Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han afectado este 24 de junio a Venezuela. Los sismos están relacionados con el desplazamiento lateral entre la placa tectónica el Caribe y la placa suramericana en lo que se denomina una falla de de cizalla: una fractura en la corteza terrestre donde dos bloques de roca se desplazan horizontalmente uno respecto al otro, en direcciones opuestas. Se estima que el movimiento relativo entre las placas es de unos 2 cm por año.

Aunque es poco frecuente que se produzcan dos terremotos de gran magnitud con muy poco tiempo de diferencia, este fenómeno tiene una explicación geológica conocida.

Las fallas tectónicas no son superficies perfectamente lisas, sino que presentan zonas más resistentes llamadas asperidades, donde las rocas permanecen fuertemente bloqueadas y acumulan una gran cantidad de tensión. Cuando la falla comienza a romperse, una parte de esa energía se libera y genera un primer terremoto.

Sin embargo, si alguna asperidad importante resiste inicialmente la ruptura, la tensión puede seguir concentrándose en ella hasta que finalmente cede, provocando un segundo terremoto de gran magnitud. De este modo, la liberación de energía no ocurre en un único evento, sino en dos etapas sucesivas, separadas por un breve intervalo de tiempo.

De hecho, en la misma zona hubo un doblete de menor magnitud en 2025 con magnitud 6,2 y 6,3, respectivamente, y otro en 1812, similar al actual, con magnitudes estimadas de 7,1 y 7,4.

La zona tiene una actividad sísmica continuada, aunque inferior a otras áreas, como la costa del Pacífico. Desde el 1900 se tiene noticia de un centenar de terremotos de magnitud igual o superior a 6 en la zona. El terremoto de mayor intensidad del que se tiene noticia ocurrió el 2 de octubre de 1900 frente a la costa de Caracas.

La magnitud del terremoto principal es alta, pero no excepcional. En 2025 hubo siete terremotos de magnitud igual o superior a 7,5 y en lo que llevamos de 2026, tres más. Ambos eventos recuerdan al terremoto de Haití de 2010, ya que ambos se sitúan en los límites de la placa del Caribe; Haití al norte, Venezuela al Sur.

Como es habitual para eventos de esta magnitud, este terremoto se ha registrado en los sismómetros de todo el mundo. En los equipos de banda ancha, capaces de registrar las ondas de superficie de periodo alto, detectamos movimiento durante más de una hora. Las primeras ondas llegaron a nuestros sismógrafos, en Barcelona, a las 22:15:36 (UTC), unos quince minutos después de la ruptura. Posteriormente las ondas de superficie, de mayor amplitud, se registran durante más de dos horas.

Después de terremotos de gran magnitud, los sismómetros suelen registrar las ondas superficiales que circunvalan a la Tierra cada tres horas aproximadamente.

En esta figura que sigue a este párrafo vemos estas ondas tal y como se han registrado en algunas de las estaciones de la red sísmica de Cataluña, mantenida por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

En la gráfica, R1 es la onda que viaja desde Venezuela a España por el Atlántico, R2 es la onda que viaja por el lado opuesto (pasando por el Pacífico) y R3 es la misma onda que R1 después de dar una vuelta completa al planeta y sucesivamente.

Así pues, la fase R7 es una onda que ha dado tres vueltas y media a la Tierra, viajando más de 125.000 km.

25 minutos más tarde de los terremotos de Venezuela ocurrió otro terremoto con epicentro cerca de la costa norte de Japón, de magnitud 6,9, que no ha producido daños significativos.

En la imagen que sigue a este párrafo se observa la llegada de las ondas procedentes de Venezuela (línea roja) y de Japón (línea azul) en los sismómetros de la red sísmica educativa del GEO3BCN-CSIC, con equipos instalados mayoritariamente por centros de educación media de Barcelona y Girona.

Aunque la profundidad del evento de Venezuela ha sido mayor, y el mecanismo de ruptura es diferente, la diferencia en la destrucción producida por los dos terremotos se puede relacionar probablemente con el nivel de preparación de cada país ante eventos sísmicos.

-----------------------

Jordi Díaz Cusí es investigador científico de Sismologia experimental en el Instituto de Geociencias de Barcelona (Geo3Bcn – CSIC)

El único visor nacional online para consultar la contaminación atmosférica en España lleva caído desde el 2 de febrero y por ahora no tiene fecha de regreso. Un ciberataque al servidor dejó fuera de servicio la aplicación de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y, casi cinco meses después, la herramienta sigue sin estar operativa. Ecologistas en Acción denuncia que esta caída ha provocado un "vacío informativo" sin precedentes que deja desprotegidas a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, vulnerables a los picos de polución.

No ha dejado de medirse la contaminación; lo que ha dejado de existir es una ventana única para verla. Las estaciones autonómicas y municipales siguen registrando datos y estos continúan almacenándose y remitiéndose a la Comisión Europea, pero el ciudadano ya no puede consultarlos en un mapa estatal común. Desde febrero, quien quiera conocer la situación debe acudir por separado a los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos, cada uno con formatos, indicadores y criterios de visualización distintos.

El ejemplo más reciente ha ocurrido esta misma semana, coincidiendo con la ola de calor. Está ampliamente demostrado que los episodios de calor extremo van acompañados de niveles muy altos de contaminación por ozono, un gas relacionado directamente con la radiación solar y uno de los contaminantes más agresivos para la salud. Los registros de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos muestran que esta semana ha habido concentraciones de riesgo en la península pero, como el portal oficial está caído, este problema ha pasado desapercibido. 

Miguel Ángel Ceballos, encargado de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, insiste en que es “inaceptable” que casi cinco meses después todavía no se haya solventado. "Es una situación totalmente negligente porque deja desasistidas a millones de personas vulnerables a la contaminación que ya no pueden acceder de manera fácil y visual a esta información", denuncia.

La ONG ha trasladado varios avisos al ministerio y su respuesta siempre es que la reparación del sistema es inminente. Transición Ecológica ha confirmado a infoLibre que están trabajando para solucionarlo, aunque precisa que el hackeo no afectó a sus sistemas, sino a los servidores del Ministerio de Agricultura, donde está alojada la información. La avería, según el departamento, es limitada porque los datos históricos no se han perdido, cada día se siguen almacenando las nuevas mediciones y se envían a la Comisión Europea. El problema es que no se muestran en la web.

Es cierto que la información no es completamente inaccesible porque las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos –quienes tienen las competencias sobre la calidad del aire– tienen sus propios portales online de contaminación. Pero cada administración muestra los datos a su manera y es realmente difícil obtener una visión general de la situación en España. Lo que es imposible ahora es acceder a los datos concretos de todas las estaciones de medición del país, como sí se podía hasta el 2 de febrero. 

Muchas autonomías, como Andalucía, País Vasco o Comunidad de Madrid, utilizan un mapa de avisos de polución mediante una paleta semáforo que resume la situación general a partir de una media calculada con todos los gases y partículas analizados. Sin embargo, este formato está completamente obsoleto científicamente, según los expertos. El caso más sangrante es el de Extremadura, que tiene el portal AireExtremadura caído al menos desde hace un año.

La mayoría de regiones y algunos ayuntamientos permiten la posibilidad de descargar los datos de cada estación por día o por horas, pero hacerlo a gran escala para construir un mapa nacional supone un trabajo inasumible. "Si para nosotros, que llevamos haciéndolo años, es imposible, imagínate para el ciudadano medio", opina Ceballos. De hecho, este es el primer verano que Ecologistas en Acción deja de monitorizar los niveles de ozono en España y de avisar de las superaciones peligrosas por este problema.

Aunque la información disponible ahora es limitada, hay evidencias de que en los últimos días se han superado niveles de ozono peligrosos, como suele ocurrir durante una ola de calor. También se registró un episodio similar de ozono elevado a finales de mayo, coincidiendo con otro pico en los termómetros. 

Por ejemplo, en la red de Cataluña ya se ha superado el umbral de información a la población por ozono en 40 ocasiones este año, lo que supone superar los 180 µg/m3 por hora. También hay evidencias de niveles muy altos de ozono estos días en estaciones de País Vasco, Comunidad de Madrid o Comunitat Valenciana, pero hace falta procesar las mediciones para conocer su media octohoraria, la que se usa como referencia en la directiva europea de Calidad del Aire.

El ozono es considerado el contaminante atmosférico del verano porque se dispara entre los meses de abril y septiembre. No lo generan los coches o las chimeneas de las fábricas, sino que se produce por la interacción de otros contaminantes, llamados precursores, con la luz solar. Por eso, su presencia se multiplica durante los días de más calor.

Como el ozono es altamente oxidante, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad y puede agravar otras enfermedades previas. A largo plazo, puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España en 2023.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, advierte de que durante las olas de calor hay que estar muy pendientes también de la contaminación atmosférica, y recuerda que estos gases y partículas son responsables del 18% de la mortalidad adicional que se produce en los días más calurosos del verano.

"Cuando hay una ola de calor no solo suben las temperaturas, también el dióxido de nitrógeno (NO2), las micropartículas (PM10 y PM2,5) y el ozono. Y tanto el calor como la contaminación golpean a los mismos grupos vulnerables. Sin embargo, solo vemos consejos enfocados al calor, como hidratarse o buscar la sombra, pero no se habla de usar mascarillas ni de limitar el tráfico", explica..

Venezuela se encuentra en una zona de gran actividad sísmica y su historia reciente incluye episodios como el terremoto de 1967, que dejó 240 muertos en Caracas y sus alrededores. Sin embargo, cuando este miércoles la tierra tembló con violencia en el noroeste del país, decenas de edificios se vinieron abajo y causaron la muerte de al menos 235 personas ―aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que el número final de víctimas puede contarse por decenas de miles―. Minutos antes, un terremoto algo menos intenso en Japón, país conocido por su arquitectura sismorresistente, no registró víctimas.

