llegan, convirtiéndolos en propios. Por ejemplo, Estados Unidos lleva décadas con sus programas de intercambio para estudiantes menores de edad, vendiendo su forma de vida y sus valores a través de sus jóvenes visitantes. Devolver a estos chavales no es plantar cara a Marruecos, es hacer exactamente lo que Marruecos esperaba que hiciéramos. Y aunque no me pega nada, estos días siento que tenemos que ser patriotas, más patriotas que nunca. Eso significa defender los marcos de derecho que han hecho de España el país que es ahora, y seguir luchando por mejorar nuestras capacidades democráticas. Todas unidas dentro para evitar que nos controlen desde fuera.

En este marco, Pedro Sánchez debería de nuevo sacar pecho y proteger a todos los menores que están en Ceuta, porque es también la forma de proteger la soberanía de nuestro país y nuestra democracia. También es una defensa de nuestros valores básicos, los que nos han permitido crecer tan rápido y tan bien como sociedad. Hay mucho que pensar antes de actuar.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Voy a cumplir 77 años, llevo jubilado desde el año 2014 y desde hace algo menos de una década incorporando en mi memoria el horror que la retórica de odio actual utiliza la propaganda para pintar a un grupo vulnerable como una "amenaza social" o como "enemigos", un proceso sociológico similar al que empleó el aparato nazi para estigmatizar a minorías. De facto, vivo como un jubilado espantado, con mucho miedo.

Antes de mi jubilación, como responsable de la Protección a la Infancia en Salamanca, mi obligación —y la de los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, la Fiscalía de Menores, Cruz Roja, las familias acogedoras…— era la de aplicar, lo más rigurosamente posible, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), además de la normativa de Protección a la Infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor) y toda la desarrollada por entonces por la JCYL (Junta de Castilla y León)… ¡Ojo al acrónimo!

En ese contexto en el que trabajábamos utilizábamos el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) de manera tan natural como utilizamos los miles de acrónimos que nos facilitan la comprensibilidad en nuestra lectura diaria y, más aún si cabe, en el ámbito profesional. Jamás tuvimos discrepancias y, mucho menos, confrontación alguna en torno al acrónimo que identificaba el tipo de menor con el que trabajábamos. Del mismo modo, si se me permite la comparación, utilizamos sin dificultad ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) o cualquier otro acrónimo que se nos ocurra: ONCE, UNED, ONU, ACNUR, DGT...

MENA servía para activar la maquinaria del Estado del bienestar y la colaboración con entidades del tercer sector. Era un término que generaba expedientes de tutela, plazas de acogida y matrículas escolares; no titulares de sucesos violentos destinados a alimentar una retórica de odio que transforma a un grupo vulnerable en una supuesta “amenaza social”. Un proceso sociológico similar al utilizado por el aparato nazi para estigmatizar a minorías ante una “sociedad espectadora” que termina absorbiendo, cautivado por el avance de los discursos radicales, la hostilidad contra la infancia migrante.

Hoy, el acrónimo se ha "infestado". Ha sufrido un proceso de estigmatización y deshumanización. El lenguaje técnico ha sido secuestrado hasta convertirse en una etiqueta pseudopolítica, un insulto y un arma arrojadiza. El resultado tiene, al menos, dos efectos dramáticos: en el lenguaje administrativo, social y político se “huye” ya del acrónimo MENA y, para una gran parte de ciudadanos, es el cartel que identifica a violadores y ladrones. Para grupos supremacistas y de corte neonazi actuales la figura del MENA representa el chivo expiatorio para canalizar frustraciones socioeconómicas estructurales de una parte de la juventud.

Existe un instante preciso en el que el lenguaje administrativo deja de servir a la justicia y comienza a alimentar a la bestia. Cuando utilizábamos las siglas MENA en Protección a la Infancia, junto con entidades como Cruz Roja, lo hacíamos para delimitar un terreno puramente técnico y protector. Todavía no había aparecido Vox ni la extrema derecha europea tenía la presencia social que hoy tiene. Dos décadas después, aquel acrónimo se ha convertido en una auténtica peste social.

La retórica contemporánea ha secuestrado la etiqueta técnica para extirparle la condición de infancia. Al transformarlos en siglas, les quitamos el rostro, el miedo y la condición de hijos de alguien; los convertimos en un concepto aséptico al que resulta más fácil odiar, replicando los peores ecos de la deshumanización burocrática del pasado.

En esas estamos, mientras al menos 1.342 menores (según datos oficiales) deambulan por Ceuta, buscando qué comer y durmiendo en la calle, en los montes, en los parques, mientras las administraciones, tras una semana sin tener claro qué hacer, deambulan por los despachos. Sólo Vox parece que lo tiene claro y hace un llamamiento a la población: “Cuando ves amenazado lo tuyo, tu zona de confort, tu familia, tus hijos, tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Que cada uno defienda a su familia con todo lo que tenga en su mano. Con un palo y con lo que sea”.

El veneno avanza y crece de manera alarmante. Una parte importante de la población, inoculada por ese discurso, termina borrando la condición de niño: porque ya no es un niño, es un maldito MENA. Se ha logrado vaciar el acrónimo de su significado originario y eliminar con ello la empatía. Se ha conseguido despojar al niño de su condición de infancia, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de sus derechos.

Victor Klemperer en su obra Lingua Tertii Imperii (LTI, La lengua del Tercer Reich) nos muestra cómo el nazismo transformó el idioma para normalizar la crueldad. No necesitamos acudir únicamente a Klemperer para recordar las consecuencias físicas de la brutalidad nazi; podemos hacerlo también desde la lingüística. Los nazis emplearon acrónimos y jerga burocrática para deshumanizar a los colectivos que pretendían perseguir, conscientes de que transformar a seres humanos en categorías y siglas facilitaba el camino para despojarlos de sus derechos.

El Gobierno tiene en sus manos la dignidad de un país. Pero esa dignidad es especialmente frágil. Los 1.342 MENAs que deambulan por Ceuta se pueden romper en cualquier momento. Deberían estar ya en los centros de protección a la infancia de las comunidades autónomas. No hay espacio para ninguna “reflexión”, si los gobiernos autónomos de PP y Vox se niegan a recibir a los MENAs, la Fiscalía tiene que actuar de oficio y exigir el cumplimiento de la ley.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Son las 9:00 de la mañana y los 74 niños y niñas que pasan esta primera quincena de agosto en el campamento Nazaret, en pleno distrito madrileño de San Blas, se levantan para comenzar su día. Tras darse los buenos días, desayunan y comienzan la jornada participando en todo tipo de actividades. Aunque esta es una jornada típica en cualquier campamento, para estos menores supone un soplo de aire fresco, que de otra manera no tendrían unas vacaciones que disfrutar.

“La particularidad de este campamento es que va dirigido a niños, sobre todo del barrio de San Blas, que sabemos que viven una situación complicada”, explica a infoLibre Iria Barreiro, una de las vocales de la Junta Directiva de la Asociación Nazaret. “Durante el año la asociación reparte alimentos a más de 600 familias del barrio, así que muchos de los niños que vienen son beneficiarios de ese reparto o participan en nuestras actividades de ocio de los sábados o en el apoyo escolar. Son familias con muchísimas dificultades que no pueden permitirse un campamento ordinario”, añade.. 

“Un campamento como este cuesta entre 300 y 400 euros por plaza. Nosotros pedimos simbólicamente 200 euros, pero la realidad es que casi nadie puede pagarlos. Sí les pedimos, por compromiso, que aporten al menos 50 euros. Es un esfuerzo enorme para las familias, pero también las dignifica mucho, ya que muchas veces van pagando poco a poco y agradecen poder hacer ese esfuerzo y sentir que les están regalando unas vacaciones a sus hijos”, añade.

Además de estos niños, desde hace años la asociación también acoge a menores tutelados de la Comunidad de Madrid, como una forma de ofrecerles unos días fuera de la residencia en la que pasan todo el año. Este verano acogen a 25 de estos menores.Todos los días realizan todo tipo de tareas como hacer la cama, ordenar la habitación o lavar la ropa sucia, ya que “son hábitos que muchos de ellos no tienen adquiridos”, relata Barreiro. A partir de ahí, pasan el día con todo tipo de actividades como ir a la piscina, talleres de deporte, relajación, juegos, etc.

Uno de los aspectos en los que ponen especial énfasis es en la alimentación. “Tenemos una cocinera excelente y siempre hay cantidad suficiente, lo que a muchos les sorprende, sobre todo el desayuno”, asegura. “Les ponemos leche, zumo, fruta, cereales, galletas y embutidos. Hay niños que el primer día nos dicen que nunca habían visto un desayuno así. Recuerdo una niña que nos contó que en su casa desayunaba agua con cacao en polvo y aquí tomó leche por primera vez”, agrega.

En el campamento cuentan también con “días especiales”, en los que hacen excursiones a Terra Mítica y a la playa, además de organizar un mercadillo, en la que acumulan las donaciones de ropa, material escolar, productos de higiene, libros o juguetes que reciben durante el año y que los niños pueden ‘comprar’ con un dinero simbólico que se les entrega.

“En el campamento te das cuenta de la realidad que viven. Hay menores que llegan con muy poca ropa, por lo que el mercadillo les permite marcharse con prendas, una mochila, material escolar y otras cosas que necesitan”, relata. “También les impresionan las excursiones, porque para muchos es la primera vez que ven el mar o que visitan un parque temático”, pero el punto más importante es el plano emocional.

