Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en un informe a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (EFEF) Luis Rubiales en el amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales, según informa EFE.

Según el informe adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, se trata de José María Arrabal y David Oviedo, presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20. En relación con esta última, los investigadores han podido observar una participación directa de los mismos.

Así, Arrabal firmó el Convenio Marco del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva. Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. 

Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF. El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente y que ambos abonaron entorno a 50.000 euros para abaratar sus hipotecas.

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales. Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero.

Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca online con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

La acusación popular exige mayor celeridad en la causa contra el empresario Alberto González Amador. En un escrito presentado la pasada semana, al que ha tenido acceso infoLibre, PSOE y Más Madrid reclaman al titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, que apriete a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue cuanto antes el informe que hace ya siete meses se le encargó en la pieza por soborno que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En otro, ambos partidos pedían también que se diera un impulso procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible, algo que el magistrado hizo pocas horas antes sin que ellos tuvieran constancia en el momento de presentar el escrito.

La pieza del soborno, abierta en octubre de 2024, se centra en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" –la empresa no tenía medios suficientes para realizar los servicios cedidos– para generar "bases [imponibles] negativas" a compensar en un futuro, es decir, provocar pérdidas artificialmente para que la empresa pague menos o ningún impuesto.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido –el 40%–. Tanto la jueza instructora –ya jubilada– como la Fiscalía sospechan que esa operación esconde el pago de una comisión a Camino por la operación de compraventa de mascarillas en la que intervino González Amador o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, uno de los grandes clientes del empresario.

Dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", la jueza activó a la unidad de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos. Lo hizo el pasado 27 de junio. Pero siete meses después, los investigadores aún no han remitido al juzgado ningún informe. Y eso ha llevado a mover ficha a las acusaciones populares, que en un escrito fechado la pasada semana han pedido al magistrado instructor que impulse el procedimiento y requiera a la UCO el documento. Y no solo eso. También que se informe a los investigadores de que, según publicó eldiario.es, González Amador operaba en el grupo Quirón con una identidad falsa –Alberto Burnet González– para que indaguen sobre este asunto.

Un empujón que también reclamaron dar en el caso por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A finales de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que sustituyó a la instructora hasta que llegada de Viejo al juzgado, dictó auto de apertura de juicio oral contra el empresario. Confirmada la apertura de juicio oral y desestimados los recursos de apelación formulados, quedaron formalizados los escritos de acusación. "Sin embargo, a fecha de este escrito no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido", apuntaba la acusación popular.

Una situación que, alegaban, "está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación". Por eso, exigen que se adopten "las resoluciones que correspondan" para la correcta continuación del procedimiento. "En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento [...] se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", sostenían PSOE y Más Madrid en su escrito.

Pero horas antes de la presentación, y sin que ellos tuvieran constancia, el magistrado ya había reactivado el asunto. Según una diligencia de ordenación adelantada este martes por elDiario.es, el magistrado daba diez días a los acusados para que presentaran sus escritos de defensa. Y de no hacerlo, completaba, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "hechos nuevos" respecto del rescate de Air Europa después de que la Audiencia Provincial le advirtiera por cuarta vez de que no puede investigar la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el mismo, según recoge EFE.

En una providencia dictada este lunes y a la que ha tenido acceso EFE, el juez hace este nuevo movimiento en respuesta a la Audiencia, que le reprochó su intento de investigar sin aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa.

La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, pero lo hizo de nuevo en noviembre al resolver un recurso del mes de mayo.

Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.

Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.

Meses después, la Audiencia resolvió los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les dio la razón parcialmente en un auto en el que cuestionó que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística. 

"La resolución dictada carece de fundamentación (...), se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento y, como ya hemos dicho, parece tratarse de noticias que se han obtenido de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas y que algunas de ellas pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento", argumentaron los magistrados.

Recalcaron que "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación". 

Tras este cuarto aviso de la Audiencia, el magistrado pide a la UCO que le informe de si se ha producido alguna novedad en relación con el rescate.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

El ejecutivo de Sánchez forever envejece paulatinamente y no le queda otra que morir. En enero o febrero del 26. Por especular un poco y porque me gusta tirar triples entren o no entren. Lo obvio es que la maquinaria de las derechas y su poder mediático no deja de socavar el escudo social que esta legislatura, con sus luces y sus sombras, abocetaba en junio de 2018. Siete años y medio después de llegar a la Moncloa, Sánchez forever y su núcleo duro tienen multitud de dificultades para responder a la pregunta que transita la política española: ¿esto aguanta? El triple está lanzado, ahora falta que entre.

Los casos de acoso sexual en el PSOE son una explosión simultanea que está destrozando la imagen del partido, un auténtico me too, a la par que los nuevos escándalos de corrupción con varias detenciones y la entrada de la UCO en la sede de Correos y en direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica para pedir información, han terminado de ahostiar al Gobierno, llevándolo a un KO técnico, incapaz de levantarlo de la lona y recuperar su agenda de gestión.