La clave de la enorme destrucción registrada en Venezuela está en la precariedad de una parte de las construcciones, que no estaban preparadas para esa sacudida, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). "En general, la población de esta región reside en estructuras vulnerables a los sismos, aunque también existen construcciones resistentes. Los tipos de edificios más vulnerables son los de mampostería no reforzada a base de ladrillo o de bloques de adobe".

Sin embargo, la revisión de las imágenes que llegan desde allí demuestra que la vulnerabilidad arquitectónica del país es mucho más profunda. Luca Pelá, catedrático de Ingeniería de Caminos en la Universitat Politècnica de Catalunya, afirma que los vídeos muestran bloques de apartamentos de hormigón armado totalmente derruidos, cuando deberían haber aguantado. 

"Son imágenes que frustran porque se ven fallos evidentes por falta de un correcto diseño sismorresistente y por una ejecución inadecuada. Como investigador es triste ver que hay avances para haber protegido estas viviendas", asegura este experto en seguridad sísmica en edificios.

Uno de los ejemplos que se pueden ver en fotografías tomadas en Caracas y alrededores son escombros de viviendas que han quedado apilados, planta sobre planta, el conocido como colapso pancake. Según describe el profesor, este derrumbe se produce porque las columnas no están diseñadas para soportar la energía de un seísmo y van cediendo una detrás de otra. "Esto no es una cuestión material y se podría solucionar con refuerzos, pero esto tiene un coste y por la situación económica de Venezuela, no se ha hecho", añade Pelá.

En cuanto a los edificios de mampostería, que consisten en piedras apiladas y pegadas con un conglomerado, su capacidad para soportar una sacudida es mínima, ya sean de ladrillo o de adobe, según Eugenia del Río, secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

"La mampostería de ladrillo suele ser muy rígida y dudo que pueda absorber la energía. Si es de adobe está hecho de una mezcla de barro y paja y eso le da más elasticidad, pero en absoluto está preparado para un terremoto", opina la arquitecta.

Pese a la abundancia de construcciones endebles, Venezuela tiene una normativa exigente de arquitectura sísmica que comenzó tras el trágico episodio de los años 60 y los numerosos avisos que ha habido desde entonces. En los 250 kilómetros que rodean al sismo de este miércoles se han producido siete sismos de magnitud 6 o superior en el último siglo. El último fue en septiembre de 2025, con dos sacudidas seguidas de magnitud 6,2 y 6,3. El doble seísmo de este miércoles fue todavía mayor, de 7,2 y 7,5.

Esta virulencia se debe a que la costa de Venezuela se encuentra en la unión de la placa tectónica de Sudamérica y la del Caribe, además de que la capital, Caracas, se levanta sobre una capa de sedimento que amplifica la intensidad de los seísmos.

En 2001 se aprobó la norma de Construcciones Sismorresistentes del país y en 2019 fue actualizada, pero en un país que lleva 15 años sumido en una profunda crisis económica es habitual la construcción informal al margen de los reglamentos con materiales de mala calidad.

Un artículo de la Fundación Instituto de Ingeniería, publicado en 2025, abordaba precisamente el problema de la edificación fuera de la ley: "Actualmente la situación de las construcciones en Venezuela, con respecto al cumplimiento de las normas de sismorresistencia, es realmente inquietante". Según añadían, la falta de supervisión y los errores de diseño provocaban que muchas viviendas eran "propensas a colapsar o sufrir graves daños durante un sismo". Esta imagen acompañaba ese comentario:

Algunos de los edificios derruidos o gravemente dañados que se ven en vídeos que circulan en internet son también construcciones de gran altura, y algunos superan las diez plantas. Este es otro factor que multiplica el riesgo de derrumbe de una estructura, ya que dificulta que la estructura pueda recomponerse tras la sacudida.

Arianna Guardiola, experta en Estructuras de la Universidad Politécnica de València, explica que cuantas más alturas tiene un bloque, mayor es la oscilación que sufre por el terremoto, lo que da lugar a dos problemas. Por un lado, aumenta la deformación de la estructura y esta puede colapsar si los materiales y el diseño son rígidos. Y por otro, puede desviar tanto el centro de gravedad del edificio que este termine cediendo y derrumbándose.

Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

No hay duda de que España sufre una semana fatídica de calor, pero el mensaje que llega a buena parte de la población es que la situación es menos grave de lo que realmente es. Este lunes, el mapa de avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiñe el país de amarillo y naranja, salvo una zona del País Vasco (rojo), una imagen que replican, entre otros, el Ministerio del Interior o las cuentas oficiales del 112 en cada comunidad autónoma. Ese plano contrasta con el mapa de Meteosalud del Ministerio de Sanidad, que pinta de rojo todo el tercio norte de la península y numerosos puntos del centro y el sur.

La diferencia se ve claramente en las dos imágenes siguientes. El de la izquierda es el mapa de avisos por calor de Aemet, y el de la derecha, el de avisos de Meteosalud (consideradas olas de calor epidemiológicas). Ambos corresponden a este lunes, pero la diferencia es similar este martes y mañana miércoles.

La brecha entre ambos puede dar lugar a confusión porque la percepción del riesgo por parte de la población es evidentemente menor en el mapa de Aemet. La diferencia entre los dos radica en que el primero solo mide las temperaturas máximas de cada una de las 182 zonas climáticas del país durante esa jornada, las compara con una tabla de registros históricos y emite un aviso (amarillo, naranja o rojo) en función de cuánto superen ese umbral.

El segundo mapa, elaborado por el Ministerio de Sanidad, incluye en su cálculo el impacto fisiológico del calor. Es decir, cruza la temperatura media de un periodo de tres días con el factor de riesgo de cada zona climática, que representa lo adaptada que está la población de cada territorio al calor. De esta manera, Meteosalud se basa en que 33º C en A Coruña tienen un impacto mucho mayor sobre el organismo que 40ºC en la campiña sevillana.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, fue uno de los ideólogos de Meteosalud y critica que se dé mucho más peso al mapa de avisos climáticos que a la versión que incorpora la variable sanitaria. "Seguimos destacando más las noticias de que se alcanzan 40ºC en lugares donde están acostumbrados a registrar 40ºC, cuando lo importante no es dónde se registran las temperaturas más altas, sino cómo afecta a la gente que vive allí", destaca el investigador.

De hecho, es habitual que sea el mapa de Aemet el que se imponga en los medios de comunicación y en el debate público. Principalmente, porque el de Sanidad empezó a publicarse en 2024, mientras que el de la Agencia de Meteorología se creó hace 20 años.

Por ejemplo, esta semana, en plena crisis de calor, tanto el Ministerio del Interior como Protección Civil se han hecho eco de la versión de Aemet en redes sociales. También todas las cuentas autonómicas del 112, como Cataluña, Cantabria o Madrid, tres lugares marcados en alerta roja por Meteosalud este lunes, pero que en el mapa de Aemet están pintados de amarillo y naranja.

Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la ministra de Sanidad, reconoce que están todavía trabajando en popularizar e imponer la versión de 2024, que pone el foco en la salud pública. "Los dos mapas cumplen funciones diferentes, y nosotros recomendamos el de Meteosalud, que es el que importa a las personas. Lo que pasa es que el nuestro es más reciente y todavía estamos dándolo a conocer", dice el alto cargo. "Por ahora, es verdad que el de la Aemet tiene mucho más tirón", añade.

Un estudio publicado en 2024 con datos de 2008 a 2019 confirma la profunda brecha que hay entre lo que Aemet y Sanidad consideran una situación de riesgo, en este caso a la hora de decretar una ola de calor. En el 52,5% de las 182 zonas climáticas españolas se considera peligroso para la salud (según Meteosalud) un umbral de temperaturas máximas menor del necesario para que Aemet declare una ola de calor en esos lugares. Es decir, en algo más de la mitad del país, aunque no se declare ola de calor, la salud de los ciudadanos está en riesgo por las altas temperaturas.

Julio Díaz fue uno de los autores de aquel trabajo, y resume así sus conclusiones: "En más de la mitad de las situaciones en las que habría que dar una alerta por calor, no se están dando".

La razón es que, para que la Aemet declare una ola de calor, se tienen que dar una serie de complejas circunstancias: un episodio de al menos tres días consecutivos en que como mínimo en el 10% de las estaciones de medición se registren máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. Sin embargo, en muchos lugares de España no hace falta llegar a ese extremo para que la población esté expuesta al peligro.

Por ejemplo, el estudio en el que se basa Meteosalud calcula que, en el litoral de Gipuzkoa, los vecinos están en riesgo sanitario en el momento en el que se superan los 25,7 ºC, una temperatura que supone el percentil 79,3% de la media de las máximas, 15 puntos por debajo del umbral de ola de calor.

La dificultad de que estas condiciones encajen es tal que las declaraciones de alerta de Meteosalud y ola de calor de Aemet solo coinciden en el 30,7% de los casos. En el 52,5%, Meteosalud activa el riesgo sanitario con temperaturas inferiores a las necesarias para que la Aemet declare una ola de calor. En el 16,7% de los casos restantes ocurre lo contrario: Meteosalud tiene un umbral todavía superior, lo que significa que en una de cada seis zonas de España se declara ola de calor con temperaturas inferiores a las que son peligrosas para la ciudadanía. 

"Los resultados obtenidos en este estudio indican la necesidad de utilizar una definición de ola de calor basada en estudios epidemiológicos de temperatura y mortalidad, en lugar de valores basados en datos meteorológicos", resume el estudio, publicado en la prestigiosa revista Environmental Sciences Europe.

