La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

El caso Montoro se queda, por el momento, en suelo catalán. El magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, desestima la declinatoria de competencia promovida por varias de las defensas y rechaza enviar la causa a Madrid. En una resolución a la que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sostiene que parte de los hechos objeto de investigación se han producido en la provincia catalana. "En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones", sostiene el juez, que niega tener un "especial interés" en la investigación, que afecta, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios ex altos cargos de dicha cartera.

Las defensas de los investigados llevan meses ralentizando con un maremoto de escritos y recursos la causa, centrada en una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo. Entre otras cuestiones, varias de las defensas alegaban una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanzaba uno de los escritos.

El instructor, sin embargo, rechaza deshacerse del caso. En un auto fechado el pasado 16 de abril, el magistrado sostiene que es en la ciudad catalana "donde aparecen los primeros indicios de delito". "El hallazgo casual, origen de la presente causa, lo encontramos en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona", completa. Dichos emails fueron obtenidos en la cuenta corporativa del director técnico, Rubén Folgado, y se dirigían, entre otros, al director general, Karl Hauck, ambos con puesto de trabajo ubicado en esa misma ciudad.

De la lectura de los mismos "se desprende" que varias empresas del sector gasista "pretenden obtener una rebaja impositiva" a través de la modificación de la Ley de Impuestos Especiales. Y que, no habiendo obtenido la rebaja deseada, deciden "contratar a una nueva empresa", Equipo Económico, con "acceso directo" al Ministerio de Hacienda. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", recoge uno de los emails.

Tras el éxito de "esa primera relación" entre las gasistas y el despacho, se produjo un "segundo encargo" encaminado a una "modificación legislativa" en el Impuesto de Actividades Económicas, mostrándose de nuevo el director técnico y el general de Messer "proactivos" en la contratación de Equipo Económico. "Por tanto, desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM –la patronal–, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago", apunta el instructor.

El juez explica que los hechos descritos pueden subsumirse en un delito de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, delitos que, en el caso de la gasista citada, se cometerían desde la ciudad catalana. "Por último, no debemos olvidar el impacto económico que tanto la reforma del IE como la reforma del IAE produjeron en las arcas de Tarragona y de las localidades, también de este partido judicial, en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas", sentencia auto, en el que se resalta que no se ha actuado "porque se tenga un especial interés en conocer el asunto", sino que se ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables".

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso. 

Alcasec, el hacker investigado junto al ex secretario de Estado Francisco Martínez en el marco de la operación Borraska, seguirá por el momento en prisión. La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rechazó a finales de marzo una nueva petición de libertad de José Luis Huertas alegando que la Policía aún no ha sido capaz de asegurar todas las fuentes de prueba. En un auto, fechado a finales de marzo y al que ha tenido acceso infoLibre, la magistrada resalta que los investigadores, pertenecientes a la Comisaría General de Información, todavía no han logrado acceder a todos los dispositivos intervenidos a Alcasec. Una denegación que la defensa de Huertas ha recurrido, insistiendo en la colaboración de su cliente.

Huertas, un joven de poco más de veinte años, lleva en prisión provisional desde mayo del año pasado. De hecho, es el único de los cuatro detenidos en la operación que casi un año después sigue entre rejas. En los últimos meses, la defensa del hacker ha solicitado hasta en dos ocasiones su puesta en libertad. La primera fue rechazada tanto por la instructora como por la Sala de lo Penal al entender que existía un "elevado" riesgo de fuga atendiendo a la "alta disponibilidad de criptoactivos". Y la segunda, cursada a finales de marzo, ha vuelto a toparse con la negativa de la magistrada que investiga el asunto.

El Ministerio Público, a través de un fiscal diferente al que hasta ahora ha llevado el caso, había interesado que se desestimara la petición de libertad formulada. Y Tardón así lo hace. En su resolución, la instructora considera que aún persisten "en la actualidad" las "razones" por las que apreciaba riesgo de fuga en el auto inicial de prisión. Esto es: la gravedad del horizonte penal al que se enfrenta el joven, la disponibilidad de criptoactivos o los conocimientos informáticos y el acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas de Huertas, con la facilidad que estos recursos podrían proporcionarle para ocultar su paradero.

En su solicitud de puesta en libertad, el abogado del joven también hacía alusión a la supuesta colaboración del investigado facilitando, entre otras cosas, códigos de acceso a los dispositivos móviles. "En el día de ayer José Luis ha prestado su colaboración para el desbloqueo de su teléfono móvil, aunque por el momento, a pesar de los esfuerzos de mi mandante, no se ha podido tener acceso, quedando los dispositivos a falta de dos oportunidades para poder desbloquearlos", señalaba su abogado en el escrito de solicitud de puesta en libertad.

Sobre esta supuesta colaboración, la magistrada hace referencia en su resolución a un auto del pasado 10 de diciembre: "Recientemente se ha informado por la Policía que siguen sin poder acceder al ordenador portátil del investigado porque ha utilizado un sistema de cifrado que siguen sin poder vulnerar. Y lo mismo ocurre con el teléfono móvil, que dispone de un sistema operativo que detecta intrusiones de terceros y destruye su contenido. Por ello, la Policía persiste en su intento de asegurar las pruebas que pueda haber en algún otro repositorio que se halle oculto".

"Se alega ahora que el día de ayer (...) se dieron nuevas claves. Sin embargo, se omite que en esta pretendida colaboración no fue posible en ningún caso el acceso a los dispositivos, aportando como último recurso una referencia o unas claves que ya habían sido aportadas por escrito. Con lo que no solo no existe la menor constancia de que puedan permitir su acceso, sino que existe el evidente riesgo de bloquear de manera definitiva los dispositivos implicados", completa la magistrada.

Una negativa que la defensa del joven ha recurrido en reforma, lo que obligará a pronunciarse de nuevo tanto a la jueza como al Ministerio Público. Según ha podido saber este diario, los abogados de Huertas insisten en que su cliente está colaborando con la investigación. Así, recuerdan, por ejemplo, que el joven volvió a comparecer a petición propia en la Audiencia Nacional a comienzos de febrero, respondiendo a todas las preguntas planteadas por la instructora y reconociendo parte de los hechos.

Una colaboración que, según los argumentos plasmados en su escrito, también se habría producido en relación con los dispositivos electrónicos intervenidos. Sobre la clave aportada para el desbloqueo del ordenador, explican que la misma era buena y que si los agentes no lograban acceder era, simplemente, porque la configuración de los teclados con los que ellos trabajan es distinta a la utilizada por el hacker. No obstante, con el código aportado la Policía ha podido finalmente acceder al dispositivo mediante un ataque por fuerza bruta, sistema que prueba distintas combinaciones hasta que da con la clave.

A lo que aún no se ha podido acceder es, sin embargo, al dispositivo móvil de Huertas. Ninguna de las claves aportadas hasta la fecha por el investigado eran correctas. No obstante, según los argumentos expuestos en el escrito por la defensa no se puede supeditar la libertad de su cliente a que sea capaz de recordar la contraseña.

Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año, a raíz del ciberataque a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y la exfiltración masiva de miles de datos correspondientes a usuarios de líneas de telefonía móviles. Y fueron asumidas por el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. Durante meses, la investigación se fue desarrollando con la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como con la colaboración internacional de las autoridades de Andorra o Suiza, clave para el seguimiento de flujos económicos o la actuación operativa.

A finales de mayo, Borraska estalló. La Policía detuvo a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y uno de los principales acusados por la Kitchen –la operación parapolicial para hacerse en plena Gürtel con documentos comprometedores para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas–. Y junto a él, al hacker José Luis Huertas y a dos de sus socios. Un joven para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel en relación con otro ciberataque, en este caso al Punto Neutro Judicial, en el que se robaron datos bancarios de medio millón de contribuyentes.

Uno de los elementos "clave" del entramado, según se exponía en los primeros autos de ingreso en prisión, era su "capacidad" para "almacenar, organizar y cruzar" grandes volúmenes de datos sustraídos ilícitamente a través de ciberataques a "organismos públicos y privados" ejecutados "de forma sostenida durante años". Con ellos, continuaba, se construían "perfiles detallados" de "personas e instituciones" con el objetivo de "maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible". Toda una "red de inteligencia criminal privada y transnacional" con capacidad de intervenir en sectores estratégicos.

El hacker Alcasec era quien gestionaba y supervisaba la infraestructura tecnológica y operativa, incluyendo, entre otras cosas, la "aplicación de medidas de protección contra intervenciones policiales". En cuanto a la infraestructura digital, su núcleo estaba constituido por un servidor ubicado en Suiza, "contratado mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales anonimizados" y cuya "administración remota" se realizaba desde múltiples lugares, incluyendo el "domicilio particular" de Huertas.

