Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

La gran mayoría de periodistas del Congreso han decidido este martes no asistir a las ruedas de prensa de los portavoces después de que Bertrand Ndongo, acreditado en la cámara por Periodista Digital, se haya enfrentado con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, impidiendo hacer su labor a los medios, según recoge EFE.

El incidente se ha desencadenado al inicio del turno de preguntas de la rueda de prensa de Martínez Barbero, cuando Bertrand Ndongo ha empezado, sin tener el turno de palabra, a preguntar y hacer reproches a la portavoz sobre el procesamiento de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra.

Una de las responsables de prensa del partido de Yolanda Díaz ha intervenido para pedir respeto y, a continuación, la propia Barbero le ha rogado que se callara porque quería escuchar a los periodistas que querían hacerle preguntas. Ndongo ha seguido insistiendo, lo que ha impedido que se escucharan las cuestiones formuladas por la periodista a la que se le había dado el turno y Barbero ha abandonado la sala de prensa.

Los informadores han acordado posteriormente no acudir al resto de convocatorias de los portavoces, que, pese a este incidente, han continuado aunque sin contar con la presencia de casi ninguno de los medios habituales.

Ante estos hechos, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha rechazado "de manera contundente" el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan "alterando o impidiendo" el funcionamiento normal de estas ruedas de prensa y "distorsionan" el derecho a recabar y trasmitir información veraz.

La APP, a través de un comunicado, ha reiterado la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado tramiten "con la máxima urgencia" la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara Baja, que han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios y que se verá en el pleno de la próxima semana. En ella se establecen las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, "en absoluto", limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha pedido que se adopten medidas "cuanto antes" tras este incidente.

Noceda ha condenado este tipo de actitudes, como lo ha hecho la FAPE en reiteradas ocasiones, porque según sus palabras "no es admisible que activistas políticos utilicen una acreditación de prensa para torpedear el trabajo de los periodistas, que cumplen con el derecho de la información que se les exige por los ciudadanos". Además, para Noceda, "es lamentable" que el PP "no condene estas actuaciones".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha condenado los hechos sucedidos que, ha dicho, "tiene responsables claros" que se dedican a "perturbar e impedir el comportamiento democrático" que debería regir la Cámara entre periodistas y políticos. López ha tachado de "fascistas", "activistas de ultraderecha" y "verdaderos matones de patio de colegio" a estas personas que "insultan y amenazan a todo aquel que no comulga con sus planteamientos" y ha asegurado que el PSOE no se dejará amedrentar por estos comportamientos.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de los Comunes Aina Vidal (integrada en el grupo Sumar), mientras que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que cualquier político "tiene que defender la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Ha criticado además la propuesta en la Junta de portavoces de la portavoz de Sumar, que ha pedido, según Tellado, "que se modifique el reglamento para expulsar o retirar credenciales de prensa a determinados" periodistas. "Cuando hay políticos que quieren acallar a periodistas y controlar medios de comunicación eso en una democracia es tremendamente peligroso " ha afirmado Tellado, quien ha intervenido en la reunión -ha contado- en nombre del grupo popular para decir que no van a contar con el PP para "censurar a ningún medio de comunicación".

También se ha pronunciado sobre este asunto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien desde Bruselas, ha trasladado su solidaridad a la prensa en general y a la portavoz de Sumar en particular. "Ha visto violentados sus derechos como portavoz en el Congreso de los Diputados, su derecho a la libertad de expresión y su derecho a poder comunicarse. Es un comportamiento que jamás se puede volver a repetir", indicó Díaz.