El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que bajará el número máximo de alumnos por clase y reducirá la jornada del docente de Primaria y Secundaria, en el marco de un calendario que empezaría aplicarse el próximo curso, aunque la norma debe superar antes su trámite parlamentario, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta esta ley que propuso hace casi seis meses la exministra de Educación Pilar Alegría y que la nueva titular del Ministerio, Milagros Tolón, retomó a final de año.

El proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.

El alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos.

Estas dos últimos criterios empezarían a aplicarse en el curso 2026-2027 y la mayoría de comunidades gobernadas por el PP han pedido más tiempo para su implantación.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".

El Gobierno ha comunicado este miércoles a las organizaciones sindicales que inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Función Pública ha añadido que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.

UGT y CCOO habían urgido la semana pasada a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026. Los sindicatos pedían que se adoptara "en el próximo mes de febrero o a principios de marzo", ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación. Ya en ese momento, el ministro Óscar López señaló que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible". 

El país se enfrenta a un debate que tiene mucho de artificial en torno a la disminución del tiempo de trabajo, que actualmente se encuentra en las 40 horas semanales, desde que el primer gobierno socialista de la democracia, allá por 1983, decidió rebajar la jornada laboral. 

Ya en aquellos días las críticas fueron muy parecidas a las que algunos empresarios y algunas fuerzas políticas esgrimen en estos momentos: La productividad económica es baja y si disminuimos el tiempo de trabajo eso traerá ruina para las empresas y pérdida de empleos.

Los años han pasado y ni la economía española, ni el empleo, han sufrido semejantes desastres. Muy al contrario. La actividad económica ha crecido y los puestos de trabajo también. Simplemente aquellos malos augurios eran el fruto del desconocimiento, de la desidia o de ideas anticuadas, cuando no tendenciosas.

Somos uno de los países que más horas trabaja en toda Europa, eso sin contar el uso y abuso de las horas extraordinarias. Sin embargo, España tiene una productividad por debajo de la media. Estamos bastante mejor que Grecia, pero bastante peor que Alemania, Italia o Países Bajos, por poner algunos ejemplos variados.

Cualquiera que se haya molestado en leer un poco sabe que la productividad es algo así como la eficiencia de un sistema productivo. La relación entre lo que produces y lo que has tenido que invertir para producirlo. Mide cuánto has producido por cada unidad de factor que haya intervenido en el proceso. Con más horas se supone que produces más, pero si inviertes en innovación y tecnología también produces más. Si modernizas tu empresa produces más. 

Por lo tanto la productividad no tiene que ver exclusivamente con las horas que pasa un trabajador atado al banco de trabajo, sino con la cualificación y la formación que tiene, las habilidades adquiridas y los medios con los que trabaja, así como con el capital invertido en mejorar los sistemas de producción de la empresa. 

Los países que lo fían todo a que los trabajadores dediquen muchas horas de trabajo, pero no invierten en mejoras tecnológicas e innovación en sus sistemas productivos, terminan perdiendo productividad. Los países que cuentan con empresarios que piensan en formar bien a sus trabajadores, que tengan niveles salariales adecuados, que se encuentren motivados y que dedican una parte de los beneficios a modernizar su empresa, renovar maquinaria, actualizar su tecnología, mejorar sus instalaciones, sus redes de distribución, consiguen incrementos de productividad. 

El problema es que España, pese a todas las modernidades sobrevenidas, sigue siendo un país de cultura terrateniente y latifundista. Cualquier empresario quiere ganar dinero, mucho dinero, lo más rápido posible, con trabajadores poco formados, pero que le echen muchas horas y que trabajen a pedales y con los menos medios posibles. 

Las inversiones tecnológicas escasean. La innovación es una palabra desconocida, o es utilizada tan sólo con fines publicitarios. El tejido empresarial está compuesto por una inmensa mayoría de pequeñas empresas, o microempresas, con muy pocos trabajadores, y eso también actúa en contra. 

Hay países europeos mucho más productivos que nosotros con jornadas laborales de 35, o de 37 horas. Países como Bélgica contemplan 38 horas y otros como Francia 35. También abundan los países avanzados europeos que establecen un máximo de 40 horas. Sin embargo, en estos países las horas pactadas en convenio suelen moverse entre las 37 y las 38 horas de media semanal. 

No es lo mismo la jornada máxima establecida por ley que la negociada en convenio, que es siempre inferior. El problema se encuentra en todos esos trabajadores y trabajadoras que carecen de convenio, o con poca capacidad negociadora, al tratarse de sectores precarizados y poco sindicalizados.

En España, por ejemplo, la jornada media negociada en convenio es de 38´2 horas semanales. Y pese a ello, la reducción de jornada que propone el Gobierno afectaría a unos 12 millones de trabajadoras y trabajadores. Lejos de producir crisis empresariales y pérdidas de empleo, la medida de reducir la jornada tendría efectos positivos sobre la mejora y modernización de nuestras empresas, como ya ocurriera en 1983. 

Recurrir a Carlitos Alcaraz, como hace el Presidente de la CEOE, con esa familiaridad del que conoce bien al muchacho, suena ridículo. El entrenamiento físico de Carlitos no puede ser infinito sin riesgo de colapso de sus músculos. El entrenamiento mental también tiene sus límites. El ocio de un deportista es parte esencial de sus éxitos. Pero es que, además, el salario de cualquier trabajador es incomparable con el de Carlitos y hasta con el del propio Garamendi, que se embolsa casi 400.000 euros de sueldo anual, limpios de polvo y paja.

Cuando un empresario se acostumbra a obtener altos beneficios, invertir poco y utilizar para ello tan sólo las horas de trabajo de su personal, la productividad termina por caer. Sin embargo, cuando ese mismo empresario utiliza mejor su fuerza de trabajo, pagada adecuadamente, incentivada y bien formada, la manera de incrementar la cantidad y calidad de sus productos y servicios es reinvertir parte de los beneficios, innovar y mejorar su tecnología. 

La reducción de la jornada laboral siempre es un incentivo para que las empresas mejoren su productividad, inviertan más, creen empleo y sean socialmente más responsables. El actual debate y la negativa a la reducción legal de la jornada laboral, impulsado por una derecha anquilosada y una parte del empresariado poco innovador y anclado en un pasado que no volverá, impide que nuestro mercado de trabajo mejore y supone una pérdida de tiempo en la necesaria modernización del país.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

El Ministerio de Trabajo endurecerá la forma en que los trabajadores registran su jornada laboral. El pasado jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntaba que reformarían el registro horario por medio de un real decreto y al margen del proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales que no salió adelante en el Congreso. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que este punto había sido uno de los que mayores discrepancias generaba en las negociaciones con la patronal, pero que saldrá adelante por medio de un reglamento que desarrolle el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible a Inspección de Trabajo y el real decreto prevé un desarrollo riguroso de este mandato.

En un encuentro con periodistas, fuentes de Trabajo explicaron que un sistema digital e interoperable al que pudiesen acceder los inspectores mejoraría el cumplimiento de la ley y repercutiría, además, en el tiempo de trabajo. "Si logramos un registro fiable de las horas de trabajo, la jornada efectiva de los trabajadores se reduciría", señalan. "El registro que hacen las empresas sigue siendo en muchos casos en papel e, incluso, se llega a firmar antes. Ahora se sabrá claramente distinguir las pausas, las horas extra, las complementarias, el inicio y la salida del trabajo".

Por el momento el real decreto se encuentra en fase de consulta pública hasta el próximo 26 de septiembre. Una vez terminada esta fase, se publicará un texto articulado en el que se recogerán las alegaciones iniciales, antes de pasar a la tramitación dentro del seno del Gobierno. Desde trabajo apuntan que, pese a la larga negociación para presentar la reducción de jornada, actualmente "no hay ninguna fisura con Moncloa" para poner en marcha el nuevo método de fichaje digital.

En respuesta a las críticas del PP sobre la gestión de la información, desde el ministerio apuntan que la medida contará también con una evaluación por parte de la Agencia de Protección de Datos. "Inspección de Trabajo ya tiene una ley que la habilita a acceder a esa información", apuntan, e insisten en que la propuesta solo busca "dar disciplina y rigor en el cumplimiento de la legalidad" y que haya "una menor sensación de impunidad en el tiempo extra de trabajo".

La medida, que era uno de los ejes de la reducción de jornada, emplaza a las empresas a registrar por medios digitales el horario diario que realizan sus empleados. Advierte, además, que este registro deberá permitir identificar inequívocamente a la persona que ficha y que, tanto Inspección de Trabajo, como los representantes legales de los trabajadores (si los hubiera), deben tener acceso a estos datos.

Lo que no van a poder rescatar de la propuesta anterior es el incremento en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.

Este miércoles el Gobierno de coalición, Sumar en especial, y Yolanda Díaz de forma personal, se juegan mucho: hacer realidad en el Congreso de los Diputados su promesa de reducción de la jornada laboral que ya ha aprobado la sociedad. Ganada en la calle, no está nada claro que supere la votación en el Congreso.

10,5 millones de personas según el Gobierno, casi 13 según CCOO, pueden verse beneficiadas de este cambio, especialmente trabajadores a jornada completa en el sector privado, con mayor repercusión en la industria y la construcción. En ámbitos como Educación, Administración Pública, actividades financieras y de seguros y en suministros de agua y recogida de residuos, la jornada laboral ya ronda las 37,5 horas, y en territorios como el País Vasco, Navarra y Cataluña, también. No es, por tanto, una quimera, sino una realidad que se aplica ya a casi la mitad de los trabajadores (22 millones, según la EPA) y que ayudaría a igualar las condiciones de unos y otros. Se trata, entre otras cosas, de un asunto de equidad con múltiples repercusiones sobre el estilo de vida.

La afección de la reducción de jornada laboral es distinta según sectores, lo que obliga a contemplar casuísticas distintas y ritmos de implantación, compensaciones, ayudas, etc., algo que a estas horas debe de estar siendo objeto de negociación entre la vicepresidenta Díaz –que ha liderado la iniciativa– y los socios del Gobierno, especialmente Junts, que se ha mostrado contrario a apoyar la medida.

En la calle, sin embargo, la reducción de la jornada laboral se acoge de buen grado. Aunque con variaciones según las distintas encuestas, se apunta que dos de cada tres españoles estarían de acuerdo con la medida. Y lo que es más significativo: Según 40dB, sólo el 25% de los votantes del PP y el 29% de los de Vox se muestran contrarios. Es decir, la reducción de la jornada laboral tiene un apoyo social considerablemente transversal. 