El Parque Nacional de Doñana es hoy un emblema de la biodiversidad y la conservación. Pero esto último no ha sido siempre así. Para conocer los inicios de la protección de este enclave andaluz hay que remontarse a los años 60.

La protección de Doñana como reducto de vida salvaje y valor cultural echó a andar en 1964, cuando el biólogo y naturalista José Antonio Valverde consiguió fondos para adquirir una substancial porción de terreno en el centro del coto, por entonces enteramente en manos privadas. Se trataba de terrenos de monte bajo con matorral, pinos y alcornoques, algunas lagunas y una estrecha banda de marisma que pertenecían a una sociedad de cazadores.

La adquisición se hizo inicialmente con la aportación mayoritaria de uno de los primeros crowdfundings de la historia para una causa ambiental. Lo organizó el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés), que se había creado precisamente para recolectar dinero destinado a conservar lugares de interés natural.

WWF aportó 25,7 millones de pesetas para la compra del terreno. El CSIC añadió 18 millones más. La finca adquirida tenía 6.794 hectáreas y comprendía también un tercio del Palacio de Doñana. Pasó a llamarse La Reserva, declarándose así desde su nacimiento como santuario de naturaleza destinado a la conservación y al estudio de la biodiversidad.

Hay que aclarar, no obstante, que la compra de Doñana se venía gestando desde tiempo atrás. Mauricio González, hijo de uno de los dueños y gran aficionado a las aves, había invitado a varias y sucesivas expediciones británicas desde los años 50, a las que se sumó Valverde como naturalista local. Estas visitas de expertos habían revelado la enorme diversidad del coto, particularmente en lo que se refería a las aves.

Los expedicionarios eran todos celebridades de talla mundial. Entre ellas figuraban el mariscal de campo Alan Brooke, mano derecha de W. Churchill y jefe del Estado Mayor británico durante la Segunda Guerra Mundial (apasionado de la ornitología, se dice que prohibió un bombardeo sobre una isla para proteger una colonia de charrán rosado); Sir Peter Scott, hijo del malogrado explorador antártico y un héroe británico por sí mismo; Roger Peterson y Guy Mountfort, autores de la más famosa guía de aves europeas; y Julian Huxley, primer director general de la UNESCO.

Valverde se apoyó en hombros de gigantes, incluyendo muy destacadamente al magnate y filántropo suizo Luc Hoffmann, de la familia propietaria de la gran empresa biotecnológica Roche. Hoffmann aportó 8 millones de pesetas y así Valverde consiguió apoyos dentro y fuera de España para, primero, comprar una parte del tesoro y asegurar su conservación; y, segundo, crear una estación biológica, con el fin de que la preservación se basara en evidencias científicas.

No hay que olvidar que España estaba bajo un régimen dictatorial. Valverde hubo de convencer por carta al mismísimo general Franco de que era mucho más provechoso mantener el coto tal cual era que convertirlo en un monocultivo de eucaliptos para alimentar la papelera de San Juan del Puerto (Huelva) y de guayules para obtención de caucho, tal como pretendían algunos tecnócratas del momento.

Por otro lado, las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir estaban siendo convertidas en regadíos por las excavadoras. Y los colonos acudían en oleadas a los recién construidos pueblos de colonización agrícola que aprovecharían las aguas del también reciente Canal del Bajo Guadalquivir.

Una vez colonizada la margen izquierda, con decenas de miles de hectáreas transformadas, Valverde temía que los ingenieros y las excavadoras continuaran en la margen derecha, que de hecho socavaron en gran parte, salvo lo que pudo salvar para el Parque Nacional de Doñana en 1969. De las 200.000 hectáreas marismeñas del gran estuario del Guadalquivir, se preservaron unas 25.000.

Una vez asegurada la reserva, Valverde comenzó la segunda fase de la “operación” de rescate, como la llamaba el ornitólogo y naturalista británico Peter Scott con ciertas resonancias bélicas. Había que crear un centro de investigación científico. Y lo que a principios de los años 60 se denominaba la Estación Biológica del Guadalquivir pasó a llamarse Estación Biológica de Doñana.

Los valedores internacionales de Valverde deseaban una estación y laboratorio en el corazón de Doñana. Es lo que había hecho antes Luc Hoffmann en La Camarga francesa. Su Estación Biológica Tour du Valat se había creado en el interior de una finca de 2.800 hectáreas en 1954, situada en el centro del mayor humedal de Francia. Hoffmann había comprendido la interconexión de las zonas húmedas por parte de las aves migratorias, había adquirido la finca en 1948 y deseaba exportar ese modelo a otras zonas mediterráneas.

El arquitecto jerezano Olegario del Junco diseñó en 1972 el esbelto laboratorio y observatorio que existe ahora en el centro techado con castañuela, a la usanza marismeña. El laboratorio se llamó Luis Bolín en honor al principal donante para su construcción. Bolín era un convencido conservacionista de los humedales y dejó en herencia 2,5 millones de pesetas que entregó al CSIC su viuda Cecilia Parker. La Ley de Memoria Histórica ha propiciado el cambio de nombre del laboratorio, que desde hace algún tiempo se llama Castañuela, como la planta que lo techa.

Valverde no hizo caso de sus amigos y mecenas. Consideraba, y así lo consigna en el tomo IV de sus memorias, que un centro de investigación en medio de Doñana iba a estar aislado del mundo. Tras un intento infructuoso en Alcalá de Guadaira (provincia de Sevilla), decidió alquilar una vivienda en el sevillano barrio de Heliópolis y allí, en la calle Paraguay, tuvo su primera sede la incipiente Estación Biológica de Doñana.

A pesar de su carácter plenamente urbano, tuvo algo de zoológico. Mantuvo Valverde en ella algunos ejemplares exóticos, como una hiena rayada y alguna serpiente. Además de los vivos, empezó a acumular una importante colección de vertebrados preparados para su estudio. Se convertiría con el tiempo en la segunda colección más importante de España, tras las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, también del CSIC.

Este año 2026 celebramos el centenario del nacimiento de Valverde (1926, Valladolid - 2003, Sevilla). El que fuera primer director de la Estación Biológica de Doñana y del parque nacional reconoció en sus memorias que tales esfuerzos le costaron su salud. Sufrió varios infartos y dimitió como director en 1975 alegando problemas cardiacos.

Su legado quedará unido a la conservación de Doñana, a la creación de un centro de investigación puntero internacionalmente en estudios de biodiversidad y también a sus propias contribuciones como zoólogo y biólogo evolucionista. Entre otros logros, determinó varios vertebrados nuevos para la ciencia. Entre ellos, varios eslizones y una subespecie de ardilla que dedicó a su amigo Luc Hoffmann.

---------------------------

Juan José Negro es investigador en Biología Evolutiva y Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Abilio Reig Ferrer es miembro del Grupo de investigación en Zoología de Vertebrados y profesor sénior, Universidad de Alicante.

Un estudio inédito en Francia ha sacudido esta semana a su potente sector nuclear. Una ONG ambiental, con datos oficiales del operador atómico estatal, ha revelado que cada año mueren en sus centrales nada menos que 5.900 millones de peces, crustáceos, medusas, larvas y huevos. Los animales entran en las instalaciones a través de sus sistemas de refrigeración, que toman agua del río o del mar más cercano para enfriar el líquido utilizado para generar energía en sus turbinas. La cifra solo corresponde a cinco de las 19 centrales nucleares que tiene el país.

Los datos, publicados por Sortir du Nucléaire (Abandonar la Nuclear, en español), han sido obtenidos a partir de 38 informes internos de la eléctrica EDF, la empresa pública titular del parque nuclear francés. En estos documentos hay datos de mortalidad animal desde la década de 1980. La compañía calcula que la central de Blayais, en el suroeste, aspira cada año entre 2.300 y 2.600 millones de peces y otros animales acuáticos, y la de Paluel, en el noroeste, 2.100 millones. El resto de la mortalidad procede de las centrales de Penly, Gravelines y Civaux.

EDF asume en esos informes que la mortalidad de los ejemplares es total una vez que entran en el circuito, una afirmación que ratifican los ecologistas teniendo en cuenta que los animales son golpeados por máquinas, sometidos a cambios de temperatura y cambios químicos, asfixiados u obligados a nadar durante días contra corriente.

La gran mayoría de los animales atrapados son peces, seguidos de crustáceos y medusas, y hay registros de más de 100 especies, algunas de ellas protegidas –como el esturión europeo– por encontrarse en peligro de extinción. La especie cuerpo más encontrada, según la documentación interna, es el pez espadín, seguido del gobio y la gamba blanca. Además, el 80% de los peces muertos miden entre uno y seis centímetros, lo que indica que son juveniles, huevos y larvas que no han llegado a desarrollarse. Perder estos ejemplares pone en riesgo el futuro del ecosistema.

El grupo ecologista también advierte que las cifras de mortalidad estarían por debajo de la realidad porque la calidad de los datos es deficiente. Por ejemplo, los números de animales afectados varían de manera exponencial entre las cinco centrales estudiadas, aunque algunas de ellas tienen la misma tecnología y la misma potencia. En todo caso, no puede concluirse que las 19 instalaciones del país (con 57 reactores en total) tengan un problema de la misma envergadura porque solo aplica a las centrales de ciclo de refrigeración abierto, las que toman ingentes cantidades de agua de ríos o del mar. Las de circuito cerrado necesitan mucho menos agua.

"Aún no tenemos datos sobre cuatro centrales nucleares de circuito abierto, entre ellas la de Flamanville, sobre las que EDF no ha realizado ningún estudio todavía. Nuestro informe también pone de relieve las limitaciones de los estudios realizados por la compañía, lo que probablemente da lugar a una subestimación del número total de animales afectados", explica a infoLibre Emma Lepont, portavoz de la ONG.

