Las joyas halladas durante el registro policial del pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el magistrado, que investiga el denominado caso Plus Ultra, ha recibido este jueves la tasación que encargó a la histórica joyería Ansorena y en la que ha colaborado el Instituto Gemológico Español.

El juez quería un análisis preliminar que permitiera determinar la "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación" de las joyas encontradas, sin perjuicio de que más adelante se haga una tasación pericial posterior que abarque otros datos.

Calama adoptó esta decisión en el marco de la causa en la que imputó el expresidente del Gobierno, a quien sitúa en el "vértice" de una presunta trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, supuestamente a cambio de beneficios económicos que, según la tesis del juez, se canalizarían hacia él y su entorno.

Zapatero, que declarará los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados. Sostiene que estaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler que no tenía caja fuerte, según trasladó Luis Arroyo, portavoz del expresidente.

Arroyo, tras conocer la tasación, ha pedido perdón por "inducir a error sobre el valor de las joyas" de las que dijo que su valor serían alrededor de 50.000 euros y ha indicado que será el expresidente quién dé las explicaciones oportunas ante el juez. El informe sobre la tasación llega horas después de que la defensa del expresidente pidiera al juez que la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para poder utilizar en un eventual juicio los mensajes de los directivos de Plus Ultra "se complete" preguntando a las autoridades estadounidenses de información cómo se consiguió esa información, según adelantó infoLibre.

En aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.

En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada. EFE

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

Resulta cuando menos sorprendente a cualquier ciudadano avisado y al tanto de la actualidad política, que un mismo jefe de la UCO, el teniente coronel Balas (qué nombrecito!), se encuentre dirigiendo las pesquisas policiales del caso del fiscal general del Estado, del caso contra el hermano de Pedro Sánchez y, ahora también, de la investigación contra Leire Díez. Luego se extrañan los jueces de que los ciudadanos normales y corrientes no creamos en la imparcialidad de la justicia...

Pero el caso de Balas es también sintomático de una forma de proceder que pervierte esa justicia y arroja muchas dudas sobre la corrección y las garantías procesales de las causas judiciales en las que están implicados nuestro Gobierno y nuestro presidente. Me refiero a las declaraciones de Balas en sede judicial. La investigación de cualquier mandato judicial debe ceñirse a recopilar datos, indicios y pruebas para que después sea el juez quien dictamine, en base a lo investigado por la policía (en este caso la Guardia Civil), la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Pues bien, Balas, ya sea contra el Fiscal General del Estado (FGE) o contra David Sánchez, en vez de informar sobre lo que ha recopilado, se ha dedicado a inferir y a construir relatos, a contar historias sobre lo que ha investigado, condicionando de hecho la labor del juez en un sentido u otro. Se dirá que después el juez le hará o no caso. La cuestión es que, habitualmente, el juez se dedica a corroborar sin matices lo investigado por Balas (pues raras veces el juez suele contradecir al policía), por lo que, a la hora de la verdad, quien imparte justicia es el policía y no el juez. Balas no puede interpretar los datos, los indicios o las pruebas y, sin embargo, cuando escuchamos sus declaraciones en los dos primeros casos (el del FGE y el de este miércoles en Badajoz) comprobamos que no hace otra cosa, con lo que está pervirtiendo la acción de la justicia.

Balas fue quien, al ser interrogado en el Tribunal Supremo en la causa contra el FGE, contestó a una pregunta de la defensa que "la UCO jamás había hecho ni hacía investigaciones prospectivas". Respuesta a la que la Sala obsequió con una sonora carcajada...

¿Habrá quien dude de que los ciudadanos normales y corrientes tenemos derecho a afirmar que nos encontramos en un Estado policial y judicial que solo remitirá cuando se haya logrado el objetivo de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez?

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Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.

Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.

El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.

Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.

Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.

Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.

Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".

También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.

A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".