¿Por qué, entonces, esta reforma está encontrando tantas dificultades en el Congreso de los Diputados? Todas las miradas apuntan a Junts, partido de indudable carácter conservador, con posiciones cada vez más hacia la derecha en temas como la migración –en lo que compite con la ultraderecha Aliança Catalana– y de profunda raigambre ultraliberal en lo económico. Contra lo que a veces se considera por una parte de la izquierda, ser nacionalista catalán no es sinónimo de ser progresista. Una parte de sus votantes, poderosos e influyentes, pertenecientes a la oligarquía catalana, se oponen profundamente a una medida como la reducción de la jornada laboral. Las presiones que los exconvergentes han recibido para votar en contra son públicas y conocidas, y todo apunta a que pueden decantar su voto pese a que, según el Centre d'Estudis d'Opinió, el 83% de los catalanes apoyan la medida. Entre los votantes de Junts, el 72%. La presión de los influyentes en este caso puede ser más poderosa que la opinión de los votantes.

Con estos datos en la mano, sería normal pensar que Junts acabaría apoyando la reforma, con toda la negociación necesaria, pero a las horas de escribir estas líneas no parece que vaya a ser fácil. ¿A qué responde esta estrategia? En cuanto se formula esta pregunta, emerge la imagen de aquel escorpión que convence a la rana de que le ayude a cruzar el río prometiéndole que no le clavará su aguijón, pues de hacerlo él moriría también ahogado. Cuando finalmente lo hace y la rana le recrimina, el escorpión contesta: “Es mi naturaleza”. En efecto, es su naturaleza. Les puede la clase (social).

Los partidos que apoyan al Gobierno son una combinación de progresismo y plurinacionalismo. Unos en el eje de la izquierda y otros en el de la derecha; unos en el centralismo y otros en los nacionalismos periféricos. Saber conjugar todo esto ha sido clave para la aprobación de 42 leyes en esta legislatura. ¿Seguirá siendo posible? Mientras tanto, los sindicatos llaman a la movilización el próximo miércoles en todas las ciudades. No será esta una votación cualquiera ni para el Gobierno, ni para Sumar, ni para Yolanda Díaz. Tampoco para los socios. Es hora de retratarse. PP y Vox ni están ni se les espera.

Pedro Sánchez quiere demostrar que tiene la iniciativa. El lunes por la mañana lo hizo presentando las grandes líneas del pacto de Estado para la emergencia climática —que anunció en plena ola de incendios— y este martes dará continuidad a esta estrategia en un Consejo de Ministros en el que está previsto aprobar las quitas de deuda que, si ellas quieren, beneficiarán a todas las comunidades autónomas del régimen común. En medio de esas dos citas, una entrevista en horario de máxima audiencia en RTVE —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que sostuvo con rotundidad que no existe corrupción en el PSOE, acusó a determinados jueces de hacer política y desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse en el futuro.

Interrogado por la periodista Pepa Bueno, exdirectora de El País y nueva presentadora de la segunda edición del Telediario en La 1 de TVE, volvió a asegurar que no supo nada de las supuestas actividades ilegales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “No tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Tengo que decirle a la ciudadanía que este Gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Ninguno”.

El presidente volvió a asegurar que da por cerrada su responsabilidad destituyendo y poniendo distancia con los investigados, pese a que no existe todavía sentencia judicial alguna, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que hacía el PP, y poniendo en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción.

Por primera vez, sostuvo con contundencia que “por supuesto que no hay corrupción en el PSOE. No hay financiación irregular del Partido Socialista, no la hay. Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción”, subrayó.

¿Por qué no dimitió? “Mi responsabilidad no es abandonar el barco. Es tomar decisiones, por duras que sean, desde el plano político, desde el plano de la organización, y por supuesto ofrecer al país una agenda de mejora de la calidad democrática, que es lo que está haciendo este Gobierno”, explicó.

Sánchez defendió que el fiscal general no dimita, pese a haber sido procesado, con el argumento de que “es inocente. Creo en su inocencia”. Y cuando Bueno le recordó que son los jueces los que deciden eso, añadió: “Por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado”.

“Siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchan contra la corrupción, que persigan al delincuente”, prosiguió el presidente. “Pero no en un caso que a mí me parece que falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral”.

En relación con su hermano y su esposa, sometidos también a sendas imputaciones judiciales, acudió al mismo argumento. “Por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. Porque es la verdad”.

Aun pensando que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, añadió: “Con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Estos son casos palmarios de que eso no es así. De que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, se quejó.

“Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia”, sentenció en una nueva respuesta. “Sin duda alguna. Afortunadamente, es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia y al Poder Judicial”.

En todo caso, insistió en asegurar que “la corrupción sistemática acabó con la moción de censura en el año 2018. He pedido perdón, estoy dispuesto a aprender, a reconocer también mis errores, pero lo que no voy a hacer es aceptar lecciones de organizaciones políticas (en referencia al PP) que no asumen esa responsabilidad, que tienen más de 30 causas abiertas y que tienen a más de 100 personas siendo investigadas por casos de corrupción muy graves”.

“¿Su Gobierno, la continuidad de su Ejecutivo, depende más de los tribunales en este momento que de su acción de Gobierno?”, le preguntó la periodista. “De la acción de Gobierno. Sin duda alguna”, respondió Sánchez, desvinculando el futuro de su Ejecutivo de cualquier decisión judicial.

Preguntado acerca de lo que no funcionó durante los incendios, Sánchez recordó que ya sabemos “lo que no funciona. No funciona la deslealtad institucional, la precariedad de los trabajadores de las comunidades autónomas que están combatiendo contra el fuego, los recortes, ni la privatización ni el debilitamiento de las políticas públicas”. Hay recursos, defendió, y evidencias científicas. “Lo que falta es voluntad política por parte de determinadas administraciones territoriales para trabajar todos a una”, precisó, culpando a las comunidades autónomas del PP.

Sánchez pidió unidad para sacar adelante su propuesta de un pacto de Estado para la emergencia climática, pero al mismo tiempo calificó de “enorme error” ver a dirigentes políticos, a través de instituciones y partidos políticos —de nuevo en alusión directa al PP—, “no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática”.

Defendió también la quita de deuda que aprobará este martes el Consejo de Ministros, no solo en cumplimiento de sus compromisos con Esquerra, sino porque dará “margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda”.

Es una decisión asumible, recalcó, gracias a la buena gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se va a llevar a cabo al mismo tiempo que se reducen la deuda del Estado y el déficit público.

El presidente reafirmó también que su Gobierno presentará un proyecto de presupuestos al Congreso por primera vez en lo que va de legislatura. Y esta vez reveló que no anticipará elecciones si no consigue sacarlos adelante como él mismo exigió en 2017 a Mariano Rajoy.

“Voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa. Y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. Reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas. Poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026”. Y no tiene intención de renunciar a este fin si no logra sacar adelante “el instrumento” que, según él, es la ley de presupuestos.

“Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales” y, si no logra que salgan adelante, seguirá gobernando con los presupuestos que tiene. “Tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho: hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del Gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026”.

Convocar elecciones, aseguró, supondría “meter al país en una parálisis: dos meses de campaña, más luego el debate de investidura. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad de transformar nuestro país con esos fondos europeos”.

“Voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales”, pero si no salen, concluyó, “tenemos todas las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos”.

“Moda desechable, explotación sostenible”. Ese es el título del informe publicado el miércoles 30 de julio, en el que las ONG Action Aid France y China Labor Watch trazan un panorama preocupante sobre Shein, el gigante chino de la moda rápida. Gracias a un trabajo de inmersión de dos años en el corazón de la metrópoli china de Guangzhou (Cantón) y a unas cincuenta entrevistas con trabajadores, el informe destapa la catástrofe social que se esconde tras los bajos precios y la sobreproducción. Como un espejo amplificador de lo que prevalece en todo el sector.

En marzo de 2025, Shein respondió a preguntas de China Labor Watch sobre una serie de puntos. El grupo ha dicho a Mediapart que “lamenta y deplora no haber tenido acceso a esta investigación antes de que se hiciera pública”. En este artículo incluimos sus respuestas, así como las precisiones que Shein ha proporcionado a Mediapart.

La marca, creada en 2008 con el nombre de Sheinside, se ha convertido en los últimos años en el gigante indiscutible de la fast fashion. Está presente en 150 países, con la notable excepción de China. Según los datos de la agencia Cargo Facts Consulting, especializada en logística aérea, a finales de 2024 Shein exportaba 5.000 toneladas de ropa por avión cada día.

“En solo tres días, eso sería suficiente para toda la población francesa”, señala el informe de Action Aid France y China Labor Watch. También en Francia, la marca ha experimentado un auge fulgurante, convirtiéndose en la marca en la que “más gastan los franceses” en 2024, según un estudio de la aplicación de compras Joko.

La producción, a cargo de innumerables subcontratistas en China, se realiza bajo un sistema de flujo ajustado al tiempo. “La empresa realiza primero pequeños pedidos de prueba a los proveedores, generalmente por debajo de 200 artículos”, dice el informe. “Los algoritmos de la marca evalúan la demanda y, a continuación, lanzan una producción masiva de los artículos populares, casi de forma instantánea”. Shein subcontrata el envío de los paquetes desde China a todo el mundo en solo unos días. Todo ello a precios sin competencia.

El éxito de Shein se explica, entre otras cosas, por la gran diversidad de prendas que vende la plataforma. En 2023, la asociación Les Amis de la Terre hizo números: de media, la plataforma publica cada día 7.200 referencias nuevas, con un pico de 10.800 el 16 de mayo de 2023. Para estar al día de las últimas tendencias, la plataforma utiliza la inteligencia artificial, lo que le permite adaptar instantáneamente la producción a las preferencias de los clientes.

Según el informe de las ONG, si Shein puede producir tanto por tan poco dinero es, en primer lugar, a costa de los trabajadores chinos. Una “explotación a gran escala” especialmente visible en la localidad de Kangle, en la metrópoli de Guangzhou. Un kilómetro cuadrado, 100.000 habitantes y talleres en cada esquina. Esos locales, a menudo informales, que reúnen hasta cincuenta trabajadores, producen para Shein, pero también para otras marcas de moda rápida.

Esos talleres “están contratados por subcontratistas” y pueden “producir ropa a un ritmo ininterrumpido, encadenando el corte, la costura, el embalaje y el envío en solo unos días”. Compiten con las fábricas que producen directamente para Shein, en una guerra por reducir los costes.

“Shein no posee ni explota ninguna fábrica”, se defiende la marca en respuesta a China Labor Watch. “Esos talleres no producen exclusivamente para Shein, sino también para otras marcas” y asegura que “todos los proveedores de productos [...] deben firmar y aceptar cumplir nuestro Código de Conducta para Proveedores. Este prohíbe el recurso a prácticas laborales contrarias a la ética, como el trabajo forzado, el trabajo infantil y los abusos en materia de salarios y horarios de trabajo”. Según el código, esos proveedores también deben hacer cumplir estas obligaciones a sus propios subcontratistas, los famosos microtalleres.