“Aquí descubren otra manera de relacionarse con los adultos. Muchos de estos niños han vivido abandono, maltrato o abusos y de repente descubren que un adulto no les grita, que no les pega, que los conflictos se resuelven de otra forma y que existen relaciones basadas en el cariño y el respeto”, explica la vocal. 

“Cuando el campamento termina es duro para muchos de ellos. Los niños que viven en residencias no quieren volver y otros tampoco desean regresar a sus casas. Este año, por ejemplo, hemos conocido el caso de cinco niños del campamento que viven en la misma vivienda, aunque son hijos de tres madres diferentes. También hay menores que residen en infraviviendas. Para muchos, disponer de espacio, bañarse en una piscina o pasar unos días fuera de casa de vacaciones supone vivir experiencias muy poco habituales”, describe.

Historias como las que se viven en el campamento de Nazaret se repiten por toda España, en un momento en el que el 34% de las familias españolas no pueden permitirse irse de vacaciones ni una semana al año, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, y que el 29,2% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza, según Unicef. Por esta razón, Save the Children ofrece este tipo de actividades en diferentes comunidades autónomas para así dar una oportunidad de que estos menores puedan salir de su rutina.

“Tenemos dos modalidades. Una son los campamentos de verano con pernocta, donde llevamos durante al menos una semana a chicos y chicas con los que ya trabajamos durante todo el año para que puedan disfrutar de actividades al aire libre, juegos y tiempo de ocio fuera de su lugar habitual de residencia. La otra son las colonias urbanas, que organizamos en los mismos espacios donde trabajamos con ellos durante el curso. Allí combinamos actividades de ocio, salidas a la piscina y también un pequeño refuerzo educativo y atención psicológica básica”, explica Raúl Arnaiz, director de programas domésticos de Save the Children en España, que añade que este año están participando más de 1.500 menores de entre seis a 17 años.

La mayoría de estos niños llegan derivados por los servicios sociales o por sus propios centros educativos y “normalmente cuentan con dificultades económicas en el hogar, empleo muy precario o desempleo en las familias, ingresos muy reducidos y, en algunos casos, situaciones de desprotección o violencia. Son perfiles en riesgo de exclusión y familias que tienen unas condiciones de vida a veces muy precarias”, señala Arnaiz.

“Supone muchas veces la única oportunidad de salir de su entorno habitual y disfrutar de algo parecido a unas vacaciones de verano: hacer excursiones, ir al campo, ir a la piscina o simplemente romper con la rutina que tienen durante todo el año”, defiende el director. Para las familias no supone ningún tipo de gasto, ya que el proyecto se financia a través de acuerdos con diferentes empresas y así pagar los costes de las actividades y los sueldos del personal. Igual que en el caso de la asociación Nazaret, otra de las principales formas de financiación es a través de las donaciones de particulares.

La convivencia durante esos días también permite a los educadores conocer una faceta distinta de los menores. “En los campamentos convives con ellos las 24 horas y conoces otra dimensión de los niños y niñas que no ves durante el resto del curso. La verdad es que da gusto ver lo bien que están y lo bien que se lo pasan”, concluye Arnaiz.

“Una mujer estuvo inconsciente durante diez minutos. Llevaba tres días sin comer”. Con este episodio, Lara Salceda, integrante del equipo jurídico de No Name Kitchen, resume la situación que ha presenciado durante los últimos días en Ceuta. Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos y la crisis ha dejado al menos 88 muertos, según el último balance del Gobierno de la ciudad autónoma, donde la organización humanitaria de asistencia social trabaja sobre el terreno desde 2021. 

Las primeras señales de alarma, asegura, no llegaron con la entrada masiva del pasado jueves, sino unos diez días antes. “Empezaron a llegar unas 300 o 400 personas al día”, recuerda. Aunque esta ruta suele registrar un aumento de los cruces a nado o por la valla durante determinadas épocas, Salceda sostiene que entonces el volumen comenzó a ser muy superior al habitual.

La organización advirtió pronto de que el sistema de acogida estaba desbordado. El CETI llevaba unas dos semanas completo y, antes incluso del jueves, alrededor de un millar de personas esperaba fuera de un centro con capacidad para unas 700, según sus cálculos. No Name Kitchen trataba de informarles de que podían solicitar protección internacional, aunque tenían que esperar para poder iniciar el procedimiento. Mientras tanto, el reparto de agua y comida resultaba “muy escaso” para el número de personas concentradas allí. “La gente empezó a darse cuenta de que iba a haber problemas y de que el proceso sería muy lento por falta de recursos”, resume.

Salceda subraya que la primera reacción de quienes sobreviven al trayecto suele ser de alivio. “Cuando llegan sienten un gran alivio porque no tenemos que olvidar que en esta ruta muere mucha gente”, explica. Muchas personas celebran haber alcanzado Ceuta después de dejar atrás “su vida, su familia, sus costumbres y todo” con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, esa euforia inicial se diluye conforme pasan los días y descubren la falta de plazas, la lentitud de los trámites y las dificultades para conseguir algo tan básico como comida o agua.

La entrada de miles de personas obligó a No Name Kitchen a reorganizar su actividad. El equipo sanitario se centró en atender a quienes llegaban con rozaduras provocadas por los trajes de neopreno y cortes sufridos al salir del mar entre las rocas. “Vimos que lo que necesitaban inicialmente era ayuda sanitaria”, recuerda Salceda.

El equipo jurídico, del que forma parte la entrevistada, comenzó a recopilar nombres, datos y testimonios para dejar constancia de la presencia de estas personas en territorio español ante el riesgo de que fueran devueltas. Fue mientras realizaba ese trabajo frente al CETI cuando una mujer perdió el conocimiento.

Siete personas tuvieron que cargarla en brazos para acercarla hasta el centro, situado en una zona elevada. Desde las instalaciones les lanzaron una botella de agua y la mujer terminó recuperándose después de permanecer unos diez minutos inconsciente y comer unos dátiles. “Llevaba tres días sin comer”, relata Salceda, que denuncia además una “escasez de agua importantísima”.

Entre quienes esperaban en el exterior había personas procedentes de Sudán, Mali, Chad, Guinea, Senegal, Yemen o Afganistán. Muchas, destaca la integrante de No Name Kitchen, habían recorrido durante meses rutas especialmente largas y peligrosas. “Hay personas que iniciaron el viaje hace ocho o nueve meses, incluso un año, y llega hasta aquí y se encuentra con que no puede ni beber agua ni comer”, lamenta.

Salceda asegura, además, que algunas personas, especialmente las procedentes de Marruecos, Argelia y otros países del Magreb, evitaban permanecer en lugares visibles por miedo a ser localizadas y devueltas.

No Name Kitchen colabora habitualmente con entidades como Luna Blanca, vinculada a la mezquita de Sidi Embarek, y con otras asociaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas en Ceuta. Durante estos días, las organizaciones han intentado cubrir las necesidades más urgentes, desde el reparto de alimentos y agua hasta las curas y el asesoramiento. “Intentamos hacer distribuciones de comida y agua, pero está siendo muy complicado”, reconoce Salceda.

La llegada de miles de personas ha superado, afirma, la capacidad de unas entidades con recursos limitados. “Las organizaciones hacemos lo que podemos, pero tenemos los medios que tenemos”, resume. Su principal crítica se dirige a las administraciones, a las que reclama que garanticen unas condiciones mínimas de asistencia: “Necesitamos que la Administración se mueva y no lo está haciendo”.

Según Salceda, la respuesta institucional se ha concentrado en el control de las calles y de la frontera, mientras la atención humanitaria ha quedado relegada. La integrante de la ONG describe que las fuerzas de seguridad han perseguido y devuelto principalmente a ciudadanos marroquíes y argelinos, mientras migrantes procedentes de otros países permanecían junto al CETI sin suficiente comida ni agua.

“Lo que está haciendo la Administración es sacar a la Policía, al Ejército y a la Guardia Civil y tratar de ‘limpiar las calles’”, denuncia. La integrante de No Name Kitchen considera que esa actuación está generando un trato diferente según el país de origen y asegura que se está buscando “a las personas de Marruecos para llevarlas a la frontera”, mientras el resto continúa esperando en condiciones precarias.

La crisis coincide con el enfrentamiento entre No Name Kitchen y el Gobierno de Ceuta por Sobrevivir al limbo, un informe sobre el consumo de sustancias y las conductas autolesivas entre menores migrantes no acompañados. La Ciudad Autónoma ha cuestionado la metodología del estudio y ha pedido a sus servicios jurídicos que valoren si algunas afirmaciones pueden perjudicar al sistema público de protección, a sus profesionales o a las entidades colaboradoras.

La Administración sostiene que el trabajo se apoya en una muestra indeterminada, testimonios insuficientemente contrastados y observaciones que no permiten generalizar sobre la situación de los menores acogidos. Frente a esas críticas, Salceda reivindica el conocimiento directo de quienes acompañan a estos jóvenes: “Nosotros trabajamos sobre el terreno y el terreno significa literalmente estar en la calle”.

Según relata, antes de la actual crisis ya encontraban a menores fuera de los recursos de acogida y consumiendo pastillas, calmantes y otras sustancias. “Las utilizan para aliviar la situación de miseria y dolor que sufren”, explica. A ello se suma, advierte, la facilidad para conseguirlas.

La representante de No Name Kitchen defiende que el documento recoge esas observaciones y los testimonios obtenidos durante su trabajo. “Tratamos de reflejarla situación que observábamos a partir de nuestro trabajo sobre el terreno y de las entrevistas, con las evidencias disponibles y una metodología rigurosa, para hacer un acto de denuncia”, sostiene.