Cuando Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real en virtud de un soterrado pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo con una advertencia al Gobierno: "Que no se preocupe el señor [Pedro] Sánchez, que va a tener pruebas". Desde entonces, se ha convertido en protagonista principal de la actualidad política y judicial española. E, incluso, parte de la derecha mediática ha vestido como adalid de la lucha contra la corrupción al mismo comisionista que se encuentra investigado por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos. Un empresario cuyo nombre se repite, una y otra vez, en las distintas causas judiciales que marcan, en estos momentos, la agenda mediática nacional.

Tres son, fundamentalmente, los procedimientos de gran envergadura que persiguen al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE. Se encuentran en la Audiencia Nacional. En concreto, en los Juzgados Centrales de Instrucción nº2 y nº5, si bien son tres los magistrados que dirigen las pesquisas: Ismael Moreno, Santiago Pedraz y José Luis Calama. Todos ellos conectan, en algunos puntos, entre sí. Tanto es así que incluso en la investigación que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se añaden elementos procedentes, por ejemplo, del caso Mascarillas. En concreto, mensajes intervenidos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama.

El 21 de febrero de 2024 estalló el que acabaría siendo el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La llamada Operación Delorme puso al descubierto una trama de cobro de comisiones alrededor de los contratos para la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Aquella investigación, en la que Fiscalía Anticorrupción y Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) de la Guardia Civil fueron de la mano, recaló en el Juzgado Central de Instrucción nº2, al frente del cual se sitúa el magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, a medida que el asunto fue escalando en el organigrama, la parte que afectaba al exministro socialista José Luis Ábalos por los contratos de Transportes que reportaron pingües beneficios a Aldama fue derivada al Supremo, donde acaba de ser juzgada.

Tras el visto para sentencia del Alto Tribunal, aún quedan en la Audiencia Nacional varios frentes abiertos alrededor de esta causa. Por un lado, el relativo a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por Puertos del Estado, Adif o los Gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión –mercantil vinculada a Aldama–, así como al enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. Por otro, la pieza centrada en la trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas, un asunto por el que estuvo en prisión provisional el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Y que salpica, entre otros, al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdiputado en Servinabar, que acudía de la mano de Acciona a concursos públicos.

Y luego está una tercera pata, que es la relativa a la financiación del PSOE. Mientras investigaba el caso Mascarillas, el Supremo se encontró con una serie de pagos en metálico por parte de la formación política en favor de Ábalos y García. Y tras unas diligencias que no lograron aclarar algunas cuestiones, el magistrado Leopoldo Puente mandó el asunto a la Audiencia Nacional. El partido facilitó un pendrive con información a Moreno, quien dado el "carácter reservado" de la documentación decidió abrir una pieza que, a día de hoy, sigue secreta. Además, el instructor solicitó a Aldama que aportase el sobre con las siglas PDVSA –en referencia a la petrolera estatal venezolana– que, según él, guardaba relación con la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron el pasado miércoles en la sede socialista de Ferraz con un requerimiento de información. Pero aquella entrada nada tenía que ver con la financiación del partido, sino que se enmarcaba en otra causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que lidera el magistrado Santiago Pedraz, y que vuelve a tener como epicentro la Secretaría de Organización del PSOE. Un procedimiento que mezcla supuestas maniobras para teledirigir expedientes administrativos con una supuesta trama para dinamitar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La primera parte de este caso explotó el pasado mes de diciembre con las detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, del empresario Antxon Alonso y de Leire Díez. El nombre de esta última había saltado a los medios medio año antes, cuando El Confidencial desveló una grabación en la que esta mujer, estrechamente vinculada al PSOE, ofrecía ayuda a Alejandro Hamlyn, perseguido por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos, a cambio de información contra Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Un empresario que, casualmente, compartía abogado con Aldama.