Los Greatests Hits o grandes éxitos del ejecutivo palidecen y van camino de la UCI. Sánchez intentará mandar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía este lunes, con una comparecencia jodidamente delicada ante los medios en la Moncloa, según diversas fuentes, las mismas que admiten que es imposible introducir ningún elemento positivo en este ambiente tóxico o lo que viene siendo: el fin de ciclo asoma tras el resquicio de la puerta.

Que Dios reparta suerte.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.

En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este jueves, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto "máximo dirigente" de la trama, pidió a Aldama que intercediese para "obtener la influencia" de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE- para que "ejerciera su influencia" aprovechando sus cargos, "en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas" a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.

"Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente", sostiene la UCO, que cree que la trama "dispuso de un millón de euros" para pagos al exministro, a Koldo García y a Víctor de Aldama.

El "pago" al exministro fue, según la UCO, la entrega y disfrute de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros a través de la sociedad Have Got Time.

Destaca que la entrega del chalé se hizo "bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado" en el que se pagó una primera mensualidad y una fianza, y subraya que fue elegido por el ministro tras una búsqueda de su exasesor Koldo García.

El informe hace hincapié en la "correlación" entre la compra de la casa y "la firme convicción" de la trama de que obtendría la citada licencia. Y para ilustrarlo aporta un mensaje de la pareja de la empresaria Leonor Pano, administradora de la empresa Have Got Time: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Ábalos disfrutó de la casa unos meses, hasta el 26 de noviembre de 2021 porque, dos meses después de salir del Gobierno y ante la falta de concesión de la licencia, Claudio Rivas ordenó rescindirle el alquiler, añade el informe.

El objetivo de la trama, según la tesis de la UCO, era que Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios que exige la norma.

No lo consiguió en esos primeros intentos, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.

La UCO sostiene que la "influencia" del exministro "se materializó" en "reuniones y conversaciones" mantenidas por su exasesor con responsables ministeriales.

Cita tres reuniones en 2020 con Juan Ignacio Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, una en presencia de Aldama y las otras dos en el Ministerio, y destaca que este departamento no tenía competencia para autorizar operar en el mercado mayorista.

También constata "contactos" de Koldo García con Marc Pons, jefe de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y cree que hay indicios de que se reunieron en el Ministerio el 8 de julio de 2021, cuando la autorización continuaba sin otorgarse "y la organización criminal se impacientaba".

La UCO refiere que Aldama conversó con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, en marzo de 2021, poco antes de que la empresa Villafuel presentase un escrito de alegaciones tras una nueva negativa de la autorización de operador.

En línea con la tesis de que la trama tenía un millón de euros destinado a contraprestaciones, la UCO incorpora mensajes de la empresaria Leonor Pano al conocer el cese de Ábalos como ministro, en 2021: "Se les ha dado mucho dinero"; "no se van a arriesgar"; "se les ha dado más de 1kilo".

Los pagos supuestamente también iban destinados a Koldo García y a Aldama, a quien la UCO alude como "intermediario" entre Ábalos y la red, de la que acabó formando parte hasta el punto que en otro informe los investigadores le situaban en su "cúspide".

El informe ve acreditado que Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, percibió 292.416 euros de la empresa Have Got Time "como pago por su intermediación" con Ábalos, y apunta a que más adelante recibió 925.036 euros "ya integrado en el organigrama de la organización criminal".

Como "pago" a Koldo García recoge que fue beneficiado con un contrato de trabajo en la empresa Instalibero District SL, vinculada a Claudio Rivas, como consultor en seguridad, sin que haya constancia de que prestase servicios. Dice la UCO que recibió 1.950 euros de nómina en marzo de 2022 y seis días después 5.000 euros en concepto de adelanto.

El informe de la UCO también señala que el exministro envió al empresario De Aldama a Venezuela en verano de 2019 para entregar una carta a Juan Guaidó en la que le mostraba su apoyo como presidente encargado de la República y le ofrecía el apoyo de las empresas públicas españolas para la etapa de recuperación que estaba por llegar.

Así consta en una carta fechada el 26 de julio de 2019 y que la Guardia Civil encontró en un teléfono móvil de Aldama en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

Esa investigación, que se entrelaza con la que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos, fue la que llevó a prisión a Aldama, quien salió en libertad provisional a cambio de colaborar con la Fiscalía.

El informe ubica el comienzo de la relación entre Ábalos y Aldama a más tardar en julio de 2019, si bien los investigadores infieren que debía venir de antes dada la importante responsabilidad que otorgó el ministro al empresario.

En su carta a Guaidó, el ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.

Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país. Por ello, con miras a ese proceso de recuperación, ofrecía el apoyo de las empresas españolas.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil están practicando registros este jueves en el marco de la misma operación en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán, por presuntas irregularidades en contratos públicos. En esta operación, que dirige bajo secreto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se han hecho un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia.

Lo hace en paralelo a la detención de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Este miércoles, fueron también arrestados la propia Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informa EFE. 

[Noticia en ampliación]

Tras la libertad del exdirigente socialista Santos Cerdán y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el juez del caso Koldo da paso a los investigados de Acciona, señalada por los presuntos pagos del 2% en adjudicaciones a Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán.

Se tratan del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y de los altos cargos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que reportaban directamente al primero y que han sido recientemente suspendidos por la compañía. Todos ellos comparecerán el próximo miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Puente les citó tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dio lugar a los registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, el cual "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso Mascarillas, se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes, según informa EFE.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada La mujer del Almanzora, cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este martes que "es el tiempo de la Justicia" tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento con contundencia en este caso, informa EFE.

Sánchez se ha referido a ese informe de la UCO en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la UCO de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades y toca esperar al desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, ha respondido con un 'no' rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Díez declaró este lunes ante el juez que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido.

A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Tras conocerse el informe de la UCO, fuentes del PP han declarado que "la única salida" para Sánchez es colaborar "de verdad" con la justicia y presentar de forma inmediata su dimisión.

La vicesecretaria de Regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho, en unas declaraciones remitidas por su partido este martes, que el informe concluye que "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales" por adjudicaciones de obra pública del Gobierno.

Además, el PP da por acreditado que el PNV, después de apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa en 2018, "exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones, a cambio de mantener el apoyo parlamentario" al recién investido presidente.

Todo ello, ha afirmado Gamarra, da como resultado que lo que se "vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla".

Para el PP, los máximos colaboradores de Pedro Sánchez "se han hecho de oro", y también Antxon Alonso, socio de Cerdán, que pactó con Bildu y con el PNV su apoyo a la moción de censura y que "fue recibido con honores en Ferraz".

Por su parte, el grupo de construcción y energía Acciona ha suspendido de sus funciones de forma cautelar a los empleados Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados como investigados por el juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad".

La compañía ha negado en un comunicado que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y ha defendido que, en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Acciona ha reaccionado así tras la decisión del magistrado instructor del caso Koldo de citar como investigado al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, con el que ya terminó su relación laboral, así como a otros dos trabajadores de esta empresa. El grupo niega haber obtenido "ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos", a pesar del informe de la UCO.

Acciona subraya su confianza en el sistema público de contratación y su convicción en la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación, aunque insiste en que se reserva el ejercicio de acciones legales en caso de que se desprendiera algún perjuicio directo de las investigaciones.

El grupo recalca que ya terminó su relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España, además de resolver el pasado junio todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Acciona subraya que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras o proveedoras del grupo, la facturación agregada de los proyectos con Servinabar entre 2015 y 2015 ascendió tan solo a 5,7 millones de euros.

La empresa recalca que ha venido colaborando con la Justicia desde el inicio de estas actuaciones y que continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados.

Además, Acciona "adoptará las medidas oportunas en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación, informa EFE. Según las autoridades, la cantidad total percibida supone el 75,33% de los ingresos totales de esta sociedad.

Esta es una de las conclusiones que recoge el último informe que ha elaborado la UCO sobre la situación patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que el exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

La UCO añade que en esta operativa podrían haber participado los directivos de Acciona Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados el 3 de diciembre junto a Pelegrini.

La Guardia Civil pone el foco en tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), las dos primeras de la Dirección General de Carreteras y la última de ellas de Adif que estaban en proceso de licitación cuando llegó Jose Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, de las que habrían derivado "presuntos pagos" al exministro y a su exasesor Koldo García, que "habrían sido gestionados por Santos Cerdán".

Dicen los investigadores que en todas ellas se observa "una operativa común entre Acciona y Servinabar" mediante la cual firmaron "un memorándum de entendimiento" antes del inicio de los expedientes de las obras.

Tras ello, firmaban un contrato de prestación de servicios, una vez la adjudicación era otorgada a Acciona, "mediante el cual Servinabar obtenía el 2 por ciento neto del importe de adjudicación".

La UCO explica que los ingresos vinculados a Acciona percibidos por Servinabar, desde su constitución hasta la elaboración de este informe, son de 6.707.294 millones de euros. Lo que supone, según los investigadores, el 75,33% de los ingresos totales de esta sociedad navarra, de ahí "se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos".

Y habiendo hallado el contrato privado de compraventa de Cerdán y Alonso con Servinabar, "se ha observado como él y su familia habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

Además, la UCO sostiene que Servinabar pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió Cerdán con su familia en la calle de Hilarión Eslava de Madrid, y previamente abonó la renta de otra vivienda en la capital en 2017.

Según la Guardia Civil, Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación obtenida en los registros y requerimientos a entidades bancarias.