Salceda rechaza que el objetivo sea desacreditar a los profesionales del sistema y sitúa el foco en la necesidad de actuar ante lo que la organización observa. “La infancia y las personas menores tienen que estar especialmente protegidas”, concluye.

Septiembre de 2013. La legislación española sitúa la edad de consentimiento sexual en los trece años. Es la cifra más baja en suelo europeo, solo por detrás de un territorio: el Vaticano. En aquel momento, existía un debate político y social en torno a la necesidad de elevar el umbral y abrir una reflexión sobre el consentimiento. El asesinato de una niña de trece años a manos de su pareja, un hombre de cuarenta, había hecho saltar las alarmas en el tablero político, varios años después de que Naciones Unidas llamara la atención sobre la laxitud de la ley española en esta materia. La reforma penal terminaría por situar la edad legal de consentimiento en los dieciséis, pero a la conversación alrededor la violencia sexual contra la infancia le quedarían todavía muchos tabúes que derribar. 

Especialmente en lo que respecta a los abusos que se reproducen en el mismo seno de la familia. Las organizaciones especializadas apuntan precisamente a ese extremo: el hogar como un espacio que no siempre resulta seguro para los menores. En ocho de cada diez casos, quien ejerce violencia es un familiar o conocido, mientras que dos de cada cinco víctimas señalan directamente al ámbito del hogar como escenario de violencia. 

Catalina Perazzo lleva más de una década investigando el problema estructural, sus múltiples expresiones y sus consecuencias en la vida de las víctimas. "Se trata de una violencia en la que impera la ley del silencio, se denuncia muy poco y se alimenta de la vergüenza de sus víctimas", especialmente cuando entra en juego "el chantaje" vinculado a la familia como institución, disecciona la portavoz de Save the Children. "Se sitúa el peso sobre los niños, señalados por romper la familia", lamenta. Ahí empieza la revictimización.

Pau Lluc escoge con cuidada precisión los datos que permiten demostrar aquello que lleva años siendo una certeza para quienes han visto sus vidas atravesadas por la violencia. Los estudios, las investigaciones y los análisis que se han ido consolidando en los últimos años "dinamitan la idea de que la familia siempre protege y dan de pleno en la diana de la familia patriarcal, ya que la mayor parte de las agresiones se cometen dentro de este contexto", asiente a preguntas de este diario. Lluc sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando era una niña y comenzó a verbalizarlo públicamente con el firme propósito de construir un colchón para las víctimas. "En proporciones que el sociólogo David Finkelhor califica de epidémicas, son padres los que ejercen esta violencia", recalca la autora del poemario Despulles (Reclam editorial, 2024).

Afrontar la realidad de la violencia contra la infancia conlleva necesariamente señalarla. "Tenemos que perder el miedo a denunciar la violencia que se comete en el espacio donde más se ejerce: el hogar familiar. Y creo que tenemos que revisar también, desde un feminismo crítico, el papel que el patriarcado nos dio a las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar", asiente, "porque los trapos sucios –que decía la cultura popular– ya no se deben lavar en casa nunca más, como bien saben las cada vez más madres, conscientes y protectoras, con las que el sistema tan a menudo se ensaña". 

La ruptura del silencio se presenta entonces no solo como una necesidad para las víctimas, sino como un imperativo para el conjunto de la sociedad: "Si no vemos, ni nombramos, ni denunciamos la violencia intrafamiliar, continuaremos teniendo generaciones de niñas, niños y adolescentes sufriendo violencia sexual en silencio, entre las cuatro paredes de sus casas".

Pero poner nombre a los abusos experimentados en primera persona no es una tarea sencilla. "Habitualmente el abuso se da sin violencia" física explícita "aprovechando la confianza que existe", pero además "es vivido de una forma confusa y dolorosa", introduce Laura Rodríguez, psicóloga de la Fundación Vicki Bernadet. A la culpa y la vergüenza se suma "la preocupación por la reacción del entorno", que a menudo transita por la incredulidad, el descrédito y la negación de lo sucedido. Y de ahí que un porcentaje sustancial de las víctimas "no suelan revelarlo hasta entrada la adolescencia y, en la mayoría de los casos, cuando llega la edad adulta", en parte porque perciben el silencio como "una protección hacia uno mismo y hacia la estabilidad familiar". Callar por el bien común. 

Coincide Lluc. Si bien cada víctima afronta su situación en función de su contexto concreto, lo cierto es que en general "los procesos a la hora de verbalizar violencia sexual en la infancia son sumamente lentos", porque se trata de una violencia cimentada sobre las bases del abuso de poder, situaciones en las que "las víctimas se quedan atrapadas" porque casi nunca están "preparadas psicológicamente para comprender que las personas que aman les pueden hacer daño", así que la mera identificación de la violencia es compleja. "Las agresiones casi nunca empiezan de forma violenta y repentina, sino en forma de juego o confundido con los cuidados cotidianos", asiente. En este punto se hace evidente la importancia de una educación sexual reglada como herramienta de prevención.

A pesar de las dificultades, la superviviente destaca que las víctimas sí tienden a manifestar señales de la violencia sufrida. "El problema es que las personas adultas no las sabemos escuchar. Y aquí tenemos una gran responsabilidad como sociedad: tenemos que aprender a descifrar el lenguaje con el que nos hablan", subraya. 

Rodríguez comenzó a especializarse en violencia sexual contra la infancia hace algo más de dos décadas. Entonces, asegura la psicóloga, era un asunto "totalmente tabú". Los avances son innegables, pero el estigma no se ha diluido del todo. "Todavía no se está trabajando todo lo que se debería", especialmente en lo que respecta a la prevención. "Hay herramientas, pero pocas, y deberían ser más accesibles a los menores". 

Perazzo insiste en la misma línea: "Las personas que trabajan con menores deben tener herramientas para que estos se sientan seguros a la hora de contarlo", pero lo cierto es que todavía hoy sigue presente en el imaginario colectivo la idea de que la expresión de un episodio violento es una suerte de fantasía producto de la imaginación, algo así como "cosas de niños". 

El descrédito generalizado hacia su palabra está a la orden del día, a pesar de que "los estudios han dejado claro que la incidencia de casos que inventan es extremadamente baja", destaca Rodríguez. El problema, a su juicio, "tiene que ver con el hecho de que es difícil" para los adultos "aceptar que una persona de nuestra confianza ha podido abusar de nuestros hijos o hermanos". Se trata más de una "cuestión defensiva a nivel inconsciente, para no aceptar que esto ha pasado y tampoco tener que coger las riendas para hacer algo al respecto".

Según el informe Ojos que no quieren ver, confeccionado por Save the Children, el 85% de los colegios donde una víctima manifestó estar sufriendo violencia sexual no lo notificó. Así que los menores se enfrentan, sin ser conscientes, a una "sociedad que no está preparada para escucharles y a un sistema que todavía está lejos de estar a la altura de la infancia", remarca Pau Lluc. En ese contexto, se impone la necesidad no solo de interpelar al conjunto de la sociedad para aprender a escuchar a las víctimas, sino también para reconocer que la violencia contra la infancia "está completamente normalizada y forma parte intrínseca de la estructura patriarcal y adultocéntrica de nuestra sociedad".

A finales de los setenta, casi un centenar de intelectuales franceses enviaba una petición al parlamento galo solicitando la derogación de algunos artículos relativos a la edad de consentimiento sexual y la despenalización de las relaciones entre adultos y menores de quince años. Figuras de peso como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir defendían sin matices que los menores estaban capacitados para prestar su consentimiento libremente y en condiciones de igualdad. 

Varias décadas después, el escritor español Fernando Sánchez Dragó presumía en uno de sus libros de haber mantenido relaciones sexuales con "lolitas" de unos trece años en Tokio (Japón).

Los ejemplos están por todas partes. Hace dos años, el alcalde conservador de Vita (Ávila) entonó, orgulloso y festivo, un cántico pedófilo frente a los vecinos de su pueblo. Se vio obligado a disculparse tras la indignación de quienes asistieron atónitos al espectáculo. A finales del año pasado, plataformas como Shein comercializaron juguetes eróticos con corporalidades infantiles. Y hace tan solo unos meses, Francia abrió una investigación contra Vinted por anuncios que hicieron sospechar de una presunta red de tráfico infantil encubierta. 

Rodríguez está convencida de que la "cosificación de la mujer y ahora también de la infancia" es un factor que "facilita una cultura patriarcal donde parece que se pueden traspasar los derechos de los otros", especialmente de los más vulnerables. La psicóloga pone el foco también en la pornografía, responsable de mostrar una "sexualidad alejada de la realidad, donde se cosifica a la mujer de forma vejatoria constantemente". En las webs pornográficas, el contenido asociado a términos como colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen –adolescente en inglés– era el término más frecuente en los tres principales portales porno del Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la organización WeProtect Global Alliance, entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. 

"Tenemos un problema grave con la transmisión de los roles de género tradicionales que reproducen las estructuras de poder y sumisión", completa Pau Lluc. Una estructura responsable de socializar a "los hombres para ejercer violencia sobre las mujeres, sobre la infancia o para hacer la guerra". Mientras la base de esta estructura siga intacta, "continuaremos perpetuando diferentes tipos de violencia, entre otras la violencia sexual contra la infancia y adolescencia".

