El cambio climático está transformando a toda velocidad la dimensión y la virulencia de los incendios en la península ibérica. El verano de 2022 levantó las alarmas tras acumular tantas hectáreas quemadas como en los cuatro anteriores, pero lo ocurrido en los últimos 12 meses no tiene precedentes en la historia de España, un país que además está acostumbrado al fuego. Desde agosto de 2025 se han desencadenado en España cuatro de los cinco mayores incendios de los que hay registro, una serie que se remonta a 1968, hace casi seis décadas.

El incendio de Niebla (Huelva), que permanece activo, ha escalado discretamente hasta el número uno de la lista debido a su comportamiento absolutamente voraz y a su capacidad para modificar las condiciones atmosféricas de la zona a través de la nube de humo que se sitúa sobre el fuego. El ingeniero forestal y divulgador Celso Coco estima que este viernes el incendio alcanzó las 45.000 hectáreas, a falta descontar las islas interiores sin quemar.

Este experto, autor del blog Educación Forestal, es quien ha elaborado este ranking actualizado de los mayores incendios de España por superficie. Para ello, ha revisado los datos oficiales del histórico del Ministerio para la Transición Ecológica y ha añadido los perímetros aproximados de los incendios recientes del último mes, que todavía no tienen una superficie oficial.

Por orden, tras el incendio de Niebla se encuentra el fuego de Larouco (Ourense), que arrasó 37.765 hectáreas y se inició el 15 de agosto de 2025. En el puesto número tres está el de Burgohondo (Ávila) iniciado el pasado 22 de julio, cuya superficie el ingeniero estima en 36.541 hectáreas forestales. Si se suma al incendio simultáneo de San Martín de Valdeiglesias (Madrid, 14.795 ha), que operativamente se combatió como un único fuego, ambos serían, con diferencia, el mayor incendio de la historia del país, con 51.336 hectáreas.

Los puestos cuarto se disputan entre la conocida catástrofe de las Minas de Río Tinto (Huelva, 2004), para la que Coco recoge dos cifras diferentes —34.290 hectáreas o 29.867, según la fuente; siendo el segundo número el que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica—, y el reciente fuego de La Mierla (Guadalajara), iniciado el 16 de julio de 2026 y con 32.600 hectáreas quemadas, según la medición del ingeniero forestal.

El autor de este recuento explica a infoLibre que es evidente que los incendios son cada vez más grandes por un cóctel de problemas. "La combinación de los efectos del cambio climático, el progresivo abandono del medio rural, la falta de gestión forestal y la consiguiente acumulación de biomasa vegetal crean el escenario propicio para que los incendios alcancen dimensiones desorbitadas y superen con frecuencia la capacidad de extinción", asegura.

Si se amplía la fotografía a los 18 mayores incendios forestales del registro histórico, se puede concluir que su tamaño ha aumentado drásticamente en los últimos años, con 11 de ellos ocurridos en los últimos cinco años. Si en el pasado los incendios de más de 20.000 hectáreas eran anecdóticos y ocurrían una vez por década (con la excepción del fatídico verano de 2004), ahora son la norma.

Otro dato que evidencia un cambio de tendencia es que en 2026, y por primera vez en la historia, los Grandes Incendios Forestales (GIF, aquellos que superan las 500 hectáreas) han rebasado en España las 5.000 hectáreas de media, según calcula Celso Coco. En concreto, este verano (con datos hasta el 14 de agosto), un GIF ha alcanzado de media las 5.367 hectáreas, por encima del récord anterior de 2025, cuando la media fue de 4.954 hectáreas. La media para el periodo 1968-2026 es de 1.652 hectáreas, tres veces menos.

En un vídeo difundido por la Junta de Andalucía este viernes, Marc Castellnou, responsable del Área Forestal de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, resumió por qué los incendios forestales recientes son monstruos prácticamente inapagables. Analizando el incendio de Niebla, Castellnou explicó que tiene unas condiciones "de extrema propagación día y noche", de manera que los profesionales carecen de las tradicionales ventanas temporales en las que las llamas amainan y pueden contraatacar.

"No es un fenómeno concreto, como una entrada de viento de noroeste [lo que impide frenar el incendio]. Estamos hablando de una permanencia de comportamiento extremo que define los incendios de los últimos años", explicó el especialista. A las altísimas temperaturas de este verano, que apunta a ser el más caluroso del histórico, se ha sumado un monte "con muy poca gestión" por parte del Gobierno andaluz, generando un cóctel perfecto para la propagación.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, asegura que esta combinación de abandono rural con el agravamiento del cambio climático está ya generando enormes masas de vegetación continua en España que arde con extrema facilidad, de manera que cada vez arderán superficies más y más grandes, como ocurre en Canadá, donde los perímetros superan el millón de hectáreas. 

"Lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa porque se advierte desde hace años, y esto va a ir a más. En España veremos incendios no de 40.000 hectáreas, sino de 200.000, porque tenemos muchísima superficie de bosque conectada", opina. Su predicción es que en algún momento terminarán ardiendo los Pirineos. "Está cubierto de bosque de este a oeste de forma ininterrumpida y ya hay vegetación allí que no se corresponde con su clima actual debido al cambio climático. Si arde, son tres millones de hectáreas".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030.

Dicha renovación, según la Orden TED/864/2026, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La autorización anterior establecía su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. 

La entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) solicitó el 30 de octubre de 2025 la ampliación de la vigencia de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio se produce después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tuvo entrada el pasado 16 de julio y que consideró favorable la renovación por el periodo solicitado, "siempre que la explotación de la central se ajuste a los límites y condiciones establecidos en el anexo" de la orden.

El Ministerio señala que la extensión solicitada se limita a unos 31 meses para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II y sostiene que esta ampliación "representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español", sin alterar el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, fijada en 2035.

Asimismo, según la orden, el análisis de sensibilidad realizado estima que la extensión de la explotación de Almaraz supondría en 2030 una reducción del 1,4% de la generación renovable respecto al escenario contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), mientras que la generación procedente de gas natural en ciclos combinados se reduciría un 7% respecto a ese mismo escenario.

El Ministerio también recoge que, según Enresa, el incremento del inventario de residuos radiactivos derivado de la extensión será "poco significativo" y no exigirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes y en curso.

La orden añade que no se prevé el traslado de costes adicionales a los consumidores ni a los presupuestos generales.

En cuanto al sistema eléctrico, el operador del sistema considera que la disponibilidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema, aunque "de forma limitada en algunos aspectos", y señala que esta extensión no modifica la necesidad de continuar con las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y estabilidad del suministro.

La orden establece que la nueva autorización tendrá efectos desde el día siguiente a su notificación a CNAT y será válida para las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, inclusive.

La explotación deberá ajustarse a los límites y condiciones establecidos por el Ministerio. La autorización podrá quedar sin efecto si se incumplen esos límites y condiciones, si existen inexactitudes en los datos aportados o discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa su concesión, o si aparecen factores desfavorables para la seguridad nuclear y la protección radiológica que no se conozcan en el momento de la autorización, según recoge el BOE. 

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.

Casi dos horas después (a las 19:30, hora peninsular) de que el evento astronómico comenzara en el Mar de Bering, la sombra de la Luna comenzó a "morder" al Sol y a proyectarse sobre el norte de Galicia y de Asturias, el primer 'balcón' desde el que miles de personas comenzaron a contemplar el evento, que alcanzó su fase de totalidad unos segundos después de las 20:26 y se prolongó durante menos de dos minutos.

La misma secuencia, con segundos de diferencia, siguió de oeste a este, hasta que el eclipse total se despidió por Baleares a las 20:33 y el Sol comenzó a recuperar todo su brillo, aunque en el archipiélago, como en muchos lugares del este peninsular, no pudieron volver a ver la estrella al completo porque la fase de parcialidad terminaron cuando el Sol ya se había puesto en el horizonte.

El evento se prolongó en España durante dos horas -apenas 100 segundos la fase de totalidad donde esta ha sido más prolongada- un tiempo que reunió a millones de personas en playas, miradores, parcelas, praderas, observatorios naturales, y hasta en aviones o embarcaciones.

Los movimientos y los desplazamientos para llegar al lugar desde el que contemplaron el eclipse habían comenzado por la mañana, y desde primeras horas de la tarde numerosas carreteras, sobre todo en las salidas desde Madrid y Barcelona, empezaron a registrar complicaciones y retenciones, en algunos casos kilométricas.

Los cientos de observatorios elegidos por ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y los miles de escenarios que de forma improvisada eligieron millones de espectadores, brindaron un asombroso espectáculo natural, sobre todo en la parte donde la totalidad fue del cien por cien y la noche, aunque efímera, se apoderó del día.

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) eligieron Palencia como escenario principal, y lograron captar las esperadas imágenes de la corona solar durante los 104 segundos de totalidad en este punto, dentro del proyecto internacional NATE (North African Telescope Eclipse), impulsado por el IAC con la vista puesta en el eclipse total de 2027, cuando está previsto ampliar el dispositivo con observaciones simultáneas desde distintos puntos de Marruecos para seguir el desplazamiento de la sombra lunar y estudiar la corona durante un periodo más prolongado.

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, cuyos dos radiotelescopios de referencia internacional dieron la señal oficial del eclipse, ha reunido a numerosos científicos, cuatro ministros y los astronautas de la ESA Pablo Álvarez y Sara García, y tras una jornada de actividades divulgativas.

"¡Que ya va, que ya va!", "¡atención!","¡qué bonito!", "oooooooh"... Con todas esas expresiones, con aplausos espontáneos y con lágrimas, así reaccionaron al eclipse las más de cien personas reunidas en el Observatorio de Yebes.

“Ha sido algo parecido a lo que los astronautas dicen que sienten al salir al espacio y ver desde allí la Tierra, la Luna y el Sol”, dijo a EFE el astronauta Pablo Álvarez.

"Estoy convencido que de este eclipse van a salir muchos astrónomos y astrofísicos españoles en el futuro, ha sido algo extraordinario para despertar vocaciones científicas", agregó Álvarez, quien a los 11 años ya anotó en el calendario esta fecha de 2026 para ver el eclipse.

El eclipse empezó a ser visible por Galicia, una comunidad que lo ha vivido entre el 'chasco' y la 'maravilla', incluso en las zonas en las que, finalmente, la presencia de las nubes impidió disfrutar de una experiencia completa, una nubosidad que empañó también la observación en muchos lugares de las comunidades del litoral cantábrico.