Además, en el Código de Conducta dictado por Shein, los proveedores no pueden subcontratar sin su consentimiento y toda la cadena de producción debe respetar las normas de dicho código. Sobre el papel, existe respeto a los trabajadores y se controla la cadena de producción. Sobre el terreno, las ONG denuncian una realidad muy diferente: la mayoría de los trabajadores de esas microestructuras trabajarían sin contrato. Todos operan bajo “una fuerte presión” que se ha convertido en norma. Cuatro años después de la investigación de la ONG Public Eye, Trimer pour Shein (Currar para Shein), parece que nada ha cambiado.

“Los trabajadores entrevistados afirman que se les paga por pieza, según la complejidad de la tarea, por importes que oscilan entre 0,06 y 0,27 euros”, indica el informe. Una de las trabajadoras entrevistadas explica, por ejemplo, que se encarga de colocar ojales metálicos en camisas blancas. Por esta tarea, gana alrededor de 0,5 yuanes, es decir, 0,06 euros por prenda.

“Las cifras mencionadas corresponden a una comisión por etapa y por pieza, y no al pago por una prenda completa”, precisa Shein a Mediapart. “Una camiseta básica pasa por al menos once etapas de fabricación, cada una con un nivel de complejidad diferente. Cada trabajador se encarga de una sola de esas etapas. El trabajador recibe una comisión por cada etapa realizada, por pieza”. Y asegura que la marca remunera a sus proveedores “a precios competitivos para que puedan pagar salarios justos a sus trabajadores”.

“Según las estimaciones actuales, el coste de la vida para una persona sola en Guangzhou asciende a unos 4.229 yuanes al mes (502 euros), sin contar alojamiento. A razón de 0,5 yuanes por prenda, una trabajadora tendría que producir cerca de 300 prendas al día para poder llegar a esa cantidad. Los trabajadores entrevistados por China Labor Watch estiman que para alcanzar “un buen salario”, todos deben trabajar “más de once horas al día, seis o siete días a la semana”. “Si hay treinta y un días en un mes, trabajaré treinta y un días”, declaró un obrero a la BBC en enero de 2025.

“Los trabajadores hacen jornadas muy largas, de hasta dieciséis horas”, añade a Mediapart uno de los miembros de China Labor Watch que se ha infiltrado en esos talleres. “¡Eso no es un trabajo para seres humanos!”.

La marca asegura que los proveedores y sus subcontratistas están obligados por contrato a respetar la legislación local, contratar con contrato y pagar las horas extras. El gigante también asegura que acompaña a sus proveedores, ofreciéndoles, en particular, formación “centrada en el cumplimiento de los requisitos en materia de horarios de trabajo”.

Según ha precisado la marca a Mediapart: “SHEIN no firma contratos ni acuerdos directos con los subcontratistas de sus proveedores de productos acabados. Los proveedores que firman el Código de Conducta para Proveedores se comprometen a garantizar el cumplimiento continuo de todos los subcontratistas aprobados (...) Además, realizamos auditorías SRS  [declaración de servicios requeridos, ndt] adicionales a algunos subcontratistas para verificar que nuestros proveedores aplican efectivamente los requisitos de cumplimiento a lo largo de toda su cadena de suministro, tal y como exige el Código de Conducta para Proveedores.” Según sus auditorías internas, en 2022 solo el 2,3 % de los subcontratistas infringía las normas, el 0,5 % en 2023 y el 0,4 % en 2024. “En caso de incumplimiento, tomamos medidas firmes”, asegura la marca.

Además de los escasos salarios, los talleres se enfrentan a las fluctuaciones del mercado. Las debidas al modelo de Shein, pero también a otras más estructurales. Por ejemplo, durante el Black Friday o en Navidad, “se acumulan los pedidos y se alargan las jornadas”. Una vez pasados esos picos de demanda, “los salarios caen y los trabajadores pueden quedarse sin trabajo de un día para otro”.

Las decisiones políticas también pueden influir en los pedidos: “En previsión de los aranceles impuestos por la administración Trump, la producción aumentó considerablemente en Kangle entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Durante ese periodo, muchos trabajadores declararon haber trabajado siete días a la semana, a veces más de diez horas al día.” Tras la entrada en vigor del aumento de los aranceles entre China y Estados Unidos, Shein subió sus precios y las ventas cayeron inmediatamente, “provocando una oleada de despidos”.

Según las ONG, las trabajadoras de los talleres que producen para Shein están sometidas a más presión que sus compañeros. “Son mayoría en las cadenas de producción y se les asignan los puestos más precarios y peor remunerados”, señala el informe.

Peor aún, “en algunas fábricas se describe un sistema de contratación por parejas, en el que el trabajo de la mujer no se remunera de forma independiente […]. Las parejas suelen cobrar como una sola entidad, y los hombres acompañados de sus parejas son considerados más interesantes en el mercado de la contratación”. Algunas trabajadoras también afirman haber sufrido violencia sexista en los talleres, sobre todo violencia verbal. “Sin contrato, sin procedimiento de denuncia ni mecanismos de protección, estas trabajadoras dicen sentirse impotentes ante los abusos.” 

Por su parte, Shein asegura que en 2024 la marca reclasificó los “casos de acoso o violencia hacia los trabajadores, incluyendo la violencia y el acoso por motivos de género” de la categoría de “infracción que requiere una reparación inmediata” a la de “infracción que conlleva la rescisión inmediata del contrato”. Además, el Código de Conducta prohíbe “toda forma de discriminación”, así como “utilizar el matrimonio, el embarazo o el número de hijos de un empleado como criterio para la contratación o la permanencia en el empleo”.

El informe revela que estas trabajadoras tampoco están empadronadas en la ciudad y, por lo tanto, sus hijos no tienen acceso a la escuela pública. Dado que suelen ser ellas las que se encargan de la educación de los niños, se enfrentan a una difícil elección. Algunas los envían a vivir con familiares en el campo. Otras los llevan al taller. “Los niños juegan cerca de equipos industriales de alto riesgo”, alerta el informe. “Hay máquinas de coser, planchas y otros productos químicos y partículas tóxicas en un entorno saturado de fibras sintéticas.” 

Shein asegura que contribuye “a crear entornos de trabajo favorables para la familia mediante la creación de estructuras y dotación de personal para la acogida de niños en las instalaciones de nuestros proveedores”. La marca indica que pone a disposición 25 guarderías, con capacidad para 1.000 niños en total, y recuerda que en sus campamentos de verano en 2024  participaron 350 niños.

También otras cifras nos han llamado la atención. En su informe de 2023, la empresa reconocía que dos de sus proveedores habían recurrido al trabajo infantil, a pesar de que estaba prohibido por las normas aplicadas a los subcontratistas. Lo mismo ocurrió en 2024 con otros dos proveedores. Uno empleaba a un niño de 11 años y el otro, a uno de 15. La marca asegura haber rescindido los contratos de todos esos talleres.

Los niños que juegan entre las máquinas, al igual que sus padres trabajadores, se mueven en espacios donde “están omnipresentes las micropartículas sintéticas”, sin mascarillas y sin seguimiento médico.

El riesgo es pues elevado, según el informe de sostenibilidad de Shein de 2023, donde el 76 % de las prendas están compuestas de poliéster. “Un simple accidente, una enfermedad, bastaría para que mi familia y yo nos endeudáramos”, relata un trabajador entrevistado por las ONG. El problema es que están excluidos de los sistemas básicos de protección social, según los autores del informe, que añaden: “Muchos afirman que renuncian a la atención médica o siguen trabajando después de sufrir accidentes porque no pueden asumir los costes.”

Pero eso no es todo. En varios talleres visitados por China Labor Watch, “las salidas de emergencia no están señalizadas y no hay expuesto ningún plan de evacuación de emergencia”. Tampoco hay medidas de prevención de incendios. Y eso a pesar de que “los materiales altamente inflamables, como tejidos, cartones y disolventes, se almacenan sin precauciones, los puestos de trabajo están abarrotados y los pasillos son demasiado estrechos para permitir una evacuación rápida”. Esta observación ya había sido realizada por la ONG Public Eye en 2021.

A este respecto, Shein se muestra en desacuerdo. “Nuestro Código de Conducta exige a los proveedores que ofrezcan un entorno de trabajo seguro, higiénico y saludable... En las normas de responsabilidad de los proveedores, describimos detalladamente los requisitos en materia de seguridad contra incendios, química y eléctrica, así como el suministro de equipos de protección individual”.

El Código de Conducta, citado constantemente por Shein para defenderse de cualquier acusación de abuso, “nunca se respeta”, concluye Li Qiang, fundador y director de China Labor Watch, en declaraciones a Mediapart. “De hecho, no está pensado para ser respetado, sino para servir como herramienta de comunicación y relaciones públicas”.

Para Action Aid France, es urgente situar la cuestión social en el centro de la crítica al modelo Shein. La organización lamenta que apenas se haya abordado en los debates franceses sobre la ley para regular el sector.

Además, la ONG considera que, al centrarse únicamente en Temu y Shein, la ley no aborda problemas que, en realidad, afectan a todo el sector. “Ante el lobbying de la industria textil francesa, preocupada por preservar sus intereses, el texto aprobado en el Senado se centró finalmente en la moda ‘ultra express’, definida como un modelo basado en la venta exclusiva online de prendas a precios reducidos, renovadas a un ritmo frenético. Esta definición excluye de hecho a la mayoría de las marcas tradicionales de moda rápida, cuyas prácticas son, sin embargo, comparables a las de Shein”. Y cita a Kiabi, Primark o Decathlon, recientemente señalada por Disclose por sus condiciones de producción en Bangladesh.

“Shein no hace más que amplificar dinámicas que ya están en marcha en la moda: la subcontratación a bajo coste, la flexibilización extrema del trabajo, la represión sindical, nada para los trabajadores y todo para los accionistas, y una mercantilización extrema de los recursos y de las personas”, añade la ONG a Mediapart. “No se trata de una brecha en el sistema ni de un error procedente de China, sino simplemente de la versión radicalizada de lo que permite el modelo económico dominante.”

La coalición Stop Fast Fashion, de la que forma parte Action Aid France (junto con Amis de la Terre y Emmaüs France), espera que los parlamentarios reequilibren la ley en la comisión mixta paritaria prevista para después del verano.

China Labor Watch ha explicado la metodología de su investigación a Mediapart. Tres de sus miembros fueron enviados allí. Una activista vivió en Kangle durante dos años y llevó a cabo una investigación preliminar. Otros dos se desplazaron allí en febrero de 2025 y permanecieron varias semanas para la segunda fase de la investigación. Los tres activistas entrevistaron a empleados de los talleres y dos de ellos consiguieron ser contratados de incógnito.

Modificación del miércoles 30 de julio a las 11:30: Shein nos ha enviado precisiones sobre la política salarial de sus proveedores, que reproducimos aquí. Hemos añadido algunos de estos elementos al artículo.