Los tres conformaban, según las pesquisas, un grupo denominado Hirurok –"nosotros tres", en euskera– que llevaba funcionando desde 2021 y cuyo objetivo sería "orientar la resolución de diversos expedientes" seguidos en la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia" sobre personas "vinculadas a la función pública". Bajo la lupa, supuestos amaños por valor de 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

En las entradas y registros de diciembre los investigadores se incautaron de abundante material que ha permitido, al menos indiciariamente, vincular a Cerdán con esta operativa criminal desde un "plano de jerarquía superior". Y, además, abrir una nueva línea de investigación, según la cual el ex secretario de Organización socialista habría encargado a Díez, que actuaba acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, "la coordinación y ejecuciones de una serie de actuaciones con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno".

En el auto conocido esta semana, Pedraz señala al menos cinco actuaciones que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes. A cambio de su labor, Díez, según el juez, habría comenzado recibiendo pagos de 4.000 euros al mes que se habrían canalizado, según el magistrado, a través de la consultora del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Luego, el abogado ahora imputado Ismael Oliver habría prestado dos sociedades para facilitarle los fondos. Transferencias de dinero que, según el auto, se justificaron con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

"[Cerdán] habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", defiende el instructor. De ahí, el requerimiento de información de esta semana, que se prolongó durante 12 horas.

Ocho días antes de la entrada de la UCO en Ferraz, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban la oficina que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene justo enfrente de la sede socialista. Lo hacían en el marco de una causa dirigida, de nuevo, por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, si bien en este caso las pesquisas las lideraba el magistrado José Luis Calama después de que el titular del órgano hubiera decidido abstenerse dada la relación que había mantenido con uno de los abogados investigados en el procedimiento.

El instructor coloca al exlíder del Ejecutivo, que declarará como investigado a mediados de junio, en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos", algo que relaciona con el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en una serie de comunicaciones intervenidas a terceras personas o en los pagos que la familia del expresidente –tanto él como sus hijas a través de su agencia WhaThaFav– recibió del entramado societario de su amigo Julio Martínez. Entre otras, de la empresa Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajaba como consultor.

Además, el instructor sitúa a Zapatero detrás de la creación de una sociedad offshore en Dubái hacia cuyas cuentas bancarias sospecha el juez que se canalizó una comisión de 530.000 euros por el rescate de la aerolínea. Algo que, por el momento, ata en base a una coincidencia temporal. El 26 de enero, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, avisa al gestor de Martínez de una "reserva para dos" en un restaurante "a nombre de Julio". Y el 27 de enero, el amigo de Zapatero recibe un correo de Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, con indicaciones sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos y un "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

En su auto de imputación, y con la vista puesta en el rescate de Plus Ultra, el magistrado pone también el foco en una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. De este encuentro se tiene constancia a través de un oficio que la UCO remitió a la causa con información extraída de los teléfonos de Ábalos, Aldama o García.

*Se ha modificado este texto para aclarar que Cerdán estuvo solo unos meses en prisión provisional.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. A lo que ha añadido que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto e informarse sobre el sumario, se mantiene en su posición de colaboración con la justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

El presidente ha dicho que “desconocía” la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar también a la gerente del PSOE, junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, dentro del caso de Leire Díez. Pero sí ha señalado que Ana María Fuentes “ha llevado de manera escrupulosa las cuentas”. Ha aseverado que durante estas horas ha habido “mucha rumorología, mucho bulo y muchas fake news” sobre que el requerimiento era sobre supuesta financiación irregular.

“No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero, con la misma claridad, digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre actividades irregulares en el PSOE, se actuará con contundencia”, ha remachado.

Además, en varias ocasiones durante la comparecencia, el presidente del Gobierno ha rechazado la petición del PP de convocar elecciones anticipadas y ha puesto en valor la estabilidad del Ejecutivo: "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes".

El presidente ha ironizado al final de la rueda de prensa en Roma: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista"

El PSOE ha sufrido otro revés este miércoles con el "espectáculo" de ver a agentes de la UCO entrando de nuevo en la sede del partido en Ferraz para recopilar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, un golpe más a la ya mermada moral del partido tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La noticia ha pillado a los diputados socialistas entrando al pleno del Congreso minutos antes de las 09:00 horas, cuando el desconcierto ha tomado los pasillos por las primeras informaciones que apuntaban a que la operación de la UCO tenía como foco una presunta financiación ilegal del PSOE.

