Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente "restaurando el edificio" para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes de que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto, aprovechó para reiterar la petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones contra Venezuela. "Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", subrayó la presidenta venezolana.

Para continuar con esa línea, este martes la Administración de Trump también relajó las sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta algunas restricciones a las misiones del Gobierno venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en territorio estadounidense. La nueva normativa autoriza a dichas misiones el pago por bienes o servicios destinados a sus actividades oficiales o para uso personal de sus diplomáticos. Además, los bancos e instituciones financieras están autorizadas a operar cuentas u otorgar créditos en nombre de las misiones del Gobierno venezolano.

Sin embargo, queda prohibida la compra o venta de inmuebles por parte de las misiones.

La diplomática estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas a finales de enero para una reapertura gradual de la embajada estadounidense, pero la legación diplomática de Venezuela en Washington sigue sin operar. El Departamento del Tesoro ha emitido en las últimas semanas varias licencias para facilitar a las empresas estadounidenses comerciar con petróleo, gas y oro venezolanos, a medida que el Gobierno de Rodríguez ha abierto el sector a la inversión extranjera.

El pasado 5 de marzo, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, lo que supone un nuevo paso en el marco de cooperación después de que el Gobierno de Trump capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas. La audiencia del juicio del mandatario, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá "nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", sin dar más detalles.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump —a quien ha llamado "socio y amigo"— y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de "supremamente exitosa".

"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.

El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "para lograrlo".

"Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional" entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.

Petro subrayó además que "se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera", algo que ya había comentado anoche cuando señaló que los dos países van "a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela".

En el encuentro de ayer en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la presidenta encargada de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, después de que se cancelara el que tenían previsto para el viernes.

"El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado de Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración", dijo Rodríguez en el encuentro con la delegación de ministros de Colombia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia para autorizar algunas actividades de explotación del oro para empresas estadounidenses en Venezuela, un sector que estaba sancionado.

La licencia se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal tendrá que resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al Gobierno de Maduro a cortar relaciones con Estados Unidos.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este lunes que no ha tenido "en absoluto" nada que ver con el rescate de la aerolínea de Plus Ultra ni mantuvo ninguna conversación sobre ello con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algún ministro.

Rodríguez Zapatero se ha expresado en estos términos en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, donde ha sido citado por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno ha señalado que no ha tenido relación con el dueño de Plus Ultra. Y ha aseverado que ha ido como "ciudadano" a esta comisión después de 14 años sin tener ningún cargo público, criticando a la vez que no se ha motivado bien por parte del Partido Popular su presencia en el Senado.

Rodríguez Zapatero, ante las primeras preguntas de la senadora María Caballero (UPN), ha explicado que sí asesora como consultor de Julio Martínez Martínez, el conocido como conseguidor de Plus Ultra, por los que cobró 70.000 euros brutos al año de Análisis Relevante SL, con factura y cotizando como autónomo. "A través de IPRF, me siento muy orgulloso de pagar y que casi la mitad vaya a las arcas públicas", ha reflexionado.

En ese sentido, ha explicado que en estos trabajos se encargó la labor de comunicación a la agencia de sus hijas. Para agregar que ni él ni su familia nunca han tenido un contrato con alguna administración pública.

El expresidente ha remarcado que no posee ninguna sociedad ni España "ni en Kuala Lumpur". En ese sentido, ha respondido que no tiene ni cuentas en el extranjero ni testaferros: "Cero patatero".

El ex líder socialista ha especificado que no coincidió con José Luis Ábalos como ministro de Transportes hasta después de que se concediera la ayuda a Plus Ultra durante la pandemia, a la vez que ha rechazado "absolutamente" haber presionado a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, en relación con el rescate a la aerolínea.

Zapatero a lo largo de sus intervenciones ha criticado las "patrañas y bulos" que se está publicando sobre él, como el supuesto chivatazo a Julio Martínez Martínez de las investigaciones policiales. En ese sentido, ha explicado que estuvo corriendo con él el 8 de diciembre durante una hora y que, por supuesto, no le dio ningún papel ni ha tenido en su vida un móvil prepago, como se ha llegado a publicar.