“SHEIN se compromete a garantizar un entorno de trabajo seguro y equitativo para todos los empleados de sus proveedores, e invierte varios millones de dólares para reforzar la gobernanza y el cumplimiento normativo en su cadena de suministro. Remuneramos a nuestros proveedores con tarifas competitivas para que puedan pagar salarios justos a sus trabajadores. En el marco del programa SRS de SHEIN, recurrimos a organismos independientes externos, como Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS y TÜV Rheinland, para realizar auditorías periódicas sin previo aviso en las instalaciones de nuestros proveedores. El objetivo es verificar su cumplimiento de nuestro Código de Conducta y de las normas de SHEIN, en particular en lo que respecta a la jornada laboral. Gracias a esos esfuerzos, los estudios realizados por nuestros auditores externos, que abarcan a más de 4.000 trabajadores de las fábricas de nuestros proveedores en China, muestran que sus salarios básicos (sin incluir las horas extras) son, en promedio, dos veces superiores al salario mínimo local y más del 50 % superiores al salario vital estimado en 2022 para Shenzhen por la Global Living Wage Coalition. Invertimos importantes recursos financieros, humanos y operativos para garantizar que los trabajadores de nuestra cadena de suministro sean tratados de forma justa, de conformidad con la legislación local y las normas internacionales del trabajo. Además, las afirmaciones de que los trabajadores ganan solo unos céntimos por prenda terminada son inexactas y distorsionan la realidad de los sistemas de remuneración utilizados por nuestros proveedores. Las cifras mencionadas corresponden a una comisión por etapa y por pieza, y no al pago por una prenda completa. Una camiseta básica pasa por al menos 11 etapas de fabricación, cada una con un nivel de complejidad diferente. Cada trabajador se encarga de una sola de estas etapas, por ejemplo, cortar los hilos que sobresalen de una prenda ya confeccionada, como se ve en el documental. El trabajador recibe una comisión por cada etapa realizada, por pieza”.

Traducción de Miguel López

Las medidas que apuestan por paliar la carga laboral en las empresas, como la reducción de la jornada o las semanas de cuatro días de trabajo, mejoran la salud física y mental de los trabajadores. Eso es lo que ha concluido un estudio publicado en Nature Human Behaviour.

La investigación, liderada por la Universidad de Boston (EE UU), demuestra que, al disminuir el tiempo trabajado sin intervenir en los salarios, los empleados incrementan su rendimiento con menos episodios de fatiga y problemas de sueño. 

Según explica a SINC la coautora de esta investigación y profesora en la universidad estadounidense, Juliet Schor, “encontramos un relación estrecha en cómo la gente definía su capacidad de trabajo en función de cómo valoraba su bienestar personal y productividad”. 

Según Schor, sus hallazgos ponen en valor el potencial de estas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. “Ahora hay pruebas sólidas de que pueden funcionar para muchas organizaciones”, apunta la socióloga. 

En el trabajo, el equipo llevó a cabo ensayos de seis meses en los que involucraron a más de 2 500 empleados de 141 organizaciones en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

Utilizaron datos de las encuestas y midieron los indicadores que relacionaban la salud con el trabajo antes y después del estudio. 

En concreto, analizaron el agotamiento, la satisfacción laboral y la estabilidad mental o física de los empleados. Finalmente, compararon sus resultados con los obtenidos en la encuesta a 285 trabajadores de 12 empresas que no se sometieron al estudio. 

Los investigadores descubrieron que, después de reducir la semana laboral a cuatro días durante el estudio, hubo una disminución en el tiempo de trabajo de cinco horas de media. 

Aquellos que experimentaron un aumento significativo del ocio —en ocho horas o más— alcanzaron menores niveles de agotamiento y fatiga, así como un incremento en su satisfacción por el trabajo y salud mental.  

Según expresa Schor a SINC, “el tiempo libre es la razón inmediata”, sobre todo por su impacto en factores conductuales como el sueño o la fatiga; además de sentirse personas más productivas y capaces. 

Sobre el ejercicio físico, la otra autora de este estudio e investigadora en la Universidad de Boston, Wen Fan, cuenta que “sorprendentemente no parece desempeñar un papel tan importante”. 

Asimismo, la motivación fue un factor sobre el que especularon pero no lo midieron en la encuesta, aunque “no hay razón para pensar que disminuya con el tiempo”, avisa Fan.

Entre sus hallazgos, encontraron efectos parecidos pero no tan elevados en los empleados que sufrieron reducciones de 1 a 4 horas, y de 5 a 7 horas en su semana laboral.

“Estas organizaciones lo hacían mediante la reorganización del trabajo: reducían las actividades de bajo valor como las reuniones y sesiones largas”, dice Shor. De este modo, “solo observamos un aumento muy pequeño en el ritmo o la intensidad del trabajo”, añade.

Según la autora, la cultura de las organizaciones y empresas va cambiando poco a poco y empieza a respetarse el tiempo de las personas. “Incluso medio día es importante”, señala la socióloga. Por ello, ambas instan a reducir el tiempo de trabajo sin impactar manipular el salario, con el propósito de mejorar la satisfacción y salud de los trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido aplazar hasta el próximo periodo de sesiones el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral para dar más tiempo a la negociación con Junts. Ha informado EFE. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que la tramitación de la reducción de jornada no se realizará el día 22, como estaba previsto. “El debate de la jornada tiene que estar centrado en la jornada y no en otros intereses mediáticos”, apuntan.

Según un comunicado del Ministerio de Trabajo, se ha decidido dar más tiempo a los trabajos con los grupos para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones. Fuentes de Trabajo explican que “Junts ha pedido más tiempo para negociar” y remarcan que sería “insensato” no hacerlo dada la repercusión de la medida.

En el comunicado también señalan que ha reclamado mayor protección para las pymes, autónomos y trabajadores que vayan a sufrir cambios en su actividad. “Por ello, y dado que se trata de una medida importante para el Gobierno español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar más tiempo a estos trabajos para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones”, concluyen.

“Frente al ruido y el fango, más agenda social”. Esta es la principal reflexión que hace durante estos días Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar desde la pasada asamblea. Por ello, aprieta para que salgan medidas adelante como la reducción de la jornada laboral o la prestación universal por hijo. Hay que darle horizonte a las personas, ahonda durante esta entrevista con infoLibre, frente a los relatos del PP y de Vox.

Hernández (Madrid, 1986) subraya que hay una operación para derribar al Gobierno de coalición “por mar, tierra y aire”, pero advierte de que el espacio progresista va a aguantar hasta el final de la legislatura. Y a la vez lleva días de discretas negociaciones con portavoces de Compromís para mantener la cohesión en el grupo parlamentario tras semanas de tensión. Su voz es clave en un momento en el que la izquierda acumula encuestas negativas donde se penaliza la división entre los partidos progresistas.

¿Debería dimitir el fiscal general del Estado tras ser procesado por el Tribunal Supremo?

Estamos ante un no caso. Es sumamente preocupante e inquietante que el Supremo haya imputado al fiscal por proteger a la institución frente a los bulos y mentiras que proceden del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Discrepamos de la instrucción. De lo que tenemos que hablar es de la corrupción que rodea a la presidenta de Madrid y de la necesidad de democratizar de una vez por todas la justicia poniendo en el centro la necesidad imperiosa de que la verdad triunfe y se luche contra el fraude y la corrupción.

El pasado domingo hubo una manifestación convocada por el PP bajo el lema de “mafia o democracia”. ¿Forma parte Sumar de un Gobierno “mafioso”?

Pertenecemos a un Ejecutivo sano que tiene recorrido y legislatura para rato. El Gobierno está abriendo camino a políticas progresistas y una agenda de transformación social para el conjunto de mayorías del país. Este Gobierno lo hace bien y es una excepción a nivel mundial. Es una responsabilidad cuidarlo. Lo que demuestra Alberto Núñez Feijóo con estas convocatorias es que es un líder completamente desnortado y no tiene proyecto de país. Pone encima de la mesa la necesidad de elecciones anticipadas. Y yo le pregunto: ¿a quién quiere que se vote? ¿A él o a Ayuso? El PP tiene que aclarar para quién quiere gobernar: la sociedad española o las élites, las inmobiliarias y los vendepatrias de Vox.

Dice que hay Gobierno para rato, ¿cree que la coalición agotará la legislatura y llegará a 2027?

No me cabe la menor duda. El Gobierno tiene una salud democrática inmejorable. Lo que tenemos es que activar de una vez por todas el giro social. Frente al ruido y el fango, lo que necesitamos es que la agenda social del cambio, que está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición, se implemente. Tenemos por delante el problema crucial de la vivienda y la reducción de la jornada laboral, que va a ser ley. Hay que aprobar también la prestación universal por hijo a cargo porque la esperan miles de familias. Hay una serie de objetivos políticos y vamos a pelear de manera incansable por ellos.

En los últimos días se ha vivido un desencuentro entre Compromís y Sumar en el Congreso. De momento, la formación valenciana se queda en el grupo parlamentario, pero va a iniciar una negociación para tener una mayor autonomía y para que haya una relación confederal. ¿Cree que Compromís aguantará en el grupo?

Me consta que es así. He liderado la interlocución con los distintos portavoces orgánicos de Compromís. No me cabe duda de que Compromís no es sólo un referente en el ámbito de la izquierda, sino que también es un partido serio, con una gran trayectoria histórica y un arraigo territorial. Nuestro objetivo político es común: desalojar a Carlos Mazón de las instituciones valencianas y construir unas políticas públicas desde la Generalitat Valenciana que velen por que los derechos de los valencianos sean una realidad. Vamos a lograr abrir el camino juntas. Tenemos que felicitarnos colectivamente de este éxito porque demostramos que somos una fuerza política con capacidad negociadora muy potente y que pone el interés general por delante de las siglas en contra de lo que hace el PP.

Compromís insiste en que quiere que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso y que lo va a negociar con los partidos. ¿Van a apoyarlos en esa propuesta?

Es la dirección del grupo parlamentario la que tiene que tomar esa decisión. Allí están representados siete partidos políticos, que de una manera democrática y transparente debaten sobre todo lo que llega al Congreso. Formará parte de su agenda e insisto en la idea de que el foco está en cómo colaborar desde todas las partes para expulsar a Mazón de las instituciones valencianas.

¿Cómo se puede materializar esa petición de Compromís de mayor autonomía en un grupo confederal?

Sobre lo que ha comentado la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, todavía no hemos empezado las conversaciones en ese sentido. La discreción es un elemento fundamental para garantizar el éxito del diálogo entre fuerzas hermanas.

Citaba antes el tema de la vivienda. Sumar forma parte del Gobierno de coalición, aunque el Ministerio del ramo está en manos de la socialista Isabel Rodríguez. La gente pide medidas concretas. ¿Su espacio va a impulsar acciones próximamente para atajar esta crisis?

Desde Sumar vamos a proponer un plan de vivienda pública. Tenemos una propuesta muy concreta y aterrizada: dedicar el 1% del PIB para garantizar un alquiler asequible en manos del sector público. Los rentistas son los enemigos claramente. No podemos formar parte de un relato en el que la especulación forme parte del día a día. Celebramos que el PSOE haya puesto encima de la mesa un plan de vivienda que triplica la inversión, pero es completamente insuficiente. Tenemos otras dos propuestas muy claras.