Dicho servidor integraba un motor de búsqueda, Elasticsearch, que almacenaba millones de registros obtenidos de un gran número de fuentes –Dirección General de Tráfico, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Registro Civil, Puertos del Estado, empresas energéticas, registros mercantiles u otras bases de Andorra, Bolivia o República Dominicana– y que permite consultas cruzadas por DNI, matrícula o teléfono, entre otros parámetros. O un bot de Telegram que bebía, precisamente, de esa información acumulada.

En cuanto al ex secretario de Estado, la jueza lo acusaba de ser "el coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal". En su declaración ante la instructora, Martínez reconoció que, primero como abogado y luego como "referente", trató de ayudar a Huertas a entrar en entornos profesionales y alejarse de la ciberdelincuencia. Y que en el marco del asesoramiento legal que le presta, probó la herramienta que estaba desarrollando Huertas para ver que todo se ajustaba a la legalidad. En cuanto a la constitución de sociedades, aseguró que de tal actividad no puede desprenderse que conociera la evolución posterior y el uso que se hizo de las mismas.

Scam Empire, una investigación coordinada por el consorcio periodístico OCCRP y la televisión pública sueca, SVT, ha sido nominada como finalista de los premios internacionales European Press Prize. En ella participaron más de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra infoLibre, único medio español.

La investigación sacó a la luz, tras una filtración sin precedentes, el funcionamiento interno de una industria mundial dedicada a las estafas. Scam Empire desveló cómo dos grupos de call-centers estafaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo, a los que robaron en total más de 265 millones de euros haciéndoles creer que estaban invirtiendo en todo tipo de activos financieros.

infoLibre reveló, entre otros asuntos, cómo España era el segundo país en el que esta red de ciberfraude robó más dinero, con más de 5.000 personas estafadas, o que a través de cuentas en BBVA, Santander y Sabadell se movieron al menos dos millones de euros de la trama criminal, que estaba dirigida desde Israel y Chipre, sin ninguna traba y en apenas unos meses.

El proyecto es uno de los cinco finalistas en la categoría de investigación del European Press Prize. En total, 25 trabajos periodísticos distintos, de medios de 34 países, han sido escogidos. Los otros medios españoles que han sido nominados en alguna de las cinco categorías de los prestigiosos galardones son El País, la Fundación Civio y Datadista.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

Entre las 00:44 h. y las 01:25 h. (hora española) del martes, los cuatro astronautas de la operación Artemis II vieron con sus propios ojos la cara oculta de la Luna. Observaron zonas que nunca antes había visto otro humano, aunque en realidad hace medio siglo que 24 personas (ahora son 28) ya vieron un paisaje similar. Los nuevos visitantes también sacaron fotografías y filmaron en alta resolución, y generaron contenido para las redes sociales de la NASA, pero esa información tampoco es científicamente relevante porque la superficie y la orografía de esa cara B se conocen prácticamente al 100%. En realidad, los hallazgos realmente importantes de la misión fueron precisamente los que no se vieron: cómo se comportaron los astronautas durante los 41 minutos que duró la soledad absoluta.

Durante el periodo de tiempo en que la nave sobrevoló la cara oculta, quedó desconectada del sistema GPS y comenzó lo que Eloy Peña llama navegación óptica, algo similar a viajar en un barco en mitad de la noche sin radio ni internet –salvo porque este barco vale 4.100 millones de dólares–. "Durante esos 40 minutos la nave no tiene ayuda de navegación para corregir su trayectoria. Los astronautas tienen que ubicarse y mantener el rumbo sin la Tierra como punto de referencia y sin GPS, poniendo a prueba los sistemas autónomos como el seguimiento de estrellas o comparando el suelo lunar observable con los mapas ya existentes", explica a infoLibre este profesor de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante.

Peña conoce de primera mano el funcionamiento de la misión porque en 2022 fue becario de la NASA para el proyecto Artemis IV (que se espera para 2028) y en 2025 trabajó de nuevo con este equipo valorando posibles rutas lunares que podrían realizar los astronautas el día que aterricen en el astro. Afirma que aprender y perfeccionar la navegación óptica es indispensable para futuros viajes a espacio exterior más lejano, especialmente para la colonización de Marte, el gran sueño de la carrera espacial, porque allí el retraso en la señal con la Tierra es de 20 minutos. 

José María Madiedo, doctor en Física y experto en impactos de meteoritos sobre la Luna, también subraya la importancia de ese aprendizaje: "Desde el punto de vista científico, la misión no tiene gran importancia. Pero sí será interesante estudiar cómo se comportan psicológicamente los astronautas en total aislamiento para futuras misiones". 

Además de la navegación autónoma, la misión Artemis II permitirá apuntalar los sistemas de comunicación y de soporte vital, entre otros, y aprender de los errores, como el fallo del váter que obligó a retrasar el despegue y que ha continuado días después.

Como aportación más amplia a la ciencia espacial, Eloy Peña destaca también que de esa breve visita a la cara oculta de la Luna saldrán fotografías más fidedignas que las disponibles hoy en día, aunque de peor resolución.

La razón es que la última vez que un humano estuvo en ese lugar fue en 1972, y ahora los astronautas viajan con cámaras de última generación –tres Nikon con teleobjetivos de 400 milímetros– que, combinadas con la precisión de la vista humana, sacarán un color más preciso y ajustado a la realidad que las que ofrecen los satélites. "Realmente, ya contamos con fotografías excepcionalmente precisas de la superficie de la cara oculta tomadas a solo 50 kilómetros de altura por la sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Mientras que ahora los astronautas pasan a 7.000 kilómetros. En términos de detalle no van a aportar nada nuevo, pero sí es cierto que la LRO no es muy fidedigno en color, mientras que las cámaras que llevan ahora tienen un gran rango dinámico", aclara el profesor.

El investigador también resta importancia al hecho de que los astronautas vean en esta ocasión una zona más amplia de esa mitad de la Luna que en expediciones del siglo pasado, porque es una afirmación trampa. En las misiones Apolo los tripulantes sobrevolaron la cara oculta a una altura menor, de forma que no vieron un área tan grande de terreno, pero sí pudieron observarlo desde más cerca.

Eloy Peña también coincide con expertos consultados en que, aunque estos conocimientos tienen valor, el viaje de esta semana no supondrá por ahora grandes avances en la carrera espacial, sino que es solo un paso previo para que Artemis IV pueda eventualmente llegar a la Luna. "Artemis II es una prueba para desarrollar una base permanente a largo plazo, pero no tiene objetivos científicos destacables. Es la consecuencia de llevar más de 50 años sin llevar humanos a la Luna, que el conocimiento que se obtuvo entonces se ha degradado y hay que volver a construirlo", resume.

De hecho, la última gran misión que realmente tuvo un impacto en el estudio del astro la llevó a cabo China, el principal rival de la NASA. En 2024, pisó la superficie la sonda Chang'e-6 en la cara oculta de la Luna, y recogió casi dos toneladas de roca que sirvieron para despejar algunas de las incógnitas sobre el hemisferio no visible: principalmente, por qué es tan diferente desde el punto de vista orográfico de la cara visible. Fueron las primeras y últimas muestras recogidas hasta ahora de esa región lunar.

La cara oculta de la Luna ha tenido siempre un aura de misterio porque su desconocimiento acompaña a los humanos a lo largo de toda su vida, ya que la coordinación perfecta entre la rotación de la Tierra y de la Luna impide ver la superficie opuesta. La primera vez que se observó fue en 1959, cuando la Unión Soviética tomó la primera fotografía de la otra mitad de la esfera.

Aquella imagen ya mostró lo que la ciencia ha tardado décadas en comprender: que la cara oculta, también llamada en inglés el lado oscuro (dark side), es curiosamente más clara que la parte visible. Mientras que la parte más cercana a la Tierra está plagada de manchas oscuras, producidas por la explosión de antiguos volcanes, la oculta tiene un color grisáceo claro en prácticamente toda su superficie, debido a su escasa actividad volcánica. La cara visible también está más pulida porque sus cráteres se rellenaron de lava, mientras que la otra permanece más virgen.

Íñigo Colesp, experto en Ciencias de la Luna, colaboró en 2024 con la misión china de recolección de rocas, aunque su campo de estudio era los gases radiactivos de la superficie de la cara oculta, e insiste en que todavía hoy esa región suscita numerosas preguntas a los científicos. "La cara oculta es diferente a la que podemos ver. Más rugosa, llena de cráteres y con una composición de metales diferente. Esa diferencia es conocida como la dicotomía lunar", comenta el investigador, que ahora trabaja para la Agencia Nuclear Francesa.