Así, los pagos de Servinabar por el alquiler del ático en Hilarión Eslava, al que Cerdán se trasladó con su familia tras la moción del censura contra el PP en 2018, se prolongan de agosto de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que la arrendadora firmó un nuevo contrato con el exdirigente socialista que entró en vigor en noviembre. El primer contrato estaba suscrito entre la arrendadora y Servinabar, y figuraba como ocupante de la vivienda Francisca Muñoz, esposa de Cerdán.

Por las quince mensualidades y los 2.450 euros que se pusieron de fianza, Servinabar abonó un total de 47.505,93 euros, de los que la UCO descuenta los 2.860,67 euros que la propietaria del ático devolvió al finalizar el contrato, con lo que la cifra queda en 44.645,26 euros.

La gestión del arrendamiento de esta vivienda, que la familia de Cerdán abandonó al poco de entrar este en prisión, también acarreó unos gastos totales de 3.146 euros. Estos fueron abonados por Servinabar a la consultora contratada, Consulting Moncloa.

Unos meses antes de alquilar esta vivienda, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, Servinabar también gestionó el alquiler de otra vivienda de Cerdán en Madrid cerca de la Glorieta de Quevedo y por la que abonaba 800 euros al mes. Por esta vivienda, según las cuentas bancarias analizadas por la UCO, Servinabar pagó a su propietario un total de 7.200 euros.

La empresa de Antxon Alonso también sufragó el inmobiliario que Cerdán compró para amueblar el ático de Hilarión Eslava. Como prueba, se aporta un correo electrónico, del 23 de julio de 2018, que Alonso remitió a Cerdán y en el que daba cuenta de una transferencia bancaria de Servinabar de 2.210 euros bajo el concepto "muebles dormitorio Madrid".

Dos días más tarde, Cerdán le remitió otro correo a Alonso bajo el asunto "Compra en El Corte Inglés" en el que los comerciales pedían una transferencia por 5.520 euros como requisito previo al envío de unos muebles adquiridos en su centro de la calle Princesa.

En un tercer correo localizado por los agentes, del 8 de noviembre de 2018, un trabajador de El Corte Inglés le indica a Antxon Alonso que no se ha abonado un pedido realizado en agosto -una mesa auxiliar de 119 euros-. Al día siguiente de recibir este correo, Servinabar procedió al pago "por importe exacto" al de ese producto, según consta en las cuentas examinadas por la UCO.

En la sede de Servinabar se halló además una nota manuscrita referida al alquiler del ático y de su amueblado. Bajo la anotación de alquiler aparecen las cantidades de 2.400 y 3.000, que coinciden, según la UCO, con la reserva que se abonó por el arrendamiento (2.450) y la segunda "se aproxima" a las que se pagó por el alquiler, que oscilaron entre 2.964,50 y 3.189,18 euros.

Junto a estos conceptos se puede leer la palabra "muebles" junto a la cifra de 10.000. A este respecto el informe indica que de los pagos de muebles que se han podido acreditar por parte de Servinabar ascienden a 7.849 euros.

Servinabar no es la única empresa en la que se centran los investigadores en su último informe sobre Cerdán, ya que también apuntan a la "contratación de personas de su entorno familiar".

Una de ellas sería la mujer de Cerdán en la cooperativa Noran S.Coop, "habiéndole abonado un total de 9.500 euros" en cinco transferencias entre marzo y julio de 2018, "sin que conste que desarrollara función profesional alguna".

Esta cooperativa fue una de las registradas el pasado viernes y a la UCO la vincula tanto con Antxon Alonso como con Koldo García. Noran habría podido recibir 647.331 euros de Servinabar entre 2016 y 2022, lo que equivale a un 67,81% de los fondos ingresados en sus cuentas, según los cálculos de la UCO.

Parte de esos fondos (8.738 euros) fueron a Koldo García, 215.000 a Antxon Alonso y 9.500 a la mujer de Cerdán en cinco transferencias. Un día antes de la primera, el 26 de marzo de 2018, una gestoría envió al citado empresario por correo y con el concepto "Paqui" un contrato laboral entre Noran y la mujer del exdirigente socialista y el recibo de su primera nómina.

Sin embargo, los agentes no han localizado por el momento ningún "atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios" de la mujer de Cerdán en la cooperativa.

También mencionan pagos de 3.720 euros mensuales entre febrero y junio de 2020 de Servinabar a la hermana del exnúmero tres del PSOE por sus servicios profesionales, en total 22.324 euros.

A partir de junio de ese año, los investigadores -y el juez en un auto posterior- explican que la cooperativa Erkolan "podría haber contratado" a la hermana de Cerdán, aunque sospechan que los costes de la contratación seguían corriendo a cargo de Servinabar.