¿Cuáles?

La primera: hay que topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado de la vivienda. Es completamente inasumible para el conjunto de la ciudadanía. Y la segunda: no podemos seguir dando dinero público a los que especulan con la vivienda. No podemos dar ayudas públicas a comunidades que no están aplicando la ley de vivienda. Sería como hacer un bizum sin condiciones a los rentistas. No se puede permitir en un país avanzado. Otra propuesta es movilizar toda la vivienda vacía y todos los pisos turísticos de alquiler hacia el mercado normal.

¿Puede suponer un coste electoral para la izquierda que no se vean resultados en materia de vivienda?

Esto es un coste para la gente de nuestro país independientemente de la ideología. Vivo esto como ciudadana y madre de un niño de seis años en mi día a día de manera sangrante. Es un problema de país y debemos reaccionar de manera inmediata escuchando a la sociedad civil. Nuestro papel es abrir paso a esa agenda progresista. 

El Congreso de los Diputados está tramitando ya el proyecto de ley de reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero no tiene por ahora los votos suficientes. El Ejecutivo mira a Junts principalmente, ¿cree que este partido terminará apoyando la medida o ganará el alma de Foment del Treball?

Los que ganan son las más de doce millones de personas que se verán beneficiadas por la norma. Respecto a Junts y al conjunto de fuerzas, estamos dialogando. Nuestro objetivo político es que esta norma salga adelante, y estoy firmemente convencida de que la reducción de la jornada laboral va a ser norma. Necesitamos que esta mayoría social se convierta en ley. Vamos a trabajar por y para ello porque depende de la voluntad política en última instancia. Tenemos que ser una democracia a la altura del siglo XXI.

La pasada Conferencia de Presidentes supuso un fracaso porque no hubo acuerdos entre el Gobierno central y las autonomías. Pero sí ha supuesto una mayor unión entre socios de investidura ante la actitud de Isabel Díaz Ayuso de salirse de la cita cuando hablaron Salvador Illa en catalán e Imanol Pradales en euskera. ¿No se ha asumido todavía la España diversa? ¿Es una cuestión solo de la derecha? ¿Da votos en España ese discurso anticatalán y antivasco?

Por mucho que se ofendan y ladren Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, vamos a seguir gobernando el país para el conjunto de la mayoría plurinacional. Es una realidad que forma parte de esta España diversa y plural, que es historia y presente. Estamos muy orgullosas de defender con todo nuestro tesón que la diversidad lingüística es riqueza cultural y que existen realidades territoriales plurinacionales. Estamos orgullosos de defender políticas públicas desde nuestro espacio que se van a abrir camino a pesar de los intentos del PP de desestabilizar una y otra vez este Gobierno.

Habla de los intentos del PP y antes mencionaba algunos casos judiciales. ¿Hay una operación en marcha bajo la filosofía de Aznar de “el que pueda hacer, que haga” para que caiga el Gobierno?

Este Gobierno está siendo atacado por tierra, mar y aire. Sin duda, lo que revela es el nerviosismo y la poca responsabilidad de la derecha y de la extrema derecha. Frente a su intento de tirar abajo el Gobierno y su nerviosismo, más agenda progresista y giro social.

¿Cómo interpreta que el grueso de las encuestas apunten a una mayoría absoluta al PP y a la ultraderecha?

Tiene que ver con los relatos facilones que tejen la derecha y la ultraderecha. Estamos en un momento de cambio cultural, se están trazando nuevas líneas en términos internacionales y geopolíticos. Lo que tenemos que hacer es ofrecer esos nuevos horizontes de transformación social. Por ejemplo, defender la reducción de la jornada laboral, que da autoestima al pueblo progresista. Tenemos que lograr bajar seguridades y certezas a la gente.

Los sondeos también reflejan la eterna cuestión de la división de la izquierda. ¿Habrá papeleta con integrantes de Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones? ¿Hay contactos? ¿Están trabajando en ello? ¿Confía en una candidatura de unidad?

Confío en que lo que estamos haciendo se transforme en éxitos electorales. Somos un espacio integrado por siete partidos y trabajamos diariamente de forma coaligada y en base al diálogo. Más que hablar de futuribles, quiero centrarme en el presente. Sumar hoy está sacando adelante medidas que son una realidad, como las ayudas a gafas a menores de 16 años, las denuncias de alquileres turísticos y aumentando el salario mínimo. Esto demuestra la buena salud de un espacio político con cinco ministerios y 27 diputados. 

Se habrá cansado de escuchar que Movimiento Sumar está muerto como partido, ¿qué responde?

Que estamos más vivos que nunca. A los hechos me remito. Somos una herramienta en última instancia. He venido aquí para trabajar y superar dificultades. Es lo que espera la gente.

Este mes habrá una cumbre importantísima de la OTAN en La Haya (Países Bajos). España se ha comprometido a subir este año al 2% del PIB su gasto en defensa. Pero miembros de la organización y de la UE, además de Estados Unidos, ya exigen elevar hasta el 5%. ¿Sumar apoyará esa cifra si el PSOE lo pacta con sus socios internacionales?

No contemplamos bajo ningún concepto el escenario del 5%. Ese escenario está descartado.

¿Por qué? ¿Se lo ha dicho el presidente?

No estamos a favor de la dinámica del rearme. Nos hemos manifestado radicalmente en contra del plan de Von der Leyen y hemos logrado con hechos rescindir contratos de armamento suscritos con el Estado genocida de Israel. Hemos presentado observaciones en el seno del Consejo de Ministros. Descartamos el escenario político del rearme de manera inmediata. Hablar de rearme pasa por hablar de tanques y balas. Para nosotros, el debate está en otro lugar: la seguridad. La UE triplica el gasto militar frente a Rusia. No podemos seguir abordando el tema diciendo que hay que incrementarlo. Lo que hay que plantear es el cómo. Tenemos que hablar de una Europa soberana, de una autonomía estratégica, de ciberseguridad y de una transición verde. Y esto se tiene que reflejar en una seguridad que baje al salón de cada casa y ofrecer certezas a la gente en temas como el precio de la luz o de la bolsa de la compra. Políticas de rearme no, políticas públicas progresistas sí.

El ala de Sumar en el Gobierno logró que se rescindiera el contrato del Ministerio del Interior para la compra de balas a empresas israelíes. ¿Considera suficiente lo que está haciendo España? ¿Y qué le parece la actuación de la comunidad internacional ante el genocidio en Palestina?

La comunidad internacional no está haciendo todo lo que podría y debería hacer. Es un imperativo moral, va más allá de la política. Debe reaccionar. Y es también una cuestión de derecho: toda la legislación vigente mandata que se pongan en marcha acciones contra el Estado genocida de Israel. Desde el Gobierno de España, Sumar ha defendido que el compromiso histórico del país con la causa palestina se convierta en acción de Gobierno. Estamos apretando para que se suspenda ya las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Es la hora de las sanciones, basta de impunidad. La Flotilla de la Libertad ha sido detenida en aguas internacionales vulnerando la legislación internacional. Ante esta impunidad, necesitamos que la UE actúe de manera urgente para parar este genocidio. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Cada mañana, cuando despierto a mi hijo, pienso qué suerte tengo. ¿Por qué esas mujeres y esos niños no pueden tener esa suerte y tener una vida digna y en paz?

Este mes es el del Orgullo LGTBIQ+. Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que irá a la manifestación en Budapest, después de que la haya prohibido Viktor Orbán. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento no va a colgar la bandera arcoíris. ¿Se está viviendo un retroceso de los derechos del colectivo en España y en Europa?

Donde la derecha y la extrema derecha gobiernan, sí. Es un retroceso muy grave que hay que denunciar, primero apoyando a toda la comunidad LGTBIQ+ que ha hecho un trabajo histórico y de vanguardia. Quiero reivindicar cómo han trabajado para que estas demandas tan básicas y que son derechos humanos sean leyes. Las formaciones políticas tienen que aprender y acompañar para que se refuercen sus derechos y sean normas permanentes en el ámbito institucional. Desde Sumar, vamos a pelear en cada institución. Hablamos de derechos humanos innegociables.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves que prevén reformar el registro horario para endurecerlo vía decreto al margen del proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, según informa EFE.

"Sin lugar a dudas", ha confirmado Díaz en La Sexta cuestionada por si, tal y como adelanta este jueves El País, tiene previsto aprobar un real decreto para endurecer el registro horario.

La vicepresidenta ha señalado al registro horario como la clave por la que la patronal CEOE se opone a la reducción de la jornada y ha subrayado la urgencia de modificarlo para cumplir con las sentencias europeas y tener un "mecanismo objetivable y eficaz que permita la medición real de las horas de trabajo".

Los cambios previstos en el registro, para hacerlo "objetivo, fiable, accesible e interoperable", buscan atajar las horas extras sin retribuir y conllevan mayores sanciones para las empresas que incumplan.

El registro de la jornada laboral, ha recordado, no tiene rango de ley por lo que se podría modificar por esa vía sin necesidad de apoyo parlamentario mientras se sigue trabajando en la reducción de jornada.

"Tiene rango reglamentario y por tanto se dicta un real decreto y se aplica", ha incidido.

Díaz se ha mostrado convencida de que la reducción de jornada laboral "se va a aprobar" y ha señalado que siguen las negociaciones con todos los grupos para sumar los apoyos necesarios.

"No sé lo que vamos a tardar pero se va a aprobar", ha insistido Díaz, que ha recordado que la medida afectaría a 12,5 millones de trabajadores.

"Hay margen para la negociación", ha añadido la titular de Trabajo, que ha evitado entrar en el detalle de las negociaciones con Junts y ha apelado al PP a tener cuidado "con las cosas del comer".

"Esto sale caro", ha dicho.

El Congreso ha vuelto a ampliar, hasta el próximo 11 de junio, el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley de reducción de jornada que llegó al Congreso el pasado 13 de mayo y se tramita por el procedimiento de urgencia.

Por ahora, ningún grupo había registrado enmiendas, incluido Junts, que hace semanas anunció que presentaría una enmienda a la totalidad y cuyos votos son imprescindibles para su aprobación.

El plazo de presentación de enmiendas puede alargarse a través de sucesivas prórrogas en la Mesa del Congreso, mientras que el Ejecutivo negocia los apoyos necesarios.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha reabierto un viejo debate en el mundo del trabajo: ¿debe hacerse por ley o sólo por convenio colectivo? Y decimos “viejo” porque llevamos más de cuatro décadas escuchando los mismos argumentos. Unos dicen que si se hace por convenio es aceptable, más flexible, más razonable. Pero cuando esos mismos compromisos se trasladan a la ley, la medida se tacha de ruinosa, inaceptable, letal para la pequeña empresa. Afortunadamente, la realidad suele tener otros planes.