El estudio de los suelos capturados por la sonda Chang'e-6 arrojó luz sobre el origen de esas diferencias entre los dos hemisferios lunares, según José María Madiedo, ya que demostró que no se formaron al mismo tiempo. "La cara oculta se enfrió mucho antes y la corteza se hizo más gruesa, mientras que la visible tardó más en formarse por la irradiación de calor terrestre. La diferencia de grosores facilitó que la lava saliese por la cara visible y rellenase los cráteres", destaca.

Pero si se está de acuerdo en que el capital humano es un motor imprescindible del progreso tecnológico, la UE está ante una oportunidad de actuar ante el recorte en los Estados Unidos de los fondos públicos destinados a la investigación y las amenazas a las universidades de élite; es pues una buena oportunidad para atraer a investigadores que deseen marcharse de allí para establecerse en centros europeos y en un entorno libre y, actualmente, más democrático. Son momentos clave para atraer talento universitario e investigador con el valor añadido de dar un impulso a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) europea.

En esta línea, el refuerzo de las capacidades y del talento en esta materia son objetivos que se ha impuesto la UE con el plan Elige Europa, que incluye una partida presupuestaria de 500 millones de euros para atraer talento científico de Estados Unidos. El plan se basa, entre otros, en el programa de investigación Horizonte Europa y en acciones como la Marie Sklodoska-Curie para apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador de todo el mundo, a través de la financiación de programas de doctorado excelentes, proyectos postdoctorales individuales y proyectos colaborativos; una consecuencia de esta articulación de iniciativas es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España es una de las instituciones europeas con más proyectos financiados.

En este contexto, aquí se encuentran importantes centros de investigación reconocidos allende fronteras. Sin embargo, para proporcionar un fuerte impulso al avance tecnológico y la innovación, es necesario ser más proactivos y atraer con medidas concretas a los investigadores perjudicados por la Administración estadounidense. Dos de ellas son: el programa ATRAE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la experiencia ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados).

En el caso de ATRAE, la Agencia Estatal de Investigación ha publicado la resolución de la convocatoria 2025, en la que se destinan cerca de 39 millones de euros para la contratación de 37 investigadores líderes en su tarea y con impacto científico a nivel mundial en sus áreas, de los que cerca del 60% proceden de centros de investigación de Estados Unidos. La finalidad de la convocatoria es facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero, para avanzar hacia un sistema más competitivo en estas materias a nivel nacional e internacional.

En cuanto a medidas concretas, por ejemplo, en el plano de la remuneración para los investigadores que se establezcan en España, es bueno tener en cuenta también lo que hacen otros países para impulsar la atracción de talento, en particular el modelo italiano, como recordaban hace unos meses los profesores Andreu Más-Colell y Rafel Repullo en un artículo sobre estas materias en el periódico El País. Efectivamente, en un decreto-ley del año 2010 ya se estableció un régimen fiscal preferencial, de carácter temporal, para los profesores e investigadores que trasladen su residencia fiscal a Italia. Estos dos autores señalaban que esta disposición fue introducida en aquel momento por un gobierno de centroderecha y que se ha mantenido con otros de centro, como los de Mario Monti y Mario Draghi, y de centroizquierda, como los de Enrico Letta y Matteo Renzi. Dicho de otro modo, en Italia hay acuerdo político sobre la importancia de la atracción de talento.

Sería deseable pues que en España también hubiera un acuerdo como el citado anteriormente, más allá de los apoyos concretos a los investigadores que ofrece cada programa.

En el caso de ICREA, creada en el año 2000 con el objetivo de reforzar el sistema de investigación mediante la contratación de científicos de primer nivel para la I+D+I, destaquemos que es una fundación impulsada por la Generalitat de Catalunya y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.

En este marco tiene especial interés la convocatoria Catalonia Talent Bridge, que proporciona a los candidatos seleccionados provenientes de los Estados Unidos el derecho a un paquete de financiación inicial sustancial durante los primeros cinco años tras su llegada.

Sin embargo, este plan para atraer científicos de Estados Unidos ha obtenido resultados limitados hasta ahora. En paralelo, científicos catalanes han lamentado públicamente que ni la Generalitat ni el Estado hayan destinado hasta el momento recursos a los programas de investigación de los que el actual presidente de Estados Unidos los ha excluido, a diferencia de lo que sí están haciendo otros países de la UE; porque debe recordarse que ya hace ocho meses que la Administración norteamericana apartó a varios investigadores de hasta diez proyectos de investigación biomédica que, actualmente, siguen en marcha, pero con mucha reducción de personal debido a los recortes presupuestarios que de forma irreversible ha aprobado aquella.

En definitiva, para que estos programas avancen decididamente son necesarias, fundamentalmente, tres acciones urgentes y articuladas la una con la otra:

1. Anclar este impulso a la I+D+I con independencia del gobierno de turno, mediante los necesarios acuerdos políticos

2. Destinar los presupuestos que permitan consolidar lo anterior

3. Complementar lo expuesto en los puntos 1 y 2 con los fondos europeos destinados a la investigación

Estas tres acciones consideran a la I+D+I como elemento motor fundamental para la economía, la competitividad y la creación de empleo de calidad en el marco europeo, y solamente podrán llevarse a cabo desde políticas estratégicas de progreso, cuyo enfoque principal sea asegurar que la innovación sirva a los intereses de la sociedad, promoviendo la transición justa hacia una economía verde, sin generar desigualdad y fortaleciendo la democracia.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Imagine a un ciudadano que recibe en su teléfono un vídeo que afirma que una vacuna provoca esterilidad. Lo mira con escepticismo, teclea el titular en Google, lee dos resultados, habla del tema con su cuñado esa tarde y llega a una conclusión: probablemente es falso, aunque algo de verdad tendrá. Ha hecho, cree él, “su propia investigación”. Y esa convicción, según un exhaustivo informe que acaba de publicar el Pew Research Center, es compartida por el 82% de los adultos estadounidenses.

El estudio, basado en una encuesta a 3.560 adultos realizada en diciembre de 2025 y complementada con nueve grupos focales, ofrece un retrato inquietante de la relación de los estadounidenses con la información. No tanto por lo que revela sobre sus hábitos de consumo —la fatiga, el desenganche progresivo, la sensación de saturación—, sino por lo que descubre sobre su confianza en sí mismos: la certeza de que, en un ecosistema informativo cada vez más contaminado por actores que difunden falsedades de manera sofisticada y deliberada, ellos son suficientemente capaces de navegar solos.

Esa confianza, que a primera vista podría parecer una virtud cívica, esconde una paradoja que los propios datos del informe evidencian: cuanto más se cree alguien capaz de detectar la desinformación por sus propios medios, menos probable es que busque ayuda, contraste fuentes con rigor o confíe en las instituciones encargadas de verificar los hechos. Y en el momento en que eso ocurre, las campañas de desinformación más sofisticadas ya han ganado la partida.

El dato más revelador del informe de Pew no es el de cuántos estadounidenses dicen verificar la información. Es la diferencia abismal entre lo que piensan de sí mismos y lo que piensan de los demás. El 79% de los encuestados se declara al menos “algo seguro” de saber qué pasos dar para comprobar la exactitud de una noticia. Pero solo un 25% extiende esa misma confianza al resto de sus conciudadanos.

Esa brecha entre el yo y el nosotros no es una anomalía estadística. Es un patrón cognitivo bien documentado en psicología social: el llamado “efecto del mejor que la media” o ilusión de superioridad, por el cual los individuos tienden sistemáticamente a sobrestimar sus propias capacidades en comparación con las del grupo. 

En condiciones normales, el fenómeno produce pocos daños graves. Pero en un entorno donde agentes estatales, grupos extremistas y redes de desinformación coordinada generan contenido falso diseñado específicamente para eludir los filtros del pensamiento crítico, esa ilusión se convierte en una vulnerabilidad de primer orden.

El informe también documenta que el 94% de los encuestados considera al menos “algo importante” que la gente haga su propia investigación para verificar la exactitud de las noticias. Dos tercios lo consideran “extremadamente o muy importante”. Y el 82% afirma hacerlo al menos de vez en cuando. Sería tranquilizador si no fuera por la pregunta que el propio Pew introduce a continuación: ¿qué entienden exactamente por “hacer su propia investigación”?

El 84% de los encuestados asocia el concepto con algo razonable: comparar la información entre varias fuentes. El 77% lo vincula a leer estudios científicos o académicos, y el 72%, a usar Google u otros buscadores. Hasta aquí, nada que objetar. El problema aparece cuando se desciende al resto de la lista.