El texto ha sido aprobado in extremis. Francia se convertirá en el primer país europeo, y el segundo del mundo después de Australia, en prohibir las redes sociales a una parte de los menores. El 21 de julio, último día de sesión antes de las vacaciones parlamentarias, el Senado y, posteriormente, la Asamblea Nacional aprobaron definitivamente el proyecto de ley denominado “mayoría digital”, que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a TikTok, Instagram o X.

Se ha conseguido satisfacer justo a tiempo a Emmanuel Macron, quien en enero había fijado un calendario muy ajustado, con la intención de que la medida se aplicara a partir del 1 de septiembre para los nuevos usuarios de las plataformas, aplazándose el plazo hasta el 1 de enero de 2027 para quienes ya estuvieran registrados. El texto, que también prevé la prohibición de los teléfonos móviles en el instituto a partir del próximo curso, se limita a enunciar la norma, pero no prevé ninguna sanción.

“Francia marca el camino en Europa”, dijo toda ufana la ministra delegada de Digitalización, Anne Le Hénanff, en el hemiciclo del Senado, poco antes de la aprobación del texto. Según ella, este “concretiza una idea firme y una evidencia que hoy se impone plenamente a todos […] : debemos actuar sin demora para proteger a nuestros hijos”. La ministra dijo que guardaba  “un pensamiento especial” para las familias “que se han visto destrozadas” por las redes sociales, en alusión a los suicidios de adolescentes cuyo malestar, según sus padres, se vio alimentado por las plataformas.

El Senado aprobó la propuesta de ley con 243 votos a favor y solo 2 en contra. En la Asamblea, los parlamentarios la aprobaron con 279 votos a favor y 81 en contra: La Francia Insumisa votó en contra y el Partido Socialista se abstuvo. El texto prevé excepciones a la prohibición de las redes sociales para las “enciclopedias en línea” y los “proyectos digitales con fines educativos”.

“Es un gran avance. Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, se congratuló Emmanuel Macron en un vídeo publicado en Instagram y X poco después de la aprobación.

La incertidumbre era mínima desde el día anterior, tras el resultado positivo, en apenas dos horas, de la comisión mixta paritaria (CMP), encargada de alcanzar un acuerdo entre diputados y senadores. Esta votación pone fin a seis meses de acalorados debates entre las dos cámaras sobre la mejor manera de “proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales”, por retomar el título de la propuesta de ley.

Los parlamentarios se mostraban divididos principalmente en torno a la cuestión de si establecer o no una lista que prohibiera expresamente determinados sitios web y aplicaciones, y que sometiera el uso de las demás redes a la autorización parental. Esa era la posición que mantuvieron contra viento y marea tanto el Senado como la ponente del texto en esa cámara, la centrista Catherine Morin-Desailly.

Esta se basaba, en particular, en un dictamen emitido a mediados de enero por el Consejo de Estado, en el que se consideraba que la prohibición total de todas las redes planteaba riesgos de inconstitucionalidad debido a la desproporcionalidad de la medida.

Por su parte, en la Asamblea, la ponente macronista Laure Miller, que había negociado cada coma del texto con el Gobierno, defendía la versión más amplia de la prohibición general. Y es que la Comisión Europea estaba muy atenta, al considerar que cualquier mención más precisa significaría imponer nuevas obligaciones a las plataformas, lo cual es ilegal, ya que dichas obligaciones están definidas por una directiva europea para toda la Unión Europea (UE).

En un firme “dictamen exhaustivo”, acompañado de varias observaciones, la Comisión reiteró su posición el 7 de julio. El ejecutivo europeo recordaba la importancia de “reducir al mínimo la fragmentación de los sistemas nacionales, que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la aplicación de las normas”.

En este caso, consideró que el establecimiento de un sistema de dos velocidades conllevaría nuevas “obligaciones en materia de verificación de la edad y de consentimiento parental”. Algo que preocupa enormemente al ejecutivo, ya que el gabinete de Anne Le Hénanff no oculta su convicción de que elaborar una lista infringiría el Derecho europeo.

Mantener este principio “habría requerido nuevas idas y venidas, ya que la definición de los criterios de designación corría el riesgo de chocar con el Derecho europeo”, reconoció ante Contexte Laurent Lafon, presidente centrista de la Comisión de Cultura del Senado.

La CMP también permitió eliminar del texto toda mención a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), ya que suponía “una duplicación” con el Reglamento sobre los servicios digitales (DSA) adoptado por la Comisión Europea, tal y como se señalaba en el dictamen exhaustivo.

Oportunamente, tal y como reveló Contexte, el presidente del Consejo de Estado, Marc Guillaume, que asumió el cargo en mayo, se ha tomado la libertad de enviar una carta a los parlamentarios en la que modifica la postura de su institución, al considerar ahora que “el sistema de clasificación de las redes sociales mediante listas” podría “enfrentarse a dificultades de aplicación a la hora de identificar criterios que no se consideren contrarios a la normativa europea”.

Antes de la votación en el Senado, Catherine Morin-Desailly volvió a dar a entender su preferencia por la lista, pero aceptó sumarse a la postura del Gobierno, pero recordando desde la tribuna el riesgo “de incumplimiento de la Constitución, señalado en dos ocasiones por el Consejo de Estado, a pesar de lo que hoy parece decir su nuevo vicepresidente”.

“Todo se decidió entre bastidores: el Senado ha dado marcha atrás porque el Gobierno prometió a Catherine Morin-Desailly que su propio texto se examinaría en otoño”, comenta un miembro de la CMP. En efecto, la senadora había presentado una propuesta de ley similar, sobre la exposición de los niños a las pantallas, aprobada en primera lectura en el Senado en diciembre. Una vez eliminada la parte relativa a la prohibición de las redes sociales, podría examinarse próximamente.

Persisten las dudas en otros ámbitos. Por parte de La Francia Insumisa (LFI), el diputado Louis Boyard sigue dudando de la constitucionalidad de la solución elegida y le preocupa el “fin del anonimato en Internet” que esta provocaría. Y es que la prohibición requiere la implantación de sistemas seguros de verificación de la edad, que no son fáciles de poner en marcha.

Poco antes de la votación, Anne le Hénanff aseguró ante la Asociación de la Prensa Ministerial que “las herramientas de verificación de la edad existen”, citando a France Identité, Docaposte (una filial de La Poste) y diversas soluciones privadas; las plataformas deberán ofrecer al menos dos soluciones distintas.

La ministra recordó que ya se utilizan mecanismos de verificación para limitar el acceso de los menores a los sitios web pornográficos. Sin embargo, no explicó cómo todas las redes sociales podrían implementar estas soluciones en unas pocas semanas para todos los usuarios de Francia.

“Todavía hay mucha vaguedad en cuanto a las modalidades de control de edad”, lamenta ante Mediapart el diputado socialista Arthur Delaporte, quien presidió en 2025 los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok. “Quizá las plataformas más grandes cuenten con ingenieros para aplicar las nuevas disposiciones de aquí a principios de septiembre, pero nunca será el caso para todos los sitios afectados”, explica. “El Gobierno asegura que será flexible en estos casos concretos, pero no lo veo indicado en ninguna parte de la ley.”

El diputado lamenta, además, que no estén contempladas en la ley las funcionalidades similares a las de las redes sociales de WhatsApp (con las pestañas “Actualidad”, que pueden actuar como canales de contenido) o los comentarios de YouTube.

En definitiva, ¿cuáles serán las consecuencias concretas del texto ya aprobado, que aún debe ser examinado por el Consejo Constitucional? Serán mínimas, si damos crédito a la Comisión de Cultura del Senado, que, en un comunicado del 20 de julio, le atribuye “un alcance normativo limitado”.”La propuesta de ley, con la redacción aprobada hoy, constituye esencialmente un elemento simbólico más y un acicate para que la Comisión Europea lleve a buen término la labor que ha emprendido”, asegura el comunicado.

De hecho, Bruselas está trabajando intensamente en el tema, pero sin sumarse a las posiciones de Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera ahora que es necesario establecer un acceso “progresivo y gradual” de los niños y adolescentes a las plataformas.

Sin embargo, el 13 de julio, el comité de expertos al que había encargado elaborar propuestas sobre el tema se limitó a sugerir la prohibición de las redes sociales y otros servicios en línea —incluidos los servicios de inteligencia artificial generativa— para los menores de 13 años.

Tal y como ya prevén las normas europeas —aunque no se apliquen—, los expertos también han pedido que se obligue a las plataformas a eliminar sus funciones más adictivas, como el desplazamiento vertical (scroll) infinito. El 10 de julio, la Comisión inició los procedimientos para obligar a Meta, propietaria de Instagram, Meta (antes Facebook) y WhatsApp, a cumplir esta norma, tal y como hizo en enero con TikTok.

Traducción de Miguel López

Más de un mes después de que estallara el “caso Lyhanna”, sigue en pleno apogeo la batalla de la comunicación. Gérald Darmanin, al dar a conocer el miércoles 15 de julio el balance de la “revisión” de los procedimientos relativos a los delitos de abuso sexual contra menores —iniciada con carácter de urgencia el 8 de junio—, se otorgó a sí mismo un satisfecit muy oportuno. “Esta iniciativa permite, por primera vez, disponer de una visión consolidada de la situación”, con “resultados que demuestran la utilidad de una gestión nacional rigurosa”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia. Aunque algunos magistrados habían puesto en duda la utilidad o la viabilidad de realizar dicho inventario en cinco semanas, el ministro de Justicia se alegra al “demostrar que se equivocaban”.