Lo que no consiguieron las nubes es apagar la emoción de numerosas personas ciegas que pudieron 'escuchar' el eclipse gracias a la tecnología que transformaron en tiempo real las variaciones de los cambios de luz en sonido.

El evento duró, desde que comenzó en el Mar de Bering a las 17:34 (hora peninsular) hasta que murió, tras atravesar Canarias, en el Océano Atlántico, un total de 264 minutos -casi cuatro horas y media-.

El de este miércoles ha sido el primero de un carrusel inédito que 'traerá' a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular, el 26 de enero de 2028.

Aragón, la región que tiene extendida una alfombra roja a los centros de datos desde 2019, acaba de liberar a Blackstone (Calanza-QTS) de uno de los exámenes cruciales para garantizar la protección del medioambiente. El campus Rhodes, ubicado en Calatorao (Zaragoza), que aspira a ser uno de los mayores proyectos de data center de España, no tendrá que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino que bastará con una evaluación simplificada que ya ha sido aprobada. Otros proyectos similares en Aragón ya han disfrutado de esta vía que, básicamente, da "carta blanca", según los expertos, a las grandes tecnológicas para construir proyectos de gran consumo de agua y electricidad.

La resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se publicó el pasado 23 de julio, en pleno verano, y recoge que el campus Rhodes no necesita someterse a una evaluación ambiental ordinaria –el examen habitual de cualquier macroproyecto industrial– porque "no implica una alteración sustancial de los usos y clasificación del suelo" y porque "supone un incremento en las zonas verdes y un menor consumo de agua" respecto al plan municipal de 2010 que hay actualmente sobre esos terrenos, que permanecen sin construir.

En concreto, el Inaga ha determinado que no tendrán que someterse a evaluación estricta ni el plan integral del proyecto Rhodes, ni el plan de urbanización del polígono donde estará situado. Aunque, para seguir adelante, sí reclama a los promotores medidas adicionales genéricas, como "garantizar la disponibilidad de recursos (agua, energía y cualquier otro) para otras actividades en el término municipal de Calatorao" o que en las siguientes fases del proyecto se impulse "el ahorro y eficiencia en el uso del agua y de la energía".

El mismo texto, del 23 de julio, aprueba también las evaluaciones ambientales simplificadas de ambos proyectos, de manera que Blackstone ya ha superado el grueso del proceso administrativo que necesita para ponerse a construir. Solo necesita ejecutar el proyecto de construcción de las naves y del centro de datos –y someterlos a una evaluación también simplificada– antes de iniciar las obras.

Fernando Follos, consultor y experto en evaluaciones ambientales, afirma que este es un caso más de la simplificación extrema que Aragón aplica a estas inversiones, que ya causan estragos en ciudades de todo el mundo donde también fueron recibidas con los brazos abiertos. En este caso, da vía libre a uno de los mayores campus proyectados actualmente en España, con una potencia total de 648 MW si se construyen los ocho edificios de centros de datos que figuran en sus planos, de 81 MW cada uno. Por tamaño, sería la cuarta empresa con más megavatios instalados en el país.

El consultor explica que el modus operandi de estos macrocentros es siempre el mismo. El Gobierno regional declara el proyecto como PIGA (Proyecto de Interés General para Aragón), una figura que simplifica las exigencias urbanísticas y ambientales, "los principales escollos" para estas instalaciones, acelera los tiempos para conceder los permisos necesarios y bonifica drásticamente los impuestos del negocio cuando se ponga en marcha. "El PIGA da carta blanca para hacer básicamente lo que quieras, incluso sobre suelos no urbanizables. Si tuviesen que recalificar el suelo por la vía habitual, modificando el plan de ordenación urbana, tardarían una eternidad", valora.

Además de aplicar el PIGA, el Inaga ha sustituido ahora la evaluación ambiental estratégica ordinaria por una simplificada, y Follos asegura que este cambio supone una rebaja radical de la transparencia del proyecto. "Al cambiar a una evaluación simplificada, las compañías solo necesitan entregar un documento muy sencillo que se resuelve en tres meses, mientras que una estratégica llevaría un año e incluiría un análisis detallado de cada impacto del centro de datos", subraya el profesional.

Carlos López, de Ecologistas en Acción de Aragón, asegura que otros centros de datos, como el de Microsoft, también han disfrutado de este examen ambiental simplificado. "Esta gente funciona así. Creemos que están tratando de acelerar al máximo la construcción porque ven que la oposición es cada vez mayor. Lo que esperamos es que aquí la gente se rebele antes de que los proyectos estén ya funcionando, como ha pasado en Estados Unidos", opina.

La evaluación ambiental simplificada es un capítulo más de la absoluta falta de información que hay alrededor de los centros de datos, explica López. Desde que comenzó el goteo de proyectos, no está claro cuánta electricidad ni cuánta agua demandarán estas instalaciones, y la experiencia en otros países hace saltar las alarmas sobre el riesgo real al que se expondrán los municipios cuando termine de construirse todo lo planificado. Hasta ahora ya hay ocho proyectos con su PIGA probado, incluyendo el de Amazon Web Services, que tiene tres centros en operación desde 2022.

Sobre el agua, la mayor preocupación, López afirma que las compañías mienten sistemáticamente asegurando que necesitarán menos de la que finalmente consumen, y que, cuando está todo construido y en funcionamiento, solicitan una ampliación al Gobierno regional para abastecerse. "Amazon dice que sus nuevos centros de 300 MW demandarán 56.000 m3 al año. Es mentira porque los que ahora mismo tiene consumen 60.000 en sus centros de 45 MW. Solo sabemos ese consumo y el del proyecto Samca porque los ayuntamientos y la Comunidad han decretado el secreto sobre esta información", valora.

Sobre el consumo eléctrico, las estimaciones que hacen los expertos independientes –porque el Gobierno de Aragón no publica esta información en informes sectoriales– apuntan a que la demanda de energía se va a multiplicar en la Comunidad. Fernando Follos, sumando los ocho PIGA ya aprobados y uno pendiente (Vantage), estima, a partir de los proyectos declarados por las compañías, un consumo inicial de 14.410 GWh anuales, que crecería hasta los 24.501 GWh cuando todos se expandan a su máximo tamaño anunciado. La primera cifra ya supera a la demanda actual de la comunidad autónoma (11.000 GWh al año) y la segunda superaría la producción de la región, que ahora mismo genera el doble de lo que consume (22.400 GWh).

Dentro de la alfombra roja también hay que incluir los grandes beneficios fiscales de los que disfrutarán estas inversiones. Según un informe de la Fundación Basilio Paraíso, publicado en 2025, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento donde se instale aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En la práctica, todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto se instale en su municipio. La bonificación del IBI solo se aplica durante los primeros cinco años de operación.

Mientras millones de personas preparamos nuestras gafas homologadas para contemplar el eclipse solar del próximo miércoles, los centros de control de la red eléctrica en toda Europa afrontarán un reto mayúsculo. El objetivo es que en esta circunstancia tan extraordinaria todo siga dentro de la normalidad.

La sombra proyectada por la Luna al interponerse entre la Tierra y el Sol reducirá de forma brusca la radiación que reciben las instalaciones fotovoltaicas del continente. Según estimaciones del operador francés RTE y de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), la generación solar en Europa sufrirá una merma de hasta 9,7 gigavatios (GW) entre las 19:15 y las 21:30 horas, un impacto equivalente al consumo de diez millones de hogares.

España, donde el eclipse alcanzará la franja de totalidad en buena parte de la península, será de lejos el país más afectado. Redeia, el operador del sistema, prevé una reducción temporal de aproximadamente 5 GW en la península ibérica. Esta cifra equivale al 13 % de la demanda máxima de electricidad de un día laborable típico de agosto.

A pesar de la magnitud del descenso, los organismos internacionales y las autoridades energéticas descartan que el suministro a los consumidores corra peligro.

El sector suele recordar un precedente reciente, el eclipse total del 20 de marzo de 2015. También se temía un apagón y, sin embargo, el sector eléctrico superó el test de estrés con nota. Sin embargo, hay muchas diferencias entre ambos eclipses como para caer en la relajación. Para empezar, aquel evento solo fue total en las islas Feroe y el archipiélago noruego de Svalbard. Además hay que tener en cuenta que entre 2015 y 2026, la energía solar ha crecido enormemente en el mix de muchos países europeos.

El factor clave que mitiga la gravedad del impacto es el momento del día en que se desarrollará el fenómeno. Al producirse al atardecer, la sombra del eclipse coincidirá con un periodo en el que la producción fotovoltaica ya experimenta un descenso natural por la menor inclinación del Sol. La coincidencia no generará un pico inédito, sino que adelantará y acentuará una curva descendente prevista en las rutinas de los centros de control.

“Estimamos que en el sistema eléctrico peninsular el impacto será limitado y en Canarias y Baleares será mucho más reducido incluso”, ha afirmado Ricardo Bajo, director de servicios para la operación de Redeia (Red Eléctrica de España). La duración de la fase de totalidad, momento en el que la Luna cubre por completo el disco solar, durará entre uno y dos minutos, por lo que las variaciones se gestionarán mediante el uso compensatorio de otras tecnologías disponibles en la red.

Sin embargo, el margen de maniobra de algunos países europeos llega condicionado por un contexto climático adverso. Durante los primeros días de agosto, una ola de calor que afectó al centro y este de Europa obligó a paralizar o reducir la capacidad de varias centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas en Francia, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovenia, debido al bajo caudal y al elevado incremento de la temperatura de los ríos utilizados para la refrigeración.

Para contrarrestar la pérdida simultánea de miles de instalaciones solares en un momento en que la energía hidroeléctrica y la nuclear operan con restricciones, los operadores han establecido un protocolo de coordinación a escala comunitaria. ENTSO-E ha activado un grupo de trabajo especializado para supervisar la evolución en tiempo real, aumentar los márgenes de seguridad y bloquear cualquier interrupción programada en las líneas de transporte de alta tensión con el fin de mantener la máxima flexibilidad operativa.

Bajo condiciones de cielo despejado, la producción fotovoltaica experimentará un cambio rápido pero predecible, según han explicado desde ENTSO-E. Para anticiparse a las fluctuaciones, los operadores recibirán predicciones meteorológicas actualizadas minuto a minuto, apoyándose en la experiencia acumulada durante eclipses parciales anteriores, a diferencia de lo ocurrido en el gran eclipse total europeo de 1999, cuando la tecnología fotovoltaica apenas representaba una fracción testimonial de la matriz energética.

Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado que el estado de las interconexiones transfronterizas permitirá equilibrar las cargas. “Dado que el fenómeno tendrá lugar a última hora de la tarde, no se espera que su impacto sea enorme”, sostiene Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de la Comisión Europea, subrayando que la activación de reservas térmicas e hidráulicas de regulación rápida absorberá sin incidencias la caída de la oferta solar.

La red española comenzará a notar la perturbación a las 19:31, cuando el eclipse se perciba desde A Coruña. Para los gestores de nuestras redes, serán 120 minutos más que interesantes, hasta que al filo de las 21:30 la mancha de sombra se despida de Baleares, la última región española en ser bendecida por este extraordinario evento.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las comunidades autónomas donde se vivirá de manera más intensa el eclipse de este miércoles están realmente preocupadas ante la posibilidad de que el evento histórico pueda tornarse en catástrofe. El nivel de riesgo de incendio será "extremo" en numerosas provincias donde podrá observarse en su totalidad, y zonas rurales que no están habituadas a la masificación, como Soria o Teruel, vivirán un pico turístico que multiplica el riesgo de fuegos.

En los últimos días, numerosas comunidades autónomas han tomado medidas para restringir accesos a zonas forestales y se han reforzado los dispositivos de vigilancia y extinción de incendios con el objetivo de minimizar riesgos. La Guardia Civil anunció este fin de semana un despliegue de 24.000 agentes con motivo del suceso, que prestarán especial atención a 660 puntos de observación del cielo. “Existe muchísima vegetación seca y un bajo índice de humedad, por lo que es fundamental que tengamos la máxima precaución", advirtió este domingo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Se mantiene la prohibición de hacer fuego en zonas forestales y se llama a no aparcar vehículos sobre vegetación seca, una de las negligencias que ya ha causado varios incendios este verano, como el de este fin de semana en Navas de San Juan (Segovia). Se pide también máxima precaución con el abandono de vidrios y colillas, así como el uso de cualquier maquinaria que genere chispas o la manipulación de aceites calientes de motor.

Ignacio Pérez-Soba, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, subraya que hay que prestar mucha atención a las zonas con turistas extranjeros, ya que pueden tener una percepción diferente del riesgo por el hecho de que quizás en sus países no estén familiarizados con los incendios. 

"Se espera un elevado número de extranjeros y nuestra relación con el fuego no es la de otros países, como el centro y el este de Europa. Ellos no perciben como nosotros el peligro del fuego porque no sufren los incendios como aquí", valora. Según el Ministerio de Economía, visitarán el país 446.700 personas esta semana debido al eclipse.

Lugo, Ourense, Zamora, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid o Teruel son algunas de las provincias en las que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anticipa un nivel de riesgo "extremo" debido a la falta de lluvias, la abundancia de vegetación seca, la humedad del suelo o la previsión de vientos. Aunque, como se ve en el mapa, prácticamente toda la franja donde sucederá el evento astronómico tiene un riesgo "alto" (amarillo) o superior.

El experto del Colegio de Montes insiste también en que no hace falta desplazarse hasta el punto más remoto en busca de las mejores vistas ni adentrarse en el bosque con el coche para disfrutar del eclipse. "Puede ser incluso contraproducente porque lo importante es tener visibilidad en dirección oeste. Puedes ir al sitio con la mejor visibilidad del mundo que si estás en la ladera equivocada te lo puedes perder. Además, se puede ver perfectamente desde zonas urbanas", recuerda Pérez-Soba.

A esto se suma que algunas comunidades autónomas han decretado restricciones de tráfico en zonas de puerto de montaña para evitar atascos y reducir al mínimo el impacto de la masificación en el entorno natural. La Junta de Castilla y León reconoce que "la semana del 12 de agosto es en la que estadísticamente se producen más incendios forestales", de manera que ha publicado un mapa con una amplísima superficie de la comunidad que cataloga como "no recomendada".

Aragón ha ido más allá y ha limitado el acceso en vehículo a las zonas de monte a residentes, trabajadores y visitantes que se dirijan a un municipio o un parking habilitado. En la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno también ha pedido este lunes al Ejecutivo autonómico restringir el acceso y uso peatonal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fuera de los puntos de observación autorizados, y que prohíba la circulación de vehículos a motor en los montes de utilidad pública.

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Sanz ha apuntado que los fenómenos convectivos generan focos secundarios a varios kilómetros que terminan uniéndose a la cabeza del incendio, provocando un avance a velocidad desorbitada.

En los trabajos, que se concentran en el flanco norte, sureste y en la cabeza del incendio, participan más de 600 efectivos por tierra —314 de Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias, 20 del Consorcio Provincial de Bomberos y 18 de la BRIF (Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales) de La Iglesuela—, 169 medios terrestres, unos 26 medios aéreos y 12 buldóceres.

La dirección de la emergencia ha ordenado el alejamiento preventivo de la aldea de Las Delgadas y Monte Sorromero (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías (El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo). Con esta medida son ya más de 700 las personas desplazadas.

El incendio forestal que se inició la tarde del pasado viernes en Tírig (Castellón) ha sido estabilizado a las 16:42 horas de este lunes, tras afectar a 810 hectáreas, 617 de ellas forestales.

El director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, ha destacado que, en principio, "el incendio está muy bien" y no queda "prácticamente ningún punto caliente".

Aunque la población ha vuelto al municipio de Catí, se mantendrán los efectivos y las medidas de seguridad en función de la climatología, ya que esta tarde se esperan vientos de 89-90 kilómetros por hora.

Tanto el conseller de Emergencias e Interior de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han destacado el trabajo "coordinado y leal" y "mano a mano incansablemente" entre las instituciones con el "fin fundamental de proteger a la población" y el territorio.

Aragón ha ordenado el desalojo preventivo de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero (Huesca) por el incendio declarado hoy en las Peñas de Riglos, que afecta a 1.100 hectáreas. En la zona trabajan la Unidad Militar de Emergencias y más de 200 personas por parte del Gobierno aragonés.

En Castilla y León continúan evacuados Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute y permanece el confinamiento de Valdeprados por el incendio forestal de Navas de San Antonio (Segovia). Aunque las labores de extinción han sido muy productivas, persiste el riesgo asociado al viento.

En Segovia también continúa activo y en nivel IGR 1 el incendio de Revenga.

Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad 1 en el incendio de Cifuentes de Rueda (León), en el que trabaja una treintena de medios aéreos y terrestres, ante la amenaza de que el fuego pueda afectar al bosque de Nava de los Caballeros.

Otro incendio forestal declarado esta tarde en la zona de Cerro Maestre, en Jumilla (Región de Murcia), ha obligado a movilizar tres helicópteros y dos naves para su extinción.

Allí, el fuego declarado la tarde del sábado en Moratalla ha quedado extinguido tras la intervención de nueve helicópteros, dos aviones y 14 brigadas forestales.

En Extremadura, el incendio forestal originado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) ha quedado estabilizado tras la intervención de cinco medios aéreos y varias unidades de bomberos.

Por otra parte, el plan contra incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio declarado este lunes en Malpica de Tajo (Toledo) y por controlado el que se ha declarado en Rincón del Moro (Albacete).

Quizá el primer paso para gestionar mejor nuestros ecosistemas sea, precisamente, poner un poco de orden en las ideas. Un incendio forestal no es un único problema, es la suma de varios procesos diferentes que conviene no confundir. Una cosa es la ignición, es decir, cómo comienza un fuego. Otra muy distinta es su propagación, condicionada por la meteorología, la topografía y las características de la vegetación. Y otra diferente es la restauración del ecosistema una vez extinguido el incendio.

Cada uno de estos procesos está gobernado por factores diferentes y exige respuestas también distintas.

En el debate público, sin embargo, solemos mezclar todos ellos. Hablamos de prevención cuando en realidad nos estamos refiriendo a la extinción; denominamos restauración cuando pensamos en reforestación; y hablamos de combustible cuando nos referimos a organismos vivos que forman parte de ecosistemas enormemente complejos.

Este último ejemplo merece una reflexión. En ecología del fuego, llamar combustible a la vegetación es técnicamente correcto. Es un término físico que describe la capacidad de un material para arder bajo determinadas condiciones. Pero cuando esa palabra abandona el ámbito científico y pasa al lenguaje cotidiano, corremos el riesgo de reducir un bosque a una sola de sus muchas propiedades.

Un bosque no es únicamente aquello que puede quemarse, es el hogar de miles de especies. Regula el ciclo del agua. Protege el suelo frente a la erosión. Almacena carbono. Modera las temperaturas locales. Sustenta redes tróficas de enorme complejidad. Conserva patrimonio natural y cultural. Produce bienes y servicios esenciales para nuestra economía y nuestro bienestar.

Incluso quienes nunca pisan estos montes se benefician diariamente del aire que respiramos, del agua que bebemos, de la regulación climática o de la conservación de la biodiversidad que estos ecosistemas hacen posible. Y solo bajo determinadas circunstancias, ese mismo bosque puede actuar también como combustible.

Reducir un ecosistema a esa única propiedad sería tan limitado como definir una biblioteca únicamente por el papel que podría arder en un incendio. Sería olvidar precisamente aquello que intentamos conservar. Y esto es de vital importancia porque la forma en que describimos un problema condiciona inevitablemente las soluciones que consideramos razonables.

Esta simplificación también condiciona la forma en que entendemos la restauración ecológica. Tras un gran incendio es frecuente escuchar que ahora "hay que devolver el bosque a su estado anterior". Sin embargo, la naturaleza no dispone de un botón para deshacer lo ocurrido.

Hay que entender que un ecosistema no está formado únicamente por árboles. También lo integran el suelo, los microorganismos, los hongos, las redes de interacción entre plantas y animales, la estructura del paisaje, la diversidad genética de las poblaciones y multitud de procesos ecológicos que han tardado décadas o siglos en desarrollarse. Algunas de estas características pueden recuperarse relativamente deprisa. Otras necesitarán mucho tiempo. Y algunas jamás volverán a ser exactamente iguales.

Por eso la restauración ecológica nunca significa reconstruir una fotografía del pasado. Supone favorecer que el ecosistema recupere, en la medida de lo posible, su funcionamiento, su biodiversidad y su capacidad para seguir proporcionando beneficios a la sociedad en un escenario ambiental que, además, continúa cambiando.

Hay que recordar, además, que tampoco existen recetas universales. Una actuación adecuada para un pinar mediterráneo puede resultar innecesaria o incluso contraproducente en un robledal atlántico o en un bosque maduro de montaña. Las especies son distintas. Los suelos son diferentes. El clima cambia. También lo hacen la historia de perturbaciones, los usos del territorio y las necesidades sociales. La buena gestión ecológica consiste precisamente en comprender esas diferencias, no en ignorarlas.