Alrededor del 70% de los estadounidenses —siete de cada diez— considera que “hacer su propia investigación” incluye cuestionar lo que dicen los grandes medios de comunicación. Otro 70% añade a esa categoría poner en duda lo que afirman las fuentes oficiales y gubernamentales. El 63% incluye buscar testimonios de primera mano e historias personales. Y el 38% llega a considerar que hablar con amigos o familiares es también una forma válida de verificar la exactitud de una noticia.

El escepticismo ante el poder mediático e institucional no es intrínsecamente malo. Tiene una larga y respetable tradición en el periodismo de investigación y en la filosofía política. El problema surge cuando ese escepticismo deja de ser una herramienta analítica y se convierte en un sustituto de ella. Cuando “cuestionar a los medios” no significa contrastar sus afirmaciones con otras fuentes fiables, sino simplemente rechazarlas porque proceden de una institución que el ciudadano ha decidido, de antemano, que es corrupta o parcial.

Los datos del informe apuntan en esa dirección cuando se desglosan por ideología política. Los republicanos conservadores son significativamente más propensos a incluir el cuestionamiento de los grandes medios y de las fuentes gubernamentales dentro de su definición de “investigación”. No como punto de partida crítico, sino como práctica definitoria. El efecto es paradójico: cuanto mayor es la desconfianza en las instituciones de verificación, mayor es también la confianza en la propia capacidad para verificar sin ellas.

Para entender por qué esta actitud resulta especialmente peligrosa en el momento actual, conviene recordar cómo ha evolucionado la desinformación en la última década. Lo que en los años noventa o dos mil era principalmente propaganda política torpe —el bulo chapucero, el rumor de bar amplificado por un correo en cadena— se ha transformado en operaciones coordinadas de alta precisión, diseñadas por equipos profesionales, financiadas en ocasiones por Estados, y calibradas mediante análisis de datos para maximizar su impacto emocional y su viralidad.

Estas campañas no aspiran ya a convencer a todo el mundo de una mentira burda. Su objetivo es más sofisticado: sembrar la duda, erosionar la confianza en cualquier fuente de autoridad, crear la sensación de que la realidad es inaccesible y de que todo está manipulado. En ese terreno, el ciudadano que desconfía sistemáticamente de los medios, del Gobierno y de los expertos, y que confía a cambio en su propio juicio y en el relato de sus allegados, no es un obstáculo para la desinformación. Es su objetivo ideal.

Los grupos focales recogidos en el informe de Pew ofrecen testimonios que iluminan esa contradicción desde dentro. Algunos participantes reconocen que “hacer tu propia investigación” requiere habilidades que no todo el mundo posee: saber evaluar la credibilidad de una fuente, identificar sesgos, entender el contexto de un dato estadístico, distinguir entre una publicación científica revisada por pares y una web de apariencia científica financiada por grupos de interés. Y sin embargo, incluso quienes verbalizan esa complejidad terminan defendiendo que la responsabilidad última recae en el individuo.

El 44% de los encuestados señala a los propios individuos como los principales responsables de comprobar la exactitud de las noticias. Solo el 22% señala a los medios de comunicación, el 9% a las escuelas y los docentes, y el 9% al Gobierno. Las empresas tecnológicas y las redes sociales, pese a ser los canales por los que circula la inmensa mayoría de la desinformación, reciben apenas un 4% o 5% de esa responsabilidad percibida.

El escenario se complica cuando se añade otro elemento central del informe: la fatiga informativa. El 52% de los encuestados se declara agotado por la cantidad de noticias que recibe. El 48% considera que la mayor parte de esas noticias no es relevante para su vida. Dos tercios han dejado de usar alguna fuente concreta de noticias en algún momento, y seis de cada diez han reducido su consumo general.

La combinación resulta tóxica: ciudadanos que creen en su capacidad para verificar la información, pero que al mismo tiempo están saturados y han reducido su exposición a fuentes diversas, limitándola a menudo a aquellas que ya confirman sus creencias previas. El contraste de versiones que ayudaría genuinamente a detectar falsedades queda reemplazado por el confort de la cámara de eco.

La brecha generacional añade otra capa de complejidad. Los menores de 30 años tienden masivamente a “encontrarse” las noticias —el 73% de ellos— en lugar de buscarlas activamente, mientras que el 73% de los mayores de 65 las busca de forma deliberada. Solo el 35% de los jóvenes considera que seguir las noticias regularmente es una parte muy importante de ser un buen miembro de la sociedad, frente al 65% de los mayores de 65. Y una quinta parte de los menores de 30 reconoce que a veces le cuesta entender las noticias que recibe.

Los jóvenes no están necesariamente menos informados que sus mayores; tienen acceso a información por otros canales y con otros formatos. Pero la idea de que “la noticia te encuentra” —que el algoritmo te traerá lo que necesitas saber— entrega el control de la agenda informativa a plataformas cuyo interés no es la calidad periodística, sino el tiempo de pantalla. Y en ese terreno, el contenido emocional, polarizador y frecuentemente inexacto viaja más rápido y más lejos que el riguroso.

Hay un detalle en el informe que sintetiza con crueldad la contradicción de fondo. Solo el 8% de los encuestados cree que los ciudadanos tienen la responsabilidad de pagar por las noticias. Únicamente el 16% ha pagado por alguna suscripción, membresía o donación a un medio en el último año. Y, sin embargo, el 80% considera que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estar informados cuando votan.

El periodismo independiente —el que verifica, el que contrasta, el que tiene redactores especializados capaces de leer un estudio científico y explicar sus limitaciones— tiene costes. Su financiación a través de la publicidad lleva décadas en declive estructural. No obstante, el 45% de los estadounidenses considera que los medios deberían financiarse principalmente mediante publicidad y patrocinios, y solo alrededor de un 10% u 11% menciona las suscripciones o la financiación pública como vía principal.

La paradoja es perfecta: la misma ciudadanía que reclama para sí la responsabilidad de verificar la información —y que se muestra escéptica ante los medios profesionales— no está dispuesta a financiar las instituciones que podrían hacerlo con mayor rigor y recursos. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados creen que los medios están al menos “algo bien” financieramente, una percepción que el propio Pew señala como un factor que probablemente reduce la urgencia percibida de contribuir económicamente.

Volvamos al ciudadano del principio, con su teléfono y el vídeo sobre la vacuna. Es posible que llegue a la conclusión correcta. Es posible incluso que sus dos búsquedas de Google y su conversación con el cuñado le sirvan para descartarlo. La desinformación no siempre gana la batalla individual. Lo que hace, con una eficacia mucho mayor, es ganar la guerra de la confianza: convencer a millones de personas de que el sistema de verificación profesional —el periodismo, la ciencia, las instituciones— está tan corrompido que más vale fiarse del propio instinto.

El informe del Pew Research Center no dice que los ciudadanos estadounidenses sean crédulos o estúpidos. Dice algo más matizado y, en cierto sentido, más preocupante: que son personas razonables atrapadas en un ecosistema diseñado para sobrecargarlas, desorientarlas y hacerles creer que pueden prescindir de los mediadores institucionales del conocimiento. Y que esa creencia —la de la autosuficiencia informativa— es precisamente el vector que las campañas de desinformación más avanzadas explotan con mayor eficacia.

Verificar información en el siglo XXI no es navegar por Google durante diez minutos. Es una práctica que requiere formación, tiempo, acceso a fuentes especializadas y, sobre todo, la humildad de reconocer que uno puede equivocarse. El 79% de los estadounidenses cree tener esa capacidad. Solo el 25% cree que la tienen sus vecinos. En algún punto entre esas dos cifras vive la ilusión más peligrosa de la era de la desinformación: la de que uno, personalmente, es inmune a ella.

El Consejo de la Juventud de España (CJE), de la mano de la Celebración de 50 años de España en Libertad, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa destinada a reintegrar a la juventud en el tejido democrático español. La propuesta promete no limitarse a la superficie del diagnóstico de que "la juventud es crítica con el funcionamiento de la democracia", sino que pretende llevar a cabo un análisis, "más riguroso y menos estigmatizante", tanto de las causas del distanciamiento como de las posibles soluciones para impulsar a los jóvenes a seguir fortaleciendo la democracia.

Para la Comisionada de la Celebración de 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, “la debilitación de la juventud debilita el tejido democrático”, por lo que la colaboración con el CJE para frenar el retroceso de la participación juvenil se ha convertido en una prioridad estratégica.