Según el informe, constan transferencias entre julio de 2020 y mayo de 2025 a la cooperativa de "un total de 367.290,43" euros, si bien los agentes no pueden cuantificar qué parte de esta cantidad habría recibido la hermana de Cerdán.

Destacan el "brusco incremento" en los pagos de Servinabar a Erkolan: la transferencia media pasó de 221 euros hasta el 29 de mayo de 2020 a unos 6.000 euros mensuales hasta mayo de 2025.

El informe también menciona al hermano de la mujer de Cerdán. La UCO aporta mensajes entre el administrador de Servinabar y un cargo de Acciona recientemente imputado, Manuel José García Alconchel, que recibió el contacto del cuñado.

Este habría recibido 53.130 euros entre 2019 y 2022 de Servinabar, según la UCO, que apunta a que en marzo de 2020 el Ministerio de Transportes expidió un certificado a su favor "para facilitar su incorporación como peón especialista" en los trabajos de una obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla.

Además de presuntas contrataciones, la Guardia Civil también ha señalado en su informe que Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Cerdán. El informe apunta decenas de pagos de la familia Cerdán cargados a la cuenta de esta empresa, según una escritura localizada en un registro, aunque él asegura que nunca se llegó a formalizar.

Según las autoridades, hay pagos asociados a una tarjeta de Servinabar que por sus características y por la localización del establecimiento son atribuibles a la familia entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, el día antes de que se destapase el caso y Koldo García fuese detenido.

Hay 49 pagos por importe total de 7.470 euros en un restaurante de Madrid, así como desembolsos en Ibiza durante las vacaciones de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022 -un total de 1.795 euros- y también en Tenerife en agosto de 2023, por una suma de 1.259 euros.

La UCO menciona la conversación en la que Antxon Alonso muestra "cierta preocupación" a su mujer. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó Antxon Alonso en un mensaje de septiembre de 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al empresario Álvaro Romillo la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club (MIC). El conocido en redes sociales como 'CryptoSpain' ha sido detenido este jueves en el marco de esta investigación.

Al empresario que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, se le acusa de ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.

Se trata del Madeira Invest Club, que empezó a operar a principios de 2023 y que se presentaba como un "club privado de inversión" que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates, whisky, oro y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.

Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar en un plazo determinado con beneficios preestablecidos.

Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.

La organización contaba con un entramado societario y bancario distribuido en varias jurisdicciones, incluyendo, entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, EEUU, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación se ha contado con la colaboración de Europol y de cuerpos policiales de otros países, como el Homeland SecuritySI de EEUU, la Singapore Police Force de Singapur, la Royal Malaysia Police de Malasia y la Royal Thai Police de Tailandia.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha ordenado la detención, investiga esta presunta estafa piramidal sobre la que se ha levantado este el secreto de sumario tras recibir los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria.

Según el auto en el que el juez ordena el arresto, al que ha tenido acceso EFE, la Policía de Singapur informó que entre el 15 de julio y el 29 de agosto de 2024, una cuenta de Alipay Merchant Services Pte Ltd, que tiene como titular la sociedad Lemus Trading (HK) Limited, registrada en Hong Kong, "recibió más de 29 millones de euros procedentes de dos empresas portuguesas", Maidentok LDA y Sabrosso LDA.

"La Policía de Singapur ha comprobado que las empresas que han realizado las transferencias pertenecen a dos ciudadanos españoles", Álvaro y Domingo Romillo.

El magistrado añade que los informes recibidos "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" de que Álvaro Romillo, "aprovechando su popularidad en redes sociales", desarrolló un "negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

Lo hizo, presuntamente, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "a través de la plataforma digital Madeira Club Invest, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito".

Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y llegó a convencer a cerca de 30.000 personas para que ingresasen en el club. Para acceder a la plataforma era requisito un pago inicial de 2.000 euros, que posteriormente se recompensaría con transferencias bancarias en criptomonedas.

'CryptoSpain' ganó relevancia en redes mostrándose como un empresario contrario al Estado y a los impuestos. Con 18 años comenzó su actividad empresarial con una entidad dedicada a distintas actividades, como la venta de bisutería o como agencia de publicidad.

El pasado agosto, Romillo denunció haber sufrido un asalto en su chalé de Ciudalcampo. Según el acta de declaración, al empresario le amenazaron a punta de pistola y le sustrajeron objetos de valor como diamantes, joyas y relojes de lujo. Según su testimonio, fue maniatado durante cuatro horas.

Romillo consiguió atención mediática tras presentar una denuncia contra Alvise, en la que aseguraba haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos. Esto supuso la apertura de una investigación por parte del Supremo por supuesta financiación ilegal al líder de Se Acabó La Fiesta.

Ya en 2023 la CNMV alertó de su plataforma ahora investigada, el Madeira Invest Club. Según la comisión, el club no estaba autorizado para captar inversión.