Entre la sorpresa y la negación, con caras serias, han ido entrando al hemiciclo los parlamentarios socialistas, donde el PP ha cargado duramente contra el Gobierno, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que en estos momentos "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata".

También los socios han navegado en la confusión de las primeras informaciones y a su llegada al pleno han pedido cautela a la vez que dejaban claro que una financiación ilegal del PSOE sería la línea roja que no estarían dispuestos a cruzar por seguir apoyando al Gobierno.

En la Ejecutiva socialista reconocen que la noticia del registro sobre una supuesta financiación ilegal les ha puesto "el corazón en la boca", pero subrayan que de eso a lo que finalmente ha sido —el requerimiento de información, según ha precisado el PSOE— hay "mucha diferencia".

El requerimiento en la sede nacional del partido ha ido acompañado de varios registros e imputaciones en una causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presuntos pagos irregulares a Díez por su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

El juez ha imputado a la propia Diez; al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Y halla indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, —miembro de la Ejecutiva socialista— habrían colaborado con los investigados.

Según avanzaba la mañana y se iba conociendo el fondo de la investigación, las miradas de la bancada socialista se centraban en conocer el mensaje del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien tenía prevista una comparecencia ante los medios desde Roma.

Sánchez ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

A partir de ahí fuentes de la Ejecutiva han asegurado que las imputaciones no preocupan a la dirección del partido, han defendido la presunción de inocencia y piden tiempo para que los investigados den explicaciones.

Y aunque creen que la imagen de la UCO no les perjudica políticamente porque, sostienen, los militantes ven la campaña que a su juicio existe contra el PSOE, admiten el dolor que puede causarles personalmente a sus compañeros de partido y sus familias.

Con todo, las filas socialistas en el Congreso se preparan para aguantar lo que consideran un ataque "por tierra, mar y aire" y asumen que tras la sucesión de investigaciones de los últimos días y las vistas judiciales que afrontan en las próximas semanas tanto el hermano de Sánchez, como su mujer y Zapatero, solo les queda tener "paciencia".

Hay enfado, subrayan los socialistas en la Cámara Baja, pero también "callo" porque en los últimos tiempos han tenido que afrontar situaciones similares y porque siguen viendo a Sánchez fuerte y dispuesto a seguir hasta 2027.

"No nos van a doblegar, vale la pena gobernar", remachan.

La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez propuso juzgarles por un jurado popular.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

La contratación de Making Science Group, por su parte, se realizó "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", si bien al detectarse "esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

Sobre la propiedad intelectual del software, el informe no aprecia que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad para el registro de productos que pueden generar propiedad intelectual.

Y respecto a otros trámites como el registro de la marca y el alta del dominio para dar acceso público a la herramienta, tampoco dispone de "elementos" que "desprendan" que los responsables de la gestión, entre ellos Begoña Gómez, cumpliesen el protocolo interno. Estos dos procesos se cubrieron con fondos privados, en concreto, los costes de los que han comprobado su origen, por "la esfera personal" de Gómez.

Los agentes ven "vinculación" de Begoña Gómez con el software al haber participado "en los talleres promocionales de la herramienta", y sostienen que esta plataforma es de "carácter gratuito" y que los colaboradores afirman que es propiedad de la UCM.

Tras analizar las cuentas de Gómez entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.

Desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022, recibió 17.037 euros; en octubre de 2021, 10.157 euros; en diciembre de 2022, 5.090 euros; desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, cuatro pagos de 9.605 euros por parte de la Fundación de la universidad, que también transfirió el 18 de julio de 2023 170 euros. En total, 42.059 euros.

También incluye la UCO 37 abonos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, con la que Gómez "tuvo vinculación profesional", y el ingreso de un cheque de 8.800 euros a su nombre por el grupo empresarial Inmark, con la que también estuvo relacionada profesionalmente.