Esto explica por qué expresiones aparentemente simples como "limpiar el monte" generan tanta confusión. ¿Qué significa exactamente limpiar? ¿Eliminar toda la vegetación? ¿Reducir determinados organismos que en condiciones muy concretas pueden convertirse en combustibles? ¿Favorecer una mayor heterogeneidad del paisaje? ¿Recuperar usos tradicionales compatibles con la conservación? Dependiendo de la respuesta, estaremos hablando de actuaciones muy distintas y con consecuencias ecológicas también muy diferentes.

La ciencia difícilmente ofrecerá respuestas sencillas a problemas complejos. Pero sí puede proporcionar algo extraordinariamente valioso: un método para distinguir qué sabemos con bastante certeza, qué seguimos investigando y qué decisiones dependen, además del conocimiento científico, de los valores y prioridades que como sociedad decidamos adoptar.

Quizá ese debería ser el verdadero objetivo de la gestión forestal del futuro: construir protocolos consensuados, transparentes y adaptativos, fundamentados en la mejor evidencia científica disponible y capaces de integrar, de forma explícita, las diferentes sensibilidades sociales. Porque los bosques no pertenecen únicamente a quienes viven junto a ellos, ni solo a quienes obtienen de ellos un rendimiento económico. Sus beneficios alcanzan a toda la sociedad, muchas veces de forma silenciosa e invisible.

Gestionar bien nuestros bosques exige mucho más que apagar incendios. Requiere comprender cómo funcionan los ecosistemas, utilizar con cuidado las palabras con las que los describimos y recordar que aquello que intentamos proteger vale mucho más que su capacidad para arder.

Los bosques forman parte de la infraestructura ecológica que sostiene nuestra propia existencia, aunque muchas veces solo reparemos en ellos cuando arden. Quizá cuando todos empecemos a mirarlos como lo que son en su conjunto, también empezaremos a gestionarlos mejor.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Apenas 24 horas antes de que se declarase el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el controvertido Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región –conocido como Líder–, que aspira a ser la mayor reforma de la legislación urbanística de la región de las últimas tres décadas. La terrible experiencia de los fuegos demostró que miles de viviendas y decenas de urbanizaciones están peligrosamente ubicados en el interior de bosques. Esta nueva ley acelerará aún más la construcción en zonas rurales.

Si la ley se aprueba en los términos actuales, el suelo de la Comunidad de Madrid pasará a estar clasificado de tres nuevas formas (ahora son cinco): suelo urbano, suelo rural no protegido y suelo rural protegido. Los dos primeros, que abarcarán alrededor del 40% de la región, estarán siempre disponibles para construir nueva vivienda de manera relativamente sencilla, ya que también se va a introducir la figura del Plan Ejecutivo Municipal para facilitar la concesión de proyectos urbanísticos.

En concreto, la nueva normativa permitirá que el suelo rural no protegido – por ejemplo, una parcela de cultivo– pueda convertirse en una urbanización de chalés, pasando a catalogarse como suelo urbano, si un promotor privado presenta un plan ejecutivo a un ayuntamiento y este lo aprueba. 

De esta manera, se abre la puerta, según los críticos, a abandonar el crecimiento organizado de los municipios basado en el tradicional Plan General de Ordenación Urbana. Al mismo tiempo, esta ley promueve la proliferación de pequeñas urbanizaciones y de casas aisladas en terreno rústico, dificultando que los servicios públicos sean eficientes, y multiplicando el riesgo de incendios urbano-forestales porque la población se adentrará en suelo forestal. Se espera que la ley Líder sea aprobada en la Asamblea de Madrid antes de 2027 con pocas modificaciones, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

"Lo que pretende esta supuesta flexibilidad es que haya los mínimos obstáculos para los promotores con la excusa de que hace falta construir nueva vivienda", opina María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la Plataforma Ecologista Madrileña. "La Comunidad ya ha manifestado su intención de alcanzar los 10 millones de habitantes, pero se han dado cuenta de que ya no hay un palmo libre de terreno en la capital y en la periferia, por eso tienen que expandirse de manera radial", añade.

El enfado y la preocupación son de tal calibre que 44 asociaciones vecinales han creado la Asociación Madrid Contra la Líder, a la que están adscritos los sindicatos UGT y CCOO, y seis partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Más Madrid. El Ministerio de Vivienda también presentó alegaciones en abril contra este proyecto con el argumento de que se basa en "la privatización del suelo" y los "pelotazos urbanísticos", según publicó El País.

Los críticos con la reforma de Ayuso subrayan que esta propuesta supondrá un punto de inflexión porque desregula todas las ramas del urbanismo madrileño. Desde abrir la puerta a edificar en suelo que hasta ahora era rústico, a privatizar la tramitación de permisos de construcción, pasando por permitir subsanar irregularidades urbanísticas con multas para evitar que el inmueble sea derribado. 

La portavoz del grupo ecologista también destaca que el proyecto de ley facilitará que algunos enclaves hasta ahora protegidos por su valor natural, dejen de estarlo. Por ejemplo, uno de los puntos recoge que todo el suelo que en este momento se clasifica como "no urbanizable de protección por valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros análogos", y que no tenga una evaluación ambiental estratégica aprobada, podrá ser recalificado como suelo rural no protegido o suelo urbano (ambos urbanizables) si así lo quiere el alcalde de turno, mediante la aprobación de un simple Plan Ejecutivo Municipal. 

El Plan Ejecutivo Municipal, según los críticos, es una de las grandes figuras controvertidas del Líder, ya que abre la puerta a permitir casi todo en ese 40% del futuro suelo potencialmente urbanizable. Todo Plan General Urbano, los planes fijos que ahora son la base de la organización del suelo de todos los municipios, será sustituido por un Plan Estratégico Municipal, mucho más laxo, que dará manga ancha para que las ciudades se expandan a base de planes ejecutivos, que serán proyectos de todo tipo –vivienda, zonas verdes, industria, ocio– propuestos por el propio ayuntamiento o por empresas privadas.

"Ahora todos los ayuntamientos tienen un Plan General, que es una foto fija del suelo del municipio, con sus usos regulados. Y será sustituido por un Plan Estratégico Municipal dinámico que, nosotros entendemos, porque no está claro todavía, será una imagen dinámica sobre hacia dónde quiere ir la ciudad", aclara Nieto. "Esa supuesta flexibilidad permitirá que el promotor de turno presente proyectos a la carta donde decida todo: el tamaño, el diseño y los usos del suelo de la parcela. Y solo necesitarán el visto bueno del ayuntamiento para ejecutarlo", añade.

Por si fuera poco, la ley Líder permitirá también, si se aprueba en los términos actuales, la construcción de grandes proyectos privados en suelo protegido, incluso, a priori dentro de los parques regionales de la Comunidad. Dentro de los "usos excepcionales en suelo rural [protegido y no protegido]", el más sonado es el de los centros de datos, macroinstalaciones conocidas por superar el tamaño de estadios de fútbol y por su enorme consumo de agua.

"La ley pone una alfombra roja a los centros de datos, que se podrían construir en casi cualquier sitio, pese a que consumen una gran cantidad de recursos naturales. Y encima se los cataloga como una infraestructura de interés general", critica María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, uno de los grupos que presentó numerosas alegaciones al plan Líder durante su etapa de participación pública, ya finalizada.

El mismo punto incluye como excepción “la construcción de infraestructuras de generación, distribución, transporte y almacenamiento de energía", donde en teoría estarían incluidas las centrales de generación eléctricas, tuberías de gas o líneas de alta tensión, si reciben el visto bueno de la administración. Entre los usos excepcionales del suelo rústico también destacan la posibilidad de levantar en terreno protegido un vertedero o una planta de biogás, instalaciones de altísimo impacto ambiental, si se justifica que no son factibles de construir en suelo urbano.

Los eventos astronómicos siempre han tenido algo de mágico. Desde el inicio de la historia de la humanidad, hemos creado mitos y leyendas alrededor de los sucesos que aparentemente eran inexplicables: auroras boreales, cometas o lluvias de estrellas. Esta energía mística también envuelve al próximo 12 de agosto: el eclipse solar total que será visible en España.

Este acontecimiento insólito ocurrió por última vez 114 años atrás, en 1912. Será visible en una pequeña franja que cruzará la Península de oeste a este hasta llegar a Illes Balears. A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o La Palma son algunos de los puntos donde se podrá observar cómo la Luna oculta por completo el Sol. En la mitad sur del país, así como en la ciudad de Barcelona, los astros no coincidirán exactamente, por lo que el eclipse será parcial en esos lugares.

En este mapa se muestra la franja donde la oscuridad será completa:

Alrededor de las 19:30h de ese día, la Luna comenzará a cubrir al astro solar. Será una hora después cuando ambos astros coincidan exactamente y la oscuridad se imponga durante algo menos de dos minutos. Para asistir a este acontecimiento, el Instituto Geográfico Nacional recomienda buscar una vista despejada y orientación oeste. Además, ha creado una web donde consultar exactamente cuándo y cómo podrá verse el eclipse según el punto geográfico del país.

Ciudad

Comienzo del eclipse parcial

Comienzo del eclipse total

Fin del eclipse total

Fin del eclipse parcial

León

19:32

20:28

20:30

21:22

Valencia

19:38

20:32

20:33

21:01

Zaragoza

19:34

20:29

20:30

21:07

Madrid

19:37

–

–

21:24

Para poder disfrutar del suceso sin riesgos, el Gobierno y la ONCE han lanzado una iniciativa llamada “Una vista única. Cuídala”. Museos de ciencia y puntos de venta del grupo social ofrecen de forma gratuita 2 millones de gafas seguras con las que evitar quemaduras en la retina durante el eclipse.

La Comisión Nacional de Astronomía ha elaborado una guía para encontrar gafas adecuadas y sin riesgo. La primera recomendación es que estén certificadas: debe aparecer la inscripción “EN ISO 12312-2:2015” en las propias gafas, en su embalaje o en las instrucciones. Además, no deben estar deterioradas o rayadas, algo que puede comprobarse a contraluz. Si han sido compradas en la UE, deben llevar el marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad.

Los profesionales advierten de que los prismáticos, telescopios o cámaras sin filtro solar no protegen la retina de posibles lesiones.