Ahora, el juez explica que "la gravedad de los hechos y penas" que comportan, unido a "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por Álvaro Romillo y "la contundencia de las evidencias de que este lideró su comisión" invitan a pensar que pueda no comparecer a su citación mañana, viernes, y "trate de evadirse al extranjero".

Por ello, ha ordenado este jueves su "inmediata detención" para "asegurar su comparecencia" y "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia".

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen, tras las acusaciones de éste, que considera "mentiras y vilezas".

El ministro ha anunciado esta acción judicial en rueda de prensa tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias cuando Torres presidía estas islas.

Tras destacar que en este informe no se detecta ninguna actuación ilícita, Torres ha subrayado que quedan en evidencia las "falsedades, mentiras y vilezas" del comisionista investigado en el caso Koldo

"He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", ha recalcado Torres, que ha pedido al PP que pida disculpas.

"En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman que "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro, tras no convencerles las explicaciones que ha dado este martes el ministro de Política Territorial.

Según ha informado el grupo popular, el ministro debe aclarar por qué medió con los técnicos del Gobierno de Canarias para acelerar el pago de los contratos durante la pandemia y tiene que dar más explicaciones sobre otros aspectos recogidos en el informe de la UCO.

A juicio del PP, ese documento acredita que Torres ha mentido en reiteradas ocasiones en sesiones de control y en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con los integrantes de la trama.

La Guardia Civil expone en su informe -conocido el pasado lunes- que Koldo García había logrado que Torres reclamase unos pagos pendientes, valorado en 7,8 millones de euros, del Gobierno autonómico a una empresa de Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. La empresa en cuestión se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

El informe de la UCO refleja el intercambio de mensajes entre el exasesor de Ábalos y Torres en verano de 2020, además de una cita en un restaurante el 15 de julio.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", llegó a decir el ahora ministro de Política Territorial.

Según la Guardia Civil, Koldo García habría llegado a hablar con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, acerca del pedido de mascarillas, incluso antes de que se adjudicase.

La UCO ha descrito el 'modus operandi': Íñigo Rotaeche, uno de los titulares de Soluciones de Gestión trasladaba a Aldama los problemas con el contrato, y este contactaba con Koldo. El exasesor reclamaba los pagos al viceconsejero canario hasta que finalmente escribió a Torres.

Por su parte, el informe también recoge algunas reticencias presentadas por parte del personal técnico y funcionario sobre el pedido de mascarillas. Una funcionaria llegó señalar que se había dado el visto bueno sin ver la ficha y apuntó a que habían comprado mascarillas más baratas.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora del partido han explicado este miércoles al juez que el exasesor Koldo García repartía el dinero de caja destinado a las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización de la formación, y han asegurado que esos fondos salían del banco, informa EFE.

Un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la comisión del caso en el Senado, ambos testigos han declarado en el Tribunal Supremo tras el informe policial que detectó descuadres en pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

Este hallazgo motivó a que el PSOE aportase nueva documentación en la que explicaba que esas "presuntas liquidaciones" pueden referirse a gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotados de esa forma y no de manera individualizada. El partido dejó claro que la caja del mismo se nutría de "de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria en funcionamiento".

Según fuentes presentes en la declaración, ambos han explicado que, aparte del dinero en efectivo que se abonaba de forma individualizada a Ábalos y a su exasesor por gastos anticipados, Koldo García también recibía los fondos relativos a la Secretaría de Organización y era el encargado de repartirlos entre los miembros del equipo. Era el exministro, como secretario de Organización del partido, el que autorizada los gastos de ese departamento, los suyos propios y los del resto de miembros a su cargo, añaden las fuentes.

Ese dinero destinado a la caja del partido, según los testigos, salía de una cuenta del PSOE en el BBVA, y habitualmente iba destinado a pagar comidas, hoteles o viajes que emprendían por motivos de trabajo, un dinero que también iba a otros departamentos del partido.

El exgerente Mariano Moreno, que la semana pasada decidió guardar silencio en la comisión del Senado, ha explicado que a partir de 2020 se fueron reduciendo esos pagos en efectivo, que solían ser en billetes de 50 euros o más pequeños. Ambos han dicho que no manejaban billetes de 500 euros, aquellos que según la UCO, Koldo y su entonces mujer se referían a ellos como "chistorras".

Preguntada por las fotos de sobres con dinero en efectivo que aparecen en el último informe de la UCO, la empleada de la Secretaría de Organización ha admitido que ella hacía esos sobres y ha reconocido en ellos su letra. La trabajadora citada era la encargada de entregar los sobres con las supuestas liquidaciones de gastos y fue con quien Koldo García habló sobre gastos en 2019 y quien le dijo al asesor que el exministro, "el jefe", se había ido "sin que le diera el money (sic)" e instaba a que este dinero fuera recogido al día siguiente porque no le gustaba "tener tanto dinero en el cajón".