De entre todas las estadísticas facilitadas por las diferentes jurisdicciones, el ministro querría que el público en general recordara sobre todo esta cifra: desde el 8 de junio, se han abierto 1.350 investigaciones judiciales (es decir, se ha recurrido a un juez de instrucción) por delitos sexuales contra menores, “lo que supone un aumento del +309 %” con respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha conllevado un aumento vertiginoso de las prisiones preventivas: han sido encarceladas 675 personas, “lo que supone un aumento del 173 %”, afirma el ministro de Justicia. En otras palabras: la lucha contra los delitos sexuales contra menores estaría experimentando una aceleración excepcional que habría que atribuirle a él.

En realidad, aunque esta “revisión de los procedimientos” es sin duda algo sin precedentes y devuelve la esperanza a miles de víctimas que ven cómo se desbloquean investigaciones preliminares que llevaban años estancadas, confirma sobre todo el carácter sistémico de las deficiencias de la justicia, así como la magnitud del trabajo que queda por realizar, sin los medios adecuados. Lejos de exculpar a Gérald Darmanin, más bien pone de relieve su responsabilidad política, así como la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de quien dependen los servicios de policía y gendarmería encargados de las investigaciones.

“No sé cómo vamos a poder salir de esto, es un pozo sin fondo”, confiesa una fiscal. “Este ‘minucioso’ reexamen de los procedimientos es una broma”, dice un agente de una brigada especializada, que habla de una “falta de respeto organizada”. Lo que sigue es un análisis de una “operación verdad” cuyas conclusiones son, en realidad, alarmantes y cuyos efectos secundarios resultan preocupantes.

A principios de junio, cuando Gérald Darmanin convocó a los 36 fiscales generales de Francia (superiores de los fiscales de los tribunales de apelación), cuatro días después del hallazgo del cadáver de Lyhanna, les advirtió: ni se les ocurra irse de vacaciones antes de haber revisado las “70.000” investigaciones preliminares abiertas a raíz de denuncias por abusos sexuales a menores. Esta cifra es, pues, una estimación, ya que el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos.

En sí misma, esta falta de estadísticas —herramienta indispensable para una política pública transparente— constituye un primer escándalo. Pero ahora surge un segundo: en realidad hay 85.047 procedimientos en curso en todo el territorio, es decir, un 21 % más de lo anunciado. “Se han descubierto 15.000 denuncias, si se me permite decirlo”, reconoció Gérald Darmanin el miércoles ante la Asamblea Nacional.

La explicación resulta impactante: muchos de los procedimientos se abrieron en comisarías y gendarmerías sin haber sido registrados nunca en fiscalía. Aunque se supone que los funcionarios que recogen las denuncias deben informar a los servicios de la fiscalía y recabar instrucciones sobre las investigaciones que deben llevarse a cabo, algunos expedientes acaban acumulando polvo sin que ningún magistrado intervenga. “Entre las cifras iniciales y las reales, tengo un aumento del 70 %”, declara, por ejemplo, un fiscal general a Mediapart.

“Una investigación puede quedarse estancada en una comisaría sin registrarse en Cassiopée [el programa informático de los magistrados —ndr], ya sea porque es compleja, porque el investigador está ausente o porque es un holgazán”, comenta. En cualquier caso, se ha constatado una dificultad de trazabilidad que ahora hay que resolver.”

Además del “impacto digital” prometido por Darmanin, este alto magistrado señala que “el primer ministro anunció [tras el caso Lyhanna] que la ley establecería un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo ‘las diligencias de investigación esenciales’ en estos casos. Pero, a día de hoy, las fiscalías ni siquiera disponen de un programa informático de seguimiento de expedientes que les avise cuando se supere un plazo determinado”.

De los 85.000 casos registrados, han sido “revisados” 69.626, según el Ministerio, es decir, que los equipos de los fiscales han evaluado el tratamiento dado al expediente y lo han ajustado si era necesario (solicitando declaraciones o peritajes, recurriendo a un juez de instrucción, etc.). En otras palabras: en cinco semanas, no se ha podido examinar en profundidad el 12 % de los expedientes.

Al principio, “además, había cierta ambigüedad en la solicitud del ministro: ¿había que censar o tramitar los expedientes?”, se pregunta aún una fiscal. En cualquier caso, en su ámbito de competencia, no lo oculta: “Por falta de tiempo solo hemos conseguido tramitar 400 expedientes de los aproximadamente mil censados”.

Entre las sorpresas desagradables destaca estas: “La comisaría encontró veinte procedimientos urgentes que no avanzaban”. Y en el Palacio de Justicia, “un caso bastante grave para el que se había solicitado el traslado a otro tribunal llevaba varios meses bloqueado en la oficina de registro penal”, un servicio administrativo encargado del registro de los procedimientos.

A nivel nacional, se definieron así 970 expedientes como “prioritarios”, cuando los autores estaban identificados, tenían antecedentes penales y las víctimas eran siempre menores de edad.

Aunque algunos tribunales de apelación registran tasas de “revisión” del 100 % de los procedimientos censados, como los de Colmar, Douai, Nîmes o incluso Rennes, otras tienen dificultades, como es el caso de Cayenne (12,3 %), Orléans (51 %), Dijon (57,8 %) o incluso París (63,3 %).

Delitos sexuales contra menores: de los 85.047 casos pendientes a nivel nacional, se han revisado 69.616 procedimientos, lo que supone un 82 %

Datos por tribunal de apelación. Pasa el cursor por los puntos para obtener más información.

Porcentaje de procedimientos revisados

Número de casos pendientes

Mapa: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creado con Datawrapper

Infografía de Mediapart

Pero este inventario parcial ya pone de manifiesto un dato no muy loable: solo el 50 % de las investigaciones preliminares tienen una antigüedad inferior a doce meses, mientras que el 20 % alcanza al menos los dos años de antigüedad, sin que se haya tomado ninguna decisión sobre su tramitación (archivo, juicio, remisión a un juez de instrucción…).

Por el momento, en cualquier caso, resulta imposible predecir si la presión ejercida por el ministro dará lugar a una disminución de la tasa de archivos, o todo lo contrario.

Mientras tanto, las brigadas de menores y otros servicios especializados, que ya suelen estar desbordados, han recibido refuerzos a partir del 8 de junio para hacer frente a la situación, pero estos no siempre son los adecuados. “Cundió el pánico”, señala un fiscal general. “Han puesto a trabajar a gente de la brigada financiera. Bueno, imagino que no les han asignado los casos más complicados…”

“Para aliviar la carga de la brigada de menores, los casos de poca importancia se han encomendado a las comisarías [que cuentan con pocos funcionarios y que, por lo general, se limitan a tomar denuncias —ndr], señala una fiscal, “como los de agresiones sexuales entre menores. Pero ya están desbordados… “

En declaraciones a Mediapart, un oficial de policía judicial (OPJ), con veinte años de experiencia en investigaciones a sus espaldas, lamenta el caos que viene observando desde hace varias semanas. En la ciudad de tamaño medio que conoce bien, “se han repartido un centenar de expedientes” entre compañeros de servicios tan variados como “la brigada financiera, la brigada antidroga, la brigada de delitos contra la propiedad, el grupo de delitos graves y la brigada de policía administrativa”.

“A todos se les han asignado expedientes ‘delicados’ que deben tratar con prioridad”, subraya. “Pero es que no tienen ningún conocimiento de las particularidades de la materia. ¿Cómo va a abordar un especialista en montajes financieros o un experto en la normativa de los establecimientos de bebidas a una niña de 8 años durante un interrogatorio o cómo va a interpretar las investigaciones forenses?”

“El objetivo es dar salida a los casos acumulados. Poder decir a los magistrados que todo está bajo control. Tranquilizar a la opinión pública. Los sindicatos policiales hacen la vista gorda. Pero ¿qué hay del interés por las víctimas? ¿De la calidad del procedimiento iniciado? ¿Cuántos autores se escabullirán por las rendijas debido a que un investigador no haya sabido detectar al depredador que tenía delante?”, dice indignado el policía.

De aquí a finales de julio, Gérald Darmanin ha previsto mantener encuentros individuales con los 36 jefes de las fiscalías generales, con el fin de “identificar las dificultades locales, definir las prioridades operativas y poner en marcha los medios necesarios para acelerar de forma sostenible la tramitación de esos procedimientos”.

“Habrá que tramitar todos esos procedimientos al tiempo que se gestionan los casos que vayan llegando”, dice uno de ellos. “Pero tenemos un gran problema con el volumen de casos acumulados por parte de la policía. Habría que crear brigadas de menores con una dotación de personal adecuada. Tal y como están las cosas, ¿se están cumpliendo nuestras instrucciones? ¿Se pueden absorber los casos que llegan? Tengo mis dudas.”

Delitos sexuales contra menores: la justicia tiene 124 casos pendientes por cada 100.000 habitantes, con grandes disparidades territoriales

Tabla: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creada con Datawrapper

Infografía de Mediapart

“Una vez reanudados los procedimientos en las comisarías, hay que escuchar a las víctimas y a los testigos, y realizar los peritajes”, añade la fiscal ya citada. “¡Eso lleva meses, no se traduce en una detención preventiva al día siguiente! Desbloquear un smartphone de alta gama puede llevar un año. Y no podemos recurrir a un laboratorio privado porque se nos pide que no gastemos dinero”.