Pese a la poca frecuencia de este tipo de eventos astronómicos, durante los próximos años España será un lugar privilegiado para la observación. Desde la Península se podrán ver tres eclipses hasta 2028: el eclipse total del próximo 12 de agosto; otro en el que la Luna también cubrirá el Sol en su totalidad el 2 de agosto de 2027 y que durará hasta seis minutos; y el eclipse anular del 26 de enero de 2028, en el que la Luna no cubrirá el astro solar completamente y dará lugar a un “gran anillo de fuego”.

A esta concatenación de fenómenos astrológicos se le ha llamado “trío de eclipses”, una temporada excepcional que sitúa al país y la observación de su cielo en el centro del turismo astronómico durante los próximos años.

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.

El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado este viernes tras siete días en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, mientras que ha aumentado el foco en León con cinco fuegos activos y continúa la mejoría en Zamora.

El avance en Castellón ha permitido el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

El consejero valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado del descenso a situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque ha advertido de que puede haber algún rebrote en los puntos calientes, al tiempo que ha recordado que el incendio no está ni controlado ni extinguido.

Con el que se ha declarado este viernes en San Tirso, en Vega de Valcarce, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ya son cinco los fuegos que azotan León.

Este nuevo incendio se suma al de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que sigue en nivel dos, el máximo, y que ha obligado a evacuar varias localidades, mientras que el de Valdelaloba, en Toreno, ha mejorado en las últimas horas y ha sido rebajado a IGR 1.

Además de esos tres fuegos de mayor riesgo, hay otro activo en Moreda, también en el Bierzo, que lleva desde el 29 de julio, y otro en La Utrera, en la zona del Órbigo, desde el 28 de julio.

La situación del fuego que ha quemado unas 11.000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es ahora favorable tanto en lo relativo a las tareas de extinción como a sus implicaciones sobre la población.

 Según el viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla y León, Jorge Llorente, el incendio forestal desatado en Fermoselle (Zamora), en una zona agrícola y ganadera próxima a la frontera con Portugal, ha quedado estabilizado en su perímetro después de dos días de un fuego "complicado, intenso y con aspectos meteorológicos cambiantes".

Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle han comenzado esta tarde a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle.

De esta forma, la situación por el fuego, que provocó el pasado miércoles el desalojo de catorce poblaciones y el confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos evacuados y unos 1.500 confinados, vuelve a la normalidad.

Pese a que la emergencia nacional ya ha terminado en Ávila y en Madrid, tras arrasar unas 70.000 hectáreas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil no bajan la guardia y prosiguen hoy con sus tareas para controlar el fuego sobre el terreno.

 En concreto, cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajan en refrescar la superficie afectada por el fuego en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid ante la preocupación por las altas temperaturas previstas por la ola de calor, según ha informado el Gobierno regional en redes sociales.

Esos efectivos siguieron anoche rematando y refrescando la superficie calcinada, con especial atención a la zona del embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer tuvo lugar una reproducción.

Diecisiete medios aéreos -nueve aviones y ocho helicópteros- participan este viernes en la extinción de un incendio en el término municipal de Herrera del Duque (Badajoz), según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex).

El fuego ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas.

Por su parte, el incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de Tornavacas, en la provincia de Cáceres, presenta una "evolución favorable", ha indicado el Plan Infoex, que mantiene el fuego en fase de extinción.

Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Valdeazogues, pedanía de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), ha pasado a nivel 1 porque las labores de extinción han obligado a interrumpir el tráfico ferroviario.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego se ha declarado poco después de las 18:00 horas en situación operativa nivel 1 por la regulación del tráfico ferroviario.

Trabajan en su extinción 5 medios aéreos, 11 medios terrestres y 68 efectivos.

En Galicia, el incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz (Lugo) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado.

También se ha dado por sofocado el que afectaba al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

Un grupo internacional de científicos de prestigio ha publicado este viernes un análisis que confirma el papel inequívoco que ha tenido el cambio climático en el mayor incendio de la historia de España, que supera las 70.000 hectáreas quemadas al sumar los tres focos. En concreto, estiman que el calentamiento global hizo un 42% más intensas las condiciones atmosféricas extremas de los días en los que duró el fuego. También hizo que sea ahora 20 veces más probable que suceda frente a la era preindustrial.

Este estudio relámpago ha sido realizado por World Weather Attribution (WWA), una coalición de expertos en clima y cambio climático que lleva años realizando análisis similares en grandes catástrofes globales. Estas primeras conclusiones, a falta de investigaciones en profundidad, pretenden dar argumentos para rebatir los discursos negacionistas que suelen multiplicarse en desastres climáticos, como ha ocurrido en la última semana en medios de comunicación o redes sociales.

"Lo que estamos viendo en Francia y España no es solo mala suerte, es una señal clara de que los efectos del calentamiento antropogénico son cada vez más graves", valora en el informe Clair Barnes, investigadora de fenómenos meteorológicos extremos del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres. "Hemos visto en repetidas ocasiones cómo el cambio climático aumenta las condiciones de calor, sequía e inflamabilidad, que favorecen enormemente los incendios forestales. Lo que hace único a este caso es que aún estamos al principio de la temporada", añade. Barnes es una de los 13 autores del estudio, entre los que figuran dos investigadores españoles.

Para calcular la relación entre el calentamiento del planeta y los fuegos de la última semana, los expertos han analizado las condiciones de precipitación, evaporación, temperatura, humedad y viento de las zonas afectadas durante la última semana, valores que forman el llamado Índice de severidad diaria de incendios (DSR, por sus siglas en inglés), una fórmula que refleja la dificultad para extinguir un incendio una vez que se ha iniciado.

El DSR que condicionó el incendio de Ávila, Madrid y Toledo fue un 42% más intenso que en un escenario simulado sin cambio climático, y ahora es 20 veces más probable que se registren valores de ese nivel frente a un mundo sin cambio climático.

En el mismo informe han estudiado las características del incendio de Burdeos, en el sur de Francia, que también ha sido el peor de la historia del país y ha dejado unos 250.000 evacuados. En esa región, según WWA, las probabilidades de que se den condiciones extremas como las de estos días son ahora dos veces más altas que en un escenario sin cambio climático. El DSR que afectó a la catástrofe del sur de Francia fue 46% más intenso que en un mundo sin calentamiento antropogénico. Tanto las estimaciones para Francia como para España son conservadoras, añaden los investigadores.

Bomberos y expertos en incendios forestales ya advirtieron hace semanas de que las lluvias del último invierno, que fue un 175% más húmedo de lo normal en la península, habían preparado el terreno para una temporada de fuegos sin precedentes si el calor secaba esa vegetación. Desde que se declarase la primera ola de calor el 21 de junio, España ya ha sufrido 17 días bajo ese nivel de alerta, prácticamente uno de cada dos.

Los profesionales de extinción también avisaron poco después de declararse la emergencia nacional que este fuego cumplía con las condiciones para convertirse en un monstruo, la famosa regla 30-30-30: menos de un 30% de humedad relativa, temperaturas de más de 30 ºC y vientos superiores a 30 kilómetros por hora. Desde WWA recuerdan que estudios anteriores ya han demostrado que el cambio climático está asociado con temperaturas más extremas y mayor sequía, dos de las tres condiciones.

Otro de los asuntos que abordan en el informe es la inmensa cantidad de humo que han vertido a la atmósfera los incendios de Francia y España, uno de los perjuicios que suele pasar desapercibido en este tipo de crisis. Por ejemplo, en Burdeos llegaron a medirse concentraciones horarias de partículas PM2,5 (con un diámetro inferior a 2,5 micras) de 341 µg/m3, el doble del máximo recomendado y unas 20 veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una exposición aceptable de media en un periodo de 24 horas.

"Estos extensos incendios forestales y los consiguientes picos de contaminación atmosférica afectan a una población ya duramente golpeada por varias semanas de olas de calor. Esta sucesión de riesgos climáticos que se agravan entre sí durante el verano de 2026 debería servir para abrirnos los ojos ante los próximos retos de adaptación y motivar una acción climática ambiciosa", opina en el estudio Augustin Collette, del Instituto Nacional Francés de Medio Ambiente y Riesgos Industriales.

Explosiones, remolinos de fuego, tormentas eléctricas gigantescas: cuando los incendios alcanzan un tamaño y una temperatura suficientes, pueden llegar a generar su propio clima. En estas condiciones extremas, los métodos habituales de los bomberos para controlar directamente el fuego no funcionan, y los incendios forestales arden sin control. Pero, ¿cómo puede un incendio crear su propio clima?

Soy científico atmosférico y utilizo datos recopilados por satélites en modelos de predicción para anticipar mejor los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con los incendios. La información de los satélites muestra que las tormentas eléctricas provocadas por los incendios son mucho más frecuentes que hace tan solo unos años. Esto es lo que está ocurriendo.

Imagine un paisaje natural con hierba seca, matorrales y árboles. Cae una chispa, tal vez provocada por un rayo o por una rama que golpea un cable eléctrico. Si hace calor, el tiempo es seco y hay viento, esa chispa podría provocar rápidamente un incendio forestal.

Cuando la vegetación arde, se liberan grandes cantidades de calor. Esto calienta el aire cerca del suelo, y ese aire asciende como un globo aerostático, ya que el aire caliente es menos denso que el aire frío. A continuación, el aire más frío entra rápidamente para llenar el vacío dejado por el aire ascendente.

Así es como los incendios forestales crean sus propios patrones de viento.

Lo que ocurre a continuación depende de la estabilidad de la atmósfera. Si la temperatura desciende rápidamente a medida que se gana altura sobre el suelo, el aire ascendente siempre será más cálido que el que lo rodea y continuará subiendo. Si lo hace lo suficiente, la humedad se condensará, formando una nube conocida como pirocúmulo o flammagenitus.

Si el aire sigue ascendiendo, en algún momento la humedad condensada se congelará.

Una vez que una nube contiene partículas de agua tanto líquidas como congeladas, las colisiones entre estas partículas pueden provocar una separación de cargas eléctricas. Si la acumulación de carga es lo suficientemente grande, se producirá una descarga eléctrica –más conocida como rayo– para neutralizar las cargas.

Que una nube provocada por un incendio se convierta en una tormenta depende de tres factores clave: una fuente de ascensión, inestabilidad y humedad.

Los entornos de incendios forestales suelen tener poca humedad. Cuando las condiciones en la atmósfera inferior son secas, esto puede dar lugar a lo que se conoce como rayos secos.

Nadie que viva en un entorno propenso a los incendios forestales quiere ver este fenómeno. Se producen cuando una tormenta eléctrica genera rayos, pero la precipitación se evapora antes de llegar al suelo. Eso significa que no hay lluvia que ayude a extinguir los incendios provocados por los rayos.