Por ende, ambas entidades han diseñado DemocraZia con Z como un proyecto para proporcionar "una serie de recursos, más que una guía, para que los espacios juveniles sean más democráticos". El plan de actuación implica trabajar con escuelas, centros deportivos y administraciones públicas para orientar su influencia sobre los jóvenes, además de desarrollar campañas de concienciación tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

La iniciativa surge también como respuesta a la “falta de práctica democrática”, derivada de un sistema de estructuras jerárquicas y poco permeables. Ante la frecuente exclusión de los jóvenes de los espacios de decisión, el proyecto apuesta por un cambio de paradigma que los sitúe en el centro de la toma de decisiones. En palabras de sus impulsores, se trata de “romper relatos y ofrecer otros nuevos”.

Pilar Blasco, la vicepresidenta del CJE, ha explicado en la presentación del proyecto que existe "desafección porque la propia democracia no está dando una respuesta" a las problemáticas juveniles. La sociedad vive en lo que el Consejo denomina "adultocentrismo", un sistema en el que "no te conviertes en ciudadana de pleno derecho hasta que no te conviertes en persona adulta". Ello desvía la atención de los conflictos que afectan a la juventud y debilita su legitimidad como actores democráticos.

Por otro lado, la organización acusa al sistema de no estar proporcionando las "condiciones vitales para que la gente joven viva un presente lo suficientemente digno para poder proponer un futuro". La presidenta del CJE, Andrea Henry, explica que "democracia es tener estructura, tiempo, recursos y conocimientos para poder participar en ella". Metidos de lleno en la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el progresivo incremento de la desigualdad, los jóvenes "no tenemos condiciones para participar en la vida pública".

El Consejo también señala la pérdida de los espacios físicos de convivencia como otro de los factores que alimentan el desamparo juvenil. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y los espacios públicos para relacionarse resultan poco accesibles. Así, cualquier forma de interacción social termina desplazándose a bares u otros ámbitos privados que exigen consumo, un requisito difícil de asumir en contextos de precariedad económica. Como consecuencia, la juventud termina refugiada en la esfera digital, un entorno con escasos límites y donde predominan dinámicas algorítmicas que favorecen la circulación de contenidos polarizantes.

“DemocraZia con Z” nace también como una respuesta al auge de la ultraderecha que, según advierten sus impulsores, ha sabido capitalizar el malestar juvenil mediante una “politización del desencanto”. Ante la falta de canales eficaces para escuchar y atender las demandas de los jóvenes, estos discursos logran canalizar un descontento que otros actores no han sabido interpretar ni encauzar. Por ello, el proyecto subraya la necesidad de reforzar los espacios de participación democrática y reclama, además, una mayor regulación de las redes sociales.

Frente a este complejo panorama, el Consejo de Juventud toma la responsabilidad de convocar a los jóvenes a "reescribir la democracia".

El proyecto despegará con una fase de investigación principalmente cualitativa, para ahondar más allá de las pesimistas cifras que actualmente definen la relación juventud-democracia. A partir de los datos cuantitativos existentes y los innovadores que pretenden obtener, generarán hipótesis que serán contrastadas a través de la interlocución directa con grupos que reúnan al colectivo juvenil (16-30 años) en su diversidad.

La investigación se desarrollará en torno a ciertas incógnitas primordiales: "¿Qué rol tiene la democracia con la juventud?" y "¿Qué necesita la juventud de la democracia?". Los resultados serán expuestos en un informe, que prevén tener finalizado para el mes de junio.

El plan continuará con eventos durante el próximo verano, que responderán al deseo de la iniciativa de trabajar de manera descentralizada, "sembrando semillitas" en 14 comunidades autónomas. A partir del inicio del próximo curso escolar, prometen difundir los recursos desarrollados y adoptar el rol de "escuela de la democracia".

El Consejo de Juventud y la Celebración de 50 años de España en Libertad han expresado ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación para lograr que su campaña sea efectiva, por lo que se han dirigido a los principales actores del panorama mediático para solicitar colaboración: "Os necesitamos para consolidar un canal estable de diálogo que contribuya a enriquecer el tratamiento informativo sobre juventud y democracia en los próximos meses".

El rey Carlos III está "dispuesto" a colaborar con la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado y recoge EFE.

"El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las alegaciones que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor", recoge la nota.

En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán "dispuestos" a colaborar con ellos, como cabría esperar. "Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", agregó el portavoz.

También precisó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresasen por primera vez públicamente su "profunda preocupación" por las recientes revelaciones con respecto al caso.

También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.

Que el goteo de revelaciones del caso Epstein están erosionando la imagen de la monarquía lo demuestra una imagen infrecuente como la registrada hoy en una estación de tren en Lancashire (noroeste inglés), cuando el monarca fue abucheado por un grupo de personas después de que alguien gritara: "¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?".

Andrés ha guardado silencio en estos diez fatídicos días en que su imagen ha quedado por los suelos, en sentido literal, tras conocerse las fotografías en las que aparece arrodillado a cuatro patas y descalzo sobre una mujer con el rostro velado a la que toca el estómago, contenidas en los archivos 'liberados' del caso Epstein.

A esas fotografías siguieron los mensajes en los que Epstein se coordinaba con él para 'enviarle' a una joven rusa de 26 años "bonita, inteligente y de fiar" a pasar la noche con él y a la que Esptein había prometido como 'guinda' una visita a tomar el té en el mismo Palacio de Buckingham, la sede simbólica de la monarquía británica.

Pero no fueron solo sus aparentes participaciones en las orgías de Epstein con mujeres, muchas de ellas menores, sino que la relación de Andrés con el financiero también tuvo motivos lucrativos.

Los correos han mostrado que Andrés, cuando era enviado especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, remitió a Epstein detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.

Son estos últimos informes los que ahora evalúa la Policía del Valle del Támesis en su investigación por presunta "mala conducta en un cargo público" y "violación" de secretos oficiales, abierta tras la denuncia del presidente del grupo activista por la abolición de la monarquía Republic, Graham Smith, al expríncipe.

El escándalo salpica asimismo a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, con la que Andrés nunca interrumpió su relación. De Ferguson ha salido a la luz su propia correspondencia intercambiada con Epstein, incluidos correos en los que le llamaba "amigo supremo" o bromeaba con casarse con él, lo que desencadenó que diversas organizaciones infantiles retirasen a la exduquesa de York de su patronato y, posteriormente, el cierre de su propia fundación.

La pasada semana, y mientras se acumulaban capas y capas de sospechas contra Andrés y 'Fergie', el expríncipe abandonó por fin la mansión del Royal Lodge de 30 habitaciones donde ambos residían y que el rey les había ordenado abandonar en un inusual comunicado del pasado octubre en el que anunciaba que le despojaba del último título que le quedaba.

Los medios británicos aseguraron que la mudanza de Andrés del Royal Lodge a una residencia en la finca privada de Sandringham (este de Inglaterra) fue en realidad acelerada por orden del mismo rey. Por aquellos días, Andrés fue fotografiado en una de las actividades favoritas de los Windsor: montando a caballo con aire despreocupado, mientras a su alrededor crecía el oprobio.

Las autoridades francesas registraron este martes los locales de la red social estadounidense X y convocaron a su propietario, Elon Musk, a comparecer ante la Justicia para un interrogatorio, anunció la Fiscalía gala en un comunicado que recoge EFE.

"Se ha llevado a cabo un registro (...) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025", anunció la Fiscalía, que precisó además que dejará de publicar en dicha red social.

La investigación, en manos de la Dirección General de la Gendarmería (Policía) Nacional (DGGN), se produce tras la recepción de dos denuncias, el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

La investigación se amplió tras otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado "la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual".

Entre los cargos penales que se investigan, la Fiscalía citó el de "complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico", "atentado contra la representación de la persona (deepfakes de carácter sexual)", "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada" y el de manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

La Fiscalía aclaró que ha decidido convocar a los responsables de la plataforma X, entre ellos a Musk, a través de la figura legal del "interrogatorio libre" que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido. Se trata de un paso procesal formal para saber si finalmente se imputa formalmente al magnate. Para no acudir a este tipo de "interrogatorio libre" es necesario presentar una justificación válida.

La convocatoria de Musk está fijada para el próximo 20 de abril, la misma fecha en la que debería presentarse Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X.

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según recoge EFE.

Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y el profesor del IRB Toni Gabaldón, encargado de hacer la secuenciación, a la espera de los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, el de referencia de la PPA, para confirmar los resultados obtenidos.

El conseller del Departamento de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido "prudencia" a la hora de interpretar estos resultados, ya que "hay diferentes líneas de investigación y el laboratorio de referencia dará la conclusión definitiva".