"Mención aparte" tiene, según la UCO, "determinados ingresos" de una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, que fue administrada por Gómez.

El informe recoge que una de esas cuentas fue abierta en diciembre de 2023 y cancelada en febrero de 2024, con "una entrada y posterior salida" de 6 euros; la otra tiene 26 movimientos desde abril hasta noviembre de 2024, y cuatro abonos, dos de ellos procedentes de cuentas propias por 600 euros y otros dos el mismo día (14 de marzo) por 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO encuentra "analogías" entre esta sociedad Transforma TSC (ya inactiva) y la plataforma, si bien cree que no hay "elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra", y pese a su "corto periodo de vida" (de noviembre de 2023 a junio de 2024), sostiene que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en un informe a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (EFEF) Luis Rubiales en el amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales, según informa EFE.

Según el informe adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, se trata de José María Arrabal y David Oviedo, presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20. En relación con esta última, los investigadores han podido observar una participación directa de los mismos.

Así, Arrabal firmó el Convenio Marco del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva. Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. 

Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF. El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente y que ambos abonaron entorno a 50.000 euros para abaratar sus hipotecas.

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales. Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero.

Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca online con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

La acusación popular exige mayor celeridad en la causa contra el empresario Alberto González Amador. En un escrito presentado la pasada semana, al que ha tenido acceso infoLibre, PSOE y Más Madrid reclaman al titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, que apriete a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue cuanto antes el informe que hace ya siete meses se le encargó en la pieza por soborno que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En otro, ambos partidos pedían también que se diera un impulso procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible, algo que el magistrado hizo pocas horas antes sin que ellos tuvieran constancia en el momento de presentar el escrito.

La pieza del soborno, abierta en octubre de 2024, se centra en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" –la empresa no tenía medios suficientes para realizar los servicios cedidos– para generar "bases [imponibles] negativas" a compensar en un futuro, es decir, provocar pérdidas artificialmente para que la empresa pague menos o ningún impuesto.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido –el 40%–. Tanto la jueza instructora –ya jubilada– como la Fiscalía sospechan que esa operación esconde el pago de una comisión a Camino por la operación de compraventa de mascarillas en la que intervino González Amador o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, uno de los grandes clientes del empresario.

Dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", la jueza activó a la unidad de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos. Lo hizo el pasado 27 de junio. Pero siete meses después, los investigadores aún no han remitido al juzgado ningún informe. Y eso ha llevado a mover ficha a las acusaciones populares, que en un escrito fechado la pasada semana han pedido al magistrado instructor que impulse el procedimiento y requiera a la UCO el documento. Y no solo eso. También que se informe a los investigadores de que, según publicó eldiario.es, González Amador operaba en el grupo Quirón con una identidad falsa –Alberto Burnet González– para que indaguen sobre este asunto.

Un empujón que también reclamaron dar en el caso por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A finales de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que sustituyó a la instructora hasta que llegada de Viejo al juzgado, dictó auto de apertura de juicio oral contra el empresario. Confirmada la apertura de juicio oral y desestimados los recursos de apelación formulados, quedaron formalizados los escritos de acusación. "Sin embargo, a fecha de este escrito no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido", apuntaba la acusación popular.

Una situación que, alegaban, "está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación". Por eso, exigen que se adopten "las resoluciones que correspondan" para la correcta continuación del procedimiento. "En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento [...] se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", sostenían PSOE y Más Madrid en su escrito.

Pero horas antes de la presentación, y sin que ellos tuvieran constancia, el magistrado ya había reactivado el asunto. Según una diligencia de ordenación adelantada este martes por elDiario.es, el magistrado daba diez días a los acusados para que presentaran sus escritos de defensa. Y de no hacerlo, completaba, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "hechos nuevos" respecto del rescate de Air Europa después de que la Audiencia Provincial le advirtiera por cuarta vez de que no puede investigar la implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el mismo, según recoge EFE.