Basta con echar la vista atrás. En 1983, en febrero, la patronal firmó, sin aparente dificultad, un Acuerdo Interconfederal con los sindicatos en el que se comprometía a fijar por convenio una jornada máxima de 1.826 horas y 27 minutos anuales —las famosas 40 horas semanales— para 1984. Pero cuando ese mismo año, en junio, la ley fijó esa misma jornada, la patronal entró en pánico: hablaban de pérdidas de 180.000 millones de pesetas, cierre de negocios y devastación de las Pymes. La jornada se redujo por ley y la economía no colapsó y hasta aquí hemos llegado. 

Lo mismo sucedió en 2018; patronal y sindicatos firmamos que ningún convenio quedara por debajo de los 1000 euros. Era el IV AENC, Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y se firmó sin ningún tipo de drama. Pero cuando en 2022 (¡¡cuatro años después!!) se aprobó por Real Decreto el SMI en esa misma cuantía, volvieron los tambores del caos. Decían que no era asumible, que se destruiría empleo, que peligraban Pymes y autónomos. Hoy, España tiene el mayor nivel de ocupación de su historia y las empresas acumulan cada vez más beneficios. El apocalipsis anunciado se quedó en nada.

La conclusión es clara: mientras las mejoras laborales permanecen en el terreno del voluntarismo, todo transcurre con aparente normalidad. Se firman acuerdos, se emiten comunicados y se evita el ruido. Pero basta con que esos mismos compromisos se traduzcan en una norma que obliga a su implementación para que se desate la tormenta. Resulta inevitable pensar que, cuando se defiende con tanto énfasis que los límites deben dejarse exclusivamente en manos de la negociación colectiva, lo que realmente se está diciendo es que no hay ninguna intención de cumplirlos. De otro modo, no se entendería la virulencia con la que, tanto en 1983 como en 2022, se reaccionó al traslado a la ley de compromisos ya firmados por las propias organizaciones empresariales. Si algo nos enseña la experiencia, es que los grandes avances solo se consolidan cuando se integran en el marco legal.

Y no lo decimos solo nosotros. Lo dice la Constitución Española, en su artículo 40.2, al señalar que los poderes públicos deben garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada. Y lo confirmó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 10 de enero de 1991: permitir que la reducción de jornada se aplique “paulatinamente y de forma diversa” según el sector, la empresa o la provincia, generaría una desigualdad inaceptable. 

Además, pese a los múltiples avances en materia laboral de las últimas décadas, la jornada máxima legal permanece congelada, afectando, en los sectores y territorios sin negociación colectiva –o con esta muy débil– al derecho al descanso, reconocido tanto por nuestra Constitución como por el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no es solo una cuestión jurídica o simbólica. Es una urgencia real en términos de salud laboral: las jornadas prolongadas están detrás del aumento del estrés, de muchos accidentes de trabajo, del deterioro de la salud mental y del creciente absentismo. También es una deuda pendiente con la población trabajadora, que ha visto crecer la productividad sin que ese progreso se traduzca ni en salarios ni en tiempo libre.

La reducción de jornada es también una herramienta clave para avanzar en la conciliación corresponsable y en la igualdad entre hombres y mujeres. Y sí, también es una política económica inteligente: una mejor organización del tiempo de trabajo aumenta la productividad, mejora la competitividad y moderniza nuestras empresas.

Por eso insistimos: el debate entre ley y convenio es un falso dilema. La ley es el mínimo común garantizado para todos los trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ahí, como siempre, la negociación colectiva podrá mejorar y adaptar lo que la ley fije.

En definitiva, se trata de repetir lo que ya sabemos que funciona: establecer por ley los derechos básicos –jornada máxima, salario mínimo– y permitir que la negociación colectiva los acomode y amplíe. Pretender hacerlo al revés es condenarse al bloqueo, a la desigualdad y al eterno aplazamiento de lo que ya no puede esperar más.

Porque una sociedad sólo avanza cuando transforma el acuerdo en norma y la voluntad en derecho.

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Fernando Luján de Frías es vicesecretario General de Política Sindical de UGT y profesor de Derecho del Trabajo y SS en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ministra de Trabajo y Economía Social desde enero de 2020 y vicepresidenta segunda del Gobierno de España desde julio de 2021, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las medidas estrella de los dos Gobiernos de coalición: de la reforma laboral a las distintas subidas del Salario Mínimo Profesional, pasando por la reducción de la jornada laboral, que salió hace unos días con lazo del Consejo de Ministros, pero que no tiene los apoyos garantizados en su trámite parlamentario. La luz verde a la reducción de la jornada coincide con un récord de 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro más bajo desde 2008. La vicepresidenta responde a las preguntas de este medio en el marco del Foro infoLibre sobre El impacto de la nueva jornada laboral, avances y retos.

Bienvenida a infoLibre. Vamos a hablar de esta reducción de la jornada laboral que tanto parece molestar a algunos. Porque sorprende que la CEOE, a pesar de haber firmado numerosos convenios en los que ya se recogen las 37 horas y media, se declare en contra. El PP, haciendo seguidismo de la CEOE, también dice no, al igual que Junts. ¿Por qué a estas alturas de la vida hay tantas resistencias con algo de lo que ya disfrutan millones de trabajadores?

Por una herramienta que es clave, que se llama esperanza, porque saben perfectamente que esta medida puede cambiar la vida de la gente y, por tanto, le da fuerza a la ciudadanía para seguir reivindicando más derechos. Mi padre me ha enseñado en casa que la esperanza es el motor de arranque de las políticas sociales y de los cambios sociales.

Digo siempre que cuando un trabajador o una trabajadora, aunque pone en riesgo su trabajo y sus salario, va a la huelga, lo hace porque tiene la esperanza de conseguir mejoras; o si nosotras salimos a las calles de Madrid a movilizarnos por la sanidad pública, lo hacemos porque sabemos que se pueden cambiar las cosas.

Y por eso creo que a pesar de estar instalada ya la reducción de la jornada en España, incluso en muchas comunidades autónomas –como es el caso de Cataluña, donde en 2024 el 30% de los convenios colectivos estaban ya muy por debajo de esa jornada–, necesitan paralizar avances que, insisto, den esperanza a la ciudadanía. No hay nada tan potente como es esto.

A veces no es ganar un derecho, es que es un mal ejemplo para que los trabajadores y las trabajadoras sigan exigiendo más. 

37 horas y media que usted ha dicho ya que no va a cumplir como servidora pública. 

Ni de broma, no lo voy a hacer. 

¿Hay alguna otra profesión, oficio, ocupación que debiera quedar exenta de esta jornada laboral?

Yo creo que ninguna, porque nosotras y nosotros no trabajamos como hace 42 años, hay inteligencia artificial, hay productividad, no tenemos necesidad de trabajar así, es más, tenemos que trabajar mejor. Nos estamos enfermando, vivimos en sociedades que están absolutamente exhaustas, que están agotadas, que están estresadas.

Estamos multiplicando bajas temporales por incapacidad, por salud mental... Hay malestar social. En un país que está creciendo al 3,2%, hay riqueza suficiente para poder repartir el tiempo de trabajo y vivir un poquito mejor. La jornada, ¿por qué es tan discutida? Porque no es una variable económica más. No es solo que incremente el 2,2% el coste laboral –el SMI, por cierto, lo hace en el doble–. No es eso. Es una medida transversal que cambia la vida de la gente. Pero es que, además, en nuestro país hay profesiones que, como saben ustedes, no están cumpliendo las directivas de descansos de tiempo de trabajo en España. Y esto es un tema absolutamente pendiente. Estaba en Roma estos días pasados con sindicatos y con otras formaciones políticas y hablamos de esto. Por tanto, el tiempo es clave, es el modo de organización social.

El trabajo es tan importante que se ha llegado a definir no por lo que usted y yo hacemos, sino por la puesta a disposición de nuestro tiempo. Pero es tan importante, que si nos preguntan a usted o a mí quiénes somos, probablemente yo voy a decir: "Soy una abogada"; y usted dirá: “Yo soy una periodista”. Es decir, nos transmitimos a través de nuestra profesión. Fíjese la importancia que tiene el trabajo.

Por tanto, la tarea enorme creo que es cambiar los usos sociales y hacer algo de lo que nunca hemos hablado y que yo no quiero plantear en este momento, pero que es fundamental. Recuerden ustedes que el Ministerio de Trabajo hizo un estudio con más de 60 expertos durante más de un año de investigación en el que se planteaba la racionalización, no solo del tiempo de trabajo, sino de los usos sociales en España.

En este sentido no somos nada europeos; y ya no es solo el hecho de cuándo terminamos la jornada, es que es muy difícil que en Europa se vean estas actividades que tenemos aquí, en nuestras vidas, en unos horarios que son impropios. Lo vuelvo a decir, que tengamos convocatorias sociales a las ocho de la tarde, es muy extraño, muy extravagante en Europa. 

Incluso ruedas de prensa...

Incluso ruedas de prensa o mesas de negociación. 

Promovidas del Gobierno, efectivamente. 

O mesas de diálogo social que van extramuros a esas ocho de la tarde. Que es un modo de exclusión social. Y la cuestión es que está cambiando la realidad de la prestación del mundo del trabajo. En mi generación, con datos demoscópicos, lo que se valoraba más era la retribución. Las actuales generaciones lo que están primando es justamente el tiempo de vida. Y los gobiernos, los actores sociales, tienen que trabajar con ello. 

Hablaba de las bajas laborales, del estrés, de la ansiedad. ¿Cree que con la reducción de la jornada, que previsiblemente se aprobará si es que finalmente se recaban todos los apoyos parlamentarios, será suficiente para para paliar este nivel digamos de enfermedad mental y su ascenso brutal en los últimos años? 

No. La ciudadanía tiene muchos problemas. Tenemos un gravísimo problema que se llama vivienda. Tenemos un país cuya mediana salarial es muy baja. La mediana salarial en España es de 1.599 euros al mes y siempre digo que es muy difícil vivir con 1.599 euros al mes. Ya no digo en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Granada; digo en Vigo, digo en un pequeño pueblo.

Por tanto, creo que el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero la jornada es un elemento más que, además, por cierto, da continuidad a la línea del Ministerio de Trabajo, y creo que de los agentes sociales, de acabar con la estrategia de la derecha económica y la derecha política en España, singularmente del PP, que se conoce como devaluación salarial. La estrategia del PP fue realizar ajustes durante la crisis despidiendo a gente, algo que nos condujo a 6.278.000 parados y a una tasa horrible de paro juvenil del 56,5%. Lo que hicieron fue salir de la crisis al modo Milei, es decir, deprimiendo los salarios.

La [reducción de la] jornada laboral, al mantener el salario, va en la dirección opuesta; es decir, hacemos que nuestros salarios crezcan y vayan hacia arriba y, por ende, el conjunto de las masas salariales del país. 