Cristina Massot ha explicado que "de las 19 muestras ofrecidas por el laboratorio han secuenciado 17", pero las dos restantes son "muestras congeladas de hace 5 años" que no están utilizando.

Aparte de estas muestras, el IRB también ha consultado un registro de datos europeos donde hay unas 800 cepas registradas. 

Toni Gabaldón ha explicado que el virus presente en los jabalís muertos, que se encontraron en las inmediaciones del laboratorio del IRTA-CreSA, corresponde a "una nueva variante no registrada", ya que han encontrado "diversas mutaciones y la pérdida de una parte importante del genoma que la hace menos virulenta" y, en consecuencia, "menos mortífera". 

Esto implica que el origen de esta nueva variante, que sería la número 29, "sea más difícil de encontrar", ya que no se "puede establecer ninguna correlación con las otras variantes".

Además de pedir "prudencia" a la espera de los resultados del laboratorio de Algete, el conseller Ordeig ha agradecido a todas las personas del departamento "el trabajo realizado estos últimos días", y ha recordado que "la prioridad actual es contener el radio de 6 kilómetros y seguir apoyando al sector".

El presidente estadounidense, Donald Trump, voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de éste en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años, según informa EFE.

Así lo indica una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU, publicó la tarde de este lunes pero que parece haber borrado posteriormente, y que el diario The Washington Post consiguió descargar antes de que dejaran de estar disponibles.

 Al contrario que los publicados el pasado sábado, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha tratado de distanciarse lo máximo posible de Epstein y sus crímenes, informa este martes el diario estadounidense.

"Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos.

En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Los documentos también revelan que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recopiló varias pistas sobre la relación entre Trump y Epstein durante fiestas en sus respectivas propiedades a principios de la década de los 2000, aunque no confirman si hubo investigaciones posteriores al respecto.

Además, los archivos muestran que los investigadores del caso de Maxwell enviaron en 2021 una citación judicial a Mar-a-Lago, la mansión y club privado de Trump en West Palm Beach (Florida), según el Post.

El motivo de esa citación no está del todo claro, pero los documentos sí indican que un fiscal federal estaba buscando documentos sobre las personas que trabajaban en el club de Trump que podían ser relevantes en el caso contra Maxwell.

"No he conseguido localizar a nadie que recuerde a [censurado] trabajando en Mar-a-Lago en el año 2000", escribió ese fiscal en un correo electrónico incluido entre los nuevos papeles.

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con "el testigo PA", en referencia al Príncipe Andrés.

El rey Carlos III del Reino Unido retiró en noviembre el título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales. 

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

La magistrada Ana López-Suevos intenta reconstruir el rastro del dinero que recibió El Correo Gallego en su etapa de mayor deterioro económico. En la causa se analizan las ayudas públicas concedidas por la Xunta durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y los pagos procedentes de la Televisión de Galicia, que según los informes policiales pudieron acabar integrándose en una operativa de desvío y ocultación de fondos. La investigación se inicia en 2022 y sigue abierta, ya que la UDEF continúa aportando nuevos indicios. Feijóo llega a Madrid ese mismo año.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

José Manuel Rey Novoa no llegó a El Correo Gallego como un inversor externo que compra un medio para reforzar su influencia; se hizo con él desde dentro, mediante una progresión lenta, silenciosa y sostenida en el tiempo. Su carrera arranca como trabajador de la casa, pero pronto escala posiciones clave hasta consolidarse como figura central del periódico. En 1987 ya era director, y en los años siguientes amplía su poder en la estructura de Editorial Compostela hasta convertirse en administrador único, controlando tanto la línea editorial como la gestión económica de la empresa.

Es durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo cuando Rey Novoa consolida su condición de propietario de facto del principal periódico de la capital gallega. En ese periodo, su posición accionarial se refuerza y El Correo Gallego intensifica su papel como apoyo editorial al Partido Popular, heredando una larga tradición iniciada en tiempos de Manuel Fraga.

La confirmación de su control total llega en 2020, cuando Rey Novoa negocia la venta del 60% de Editorial Compostela a otro empresario. En todas las informaciones aparece ya descrito como “primer accionista” del grupo, señal inequívoca de que, antes de esa operación, tenía en sus manos la mayoría decisiva del capital y el mando absoluto sobre la empresa.

Ese poder interno, acumulado durante décadas bajo el manto del Partido Popular, es el que ahora examina la justicia: la gestión financiera bajo su control terminó en un concurso de acreedores declarado culpable, en una inhabilitación de cinco años dictada por un juzgado mercantil y en una investigación penal abierta por la jueza Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Santiago de Compostela por presunto blanqueo de capitales, administración desleal y movimientos opacos de fondos procedentes de administraciones públicas.

Los investigadores de la UDEF centraron su atención en un crédito de 2,5 millones de euros que la Xunta de Galicia nunca debía haber concedido y en la creación de una serie de empresas pantalla para evitar pagar a los trabajadores y a los acreedores, además de una red familiar que se dedicaba a comprar propiedades inmobiliarias.

La UDEF sospecha que El Correo Gallego seguía recibiendo dinero público mientras sus trabajadores llevaban más de dos años sin cobrar. De hecho, a los agentes que investigan el caso les ha llamado la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo han reflejado en sus informes, en manos ya de la jueza que instruye la causa. Además de ese crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía también a Hacienda. 

Cuando El Correo Gallego entró definitivamente en barrena, con trabajadores sin cobrar durante meses y una deuda que ya no podía ocultarse, no se trataba de una crisis repentina ni imprevisible. El deterioro económico del grupo editor, Editorial Compostela, era conocido desde hacía años. Sin embargo, en ese contexto, la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo no solo mantuvo su relación económica con el periódico, sino que dio un paso más: le concedió financiación pública directa cuando la empresa ya hacía aguas. La UDEF destaca la “facilidad” con la que Editorial Compostela obtuvo el crédito de 2,5 millones de euros.

A través de XesGalicia, el brazo inversor de la Xunta, el Gobierno gallego, en 2018, aprobó un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa editora de El Correo Gallego. No se trataba de publicidad institucional ni de una subvención cultural, sino de un crédito público otorgado a una compañía privada que ya arrastraba impagos, conflictos laborales y una situación financiera extremadamente delicada. Aquel dinero no evitó el naufragio: la empresa acabaría entrando en concurso de acreedores y el periódico perdería gran parte de su estructura.

El préstamo no fue un hecho aislado. Antes y después de esa operación, la Xunta siguió firmando convenios y acuerdos económicos con Editorial Compostela. Bajo distintos conceptos: difusión informativa de la capitalidad de Santiago, promoción institucional o fomento del uso del gallego (aunque usasen castellano), el grupo recibió ingresos públicos recurrentes en los años previos al colapso. En la práctica, esos convenios funcionaron como una vía de oxígeno financiero para un medio que ya no era viable por sí mismo.

La cuestión clave no es solo cuánto dinero público recibió El Correo Gallego, sino cuándo lo recibió. Según la documentación y las informaciones publicadas, parte de esos fondos llegaron cuando la empresa ya acumulaba deudas con la plantilla, con la Seguridad Social y con Hacienda. Los trabajadores denunciaban impagos mientras la Xunta seguía aprobando convenios y, finalmente, un préstamo millonario. El resultado fue demoledor: el dinero público no salvó el proyecto, pero sí prolongó artificialmente una agonía empresarial que acabó dejando a decenas de empleados en una situación límite.

Años después, ese flujo de dinero público ha adquirido una dimensión judicial. La justicia mantiene abierta una investigación contra el exdirector y expropietario del diario, José Manuel Rey Novoa, y otros exdirectivos, por presuntos delitos económicos. La causa se centra en un posible desvío u ocultación de fondos, el uso de un entramado de cuentas y sociedades y maniobras para eludir el pago a acreedores y trabajadores tras el hundimiento del grupo. La investigación cuenta con informes de la UDEF y ha dado lugar a decisiones relevantes: en octubre de 2025, la jueza impuso una fianza de más de un millón de euros y advirtió de embargos si no se consignaba esa cantidad.

La causa penal sigue viva. Son ya tres años de instrucción. Con la UDEF entregando todavía informes y la jueza tomando declaración a los investigados, los tiempos judiciales no invitan al optimismo: la apertura de juicio oral no será inmediata. En causas económicas de esta complejidad, entre sociedades pantalla, cesiones de créditos y dinero público de varias administraciones, la fase de instrucción suele prolongarse de tres a cinco años. Con estos precedentes, la fecha más probable para un eventual juicio se sitúa entre finales de 2026 y 2027.