En una providencia dictada este lunes y a la que ha tenido acceso EFE, el juez hace este nuevo movimiento en respuesta a la Audiencia, que le reprochó su intento de investigar sin aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa.

La Audiencia de Madrid ya había ordenado en tres ocasiones a Peinado dejar a Air Europa fuera del procedimiento en el que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación, pero lo hizo de nuevo en noviembre al resolver un recurso del mes de mayo.

Entonces, el juez decidió reactivar la investigación y pedir un informe a la UCO de la Guardia Civil sobre el rescate, pero él mismo se corrigió poco después y anuló esa solicitud. Lo hizo tras un nuevo varapalo de la Audiencia a sus movimientos sobre la empresa filial de Globalia.

Es más, en junio asumió que no podía investigar y planteó ceder a otro juzgado una querella presentada por Vox relacionada con ese rescate.

Meses después, la Audiencia resolvió los recursos de Begoña Gómez y del fiscal contra la decisión anterior del juez -es decir, la de pedir informe a la UCO-, y les dio la razón parcialmente en un auto en el que cuestionó que el magistrado actuase guiado por una noticia periodística. 

"La resolución dictada carece de fundamentación (...), se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento y, como ya hemos dicho, parece tratarse de noticias que se han obtenido de otros procedimientos, en los que se investigan otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas y que algunas de ellas pudieran tener relación con los investigados en este procedimiento", argumentaron los magistrados.

Recalcaron que "la resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación". 

Tras este cuarto aviso de la Audiencia, el magistrado pide a la UCO que le informe de si se ha producido alguna novedad en relación con el rescate.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

El ejecutivo de Sánchez forever envejece paulatinamente y no le queda otra que morir. En enero o febrero del 26. Por especular un poco y porque me gusta tirar triples entren o no entren. Lo obvio es que la maquinaria de las derechas y su poder mediático no deja de socavar el escudo social que esta legislatura, con sus luces y sus sombras, abocetaba en junio de 2018. Siete años y medio después de llegar a la Moncloa, Sánchez forever y su núcleo duro tienen multitud de dificultades para responder a la pregunta que transita la política española: ¿esto aguanta? El triple está lanzado, ahora falta que entre.

Los casos de acoso sexual en el PSOE son una explosión simultanea que está destrozando la imagen del partido, un auténtico me too, a la par que los nuevos escándalos de corrupción con varias detenciones y la entrada de la UCO en la sede de Correos y en direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica para pedir información, han terminado de ahostiar al Gobierno, llevándolo a un KO técnico, incapaz de levantarlo de la lona y recuperar su agenda de gestión.

Los Greatests Hits o grandes éxitos del ejecutivo palidecen y van camino de la UCI. Sánchez intentará mandar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía este lunes, con una comparecencia jodidamente delicada ante los medios en la Moncloa, según diversas fuentes, las mismas que admiten que es imposible introducir ningún elemento positivo en este ambiente tóxico o lo que viene siendo: el fin de ciclo asoma tras el resquicio de la puerta.

Que Dios reparta suerte.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.

En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este jueves, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto "máximo dirigente" de la trama, pidió a Aldama que intercediese para "obtener la influencia" de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Buscaba -prosigue la UCO- que Aldama mediase con Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE- para que "ejerciera su influencia" aprovechando sus cargos, "en distintas instancias ministeriales conocedoras o vinculadas" a la tramitación del expediente de concesión de la licencia como operador de la empresa Villafuel, sobre la que pivota la trama.

"Todo ello a cambio de una contraprestación económica acordada previamente", sostiene la UCO, que cree que la trama "dispuso de un millón de euros" para pagos al exministro, a Koldo García y a Víctor de Aldama.

El "pago" al exministro fue, según la UCO, la entrega y disfrute de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que Claudio Rivas adquirió por 585.000 euros a través de la sociedad Have Got Time.