Asimismo, ha negado tener una relación con el empresario Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama del caso Koldo. Ha manifestado que sólo coincidió una hora y cuarto en un vuelo de Venezuela a República Dominicana: “Ni me acuerdo de qué hablé con él. No he tenido relación con él. Se ha publicado que me reuní en Caracas, otra de las muchas falsedades que he tenido”.

“No tengo su móvil. No he hablado más con él. Cero, cero, cero", ha apostillado, dejando también claro que no ha tenido "nunca" un requerimiento o inspección por parte del Ministerio de Hacienda.

Otro de los "bulos" que ha desmentido es que tenga una mina de oro en Venezuela, según una supuesta declaración ante la Audiencia Nacional de Hugo 'Pollo' Carvajal. "Esto es falso", ha remarcado, para añadir: "Ni siquiera he criticado a algún medio, pero algunos me dedican portadas y portadas. Es un delirio de persecución". Zapatero ha aportado como novedad una carta que le envió Carvajal, donde escribió: "No he dicho ni tengo nada que decir de usted". 

Y también ha mandado un claro mensaje político: "¿Que si apoyo al Gobierno de Sánchez? Sí, soy leal al PSOE hasta los últimos días". "¿Se da por amortizado?", le ha preguntado la senadora Paloma Gómez (Vox). A lo que ha respondido: "¡Qué mas quisieran ustedes!"

Rodríguez Zapatero ha sido citado por el Partido Popular en la primera semana de campaña para las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Los populares han intensificado, especialmente desde el 23J, su campaña de acoso contra el expresidente, que se ha convertido en uno de los principales movilizadores del voto progresista.

En el cara a cara con el PP, al final de la comisión, Zapatero ha negado otra vez que se reuniera con Ábalos por el rescate de Plus Ultra: "Es radicalmente falso". "No tiene hechos ni pruebas", le ha trasladado al senador Fernando Martínez-Maíllo (PP).

Asimismo, ante las preguntas del Partido Popular, ha negado haber hecho negocios con sus exministros José Bono y José Blanco y el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías. Ha acusado al popular de hacer preguntas de carácter "incriminatorio", como, por ejemplo, con la acusación de estar entre los investigados por la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela.

"Usted está pringado hasta el cuello", le ha lanzado el popular. Entonces, Zapatero ha dicho: "Usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo, que está contrastado. Mi opinión vale y mi trabajo vale. Lo único que tiene es intención de dañar mi imagen". "Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y ha cerrado este debate con una injuria y una calumnia", ha aseverado. "Buscan que no realice el apoyo al Gobierno. Pero ganaré", ha concluido.

La amnistía en Venezuela avanza con cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos, que han acudido a los tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por la Fiscalía, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.

Está en pleno desarrollo y la Fiscalía asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Parlamento, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas. Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.

La medida promovida por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un "nuevo momento político" que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar al presidente Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:

La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales de la República y, hasta ahora, la Fiscalía y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones. "La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (...) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo", dijo a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Hasta la noche del lunes el Parlamento hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares. Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.

La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de Gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares. Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.

La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG. Se dejan fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.

Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un "injustificable exceso de exclusiones" con este marco legal.

La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar por el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos. Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de "ampliar el marco de la amnistía", lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.

La comisión está conformada por 12 diputados chavistas, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y nueve opositores, varios de ellos tachados de colaboracionistas con el Gobierno, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.

Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.

Sin embargo, se han encontrado con tribunales "sin despacho" (como se conoce cuando no están funcionando), en "comisión" (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.

Y aunque Himiob dijo a EFE que "hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados", también advirtió luego en X de que "ningún tribunal puede negarse" a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de "orden público".

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional, según ha recogido EFE.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", ha asegurado Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025. Sobre esta ley, que ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", Albares se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea "envíe un signo de que se está yendo por el buen camino", retirando las sanciones a la presidenta encargada del país sudamericano.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano, según informa EFE.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados, entre opositores y chavistas, que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.

Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas, entre ellas la española Repsol, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte, informa EFE.

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en este país o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

El anuncio de hoy se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolero local tras la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

La primera licencia anunciada hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

La segunda orden emitida hoy autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.​

Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los dos documentos anunciados hoy llegan tres días después de que el Departamento del Tesoro promulgara otras dos licencias para petroleras con presencia en suelo estadounidense que quieran operar en el mercado venezolano.