A ello se suma un antecedente clave: en 2024, un juzgado mercantil declaró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación por irregularidades en la gestión de la empresa. No es una sentencia penal, pero sí una resolución judicial que describe una administración gravemente dañina del grupo.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público. Esa cuota —que debía servir para financiar programas y contenidos— se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

El crédito concedido por la Xunta a la editora de El Correo Gallego tampoco tuvo el final que se esperaría de una operación “rigurosa”. Nunca fue devuelto, pese a que se trataba de financiación pública canalizada a través de XesGalicia. La empresa entró en concurso de acreedores y acabó colapsando sin haber reintegrado el dinero. Hoy en día, no consta que la Xunta haya recuperado esos fondos, lo que convierte el préstamo en una de las decisiones más controvertidas del apoyo institucional al periódico: dinero público concedido a una empresa ya en crisis, sin retorno conocido y hoy bajo el foco de una investigación penal por posible desvío y blanqueo.

La Policía considera este mecanismo un “acuerdo incomprensible” que permitió al empresario esquivar obligaciones fiscales y laborales mientras seguía recibiendo dinero público articulado desde la propia Xunta. La Federación de Sindicatos de Periodistas resume el funcionamiento del sistema de forma lapidaria: la TVG acabó actuando como “autopista financiera” que facilitó que Rey Novoa moviera fondos de administraciones como la Xunta, y la propia CRTVG mientras mantenía nóminas sin pagar.

La Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, decidió invertir dinero público en un medio privado en crisis, sin que hasta hoy se haya explicado con claridad qué informes de viabilidad justificaron ese préstamo ni qué garantías reales se exigieron para proteger el interés general. Tampoco se ha aclarado por qué se siguieron firmando convenios mientras la empresa dejaba de pagar a sus trabajadores. ¿Qué controles fallaron para que ese dinero acabara, presuntamente, formando parte de un circuito opaco hoy bajo investigación judicial?

La operación no solo llegó al Parlamento, sino que fue defendida por la propia Xunta. La respuesta oficial está publicada en el Boletín del Parlamento. Para el Gobierno de Feijóo la empresa era “operativamente viable” cuando recibió 2,5 millones de euros, pese a los impagos de nóminas y las múltiples deudas que arrastraban y que hoy investiga un juzgado.

En condiciones ordinarias, una empresa con deudas con Hacienda y la Seguridad Social no puede recibir dinero público. Por eso el crédito de 2,5 millones de euros que XesGalicia otorgó a El Correo Gallego resulta tan anómalo: exige explicaciones políticas porque se concedió a una empresa que, según la UDEF y los autos judiciales, ya arrastraba impagos y deudas que habrían bloqueado cualquier ayuda pública normal.

La justicia investiga si parte del dinero público recibido por Editorial Compostela fue desviado u ocultado, mientras la Xunta, pese a conocer el deterioro económico de la empresa, no activó mecanismos de control ni nadie exigió responsabilidades por el uso de esos fondos.

Solo con los datos oficiales conocidos, Editorial Compostela recibió durante los años de Feijóo al frente de la Xunta al menos entre 5,5 y 6 millones de euros en convenios, subvenciones directas sin ningún tipo de control y un préstamo público de XesGalicia. A esa cifra habría que añadir, además, la publicidad institucional y los contratos con la Televisión de Galicia, que no están completamente cuantificados.

La causa penal abierta investiga si el gestor de El Correo Gallego utilizó de forma irregular fondos procedentes de dinero público, sin que Feijóo haya dado hasta hoy explicaciones sobre por qué siguió financiando a la empresa ni qué controles ejerció sobre ese dinero.

Si se confirma judicialmente que hubo desvío u ocultación de fondos públicos, la pregunta ya no será solo qué hizo el empresario, sino por qué se permitió que Rey Novoa siguiera recibiendo dinero público cuando los impagos a los trabajadores y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo ahogaban y la empresa ya era inviable.

Somos todo oídos, señor Feijóo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.

El presidente de EEUU, Donald Trump, rebajó este jueves la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar la investigación con esta sustancia. Sin embargo, esta seguirá siendo ilegal a nivel federal en lo que se refiere a su uso recreativo, según ha informado EFE.

"Quiero recalcar que la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", dijo Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca.

La iniciativa firmada hoy saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

La orden firmada por Trump también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.

En el acto celebrado en el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias. El consumo recreativo de cannabis es legal en EEUU en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal. 

Ana Obregón vuelve a estar en el centro de la polémica. The New York Times ha publicado una investigación este martes en la que se vincula la riqueza del depredador sexual Jeffrey Epstein con la familia de Ana Obregón. Desde desayunos hasta viajes en limusina por la Gran Manzana, la actriz española habría tenido una relación sentimental con el magnate norteamericano —que se suicidó en prisión tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores— según el periódico estadounidense.

La propia Obregón ha asegurado en varias ocasiones que sí mantuvo una relación con Epstein, aunque nunca ha confirmado que fuera romántica. En sus memorias, publicadas en 2012 bajo el título Así soy yo, la actriz habla de una época en la que vivió en Nueva York mientras estudiaba interpretación. Allí, asegura ella misma, se encontró con el que fue “su ángel de la guarda” en la ciudad estadounidense. ¿Su nombre? Jeff. 

En el libro habla de la primera noche en la que se conocieron. "Mi amigo Leonardo me lo presentó una noche que consiguió sacarme de casa arrastrándome de los pelos. A Jeffrey le acababan de elegir en Estados Unidos el soltero de oro", explica en su libro. "Arrastrándome, nos dirigimos a la fiesta de homenaje a Elizabeth Taylor. Era mi primera cita con Jeff. Mientras un montón de cámaras lanzaban sus flashes al bajarnos del coche, yo no dejaba de preguntarme qué narices hacía allí", añade la actriz. Lo que surgió fue una relación con el que ella misma describe en sus memorias como “el hombre perfecto del que nunca me enamoré”. 

Años después, en una entrevista con Vanity Fair, Obregón afirmó que el magnate fue a visitarla a Madrid y que allí conoció a sus padres. Esto, más allá de ser llamativo, se relaciona con la investigación del Times. Según el periódico, la familia de Obregón estaba vinculada a la firma estadounidense Drysdale Securities, que se encargaba de hacer de intermediaria en transacciones comerciales o financieras entre compradores y un vendedores. La familia Obregón invirtió una gran cantidad de dinero en ella, pero las gestiones de la empresa eran opacas. Poco después quebró y el dinero desapareció. Los Obregón, junto a otras familias españolas, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando.

Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató al periódico que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo al medio neoyorquino.

En su caso, Stroll acusó a Epstein de fugarse con gran parte de su inversión de 450.000 dólares en un acuerdo que nunca se materializó, mientras que Douglas Leese, contratista de defensa británico, también le acusó de malversar a través de su cuenta de gastos.

El NYT relata además otra serie de engaños que llevaron a Epstein a convertirse en multimillonario. Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos —entre los que se encontraban el director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster—para luego desaparecer con él.

Epstein también "exageró" sus lazos con David Rockefeller, patriarca de la prestigiosa familia Rockefeller, para "impresionar a personas e instituciones poderosas". También impulsó su riqueza el apoyo de Les Wexner, fundador del minorista L Brands —que posee marcas como Victoria's Secret— pues le ayudó a relacionarse con otras figuras poderosas como el gestor de fondos de cobertura Ken Lipper.

El rotativo también asegura que un miembro de la firma de inversiones Bear Stearns, para la que trabajó entre 1976 y 1981, le presentaba "constantemente" a Epstein clientes y mujeres jóvenes a las que enviaba a su apartamento y con las que, en muchas ocasiones, mantenía encuentros casuales o románticos.

La noticia del vínculo entre Epstein y Obregón ha corrido como la pólvora por los medios españoles y la protagonista de Ana y los 7 ha querido calmar las aguas. En el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde colabora, ha asegurado que está “flipando con la noticia” y que “no es plato de buen gusto”. “Me pone nerviosa unir mi nombre a un depravado así”, ha asegurado. 

También ha querido recalcar que lo suyo era solo una amistad. “Quién no va a cogerle cariño, estando sola en Nueva York, te aparece como un príncipe guapo y con dinero...”, ha afirmado en el magazine. A pesar de la investigación del medio estadounidense, que vincula la fortuna de Epstein con la de su familia, la actriz ha querido alejarles de cualquier polémica y ha asegurado que no tenían ningún tipo de vínculo económico. “Mi padre empezó a trabajar con 11 años y trabajó como un animal toda su vida. No había ninguna relación económica de nada, no tiene nada que ver con mi familia”, ha zanjado la actriz. 