“No podremos hacerlo todo”, explica un fiscal general. “Lo siento, pero creo que los litigios económicos y financieros tendrán que esperar; los casos de estafa se juzgarán más lentamente. También habrá que reflexionar sobre los litigios de tráfico. Pero si mañana un conductor ebrio mata a tres jóvenes, habrá una circular y eso también se convertirá en prioritario…”

Uno de sus colegas ya se muestra irritado por la reunión que le espera con el ministro. “Sobre todo porque inicialmente estaba prevista para durar una hora y media, y ahora nos hablan de treinta minutos”, señala este alto magistrado. “¡Esto es como un haiku!”. Además de la falta de personal (tanto en la justicia como en la policía y la gendarmería), además de la necesidad de expertos (sobre todo psiquiatras), además de la falta de formación de los investigadores, él podría, por su parte, plantear un “tema propio de la policía”: “una falta de supervisión por parte de la jerarquía intermedia”. “Pero me imagino que los dos ministros volverán a hablar del tema mientras se toman un pastis…”, comenta con ironía.

Traducción de Miguel López

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que se establece como una circunstancia agravante por razón de género, y prevé la suspensión de forma automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme.

Tras una primera versión aprobada en septiembre de 2025 y meses de negociaciones entre Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, los tres ministerios implicados en la elaboración de la ley, el nuevo borrador aprobado incluye la reforma de diez normas para incorporar medidas específicas frente a este tipo de violencia, entre ellas la obligación de escuchar a los menores antes de decidir sobre su guarda y custodia.

La ley, impulsada por Igualdad, define jurídicamente la violencia que, con objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerce por parejas o exparejas contra hijos e hijas u otras personas con un vínculo afectivo, e incluye a la violencia vicaria en el Código Penal como una circunstancia agravante por razón de género para aplicar una pena superior.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley, pionera a nivel europeo, viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares ante un tipo de violencia que es "de género" y que busca "causar dolor o sufrimiento a la mujer" a través de sus hijos o personas allegadas.

La ley orgánica, aprobada en segunda vuelta para su remisión al Congreso, sufrió un retraso debido a las reticencias de Juventud e Infancia y de asociaciones feministas y de víctimas con el proyecto inicial.

El ministerio que dirige Sira Rego decidió desmarcarse ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas, entre ellas, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes.

El nuevo borrador prevé ahora la modificación del Código Civil para la privación automática de la patria potestad en caso de sentencia condenatoria firme por determinados delitos graves contra los hijos o contra la mujer, e incluso si existen indicios fundados de violencia, y solo se podría recuperar si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales.

También introduce límites al ejercicio de la guarda y custodia cuando pueda resultar perjudicial para la salud física, psíquica o emocional de los hijos o hijas, a quienes será obligatorio escuchar a los menores de edad con el auxilio de especialistas cuando sea necesario.

"Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre", ha sostenido Redondo, que ha defendido la necesidad de "dar congruencia" y una respuesta "armonizada" en las jurisdicciones de civil y penal, para evitar situaciones que generan "mucho dolor" a las víctimas por tener que seguir manteniendo una constante relación con el agresor.

Por ello, también se producen limitaciones en la guarda, custodia y régimen de visitas, que se suspenden incluso cuando hay un procedimiento por violencia vicaria o violencia de género, y se exige a los jueces la escucha obligatoria a los hijos e hijas menores. Solo cuando sea inviable, se hará a través de sus representantes legales, cuando no haya conflicto de intereses.

Tras someterse a varios informes técnicos y jurídicos, entre ellos dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Redondo ha explicado que se han introducido otros cambios en el nuevo texto normativo como el agravante de género, en lugar de establecer un tipo delictivo concreto para evitar circunstancias como que la pena por violencia vicaria pudiera recaer sobre las mujeres.

"La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas", ha incidido.

Además, el texto incluye la posibilidad de que madres víctimas de violencia vicaria puedan sustituir los apellidos del hijo fallecido y evita situaciones como que un maltratador pueda llegar a cobrar pensiones derivadas de la situación de la víctima.

Redondo ha confiado en que la ley de violencia vicaria, contemplada dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, aglutine el mismo consenso en su tramitación parlamentaria que esas medidas acordadas y pueda aprobarse esta legislatura. 

Un bebé de apenas tres meses. Una intervención rápida y directa de los servicios sociales al apreciar una situación de “desamparo” y “gravedad”. Unos abuelos que han plantado cara a la Administración para recuperar a su nieto. Y un periplo judicial que evidencia las grietas y las consecuencias del sistema de protección de menores. Tres años después, una sentencia les da la razón. El niño ya puede volver con ellos. Por el camino quedan informes muy duros y situaciones dolorosas. Ahora surge un nuevo reto: cómo afrontar el regreso de un menor que ya había creado vínculos con una familia de acogida ajena a su entorno biológico.

El bebé nació a finales de marzo de 2023. Dos meses después ya existía un expediente oficial sobre las circunstancias en las que vivía. Apenas dos semanas después de ese primer documento, se dictó una resolución que lo declaraba en “situación de desamparo”.

El proceso partió a raíz de los informes realizados por una trabajadora social del pueblo donde reside la familia, en la provincia de Badajoz. En ellos se hacía hincapié en “la mala relación entre los progenitores”, citando, por ejemplo, un incidente entre ambos que terminó con “la intervención de los servicios sociales y la Guardia Civil”. También se ponía el foco en “la falta de comprensión de ambos padres sobre la necesaria asistencia al menor” y en “la absoluta insuficiencia de apoyos de la familia extensa”.

En las resoluciones que dieron la razón a la Junta de Extremadura, responsable de la cartera de Servicios Sociales, Infancia y Familia en la comunidad autónoma, la intervención se justifica, entre otras causas, por la discapacidad intelectual del 65% reconocida a la madre. También se señalaba que la vivienda donde residían no estaba en condiciones adecuadas, al presentar “falta de ventilación”.

Estos son los principales argumentos recogidos en los documentos oficiales que avalaron la retirada del menor a sus progenitores; estos expedientes consideraron igualmente que los abuelos maternos, que solicitaron hacerse cargo del niño, tampoco estaban capacitados para ello.

“Hace falta una valoración muy exhaustiva para que te quiten a un bebé. Tiene que existir un seguimiento continuado. Y en este caso no ha sido así”, explica a infoLibre Estrella Santiago, la abogada pacense que ha llevado el caso desde el principio. También sostiene que los informes presentados por la trabajadora social “no se ajustan a la verdad, ya que se exageran los hechos”.

Santiago interpuso primero un recursos en nombre de los progenitores, aunque sin éxito; después hizo lo mismo en representación de los abuelos maternos, y en este caso sí ha habido sentencia a favor.

Es en este punto donde ha centrado su batalla judicial, al considerar que se ha vulnerado la Ley del Menor, que establece que la prioridad debe ser que el niño permanezca en su entorno familiar con el apoyo de los servicios sociales. Salvo excepciones.

En uno de los procesos judiciales, la abuela declaró que “solamente una vez fue la asistencia social de su pueblo a valorar su situación, que su capacidad económica era favorable, siendo trabajadora a media jornada, teniendo una vivienda en propiedad, y que su marido, pensionista, ganaba sobre 1.033 euros mensuales, y ella unos 753 euros”. Explicó además que tenía otro hijo cumpliendo condena y que este “se iría a vivir con ella cuando saliera de prisión”.

En la primera demanda presentada por los abuelos, hace algo más de un año, la jueza falló de nuevo a favor de la Junta de Extremadura. Entre los argumentos expuestos figuraban “el tiempo que pasaba la abuela fuera de casa trabajando” y su actitud negacionista sobre la situación de desamparo que había vivido su nieto.

La resolución también hacía referencia a la situación del otro hijo del matrimonio que iba a residir en el mismo domicilio tras cumplir condena por delitos de violencia de género cometidos entre 2014 y 2018. Asimismo, mencionaba su adicción al cannabis.

La sentencia recogía igualmente que la abuela había cursado una Formación Profesional en geriatría y que durante los cinco años anteriores había trabajado como auxiliar sociosanitaria.

Durante su declaración aseguró que contaba con “una red familiar amplia en la que se llevaban todos bien”. También afirmó que su hijo estaba rehabilitado y explicó que su hija se había separado del padre del menor y residía con otra pareja en una localidad distinta, aunque mantenían un contacto frecuente mediante videollamadas.

Pese a ello, la jueza concluyó que “de su declaración no se extraen conclusiones que permitan considerar que el menor no se encontraría en el mismo entorno y contexto del que derivó su situación de desamparo”.

La resolución aplicaba un criterio similar al abuelo, al que describía como una persona de “escaso nivel cultural” y con “inteligencia límite”. La familia recurrió entonces ante la Audiencia Provincial de Badajoz, donde finalmente ha conseguido un giro en el caso.

El nuevo dictamen, conocido hace apenas unos días, considera que “no se ha respetado el principio de preferencia de acogimiento familiar”, que no se valoraron suficientemente “las posibilidades de los abuelos del menor” y que se dio un peso excesivo a “la situación penal del tío”. Sobre este último, la resolución destaca que durante el cumplimiento de la condena mantuvo una “conducta correcta y que se sometió a tratamiento terapéutico para superar su adicción” y no presenta antecedentes policiales recientes.

La sentencia vuelve a citar el informe del Equipo de Acogimiento Familiar de Badajoz, que concluía que ambos abuelos “carecen de suficientes capacidades para poner en marcha un modelo de crianza que aporte atención personal y educativa para su nieto” y que necesitarían unos apoyos “tan importantes que serían inasumibles para la Administración”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial contrapone ese informe con otro elaborado por los servicios sociales del municipio, en el que se afirma que la vivienda de los abuelos reúne “condiciones de habitabilidad adecuadas, que está limpia y ordenada, y que la abuela trabaja como cuidadora en una de las residencias de mayores de la localidad y que tiene buenas relaciones con su familia extensa”. También cita un informe de la Policía Local que describe una “conducta normal y cordial con el resto de los vecinos” y señala que no constan antecedentes.