Luego vamos a seguir hablando de este estrés laboral y de qué medidas se pueden llevar a cabo para paliarlo. Pero antes volvamos a la reducción propiamente dicha de la jornada laboral. Llevamos 40 años sin que se modifique la jornada laboral y mientras tanto la productividad por hora ha crecido más de un 50% en el país. En Francia la jornada se redujo a 35 horas en el año 2000 y su economía no se ha hundido, no ha pasado absolutamente nada, su productividad es incluso más más alta que la española. A la luz de todos estos datos, ¿por qué hay ese empeño en criticar esta medida diciendo que esto lo que va a provocar es una pérdida de productividad? 

Es el mismo empeño que ha habido desde la primera medida que tomé al llegar al Gobierno de España: la subida del salario mínimo interprofesional. Desde ahí hasta hoy, todas las reformas que hemos diseñado de la mano del diálogo social y con los agentes sociales (patronales y sindicatos) iban a ser horribles para España. Con el salario mínimo siempre digo que no solo es que hayamos subido el salario mínimo y mejorado la vida de la gente de manera real, sino que hemos conseguido algo más simbólico, que es derrotar una tesis neoliberal que nos ha acompañado en las facultades de Economía, de Derecho, de Administraciones Públicas, en las páginas de economía de todos los periódicos, a lo largo de toda la democracia.

Los hemos derrotado. Por eso no querían que saliera adelante, porque no había nada científico que dijera que subir el salario mínimo destruyera empleo. Y, sin embargo, daba igual. Ahora las voces se han callado, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que es una herramienta que ha sido clave para la posición económica inclusiva de España. Nos decían que íbamos a aniquilar algunos sectores y yo salí diciendo: "Mire usted, es que si una empresa no puede acometer estas subidas, es que realmente esa empresa está en crisis".

Con la jornada pasa exactamente lo mismo. En términos de costes laborales, el impacto de la jornada es la mitad que el salario mínimo, pero se está construyendo un relato absolutamente negativo.

Si usted lee el apasionante debate del año 1983 sobre esta medida en el Congreso de los Diputados, los argumentos eran exactamente los mismos. Se iba a disparar el desempleo, iban a cerrar miles de empresas en España y, como sabemos todos y todas, usted lo decía, la productividad española ha crecido por encima del 53%; sin embargo, los salarios solo un 22%.

Estamos hablando de algo que es muy potente: la democracia económica, esa tarea pendiente desde la Transición española. Recuerden ustedes que cuando se aprueba el texto constitucional, Marcelino Camacho dice: "El Estatuto de los Trabajadores tiene tintes autoritarios". ¿Qué estaba diciendo Marcelino? Pues que hay una parte del diseño de una empresa que funciona al margen de lo democrático cuando se gestiona de manera jerárquica, con un soberano único que es el empresario o la empresaria.

Y no es así. Las empresas españolas están al servicio del interés general y tienen que estar sujetas también a la democracia en España, pero ya en aquel momento se hablaba de una reforma pendiente, que era la reforma empresarial en España. Esta es una tarea que tenemos que hacer, pero tiene que estar sometida también al diseño democrático del rol que juegan las empresas, los empresarios y empresarias; porque juegan un papel principal en las democracias actuales, como los medios de comunicación. Es decir, el debate que tenemos hoy con el apagón y el sector oligopólico, no, no, es que mire usted, es que usted también se debe al interés general.

¿Pero va a dar tiempo en esta legislatura a llevar a cabo esa democratización de la empresa? 

Como saben, hemos abierto otro grupo de expertos y expertas. Es muy curioso, porque en el artículo 129.2, el constituyente español teorizó y debatió apasionadamente sobre la participación de los y las trabajadoras en el diseño de las empresas y es algo muy viejo en Europa. 18 Estados miembros tienen distintas fórmulas de participación, bien en la dirección, bien en los consejos de administración.

Es verdad que en nuestro país hay alguna empresa pública que tiene este diseño; es verdad que hay comunidades autónomas, como el País Vasco, que esto lo ven con bastante normalidad; es verdad que Alemania lleva desde el año 1976 con estos planteamientos, y a mí me sorprendía cómo era posible que nadie a lo largo de más de 45 años de democracia hubiese hablado de esto desde el Gobierno de España... cuando estaba en el artículo 129.2 de la Constitución. Y digo esto haciendo un auténtico alegato del mandato constitucional frente a los que se reclaman constitucionalistas.

Entonces, va a dar tiempo. Vamos a abrir un gran debate, que esto es lo primero, y vamos a ver también de la mano de los agentes sociales cómo se puede transitar esto, pero es muy importante.

Es clave la participación de los trabajadores y trabajadoras de la gestión de las empresas, pero en términos democráticos. Cuando hablamos de flexibilidad, yo les digo a los empresarios y las empresarias que, por supuesto, la flexibilidad interna es el éxito, pero vamos a discutir cómo. La flexibilidad no desde arriba, sino bilateral. Es decir, entre la parte del capital y la parte social. Ese es un modelo radicalmente diferente y que deconstruye un diseño de empresa que es más propio del siglo XX. Muchas empresas ya en España funcionan con otras lógicas y no tienen nada que ver con este diseño. Siempre digo que hay una distancia entre las empresas que denomino cariñosamente convencionales, que son más propias del siglo XX, y las que se gestionan radicalmente diferente. 

Me temo que lo grueso todavía sigue estando a años luz de ese modelo. 

Más que nada, es que tienen como mucha hegemonía social. Por ejemplo, con la reforma laboral, si recuerda usted, yo le preguntaba a muchos empresarios: "¿Por qué despedís los viernes a los trabajadores y los contratáis el lunes si os sale muy caro? Os penalizamos en vuestras cotizaciones a un 40%”. Y había algunos que te decían: "No sabía esto. Voy a hablar con mi gestoría". Y otros decían: "Bueno, es que es la cultura empresarial de la que nos han impregnado, ¿no?". Entonces creo que esa cultura pesa mucho más que los cambios normativos y esto es justo lo que estamos cambiando en España.

Vamos a la parte más política, porque hace casi cuatro días que salió del Consejo de Ministros la aprobación de la reducción de la jornada laboral, pero ya vemos que ya hay partidos políticos que están diciendo que no la van a apoyar. Uno de ellos, Junts. ¿Ha hablado usted con Puigdemont?

Sí. 

¿Ha pactado algo con él? ¿O le ha ofrecido algo?

He hablado con Junts y he hablado con todas las formaciones políticas de nuestro país; están absolutamente informadas de este debate.

Yo le quiero dar gracias, en primer lugar, a los medios de comunicación, a ustedes en este caso, y a todas las formaciones políticas, porque han sido 11 meses de mesa de diálogo social y luego desde que firmamos el acuerdo, el 20 de diciembre, con los sindicatos hasta hoy, y están acompañando el proceso.

Estamos en una negociación que va a ser compleja, como todas las que hacemos, pero si me permite, no va a ser más difícil que otras. Hemos llevado negociaciones complejísimas, lo digo honestamente. Ahora bien, el gran debate que tenemos ahora es el que decía Jesús Maraña en la presentación: que la ciudadanía quiere una cosa y luego están el Congreso de los diputados y las formaciones políticas. Y a veces hay como una ruptura brutal entre lo que quiere la ciudadanía, que quiere que le resolvamos sus problemas, y lo que votan las formaciones políticas y cómo actúan, ¿no?

¿Qué va a pasar? No lo sé. Fíjese en la reforma laboral, por la que nos hemos dejado la piel –no nosotros, sino que también los agentes sociales–. Imagínense qué hubiera pasado si hubiera caído esa norma. Es que el mundo del trabajo es muy serio. Yo entiendo que, en cosas muy ideológicas, uno pueda tener matices, pero votar en contra de la gente trabajadora de un país es algo muy difícil de entender. Y bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Recuerde la votación del Partido Popular con las pensiones; le salió muy cara.

El Partido Popular no puede aguantar esa presión. Es muy difícil colocarte en contra de un país que va en otra dirección, un país además que es moderno. Cualquiera de nosotras tenemos amigos y amigas cuyos padres y madres son los que van a recoger al colegio a los hijos e hijas, porque no tenemos tiempo. Es que la vida es así, o sea, realmente es un enorme obstáculo. Entonces, la gente quiere esto.

Cuando hablamos de que la juventud es una juventud de cristal, eso es radicalmente falso, no es verdad. Al revés, lo que quieren es poder decir: "Mire usted, yo quiero trabajar, por supuesto que sí, tengo mucha formación; pero si quiero ser madre, tengo derecho a tener una serie de requisitos para poder serlo". Y estas son las tareas en las que creo que nos tenemos que centrar desde las instituciones en nuestro país, en mejorar la vida de la gente.

¿Qué van a hacer [las formaciones políticas que están en contra de la reducción de la jornada laboral]? No lo sé. La pregunta es: ¿Para qué van a servir los 137 diputados del Partido Popular? Porque el Partido Popular no está dañando al Gobierno de España, es que esto está ya en la calle.

¿Pero ha hablado con Feijóo directamente?

Sí, he hablado con Feijóo directamente.

¿Y cree que se pueden acercar posturas?

Tuvimos a un Feijóo que durante 15 días o 20 días volvió a ser moderado y quería pactar y reducir la jornada laboral, incluso habló de la jornada de cuatro días a la semana. Nosotros no optamos por ese modelo, pero él quería pactar con el ministro Bustinduy los planteamientos de conciliación. Sin embargo, el señor Feijóo tiene un problema, y es que la extrema derecha le coloniza su agenda; y no hablo de Vox, hablo de la extrema derecha de su partido. Y lo paralizan completamente. Entonces, claro, también hay un momento en la vida en el que un dirigente político tiene que plantearse para qué está aquí.

¿Va a presentar enmienda de devolución el Partido Popular? Ni usted ni yo lo sabemos.

Pero en las conversaciones que ha tenido con él, ¿ha visto posibilidad de acercar esas posiciones?

Sabe usted que yo no nunca desvelo las conversaciones, no puedo ni debo, discreción absoluta. Pero se lo vuelvo a decir: el Partido Popular en la extrema derecha nunca va a ganar las elecciones. Es decir, al Gobierno de España le interesa que el señor Feijóo siga en manos de Ayuso y de Vox. Porque no va a llegar a la Moncloa. Ahora, ¿un partido político para qué sirve entonces? Porque el señor Feijóo, usted conoce lo que opina sobre una norma que ya es pública. ¿Qué opina el Sr. Feijóo sobre el tiempo parcial? ¿Qué le dice a las trabajadoras de nuestro país? ¿Qué le parece al Sr. Feijóo el número de horas extras que se hacen de manera irregular y el coste fiscal, del que nunca hablamos, que tiene el desempeño de horas extraordinarias en la Inspección de trabajo? ¿Un dirigente político para qué está?

Me encanta estar con ustedes hoy, con los lectores y las lectoras de infoLibre, pero creo que sería mucho más interesante que estuviéramos aquí muchos sindicatos y muchos representantes públicos de distintas opciones, y saber qué opinan.

Le tomamos la palabra, sabemos cuál va a ser la respuesta, pero le tomo la palabra.