A través de los informes internos del gigante francés es posible conocer el viaje que hace la fauna atrapada a través de una central nuclear, que los activistas definen como una "tortura".

El ciclo comienza en un tanque de absorción de agua de alta potencia, capaz de aspirar el equivalente a una piscina olímpica por minuto, en el caso de la central de Blayais. Allí, el animal puede quedar atrapado  desde unos minutos a varios días. A continuación sufre un shock químico, porque el agua es sometida a un proceso de electrólisis para evitar la proliferación de bacterias en el agua marina.

Después, los peces de más de tres milímetros chocan contra un filtro que tiene el objetivo de evitar que se cuelen residuos en el sistema. Los que no lo atraviesan mueren por asfixia al ser expulsados del agua. Los que sí cruzan ese tambor pasan a los circuitos de bombeo y condensación de la central, donde sufren variaciones de temperatura de más de 15 ºC y cambios bruscos de presión.

Esta situación fue originalmente denunciada por una investigación de Mediapart –socio de infoLibre– en 2020, cuando el medio francés accedió a un informe clasificado como "confidencial", elaborado por la consultora Seanao y encargado por EDF. La propietaria de las plantas reconoció a este medio que aproximadamente 540 toneladas de organismos se introducen en sus centrales nucleares cada año, y la mitad son peces. Una de las encontradas habitualmente era el sábalo, considerada en amenaza crítica de extinción. Cada año se recogían "varias docenas de ejemplares" de 100 kilogramos muertos en los circuitos de refrigeración de estas instalaciones.

Tras conocerse esta semana el estudio de Sortir du Nucléaire, el diario francés Le Monde contactó con EDF, que no negó las cifras presentadas por los ecologistas, pero especificó que las centrales están sujetas a una "vigilancia exhaustiva del ecosistema acuático".

Es difícil saber si este cálculo se puede extrapolar a instalaciones nucleares de otros países porque, según ha podido comprobar la ONG Sortir du Nucléaire, lo normal es que la mortalidad animal por aspiración de un reactor sea mucho menor que la registrada por EDF. Centrales nucleares como Hinkley C (Reino Unido), Darlington (Canadá) o Forsmark (Suecia) notifican  una fracción de los animales muertos en comparación con Blayais o Paluel, "ya que en esos países existe una normativa para la protección de los organismos acuáticos".

El informe no aborda la situación de las cinco centrales nucleares españolas, donde se desconoce oficialmente si hay problemas similares. Tres de ellas funcionan con un ciclo de refrigeración abierto o mixto: Almaraz I y II (toman agua del Tajo), Vandellós II (toma agua del Mediterráneo) y Ascó I y II (con un sistema de refrigeración mixto que toma agua del Ebro). Un portavoz de Almaraz afirma que la planta monitoriza el ecosistema que rodea la central y no tienen constancia de mortalidad de animales por su circuito de refrigeración. Trillo y Cofrentes funcionan con un sistema cerrado que se apoya en torres de refrigeración, por lo que toman una cantidad mucho menor de agua de río y su impacto ecológico es reducido.

Los autores del estudio francés subrayan la paradoja de que ni la Autoridad Francesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR) ni EDF han desarrollado protocolos de protección ambiental frente a estas especies, algunas protegidas, ni que el titular de las centrales tenga la obligación de monitorizar los ejemplares atrapados en sus instalaciones, mientras que los parques eólicos de Francia sí tienen que seguir unos estrictos controles sobre mortalidad e impacto de aves con las aspas de los molinos de viento.

Emma Lepont explica la falta de interés histórico y mediático por las nucleares "por los esfuerzos de la industria nuclear por ocultar el fenómeno, manteniendo una falta de transparencia". También influye, sostiene, que estos episodios se han catalogado en la jerga energética como "obstrucciones", en lugar de hablar de mortalidad animal, y las cifras han presentado en toneladas, no en individuos totales, complicando su interpretación por la población.

En España, la situación es similar. Mientras que el sector eólico está sometido a un intenso escrutinio y ha sufrido demandas de grupos conservacionistas por mortalidad de ejemplares —como la denuncia contra Acciona por la muerte de uno de los últimos quebrantahuesos que viven en Teruel, una especie en peligro de extinción—, el impacto de los sistemas de refrigeración de las nucleares sobre la fauna acuática apenas ha formado parte del debate público.

Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

Más de 70 países en todo el mundo, desde Francia a China, pasando por Australia o Brasil, han gastado miles de millones de euros de dinero público para suavizar el impacto de la crisis energética. Ya pasó en Europa tras la invasión de Ucrania y la escasez de gas natural, pero ahora el shock es global y líderes de todos los rincones han recurrido a esta medida fácil y rápida, pero muy controvertida entre los economistas. Reducir artificialmente el precio del combustible es muy caro, incentiva su consumo en tiempos de escasez, ayuda más a las rentas altas que a las bajas y desincentiva que ciudadanos y empresas apuesten por el autoconsumo solar o el ahorro energético.

España es, de hecho, el país de la Unión Europea que más ha gastado en subsidiar la energía para evitar que esa subida de precios se traslade al resto de la economía. El Gobierno ha destinado desde marzo 4.747 millones de euros a rebajar el IVA en las gasolineras, la luz y el recibo del gas, así como a abaratar 20 céntimos el combustible profesional. Según una comparativa europea del think tank Bruegel, el segundo país que más dinero ha dedicado es Alemania, con 1.600 millones de euros.

No todas esas rebajas siguen disponibles en España. En el caso de la electricidad y el gas, el IVA ya ha vuelto a la normalidad, pero continuarán recortados hasta el 30 de junio el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el IVA de las gasolineras y el impuesto sobre hidrocarburos.

Parchear la situación a base de dinero público es el recurso rápido y fácil para una crisis así, pero que conlleva muchos problemas de fondo, opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y doctor en Economía. "Tiene sentido que la hayan activado durante solo tres meses, pero no cumple el criterio que propondría cualquier economista: que se destine a los consumidores vulnerables".

Como la ayuda no hace distinción por renta, llega a todos los bolsillos, pese a que son las rentas bajas las que realmente dependen de esta subvención para poder seguir cogiendo el coche, poniendo la calefacción o encendiendo el aire acondicionado. Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los deciles superiores de renta son los que más porcentaje de la ayuda disfrutan sobre su coste total, especialmente en la gasolina y el diésel. 

Por ejemplo, los tres deciles más bajos –el 30% de los hogares españoles con menos renta– reciben el 20,3% de las ayudas totales al combustible, según la AIReF, mientras que los tres deciles más altos se benefician del 39%, casi el doble. "La razón es sencilla y directa: consumen más energía", resumen los autores.

Tanto la AIReF como Diego Rodríguez reclaman que las futuras ayudas estén ajustadas por nivel de renta, pero es cierto que no hay manera fácil. El experto de Fedea habla de una fórmula recurrente, una compensación en la declaración de la renta del año siguiente, aunque con el impedimento obvio de que la cobertura llegaría un año tarde. "No es fácil encontrar una solución, pero desde luego habría que reflexionar para estar preparados en el futuro", dice el investigador.

La AIReF, por su parte, plantea "la creación de un registro de hogares actualizado o el desarrollo de sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la Agencia Tributaria", una manera de tener clasificada a la población por renta y poder después dar ayudas clasificadas por estratos.

La segunda crítica es que estas ayudas reducen la sensación de escasez de combustibles que hay en la economía global, haciendo que la demanda no caiga a la misma velocidad que la oferta. En este momento se producen cada día unos 14 millones de barriles menos de lo habitual debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz, lo que equivale a aproximadamente el 14% del consumo mundial, pero esa tensión en la oferta no se traslada al surtidor porque la gasolina y el diesel tienen un precio artificialmente bajo.

"Los precios del combustible subvencionado no muestran realmente el problema que hay de suministro. Estamos alterando el balance del mercado", opina Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del Instituto de la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

El resultado es que en los países ricos, con más capacidad para soportar con dinero estas subvenciones y donde la población tiene más renta, la caída del consumo está lejos de reflejar el agujero real. Según datos de la consultora Argus, en el segundo trimestre de 2026 Europa reducirá su demanda de crudo en 300.000 barriles diarios, mientras que la de Asia-Pacífico recortará unos 3.000.000 en ese periodo, un recorte diez veces mayor. La diferencia también radica en que Asia depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Europa.

En todo caso, los descuentos españoles no han sido suficientes para devolver el coste del litro a su situación previa a la guerra de Irán y el golpe se ha notado igualmente. En el mes de abril la demanda de combustible en gasolineras en España cayó un 5,2% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de Eurostat. Menos que en otros países, como Alemania (-10%), Bélgica (-8,9%) o Noruega (-12,2%), pero en la línea de Francia (-4,1%). En el conjunto de la UE, la demanda de combustible cayó en abril un 3,5% respecto a ese mes de 2025.

En cuanto a la demanda eléctrica, en España se mantuvo sin cambios en mayo frente al año pasado, con un incremento del 0,1% una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, según Red Eléctrica. El consumo de gas también estuvo casi congelado en mayo, con una caída del 1% interanual, si bien se desplomó un 6,3% en el apartado de hogares e industria, compensado por una subida del consumo de cisternas para almacenamiento.

Por último, muchos grupos ecologistas y defensores de las energías limpias critican que estas ayudas vuelven a ser un ejemplo más de cómo los países ricos siguen incentivando el uso de combustibles fósiles a pesar de la emergencia climática.

