Excusas ómnibus

Hay votaciones que no son una más en la aritmética parlamentaria y que deberían trascender a la contienda partidista. Hay días en que el Congreso no decide solo sobre un texto legal sino sobre el modelo de país que se quiere sostener. Este martes era uno de esos días y el Congreso de los Diputados ha dejado caer un real decreto ley que contenía medidas esenciales para millones de personas. Este martes las derechas parlamentarias han contribuido a deteriorar un poco más el Estado social que proclama nuestra Constitución, que exige garantizar la suficiencia de las pensiones, de la Seguridad Social y el derecho a la vivienda y suministros básicos.

No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un debate legítimo sobre la calidad normativa, sobre todo porque quienes ahora lo critican calificándolo de ómnibus han utilizado este tipo de reales decretos de manera reiterada a lo largo del tiempo mezclando normas heterogéneas y sin conexión material suficiente y afectando así a la seguridad jurídica como ya declaró el Tribunal Constitucional. Muy al contrario, estamos ante medidas que compartían el mismo eje material sin abordar reformas estructurales ajenas a su mismo fin, como la protección del poder adquisitivo de las pensiones, mantenimiento del escudo social, asistencia a hogares vulnerables o garantía de rentas básicas: había unidad de finalidad. Calificarlo como decreto ómnibus no es pues un argumento jurídico, es una coartada política.

Las consecuencias para el Gobierno se leen en términos de derrota, como si se tratase de un pulso entre partidos por repartirse alguna cuota de poder, o como si su debilidad parlamentaria supusiese una sorpresa para nadie digna de ser reafirmada cada vez que sea posible sin analizar las consecuencias del supuesto revés. Es mucho más grave. Afecta a millones de personas que se quedan sin tener garantizada su estabilidad económica. Pensionistas que ven en el BOE más que un texto legal, trabajadoras, inquilinas, víctimas de la dana que reciben esos noes de sus señorías como portazos.

Los sindicatos, las inquilinas y los consumidores han hablado y la mayoría de bloqueo los ha obviado, esa es la realidad

Votar en contra hoy y prometer mañana es una de las expresiones más claras de filibusterismo político. Las pensiones no esperan la próxima iniciativa legislativa, se devengan mes a mes al igual que se abonan las rentas o los recibos. No se pueden suspender derechos hasta que haya un acuerdo electoralmente cómodo, esto es irresponsabilidad parlamentaria con efectos inmediatos. El gesto político frente a la protección social produce daños tangibles.

Las discrepancias parlamentarias son más que necesarias, pero han de alimentarse del debate de propuestas, no de la mera escenificación. Más allá de la grandilocuencia y de la esgrima política deberían contarnos cuál es su posición concreta sobre las normas específicas en cuestión. Si, como hicieron en el pasado, pretenden frenar la revalorización del bienestar social, si apuestan por la austeridad y los recortes es momento de que lo digan sin esconderse. Que despejen la inquietud natural que hoy se cierne sobre la ciudadanía y que confirmen la política del bloqueo como alternativa.

En democracia, las mayorías sociales existen incluso cuando su realidad no se refleja de forma exacta en la aritmética parlamentaria, se renueva permanentemente en el proceso de escucha al devenir social, de atención a las necesidades que se crean y que se transforman y que precisan de respuesta suficiente y responsable, no basta con escudarse tras el escaño y el cálculo numérico. Los sindicatos, las inquilinas y los consumidores han hablado y la mayoría de bloqueo los ha obviado, esa es la realidad.

Hay margen para corregir el rumbo, claro que sí, y espero que se haga. Se presentarán las normas por separado y tendrán que buscar otras excusas. Dudo mucho que asuman el coste electoral de oponerse a millones de pensionistas, no tendrán más remedio que aceptar la revalorización de las pensiones, aunque les pese. Lo que no quieren es proteger a los inquilinos frente a los fondos buitres, a las familias frente a los oligopolios suministradores de servicios básicos. No quieren la intervención pública cuando el mercado nos expulsa.

Entre tanto recordémosles que decir “sí, pero no así” es lo mismo que decir "no", porque, mientras se espera al siguiente texto o a la próxima negociación, los derechos dejan de estar vigentes y se transforman en promesas de las que la experiencia nos dice tenemos que desconfiar. En cualquier caso, nos han dado el día. Tomemos nota.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.