La resolución añade: “No alcanzamos a entender por qué motivo una persona que trabaja en el ámbito del cuidado de ancianos no está sin embargo capacitada para cuidar a su nieto, especialmente cuando se trata de una abuela joven, de 55 años. Todo parece indicar que se trata de una familia que se encuentra en unos parámetros de normalidad social y que se relaciona con otros matrimonios de su edad, y, aunque hayan podido tener problemas en la crianza de sus hijos, sobre todo en la adolescencia, no tienen por qué reproducirse. No debemos olvidar que estamos valorando su idoneidad para un acogimiento en principio temporal”. La tutela, en cualquier caso, seguiría correspondiendo a la Administración regional.

La Audiencia también destaca que, durante las visitas mensuales en el Punto de Encuentro Familiar, “la tónica general ha sido la normalidad”, y que los abuelos siempre mostraron afecto hacia el menor.

La sentencia concluye que “las hipotéticas carencias de los abuelos pueden ser suplidas por los servicios sociales de la Junta, con los que deben tener una actitud colaborativa. Permanecer en el ámbito de su familia de origen le va a resultar al menor, sin duda, muy beneficioso”.

“Y ahora viene un momento complicado. Porque ese niño ya ha establecido lazos con una familia ajena con la que el acogimiento ha pasado a ser permanente, puesto que han pasado más de tres años. Ahora hay que arrancarlo de los brazos de esa familia. Aquí mi recomendación siempre es que el proceso se haga poco a poco, que no sea una medida radical, porque siempre tiene que primar el interés y el bienestar del menor”, explica la abogada.

El objetivo del sistema de protección es que los niños, sobre todo los menores de tres años, no residan en alguno de los centros de acogida que existen en la región. Por eso se potencia el concepto de familia de acogida, que puede ser extensa, cuando hay lazos de sangre, o ajena, cuando no existe ningún vínculo previo. La Junta de Extremadura lleva a cabo campañas para explicar qué significa esta segunda figura y por qué es fundamental. Quienes forman parte del programa saben que nada tiene que ver con la adopción, que ellos son responsables de los cuidados, pero la tutela la mantiene la Administración regional. Las situaciones son muy diversas y sí hay casos en los que esa acogida temporal termina en permanente y a veces en adopción, pero es un proceso largo y complicado. Los niños proceden de contextos complejos y cada proceso evoluciona de manera diferente.

Al hilo de esta cuestión, Santiago también recuerda que presentó una queja ante del Punto de Encuentro Familiar, donde los abuelos podían pasar una hora al mes con su nieto, porque en algunas ocasiones la familia de acogida no acudió a las visitas.

La letrada, que ahora prepara una demanda contra la Junta por daños morales, insiste en que es fundamental cumplir la ley: “La primera opción es que el menor se quede con alguien de la familia y que, si es necesario, reciba el apoyo de los servicios sociales. No puede existir arbitrariedad en asuntos tan sensibles. Lo que siempre debe prevalecer es el interés del menor. En este caso no ha sido así. Y ahora toca afrontar las consecuencias”.

Casi tres años antes del asesinato de Lyhanna, el problema estructural de la violencia sexual contra menores había sido evaluada y analizada minuciosamente, y se habían presentado al Ejecutivo, a petición propia, soluciones para combatirla y prevenirla. ¿Qué han hecho al respecto Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos? No mucho, a pesar de los repetidos llamamientos de expertos y activistas, según revela la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) en un informe entregado el lunes 15 de junio a los ministros de Justicia y Sanidad, al que Mediapart ha tenido acceso.

La creación de esta institución en enero de 2021, anunciada con gran pompa por el jefe del Estado tras la conmoción provocada por la publicación del libro La familia grande (editorial Seuil), de Camille Kouchner, y por el movimiento #MeTooInceste que surgió a raíz de aquello, había despertado una enorme esperanza. Una esperanza que se desvaneció con la destitución del magistrado Édouard Durand, que copresidía la comisión, seguida de las dimisiones en cadena de los expertos que la integraban.

Esperanza que se desvaneció, también, debido a la escasa atención que se prestó después de su extenso informe, entregado antes de su salida. Aquel texto de 756 páginas, presentado en noviembre de 2023, permitió estimar el número de víctimas —160.000 menores al año, es decir, 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos durante la infancia— y el coste de esta violencia para la sociedad —9.700 millones de euros de gasto público anual—. Sobre todo, proponía 82 medidas para combatir y prevenir esta violencia masiva y sistémica que exigía un fuerte compromiso político.

Dos años y medio después, la "Ciivise 2" vuelve a reclamar, en este nuevo balance provisional, "pasar a la velocidad superior".

El documento, que analiza el avance de las 82 recomendaciones del informe inicial, revela en primer lugar que, a día de hoy, solo están "totalmente operativas" tres de las 17 medidas identificadas como prioritarias en febrero de 2025, es decir, menos del 18%.

La tasa global de medidas plenamente efectivas "sigue siendo insatisfactoria: un 28%, es decir, solo 23 recomendaciones realmente aplicadas en más de dos años", señala también el informe. "De las 82 recomendaciones formuladas por la comisión, 62 medidas —es decir, el 75%— son actualmente objeto de una aplicación efectiva o de una puesta en marcha", aunque en grados muy diversos, añade la Ciivise.

La comisión aboga por "un cambio sistémico profundo" y "pide al Gobierno que acelere el proceso mediante medidas de alcance nacional y medios adecuados, antes de que finalice el mandato presidencial". También reclama "una decisión rápida sobre las medidas legislativas aún en debate para convertir los proyectos y las promesas en realidades duraderas y beneficiosas para las víctimas".

En concreto, es sobre todo el ámbito judicial el que falla, una institución en el centro del fiasco que condujo al asesinato de la pequeña Lyhanna, de 11 años, en el departamento de Gers.

La comisión señala "una brecha persistente entre los retos de la protección de la infancia y la respuesta judicial" y afirma que sigue "indignada por la respuesta penal en los casos de violencia sexual contra menores que llegan a los tribunales: solo el 3% de los agresores son condenados —el 1% en los casos de incesto— y más de seis de cada diez denuncias se archivan sin más trámite".

"Esta enorme distancia entre la magnitud de la violencia y la debilidad de la respuesta penal, e incluso civil, es intolerable y pone de manifiesto un mal funcionamiento sistémico de nuestro aparato judicial", escriben los miembros de la comisión en su informe.

En conjunto, el eje dedicado al tratamiento judicial presenta un "retraso notable": el 34% de las recomendaciones, es decir, 14 de 41, siguen pendientes de decisión política o no se han aplicado.

La Ciivise lamenta, por otra parte, que el número de investigadores especializados siga siendo "claramente insuficiente", aunque "aumente" el uso de un nuevo protocolo para interrogar a los menores víctimas.

La comisión identifica "puntos de bloqueo" en medidas cruciales. En particular, denuncia "la protección insuficiente de los menores víctimas, que siguen expuestos a su agresor". A su vez, los progenitores —en su mayoría madres— que intentan protegerlos pueden verse perseguidos por no entregar o presentar al menor, a pesar de que se ha reforzado el marco jurídico.

La comisión subraya que el incesto sigue sin reconocerse como un delito específico y pide, una vez más, que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, una medida a la que el ministro Gérald Darmanin se ha mostrado favorable.

"Ocho recomendaciones clave, entre ellas la inmunidad disciplinaria para los profesionales que denuncien, siguen a la espera de una decisión clara del Gobierno", añade.

"Es urgente que el Gobierno aplique las 41 medidas relativas al tratamiento judicial, así como las nueve relativas a la reparación, incluida la atención a las víctimas, e incorpore de manera más global la prevención y la lucha contra la violencia sexual contra menores y el incesto en una verdadera política pública al servicio del interés superior del niño, que debe volver a ser el principio rector de la acción gubernamental", insiste la comisión.

Los expertos lamentan así que "aún no esté garantizada" la atención integral de las víctimas "mediante itinerarios especializados cubiertos por la solidaridad nacional".

La Ciivise celebra, no obstante, algunos avances "significativos" en la detección y la prevención, como el refuerzo de los recursos de salud escolar o el aumento de los controles en los centros que acogen a menores. En materia de sensibilización, la comisión destaca la "difusión" de herramientas como el kit de formación Lilia en el ámbito deportivo y la comunicación en torno al número 119, que, sin embargo, también acusa la falta de recursos.

Traducción de Miguel López

Ibai Llanos, El Rubius o Auronplay tienen desde esta semana una obligación que hasta ahora solo concernía a Antena 3, Telecinco o Netflix: clasificar sus contenidos por edades e indicar si incluyen violencia, lenguaje soez, escenas sexuales o referencias a apuestas. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso de firma del acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa que extiende al mundo de los creadores de contenido digital el mismo régimen de protección de menores que rige desde hace décadas para la televisión convencional.

El acuerdo, rubricado el pasado jueves junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector —entre ellos RTVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+, Forta, Autocontrol y varias organizaciones de consumidores—, ha tardado en cerrarse más de dos años y, de momento, no se conocen todos los detalles. 