En 2023, una cápsula cayó suavemente en el desierto de Utah (Estados Unidos). Dentro viajaba algo más valioso que cualquier tesoro: polvo intacto de un asteroide llamado Bennu.

Tras meses de análisis, la comunidad científica ha confirmado un resultado sorprendente: en Bennu existen azúcares fundamentales como la ribosa y la glucosa. No son moléculas “dulces” sin más: la ribosa forma el esqueleto químico del ARN, una de las moléculas fundamentales para la vida, y la glucosa es una fuente universal de energía. Encontrarlas fuera de la Tierra es un descubrimiento sin precedentes.

Esto nos lleva a plantearnos que quizá la vida en la Tierra no empezó “desde cero”, sino con moléculas que ya existían antes, fabricadas en entornos extraterrestres como Bennu.

Durante décadas se han identificado compuestos con relevancia biológica en meteoritos que han caído a la Tierra. Aminoácidos, bases nitrogenadas e incluso indicios de azúcares. Pero siempre existía una duda razonable: ¿estaban ahí desde el principio o aparecieron después? Un meteorito pasa por agua, aire, microbios e incluso por nuestras manos, procesos que pueden “contaminarlo”. Descifrar qué es terrestre y qué es extraterrestre es muy complicado.

Sin embargo, esta vez es diferente. El estudio publicado en la revista Nature Geoscience hace escasos días, demuestra que estos azúcares no vienen de la Tierra. Estaban en el asteroide mucho antes de que la cápsula tocara suelo. Las muestras fueron recogidas directamente en el espacio por la misión OSIRIS-REx, selladas al vacío, traídas a la Tierra y manipuladas en laboratorios que funcionan como quirófanos para material extraterrestre.

Los azúcares de Bennu apuntan a una conclusión importante: la química necesaria para construir moléculas biológicas no es exclusiva de la Tierra. Puede surgir de forma natural en cuerpos pequeños, siempre que haya agua, minerales y algo de tiempo. Y Bennu tuvo todo eso.

El cuerpo original del que procede este asteroide albergó agua líquida en sus primeros millones de años. En ese entorno, moléculas simples pueden reorganizarse y transformarse en compuestos cada vez más complejos. No se necesita vida para producirlos: basta un entorno geológico activo.

Esto significa que mientras la Tierra era magma, ya existían en el sistema solar lugares donde se formaban moléculas que hoy asociamos a procesos biológicos. Moléculas que, millones de años después, podrían haber llegado a nuestro planeta en forma de meteoritos.

Entre todos los azúcares detectados, la ribosa es la que más llama la atención. Es la base estructural del ARN, una molécula capaz de almacenar información o realizar algunas funciones similares a las de las proteínas. Antes de que existiera el ADN, el ARN pudo haber sostenido toda la química necesaria para los sistemas vivos más primitivos.

La ausencia de 2-desoxirribosa, el azúcar del ADN, es igual de interesante. Refuerza la idea de que el ADN no fue el protagonista en los primeros pasos de la vida, sino que apareció posteriormente.

Bennu aporta una pista inesperada: si la ribosa es relativamente estable y puede formarse en entornos extraterrestres, es razonable pensar que el ARN fue la primera molécula en sostener procesos propios de la vida en la Tierra primitiva. Lo que antes era solo una hipótesis teórica empieza ahora a apoyarse en observaciones directas.

No. Nadie ha encontrado vida en meteoritos ni en asteroides. Pero este descubrimiento sí fortalece una idea intermedia, más realista: la Tierra pudo recibir un aporte constante de moléculas complejas fabricadas en otros lugares. Durante los primeros cientos de millones de años, nuestro planeta sufrió un intenso bombardeo de asteroides y cometas. Cada impacto podía liberar aminoácidos, bases nitrogenadas o azúcares formados en cuerpos como Bennu.

Estas moléculas no generan vida por sí mismas, pero hacen que el paso entre química simple y química compleja sea más sencillo. Reducen la distancia entre “casi vida” y “vida”.

No se trata de panspermia en su versión clásica –vida viajando de un planeta a otro–, sino de algo más modesto y más compatible con la evidencia: un impulso químico que aceleró los procesos que ya estaban ocurriendo en la Tierra.

La Tierra ha borrado casi todos los rastros de su infancia química: la tectónica, la erosión y la propia vida han reescrito continuamente su superficie. Pero Bennu, por el contrario, conserva materiales que no han cambiado desde los orígenes del sistema solar. Estudiarlo es lo más parecido que tenemos a viajar atrás en el tiempo y observar cómo era la química antes de que existieran océanos y continentes.

Por eso estas muestras son tan valiosas. Permiten comparar hipótesis, eliminar incertidumbres y entender mejor cuáles eran las condiciones reales en los primeros millones de años del sistema solar. No nos dan respuestas definitivas, pero sí un marco más claro desde el que pensar.

Más allá de los resultados científicos, hay algo profundamente humano en este descubrimiento. Nos invita a reconsiderar nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que quizás no somos una excepción afortunada, sino parte de un proceso químico más amplio que lleva ocurriendo desde antes de la existencia del planeta que habitamos.

Cuando observamos las muestras de Bennu, no estamos mirando solo polvo antiguo. Estamos viendo un fragmento de una historia que la Tierra no pudo conservar. Y con él, la posibilidad de que el primer paso hacia la vida no ocurriera aquí, sino en algún pequeño cuerpo oscuro que viajó durante millones de años hasta caer en un lugar que, con el tiempo, se convertiría en nuestro hogar.

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Claudia Martínez Sánchez es investigadora en Biomedicina y Oncología Molecular en la Universidad de Oviedo. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

El legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero, que ha sido cedido por el poeta y columnista de infoLibre a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada de la que es catedrático, conformará un fondo de creatividad literaria para la investigación de ambos autores que se ha iniciado este miércoles con la primera donación: dos retratos de ambos realizados por el pintor Juan Vida, según recoge EFE.

El acto de entrega de este primer depósito ha servido también para el descubrimiento de la placa con la que la biblioteca de esta facultad ha pasado a denominarse Luis García Montero en reconocimiento a la trayectoria y la estrecha vinculación del también director del Instituto Cervantes con la Universidad de Granada.

Los fondos, que García Montero irá cediendo periódicamente, incluyen manuscritos, cuadernos de trabajo, correspondencia, archivos digitales, primeras ediciones, fotografías y materiales personales de ambos autores, fundamentales para la investigación en crítica genética, historia cultural y estudios de literatura actual.

"Uno no puede ganarse la vida como poeta, pero sí es posible ganarse la vida explicando poesía", y eso, dice, es lo que ha hecho desde que se hizo profesor de Literatura de esta facultad en la que estudió hace 50 años y a cuya decana, Ana Gallego, impulsora de la iniciativa, tuvo como alumna.

Para Gallego, el acto de hoy supone "la primera piedra para la creación de un sueño", el Fondo de Creatividad Literaria, que aspira a convertirse en un centro de referencia para la investigación literaria y la crítica genética.

El fondo irá además acompañado de una beca para investigadores de dentro y fuera de la Universidad de Granada, que podrán estudiar la biblioteca, el legado y los manuscritos tanto de Almudena Grandes como de Luis García Montero.

Fue en Granada, ha reflexionado García Montero, donde se desarrolló como persona, donde descubrió a Federico García Lorca y donde decidió dedicarse a la poesía: "Y tuve la suerte de que la vocación me pudiera".

En la biblioteca que ahora recibe su nombre serán depositadas las obras que tienen que ver con su relación de 30 años con Almudena Grandes y otros recuerdos que ha ido atesorando con el paso del tiempo, como recortes de periódicos con entrevistas y los incalculables libros que, dice, amontona en sus casas de Granada y Madrid.

Aunque actualmente asume la dirección del Instituto Cervantes y desde 2018 no da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, su ilusión, ha confesado, es regresar a ella antes de jubilarse.

"Yo tengo la ilusión de que esta legislatura dure hasta 2027, y voy a estar muy orgulloso como director del Instituto Cervantes, pero aunque gane las elecciones el Gobierno que yo quiero, ya he dicho que prefiero jubilarme de profesor de la Universidad de Granada", algo a lo que aspira a dedicarse en sus dos últimos años antes de jubilarse a los 70 -actualmente tiene 67- para dedicar ese tiempo también a preparar el fondo de la colección. 

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha agradecido a García Montero su "generosidad" para facilitar la creación de un fondo literario que permitirá, ha dicho, preservar la memoria cultural y consolidar a la Facultad de Filosofía y Letras como centro estratégico para el estudio de la literatura en lengua española del siglo XXI.