Destaca que la entrega del chalé se hizo "bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado" en el que se pagó una primera mensualidad y una fianza, y subraya que fue elegido por el ministro tras una búsqueda de su exasesor Koldo García.

El informe hace hincapié en la "correlación" entre la compra de la casa y "la firme convicción" de la trama de que obtendría la citada licencia. Y para ilustrarlo aporta un mensaje de la pareja de la empresaria Leonor Pano, administradora de la empresa Have Got Time: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Ábalos disfrutó de la casa unos meses, hasta el 26 de noviembre de 2021 porque, dos meses después de salir del Gobierno y ante la falta de concesión de la licencia, Claudio Rivas ordenó rescindirle el alquiler, añade el informe.

El objetivo de la trama, según la tesis de la UCO, era que Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios que exige la norma.

No lo consiguió en esos primeros intentos, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.

La UCO sostiene que la "influencia" del exministro "se materializó" en "reuniones y conversaciones" mantenidas por su exasesor con responsables ministeriales.

Cita tres reuniones en 2020 con Juan Ignacio Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, una en presencia de Aldama y las otras dos en el Ministerio, y destaca que este departamento no tenía competencia para autorizar operar en el mercado mayorista.

También constata "contactos" de Koldo García con Marc Pons, jefe de gabinete de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y cree que hay indicios de que se reunieron en el Ministerio el 8 de julio de 2021, cuando la autorización continuaba sin otorgarse "y la organización criminal se impacientaba".

La UCO refiere que Aldama conversó con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, en marzo de 2021, poco antes de que la empresa Villafuel presentase un escrito de alegaciones tras una nueva negativa de la autorización de operador.

En línea con la tesis de que la trama tenía un millón de euros destinado a contraprestaciones, la UCO incorpora mensajes de la empresaria Leonor Pano al conocer el cese de Ábalos como ministro, en 2021: "Se les ha dado mucho dinero"; "no se van a arriesgar"; "se les ha dado más de 1kilo".

Los pagos supuestamente también iban destinados a Koldo García y a Aldama, a quien la UCO alude como "intermediario" entre Ábalos y la red, de la que acabó formando parte hasta el punto que en otro informe los investigadores le situaban en su "cúspide".

El informe ve acreditado que Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, percibió 292.416 euros de la empresa Have Got Time "como pago por su intermediación" con Ábalos, y apunta a que más adelante recibió 925.036 euros "ya integrado en el organigrama de la organización criminal".

Como "pago" a Koldo García recoge que fue beneficiado con un contrato de trabajo en la empresa Instalibero District SL, vinculada a Claudio Rivas, como consultor en seguridad, sin que haya constancia de que prestase servicios. Dice la UCO que recibió 1.950 euros de nómina en marzo de 2022 y seis días después 5.000 euros en concepto de adelanto.

El informe de la UCO también señala que el exministro envió al empresario De Aldama a Venezuela en verano de 2019 para entregar una carta a Juan Guaidó en la que le mostraba su apoyo como presidente encargado de la República y le ofrecía el apoyo de las empresas públicas españolas para la etapa de recuperación que estaba por llegar.

Así consta en una carta fechada el 26 de julio de 2019 y que la Guardia Civil encontró en un teléfono móvil de Aldama en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

Esa investigación, que se entrelaza con la que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos, fue la que llevó a prisión a Aldama, quien salió en libertad provisional a cambio de colaborar con la Fiscalía.

El informe ubica el comienzo de la relación entre Ábalos y Aldama a más tardar en julio de 2019, si bien los investigadores infieren que debía venir de antes dada la importante responsabilidad que otorgó el ministro al empresario.

En su carta a Guaidó, el ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.

Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país. Por ello, con miras a ese proceso de recuperación, ofrecía el apoyo de las empresas españolas.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil están practicando registros este jueves en el marco de la misma operación en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán, por presuntas irregularidades en contratos públicos. En esta operación, que dirige bajo secreto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se han hecho un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia.

Lo hace en paralelo a la detención de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Este miércoles, fueron también arrestados la propia Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informa EFE. 

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