Argumentan que, tanto la crisis derivada de la invasión de Ucrania –que llegó a encarecer el gas más de diez veces– como la actual son la mejor oportunidad para invertir en autoconsumo fotovoltaico, baterías y en medidas de eficiencia energética, porque es ahora cuando más dinero permiten ahorrar, pero en su lugar se destinan miles de millones al petróleo y al gas. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 2022 y 2023, la Unión Europea gastó en subvenciones a combustibles y electricidad unos 250.000 millones de euros. 

Por ejemplo, tras conocerse en marzo el paquete español contra la crisis, Greenpeace reaccionó diciendo que "el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas". "Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente", añadió también.

El uso de falsos reclamos ecologistas para atraer clientes, una práctica habitual de las grandes compañías energéticas, ha saltado al sector de las telecomunicaciones. En la última década las operadoras de telefonía móvil han comenzado a vender electricidad y gas (que compran a terceros) aprovechando su gran base de clientes de telefonía, y para hacerlo han copiado las técnicas y eslóganes del sector: pintar su web de color verde y prometer replantar bosques para compensar lo que contamina su producto.

La organización de consumidores CECU considera que algunas de estas prácticas se pueden considerar greenwashing, o publicidad ambiental engañosa, y ha denunciado a Jazztel, Yoigo y Pepeenergy (de Pepephone) ante el Ministerio de Consumo para que fuerce a estas empresas –todas del grupo MásOrange– a retirar estos reclamos. También ha pedido que investigue por este mismo motivo a las energéticas TotalEnergies, Naturgy y Audax Renovables.

La denuncia forma parte de una campaña europea más grande en la que CECU y otras 11 organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue a los gigantes TotalEnergies, Engie, Eni Plenitude y Shell por llevar a cabo campañas de greenwashing a nivel europeo. Básicamente, las ONG acusan a estas compañías de sacar pecho de luchar contra el cambio climático cuando son algunas de las grandes responsables del calentamiento global.

En todo caso, ni la denuncia interpuesta en Bruselas ni la de Madrid serán canalizadas por la vía jurídica, sino que solo pondrán sobre alerta a las autoridades nacionales y europeas para que tomen medidas. "Nosotros lo que hacemos es señalar", aclara Soledad Montero, encargada de energía en CECU. "Ahora son las autoridades las que tienen que investigar y llamar la atención, y si no toman medidas, multar. Si la ley no se cumple es papel mojado", añade.

Las tres 'telecos' españolas denunciadas ante la Dirección General de Consumo comparten una misma campaña en la que aseguran que las emisiones de CO2 de sus clientes de electricidad y gas natural se compensan con la plantación de árboles. Esta práctica es internacionalmente considerada como greenwashing porque numerosos estudios de ONG han certificado que la reforestación es nunca o casi nunca verificable, y sirve para justificar negocios extremadamente contaminantes.

De hecho, la nueva directiva europea de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la conocida como directiva contra el greenwashing, aprobada en 2024, prohíbe la publicidad que promete compensar el carbono emitido por el usuario mediante acciones como plantar árboles o instalar tecnología de captura del CO2 del aire, "ya que dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental". El problema es que esta directiva no entra en vigor hasta el próximo 27 de septiembre y debe ser además traspuesta a la normativa española para que sea vinculante en este país, de manera que la ley por ahora no impide claramente las prácticas de estas empresas de telefonía.

Tanto la web de Yoigo como de Pepeenergy recogen que las compañías calculan las emisiones de CO2 de sus clientes de gas natural y plantan árboles para compensar esa contaminación. Como ejemplo de éxito ambas citan el mismo proyecto: la repoblación de la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), una zona que en teoría ha sufrido diferentes incendios en la última década. Sin embargo, no aclaran cuántos ejemplares se han plantado ni su equivalencia en toneladas de CO2. 

Este anuncio, de hecho, podría estar solapándose con otra campaña de publicidad de este mismo grupo empresarial. El informe de sostenibilidad de de 2025 de MásOrange, la matriz, también hace referencia a "un terreno reforestado de Asturias", pero para otra campaña diferente: “Quien tiene un amigo tiene un árbol, con la que se planta un árbol cada vez que el amigo de un cliente se da de alta en Pepephone".

En el caso de las energéticas españolas denunciadas a Consumo, lo que persigue la organización española es retirar diferentes afirmaciones falsas que confunden al ciudadano. Por ejemplo, Audax promociona sus tarifas señalando en la web que el gas natural "tiene un reducido impacto ambiental en comparación con otras fuentes energéticas", cuando en este momento el gas es la fuente más contaminante de entre las principales del sistema eléctrico español. En el caso de Naturgy, piden que retire reclamos como "¿Por qué contratar la luz y el gas con Naturgy? La tranquilidad de cuidar el planeta", pese a que es año tras año una de las empresas en el top cinco más contaminantes de España.

La principal base legal que ha servido para poner sobreaviso a las autoridades es la directiva de prácticas comerciales desleales de 2005, que prohíbe publicitarse con "información falsa o carente de veracidad (...) que pueda "inducir a error o engañe al consumidor medio". El problema es que esta legislación es antigua y no es específica para el greenwashing, de manera que en los últimos años no ha sido suficiente para denunciar a las empresas por promesas falsas ambientales porque está ampliamente abierta a la interpretación del juez.

La segunda directiva que citan es la antigreenwashing de 2024, que fue precisamente impulsada por la Comisión Europea para aclarar y corregir ese vacío legal de la publicidad verde. En ella se prohíben, entre otras cosas, que las compañías utilicen afirmaciones ambientales genéricas, como usar la etiqueta eco o bio en un producto sin una argumentación científica, o decir que un producto "ayuda al consumidor a cumplir con sus compromisos ambientales", una coletilla que recoge la francesa Engie en su web.

Otro de los cambios que incluirá esta directiva, cuando entre por completo en vigor en tres meses, será el veto de los llamados reclamos 'halo', que suponen engrandecer un pequeño hito ambiental de una empresa para simular que todos sus productos y la compañía, en general, es verde. Por ejemplo, que un fabricante de petróleo se anuncie como una empresa comprometida con el medioambiente solo porque uno de sus combustibles tiene un pequeño contenido de biocarburante, otro ejemplo clásico del sector del transporte.

Hace 12 años que Manuela Navarro, vecina de Orcasitas, inició una pequeña revuelta para rehabilitar el "Poblado" de Orcasitas, uno de los barrios con menos renta de Madrid. Entonces, prácticamente nadie tenía aire acondicionado en verano y poco encendían la calefacción en invierno porque no podían pagarla. Ahora, esta comunidad de un centenar de edificios puede vivir casi sin ellos gracias a un enorme proyecto de eficiencia energética que es referencia europea.

En apenas una década, esta vecina ha conseguido poner de acuerdo a algo más de 3.000 familias para buscar subvenciones por todos lados y poner al día sus viviendas. Todo partió del desprendimiento de un trozo de fachada que alertó a los vecinos, pero aquella anécdota ha terminado convirtiéndose en un proyecto millonario en el que se han rehabilitado 90 bloques de viviendas y hay otros 17 esperando.

"Mi barrio es un buen ejemplo de donde está el dinero público. Aquí hay muchos millones metidos", dice la portavoz de este movimiento, que se impulsó desde la Asociación Vecinal de Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas. Por su trabajo de unión social, Navarro recibió hace tres meses la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

La clave está precisamente en el dinero, porque convencer a los vecinos de embarcarse en un proyecto de decenas de miles de euros era impensable. Según detalla, renovar la fachada de un edificio en el que viven solo 20 vecinos les costaba entre 700.000 y un millón de euros, pero gracias fundamentalmente a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid han podido hacerlo prácticamente gratis. Como llevan diez años con ello, algunos pisos consiguieron sumar las subvenciones del consistorio con fondos europeos o de la Comunidad de Madrid. En el peor de los casos han pagado 3.000 euros por vecino, y algunos no han tenido que pagar nada.

Estos edificios, como muchos otros de Madrid y de las grandes ciudades españolas, se levantaron entre 1957 y 1965. Con materiales baratos y sin pensar más que en terminarlos lo antes posible, antes incluso de las primeras normas básicas de edificación del país. El resultado es que la etiqueta energética de estos bloques era hasta hace unos años una G, la peor posible, lo que significa que los veranos y los inviernos eran insoportables en su interior.

Antes de la reforma, Navarro explica que, con la calefacción puesta en los meses de frío, no había manera de calentar su casa por encima de los 15º C. Ahora, en cambio, puede pasar buena parte del invierno sin poner la calefacción y su casa se mantiene relativamente agradable, a unos 19 ºC. "Tengo anécdotas de todo el mundo. De un abuelito del barrio que nos agradeció que impulsáramos esto porque no podía pagar la calefacción. Nos dijo que ahora sigue sin ponerla, pero que al menos ya no pasa frío y se resfría menos", afirma. 

Ahora que llega el verano, Manuela tampoco necesita el aire acondicionado y, con un vistazo a las fachadas, es evidente que prácticamente ningún vecino tiene aparatos en su casa. No todos pueden vivir así, cuenta Antonio, un vecino del barrio en cuyo apartamento el sol pega de frente desde el mediodía, aunque es una excepción. "La obra, magnífica, pero tampoco es que se pueda vivir sin aire acondicionado. Es cierto que ahora con ponerlo tres horas y bajar el toldo se puede estar en casa, mientras que antes lo tenía puesto desde las 12.00, cuando empezaba a pegar el sol hasta que me iba a dormir", cuenta.

Aunque no ha echado cuentas exactas, calcula que se ahorra probablemente un 40% en la factura de la luz. Manuela Navarro, que conoce bien el proyecto, dice que, en su caso, el invierno que más pagó en calefacción fueron 58 euros, el de Filomena, frente a los 300 que se dejaba antes de la rehabilitación.