Los permisos expedidos hoy permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico y una producción marginal de crudo a través de empresas de riesgo compartido con PDVSA y otras entidades estatales, optar por la producción petrolífera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya dijo en la Casa Blanca en enero, menos de una semana después del derrocamiento de Nicolás Maduro, que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Caracas invitado por el coordinador del Programa para la paz y la convivencia democrática, una comisión creada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha confirmado la oficina del exjefe del Ejecutivo y ha recogido EFE.

Según explica en un comunicado, Zapatero fue invitado el pasado 30 de enero para participar en ese programa y exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo".

Durante su visita, el exjefe del Gobierno español siente una "gran confianza" en Delcy Rodríguez y se ha ofrecido a ayudar en "todo" lo que se le pida en Venezuela, un país donde, afirmó, hoy "hay una oportunidad" para su futuro. Además, ha asegurado que la amnistía "marca un artes y un después" para la situación de Venezuela.

A su juicio, en un tiempo récord, Rodríguez ha dado pasos que "están produciendo una nueva manera de respirar" en el país suramericano, "tras muchos años muy difíciles".

"Veo el mejor ambiente desde los últimos diez años y hablo con personas de la oposición, por supuesto con el Gobierno y, además, si se me permite decirlo, tengo una relación muy de largo alcance, (...) tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez", expresó.

Rodríguez Zapatero que mostró su satisfacción por poder afirmar que es momento de "una esperanza fundada", dijo no tener ninguna duda de que la sociedad venezolana es consciente del momento histórico que vive.

"Tenemos por delante el horizonte de reencontrar al país, tenemos por delante el horizonte de reconciliar, tenemos por delante el horizonte de reformas institucionales, de diálogo político y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo, el camino de los pasos que nos lleven a una situación que podamos decir ideal", dijo.

El pasado 23 de enero, Delcy Rodríguez lanzó el programa para convocar un "verdadero diálogo político" en el país que incluya a sectores "coincidentes" y "divergentes" y encomendó la tarea al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Hace dos días este informó de que miembros del Gobierno venezolano se habían reunido ya con partidos minoritarios de la oposición para iniciar ese diálogo político, un encuentro al que asistió, entre otros, el diputado Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

El papel de Zapatero en el proceso abierto en Venezuela tras la captura de Maduro ha sido reconocido por el propio Rodríguez, quien a principios de enero agradeció los buenos oficios del expresidente español y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las primeras excarcelaciones de presos políticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido también públicamente la labor realizada por Zapatero con ese objetivo y, ante las críticas del PP, el PSOE ha defendido su trabajo "de forma silenciosa" por la paz en Venezuela.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han apuntado a EFE que Zapatero no ha viajado a Venezuela ni en nombre ni a instancias del Gobierno.

El pasado martes Zapatero participó en Madrid en la presentación de un libro sobre la Transición española y, en sus primeras declaraciones a los medios desde la captura de Maduro, vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela y auguró que se materializará próximamente.

"Mis sensaciones -y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno- es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", señaló.

En ese contexto, confió también en que se despejarán algunas de las "falsedades" divulgadas en torno a su labor en el país latinoamericano.

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad. "No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir "en la necesidad de sanación".

El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".

"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EEUU, con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

Álex Saab, antiguo colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y empresario ha sido capturado en Caracas en una operación conjunta con Estados Unidos, según informa EFE. Caracol Radio ha podido confirmar con fuentes de inteligencia de Estados Unidos que el supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro ha sido capturado en Venezuela. La agencia de noticias Reuters también ha podido contrastar la actuación con un funcionario policial estadounidense.

Saab era ministro del Gobierno de Maduro y, posteriormente del de Delcy Rodríguez, hasta que el 16 de enero la nueva presidenta fusionó su ministerio, el de Industrias y Producción Nacional, con el de Comercio Nacional para conseguir una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Según Caracol Radio, Saab estaría en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la espera de ser extraditado otra vez a Estados Unidos. Este segundo envío se produciría después del que Cabo Verde llevó a cabo en octubre de 2021, cuando se produjo la primera detención de Saab. Por su parte, el periódico colombiano El Tiempo señaló que agentes federales de EEUU al parecer informaron a Saab de que el Gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tenía "planes para arrestarlo".

Preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del Gobierno venezolano, el FBI no desmintió la información y se limitó a responder "sin comentarios". Por su parte, la Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".

Horas después, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, dijo no tener información al respecto, tras ser consultado por la prensa durante una declaración al término de una reunión de diálogo con sectores opositores. "Soy diputado [...] no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso", indicó. 

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por el canal privado Globovisión. 

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde por lavado de dinero y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela. Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EEUU, Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez ha cedido el control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar, de manera sustancial, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

El jueves, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la denominada "reforma parcial" de la ley ya vigente y considerada por expertos como la tercera más importante del país petrolero, después de la Constitución y del Código Civil.

Chávez promovió en 2001 una ley de hidrocarburos que cinco años más tarde sometió a una reforma para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

En ese entonces, el ministro de Petróleo era Rafael Ramírez, quien ha considerado en un conversación con EFE que la reciente reforma, propuesta por la mandataria encargada en un contexto de acercamientos con Estados Unidos, "sin duda revierte" lo que hizo Chávez y "erradica" su política petrolera. Para Ramírez, en este caso el uso de la palabra reforma es "un eufemismo" de "derogación".

El exministro, quien estuvo en el cargo de 2002 a 2014, explicó que, con las recientes modificaciones, Venezuela "no va a tener más control" sobre el petróleo y no podrá tomar decisiones sobre producción, ventas e incluso el precio de su barril, por lo que se trata, dijo, de un "retroceso tremendo en términos de soberanía".

La reforma, si bien mantiene que el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% como regalía, ahora permite la opción de bajar el porcentaje en función del proyecto. Según Ramírez, quien era conocido como el zar del petróleo de Chávez, con este "cambio sustancial" se impone "la tesis de las transnacionales de regalías mínimas, de hasta 1% como condición para maximizar el retorno de sus inversiones, despojando al Estado de su derecho como propietario del petróleo".

La reforma también señala que ahora las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) podrán ser realizadas no solo exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por compañías privadas domiciliadas en el país, "en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la república o sus filiales".

Además, las actividades de comercialización ya no estarán a cargo exclusivamente de empresas estatales, como estaba establecido antes, sino también por privadas con autorización.

Todo esto, según Ramírez, contradice el artículo 302, que reserva al Estado, "por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico".

Por otra parte, indicó que la reforma también viola la carta magna con la incorporación de un nuevo artículo que permite la opción de resolver conflictos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje".

"De la política petrolera de Chávez no queda nada", aseveró Ramírez, quien también fue presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para quien esta empresa "va a quedar como un cascarón vacío" dedicada a administrar contratos.

El economista Manuel Sutherland también dijo a EFE que la reforma "tiene algunos elementos que chocan directamente con el nacionalismo petrolero estatista que había construido Chávez". "Ha habido un retroceso en cuanto al nacionalismo petrolero estatista chavista", afirmó el profesor del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

El experto considera que la ley se cambió "por altísimas presiones de inversionistas que quieren colocar dinero de una manera más segura" y con "una garantía jurídica mayor". "Hay una presión internacional muy dura que está obligando al chavismo a hacer cosas que no quiere", señaló Sutherland, para quien el Gobierno está "haciendo estos cambios a regañadientes" y que, de acuerdo al experto, le hacen creer al oficialismo que "le quitan poder y fuerza y lo ponen mal ante su propia base".

Sutherland aseguró que si bien "es algo que se venía pidiendo desde hace muchos años" esta reforma "se presentó de una manera muy rápida", lo que, dijo, "de ningún punto de vista permite una discusión profunda de cada artículo". "Era necesaria una reforma de la Ley de Hidrocarburos, pero esa reforma tenía que discutirse muy ampliamente, no podía apresurarse", dijo.

La consulta que hubo, agregó, fue "demasiado exprés" y "reducida", cuando, a su juicio, debió tomar "meses de discusión y cuidado si no más". Ramírez coincide en que la aprobación fue "exprés". Para él, una ley que nace en estas circunstancias, cuando EEUU "está diciendo lo que hay que hacer y el Gobierno (venezolano) lo está haciendo", y que "viola tantos artículos de la Constitución, está signada por la inconstitucionalidad y falta de legitimidad".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, según recoge EFE.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional -dominado por el chavismo-, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos", manifestó en la charla Hablemos de Venezuela con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, dijo que en el país petrolero "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen".