A medida que el aire asciende en la atmósfera, puede encontrarse con diferentes velocidades y direcciones del viento, una condición conocida como cizalladura del viento. Esto puede hacer que el aire gire. El aire ascendente puede inclinar el giro hasta hacerlo vertical, pareciéndose a un tornado.

Estos remolinos de fuego pueden tener vientos potentes capaces de esparcir cenizas todavía encendidas, provocando nuevos focos de incendio. Sin embargo, no suelen ser auténticos tornados, ya que no están asociados a tormentas eléctricas giratorias.

Con el tiempo, la tormenta eléctrica provocada por el incendio forestal comenzará a desvanecerse, y lo que subió volverá a bajar. La corriente descendente de la tormenta en desvanecimiento puede producir vientos erráticos en el suelo, lo que propaga aún más el fuego en direcciones que pueden ser difíciles de predecir.

Cuando los incendios generan su propio clima, su comportamiento puede volverse más impredecible y errático, lo que no hace sino amplificar la amenaza que suponen para los residentes y los bomberos que luchan contra las llamas. Anticiparse a los cambios en el comportamiento del fuego es importante para la seguridad de todos.

Los meteorólogos reconocieron la capacidad de los incendios para generar tormentas eléctricas a finales de la década de 1990. Pero no fue hasta el lanzamiento de los satélites de la serie GOES-R en 2017 cuando los científicos dispusieron de las imágenes de alta resolución necesarias para constatar que los fenómenos meteorológicos provocados por los incendios son, en realidad, algo habitual.

Hoy en día, estos satélites pueden alertar a los bomberos de un nuevo incendio incluso antes de que se reciban llamadas al 911. Esto es importante, ya que existe una tendencia al alza en el número, la extensión y la frecuencia de los incendios forestales en regiones con riesgo.

Como en otras partes del mundo, las olas de calor y el riesgo de sequía han ido en aumento en América del Norte, y el aumento de las temperaturas globales hace que, cada vez con mayor frecuencia, los paisajes y bosques secos sean propensos a arder. Además, los experimentos con modelos climáticos indican que el cambio climático provocado por el ser humano seguirá aumentando ese riesgo.

A medida que más personas se trasladan a zonas de riesgo en este clima cada vez más cálido, las probabilidades de que se produzcan incendios también van en aumento.

Los incendios traen consigo riesgos en cadena que persisten mucho tiempo después de que el fuego se haya extinguido. Por ejemplo, los paisajes afectados por las llamas son mucho más propensos a sufrir deslizamientos de tierra y corrimientos de escombros que pueden afectar a la calidad del agua y a los ecosistemas.

Las comunidades pueden reducir su vulnerabilidad ante los daños causados por los incendios creando espacios defendibles y cortafuegos, y haciendo que las viviendas y las propiedades sean menos vulnerables. Los bomberos también pueden reducir la carga de combustible circundante mediante quemas controladas.

Es importante recordar que el fuego es una parte natural del sistema terrestre. Como escribe el científico especializado en incendios Stephen J. Pyne, nosotros, como seres humanos, tendremos que reorientar nuestra relación con el fuego para aprender a convivir con él.

___________________

Kyle Hilburn es investigador científico en Ciencias Atmosféricas, en la Universidad Estatal de Colorado. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La línea 551 llevaba este miércoles, dirección Pantano de San Juan, a una quincena de personas que regresaban a sus casas tras un desalojo de casi una semana. Los vecinos se reencontraron y compartieron anécdotas de los últimos días, emocionados por volver por fin a su pueblo. Pero el autobús enmudeció al atravesar Navas del Rey, la frontera donde quedó atrapado el frente oriental del mayor incendio de la historia de España. Después llegó la carretera de los pantanos, por donde no pasaban desde la semana pasada, cuando todavía era un denso pinar, del que solo quedan esqueletos de árboles. Y así durante los siguientes 50 kilómetros. 

Pelayos de la Presa es el primer pueblo después de cruzar el valle y allí ha ardido más del 70% del término municipal. El núcleo urbano está intacto, pero las urbanizaciones de las afueras, que estaban metidas en el bosque, están muy afectadas, y al menos 20 casas han ardido y son irrecuperables. Afortunadamente, la mayoría de las viviendas solo han perdido su jardín. En la zona que más se ha quemdo, la que está colindante con el pantano, hay daños a partes iguales a segundas residencias de fin de semana y a viviendas de gente que ha crecido allí.

Agustín Muñoz, de 74 años y nacido en Cádiz, se mudó a Pelayos en 1992 y ha visto arder la montaña muchas veces, pero no esperaba que el fuego llegara literalmente a la puerta de su casa. Salió a toda prisa desalojado la semana pasada y volvió este miércoles a su domicilio para echar un vistazo, aunque por ahora no se va a quedar por la mala calidad del aire. En su caso, el interior de la vivienda ha resistido, pero el patio, que acababa de reformar, es todo ceniza. “¿Nos imaginábamos que pasaría? No… Bueno, sí. No te imaginas que se va a quemar tu casa, pero era evidente que el monte estaba seco y sin cuidar", afirma.

El desconfinamiento mantenía este miércoles los nervios a flor de piel en el centro del pueblo, con muchos vecinos enfadados por la sensación de abandono que sufren cuando el incendio ya se ha ido. Viviendas sin luz, personas mayores que no pueden sacar escombros de su parcela y, sobre todo, rencor de algunos hacia los servicios de emergencia por haberles obligado a salir con lo puesto el jueves, dejando atrás a sus mascotas o sus vehículos.

Carmen, de 57 años, es una de las que todavía no ha recuperado la electricidad porque el cuadro de luz reventó por el fuego, y confiesa que no sabe cómo va a seguir adelante. Tiene una casa adosada de la que se ha quemado todo el exterior y una finca que estaba en proceso de convertir en una casa rural, y allí ha ardido todo el material de construcción que guardaba al aire libre. Aunque intentaron desalojarlos, ella fue de los que se negó a irse para estar con sus gatos, y optó por atrincherarse en casa durante los peores momentos. "Es un dolor muy profundo, primero mental y ahora también físico. No puedo comer porque vomito de la ansiedad; me duele todo el cuerpo", relata.

Tanto Carmen como muchos de los que se han mudado allí, lo han hecho por la riqueza natural que rodea el embalse. Ella lo hizo porque sufrió un accidente en el pasado y encontró en este lugar un sitio donde descansar y recuperarse cerca de Madrid, pero la zona es también conocida por atraer miles de visitantes de la capital durante los fines de semana de verano. Ahora, se preguntan si toda esa economía basada en el turismo se recuperará en uno o varios años, y si se tomarán hasta entonces medidas para apoyar a las familias que vivían de ello.

El restaurante El Mirador de Pelayos, que este fin de semana debería haber estado lleno hasta la bandera, también ha sucumbido parcialmente al fuego, y su ventanal que antes apuntaba a un valle verde, ahora enmarca un monte gris. Una parte de su terraza está totalmente calcinada y la comida congelada que tenían para varias semanas se ha perdido. No es el único negocio que ha ardido. Allí cerca, Jasmine espera a que la grúa se lleve los únicos tres vehículos que han sobrevivido, de 10 que tenían, de una empresa de construcción. Y pegados al embalse, varios parkings de barcos de recreo han quedado reducidos a polvo.

Otro de los asuntos que más se escuchaban este miércoles en el pueblo era el drama de las arizónicas, que han sido realmente la cerilla que se ha llevado por delante casi todos los jardines calcinados. Llama la atención, en un paseo por Pelayos, que solo un porcentaje de las casas ha ardido, y aunque parece cuestión de azar, todo el mundo coincide en que no ha sido cuestión de suerte, sino de qué plantas tenía cada uno en su jardín. 

Moisés Ramos, que ha vivido prácticamente toda su vida en Navas del Rey, se mudó en diciembre a una urbanización de Pelayos colindante con San Martín de Valdeiglesias, y este miércoles, tras volver a casa, daba gracias por haber podado en invierno todos los setos de arizónica de su parcela que dejaron los anteriores propietarios, que más que setos eran ya árboles porque habían superado la altura de su casa. 

Un vistazo a su jardín confirma que, de haber estado ahí, la vivienda no se habría salvado. "Sé que lo que hice no estaba permitido, pero es que sabía que llegado el día esto nos salvaría, y nos ha salvado" señala este vecino.

Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados", ha asegurado este miércoles Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; pero sigue sin control el de Castellón, que enfrenta una "noche crítica", y se ha declarado uno nuevo en Zamora que ha obligado a la evacuación de doce municipios.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

El fuego ha arrasado cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Además, un incendio declarado en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad y a evacuar otros doce pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta con un mensaje Es-Alert.

Más de 1.200 profesionales trabajan para controlar el incendio de la Vall d'Uixó, con el apoyo de más de 30 medios aéreos, en el que vecinos desalojados han mostrado su impaciencia ante la negativa de poder regresar todavía a sus tierras para facilitar alimento y agua a sus animales.

El director operativo del incendio, Antonio Rodrigo, ha asegurado que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y ha advertido de que la noche será "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Fernando Kindelán, ha insistido en que el escenario de este incendio es "muy complejo", con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía complicada, a lo que se une una meteorología que por un lado "da ventaja" por la ausencia de viento, pero por otro la concentración de humo impide a veces actuar a los medios aéreos.

En el caso de Ávila, se ha establecido el fin de la evacuación y ha finalizado el confinamiento de todas las localidades que permanecían en esa situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves zonas afectadas por este incendio, el mayor de los registrados en España con unas 50.000 hectáreas arrasadas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Interior ha establecido que pueden volver a sus casas todos los vecinos de los municipios desalojados. Solo quedan por realojar las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el incendio en la sierra oeste de la región ha quemado 27.000 hectáreas y destruido cien casas.

Los vecinos de una docena de pueblos zamoranos del entorno de los Arribes del Duero, que suman una población cercana al millar de personas, han sido evacuados por el incendio declarado este miércoles por la tarde en Fermoselle (Zamora), entre ellos los ancianos de la residencia de Muga de Sayago que han sido trasladados a la capital zamorana.

A los medios de extinción que trabajan en la zona se han incorporado medio centenar de efectivos y una veintena de medios de la UME, que se suman a los medios de extinción del operativo autonómico, estatal y provincial.

El incendio forestal declarado este miércoles en San Cipriano del Condado, en el municipio leonés de Vegas del Condado, se ha agravado durante la tarde hasta obligar a evacuar a cerca de 300 personas de cuatro núcleos de población y llevar a la Junta de Castilla y León a elevar la emergencia a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

El operativo ha sido reforzado durante la tarde con la incorporación de nuevos medios hasta sumar la docena sobre el terreno.