Para realizar estas intervenciones, los vecinos contaron, evidentemente, con  apoyo externo de expertos en energía. El principal impulso fue un concurso del Colegio de Arquitectos de Madrid, Renueva Orcasitas, que permitió desarrollar un proyecto profesional y común para toda la zona. El resultado fue un salto en eficiencia de la letra G a la C, solo con intervenciones superficiales de los edificios. Básicamente, poner un recubrimiento SATE en la fachada y aprovechar para retirar el amianto de los edificios y unas rocas pesadas que decoraban las ventanas. Quienes quisieron, también cambiaron ventanas y tuberías por cuenta propia.

El proyecto de Orcasitas es una referencia en España sobre cómo las cosas deberían hacerse para lograr una rehabilitación rápida y a gran escala. En este momento se ponen a punto energéticamente unas 30.000 viviendas en España al año, de las 21 millones que lo necesitan. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte, según datos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas.

La Fiscalía europea ha abierto una investigación por posible fraude en un contrato entre el Gobierno de Murcia y la consultora vasca IDOM para la elaboración de un informe en 2020 en el que se retrata la contaminación de los suelos en el Campo de Cartagena. El estudio sigue guardado en un cajón, pese a las docenas de peticiones de acceso de las organizaciones vecinales, preocupadas por los metales pesados a los que se exponen cada día. Además, hay evidencias de que el trabajo podría haberse entregado de forma incompleta. Como fue financiado en un 80% con fondos europeos Feder, los investigadores indagan ahora en si se cometió un delito de fraude comunitario por valor de 200.932,60 euros.

Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía quiere averiguar si el encargo fue efectivamente entregado en tiempo y forma, porque la Consejería de Medioambiente ha ignorado sistemáticamente todas las peticiones de acceso de la organización vecinal Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que terminó denunciando en Luxemburgo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia también envió dos reclamaciones a la Dirección General de Medio Ambiente para que publicase en internet el estudio íntegro, pero fueron ignoradas.

Cuando la asociación tuvo finalmente acceso al documento el pasado mes de febrero a través de terceras personas –la Consejería sigue desoyendo las peticiones de transparencia–, pudo comprobar que el estudio encargado hace seis años estaba en realidad incompleto. infoLibre tuvo acceso al trabajo y pudo comprobar que la ausencia más clara es la de la creación de una app móvil en la que se debería poder ver sobre un mapa el nivel de riesgo por contaminación, pero que nadie ha visto todavía.

Esa aplicación formaba, de hecho, parte del título del encargo, y su elaboración era una prioridad. El trabajo se titula Determinación de niveles de fondo y Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales y elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web (con visor SIG) para la gestión de la información de la calidad de los suelos.

Según los denunciantes, en el informe que fue filtrado tampoco había rastro de otros contenidos que sí estaban recogidos en el pliegue del contrato: la cartografía de suelos contaminados, la memoria final, nueve informes de seguimiento y un material divulgativo para dar publicidad a los resultados. En la versión que vio infoLibre, el informe estaba además recortado y no contenía los anexos II y III, donde supuestamente están las actas de laboratorio y los resultados analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

"Existen indicios de que el contrato pudo ser certificado y/o pagado total o parcialmente sin evidencia verificable de ejecución real y entrega de entregables esenciales", se lee en la denuncia de la organización de vecinos. Tras recibir el escrito, la Fiscalía europea decidió la semana pasada abrir una investigación por "un posible delito de malversación de caudales públicos, un delito de fraudes y exacciones ilegales y un delito de prevaricación". Los tres delitos están recogidos en el Código Penal y conllevan pena de prisión.

El contrato fue adjudicado el 1 de junio de 2020 a IDOM Consulting y se daban diez meses para su realización, pero no se volvió a saber más de él. No obstante, en el informe filtrado hace cuatro meses sí que figura que fue finalizado en noviembre de 2020. El proyecto fue presupuestado en 251.165,75 euros (IVA incluído) y 200.932,60 euros fue la cantidad que aportó la Unión Europea. El resto se costeó con los presupuestos de la Consejería de Agricultura.

Sara Rubira, la consejera a cargo de esta cartera, fue precisamente cesada la semana pasada, junto con el consejero de Sanidad, en lo que el barón del PP Fernando López Miras calificó de renovación del Gobierno murciano. Rubira fue aupada a ese puesto en 2023, cuando, en teoría, el informe de IDOM ya había sido entregado. Sin embargo, sí fue bajo su cargo cuando ignoró las exigencias de publicación del Consejo de Transparencia. No es tampoco el primer informe de este tipo que Rubira mantiene en un cajón.

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que lleva años reclamando que el Gobierno regional se tome en serio los altísimos niveles de contaminación por metales pesados en los suelos de los municipios que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Las minas que se explotaron en esa zona hasta la década de 1990 quedaron abandonadas y docenas de balsas de residuos permanecen abiertas, de manera que el viento y el agua dispersan metales pesados por toda la región. Un informe sobre incidencia y la mortalidad por cáncer con datos de 1996 a 2007 ya demostró que la comarca era un punto negro. En las últimas dos décadas apenas ha cambiado nada.

Pedro Gálvez, portavoz de esa asociación, denuncia que él mismo se ha sometido en los últimos años a tres análisis de plomo y cadmio en sangre, y ha dado positivo en ambos casos. "Que la contaminación minera sea la causa no lo podemos saber, porque nadie lo ha investigado, pero hay mucha gente enfermando de cáncer aquí", explica. "Cuando hace viento, ese polvo tóxico llega a mi casa, porque lo hemos comprobado con análisis. Y cuando llueve, se generan unos lixiviados, que es un cóctel de arsénico, cadmio y plomo, que se arrastran hasta el puerto de Cartagena", añade.

Lo que sí figura en el informe de IDOM, fechado en noviembre de 2020, es un resumen de los resultados de 550 muestras de suelo tomadas por los autores y que demuestran una vez más que la región que rodea la Sierra Minera de Cartagena-La Unión está contaminada por metales pesados, suelos que incluyen tierras agrícolas y municipios como Cartagena, La Unión, El Algar o El Llano del Beal. Según se lee, todo el área tiene concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, casi diez veces por encima del máximo legal para una tierra de cultivo. El plomo es un metal considerado potencialmente cancerígeno.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio, un metal considerado cancerígeno, en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

El síndrome de la rana hervida funciona como una metáfora que ejemplifica cómo las personas vamos aceptando, mediante la adaptación, situaciones que resultan peligrosas o destructivas. La analogía compara así el supuestamente diferente comportamiento de las ranas si caen en una olla con agua hirviendo (de la que intentarán salir inmediatamente) o si se encuentran en un recipiente con agua que se pone al fuego y se va calentando lentamente hasta finalmente hervir; en este caso, en cambio, la rana irá acostumbrándose a la nueva temperatura hasta morir.

Aunque la base de la parábola generó controversia (distintos experimentos mostraron que la rana que se encuentra en agua que se calienta lentamente acabará intentando escapar cuando la temperatura sea excesiva), la metáfora se ha empleado para alertar de la incapacidad de los seres humanos o de las sociedades de percibir un peligro que no es súbito, sino que crece gradualmente. También en relación con el cambio climático, y de hecho Al Gore utilizó esta referencia en su famoso documental Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar.

Los datos no mienten. El cambio climático, provocado por la acción humana, es una realidad desde hace décadas y ya estamos sufriendo sus efectos. Sube la temperatura media —lentamente, como si estuviésemos en una olla hirviendo— y aumentan los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, récords de temperaturas, lluvias torrenciales…—, cada vez más frecuentes y cada vez más extremos.

Esta semana que termina, todo el oeste de Europa sufrió un episodio de temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda batieron sus récords para este mes, con 35 grados alcanzados en Londres, 37 en el sur de Francia o más de 30 en Alemania. En Galicia, los valores alcanzados esta semana no supusieron máximas históricas, pero estuvieron cerca.

Cuando sí se baten esos récords, surge la alarma. En la segunda mitad del mes de junio del año pasado, las temperaturas en Ourense superaron los 40 grados en cuatro jornadas y durante dos semanas los termómetros no bajaron de los 30 grados. En el resto de Galicia, con valores más reducidos, la situación fue similar. Llevamos años de récords sucesivos, lo que no quiere decir que esas marcas históricas se batan todos los meses.

Pero, de nuevo, los datos muestran una realidad incómoda para muchos y desmienten los falaces argumentos de los negacionistas (interesados o dirigidos) del cambio climático. Los cuatro últimos años fueron los más cálidos de la serie histórica en Galicia, como se ve en el gráfico anterior. La temperatura media entre 2022 y 2025 se movió entre los 14,7 y los 14,9 grados, más de un grado por encima de la media del período 1980-2010 y casi dos grados más que los valores más habituales en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo.

Las causas del calentamiento global están también claras —en especial, el uso de carbón, petróleo y gas para generar electricidad, calor o para mover vehículos de combustión— y las soluciones están igualmente enunciadas y aceptadas, a la espera de su aplicación.

David Domínguez, responsable de las cuentas de Redmeteo en X e Instagram, comenta en conversación con Praza.gal las elevadas temperaturas vividas en Galicia y en la mayor parte del oeste de Europa, subrayando que el fenómeno fue particular en el norte: “por ejemplo, en Mondoñedo sí se batió el récord de temperatura máxima para el mes de mayo, con niveles que quizá no se alcancen ni en agosto”.

Domínguez subraya que “lo que se sale de la norma no es bueno, ni las lluvias excesivas y la sucesión de días grises que tuvimos en invierno, ni el calor excesivo que vivimos en los meses más cálidos”.