Normalmente, ha explicado, avisaba a Ábalos o a Koldo García de que ya estaban disponibles y ella los dejaba en recepción y después ya no sabía quién iba a recogerlo. Según conversaciones que obran en el sumario, no solo acudía el exasesor a la sede del PSOE, en la calle Ferraz; también lo hacía su expareja, pero ha aclarado que nunca fue el propio Ábalos.

Los testigos han explicado que cuando se presentaban los tickets, se comprobaba el dinero gastado, pero no a quién pertenecían ni la forma en la que se abonó anticipadamente ese gasto, según las fuentes.

Ahora bien, en ninguno de los interrogatorios se ha preguntado explícitamente por la existencia de una caja B ni por cuestiones relativas al exsecretario de Organización Santos Cerdán. Del mismo modo que, según las fuentes, el juez ha frenado las preguntas de las acusaciones sobre pagos a otros miembros del partido.

El exministro José Luis Ábalos ha renunciado a su abogado a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, afirma EFE.

Así lo explica el propio exministro y exdirigente socialista en un escrito remitido al Tribunal Supremo, en el que formaliza su renuncia al abogado José Aníbal Álvarez 48 horas antes de estar citado ante el juez Leopoldo Puente tras un informe que sembraba sospechas sobre gastos de 95.437 euros.

Dice Ábalos que esas diferencias con el abogado que le ha representado en el denominado caso Koldo, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante" y eso "hace inviable" que le pueda seguir defendiendo.

Según el exministro, "tras distintos episodios de desacuerdo", la relación entre ambos ha llegado a verse "interrumpida" hasta el punto que -asegura- se tiene que preparar su declaración por sí solo.

Fuentes jurídicas aseguran, en cambio, que ha sido el letrado quien ha decidido poner fin a la representación del exdirigente del PSOE por las reuniones que este mantuvo la pasada semana a sus espaldas con la letrada de su exasesor Koldo García, y con otros abogados, de las que se enteró por los medios de comunicación.

A ello se suman las crecientes discrepancias entre ambos por la estrategia de defensa, dado que, entre otras cosas, su abogado le había recomendado que dejase el escaño para perder su condición de aforado y enviar la causa así a la Audiencia Nacional. También le planteó alcanzar un pacto con Fiscalía, cosas que no se produjeron. Ábalos se ve así forzado a buscar un nuevo abogado dos días antes de su cita el próximo miércoles ante el juez.

Un escenario como este ya se produjo con Koldo García en su anterior citación, cuando su letrado renunció cuatro días antes de su comparecencia y su nueva letrada solicitó la suspensión de la declaración para tener acceso a toda la causa y preparar la cita. Sin embargo, el magistrado lo rechazó y le advirtió de que si no comparecía, "podrán adoptarse las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar en lo porvenir su presencia". Como consecuencia, Koldo se acogió a su derecho a no declarar.

Puente ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo. De esta forma, Ábalos llega con una situación procesal que se puede haber agravado a la luz del informe de la UCO, que profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento, como considera el magistrado.

Si nada cambia, Ábalos el miércoles y Koldo un día después tendrán que responder por el último informe de la UCO y enfrentar las sospechas del magistrado sobre que ambos podrían haber mantenido entre sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen". 

"Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas [de cocaína] a Europa fueron capturados, tres en España y dos en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española. Entre ellos, Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan del Golfo". Así anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el saldo definitivo de una operación internacional bautizada 'Gulupa' y que tenía como objetivo principal la detención de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido por los alias de Black Jack o La Firma, que se encontraba en la isla de Ibiza, el mismo enclave del Mediterráneo en el que fueron detenidos varios capos de la 'Ndrangheta este mismo verano.

El operativo se desarrolló en el marco de la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, todo ello bajo el amparo de Europol y de Interpol. Alias Black Jack, según fuentes oficiales, sería no solo cabecilla de narcotráfico, sino también de blanqueo de capitales, al servicio del clan con base en el Golfo de Urabá. Se encargaría, además, de cerrar los tratos para el envío de cocaína con la principales redes criminales que operan entre Sudamérica y Europa, tales como la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia o el Cártel de Los Balcanes, así como con las organizaciones mexicanas.

En España, además del citado líder de la organización, fueron capturados otros dos miembros de la misma, a saber, Santiago Prada y Carlos Zuloaga. De interés especial resultó el arresto de este último, que pudo ser localizado en Madrid tras hacer uso de una tarjeta de crédito, según cuentan varios medios de comunicación colombianos. Un error poco común por parte de los narcos en la actualidad. Cayó detenido en el barrio de Lavapiés.

En cuanto a Black Jack, recibe ese apodo por su capacidad para convertir el dinero físico en moneda virtual. Así, le fueron intervenidos 44 monederos de criptomoneda y le atribuyen el movimiento de al menos 700 millones de dólares por esta vía, blanqueando así ingentes beneficios del narcotráfico internacional.