La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo (León) ha informado de la retirada de los efectivos que trabajaban en el incendio de Moreda, en la comarca del Bierzo, para destinarlos a la extinción del fuego de San Cipriano del Condado, mientras que también se ha movilizado al personal de la BRIF de Laza (Ourense).

Un incendio forestal, que ya ha podido ser controlado por los Bomberos, ha obligado a la Generalitat a confinar durante una hora y media a unas 3.300 personas en el núcleo urbano de Canyelles (Barcelona) y las urbanizaciones Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y California.

Los Bomberos de la Generalitat han activado nueve dotaciones terrestres y dos medios aéreos para luchar contra el fuego, que han dado por controlado hacia las 18:30 horas.

Además, han dado por estabilizado el incendio declarado este miércoles en Masllorenç (Tarragona), que ha quemado unas 11,5 hectáreas de superficie forestal, según datos provisionales de los Agentes Rurales.

Los incendios en España sacan del cajón cada año el bulo de que "ya no se puede hacer nada en el campo". Es un mantra que repiten cada verano políticos de primera línea y tertulianos en los medios de comunicación, y que luego resuena en las redes sociales, como el famoso mito de que ya no se pueden coger piñas o ramas, podar arbustos o recoger madera por culpa de los conservacionistas. Sin embargo, las leyes de montes autonómicas son ahora más permisivas que hace dos décadas.

En la actualidad, las comunidades permiten, con carácter general, realizar distintos aprovechamientos forestales en fincas privadas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ningún permiso para pastorear en un coto privado, para recolectar piñas abiertas y piñas cerradas (hasta cinco kilos), para podar matorral (inferior a 1,5 metros de altura y de especies no protegidas) ni para recoger ramas caídas, frutos o plantas aromáticas (hasta 5 kilos y no amenazadas). Esto se aplica a la mayor parte del suelo rústico madrileño porque el 65,4% de la superficie forestal es privada, cifra que asciende al 72% en toda España.

Estas exenciones no han existido siempre, sino que se incorporaron a finales de 2022. La Ley de Montes original de la Comunidad de Madrid, de 1995, no recogía hasta hace cuatro años esta posibilidad, sino que cualquier aprovechamiento forestal en una propiedad privada debía contar con el visto bueno de la Consejería de Medioambiente. Sin un proyecto de ordenación, un plan técnico aprobado por la Comunidad o una autorización específica, en teoría no se podía tocar nada.

Esta relajación de la normativa también se aplicó a la madera. La ley de 2022 flexibilizó la tala para fines domésticos (hasta 10 metros cúbicos), aunque las intervenciones de mayor tamaño sí necesitan, como hace dos décadas, un plan aprobado por la Consejería.

Daniel Otero, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, recalca que los pequeños trabajos forestales a escala doméstica están ampliamente permitidos, pero que es a escala "industrial" cuando la gestión se complica porque hay que respetar fechas, cantidades, métodos y zonas establecidas. Pero a cambio, aporta seguridad jurídica a esos trabajos y garantiza su viabilidad a futuro. 

"¿Es esto sencillo? Evidentemente, en muchas ocasiones, el trámite burocrático es complicado o engorroso, por lo que debe ser obligación de la Administración que sea lo más sencillo y ágil. Y a la vez, que sea percibido como una garantía de que las cosas se hacen bien y de manera sostenible y equilibrada", valora el profesional

La flexibilización de los requisitos para los aprovechamientos forestales no es exclusiva de Madrid, sino que vino impulsada por una reforma de la Ley de Montes nacional de 2015, durante el Gobierno del PP, que luego se ha trasladado a todas las comunidades autónomas. Desde entonces, la norma se ha reformado en tres ocasiones, pero no se han tocado los puntos relativos a los aprovechamientos forestales, de manera que ni el Gobierno actual, ni el Pacto Verde Europeo ni las políticas ecologistas, a quienes se suele señalar como culpables, han intercedido en la capacidad de la España rural para trabajar sus fincas.

Castilla y León y Galicia, las dos principales víctimas de los incendios forestales en España, también han suavizado su regulación en los últimos años. La primera aprobó un decreto el año pasado dedicado a aprovechamientos forestales debido a que "más de la mitad de la superficie forestal de Castilla y León es de propiedad particular y presenta una baja tasa de aprovechamiento". Como Madrid, permite recoger piñas, podar ramas (que no estén protegidas), el pastoreo o aprovechar los matorrales bajos, entre otras medidas.

Galicia, por su parte, aprobó en 2020 una nueva regulación sobre el aprovechamiento de madera, leña, corcho y otros elementos forestales. En general, hace falta un plan de gestión aprobado por la Xunta para talar árboles en la región o un permiso explícito si se carece de este, pero desde hace seis años ya se permite la corta de madera doméstica sin supervisión, que solo necesita una declaración responsable.

Andalucía ha sido la última en modernizar su Ley de Montes, actualizando en marzo de 2026 la que estaba vigente desde 1992. Como el resto, incorpora los cambios que trajo la normativa nacional de 2015, pero de manera más restrictiva que en Madrid o Castilla y León, ya que toda gestión en un monte privado exige una declaración responsable, incluso la recogida de piñas, y si se trata de una intervención profunda, de un plan de gestión validado por la Consejería.

Asaja, la mayor organización de España de agricultores y ganaderos, reconoció que la ley andaluza "reduce la burocracia" y supone una "simplificación en aprovechamientos forestales (...) reduciendo la necesidad de autorizaciones complejas", de manera que el campo andaluz valora positivamente esa simplificación administrativa.

Los expertos recuerdan que una cosa es que la ley atribuya a los propietarios la responsabilidad de gestionar sus parcelas, pero si no se subvenciona o incentiva ese trabajo, es inviable que se lleve a cabo. Al fin y al cabo, aunque el ciudadano sea responsable de cuidar su finca, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre prevención de incendios, y estos aprovechamientos cada vez tienen más de gestión del fuego que de economía rural.

Amelia Urla, de la Confederación de Forestalistas de País Vasco, cree que, en todo caso, el debate público no debe girar en torno a qué puede hacer o no un particular, sino en cómo trabajar a gran escala. "El debate no debería centrarse en actuaciones puntuales como recoger piñas o podar arbustos, sino en cómo favorecer una gestión forestal activa, favoreciendo que los montes estén gestionados, tengan actividad económica y cuenten con propietarios que puedan invertir en su gestión y conservación. Para ello es necesario impulsar políticas que incentiven la gestión forestal mediante líneas de ayuda e incentivos fiscales", valora.

Un informe de Plataforma Tierra, publicado este mes, revela, entre otras cosas, que la rentabilidad de este trabajo es mínima y muchas veces incluso negativa, por lo que no interesa dedicar tiempo a ello. En ese trabajo conjunto de diferentes expertos, Daniel Rodríguez, de la Asociación Forestal de Galicia, calcula la rentabilidad de los aprovechamientos forestales mediante diferentes maquinarias y especies arbóreas de Galicia, y solo el 12% de los casos que ha estimado ofrecen una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 3%, mientras que en más del 40% de las simulaciones está por debajo del 0%, haciendo la tarea directamente inviable económicamente.

"Dado el interés medioambiental de las masas de frondosas autóctonas y la escasa rentabilidad que arrojan los resultados, parece oportuno proponer políticas públicas de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de este tipo de bosques", concluye el experto.

El Gobierno ha aprobado este martes la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático que facilitará "análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares" sobre los requerimientos de los diferentes departamentos del Gobierno y que se prevé empiece a trabajar en otoño.

La creación del panel se ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta de las carteras de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y reforzará además la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas, según un comunicado.

Tras la aprobación del acuerdo para su formación, ahora se ha lanzado un proceso, abierto durante todo el verano, para la selección del personal científico que formará parte de la entidad.

Según el Ministerio de Transición, se estima que en otoño el panel pueda estar configurado y comience su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la formación del Panel Científico durante la presentación de la Red de Refugios Climáticos, y da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025.

Entre sus funciones, el Panel Científico estará encargado de emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación y responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.

La gobernanza del panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico).

El comité será el encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos/as científicos y canalizar las peticiones de informes.

Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el Asesor Científico del Miteco, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.

Por su parte, el Consejo Científico tiene entre sus funciones la elaboración de informes, estudios y asesoramientos y estará conformado por 10 investigadores de reconocido prestigio procedentes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima, cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio, ciclo hidrológico y recursos hídricos.

Asimismo, de campos de la agricultura sostenible y sistema alimentario, salud humana y cambio climático, costas y medio marino, ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático, sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

Según el Miteco, para ayudar al Consejo Científico, se contempla la posibilidad de incorporar a más investigadores de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador experto del panel, quienes serán consultados de manera preferente de acuerdo a sus especializaciones.

Los 13 municipios desalojados por el momento en el incendio récord de la Comunidad de Madrid forman parte de la lista de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio del Gobierno regional. Esa etiqueta obliga al ayuntamiento a tener en regla desde hace seis años un plan de actuación frente a incendios forestales que incluye trabajar las zonas vulnerables al fuego, construir fajas perimetrales y garantizar que los vecinos se ocupen de sus fincas, pero solo ocho de ellos lo tienen aprobado. Incluso en aquellos en los que está vigente, su control es inabarcable y esa una de las causas de que los daños materiales sean tan cuantiosos en catástrofes como esta. Por ahora se han confirmado más de 40 casas destruidas en Madrid y unas 300 dañadas.

Los bomberos consultados confirman rotundamente que una parcela cuidada que cuente con medidas de protección básicas tiene muchas, muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un fuego que una semiabandonada o decorada con elementos de riesgo. "Las que están bien mantenidas, en general, resisten. Se les puede quemar algo del jardín o la caseta de aperos, pero aguantan. Mientras que las que están abandonadas tienen más papeletas para arder. Hay mucha diferencia entre unas y otras", afirma Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que ha trabajado en el incendio madrileño.

La zona que rodea el embalse de San Juan está repleta de casas adosadas diseminadas por el monte. Urbanizaciones de casas de recreo o de retiro incrustadas en el bosque, o pequeños municipios que antes tenían a las afueras campos de cultivo, que hacían de cortafuegos para incendios, pero que ahora se han repoblado con árboles y pasto. Este es el escenario perfecto para que el fuego corra sin frenos y se meta en las viviendas, según relatan los profesionales.