Fuentes de la CNMC consultadas por infoLibre indican que previsiblemente la semana próxima se publicará el texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado, momento en que se conocerán las categorías de edad homologadas y el catálogo definitivo de descriptores visuales que deberán acompañar a cada contenido.

La extensión de esta normativa a los creadores de contenido digital es posible gracias a la figura jurídica de los usuarios de especial relevancia (UER), acuñada por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 y desarrollada reglamentariamente en 2024. La ley los considera, a efectos de protección de menores y comunicaciones comerciales, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con obligaciones equiparables a las de un canal de televisión.

Para ser considerado UER, un creador debe cumplir dos requisitos simultáneamente. El primero es económico: haber obtenido durante el año natural anterior ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de intercambio de vídeo. Bajo ese paraguas entran los ingresos por publicidad insertada en sus vídeos, los pagos directos de las plataformas, las cuotas de suscriptores, las ayudas públicas vinculadas a su actividad y cualquier otro ingreso derivado de ella. 

El segundo requisito es de alcance: haber superado en algún momento del año el millón de seguidores en una sola plataforma, o los dos millones sumando todas las plataformas en las que opere. Además, debe haber publicado al menos 24 vídeos en ese mismo año, con independencia de su duración.

La norma excluye expresamente a quienes no superen esos umbrales. El chaval que sube vídeos para sus amigos o el creador con decenas de miles de seguidores quedan fuera. La regulación apunta a los grandes, a quienes compiten por la misma audiencia —y la misma inversión publicitaria— que la televisión convencional.

La regulación audiovisual española contemplaba ya, para las plataformas bajo demanda, mecanismos de protección de menores distintos a los de la televisión lineal. Las restricciones horarias —que en televisión abierta prohíben contenidos para adultos antes de las 22:00 horas— no tienen sentido en servicios donde el usuario elige cuándo reproduce cada vídeo. 

La ley obliga a esas plataformas a sustituir las franjas horarias por controles técnicos: PIN parental para bloquear contenidos, perfiles infantiles que filtran automáticamente el catálogo y calificación de edad visible antes de reproducir cada vídeo.

El problema es que hasta ahora cada empresa usaba sus propios baremos. Una misma película podía estar clasificada como apta para mayores de 12 años en la televisión en abierto, de 16 en Netflix y de 14 en Prime Video, según los criterios internos de cada operador. El control parental que una familia configuraba en el televisor del salón no se trasladaba con coherencia a las aplicaciones del móvil o la tableta.

El nuevo acuerdo unifica ese sistema. El criterio de edad y los iconos descriptivos que aparezcan en una plataforma serán los mismos que en cualquier otra, y también los mismos que deberán usar los UER en sus canales de YouTube, Twitch o TikTok. Hasta ahora esos canales quedaban fuera de cualquier marco: un menor que no encontrara contenido adecuado en la televisión podía acceder sin filtro alguno a cualquier streamer.

El texto definitivo del acuerdo, pendiente de publicación, fijará las categorías de edad exactas y los descriptores visuales concretos. Con arreglo a los estándares europeos en los que se basa el sistema —similares a los del sistema europeo de clasificación por edades de los videojuegos—, los descriptores previstos se agruparán muy probablemente en áreas como violencia, sexualidad y desnudez, lenguaje soez y discriminación, consumo de sustancias y apuestas, y contenidos de impacto psicológico, entre los que se incluyen los retos o challenges peligrosos y los contenidos que puedan incitar a trastornos de conducta alimentaria o autolesiones.

Para los UER, el descriptor de lenguaje soez tiene una relevancia particular: es uno de los rasgos más habituales del entretenimiento en plataformas de streaming en directo, donde la espontaneidad del formato dificulta cualquier filtro previo.

El mecanismo de cumplimiento es inmediato. Según la información facilitada por el regulador, los prestadores de servicios audiovisuales de ámbito estatal —incluidos los UER— están obligados a adherirse a un sistema de regulación como el establecido en el acuerdo. La CNMC podrá iniciar actuaciones sancionadoras desde el día siguiente a la firma. No hay periodo de adaptación para quienes ya debían estar cumpliendo la ley: la firma activa directamente la capacidad sancionadora del regulador.

El modelo elegido es la corregulación, no la regulación unilateral. Reguladores, empresas del sector y organizaciones de la sociedad civil comparten la responsabilidad de aplicarlo. Una vez en vigor, cualquier ciudadano podrá presentar reclamaciones ante la CNMC si considera que un prestador ha clasificado mal la edad de un contenido o ha omitido algún descriptor.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández —que a partir de la semana que viene estará en funciones, al cumplir seis años en el cargo—, subrayó en el acto de firma que el sector audiovisual debe contar con marcos regulatorios adaptados a su evolución real. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, apeló a la idea de que innovación y protección no son términos incompatibles.

La incorporación de las comunidades autónomas al acuerdo será progresiva. En la firma inicial participaron el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra. El resto podrán adherirse en fases posteriores, lo que permitirá que las televisiones autonómicas y locales bajo su supervisión se incorporen gradualmente al sistema.

Durante el primer año, los órganos de gobernanza del acuerdo estarán integrados por los firmantes iniciales. A partir del segundo año funcionarán con renovación rotatoria, abierta a todos los adheridos.

Lo que queda pendiente es lo más concreto: las franjas de edad exactas, el diseño gráfico de los iconos y el catálogo definitivo de descriptores. Eso lo fijará el BOE, previsiblemente la semana próxima. 

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron aislados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, ha informado la Fiscalía del Principado.

La sentencia les condena a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absuelve del delito de detención ilegal del que estaban acusados.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con ellos, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizarles a cada uno de ellos con 30.000 euros.

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados a puerta cerrada el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.

Los niños, dos gemelos que ahora tienen nueve años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron encerrados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.

Durante el juicio, el matrimonio admitió que la situación familiar era anómala, pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.

La defensa sostuvo ante el tribunal que no podía hablarse de detención ilegal sino de un "aislamiento voluntario" por parte de unos padres que habían estado enfermos de coronavirus, y que presentaban un "miedo insuperable" a enfermar de nuevo, por lo que decidió autoconfinarse y educar a sus hijos en la casa.

Además, los abogados de los padres lamentaron que los hechos derivaran en una causa penal, cuando a su juicio la situación se podría haber afrontado desde el ámbito de los servicios sociales.

La Fiscalía, que sí calificó los hechos de detención ilegal, remarcó que los niños estuvieron privados de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales durante casi tres años y medio en los que no tuvieron comunicación alguna con el mundo exterior, ya que ni siquiera salían al jardín.

La situación en la que se encontraban los niños se conoció el 28 de abril del pasado año a raíz de la llamada de una vecina y desde entonces se hallan bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, mientras que los padres se encuentran en prisión preventiva y no han vuelto a ver a sus hijos, aunque sí mantienen contacto telefónico con ellos.

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

6.467 niños llamaron el año pasado angustiados, pidiendo ayuda porque no querían seguir viviendo. Niños o adolescentes que tenían ya todo preparado, sabían cómo iban a hacerlo y estaban en una situación límite. Pero algo, en esos últimos instantes, les hizo marcar un número, el de ANAR, para pedir ayuda o para ser escuchados.

La cifra es terrible: detrás de ese número hay vidas, historias de niños o adolescentes que tienen toda la vida por delante pero que se sienten perdidos, sin horizonte, angustiados por un abuso, por un acoso escolar, por no sentirse protegidos o admitidos en un entorno.

La conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido por las Líneas de Ayuda ANAR. Cuentan que de esos 6.467, 1.405 ya habían iniciado el intento de suicidio. Es ahí cuando los psicólogos activan todos los protocolos, con avisos a emergencias para que acudan a ese lugar, a ese domicilio o a donde estén, para evitarlo, mientras esa persona intenta mantenerlo al teléfono, hablando con él o con ella, escuchándole y buscando tiempo, un tiempo valiosísimo.

No somos conscientes de todo lo que eso supone y hoy quiero ponerlo en valor aquí. Profesionales que cada día escuchan historias terribles y que brindan su ayuda, de la mejor forma posible, salvando vidas.

Ellos, los trabajadores de ANAR, piden ayuda. Porque esos 6.467 niños o adolescentes sufrían algún tipo de violencia. Y eso sólo se soluciona trabajando no sólo con ellos, sino con el entorno. Con sus familias, con los centros escolares, con los amigos…

Pero nos hemos quedado con la punta del iceberg. Esa cifra representa los casos más graves que atendieron sólo el año pasado. La fundación ANAR recibió casi 20 mil llamadas. 20 mil llamadas de niños o adolescentes que no tenían con quién desahogarse, que habían sufrido algún tipo de violencia, que tenían ansiedad, que estaban tristes…

Hay muchos motivos detrás de ese aumento, detrás de esas llamadas. Y seguramente, en cada historia, los matices son fundamentales. Pero hay patrones que se repiten, que empiezan a suponer un repunte en este tipo de conductas y que tienen mucho que ver con las redes sociales. Se han convertido en un espejo en el que es imposible reconocerse. Hay vidas perfectas, viajes perfectos, cuerpos perfectos que son irreales e inalcanzables. Que generan frustración y muchísima ansiedad. Necesidad de ser algo que jamás será posible. Y que sería, incluso, perjudicial. Necesitamos gente diferente, cuerpos diferentes, vidas diferentes porque, en la diversidad, podremos crecer, aceptarnos. Y esto sí que tiene una fácil solución. Sabemos cuál es.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor, informa EFE.

Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito, que, según la denuncia presentada por el exresponsable de la escuela taurina local, se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram. 

El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.