No tengo ningún inconveniente, porque creo que un político o una política tiene que hablar sin papeles y, por tanto, vamos a verlo. Pero, ¿qué Feijóo nos vamos a encontrar? ¿El que dijo que quería reducir la jornada laboral o el que no? Pero si no lo quiere plantear el señor Feijóo desde el punto de vista de los trabajadores... ¿le preocupa la productividad? ¿Qué medidas tiene el señor Feijóo, el Partido Popular, para mejorar la productividad en España?

Bueno, vamos a ver qué sale de esa negociación, pero vamos a avanzar, que si no nos vamos a quedar sin tiempo.

Usted ha dicho que hay margen absoluto de negociación antes del trámite parlamentario. Ha dicho que hay solo una línea roja, que es que la reducción de la jornada se mantenga en las 37 horas y media. ¿Tampoco es una línea roja que esta reducción de jornada se apruebe este año?

Yo creo que lo vamos a aprobar este año. Lo creo, honestamente. Pero le digo más. Las empresas españolas ya se están adaptando a este hecho, porque son muy dinámicas y ya están haciendo cambios sustanciales. Me consta. Grandes y pequeñas empresas me están diciendo: "Ya está, estamos ya cambiando porque sabemos que lo vais a hacer".

Nunca negocio con con líneas rojas, jamás. Me lo han enseñado en mi casa, mi padre. El acuerdo es para sí o es para no, y se nota mucho cuando es para sí; entonces te vuelcas en la negociación, igual que hacen los sindicatos y hacen las patronales. Si es para no, si es evidente, ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que las partes están empeñadas, me parece, en que sea para sí. Pero insisto, tiene costes elevados colocarse en contra de esta realidad.

No hemos oído a Podemos pronunciarse al respecto, ¿no?

Pero nosotros estamos hablando con Podemos, igual que con Bildu, con todas las formaciones, con Esquerra, con el PNV, con el Partido Popular... En fin, la única formación con la que no estoy hablando –no sé si es adecuado o no– es con Vox. Pero con el resto de formaciones estamos hablando. Es muy difícil colocarse en contra de esta norma, una norma que habla del derecho de desconexión, que mejora la vida.

Dice el Gobierno que, a pesar de que no haya apoyos políticos garantizados para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, hay que confiar en la presión social. Un poco en la línea de lo que comentaba usted. Pero, ¿cómo debe la ciudadanía ejercer esa presión social para que salga adelante una medida como esta?

Yo creo que la presión social ya está. Si usted me acompaña a cualquier lugar a tomar un café, me sacan este tema [la reducción de la jornada] los trabajadores y las trabajadoras. O sea, esta medida está viva, porque los trabajadores y las trabajadoras y las empresas son reales. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es mantener una gran conversación social. Es decir, explicar con rigor y con serenidad de qué estamos hablando. ¿Cómo vamos a poder mantener los salarios? ¿Qué impacto económico va a tener? ¿Cómo pretendemos mejorar la productividad?

Creo que hay que abrir una conversación, como pasó con la reforma laboral. Entonces el presidente Zapatero me dijo: "En un país en el que de los periódicos habían desaparecido las páginas de laboral, habéis conseguido que la reforma laboral abriese portadas". Para bien, para mal, opiniones en contra, opiniones a favor...

La jornada es de la gente, entonces todo el país claro que debe hablar sobre esto. El informe del CES dice que hay un peso ideológico fuerte en esta medida. Bueno, yo creo que hay que abstraerse del peso ideológico fuerte, ¿no? Pasó con la reforma laboral, cuando a los teóricos del contrato único yo les preguntaba: "Pero, a ver, científicamente, ¿tú por qué defiendes el contrato único?". Y me acababan contestando: "Realmente no lo sé muy bien". Pues esto es lo que tenemos que resolver ahora, me parece que es un debate democrático. Obviamente, las fuerzas políticas tienen en su mano la responsabilidad de decidir lo que lo que van a hacer, como pasa siempre.

Pero la pregunta que usted formula tiene mucho sentido porque vivimos en tiempos de cierta irracionalidad. No hay racionalidad en por qué las formaciones políticas votan a favor o en contra de una norma. Ayer [el jueves] el Partido Popular votó en contra del decreto de aranceles. O sea, se coloca el Partido Popular con Trump y contra nuestro país. Sí, así es. Y una ciudadana o un ciudadano normal no comprende nada. Estamos en tiempos en los que necesitamos políticos y políticas de altura, con muchísima serenidad, y sin embargo tenemos políticos y políticas que agudizan la irracionalidad. Digo esto porque es clave: el señor Feijóo en teoría estaba contra la guerra arancelaria de Trump, por tanto combatía lo que hace Trump, pero ayer votó con Trump. ¿Cómo le explicamos esto a la ciudadanía? Es muy complicado.

Mencionaba hace unos minutos al presidente del Gobierno. Cuando la reducción de la jornada laboral llegó en primera vuelta al Consejo de Ministros, hubo algunas discrepancias en el seno del Gobierno. Sin embargo, en esta segunda vuelta, el presidente ha estado entusiasta con la medida, y tiene el apoyo de Carlos Cuerpo y de María Jesús Montero. ¿Cómo se han limado esas diferencias en este proceso?

He de decirle algo que es verdad. En la parte socialista del Gobierno la reducción de la jornada laboral no la veían, tampoco en la negociación del acuerdo de de Gobierno. Y es verdad que había muchas dudas y que lo desbloqueé yo con el presidente personalmente.

Si usted visiona el debate electoral, hay un momento en el que yo hablo de esto y Pedro Sánchez me dice: "Yolanda, hay que tener los pies en la tierra." Y yo le digo: "Pedro, tengo los pies en la tierra". Y él dice: "Yo lo sé, lo sé". Es decir, que no lo tenían claro. Pero quiero ser absolutamente sincera. El presidente del Gobierno vuelve de las vacaciones este año, y en septiembre, en el Instituto Cervantes, colocó en el centro de nuestra agenda política la reducción de la jornada laboral. Y su compromiso es absoluto, se lo digo honestamente. Es verdad que, como en todo, doctores tiene la Iglesia, y los ministros y ministras tenemos posiciones propias. Y es verdad, como ya es público, que hay ministros y ministras que se colocaron al margen de esta decisión. En el primer debate del Consejo de Ministros no estaba el presidente Sánchez, y bueno, hubo un debate que no puedo desvelar. Pero quiero señalar que el presidente está en esta posición, en el compromiso absoluto de que va a a ser clave esta medida, que va a mejorar la vida de los y las trabajadoras de las empresas, que serán más productivas, y que va a mejorar el bienestar de nuestro país. Su intervención en el último Consejo de Ministros dejó claro el compromiso de este Gobierno con esta medida.

Tras la reducción de la jornada laboral, ¿qué otras medidas prepara el Ministerio de Trabajo?

En estos días, junto con los agentes sociales, vamos a presentar una herramienta que tiene que ver con la salud laboral de las trabajadoras del hogar.

La siguiente parada tiene que ver con un foco de precariedad muy importante en España, los falsos y las falsas becarias. Sé que esta medida también fue controvertida dentro el Gobierno, sé que va a tener grandes adversarios, pero es muy importante para nuestro país y también la vamos a culminar muy rápido, y esto me da una enorme satisfacción. Le quiero dar las gracias en este caso a los agentes sociales.

Y vamos a terminar por completo la reforma en la parte laboral, en la que me compete a mí, del denominado Estatuto del artista. Vamos a cambiar una norma que es el año 1985 y abriendo además el enorme debate de cómo se trabaja en Instagram: ¿Qué hacemos con los niños y niñas, bebés, no bebés, que trabajan en Instagram? ¿Qué hacemos con el acoso sexual en el cine? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Hablo de la inteligencia artificial y de su impacto en el trabajo en la cultura, en el de ustedes [en referencia a los periodistas], que forman parte de esta de esta negociación. La inteligencia es poco artificial porque se nutre de ustedes, de sus voces, de lo que escriben. Es una norma muy compleja, lleva más de un año mi equipo negociándola con el sector cultural en activo y esto va a ser muy rápido.

Y después tenemos una bonita tarea, que es la reforma del despido y el cumplimiento y el respeto del diseño europeo sobre esta materia.

Última pregunta: ¿se va a presentar las próximas elecciones?

No estoy en esto. Yo estoy gestionando mi país, que sabe que me apasiona. Lo que creo que es muy importante es mejorar la vida de la gente. Digo que gobernar no es resistir, es transformar. Y digo algo que es fundamental: no basta con parar a la derecha; lo que necesitamos es parar a la extrema derecha y a la derecha, pero ganar de derechos.

Estoy convencida de que renovamos el Gobierno de coalición progresista el 23 de julio por esas dos razones: el entusiasmo de la ciudadanía y algo fundamental, que es la esperanza. Lo que necesitamos –y yo aquí le hablo a las gentes progresistas de nuestro país– es cambiar el estado de ánimo. Yo sé que los tiempos son horribles, todas las noticias son malas, pero tenemos un papa nuevo que nos tiene que dar también esperanza. Yo le decía a mi equipo antes de fallecer Francisco: "¿Cómo es posible que la única persona que esté hablando en términos globales de paz en el mundo sea el papa?". No puede ser esto. Por tanto, lo que necesitamos es cambiar el estado de ánimo.

Desde luego, en el Gobierno de España estamos comprometidos en mejorar la vida de la gente. Soy absolutamente consciente de que la gente está desanimada, de verdad, es muy difícil gestionar con estas posiciones políticas de fomentar el odio. Pero de verdad que en el Gobierno de España estamos volcados.

¿Ustedes se imaginan que estas crisis [que hemos vivido] estuvieran gestionadas por la derecha y la extrema derecha? Yo les pido a los lectores y las lectoras que nos escuchan que lo piensen. A mí mi padre me hace pensar en esto cuando me desanimo, que ocurre pocas veces. Pero es que es verdad: lo hemos visto en la dana; yo soy gallega, lo he visto en el Prestige y en millones de cuestiones. Por tanto, creo que tenemos que hacer muchas cosas, pero que merece la pena, es decir, lo digo honestamente, sí merece la pena formar parte del Gobierno de España.

Un trabajador y una trabajadora saben perfectamente que subir el salario mínimo claro que le cambia la vida a la gente. Los sindicatos y los agentes sociales saben perfectamente la fuerza que tiene. O la subida de las pensiones, que es brutal y nunca hablamos de esto; esto les llega a los pensionistas, 10 millones de pensionistas en España, 11 millones y medio de pensiones... Estamos hablando a nuestro país, yo sí que quiero poner en valor lo que se está haciendo.

Tengo clarísimo lo que haría el Partido Popular y lo que haría la extrema derecha, por tanto lo que sí que necesitamos es una ciudadanía que esté muy activa, sindicatos que reivindiquen mucho, que hablen, que discutan de la jornada laboral, que nos pidan muchas cosas; o sea, necesitamos una sociedad que viva.