Esta zona ya se ha quemado innumerables veces en las últimas dos décadas –en 2025 ardieron 2.500 hectáreas en Las Navas del Marqués y Navaluenga, municipios de Ávila colindantes a Madrid– y el Gobierno regional no es ajeno a este problema. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) de 2017 incluyó toda esta área como una ZAR de incendios, y eso acarrea numerosas obligaciones para alcaldes y vecinos.

Si la comunidad autónoma es la responsable de las labores de prevención en el suelo rústico, como la construcción de cortafuegos o la diversificación de vegetación, en suelo urbano son los ayuntamientos los que están a cargo de estas labores. Más aún dentro de una ZAR.

Para empezar, todos los municipios ZAR deben tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales, y se recomienda también para el resto. Este incluye organizar la respuesta de emergencias, las rutas de evacuación, informar a la población del riesgo, y sobre todo, dibujar un mapa de zonas vulnerables al fuego que necesiten tareas de prevención, entre ellas, establecer perímetros antiincendios. En total hay 59 municipios madrileños considerados ZAR, y estaban obligados a tener estos planes antes de noviembre de 2020. 

Según el informe de 2026 de la Comunidad de Madrid, los 13 municipios desalojados tienen sus planes redactados, pero solo ocho lo han aprobado en el pleno municipal: Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Faltan, sin embargo, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno y Zarzalejo.

La ley autonómica también obliga a los municipios ZAR a controlar las urbanizaciones que no estén pegadas a su núcleo urbano, que son las que más peligro corren. Por una parte, estas deben tener un plan de autoprotección, firmado por la junta de la urbanización, que incorpore las rutas de salida y que garantice que los vecinos se autoorganicen hasta que lleguen los medios de emergencias. Y, además, tienen que construir un perímetro de 30 metros libre de vegetación seca y con la masa arbórea podada que rodee la urbanización. A nivel individual, los vecinos que tengan parcelas no edificadas deben mantenerlas cuidadas.

La norma deja claro que, en el caso de que urbanizaciones que no cumplan con estos requisitos o no tengan planes de respuesta, el alcalde actuará de oficio como responsable subsidiario, mediante "ejecución forzosa", pasando después el coste a los vecinos. Esta normativa para urbanizaciones debía estar ejecutada en los municipios ZAR de la Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre de 2021.

Guillem Canaleta, experto en prevención de incendios de la Fundación Pau Costa, ha trabajado en diferentes municipios rurales de España y la Unión Europea ayudando a los vecinos a autoorganizarse para afrontar incendios, y asegura que la diferencia entre estar y no estar preparado es abismal. "Si tienes una comunidad organizada sabes qué vecino está inmovilizado en la cama, conoces cómo evacuar rápidamente y sabes qué hacer cuando tienes que confinarte por un fuego. Esto debe trabajarse previamente, no improvisarse el día de la catástrofe", subraya.

Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, explica que este tipo de requisitos es habitual en todas las comunidades autónomas españolas, pero que el nivel de cumplimiento es mínimo o inexistente.

En el caso de Galicia, la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, de 2007, obliga a que cualquier edificio que esté a menos de 50 metros de un bosque tenga en ese tramo un tratamiento preventivo, pagado y cuidado por el propietario de la finca. Entre otros requisitos, ahí no puede haber eucaliptos, acacias o pinos, y el matorral debe estar desbrozado antes del 31 de mayo. "Pero claro, el número de hectáreas a controlar es brutal", apunta Picos.

El experto añade que cuando te acercas a estudiar la realidad es cuando te das cuenta de que es evidente que no se puede cumplir. Por ejemplo, si una casa se construye en el límite de la parcela, puede ocurrir que sea el propietario de la parcela contigua –la que separa el suelo urbano del rústico– el que tenga que realizar las tareas de silvicultura y gastarse el dinero para que su vecino pueda tener su casa a las puertas del bosque. Y, evidentemente, ese no está dispuesto a hacerlo.

"Por eso, yo lo que propongo es que nos centremos en que estas normativas de bosques y de emergencias se incorporen a las leyes urbanísticas. Para que no se permitan nuevas urbanizaciones que no tengan medidas estrictas de prevención de incendios", añade.

Esta idea está ya implementada, por ejemplo, en el INFOCAM madrileño. En teoría todas las nuevas edificaciones, ya sean viviendas individuales, urbanizaciones, fábricas u otras construcciones que estén aisladas de un núcleo urbano y se ubiquen colindantes al monte –y no necesariamente en una zona ZAR–, deben contar obligatoriamente con una faja perimetral de 30 metros, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.

"A todos nos gusta vivir en plena naturaleza, pero si el bosque te entra por la ventana tienes un problema", resume para infoLibre otro bombero de León que estuvo la semana pasada en el fuego de La Mierla, en Guadalajara. Además de que los fuegos en estas urbanizaciones disparan los daños y amenazan vidas, roban todo el tiempo de los efectivos y los distraen de la catástrofe principal. "Los incendios urbanos son un sumidero de recursos porque nuestra prioridad siempre van a ser vidas y viviendas. Retiras a los medios de otros lugares que son clave para apagar el incendio para proteger estas casas", añade.

Los expertos venían advirtiendo desde primavera que este sería un verano difícil. Mucha vegetación por las lluvias y una previsión de calor extremo se sumarían a los problemas endémicos de falta de trabajos de prevención y a la despoblación rural. El resultado, a falta de unos días para que termine el mes de julio, es que 2026 tiene ya todas las papeletas para terminar siendo uno de los peores años desde que se comenzó a medir con datos fiables, en la década de 1960. 

Tomando las estadísticas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que consisten en aproximaciones realizadas por el programa Copernicus europeo de imágenes de satélite, han ardido en lo que va de año 168.879 hectáreas en España, la segunda mayor cifra a estas alturas desde julio de 1994, cuando una fortísima sequía provocó que el fuego arrasase más de 300.000 hectáreas en los primeros siete meses del año, una cifra que rompió la estadística y nunca más se ha estado ni siquiera cerca de alcanzarla.

El tercer puesto lo ocuparía 2012, cuando ardieron 150.000 hectáreas antes de agosto. El verano pasado también se registró una cifra astronómica, pero más concentrada en agosto, que dejó el mayor número de hectáreas quemadas del siglo XXI.

A falta de datos definitivos, todo apunta a que este verano marcará un antes y un después en la gestión del fuego, aunque esa frase ya se ha repetido innumerables veces dentro del colectivo antiincendios, y el ansiado Pacto de Estado contra Incendios Forestales, o el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, que englobaría el primero y que es la apuesta del Gobierno actual, sigue en un cajón desde el año pasado porque necesita para ello al PP y a Vox. "O se cierra un pacto nacional de desarrollo rural o esto va a seguir así, y va a ir a mucho más", resume a infoLibre Raúl Quílez, doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León.

Han sido muchos los fuegos que en teoría iban a acelerar esasmedidas de adaptación al fuego. Ahora es el incendio unificado de Ávila y Madrid que ha llegado hasta las puertas de la capital, pero el año pasado fue el de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y en 2022 fueron los de la Sierra de la Culebra, que tardaron mes y medio en apagarse.

Las tareas de prevención, competencia de las comunidades autónomas, son mínimas y hasta el año pasado eran miles de bomberos forestales los que se quedaban sin trabajo en invierno porque su consejería prefería no invertir en trabajos forestales durante la temporada baja. Desde la entrada en vigor del estatuto del bombero forestal eso ha empezado a cambiar –por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha contratado esta temporada a los bomberos de Tragsa durante los doce meses, y Castilla y León está en ello–, pero el trabajo que hay por delante tardará años en completarse. En los últimos sesenta años España ha ganado 3,4 millones de hectáreas arboladas, una superficie superior a la de Cataluña.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, explica a este medio que la desaparición de zonas de cultivo ha provocado "un crecimiento forestal increíble" que permite que un fuego en las profundidades de un bosque se expanda fácilmente hasta las puertas de los núcleos urbanos. "Hemos llegado a un punto en el que el cometido de los bomberos es salvar viviendas. También es culpa de haber metido urbanizaciones dentro del bosque sin tomar medidas de prevención", valora.

El calor sofocante del verano evidentemente también juega un papel, secando todo ese potencial combustible y dejándolo listo para arder, sobre todo durante las olas de calor. Desde el 21 de junio hasta este jueves, cuando se declaró el incendio del suroeste de Madrid, ha habido nada menos que 12 días de ola de calor, más de un tercio del total. A gran escala, los últimos 11 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia; y los últimos tres han sido también los más calurosos. Es decir, que se repite una pauta de empeoramiento.

Raúl Quílez también percibe que el patrón de vientos ha cambiado en la península durante los últimos veranos y ahora se registran semanas y semanas sin cesar de ventanas de aire que entran desde el suroeste con viento muy seco y constante que aviva las llamas. "El incendio de Burgohondo (Ávila) o el de La Mierla (Guadalajara) son un ejemplo. Son fuegos que comienzan en el sur y avanzan sin límite hacia el norte".

El incendio forestal que todavía arde entre Ávila y Madrid es la suma de todos estos factores llevados al extremo. El pasado invierno llovió en esa zona entre un 150% y un 175% más que en la media de los últimos 30 años y en junio la anomalía de temperatura allí fue de entre 2,5 y 4,5 ºC por encima de ese histórico, convirtiendo el monte en un polvorín.

El viernes ya se declaró el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y a cierre del sábado los tres fuegos unificados suman 45.000 hectáreas quemadas. La cercanía a los núcleos urbanos ha provocado además un desalojo de 88.000 personas e incluso el centro de mando tuvo que ser desplazado este sábado de urgencia de Cenicientos a Navalcarnero por el cambio de dirección del viento, que amenazó el campamento.

Carlos Martín, bombero forestal de las BRIF, las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, lleva desde el viernes trabajando en este fuego y describe una situación desoladora. "Nunca he visto nada parecido y llevo siendo bombero desde 2005", describe a infoLibre. Lo que más le llamó la atención, protegiendo una urbanización en Pelayos de la Presa (Madrid), es que el fuego urbano normalmente genera focos dispersos, pero aquí se encontró un incendio de bosque. "Ardía de manera continua. Nos enfrentamos a un frente de llama en mitad de unos chalets", describe.

No es la primera vez que esta zona se quema, ha habido muchas advertencias en el pasado de que se trata de un punto negro que requiere un intenso trabajo de prevención de incendios que nunca ha llegado. Por ejemplo, Almorox ardió en 2013, Cadalso de los Vidrios en 2019, Zarzalejo en 2020 y Navas del Marqués y Navaluenga en 2025.