El gráfico anterior muestra las anomalías de temperatura registradas mes a mes en Galicia desde el año 2020. Como se ve, predominan los colores rojos, correspondientes a los meses extremadamente cálidos y cálidos. Las excepciones son los meses con temperaturas normales o frías. En el pasado año 2025 destacaron los datos del mes de junio, ya comentado, con una anomalía de 2,8 grados. Pero también los de enero (1,8 grados por encima de la media de las últimas décadas).

En 2024 los extremos los marcaron los meses de enero y noviembre, una muestra de que las subidas de las temperaturas no afectan únicamente al período estival, sino que se dan durante todo el año, incluso en invierno y también en meses como octubre —extraordinariamente cálido en 2022 y 2023—.

Como destaca David Domínguez, los veranos son objetivamente más largos, empezando antes (los meses de abril y mayo son cada vez más cálidos y secos) y terminando más tarde, con unos meses de octubre que están marcados cada vez más por el calor y por los incendios. “Yo lo noto especialmente al final del verano, pues parece que cada vez tarda más en comenzar el otoño. Y no me refiero a la lluvia, porque al final más o menos va lloviendo lo mismo, pero sí en relación con las temperaturas. Octubre es cada vez más cálido y últimamente incluso noviembre registra temperaturas más altas”, dice.

“Los veranos, además, llegan antes, llegan de golpe y año tras año estamos batiendo récords en todos los meses”, añade, concluyendo que “esto no se puede negar: hay datos, es una evidencia científica”.

Uno o dos grados pueden no parecer mucho (de nuevo la parábola de la rana puesta a hervir), pero tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo que todos sufrimos en nuestra vida diaria. En primer lugar, por la sucesión de anomalías de temperatura (de bajas y de altas temperaturas, más frecuentes estas últimas) que hacen más incómodas nuestras vidas y que tienen consecuencias graves para la salud de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada, pero también niños y niñas y personas con determinadas patologías.

Desde el año 2015 el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) monitoriza los excesos de mortalidad en España, realizando estimaciones que comparan los fallecimientos esperados y los reales y analizando las causas de estas desviaciones, entre ellas las temperaturas. Entre 2015 y 2025 más de dos mil personas perdieron la vida en el período estival —entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre— debido al efecto del calor.

El año pasado fue el peor de la serie, con 397 personas que fallecieron debido a los efectos atribuibles a las altas temperaturas. La mayor parte fueron personas de más de 85 años (303), especialmente en los meses de agosto y junio.

Conviene aclarar que solo una parte de estas muertes se notifica como directamente causada por las altas temperaturas (por ejemplo, los golpes de calor). Sin embargo, el efecto negativo de las altas temperaturas, sobre todo cuando estas se extienden en el tiempo, provoca un debilitamiento de la salud, especialmente en personas de edad avanzada o aquejadas por otras patologías.

Los territorios en los que tradicionalmente las temperaturas eran más altas en verano suelen estar mejor adaptados al calor por desarrollar una serie de hábitos (permanencia en espacios más frescos en las horas de más calor), medidas de protección individual (mayor presencia de aire acondicionado, persianas, toldos) y diseños urbanísticos (calles más estrechas, fuentes, zonas de sombra) que reducen los impactos del calor en la salud.

Otro efecto claro, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia

Las temperaturas elevadas —unidas a otras consecuencias del cambio climático, como períodos prolongados de sequía— están ya provocando otros efectos evidentes, como el incremento de la peligrosidad y virulencia de los incendios forestales, más difíciles de controlar y con efectos más graves.

Otro efecto, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia. Especialmente significativo —por su peso económico— es el declive del mejillón de las bateas gallegas: 2025 marcó un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas. Lo mismo sucedió con la almeja, la volandera o la ostra plana, entre otros bivalvos. La contaminación y los efectos del cambio climático, entre las causas.

Quedamos, pues, a la espera de los siguientes récords históricos de temperatura, de las anomalías en relación con los valores normales y de los efectos —inmediatos y directos o a medio plazo e indirectos— de un calentamiento global que está marcando la vida de las generaciones actuales y que lo hará en mayor medida sobre las generaciones venideras.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

El barón popular Fernando López Miras ha descabezado este jueves la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia como parte , zona cero del escándalo de tierras agrícolas contaminadas en el Campo de Cartagena, en una remodelación más amplia de su Gobierno. La consejera del PP Sara Rubira llevaba desde febrero negando su responsabilidad sobre el informe que le fue entregado en mayo del año pasado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), documento que mantuvo en un cajón hasta que la presión vecinal, política y mediática llevaron a su revelación hace apenas un mes. Miras ha enmarcado este cese en una remodelación del Ejecutivo autonómico que afecta también a otros cuatro consejeros.

En ese informe, titulado Diagnóstico de la Calidad de los Suelos Agrícolas del Campo de Cartagena, un grupo de expertos en edafología demuestra negro sobre blanco lo que ya se conoce desde hace al menos dos décadas: que todo el suelo agrícola del Campo de Cartagena tiene niveles de metales pesados en cantidades altamente peligrosas. En el caso del plomo, un metal demostrado tóxico y potencialmente cancerígeno, la concentración encontrada en la tierra de esa zona es entre ocho y 160 veces superior al límite legal. En arsénico, considerado cancerígeno, el nivel más alto encontrado por los expertos es 17 veces superior al nivel genérico de referencia.

Aunque el informe no se hizo público durante un año, el pasado febrero se filtraron unos mapas de concentración de metales en suelo donde ya se veía claramente que la situación era grave. El informe completo, que salió a la luz hace un mes por la prensa, detalla a lo largo de más de 500 páginas una situación dramática y se reconoce con datos que los agricultores de algunas zonas tienen una probabilidad mayor de sufrir cáncer debido a ese cóctel de metales pesados.

En concreto, en la región del Campo de Cartagena los autores calculan que el riesgo de cáncer es de 19 casos extra por cada 100.000 personas para los trabajadores de alta exposición –que trabajan en contacto con la tierra durante 250 días al año sin las protecciones adecuadas–. Si el trabajador se expone menos días y usa guantes, calzado adecuado y se lava correctamente al terminar la tarea, el riesgo se reduce. El arsénico es el principal responsable, seguido del plomo.

"Bajo estas condiciones, únicamente se identifican valores que superan ligeramente los umbrales de referencia en algunas áreas muy localizadas del sureste, coincidentes nuevamente con el entorno de la Sierra Minera de Cartagena–La Unión, donde la presencia de metales pesados es históricamente más elevada. El resto del área evaluada no muestra niveles de riesgo que comprometan la salud humana", se lee en el estudio, al que ha tenido acceso infoLibre. El informe fue coordinado por Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT.

La consejera ahora destituida, Sara Rubira, no solo mantiene un cajón el informe –sigue sin estar disponible para el público, pese a que fue financiado con los presupuestos regionales–, sino que inicialmente dejó por escrito en un documento oficial que este análisis no existía. Esto ha derivado en una denuncia de Podemos ante la Fiscalía de Murcia por falsedad en documento público y prevaricación, asunto que continúa pendiente. Ecologistas en Acción lo denunció directamente ante un juez, pero no consideró investigarlo.

La historia se remonta al pasado octubre, cuando Ecologistas reclamó a la Consejería de Agricultura la desclasificación del estudio, pero esta contestó en febrero, con firma de Rubira, que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros que costó el encargo a la UPCT. Días después, la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico. Rubira cambió entonces su versión y dijo que no se ajustaba "a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", y pidió igualmente la devolución del dinero a la UPTC.

A finales de abril, cuando el estudio completo llegó a los medios, la entonces consejera finalmente reconoció que ahora su equipo estaba "evaluándolo y verificándolo". "Cuando finalice ese proceso se actuará según las recomendaciones técnicas y la máxima responsabilidad", dijo a la prensa. En todo caso, según publicó La Verdad, el Gobierno regional sí que reclamará a la universidad murciana una parte del coste porque no está de acuerdo con algunas muestras tomadas.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, reclama mayor transparencia y denuncia que el silencio es total alrededor de un asunto que expone a agricultores, vecinos y consumidores de los productos cultivados. "Que hay contaminación ya lo sabíamos. El problema es tener más información y ocultarla, porque solo haces el problema más grande. No sabemos si a raíz del informe se han hecho controles sanitarios ni si se han tomado medidas. Esperamos que el nuevo consejero cambie esta dinámica", opina. Rubira ha sido sustituida por Joaquín Buendía, director de Esamur, la empresa pública murciana de gestión de aguas residuales.

Pedro Luengo desconoce si la polémica del informe ha sido la causa del descabezamiento de la consejería, pero sí recuerda que, junto a Rubira, ha sido cesado también Juan José Pedreño, consejero de Sanidad de la Región, una cartera ligada directamente al problema agrícola porque ese polvo contaminado también afecta de decenas de miles de vecinos de la zona. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Tras más de un año de espera, la Comunidad de Madrid ha avalado la documentación de las cuatro organizaciones empresariales que aspiran a hacerse cargo del sistema que cambiará la recogida de basuras en España, el conocido como SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno). Las latas y botellas costarán unos céntimos extra que el cliente recuperará cuando devuelva los envases al supermercado, un mecanismo que ya funciona en media Unión Europea. Procircular, Ecoembes, Corepet y Asociación SDDR España serán las encargadas de montarlo.

Según ha podido saber infoLibre, la Comunidad de Madrid ha dado el 'ok' seis meses después de que finalizase el plazo original que contemplaba la normativa nacional. Lo ha hecho a última hora, en un periodo extraordinario de seis meses, que finalizó el viernes pasado. Si la implantación del SDDR ya comenzó con unos tiempos extremadamente ajustados, el retraso del Gobierno regional hace inviable cumplir con la normativa. Según la ley de residuos, la transformación del sistema de recogida de envases debe estar lista en noviembre de 2026.

