¿Quién dirige lo público? El Dedómetro andaluz y la asignatura pendiente del mérito
El nuevo Dedómetro –edición Andalucía 2026 de la Fundación Hay Derecho– analiza los perfiles de 153 máximos responsables de 40 entidades del sector público institucional andaluz (128 entes), el segundo más grande de España después del catalán (271 entes).
La investigación evalúa cinco variables que cualquier persona podría identificar como razonables para asumir la dirección de una organización pública: formación, experiencia profesional, experiencia en gestión, conocimiento específico de la materia e independencia política. Se trata de criterios tan elementales como poco discutidos cuando se habla de calidad institucional y gobernanza empresarial. Precisamente por ello, el estudio busca resaltar una pregunta que rara vez (pre)ocupa en el debate público con la atención que merece: ¿en manos de quién estamos dejando la dirección de empresas y entes públicos?
En promedio, el índice global de mérito y capacidad apenas alcanza un 5,4 sobre 10. Al desglosar los indicadores, se observan realidades muy distintas. La experiencia profesional general obtiene una media de 7,7 puntos, la independencia política 7,5, la formación 7,3 y la experiencia específica sobre la materia 6,1. La experiencia en gestión de organizaciones de complejidad comparable es el peor indicador, con un 3,1 sobre 10 y registra una mediana de cero, lo que significa que una parte muy importante de los responsables analizados ha accedido a la máxima dirección sin experiencia acreditada en el manejo previo de estructuras similares.
Al respecto, uno de los aspectos más llamativos del estudio es la distancia que, en algunos casos, existe entre la misión de determinadas entidades y el perfil de quienes llevan su dirección. No resulta infrecuente encontrar organismos de elevada especialización técnica al frente de trayectorias académicas y profesionales desarrolladas en ámbitos muy distintos. Puede pensarse que esa diversidad puede enriquecer la gestión, aunque también plantea una pregunta legítima sobre el peso que el conocimiento específico del sector ocupa realmente en los procesos de selección.
Asimismo, se observa que la experiencia directiva funciona como un capital institucional transferible entre entidades de naturaleza muy distinta. Existen responsables que pasan de dirigir organismos agrarios a agencias digitales, de entidades de desarrollo empresarial a agencias ambientales o educativas, trasladando consigo una experiencia en gestión que parece valorarse por encima del conocimiento específico del sector.
Este informe también ha medido algo más que los perfiles directivos del sector público instrumental andaluz. Una de las mayores dificultades fue reconstruir la historia de las entidades, identificar a exdirectores, localizar resoluciones de nombramiento, seguir los cambios de adscripción entre consejerías o rastrear modificaciones de denominación. Esta dispersión obligó a un esfuerzo de arqueología digital en boletines oficiales, memorias y portales de transparencia. Un conglomerado que gestiona miles de millones de euros, presta servicios esenciales y cuyos directivos perciben una retribución media de 70.000 euros anuales, debería ofrecer esta información de forma accesible.
Una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas
Los resultados muestran que estamos frente a una cultura institucional que continúa desarrollándose de forma desigual. De las 40 entidades analizadas, únicamente 10 establecen requisitos formales para acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva, mientras 30 carecen de criterios objetivos suficientemente definidos sobre formación o experiencia. Las entidades que, por su naturaleza, y desde su creación, cuentan con requisitos, como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, obtienen mejores indicadores agregados de mérito y capacidad, una conclusión que difícilmente puede sorprender cuando las reglas delimitan con claridad las trayectorias consideradas adecuadas para dirigir una organización pública. A su vez, entidades que estatutariamente han incorporado requisitos objetivos para acceder a la dirección, como Andalucía Emprende, empiezan a presentar perfiles más consistentes y mejores indicadores.
El análisis por género aporta otra perspectiva relevante. Las mujeres acceden a estos puestos con mejores niveles de formación académica, una experiencia profesional prácticamente equivalente y un conocimiento específico similar sobre las materias que posteriormente gestionarán. La principal diferencia vuelve a localizarse en la experiencia previa en gestión. Una vez alcanzan la máxima responsabilidad permanecen más tiempo en el cargo y no presentan diferencias relevantes respecto de la independencia política, lo que desplaza el foco desde el nombramiento hacia las oportunidades previas para construir una carrera directiva.
La experiencia andaluza otorga a estas cuestiones un significado particular. La trayectoria de la Agencia IDEA permite observar de forma especialmente nítida algunos de los problemas que atraviesan este estudio. Durante años fue uno de los principales instrumentos de política económica de la Junta de Andalucía, gestionando incentivos, préstamos, ayudas empresariales e importantes recursos públicos. Al mismo tiempo, sus estatutos no exigían requisitos específicos para acceder a la Dirección General y la elevada rotación de responsables impidió consolidar una pauta estable de profesionalización. El propio Dedómetro refleja esa alternancia entre perfiles con una sólida experiencia en gestión pública y otros cuya relación con la misión específica de la entidad resulta mucho más discutible. La posterior integración de buena parte de sus funciones en TRADE constituye una oportunidad para comprobar si la reforma institucional ha servido también para reforzar las reglas de acceso y la calidad de la dirección pública.
Ese es, probablemente, el principal interés del Dedómetro Andalucía. Más que ordenar perfiles o repartir puntuaciones, el informe permite observar cómo una administración construye su propia dirección pública. Quién llega, con qué experiencia, bajo qué reglas y con qué continuidad dejan de ser preguntas accesorias para convertirse en indicadores de calidad institucional. Al fin y al cabo, una buena parte de la confianza en las instituciones también se construye sabiendo quién está al frente de ellas.
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Germán J. Arenas Arias es investigador de la Fundación Hay Derecho. Doctor por la Universidad de Alcalá, especialista en Políticas Públicas y máster en Derecho Constitucional por el CEPC-UIMP. Su trabajo académico se centra en el buen gobierno y la calidad institucional en las democracias contemporáneas.