En Colombia, por otra parte, fueron detenidas otras dos personas. La primera de ellas responde al nombre de Jimmy García, y fue arrestada en Pereira. Se encargaría de realizar pagos por orden del detenido en Ibiza. La segunda, una mujer, es Brenda Pineda, arrestada en el aeropuerto de Medellín, colaboradora en el sistema financiero, según la Policía.

Los informes del caso apuntan a que alias Black Jack tendría contacto directo con el máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, del que apenas se tienen noticias en los últimos meses por hallarse bien protegido en su refugio colombiano.

Las ramificaciones de la organización desmantelada se extendían por todo el mundo, desde el origen, en Colombia, pasando por España, lugar por el que entraba la cocaína –también por Holanda– y donde se encontraban algunas empresas vinculadas con la red criminal, y acabando en Dubái, donde, como se sabe, sigue afincada la cúpula de buena parte de los grandes clanes de la droga a nivel global.

Yo me imagino a los dos agentes que firman el informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, volcados ambos sobre sus viejas mesas metálicas, el calendario colgado detrás en la pared junto a la foto del rey, la pesada estancia iluminada por esos fluorescentes omnipresentes en las dependencias policiales.

"Jefe, me vas a perdonar pero aquí no sale nada que implique al PSOE".

"Hombre, según se mire, Manolo, aquí hay unos descuadres y unas cantidades no justificadas".

"Pero jefe…, que hemos revisado miles de documentos, llevamos aquí todo el día rematando y solo salen 500 euros por aquí y mil por allá en casi diez años".

"Manolo, coño, no te pongas tan exquisito, que pareces de izquierdas: ¿Hay o no hay “cantidades sin soporte documental”? –pregunta con énfasis el subcomisario–. ¿Hay o no hay sobres? Por Dios Bendito… Pues si hay cantidades sin justificar, un euro o un millón, y si hay unos sobres con dinero, se ponen ahí y punto…".

El agente Manolo empieza a arrugarse ante la insistencia de su superior. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está en la cárcel y se ha montado la mundial antes del verano rebuscando hasta debajo de las piedras para tratar de implicar a los socialistas en financiación ilegal. Y ahora resulta que, de lo que se trata –como mucho–, tras decenas de horas de análisis, es de las supuestas tropelías de Koldo y Abalos, por lo demás bastante cutres.

Ya se sabe que los magistrados, los jueces y fiscales, los policías y los guardias civiles, todos ellos son gente exquisitamente neutral e imparcial y no se dejan llevar por sus querencias ideológicas… Pero podríamos suponer que el fiscal anticorrupción y los magistrados del Tribunal Supremo promovidos por el PP, y también algunos agentes, quizá con un ligero sesgo hacia la derecha (ya digo, es solo un suponer….) podrían estar salivando por encontrar entre los papeles la prueba inequívoca de estar delante de “la Gürtel del PSOE”, y con suerte un “P punto Sánchez” en unas cuentas de dinero B del Partido Socialista.

"Jefe, yo no puedo inventarme nada y menos aún ponerlo aquí. Está claro que las cifras que da el PSOE cuadran con los gastos de Koldo y Ábalos. Lo de las chistorras y los soles y las lechugas y tal, vale, pero lo de los gastos también está claro y no podemos inferir nada ilegal".

"Oye, Manolo, no me toques las pelotas. Que no te estoy diciendo que pongas que hay indicios de financiación ilegal. Basta con que pongamos que hay algunos pagos sin ‘respaldo documental’. ¿Vale? Y pon las fotos de los sobres con el post it".

"Lo que usted diga, jefe".

Se diluye así la frontera entre la ausencia de pruebas de financiación ilegal y la difusa hipótesis de que pudiera haberla. Es la fuerza de una imagen. Cuántas veces no habremos visto esos bodegones policiales: el material en una mesa, los billetes ordenados por montones, quizá unas cajas fuertes pequeñas, unas libretas, añadamos unos destornilladores y unos cuchillos jamoneros, unas llaves y unos mecheros. Puede ser el ajuar doméstico de cualquiera de nosotros, pero así, colocadito en la mesa con un cartel de la Policía o de la Guardia Civil, pasará por ser el peligroso arsenal de una banda de delincuentes.

Esa es la miserable eficacia de esos sobres timbrados, con su sello policial: aunque el informe diga taxativamente que los euros que contienen se corresponden con gastos habituales justificados, su mera exhibición evoca la corrupción. Es ridículo, irracional, absurdo. Pero ¿quién dijo que sobre lo ridículo, lo irracional y lo absurdo no puede construirse una victoria electoral?

La extrema derecha lo aplica desde hace una década en el mundo entero, y Feijóo y los suyos están aprendiéndolo como alumnos aventajados. Una vez entendida la misión, ya se sabe, el que pueda hacer que haga.