Julio Barea, de Greenpeace España, reclama recuperar el tiempo perdido y que bajo ningún concepto se espere a 2029, como piden algunas voces de la industria. "Ahora queremos reunirnos con el Ministerio para la Transición Ecológica para establecer un calendario concreto de fechas. La Comunidad de Madrid lo ha tenido bloqueado, y aunque ha cumplido con el último plazo, ha retrasado la implantación. Si no es en noviembre, queremos tener una nueva fecha concreta", valora.

Es un secreto a voces en el sector que no hay mucho interés –o ninguno– en la industria del reciclaje en que el SDDR llegue a España, puesto que supone acabar con un lucrativo negocio para las empresas responsables de recoger y procesar estos envases. El sistema actual, catalogado como "monopolio" por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está organizado por Ecoembes y se basa en recoger las botellas y latas en los cubos amarillos, una fórmula que se ha demostrado un fracaso y que además repercute en el bolsillo del ciudadano.

El año que ha tardado la Puerta del Sol en dar el paso inicial para desarrollar el SDDR es "estrategia pura y dura", según afirma un agente del sector. "Todos sabemos que para algunos no compensa introducir el SDDR lo antes posible", opina este experto. De las cuatro, opina, Ecoembes es la que "está contra las cuerdas", mientras que Corepet y la Asociación SDDR son las que más reman para ponerlo en marcha cuanto antes.

De las cuatro organizaciones, Ecoembes es la más grande, puesto que ha tenido en sus manos desde finales de los años 90 la gestión de la mayor parte de los residuos del país: el papel, el vidrio y los envases. Corepet está ligada a la italiana Coripet, una de las empresas que dirige el SDDR voluntario del país vecino. La Asociación SDDR España es la organización formada por las patronales FIAB, Aecoc y Anged, de la alimentación, bebidas y supermercados. Y Procircular forma parte de Reclay, una compañía internacional de gestión de residuos.

El visto bueno de la Comunidad de Madrid solo es el inicio de un largo proceso hasta poner en marcha el proyecto. Según la ley de residuos de 2022, aunque el sistema de retorno de envases será nacional, las organizaciones que lo conformen deben ser avaladas por la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, y las cuatro están en Madrid. De ahí que la Consejería de Medioambiente madrileña tuviese la responsabilidad de dar el primer paso, que consiste en dar por buena la propuesta y la documentación que tiene cada organización.

El siguiente paso es que la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR), formada por el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas, emita un informe no vinculante sobre la viabilidad del proyecto que propone cada organización, y si es viable que las cuatro convivan en el mismo territorio, como ocurre en otros países, o se concentren en una sola. El visto bueno final a qué sociedad montará el SDDR lo dará después la Comunidad de Madrid.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica se limitan a recordar que la ley obliga a poner en marcha el nuevo sistema de reciclaje antes de diciembre de 2026, y rechazan  la postura de parte de la industria que, basándose en una reinterpretación del reglamento europeo 2025/40, defiende que el SDDR se puede posponer a enero de 2029. 

"Esperamos que se acelere el calendario previsto por los SCRAPs [las cuatro organizaciones aspirantes] que han solicitado autorización para gestionar el SDDR, con el objetivo de poner en marcha el sistema lo antes posible. Para ello, entendemos que es clave comenzar a realizar las inversiones necesarias desde ya, dado que los plazos de implantación son exigentes y el cumplimiento de los objetivos requerirá disponer del sistema plenamente operativo con suficiente antelación una vez se resuelvan las solicitudes de autorización", afirman fuentes de este ministerio.

El SDDR es importante en España porque la alternativa actual, basada en cubos amarillos, no solo es extremadamente ineficiente y un desastre ambiental, sino que provoca que España incumpla la obligación europea de recoger por separado el 77% de las botellas de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que en 2023, el último dato disponible, solo se recogió por separado el 43,1% de estos residuos. Esto expone a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recoger estos envases sea de las empresas que los ponen en circulación.

España ya llega tarde al plazo de dos años que dio la Unión Europea para trasponer a su legislación la nueva Directiva Penal Ambiental, que facilita que los delitos sobre la naturaleza se procesen por la vía penal para que los castigos sean proporcionales a los daños, incluyendo multas cuantiosas, penas de cárcel para casos graves y la obligación de costear la restauración del ecosistema.

Bruselas reconoce que la justicia europea no tenía hasta ahora herramientas para disuadir a empresas y administraciones de contaminar o destruir el medioambiente, y que era necesario dotar a los tribunales de herramientas más duras. Las ONG advierten de que el Ministerio de Justicia no solo llega tarde, sino que es probable que la directiva no se trasponga esta legislatura, alargando el proceso durante años.

Según explica David de la Bodega, responsable jurídico de SEO BirdLife, su organización no tiene constancia de que Justicia haya avanzado en el trabajo previo para sacar adelante la adaptación normativa ni hay un borrador. En los últimos meses han enviado dos cartas al ministerio para recordar la importancia de avanzar con este problema que no han sido contestadas. Fuentes de Justicia señalan a infoLibre que su intención es llevar el asunto "pronto al Consejo de Ministros".

"La verdad es que no tenemos esperanzas de que se vaya a trasponer durante esta legislatura. Para empezar, parece que no se ha empezado a trabajar en ello, y además necesita después el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso porque hace falta reformar el Código Penal, y con la situación política actual no creo que pueda lograrse", opina el activista.

Las organizaciones ecologistas llevan meses presionando para que se importe la directiva   porque afirman que España sufre un grave problema de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. Están reconocidos en la ley, pero como las penas son muy bajas, casi siempre en forma de pequeñas multas, son casos de baja prioridad en los juzgados. Y si hay una condena, en muchas ocasiones merece la pena cometer la infracción y pagar.

Esta sensación se detecta a diario en casos de robo de aguas para regadío, en la contaminación de lagunas y acuíferos, en la caza furtiva de especies protegidas, en la exportación ilegal de basuras o en casos de contaminación del aire. Los que luchan cada día contra estos abusos piden también formar a jueces y fiscales en legislación ambiental.

Los estados miembros tenían hasta el jueves 21 de mayo para trasponer la normativa europea al Código Penal, cosa que no ha hecho el Gobierno. El principal cambio que introduce la directiva europea es establecer una lista de infracciones para que sean claramente reconocidas como delitos penales contra el medioambiente, puesto que en los 27 países hay discrepancias debido a la falta de claridad de la anterior directiva comunitaria de 2008. El segundo cambio clave de la nueva versión es que aclara que las personas jurídicas –las empresas– pueden ser responsables de pleno de un crimen ambiental si se benefician de él, no solo las personas que han dado la orden.

Según describen los expertos, en España, por lo general, ya se recogen como delitos la gran mayoría de casos que aparecen en la nueva directiva, pero esta también incorpora las sanciones concretas que deben pagar los acusados. Muchas de las infracciones, sobre todo las que tienen daños a largo plazo sobre un ecosistema, tendrán penas de cárcel concretas, y no habrá margen para resolverlas con una multa, como ocurre ahora.

Por ejemplo, un vertido contaminante que cause daños sustanciales en el ecosistema, si tiene el agravante de realizarse sobre un suelo protegido y con un impacto a gran escala y duradero, tiene en la directiva una pena máxima de al menos ocho años de prisión, en función de lo que decida cada Estado a la hora de la trasposición.

La normativa europea resume el cambio en que los gobiernos nacionales deben garantizar que todos los delitos ambientales recogidos "puedan ser castigados con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización WWF es otra de las que ha hecho campaña ante el Gobierno para que cumpla con su compromiso con Europa porque consideran que muy pocos delitos contra la naturaleza terminan siendo perseguidos en España. Hace tres años publicaron un análisis en el que concluyeron que de 4.902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados entre 2015 y 2020 en el país, solo 327 tuvieron una sentencia judicial, el 7%.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, opina que si se endurecieran las penas, estos delitos pasarían a ser prioritarios. "Lo importante no es que la gente vaya a la cárcel más años, sino que los jueces darían más prioridad al medioambiente y tendrían más recursos para estos casos, como escuchas telefónicas o la geolocalización, que se reservan para los casos más graves", valora.

Otro cambio primordial es que la norma europea propone poner el foco sobre las empresas que comentan un crimen ambiental, más allá de condenar a sus dueños, con castigos muy fuertes, como una multa equivalente al 5% de su facturación global en los casos de los delitos más graves.

Tanto para personas físicas como jurídicas se propone también que tengan que costear la recuperación del ecosistema dañado o que paguen una indemnización equivalente. Si bien, queda en manos de los estados miembros decidir qué castigos concretos trasponen a su normativa.

David de la Bodega destaca el castigo a las corporaciones como un cambio muy importante en la legislación ambiental porque con la normativa actual, contaminar un acuífero o abatir un animal protegido de valor incalculable para la sociedad, se resuelven con una multa.

"Un ejemplo claro es la rotura de la balsa de Aznalcollar de 1998, que hizo un daño inmenso al Parque de Doñana y a los alrededores. Como no se pudo atribuir una responsabilidad penal ni civil a la minera, terminamos pagando todos la restauración", recuerda.

Que España no incorpore los cambios en el Código Penal también conllevará que el Gobierno no elabore la Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, un documento que forma parte de la directiva europea y que cada Estado debe publicar como tarde en mayo de 2027. Sería una guía muy útil para prevenir los daños sobre el ecosistema porque en ella se recoge qué aspectos hay que mejorar, qué administración es la responsable y cómo se van a corregir los errores. Los expertos también explican que al no trasponerse la normativa, España se expone a que la Unión Europea abra un procedimiento sancionador por incumplimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.