La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos". De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la "represión" y "persecución" en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos". A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que "debe perdonar", sino que "los responsables de graves crímenes" deben "pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos".

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos "esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror", dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de Delcy Rodríguez de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X.

"Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.

Y en este punto lamenta "la posición que han tenido sobre este asunto" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

"Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo, que ha precisado que el PP "introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes" del Partido Popular Europeo, "haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana". "Nosotros no les fallaremos", ha concluido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán "muy pronto",  y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país andino, que el proceso comience este mismo jueves. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", informó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump afirmó que le había dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela".

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano "permanecerá cerrado en su totalidad". Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso ("notam" en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida", decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump mencionó este jueves a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos, y aseguró que está "muy emocionado" por la noticia. "Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Las aerolíneas europeas y latinoamericanas (entre ellas las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra) también suspendieron sus vuelos hacia y desde Caracas en noviembre, y varias de ellas tenían previsto reanudarlos, inicialmente, desde el próximo domingo, antes del anuncio de Trump.

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro Sánchez, según informa EFE.

De Aldama ha hecho esta afirmación ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en el caso por el fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por la que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mención a este sobre que custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que ha aludido en numerosas ocasiones De Aldama la ha hecho el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que le ha preguntado directamente si se lo había entregado Delcy Rodríguez, a lo que el comisionista del caso Koldo ha respondido afirmativamente. En ese momento De Aldama le ha recordado que este asunto ya lo estaban hablando en Fiscalía, no sin antes vincularlo a una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. 

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos. Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020. También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia de inteligencia.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", adelantó primero The New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por EEUU, tuvo como objetivo "generar confianza", agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al mandatario estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EEUU para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

Un total de 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el pasado 3 de enero, en el ataque de EEUU a Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según ha anunciado este viernes el ministro de Defensa , Vladimir Padrino, informa EFE.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó ese día en la defensa de Venezuela, Padrino detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque ocasionó al menos 112 heridos.

"Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida", subrayó el jefe militar en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino valoró que los militares fallecidos hayan "cumplido con la historia" al dar su vida en defensa del país y también recordó a los 32 cubanos que murieron en ese ataque de Estados Unidos.

Además, aseguró que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, ha ordenado "una comisión para atender a los familiares" de los fallecidos y heridos, para apoyar en "todo lo que sea necesario" y en sus "requerimientos de carácter social y económico".

El ministro de Defensa añadió que se ha ordenado levantar un monumento nacional en honor a los fallecidos, y anticipó que ya se está trabajando en su "mejor ubicación".

El jueves, Delcy Rodríguez comenzó su discurso sobre el informe anual de gestión del Gobierno con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos durante la operación del 3 de enero. Ese día, miles de cubanos despidieron a los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses, con un recorrido en vehículos de las cajas mortuorias por las calles de La Habana hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Hace una semana, el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a los militares que murieron durante los ataques, en un acto en Caracas encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una "transición ordenada".

"Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada. Estamos atravesando una fase compleja. En este momento, ellos están haciendo parte del trabajo sucio", declaró en una rueda de prensa en Washington un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La líder opositora recalcó que Rodríguez, quien fuera vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, es "la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní", pero no representa al pueblo venezolano.

Para Machado, la transición política en su país derivará en "una Venezuela orgullosa que se convertirá en el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás".

Machado mantuvo el jueves un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense para deponer y capturar a Maduro en Caracas.

Durante la reunión, Machado, quien hasta ahora ha sido excluida por Trump del proceso de transición, regaló al líder estadounidense la medalla del Nobel de la Paz que recibió en octubre, un galardón deseado por el mandatario, y dijo que se lo entregó como "gratitud" por su postura sobre Venezuela.

"Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su administración y el pueblo de los Estados Unidos, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo", dijo Machado en la rueda de prensa.

Machado agregó que su mensaje para el pueblo venezolano es que Venezuela será libre, y eso se logrará con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump".